Revista "Abogacía", #6, agosto de 2021

abogacía LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

Año 1, núm. 6, agosto de 2021

|

$99.00

Sergio García Ramírez

Sin una verdadera democracia, los derechos humanos palidecen <Constitución y derechos humanos: ¿una quimera?

<Una nueva época para el Poder Judicial de la Federación <La conquista “notarial” de México

<Aeropuerto de Santa Lucía: operación fuera de la ley

Pascual A. Orozco Miguel Carbonell

José Manuel Villalpando Rafael Quintana Miranda

L

Presentación

a reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos representó un parteaguas en nuestro marco jurídico y generó numerosas expectativas relacionadas con la incorporación de los derechos contenidos en los tratados internacionales, así como con la prevención, la investigación y la reparación de las violaciones. ¿Qué ha sucedido en esta materia a una década de esa decisiva reforma?

Nuestra edición de agosto aborda precisamente esta cuestión de primera importancia. Sergio García Ramírez, quien engalana nuestra portada, ha convivido con el drama de las violaciones a los derechos humanos prácticamente a lo largo de toda su trayectoria: como juez del Tribunal para Menores del Estado de México, como director de diversos centros penitenciarios, como procurador de Justicia del Distrito Federal y procurador general de la República, y como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros cargos, además de su destacada vida académica. Y desde esa vasta experiencia afirma de manera contundente: “Más que pensar en reformas constitucionales hay que pensar en la forma de aplicar la Constitución, en la que figuran muchos derechos humanos que no se materializan: constan en la Constitución, pero no en la vida de las personas”. Se trata, pues, de reclamar, exigir y ejercer esos derechos, condición indispensable para que prospere la democracia.

En el mismo sentido se expresa Pascual Alberto Orozco Garibay, constitucionalista y profesor de la Escuela Libre de Derecho, cuando afirma que, pese al optimismo que despertó la llegada de un nuevo paradigma constitucional y el amplio análisis doctrinal que éste suscitó, los datos duros proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dejan clara la falta de eficacia del contenido normativo de nuestra Carta Magna: millones de mexicanos continúan viviendo en la pobreza extrema y existen numerosas carencias en materia de servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y servicios básicos de vivienda, rezago educativo y seguridad alimentaria. ¿Hacia dónde debemos transitar en busca de una solución a un problema que no termina de resolverse, pese a la tan celebrada reforma constitucional? En su colaboración “Derechos humanos en México: retos y rutas”, Manuel Jorge Carreón Perea (consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México) y Mateo Mansilla-Moya

(investigador del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio) nos ofrecen algunas claves: transparencia, participación pública, promoción del discurso de los derechos humanos, educación jurídica para la paz y defensa de los valores democráticos. Y añaden: es momento de dejar atrás una educación para la abogacía que toma como eje el conflicto y las habilidades de argumentación jurídica, para dar paso a una metodología que privilegie el discurso de paz, la protección de los derechos y las libertades de las personas.

En esa misma línea, la obra Mediación, publicada recientemente por Porrúa y reseñada en estas páginas, destaca la necesidad de gestionar los conflictos a través del diálogo, con el afán de que se logren acuerdos que satisfagan las necesidades de los involucrados de una manera justa para ellos.

En síntesis, se trata de una edición que hace suyo el tema de los derechos humanos, no para quedarse en el diagnóstico —pesimista— de nuestra realidad actual, sino para proponer un camino hacia el cual seguir avanzando en esta urgente tarea que a todos nos compete.

Cordialmente, José Ángel Villalobos Magaña Presidente del Consejo de Administración

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

1

DIRECTORIO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejo editorial

PRESIDENTE José Ángel Villalobos Magaña SECRETARIO Ángel Gilberto Adame López TESORERO Jorge López Nepomuceno CONSEJEROS Amando Mastachi Aguario Alejandro E. Pérez Teuffer Fournier

Elisur Arteaga Nava

Miguel Carbonell

Sergio García Ramírez

Mónica González Contró

DIRECTOR EDITORIAL Luis Arturo Pelayo Gutiérrez editor@revistaabogacia.com DISEÑO EDITORIAL Marcela Velázquez Aíza COLABORADORES Manuel Jorge Carreón Perea, Víctor Emilio Corzo, Ernesto Eduardo Corzo, Rodrigo García Galindo, Mateo Mansilla-Moya, Alfonso Orvañanos, Mariana Ruiz Albarrán, Denise Tron Zuccher e Ismael Valverde Ambriz

Margarita Luna Ramos Patricio Emilio Marcos Giacoman Ignacio Morales Lechuga

José Luis Nassar Daw

Pascual Orozco Garibay

Alberto Pérez Dayán

Luis M. Pérez de Acha

Elvia Arcelia Quintana

Alfredo Rangel Ortiz

Alfonso Siliceo Aguilar

Francisco Simón Conejos

Juan Velasquez

CORRECCIÓN DE TEXTOS Mutare / Julio Ulises Gallardo Sánchez FOTOGRAFÍA David F. Uriegas SUSCRIPCIONES Édgar Acevedo Pérez suscripciones@revistaabogacia.com VINCULACIÓN COMERCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS Alejandro Barreto 55-5959-5071 abarreto@ambidieztros.com.mx CONTACTO 55-5616-2111 y 55-5131-5163 info@revistaabogacia.com www.revistaabogacia.com abogacía. La voz y la pluma de los juristas, año 1, núm. 6, agosto de 2021, es una publicación mensual editada por Base Legal, S.A. de C.V., con domicilio en Altavista 28, Col. San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2021-050410222700-102. Certificado de Licitud de Título y Contenido núm. 17427. Impresa por Impresos de Calidad Sebastian, S.A. de C.V., Miguel Ángel 35-B, Col. Santa María Nonoalco, Benito Juárez, 03700, Ciudad de México. Las opiniones expresadas por los articulistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de los editores de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos y las imágenes de la publicación sin previa autorización de la editorial.

Contenido

Agosto 2021

26 VOCES

Sin una verdadera democracia, los derechos humanos palidecen Sergio García Ramírez

10

60

EL NOTARIO RESPONDE

Donación con reserva de usufructo

REFLEXIONES

Una nueva época para el Poder Judicial de la Federación Miguel Carbonell

Fernando Dávila Rebollar

06

24

10 años de la reforma constitucional en derechos humanos

Constitución y derechos humanos: ¿una quimera?

ACTUALIDAD 7

Analizan la reforma laboral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado

8

Leyes para el notariado

18 REFLEXIONES

Aeropuerto de Santa Lucía: operación fuera de la ley Rafael Quintana Miranda

REFLEXIONES

Pascual Alberto Orozco Garibay

44

EL PASADO DEL PRESENTE

La conquista “notarial” de México

34 REFLEXIONES

José Manuel Villalpando

Manuel Jorge Carreón Perea

“En el derecho tributario lo esencial es similar en todos los países”

Derechos humanos en México: retos y rutas Mateo Mansilla-Moya

40 ¿QUÉ DICEN HOY LOS TRIBUNALES? Denise Tron Zuccher

Mariana Ruiz Albarrán

48 VLEX

abogacía Agosto 2021

REFLEXIONES

Tres incapacidades para contraer matrimonio canónico Juan Pablo Alcocer

70 VISIÓN GLOBAL

La nacionalidad mexicana desvirtuada Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

Arturo Garnham

52 VOCES

Por qué son importantes las víctimas María de la Luz Lima Malvido

4

64

76 PARA LEER 79 LA FOTO DEL AYER

Actualidad

10 años de la reforma constitucional en

derechos humanos

E

l pasado 9 de junio fue presentado el libro Reforma constitucional en derechos humanos. 10 años. Aproximaciones desde el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, publicado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuya presidenta, Nashieli Ramírez Hernández, explicó que dicha reforma concluyó el debate entre la jerarquía de la Constitución federal y los tratados internacionales, modificó la interpretación judicial, el estándar de actuación para personas servidoras públicas y el estándar para la legislación. Asimismo, reconoció la facultad de los organismos públicos en esta materia —la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales— para la investigación de violaciones graves a derechos humanos, así como su autonomía constitucional.

En este escenario, el libro presentado incluye 46 reflexiones sobre los retos, oportunidades y pendientes a una década de la reforma. Algunos de los temas abordados son: “Claroscuros de la reforma constitucional”, de Juan Carlos Arjona Estévez; “Las violaciones a derechos humanos en la Ciudad de México y la responsabilidad objetiva y directa de las autoridades”, de Zamir Andrés Fajardo Morales; “La integralidad en la reparación del daño a personas víctimas de violaciones a derechos humanos”, de María Luisa del Pilar García Hernández; “Adaptación y desarrollo de procedimientos para la atención a víctimas del delito”, de Iván Alonso Báez Díaz; “Desafíos de la educación en derechos humanos”, de Palmira Silva Culebro y Leticia Martínez Cuervo; “La CDHCM antes y después de la reforma constitucional”, de Mireya Sánchez Galván; “El derecho a ser diferente y la garantía de inclusión”, de Nadia Sierra Campos; “Un sistema penitenciario con enfoque de derechos humanos”, de Iván García Gárate; “La protección de los derechos humanos de las personas mayores”, de Rocío Angélica Quintana Rivera; “Internet, redes sociales, libertad de expresión y derechos humanos”, de Mauricio Augusto Calcaneo Monts, y “Derechos humanos, ambiente y cambio climático”, de Cecilia Santiago Loredo. 7

6

abogacía Agosto 2021

El libro puede ser descargado de forma gratuita en el siguiente enlace:

Nashieli Ramírez Hernández

Analizan la reforma laboral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado

E

l 21 de julio pasado dio inicio el cuarto curso de actualización del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado, con el tema “Reforma laboral y notariado”, el cual contó, en su primera sesión, con la participación de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

En su mensaje de bienvenida, el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Ponciano López, señaló que este curso permite conocer las últimas tendencias en la materia, en concreto la implementación de la reforma laboral en nuestro país. Así, el objetivo del programa es ayudar a los participantes a entender con profundidad la reforma para implementarla de manera adecuada en sus respectivos ámbitos profesionales, de modo que se pueda generar una mayor justicia social que beneficie a los trabajadores Luisa María Alcalde, María Teresa Rodríguez, Ponciano López y Sergio Javier Molina de todos los niveles.

Durante su participación, la secretaria del Trabajo y Previsión Social presentó una síntesis del Nuevo Modelo Laboral que se ha impulsado en los últimos dos años y medio (contrastando este modelo con las condiciones que durante años prevalecieron en nuestro país), cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores mexicanos y garantizar la protección de sus derechos.

Se refirió a las mejoras al salario; a la lucha contra los abusos que ha provocado el sistema de subcontratación; a la posibilidad de los trabajadores de decidir, sin discriminación ni represalias, su afiliación a un sindicato; a la democracia sindical y a la participación de los trabajadores en las decisiones fundamentales de su sindicato a través del voto personal, libre, directo y secreto; a la posibilidad de establecer negociaciones colectivas; al derecho de la defensa de los trabajadores a través de un sistema de justicia laboral imparcial e independiente; a la creación de centros de conciliación laboral integrados por profesionales capacitados en medios alternos de solución de conflictos; a la implementación de tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, con juicios orales, ágiles y modernos, y a la acreditación de los procesos del nuevo sistema laboral por fedatarios públicos, con lo cual la participación del gremio notarial se vuelve fundamental. Finalmente, explicó cuáles son las etapas de implementación de la reforma, que concluirá en mayo de 2022.

La segunda sesión fue impartida por el magistrado Sergio Javier Molina, quien se desempeñó como titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral y actualmente es consejero de la Judicatura Federal, cuya intervención se centró en las particularidades del nuevo sistema de justicia laboral desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos.

El curso tiene una duración de 20 horas, distribuidas en ocho sesiones, y se imparte de forma remota.

Para mayor información sobre las actividades del instituto, consulte la página: https://instituto.colegiodenotarios.org.mx. 7 Fotografía: cortesía del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

7

Actualidad

Leyes para el notariado

E

Amando Mastachi, Ponciano López, María Goerlich, Ángel Gilberto Adame y Alejandro Pérez Teuffer

n su labor diaria, los notarios aplican y cumplen una pluralidad de leyes y disposiciones cada vez más abundante. Solicitan permisos, certificados, autorizaciones, certificaciones y otros actos administrativos necesarios para llevar a cabo las escrituras que elaboran. Una vez firmadas las mismas, tienen que dar avisos, hacer publicaciones, etcétera, para cumplir con las leyes administrativas, fiscales, de lavado de dinero, bancarias, registrales, de inversión extranjera, procesales, entre otras. En ese contexto, el Prontuario de avisos en materia notarial, preparado por los notarios Ángel Gilberto Adame, Amando Mastachi y Alejandro Pérez Teuffer, y publicado por la editorial Tirant lo Blanch, tiene el propósito de facilitar la labor en la materia, mediante la compilación de las disposiciones aplicables en las leyes relacionadas con la actuación del notario, de una manera esquemática y fácil de ubicar.

El libro fue presentado en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México el 23 de junio pasado, en un evento en el que estuvieron presentes, además de los autores, el presidente del Colegio, Ponciano López Juárez, así como la directora editorial de Tirant lo Blanch, María Goerlich.

En su participación, Alejandro Pérez Teuffer recordó el origen de la amistad entre los autores, que se remonta a casi 3 décadas, cuando los tres abogados coincidieron en su formación en la notaría 9 de la Ciudad de México, a cargo del licenciado José Ángel Villalobos, en donde adquirieron sólidas bases que les han permitido desarrollar su actividad. Asimismo, hizo énfasis en que la función notarial, que ha ido adquiriendo cada vez mayor complejidad con la presentación de numerosos avisos a las autoridades, deja en claro la confianza que se ha depositado en esta institución, lo que a su vez implica una mayor preparación y responsabilidad por parte del gremio.

La presentación completa del Por su parte, Ángel Gilberto Adame habló de la solidaridad entre colegas que permitió libro está disponible en el canal de concretar este proyecto, en el que se da cuenta de 74 leyes federales (aspecto que convierte YouTube del Colegio: a la obra en una referencia para los notarios de todo el país), y señaló la necesidad de actualización que exige la profesión, máxime si se considera que el notariado ha ido evolucionando a lo largo de los años y la interacción que actualmente se tiene con las autoridades se ha incrementado exponencialmente.

Finalmente, Amando Mastachi recordó y agradeció a los grandes maestros del notariado en el país, cuyas trayectorias han suscitado la admiración de varias generaciones, y a quienes está dedicada la obra, y puntualizó que la obra se irá actualizando de forma permanente considerando las continuas modificaciones a que están sujeta la normatividad en la materia. 7

8

abogacía Agosto 2021

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

9

Miguel Carbonell

UNA NUEVA ÉPOCA PARA EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

10

abogacía Agosto 2021

Pixabay

El 7 de junio pasado se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. A decir del autor, se trata de los dos productos legislativos más relevantes emitidos como consecuencia del decreto de reforma del 11 de marzo, por lo que su difusión y su análisis tienen la mayor relevancia para todos los interesados en los temas jurídicos de México.

E

n el Diario Oficial de la Federación del 11 de marzo de 2021 se publicó un importante decreto de reforma constitucional, referido fundamentalmente a las competencias y la estructura del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dicho decreto tuvo su origen en un documento preparado en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado a conocer en febrero de 2020 en diversas reuniones públicas de trabajo entre el PJF, el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión. A ese documento se le llamó “Proyecto de reformas con y para el Poder Judicial de la Federación” y busca poner de manifiesto que se trataba de un texto que surgía desde el interior y no de un intento de poner en riesgo la independencia judicial.

Como producto de esa reforma constitucional fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2021 dos leyes completamente nuevas: la Ley Orgánica del PJF y la Ley de Carrera Judicial del PJF. La reforma constitucional del 11 de marzo aborda aspectos organizativos y sustantivos en relación con el ámbito de competencias del PJF. Los fines generales de la reforma fueron citados en la exposición de motivos del documento que desde la Suprema Corte se hizo llegar a los demás poderes: 1. Consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las cuales se podrá acceder mediante concurso de oposición.

2. Limitación a la discrecionalidad de los nombramientos de jueces y magistrados.

3. Establecimiento de políticas que guíen las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores.

4. Reforzamiento de las capacidades institucionales para combatir la corrupción y el nepotismo.

5. Impulso a la capacitación y a la profesionalización del personal que trabaja en el PJF, incluyendo, desde luego, a los defensores públicos federales.

6. Fortalecimiento de la Defensoría Pública Federal, dotándola de rango y reconocimiento constitucional.

7. Apuntalamiento del papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional.

8. Modificación del sistema de tesis de jurisprudencia para avanzar hacia un sistema de precedentes, tal como lo siguen

muchos tribunales constitucionales del mundo e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La reforma constitucional: aspectos organizativos Respecto de los temas de su estructura, cabe destacar el cambio que el decreto lleva a cabo para efecto de crear los nuevos tribunales colegiados de apelación que sustituirán a los anteriores tribunales unitarios de circuito. Los nuevos órganos van a estar integrados por tres magistrados en vez de uno.

En la exposición de motivos se señala que con dicho cambio “se pretende fortalecer el debate y el proceso deliberativo, lo cual se traducirá en resoluciones de calidad en beneficio de la adecuada administración de justicia [...] Al ser tres juzgadores quienes resuelvan y existiendo la posibilidad del diferendo, se otorga mayor certeza en la voluntad del órgano” (véanse los artículos 25 y 35 de la nueva Ley Orgánica del PJF).

También vale la pena resaltar la transición de los tribunales plenos de circuito, que por virtud de la reforma que estamos comentando pasan a ser tribunales plenos regionales. Puesto que su tarea es la unificación de criterios jurisprudenciales (véase el artículo 42 de la nueva Ley Orgánica del PJF), estimamos que el cambio es positivo, ya que el efecto de esa tarea podrá tener un alcance territorial mayor, sin estar limitado a la geografía de un circuito judicial. Los plenos de circuito, reconoce la exposición de motivos, “han tenido poca funcionalidad”. Lo cierto es que subsisten las contradicciones de criterios jurisprudenciales, sin que los mecanismos disponibles tengan la agilidad necesaria para ir solventándolos. Se trata de un tema en el que se requiere un esfuerzo mayúsculo, a efecto de dotar a la jurisprudencia de la mayor certeza posible.

Muchos abogados se quejan de que perdieron algún asunto por el circuito en el que fue resuelto o incluso por el tribunal colegiado al que le tocó dictar la sentencia. Quizá se trate de exageraciones, pero lo que parece indudable es que hay que trabajar para dotar de mayor seguridad jurídica a la interpretación judicial del derecho.

Siguiendo con las novedades institucionales, hay que celebrar el reconocimiento constitucional en el artículo 100 de la Carta Magna de la Escuela Judicial de Formación Judicial. Se trata, de acuerdo con el texto de la reforma constitucional, de un órgano auxiliar del CJF, a cuyo cargo estarán las tareas de LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

11

implementación de los procesos de formación, capacitación y actualización del personal del PJF. También tendrá a su cargo la muy delicada tarea de organización de los concursos de oposición que servirán como base para el acceso y el ascenso en la carrera judicial.

Se trata de una modificación positiva no porque una institución académica como es la Escuela Judicial deba tener rango constitucional, sino porque su incorporación al artículo 100 de nuestra Carta Magna envía un mensaje alentador sobre la importancia de la preparación académica cuando se quiere desempeñar un cargo jurisdiccional. También debemos entender que hay otro mensaje en esta parte de la reforma: si queremos profesionalizar la carrera judicial y dejar los factores de padrinazgo en su integración hay que contar con la instancia académica indispensable para la preparación y el desarrollo intelectual de los integrantes del PJF. Ojalá se pueda configurar a la Escuela Judicial como un organismo académico de alcance nacional, quizá por medio de la firma de convenios institucionales con los poderes judiciales de las entidades federativas, con el objeto de que también quienes aspiran a formar o ya forman parte de dichos poderes reciban una preparación parecida a la que tendrán los miembros del PJF (véase al respecto lo señalado en el artículo 52, fracción XIII, de la Ley de Carrera Judicial del PJF). Aunque la formación de un juzgador federal difiere de la de un juzgador del fuero común, puesto que ambos tienen diferentes ámbitos competenciales, lo cierto es que hay muchas materias en las que podrían tomar cursos de manera compartida (temas como argumentación jurídica, razonamiento probatorio, derechos humanos, etcétera). Sería una buena manera como el PJF podría abonar al mejoramiento en la formación de la carrera judicial a nivel local, que es muy necesario.

En el mismo artículo 100 constitucional, el decreto publicado el 11 de marzo hace referencia a la Defensoría Pública Federal como órgano especializado del CJF. La capacitación de los defensores públicos federales correrá a cargo de la Escuela Federal de Formación Judicial y existirán concursos de oposición como la base para conformar un servicio civil de carrera (véanse los artículos 52, fracciones IV y V, y 60 de la Ley de Carrera Judicial del PJF, así como el artículo 36 bis de la Ley Federal de Defensoría Pública).

Estimo que la incorporación de la Defensoría en el artículo 100 constitucional también es una aportación positiva de la reforma que estamos comentando. No sólo porque la defensa pública es indispensable para hacer realidad el debido proceso (destacada, aunque no únicamente, en materia penal), sino porque nos deja en claro la gran relevancia de la tarea que tiene a su cargo la Defensoría y la necesidad de que dicha importancia sea correspondida a través de un profesional y muy bien formado servicio de carrera.

12

abogacía Agosto 2021

En los años recientes la Defensoría Pública Federal (a diferencia de lo que sucede en algunas entidades federativas) se ha venido fortaleciendo y profesionalizando. Pero falta mucho por hacer. Lo ideal sería que la Defensoría asumiera un papel de promoción de litigios de interés público, junto con su no renunciable tarea de asistir a imputados en materia penal o de ofrecer asistencia en asuntos familiares.

En México los litigios de interés público se han promovido casi siempre desde las organizaciones de la sociedad civil, pero su alcance no ha sido el que el país necesita. La escasez presupuestal y las limitaciones de todo tipo de recursos hacen que el trabajo realizado desde la sociedad civil (que en algunos casos podemos calificar como heroico) no haya tenido el impacto que sería deseable. Hace falta más, mucho más. Ojalá la Defensoría pudiera dedicar una parte de sus recursos humanos a la indagatoria y a la promoción de juicios, por ejemplo, en materia de medio ambiente, contra los monopolios, en defensa de los consumidores, a favor de la calidad educativa, en relación con el combate a la corrupción, etcétera.

Es obvio que se trata de un cambio de modelo, ya que, en rigor, muchas de esas tareas no incumben a una “defensoría”, pero me parece que las instituciones no pueden cerrar los ojos antes las necesidades y las oportunidades que existen en el país. México requiere mucho más litigio de interés público. Se trata de sumar y no de restar. La defensoría podría convertirse en un “brazo jurídico” de defensa del orden constitucional de la mayor relevancia. Ojalá se aproveche esta reforma que estamos comentando para lograrlo.

La reforma constitucional: aspectos sustantivos.

Las anteriores son algunas de las más destacadas modificaciones en relación con la integración orgánica del PJF, pero la reforma del 11 de marzo también hace referencia a algunos temas de carácter más sustantivo; por ejemplo, la creación de la figura del “precedente judicial vinculante”, la derogación del recurso de reclamación en contra del auto de inadmisión del amparo directo en revisión, la ampliación de la legitimación activa para promover controversias constitucionales, etcétera.

Quizá valga la pena hacer algún breve apunte sobre cada uno de estos temas.

Del conjunto de cambios que trae consigo la reforma del 11 de marzo de 2021 creo que el que tendrá un impacto más “global” o “estructural” en el conjunto de la cultura jurídica nacional será la introducción del párrafo undécimo en el artículo 94 constitucional, para efecto de establecer la figura del precedente judicial vinculante, mandato que es desarrollado por los artículos 222 y 223 de la Ley de Amparo. Dicho aspecto de la reforma es altamente positivo, aunque tal vez se quedó corto, como más adelante lo voy a explicar.

Muchos abogados se quejan de que perdieron algún asunto por el circuito en el que fue resuelto o incluso por el tribunal colegiado al que le tocó dictar la sentencia. Quizá se trate de exageraciones, pero lo que parece indudable es que hay que trabajar para dotar de mayor seguridad jurídica a la interpretación judicial del derecho.”

El sistema de precedentes judiciales vinculantes es muy conocido en el derecho comparado. Se trata de un rasgo omnipresente en los sistemas jurídicos del common law, pero que cada vez se expande más en los sistemas jurídicos de la tradición romano-germánica.1 La idea genérica del precedente judicial es que la correcta impartición de justicia requiere la estabilidad de los criterios de sus operadores jurídicos, de modo que los casos que guarden ciertas semejanzas (o que sean “análogos”) a otros que ya se han decidido anteriormente deberían ser resueltos de la misma forma, a menos que existan muy buenos argumentos para no observar el criterio que se ha fijado con antelación.

Obviamente, las anteriores afirmaciones necesitarían de muchos matices y de explicaciones puntuales, pero la idea general sobre el precedente es esa: ante situaciones de facto parecidas debe prevalecer la misma razón jurídica. Promover la aplicación de criterios obligatorios que permitan dotar de ciertos rasgos de homogeneidad a las tareas judiciales es importante para prevenir una imagen caótica o incluso contradictoria de la jurisdicción. En este sentido, es evidente que el precedente judicial es de gran ayuda para guiar el proceso de toma de decisiones que deben hacer los jueces.

La existencia de un sistema de precedentes judiciales vinculantes ofrece varias ventajas adicionales.2 Por ejemplo, permite aprovechar las grandes lecciones que nos ofrece el trabajo de los jueces que han resuelto con anterioridad casos parecidos a aquellos que se vuelven a plantear ante los tribunales. Esto significa que hay un enriquecimiento generacional en la tarea de impartir justicia, mediante el cual los jueces del presente aprovechan la sabiduría de quienes los han antecedido en el ejercicio del cargo.

El precedente judicial vinculante además permite fortalecer la imparcialidad judicial, ya que el razonamiento contenido en una sentencia puede descansar no necesariamente en el carácter de las partes litigantes o en la capacidad de influencia de sus abogados, sino en un criterio fijado hace tiempo, a partir del cual el juez puede orientar su decisión. De esa manera, las partes en el proceso pueden despejar cualquier duda que tengan sobre la actuación imparcial del juez, puesto que su criterio jurídico fue determinado por un caso anterior y no de manera exclusiva por lo actuado en el caso concreto.

En términos generales, el precedente judicial vinculante también sirve para mejorar la eficiencia del sistema judicial en su conjunto, porque pone sobre aviso a los jueces, pero también a los abogados, sobre los criterios hermenéuticos existentes, de modo que todos puedan saber a qué atenerse. Sobre esa base, los operadores jurídicos saben que tienen que ajustar su argumentación jurídica para dialogar con el precedente vinculante, ya sea que lo utilicen para apoyar su dicho o que intenten descalificarlo, por ejemplo, argumentando que no es aplicable LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

13

al nuevo caso por haber surgido en la resolución de una materia distinta a la que se le quiere aplicar o en virtud de circunstancias de fondo que hacen diferentes los casos anteriores ya resueltos (de los que emana el precedente vinculante) y el nuevo que está pendiente de resolución.

La existencia de un sistema de precedentes que permita en parte abandonar el sistema tan peculiar y doméstico de las “tesis jurisprudenciales” (o tesis aisladas) va también a generar una poderosa llamada de atención hacia el razonamiento fáctico.

Esto se debe a que en la actualidad el sistema de tesis impide conocer los datos fácticos relevantes en el caso concreto del que surge el criterio jurisprudencial (véanse sin embargo los elementos que aporta el nuevo contenido del artículo 218 de la Ley de Amparo). Las tesis están redactadas de manera que conservan un alto grado de generalidad y abstracción.

En cambio, en la conformación del precedente vinculante no puede uno desatender el contexto de hecho a partir del cual se genera. Obviamente, lo anterior no deriva de que el contexto fáctico de los casos anteriores sea determinante para resolver un caso nuevo (cada caso tiene sus propias especificidades fácticas), sino de permitir una mejor comprensión del contexto en el que el precedente surge, cosa que las tesis no comunican de manera completa.

Con todo, el establecimiento de un sistema de precedentes va a requerir una gran transformación de la cultura jurídica mexicana e incluso de la enseñanza del derecho. Respecto de la cultura jurídica mexicana, se va a necesitar que desde la práctica los profesionales del derecho sumen ahora al indispensable estudio de las tesis jurisprudenciales el análisis y la comprensión de los precedentes judiciales. Lo segundo será, con toda seguridad, mucho más complejo que lo primero y además va a requerir una inversión de tiempo considerablemente mayor.

Respecto de la enseñanza del derecho, ahora tendremos que sumar igualmente el precedente judicial vinculante al elenco de las fuentes del derecho en las materias generales de la licenciatura en derecho, pero además tendremos que identificar y exponer en clase los precedentes que existan para cada materia de las que se incluyan en los respectivos planes de estudio. Eso va a requerir ajustes a libros utilizados en la docencia jurídica e incluso en la forma en que se imparten las clases. Va a ser importante la confección de una serie de leading cases que puedan formar parte de los materiales de estudio que se sugieren a los alumnos, para efecto de que puedan identificar, estudiar y comprender los principales precedentes judiciales vinculantes que existen en las distintas ramas del ordenamiento jurídico mexicano. Es probable que deban prepararse libros siguiendo el modelo de las obras de cases and materials que son tan utilizadas en las escuelas de derecho de los países anglosajones.

14

abogacía Agosto 2021

En los años recientes la Defensoría Pública Federal (a diferencia de lo que sucede en algunas entidades federativas) se ha venido fortaleciendo y profesionalizando.

Pero falta mucho por hacer. Lo ideal sería que la Defensoría asumiera un papel de promoción de litigios de interés público, junto con su no renunciable tarea de asistir a imputados en materia penal o de ofrecer asistencia en asuntos familiares.”

Ahora bien, en el tema que estamos analizando me parece que la reforma del 11 de marzo se quedó corta en dos aspectos. La figura del precedente judicial se acota al ejercicio de competencias de la Suprema Corte, dejando de lado la tarea de crear jurisprudencia que seguirán ejerciendo como hasta ahora los tribunales colegiados de circuito y los recién creados tribunales plenos regionales. Lo ideal hubiera sido extender la figura del precedente judicial hasta estos otros órganos, para que se permitiera un cambio más completo de modelo.

Por otro lado, en el artículo 94 constitucional se señala que los precedentes judiciales, para que puedan resultar vinculantes en la resolución de casos futuros, deben haber sido aprobados por el voto de ocho de los 11 integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien por cuatro de los cinco integrantes de las salas de la propia Corte. Me parece que no existe un criterio de racionalidad que explique la exigencia de estas mayorías calificadas y la reforma más bien debería haberse orientado hacia un sistema de mayorías simples. Estamos en un momento de la historia en que ya se tienen que dejar atrás las dudas o los temores sobre un ejercicio agresivo o invasivo de la función judicial.

Desde luego que sigue siendo necesario que la magistratura constitucional se ejerza con un cierto sentido de self-restraint y que se reconozcan espacios de deferencia legislativa (e incluso administrativa, siempre que no se ponga en riesgo la aplicación del principio de legalidad por parte de los órganos administrativos),3 pero de ahí a tomar precauciones como esas mayorías calificadas para evitar posibles “excesos” respecto del ejercicio de la función judicial, me parece del todo exagerado.

Si tenemos una Suprema Corte, lo que hay que procurar no es atarle las manos, sino, por el contrario, pedirle que ejerza con plenitud sus facultades, puesto que no podemos olvidar las grandes esperanzas que el modelo del Estado constitucional de derecho deposita en sus jueces4 (por eso es que algún autor los ha llamado, con mucha finura literaria, “los guardianes de las promesas”).5 Otro cambio de fondo que trae consigo la reforma constitucional es la derogación del recurso de reclamación en contra del auto que inadmite el recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo directo dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito. Se trata de un aspecto de la reforma que mantiene la dirección de reformas anteriores que buscaban consolidar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional.

Recordemos que, como regla general, para que se pueda plantear un amparo directo que es materia de conocimiento de un Tribunal Colegiado de Circuito ya fueron agotadas dos instancias previas, ya sea que hayan estado bajo la competencia de tribunales del fuero común o que hayan sido conocidas por el PJF a través de los procedimientos ordinarios federales en los que ejerce su competencia. Frente a lo que se haya resuelto

en esos juicios originarios se presenta un juicio de amparo como mecanismo de defensa constitucional, ya sea respecto de la posible violación de derechos humanos o, en términos generales (a través de la invocación de los artículos 14 y 16 constitucionales), para hacer valer el principio de legalidad que también rige para todos los jueces del país. Pues bien, el recurso de revisión en contra de lo que resuelve el tribunal colegiado en el juicio de amparo directo (también llamado “amparo uniinstancial”) es algo extraordinario y excepcional.

Si se considera que dicho recurso no cuenta con los méritos suficientes para ser conocido por la SCJN, ahí debería quedar el asunto. Sin embargo, el desechamiento del recurso, antes de la reforma, todavía se podía combatir a través de una reclamación. Esa posibilidad es la que elimina la nueva disposición contenida en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución (véase además lo señalado por la fracción XIII del artículo 10 de la nueva LOPJF).

Habrá quien considere que ya no contar con la reclamación supone un retroceso, pero creo que se debe entender como una medida que corresponde al modelo de tribunal constitucional que ha ido caracterizando a la SCJN en las últimas décadas (quizá desde las reformas de 1987). Ese modelo requiere disminuir la abrumadora cantidad de asuntos que resuelve año con año la Suprema Corte y dejar que su agenda se configure sobre las bases del ejercicio de facultades amplias de atracción de asuntos (una especie de certiorari), en lo que sea lo interesante, novedoso o profundo de un asunto lo que determine si llega o no a la Suprema Corte.

De esta manera nos estaremos acercando al modelo estadounidense de Suprema Corte, mientras no exista en México una duplicidad de jurisdicciones de última instancia, como la hay, por ejemplo, en España, donde tienen un tribunal constitucional y un tribunal supremo, el primero, encargado de asuntos de estricta constitucionalidad, y el segundo, con competencias para resolver recursos de casación (es decir, legalidad de última instancia).

Una tercera cuestión de fondo que plantea la reforma constitucional del 11 de marzo es la ampliación de los sujetos que cuentan con legitimación activa para entablar controversias constitucionales ante la Suprema Corte.6 Se añade mediante la reforma a los órganos constitucionales autonómos de las entidades federativas. Con ese cambio se amplía de forma importante el ámbito de tutela de las controversias, ya que prácticamente no se deja fuera ningún órgano público del Estado mexicano.

Los órganos constitucionales autónomos han ido adquiriendo una creciente relevancia en el ordenamiento jurídico mexicano, desde que fueron creados los primeros, en el arranque de la década de 1990. El número de órganos constitucionales autónomos ha ido creciendo en la Constitución federal LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

15

y en alguna medida se han replicado a nivel de las entidades federativas. El modelo del Estado mexicano contemporáneo ya no puede pensarse sin este tipo de órganos, cuya relevancia práctica es enorme en muchas materias.

Hay una multiplicidad de aspectos en torno al alcance competencial de los órganos autónomos que han llegado a conocimiento de la jurisdicción federal. Dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de enorme interés al respecto son las que resuelven la controversia constitucional 117/2014 y la del amparo en revisión 1100/2015. En ambas sentencias se analizan los ámbitos competenciales de órganos autónomos y su relación con los poderes tradicionales (específicamente con el Poder Legislativo). A partir de las consideraciones contenidas en dichos pronunciamientos se vislumbra la configuración de lo que se ha llamado “el Estado regulador”, que impone una cierta comprensión, desde luego muy novedosa, sobre la división de poderes y acerca del control judicial sobre los órganos técnicos, especializados en cierta materia, en una aproximación de la SCJN que recuerda, en alguna medida, las aportaciones del caso Chevron vs. Natural Resources Defense Council resuelto en 1984 por la Suprema Corte de Estados Unidos.

Colofón Con la expedición de las leyes que desarrollan la reforma constitucional del 11 de marzo de 2021 tienen lugar aportaciones de gran relevancia para el sistema jurídico mexicano. La reforma en su conjunto debe ser entendida en un contexto más amplio en el que, junto con los temas novedosos, debe considerar un periplo histórico cuya comprensión es indispensable

para entender cómo es que hemos logrado llegar hasta la “reforma judicial” que estamos comentando.7 En efecto, a lo largo del siglo XX se fue configurando un conjunto de reformas orientadas al fortalecimiento del PJF.8 Quizá la más importante de los tiempos recientes fue la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, mediante la que fue reconfigurada la integración de la SCJN, se creó el CJF, se modificó el régimen jurídico de las controversias constitucionales y fueron creadas las acciones de inconstitucionalidad, etcétera.

Posteriormente, tuvieron (y siguen teniendo) un gran impacto las reformas publicadas el 6 y el 10 de junio de 2011 en materia de juicio de amparo y derechos humanos, respectivamente, cuya relevancia permitió afirmar que configuraban incluso un “nuevo paradigma” en el sistema jurídico mexicano.9 De las reformas de 1994-1995 y 2011 han pasado ya muchos años. Era necesario retomar la senda reformista que ha dado buenos resultados y de esa manera aproximarnos al modelo de Poder Judicial de la Federación que México requiere en el siglo XXI. No se trata de un camino que haya llegado a su final. Por el contrario, la reforma constitucional y la expedición de las leyes secundarias que la desarrollan suponen sólo un primer paso, ciertamente esencial, pero que deberá ser continuado a través de grandes esfuerzos de implementación en los ámbitos competenciales de los distintos órganos del PJF. No será una tarea fácil, pero sin duda alguna valdrá la pena si de esta manera logramos tener una mejor justicia federal, que preste un servicio público a la altura de las expectativas de todas las personas que habitan en México. Ojalá así sea. 7

1 Un excelente análisis de la figura del precedente judicial vinculante puede verse en Bryan Garner, et al., The Law of Judicial Precedent, St. Paul, Thompson Reuters, 2016.

2 Ibid., pp. 9 y ss.

3 Véase al respecto la excelente obra de Pedro da Silva Moreira, Deferencia al legislador: la vinculación del juez a la ley en el Estado constitucional, prólogo de Juan Carlos Bayón, Madrid, CEPC, 2019.

4 Lo cual no debe ser un obstáculo para discutir sobre el “modelo” de control de constitucionalidad que debe existir en México y sobre los grados de intensidad con los que se ejerce dicho control. Al respecto, hay una abundante literatura. Sugiero, a manera de introducción en el tema, el gran libro de Víctor Ferreres Comella, Justicia constitucional y democracia, 3ª ed., Madrid, CEPC, 2021, y la obra colectiva La justicia constitucional en tiempos de cambio, México, SCJN, 2019.

5 Antonie Garapon, Juez y democracia. Una reflexión muy actual, Madrid, Flor del Viento, 1998.

6 Un análisis muy completo sobre la figura de las controversias constitucionales puede verse en José Ramón Cossío, La controversia constitucional, México, Porrúa, 2004.

7 Una parte de esa historia puede encontrarse en José Ramón Cossío, El sistema de justicia. Trayectorias y descolocaciones, México, FCE, 2018.

8 Véase el detenido análisis que se encuentra en varios de los ensayos de Héctor Fix Fierro en su libro El poder del Poder Judicial y la modernización jurídica en el México contemporáneo, México, IIJ-UNAM, 2020 (especialmente pp. 233 y ss.).

9 Miguel Carbonell y Pedro Salazar Ugarte (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, Porrúa, 2011.

Miguel Carbonell es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, investigador nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y autor de más de 83 libros.

Es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, A.C., www.centrocarbonell.online. @MiguelCarbonell

16

abogacía Agosto 2021

convoca al

Premio Anual de Escritura a los nuevos talentos de la abogacía

BASES • • • • • • •

•

Podrán participar todos los estudiantes de la licenciatura en derecho de cualquier institución educativa de la República Mexicana que sometan un artículo inédito para su publicación en la revista abogacía.

Los artículos podrán abordar cualquier temática de actualidad e interés para la sociedad, siempre y cuando contemplen un marco teórico jurídico.

Los trabajos presentados deberán ser escritos en formato de divulgación (la exposición de hechos, conceptos e ideas deberá contemplar un lenguaje claro, sintético y accesible al público no necesariamente especializado).

Los artículos deberán enviarse a la dirección electrónica editor@revistaabogacia.com en formato Word y no deberán exceder los 14,000 caracteres con espacios.

La fecha límite para enviar trabajos y ser considerados en la edición 2021 del premio es el 26 de noviembre de 2021.

El jurado calificador de los trabajos estará integrado por los miembros del Consejo Editorial de la revista abogacía.

En enero de 2022 el jurado calificador determinará al ganador único del premio entre aquellos autores que hayan sido publicados en la sección “Nuevos Talentos” de la revista, en cualquiera de las ediciones de 2021, tomando en consideración la originalidad del tema abordado, los planteamientos propuestos y el uso del lenguaje.

El premio consistirá en $10,000.00 (diez mil pesos).

Los libros, las mentes y los paraguas sólo sirven si se abren...

El fallo del jurado será inapelable. El resultado del certamen se dará a conocer el 28 de enero de 2022, a través de la página web y las redes sociales de la revista abogacía. La participación en este certamen supone la aceptación de las bases anteriormente expuestas.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

17

[ Experiencias ]

Rafael Quintana Miranda

AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA:

operación fuera de la ley En este artículo, cuyo tema central es la actividad del Ejército en la operación del proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, el autor sostiene que no basta con la emisión de un decreto presidencial para atribuir facultades o competencia al cuerpo castrense y, con base en ellas, desarrollar las obras y las actividades respectivas, sino que debe atenderse a lo establecido en nuestra Constitución y en las leyes secundarias, así como al debido proceso legislativo, antes de implementar medidas de este tipo.

18

abogacía Agosto 2021

Fotos:www.gob.mx/aifa

L

a Base Aérea Militar 1 se encuentra ubicada en un lugar que fue conocido en la época colonial como Estancia de Santa Lucía, propiedad del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo (de origen jesuita, franciscano y después agustino), y que a partir de 1576 empezó a desarrollarse como hacienda de ganado menor.

Como consecuencia del deterioro y el lento abandono del campo aéreo militar de Balbuena (1915), sobre los campos de la ex hacienda jesuita se inauguró la Base Aérea Militar 1, P. A. Alfredo Lezama Álvarez, el 24 de noviembre de 1952: “La base aérea se encuentra inmediatamente al sur del pueblo de San Lucas Xolox, un asentamiento originalmente fundado por los mexicas en las orillas del lago de Xaltocan”.1 El presidente Miguel Alemán Valdés, los días 30 de junio y 1º de julio, ambos del año 1952, expropió los terrenos ejidales situados en los poblados San Jerónimo Xanacahuacán (3-11-01 hectáreas), San Pedro Pozohuacán (98 hectáreas), los Reyes Acozac (51-92-50 hectáreas), Tecámac (168 hectáreas), todos del municipio de Tecámac, así como San Lucas Xoloc, municipio de Tecameca (34 hectáreas), todos en el Estado de México, para utilizarlos en la ubicación de la entonces base militar número uno.2 Los antecedentes mencionados pretenden reforzar la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado la participación del Ejército y de las Fuerzas Armadas en apoyo del país, pero no ha contemplado, bien a bien, las facultades del fuero militar en actividades meramente civiles.

Dicho lo anterior, en consideración de la importancia del tema, a raíz del desayuno que se realizó el 22 de octubre de 2019, en el que estuvo presente el secretario de la Defensa Nacional, general de división Luis Crescencio Sandoval González, así como otros altos jefes de la plana mayor del Ejército mexicano, el general de división en retiro Carlos Gaytán Ochoa, con patriotismo y valentía, aseguró que “en México la sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda que acumularon durante años gran resentimiento”.

Afirmó que los frágiles contrapesos existentes han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que propicia decisiones estratégicas que no han convencido a todos. Llama la atención su comentario, pues el general Gaytán Ochoa tiene una larga hoja de servicios en las Fuerzas Armadas.

Ante los altos mandos del Ejército reunidos en la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), el general continuó con su participación en los términos siguientes: “Ello nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa, toda vez que cada uno de los aquí presentes fuimos formados con valores axiológicos sólidos que chocan con la forma con que hoy se conduce al país”.3

Mencionamos lo anterior en virtud de que el jefe del Ejecutivo federal encargó al Ejército mexicano la construcción, operación y administración del aeropuerto que está en marcha en el poblado de Santa Lucía, Estado de México. Nuestro propósito es contrastar la decisión, de acuerdo con lo dispuesto en la norma constitucional y en las leyes secundarias, con el fin de determinar si la misma se encuentra debidamente soportada en el marco legal vigente; pero sostenemos lo contrario, con el siguiente argumento.

La Constitución general, en su artículo 89, establece como facultades y obligaciones del presidente, las siguientes: “[...]

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su artículo 1, señala que el Ejército y la Fuerza Aérea son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales de apoyar y atender necesidades imperiosas a la población civil.

También hay que tomar en cuenta lo previsto en el artículo 37 del reglamento interior de la SDN, que a la letra dice: “La Dirección General de Ingenieros es el órgano administrativo encargado de coadyuvar a satisfacer las necesidades de vida y operación de la secretaría mediante trabajos destinados a proporcionar seguridad, comodidad e higiene en alojamientos e instalaciones diversas; asesorar a los mandos en aspectos de su especialidad, y abastecer de materiales y otros artículos de su responsabilidad”.

Como podemos apreciar, en la normativa constitucional y legal se advierte de manera clara que el Ejército mexicano tiene misiones específicas de carácter militar y, por el contrario, no cuenta con facultades para llevar a cabo misiones de carácter civil, como es la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía, y mucho menos para encargarse de su organización operativa, jurídica y de control. Los trabajos civiles no militares sólo los pueden hacer los encargados militares que soliciten licencia o que se encuentren en retiro, que hasta ahora no es el caso.

Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la pretendida ideología de tratar de dar soluciones a las necesidades del país, ha hecho un atento llamado a las Fuerzas Armadas para que tengan mayor participación en actividades públicas y civiles, pero en algunos casos esa participación puede incurrir en atentados contra la norma suprema fundamental y otras leyes secundarias. Por eso ponemos a consideración de los lectores un análisis crítico en torno de las determinaciones tomadas por el Ejecutivo federal respecto de la presencia militar en diversas áreas civiles, como la creación de una empresa paraestatal para la construcción y operación del Aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

19

En la normativa constitucional y legal se advierte de manera clara que el Ejército mexicano tiene misiones específicas de carácter militar y, por el contrario, no cuenta con facultades para llevar a cabo misiones de carácter civil, como es la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía.”

20

abogacía Agosto 2021

La siguiente interrogante que nos ocupa gira en torno de la determinación, también del presidente de la República, para dotar a la SDN de facultades para la construcción de aeropuertos, como empresa de participación estatal. La problemática surge con la construcción del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía en la que se decidió dar la operación, administración y explotación de dicho proyecto al mando militar, motivo que es causa de análisis del presente artículo.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal expresa que la SDN cuenta con facultades para “[...] VIII. Asesorar militarmente la construcción de toda clase de vías de comunicación terrestres y aéreas [...] XIX. Prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza Aérea, así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo federal. XX. Los demás que le atribuyen expresamente las leyes y reglamentos”.

Ni en éstas, ni en ninguna otra de las fracciones del numeral citado se establece que la SDN tenga competencia para

llevar a cabo la operación, administración y explotación de ese proyecto. Su competencia, de acuerdo con este ordenamiento, consiste en asesorar y prestar servicios auxiliares y demás competencias atribuidas por otros reglamentos. Por lo tanto, debe estarse al principio de legalidad o de la exactitud de la ley expresa que rige la actividad de la administración pública puesto que la interpretación de un ordenamiento legal es competencia del Poder Judicial, no una función ejecutiva.

Esta función no le corresponde. Sólo debe actuar en el marco que le atribuye la ley: en sus términos exactos. Lo anterior determina que la SDN no tenga competencia para tal cometido, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Es importante señalar que dicha ley, en su artículo 29, hace mención de los asuntos que le corresponde despachar a esa dependencia. Y si bien establece que le compete asesorar militarmente la construcción de toda clase de vías de comunicación terrestres y aéreas, en ningún momento señala como parte de sus facultades o tareas llevar la operación, administración y explotación de las mismas mediante una sociedad mercantil encabezada por personal militar, en este caso de un aeropuerto.

Con respecto al desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consideramos que su actuación es fundamental, debido a que tiene la atribución de “proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional”, de conformidad con el artículo 31, fracción XIV, de la la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Sin embargo, resulta preocupante la declaración del presidente de la República en el sentido de que será la SDN la que se “quedará” con los recursos y los diversos ingresos que generen las rentas de la nueva terminal.

Asimismo, la SHCP, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, según lo estipulado en su artículo 3, establece que “las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan la secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo dispuesto en esta ley y el reglamento”. De lo anterior se desprende que el dinero que se obtenga de la operación del Aeropuerto de Santa Lucía necesariamente debe ingresar como recursos al presupuesto y, con posterioridad, la SHCP podrá determinar su destino en el presupuesto correspondiente.

Con respecto a las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el artículo 36 incorpora las fracciones IV, V, VI, XXIII y

XXIV, que estimamos pertinentes para el caso que nos ocupa: “A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos [...] IV. Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales V. Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación. VI. Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad de la navegación aérea [...]

XXIII. Construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los estados y las autoridades municipales en la construcción y conservación de obras de ese género. XXIV. Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar”.

Del análisis de ese artículo podemos concluir que la dependencia que está facultada de forma expresa, tanto para la construcción como para la operación del Aeropuerto de Santa Lucía, no es la SDN, sino la SCT. Por su parte, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su artículo 1, establece que su objeto es “regular la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la administración pública federal”. El artículo 2 de la mencionada ley remite a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en especial a su artículo 46. Las entidades paraestatales de la administración pública federal existentes se pueden consultar verificando la “Relación de entidades paraestatales de la administración pública federal”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2020.

El reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales menciona qué se quiere hacer al crear una sociedad anónima de capital variable (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) y que estas entidades se crean a propuesta de la SHCP, previa opinión de la dependencia coordinadora del sector —en este

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

21

caso, la SCT—, la cual es sometida a consideración del Ejecutivo federal. Además es necesario un “dictamen favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación”.

Las incongruencias mencionadas hasta ahora se producen en contravención de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, las cuales, en sus diversos artículos, mencionan, entre otras cosas, los asuntos que corresponde despachar a las diferentes secretarías del gobierno federal; entre otras: la regulación de las funciones de las entidades paraestatales, la reglamentación en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y los egresos públicos federales, y demás regulaciones a las cuales están sujetas las entidades paraestatales.

Claro, todo lo anterior sin olvidar las disparidades que se presentan con las leyes militares, como la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cuyas facultades o atribuciones no se encuentra la de que las Fuerzas Armadas sean responsables o facultadas para llevar a cabo la construcción y la operación jurídica y económica del mencionado Aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México.

Conclusiones En síntesis, basta reafirmar los comentarios esgrimidos en el último apartado de este texto, en el que se advierten diversas irregularidades en la constitución de una entidad paraestatal para los fines propuestos; en este caso, una empresa de participación estatal mayoritaria que construya y administre el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía por parte del Ejército mexicano.

A continuación destaco las incongruencias más evidentes, las cuales fueron evidenciadas a lo largo del presente artículo: 1) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece, sin lugar a dudas, las facultades de cada una de las dependencias del Ejecutivo federal. En el apartado correspondiente a las facultades de la SDN, en el análisis que se realizó no pudimos encontrar disposición expresa para construir o administrar un aeropuerto, como sí aparece como facultad de la SCT. 2) El reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales establece que, a propuesta de la SHCP, o de la secretaría correspondiente, se podrá proponer al Ejecutivo federal la constitución de entidades paraestatales.

3) La declaración que hizo el presidente de la República, en el sentido de que el dinero que se generará por las rentas de la terminal aérea se quedará en las arcas de la SDN, no tiene sustento jurídico, ya que es la diversa SHCP la que determina

22

abogacía Agosto 2021

Los frágiles contrapesos existentes han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que propicia decisiones estratégicas que no han convencido a todos. Ello nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa, toda vez que cada uno de los aquí presentes fuimos formados con valores axiológicos sólidos que chocan con la forma con que hoy se conduce al país.”

Carlos Gaytán Ochoa

los lineamientos generales del ejercicio presupuestal, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

4) Es preocupante que se esté utilizando a los elementos castrenses para el cumplimiento de acciones que están totalmente alejadas de sus fines militares, pues no estamos ante una función de seguridad nacional o de auxilio a la población en caso de emergencia. Y si bien puede ser el sector con más experiencia en materia aérea, esa no es razón suficiente para distraer al Ejército de su actividad primordial.

5) De manera general podemos apreciar que la propuesta hecha por el presidente de nuestro país no es procedente desde la óptica jurídica, de la jerarquía de las normas constitucionales y legales, y que la participación del Ejército en esta clase de actividades civiles no es la mejor opción, pues no tiene sustento en las facultades legales atribuidas a esta honorable institución militar. Además, dicha propuesta incluso puede llegar al grado de alterar la susceptibilidad de los servidores públicos militares de las altas esferas respecto de la toma de

decisiones concernientes al trabajo propio e idóneo a cargo de las Fuerzas Armadas de México.

6) El aeropuerto al que se refiere este estudio es el que, por decreto del presidente Miguel Alemán Valdés, se destinó a la base aérea militar número 1 con el nombre de P. A. Alfredo Lezama Álvarez y, por lo tanto, es necesario que un acuerdo presidencial revoque el nombre original y se le dé el de General Felipe Ángeles, no obstante que se designe como aeropuerto civil o militar.

7) No hay que pasar por alto el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 215, capítulo III, del Código Penal federal, que contempla el abuso de autoridad de los servidores públicos.

Finalmente quiero agradecer la participación de los alumnos del tercer semestre de la maestría en derecho de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México que colaboraron en el análisis, la investigación y los comentarios que ameritó el presente artículo. 7

“La Hacienda de Santa Lucía será respetada: militares”, s. f. Recuperado de https://a21.com.mx/aeropuertos/2019/05/02/ la-hacienda-de-santa-lucia-sera-respetada-militares.

2 Diario Oficial de la Federación, 30 de junio y 1º de julio de 1952.

3 La Jornada, 30 de septiembre de 2019, p. 3.

Bibliografía: • Fernández Ruiz, Jorge (2009). Derecho administrativo y administración pública, 3ª ed., Porrúa/UNAM, México.

• Galindo Camacho, Miguel (1996). Derecho administrativo, tomo II, Porrúa, México.

• Ortiz Soltero, Sergio Monserrit (2008). Las entidades paraestatales. Aspectos jurídicos, Porrúa, México.

• Serra Rojas, Andrés (1983). Derecho administrativo, tomo II, Doctrina, legislación y jurisprudencia, 12ª ed., Porrúa, México.

Hemerografía: • Desarrollo de Medios, “La hegemonía de una pretendida izquierda, causa de la polarización”, 30 de octubre de 2019. Recuperado de https://www. jornada.com.mx/2019/10/30/politica/003n1pol.

• Claudia Guerrero, “Crea 4T empresa con mando militar”, 20 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.reforma.com/ crea-4t-empresa-con-mando-militar/ar1900916.

• José Quevedo, “Base Aérea Militar 1 P. A. Alfredo Lezama Álvarez”, 27 de noviembre de 2017. Recuperado de https://mexicoaeroespacial.com. mx/2017/11/27/base-aerea-militar-no-1-p-a-alfredo-lezama-alvarez/.

• Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, tesis 3534, tomo III, marzo de 1996, p. 351. Recuperado de 351.https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=3534&Tipo=2&Tema=0.

Legislación: • Código Penal Federal, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, México, 2020.

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110_010319.pdf.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en https://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/marco_LFPRH.pdf.

• Ley General de Responsabilidades Administrativas, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_130420.pdf.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_220120.pdf.

• Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/169_210618.pdf • Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFEP.pdf.

• Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, en http://legislacion.scjn.gob.mx/buscador/Paginas/wfArticuladoFast. aspx?q=BHGCbWrG7ukiUiW/WEuu/sboqTdRF/1Rr3TVe+hAc9V33wTBc+SY2fZRrvJIm4Cj1ztLoDjUSgVfDHaPafHpcw==.

1

Rafael Quintana Miranda es doctor en derecho, catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ex secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN, magistrado en retiro de los Tribunales Agrarios y vicepresidente del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

23

Pascual Alberto Orozco Garibay

Constitución y derechos humanos: ¿una quimera?

Las reformas constitucionales de 2011 y la incorporación a nuestra Carta Magna de los tratados internacionales en materia de derechos humanos generaron un gran optimismo. Sin embargo, una década después, numerosos derechos humanos no se han materializado en la vida concreta de las personas y se han convertido en letra muerta. El autor alza la voz para exigir que hagamos de ellos una realidad y no un ideal.

24

abogacía Agosto 2021

D

urante los últimos 10 años, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como muchos doctrinarios se han preocupado por justificar y explicar de una manera coherente los derechos humanos como el eje principal de nuestra Constitución y del Estado mexicano.

Surgió un gran optimismo al respecto y se habló de un nuevo paradigma, del bloque de constitucionalidad (Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos), de la importancia del control constitucional, tanto difuso1 (a cargo de todos los jueces) como concentrado (por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) a través de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la declaratoria general de inconstitucionalidad.2 Se hizo hincapié en algunos de los derechos humanos: paridad de género, no discriminación, matrimonio igualitario, protección de datos personales y derecho a la información, a la salud, a un medio ambiente sano, a los derechos de toda persona imputada y de las víctimas, a la libre concurrencia y competencia económica, entre otros.

La doctrina mexicana, a partir del siglo XXI, se abocó a desarrollar y fundamentar los derechos humanos.3 Era necesario ese análisis, que vino a enriquecer la teoría constitucional; sin embargo, no es suficiente enunciarlos y explicar su contenido y sus alcances.

Hoy en día lo realmente importante es preguntarse por la eficacia de los derechos humanos en la vida diaria. Debemos voltear la mirada a nuestra realidad y realizar un análisis crítico de cuáles de esos múltiples derechos son letra muerta y lo que se tiene que hacer para que cobren vida.

De la misma manera, la Constitución debe contemplarse no solamente como un conjunto de normas jurídicas o de principios que van a permear todo el ordenamiento jurídico, sino también como un mecanismo que influye en los fenómenos económicos y sociales.

Nuestra Ley Suprema, además de ser un parámetro de validez y jerarquía de todas las normas

jurídicas y un freno al abuso del poder por distintos órganos y niveles de gobierno, es un conjunto de valores que reflejan las aspiraciones y las necesidades de los seres humanos que como individuos y como integrantes de los diferentes grupos sociales deben garantizarse, respetarse y promoverse, para que puedan desarrollarse plenamente.

Tradicionalmente, desde el siglo XIX hasta nuestros días, los constitucionalistas mexicanos han acudido a las fuentes doctrinales estadounidenses y europeas y poco se han ocupado de profundizar en lo que ocurre realmente en nuestro país.

Los académicos deben corroborar con datos duros la falta de eficacia del contenido normativo de nuestra Carta Magna, así como de los derechos humanos plasmados en la misma, y tomar esos datos como punto de partida para plantear nuevas alternativas para su solución. Las estadísticas, tanto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía como del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, son una radiografía confiable para dichos efectos.

Podemos enunciar algunos ejemplos: • En 2018 existían 125 millones de mexicanos, de los cuales 52.4 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, y 9.3 millones, en pobreza extrema.4 • De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el Informe de Evaluación 2008-2018, “el 27.9 por ciento de los indígenas se encuentran en pobreza extrema; el 41.6 por ciento en pobreza moderada, el 21.2 por ciento se encuentra vulnerable por ingresos y únicamente el 6.9 por ciento no es ni pobre ni vulnerable”.5 • La cantidad de migrantes mexicanos que residían en Estados Unidos en 2018 era de 12,300,000.6 • En 2016 el nivel de las carencias sociales en la población mexicana era muy grave: “Por acceso a los servicios de la salud, 19.1 millones; por acceso a la seguridad social, 68.4 millones; por calidad y espacios de la vivienda, 14.8 millones; por acceso a los servicios básicos de la vivienda, 23.7 millones; por acceso a la alimentación, 24.6 millones, y por rezago educativo, 21.3 millones”.7

Los académicos deben corroborar con datos duros la falta de eficacia del contenido normativo de nuestra Carta Magna, así como de los derechos humanos plasmados en la misma, y tomar esos datos como punto de partida para plantear nuevas alternativas para su solución.”

Las cifras anteriores nos permiten corroborar que existen derechos humanos que son una quimera para muchos mexicanos, por lo cual es importante que los que tenemos voz exijamos por los que no son escuchados, y presionemos para que se modifiquen las políticas públicas de manera que éstas repercutan a favor de los millones de pobres, desempleados e indígenas y evitar que la migración hacia Estados Unidos siga aumentando.

Es necesario que los recursos públicos se destinen a generar fuentes de trabajo, a hacer accesible a todos los servicios de salud y educación, a combatir la inseguridad y a disminuir la pobreza y la marginación que existe en nuestro país.

Se debe luchar con el fin de que los derechos humanos sean una realidad cotidiana para todos y no un bello ideal. 7

Artículo 133 constitucional, segundo párrafo.

Artículos 105 y 107-II constitucionales.

3 Por ejemplo, las obras de Elisur Arteaga Nava, Garantías individuales, Oxford University Press, México, 2009; Miguel Carbonell, Los derechos fundamentales en México, 4ª ed., Porrúa/UNAM/CNDH, México, 2011; Miguel Carbonell y Pedro Salazar (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos. Un nuevo paradigma, Porrúa/ UNAM, México, 2012, y Sergio García Ramírez y Julieta Morales Sánchez, La reforma constitucional sobre derechos humanos (2009-2011), Porrúa, México, 2011.

4 Véase https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2018/Serie_2008-2018.jpg y https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Poblacion2020_Nal.pdf. Consultado el 5 de julio de 2021.

5 Véase https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx. Consultado el 8 de agosto de 2019.

6 Véase https://www.gob.mx/conapo/articulos/mexicanos-en-estados-unidos-datos-graficos-y-mapascifras-2017-y-2018?idiom=es. Consultado el 28 de agosto de 2020.

7 Véase https://planeacionibero.wordpress.com/2018/04/09/evaluacion-de-la-politica-de-desarrollo-social-2018-via-coneval/. Consultado el 9 de agosto de 2019.

1 2

Pascual Alberto Orozco Garibay es profesor de derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho y doctor en derecho por la misma institución.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

25

Ana Karen Rebollo Pérez Hilda Mildred Luna Rosado

Sin una verdadera democracia, los derechos humanos palidecen Sergio García Ramírez

26

abogacía Agosto 2021

Voces

Los estudiantes preguntan

Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y agradecido por la hospitalidad que le ha brindado nuestra Máxima Casa de Estudios a lo largo de los años, Sergio García Ramírez abre las puertas de su casa a dos alumnas de la misma institución, quienes

conversan con él sobre su historia personal y el aprendizaje que ha tenido en su larga

trayectoria de servicio público y en la academia. Opiniones mesuradas, producto de la

experiencia y la observación atenta, son las que don Sergio nos ofrece en esta entrevista, ya se trate de la situación actual en materia de protección de derechos humanos o de la protección del medio ambiente y el uso de energías renovables.

aren Rebollo: Nuestra primera pregunta va enfocada a usted. ¿Quién es Sergio García Ramírez?

A partir de mis respuestas seguramente me conocerán más, pero les diré que soy un hombre muy afortunado por los profesores que tuve, por la hospitalidad que me brindaron varias instituciones, por las oportunidades que me ha dado la vida y, muy particularmente, por estar aquí, sano hasta donde alcanzo a ver, de muy buen ánimo, recibiéndolas.

He tenido el privilegio de ser académico y servidor público durante muchos años y de conciliar con armonía esas dos actividades. También me he podido desempeñar, para mi fortuna, en medios internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante 12 años, y también en otras instancias.

Tengo una enorme deuda con la vida; cuando me vaya, no la dejaré pagada. Pero quiero reconocerla, al igual que a mi país, a mis amigos y a mi familia, y agradecer a Dios. n Hilda Luna: Con una trayectoria tan amplia, ¿qué meta tiene en este momento de su vida?

Seguir trabajando. Alcanzar una realización personal que me permita servir a mi país; ser útil, servir a mi profesión, al magisterio y a la investigación, además de aportar algo a estudiantes como ustedes. Ojalá que pueda conseguirlo mediante la cátedra, los libros, la investigación y la formación de nuevos juristas. n Karen Rebollo: De los cargos que ha ejercido, ¿cuál es el que más lo ha marcado y por qué?

Empecé siendo servidor público como delegado del Departamento de Prevención Social en la Penitenciaría del Distrito Federal, en 1961, y gracias a mi trabajo alcancé cargos de diverso rango, algunos muy importantes y otros más modestos, pero puedo decir con toda franqueza que prácticamente todos los empleos que he tenido y las actividades que he desarrollado han dejado una huella en mí.

Algunos los recuerdo con especial afecto; por ejemplo, mi paso por el mundo de las prisiones. Como director del Centro Penitenciario del Estado de México viví una relación intensa con los dramas de las cárceles, de los presos y sus familiares, de sus dolores, penas y alegrías. Yo estaba alojado en un pequeño dormitorio dentro de la penitenciaría. Ahí viví prácticamente durante tres años, lo que fue muy formador para mí. También fue muy grato haber sido el último director de la cárcel preventiva de la capital, conocida como Lecumberri, lugar que ahora aloja al Archivo General de la Nación.

Mi tránsito por las procuradurías también fue muy valioso.

Tenía 32 años cuando ingresé a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Y me desempeñé durante seis años en la Procuraduría General de la República. Otra encomienda que me ha dejado profunda huella fue ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que presidí durante cuatro años. Ahí se ampliaron mis perspectivas y se ensanchó mi mundo en relación con la causa de la tutela de los derechos humanos. n Karen Rebollo: Y también ha dejado una gran huella en el mundo académico...

Quiero poner mucho énfasis en mi vida académica, que he seguido como un hilo de vida, desde la primera clase que impartí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Era profesor de derecho procesal penal y había estudiado mucho para preparar mi clase. Estaba muy nervioso porque era un grupo de casi 100 alumnos. Al final me fue muy bien. Había dejado de fumar, pero esta situación me hizo recaer; sentía que era yo el que se examinaba a sí mismo a través de los alumnos.

Tengo una gratitud inmensa hacia la Facultad de Derecho, que me promovió como profesor emérito, distinción que le reconozco al doctor Raúl Contreras Bustamante. También quiero mencionar al Instituto de Investigaciones Jurídicas, antes llamado Instituto de Derecho Comparado, al cual entré por concurso y en el que continúo como investigador. A veces LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

27

Voces

Los estudiantes preguntan

me he separado por razones de falta de tiempo y trabajo, pero ha sido mi hogar académico y es una marca que llevo como broche. n Hilda Luna: Con la experiencia que ha tenido en sus diversos cargos, ¿cuáles considera que son los retos que implica ser un servidor público?

La función pública implica un compromiso muy serio y grave.

Uno debe entender que es un privilegio, pero al mismo tiempo una responsabilidad que debe ser llevada a cabo con dignidad, señorío y cumplimiento, porque se debe al pueblo y a la nación, sea cual sea el cargo.

A veces no se puede conciliar fácilmente el sueño pensando en las cosas que hay que hacer, cómo hay que hacerlas y en los problemas que se presentan, pero debemos tratar de remontarlos con serenidad. Más aún si se tiene la suerte de dirigir, mediar y representar a una institución. Se debe tomar en cuenta que los hechos propios marcan la vida de otras personas y que la forma en que uno desempeña su labor se pondera en función de los resultados que entrega a los ojos de la nación. n Karen Rebollo: Si usted pudiera impulsar tres reformas constitucionales que considere favorables para resolver problemas de gran calado para México, ¿cuáles serían?

Más que pensar en reformas constitucionales, hay que pensar en la forma de aplicar la Constitución, en la que figuran muchos derechos humanos, antes llamados garantías individuales, que no se materializan: constan en la Constitución, pero no en la vida de las personas.

Sabemos que nuestra Constitución nos define como una república democrática, federal, laica y social, pero también sabemos que nuestra democracia aún es muy débil y quebradiza. Al mismo tiempo, sabemos que nuestra Federación es sui generis, pues no acaba de consolidarse y atraviesa por momentos muy tormentosos como el actual. Sabemos que la laicidad está prevista en nuestra Constitución, pero no acaba de asentarse. Estamos conscientes de que existe una división de poderes, pero ¿qué tan genuino es el respeto a esa división de poderes? Porque, con toda franqueza, los hechos no acreditan la verdadera división de éstos, un sistema de frenos y contrapesos. Sabemos que la Constitución prevé una serie de órganos autónomos y al mismo tiempo presenciamos una invectiva hacia éstos, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En fin, hay muchas cosas que están en la Constitución, pero no en la realidad, aunque ya hemos tenido un diluvio de reformas. Por eso yo pensaría, más bien, en la aplicación de la Constitución.

28

abogacía Agosto 2021

Mi opinión es la de un ciudadano preocupado por que se pierda el camino de la libertad y se extravíe el camino de la democracia.

Hemos presenciado violaciones dolorosas a la Constitución de la República propiciadas desde la cumbre del poder, cometidas por el Ejecutivo y avaladas por el Legislativo; además de una presión muy dura sobre el Poder Judicial, así como un asedio contra los órganos constitucionales autónomos.”

Voces

n Hilda Luna: Afirmaba que su experiencia como juez de la Corte Interamericana le permitió tener un panorama más amplio de la protección de los derechos humanos. ¿En qué sentido?

América Latina ha tenido muchas vicisitudes en materia de desarrollo democrático. Se ha logrado una marcha hacia la democracia accidentada y esto ha marcado la forma en que se entienden y se respetan los derechos humanos. La misión de la Corte, al igual que la de la Comisión Interamericana, es promover y proteger los derechos humanos, pero no es un tribunal grande: tiene siete jueces, con jurisdicción de 500 millones de seres humanos a través de los Estados correspondientes. Sin embargo, aun siendo un tribunal relativamente compacto, su jurisprudencia liberadora, progresista y avanzada en el curso de 40 años es muy valiosa.

Mencionaré un ejemplo: el caso Radilla. Así como muchos países tienen su propia sentencia clave que ha impulsado cambios importantes en su vida pública, política y jurídica, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió esa sentencia y la analizó, impactó poderosamente al sistema jurídico mexicano.

Los estudiantes preguntan

Bajo mi presidencia en la Corte Interamericana ocurrieron dos novedades que me gusta mencionar porque me traen buenos recuerdos. Primero, la Corte comenzó a ser itinerante después de nunca haber salido de su sede en San José de Costa Rica; impulsamos que fuera a sesionar en las capitales de otros países miembros para que se le conociera en toda América.

Hoy en día la Corte ya ha sesionado en todos los Estados donde ejerce su jurisdicción. En esta etapa se estableció una competencia que permite que la Corte esté supervisando el cumplimiento de sus sentencias, convocando a sesiones especiales de cumplimiento a sus integrantes y pidiendo cuentas.

Esto es importante, porque aunque no puede llegar más allá para forzar el cumplimiento, sí puede inducirlo. n Karen Rebollo: Anteriormente nos habló de la democracia —democracia real, afirmó—. ¿Qué reflexión podría hacer sobre el periodo electoral que vivimos recientemente?

Para decirlo con toda franqueza, me preocupa mucho lo que está pasando en México. Lo he expresado en muchos foros de viva voz, tengo una columna que generosamente me han permitido medios como El Universal y la revista Siempre!, LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

29

Más que pensar en reformas constitucionales, hay que pensar en la forma de aplicar la Constitución, en la que figuran muchos derechos humanos que no se materializan: constan en la Constitución, pero no en la vida de las personas.” ¿Cómo erradicar la violencia generada por la delincuencia organizada?

Es evidente la necesidad de llevar adelante medidas de fondo que corrijan el extravío en el que hemos caído, no sólo en lo que respecta a la delincuencia organizada o evolucionada, sino también en lo que atañe a la delincuencia tradicional u ordinaria. Reitero que las medidas aplicadas no han dado, ni remotamente, los resultados apetecidos. Se impone una revisión profunda e inmediata. Es lamentable que hayamos destruido la Policía Federal y no hayamos favorecido seriamente la integración y el buen desempeño de las policías locales, donde tenemos un déficit muy grande que ha tenido un costo elevado y creciente para la seguridad de los ciudadanos. Corresponde a las autoridades competentes aportar soluciones y tomar medidas pertinentes, mismas que deben indicar qué vías emprenderán para contener y disminuir con eficacia y legitimidad la criminalidad que nos agobia.

Por supuesto, esto debe ocurrir en el marco del Estado de derecho y con medidas propias de una sociedad democrática. Sería muy lamentable que perdiéramos derechos y libertades en aras de avanzar en seguridad. La antinomia entre seguridad, por una parte, y derechos y democracia, por la otra, implica un falso dilema que no podemos aceptar. ¿Cuál es la ruta crítica que deben seguir las autoridades para atacar los grandes problemas que aquejan a nuestro país?

Yo he procurado aportar opiniones a partir de una visión objetiva y razonada de la realidad. Lo que suelo decir es lo mismo que se dice en muchos círculos de opinión, de los cuales recogemos pareceres que motivan comentarios ponderados, nunca injuriosos para nadie. Me parece que es deber de las autoridades escuchar y analizar los puntos de vista que se elevan en la sociedad. No es poco frecuente que se vuelva la espalda a las opiniones de amplios sectores de la comunidad, e incluso que se les agreda y se les descalifique desde diversas tribunas del poder público. Ahora bien, estimo absolutamente necesario que el poder público lleve a cabo un diagnóstico objetivo y fidedigno de los problemas que nos aquejan: si no se reconoce la existencia de tan graves problemas y se insiste en subestimarlos, ignorar las experiencias dolorosas que se han multiplicado e ignorar las expresiones de analistas de buena fe, no será posible contar con soluciones verdaderas.

Hay que hacerlo pronto. El tiempo corre en contra.

30

abogacía Agosto 2021

Voces

“Si no hay verdadera democracia —no democracia de discurso—, los derechos humanos palidecen. Donde los derechos humanos se engrandecen, se reclaman, se exigen y se ejercen, también prospera la democracia.” donde me ocupo de nuestra democracia en estos momentos.

Creo que lejos de dar pasos hacia delante hemos caído en baches muy profundos y muy peligrosos para el imperio de los derechos humanos, para la seguridad jurídica y para la democracia. Existe un exacerbado apetito de poder y su concentración absoluta en unas solas manos, lo que lejos de ser saludable es sumamente peligroso. El camino que estamos viendo no es el más adecuado. Sé que muchos compatriotas tienen otra opinión, favorable a muchas de las cosas que están ocurriendo; no obstante, la mía no lo es. Al contrario, es la de un ciudadano preocupado por que se pierda el camino de la libertad y se extravíe el camino de la democracia. Hemos presenciado violaciones dolorosas a la Constitución de la República propiciadas desde la cumbre del poder, cometidas por el Ejecutivo y avaladas por el Legislativo; además de una presión muy dura sobre el Poder Judicial, así como un asedio contra los órganos constitucionales autónomos. n Hilda Luna: ¿Qué opinión tiene de las reformas en materia energética, más específicamente en materia de energías renovables?

La generación a la que yo pertenezco se formó con una convicción nacionalista muy acentuada: celebramos mucho la expropiación petrolera y la nacionalización de la generación

de la energía eléctrica. Entonces, nos atrae la idea de que la nación ejerza el control sobre sus recursos naturales y de que sea la gran beneficiaria de éstos.

Ahora, ¿cómo llevarlo a cabo? Es algo muy diferente 1938 a 2021. El camino que hemos adoptado entraña grandes riesgos, ya que marchamos a contracorriente de la historia, quebrantando acuerdos que habíamos comprometido. Además, el futuro de la humanidad está en la generación de energías limpias, no de energías que contaminan la atmósfera. En la edición de junio de abogacía encontrarán un modesto artículo de su servidor sobre ese tema, precisamente sobre bioética y derechos humanos, la contaminación ambiental y la necesidad de conservar la tierra. Ahí expreso que algunas de las medidas que hemos tomado van justamente en contra de la conservación de la salud y el ambiente. n Karen Rebollo: A una década de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿qué balance nos puede ofrecer de la implementación y los beneficios de esta reforma en el contexto de desapariciones forzadas, violencia de género, asesinato de periodistas, violencia doméstica, falta de acceso a medicamentos, etcétera, que vive nuestro país? ¿Vamos por buen camino? ¿Qué necesitamos corregir?

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

31

Voces

En algunos casos hemos caminado hacia delante en la normativa sobre derechos humanos. Sin embargo, tenemos deficiencias evidentes; entre ellas, la carencia de disposiciones que fueron ordenadas por el Constituyente Permanente hace 10 años y todavía no han sido atendidas, como en el caso de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional.

No obstante, más vale que nos tomemos tiempo y trabajo para colmar este vacío y no caigamos en errores en un tema tan extraordinariamente delicado como es la suspensión de derechos y garantías. En el mismo orden, hay que seguir señalando y corregir de inmediato los graves desaciertos que contiene nuestra normativa constitucional y secundaria en cuestiones que atañen directamente a derechos humanos, como la militarización de la seguridad pública, la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio, donde hemos puesto gotas de veneno en el texto constitucional y contravenido flagrantemente los estándares internacionales sobre derechos humanos. Lo hemos señalado constantemente, sin encontrar respuesta.

Por supuesto, muchos de estos problemas surgieron en años anteriores, pero ahora están aquí y de nada sirve seguir imputando culpas al pasado sin resolver los males del presente. De todo ello se desprende, como es obvio, la necesidad imperiosa de corregir el rumbo y los métodos que hemos adoptado para resolver esos problemas. Si no lo hacemos seguiremos cosechando males como los que se identifican en su pregunta.

Los estudiantes preguntan

n Hilda Luna: Nos gustaría concluir esta entrevista, además de con un agradecimiento, preguntándole qué mensaje les daría a los futuros juristas de México.

México es nuestra casa, es nuestra tierra, nuestro origen y, finalmente, nuestro destino. Lo que esperaría es que amemos nuestra casa y que nos entreguemos con fervor a su mejoramiento y a su desarrollo, que procuremos que todos esos valores en los que decimos creer —la libertad, la justicia, la generosidad, el bien común— se materialicen en México y logremos para nuestro país un mejor desarrollo y porvenir. Esto es lo que creo que deben hacer las nuevas generaciones, en cuyas manos está el destino del país. De igual manera, las viejas generaciones tenemos algo que hacer con nuestras manos expertas, que no son las manos del futuro, sino del presente, en el mejor de los casos.

Considero que lo que se tiene que hacer es amar a México y con ese fervor cultivar el futuro y procurar que esos valores se arraiguen en el país. Ojalá logremos superar las discordias y las divisiones. Estamos muy confrontados y eso nos debilita y pone sombras en nuestro futuro, así que yo les recomendaría a los jóvenes juristas y también a los jóvenes médicos, filósofos, arquitectos, artistas, obreros y campesinos que con amor hagan lo más que puedan para lograr una mejor conciliación de la que tenemos en este instante.

Lo que estoy diciendo se ha dicho mucho y puede resultar retórico, pero si no se hace, las consecuencias pueden ser negativas. Yo les preguntaría, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer?

Porque está en sus manos, más que en las mías. 7

A 10 años de las reformas en materia de derechos humanos, Sergio García Ramírez percibe asechanzas al escenario que vislumbró en aquella época. En junio de 2011 escribió: “Es verdad que han ganado terreno las ideas favorables a la causa del ser humano, guarecida en el Estado democrático de derecho, pero también lo es que las sombras asechan, siempre dispuestas a dar un golpe de mano, las tentaciones autoritarias, que pudieran avanzar en tiempos de crisis, bajo el argumento de preservar la paz social y la seguridad de los ciudadanos. Son muchos los pretextos para desandar la historia, pero no son pocas ni débiles las razones para avanzar en ella. La reforma 2009-2011 representa un paso adelante”.

Ana Karen Rebollo e Hilda Luna son estudiantes de sexto semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. karenrebollo123@gmail.com himoonpink@gmail.com

32

abogacía Agosto 2021

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

33

A una década de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, los autores exponen los pendientes que tiene el sistema jurídico

mexicano en esta materia y cuáles son las rutas que hay que trazar para superarlos.

34

abogacía Agosto 2021

Pexels

Manuel Jorge Carreón Perea Mateo Mansilla-Moya

Derechos humanos en México: retos y rutas

E

l derecho en México se incrusta en la tradición jurídica occidental. ¿Qué significa esto? La filosofía griega, la religión judeocristiana y el derecho romano son los pilares sobre los que se sustenta, al menos inicialmente, el sistema jurídico de nuestro país.

A la luz de esto, las réplicas no se han hecho esperar: pensar desde Occidente implica una visión eurocentrista; estamos dejando de lado los sistemas normativos indígenas; los derechos humanos de corte internacional han venido a modificar esta tradición... Todas esas réplicas tienen algo de razón, pero eso no elimina el hecho, nos guste o no, de que la tradición jurídica de Occidente tiene vigencia y realidad en nuestro sistema jurídico.

Las razones son sencillas. El devenir histórico de nuestro país como territorio por largo tiempo colonizado permitió que se adoptaran concepciones y modelos occidentales. Figuras jurídicas como la familia, las sucesiones y la protección institucional de los derechos tienen su fuente en el pensamiento de Occidente. La misma suerte corren otras ideas de gran valor como la justicia y la soberanía, las cuales tienen sus antecedentes en los planteamientos filosóficos griegos. La forma en que se desarrolla nuestro sistema procesal —civil y penal, entre otros— también parte de una visión heredada del desarrollo del derecho romano germánico.

Esto no implica pensar el derecho en términos eurocéntricos. Al contrario, nos muestra la base sobre la que está sustentado nuestro sistema y a partir de la cual podemos llevar a cabo reflexiones y críticas al mismo.

Por otro lado, no debemos dejar de observar que la actual configuración del sistema jurídico mexicano se diferencia de manera clara de otros sistemas jurídicos, como el common law, vigente en la mayoría de los países anglosajones, y que tienen en el Reino Unido y los Estados Unidos sus máximos —no únicos— representantes.

Otra forma de pensar al derecho Las reformas del 6 y el 10 de junio de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un gran intento —no un cambio de paradigma— de dar un sentido unívoco a la realidad jurídica nacional a partir de los derechos humanos.1 Se buscó que el sistema jurídico mexicano perdiera su estaticidad para transitar, paulatinamente, a un sistema más garantista y protector de los derechos y las libertades de las personas. Para ello se promovieron cambios institucionales, legislativos e incluso jurisdiccionales: una nueva época en el Semanario Judicial de la Federación (la décima).

El papel de los operadores jurídicos se transformó. Ya no bastaba que los legisladores crearan normas sin perspectivas particulares, o que los jueces y los litigantes aplicaran esas normas a rajatabla. Se crearon parámetros interpretativos para que las normas pudieran adecuarse a los fines garantistas del sistema y se impusieron perspectivas que debían permear el actuar de los operadores para la mayor protección de las personas que históricamente habían sido colocadas en situación de vulnerabilidad.

El discurso de los derechos humanos, influido por el género y la construcción de paz, permeó al sistema jurídico y se volvió una herramienta de éste para alcanzar mayores niveles de justicia. Sin embargo, más allá de su implementación de forma positiva en el ordenamiento, su materialización aún no ha logrado concretarse. Mayor impunidad, crecientes violaciones de derechos humanos y una persistente sensación de estar ante un Estado fallido son las notas de cada día. Los derechos humanos siguen siendo un ideal, no una realidad.

Trasladar este discurso, decíamos, del mundo de las ideas a la materialidad de la existencia supone la superación de diversos retos y la reflexión en torno de los métodos para hacerlo. Veamos.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

35

Retos A continuación apuntamos algunos de los retos por los que nos ha costado que se consolide el discurso de los derechos humanos: a) Opacidad institucional. A pesar de que se ha impulsado una política de transparencia y datos abiertos, lo cierto es que las decisiones gubernamentales tomadas en temas fundamentales de la vida pública en México siguen siendo opacas. A ello debemos sumar la falta de claridad de trámites y procesos, lo cual propicia desconfianza respecto de las autoridades. Un ejemplo lo tenemos en la apertura de negocios. De acuerdo con el informe Doing Business 2019 del Banco Mundial, en México son necesarios, en promedio, 7.8 procedimientos para abrir un negocio en un lapso de 8.4 días. Si trasladamos nuestra mirada a los permisos de construcción, el tiempo se eleva a 82.1 días (casi tres meses) y se requieren casi 15 trámites (14.7). Para registrar una propiedad son necesarios 39 días (38.8) y más de siete trámites (7.7).

Las cifras contrastan significativamente con las de países como Nueva Zelanda, donde abrir un negocio implica un trámite y medio día invertido, y registrar una propiedad, dos trámites y un día.2 b) Estigmatización. El discurso de los derechos humanos es estigmatizado; no todas las personas que operan el derecho conocen los derechos humanos, la construcción de paz o la perspectiva de género. Quienes sí los conocen no necesariamente creen en éstos y no los aplican; la educación jurídica no le da un carácter relevante a ninguna de estas perspectivas. Existe una idea, bastante difundida, por cierto, según la cual los derechos humanos protegen delincuentes. Esto se debe, en gran medida, a la constante repetición de narrativas por parte de ciertas autoridades que justifican el aumento de la criminalidad y la impunidad por la imposibilidad de afrontar la delincuencia con mano dura y que, muchas veces, las comisiones de derechos humanos obstaculizan sus funciones. Nada más alejado de la realidad. c) Falta de educación. La educación del derecho ha estado supeditada a metodologías que no respetan los derechos de las personas, que han estado permeadas por conductas machistas y que no tienden a la justicia ni a la paz en sus formas, de manera que reproducen prácticas distintas a los principios y los valores promovidos por los conocimientos que pretenden ser enseñados. Enseñar el derecho a partir del conflicto —que incluso se hace evidente cuando se enseña argumentación jurídica— es una de las principales problemáticas que tenemos que afrontar. Frente a esta metodología debemos ser críticos, puesto que a través de ella el discurso de construcción de paz no logra conocerse ni, por lo tanto, consolidarse.

36

abogacía Agosto 2021

11 puntos clave para entender la

reforma constitucional de derechos humanos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

En 2011 se modificó la forma de proteger los derechos humanos de todas las personas.

Los artículos que modificó la reforma fueron el 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105.

A partir de la reforma constitucional de 2011 los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

México ha firmado y ratificado múltiples tratados internacionales que reconocen los derechos humanos. Es importante conocerlos ya que tras la reforma constitucional de derechos humanos se pueden hacer valer.

Se estableció el principio pro persona, es decir que en caso de que un juez o una autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, de un tratado internacional o de una ley.

Los servidores públicos son responsables de promover, respetar, garantizar y defender los derechos humanos de todas las personas.

No existe ninguna jerarquía en los derechos humanos; todos son igualmente importantes; es decir, ninguno vale más o menos que otro.

La reforma constitucional de 2011 reconoce la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos humanos.

Con la reforma al artículo 1º se incorpora progresivamente la perspectiva de los derechos humanos en todos los programas de gobierno.

Se incluye como un objetivo de la enseñanza pública la educación sobre el respeto a los derechos fundamentales.

La Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos tiene como uno de sus objetivos hacer que la reforma realmente se cumpla a través de la capacitación a servidoras y servidores públicos y a la ciudadanía.

Fuente: Secretaría de Gobernación.

Los derechos humanos en México

Mayor impunidad, crecientes violaciones de derechos humanos y una persistente sensación de estar ante un Estado fallido son las notas de cada día.

Los derechos humanos siguen siendo un ideal, no una realidad.”

• En 2011 se reconocen los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) existe desde 1990. Obtiene rango constitucional en 1992.

• Se asignan recursos a la CNDH en el Presupuesto de Egresos de la Federación: Año

Presupuesto

2021

$1,679,905,810

2020

$1,874,207,802

2019

$1,809,405,805

2018

$2,033,004,229

2017

$1,728,566,039

• En los últimos años se registra un aumento de los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos que registran la CNDH y los organismos públicos de derechos humanos a nivel estatal: Año

Quejas por violaciones

2019

185,793

2018

167,409

2017

158,758

2016

149,943

• En 2019 se registran ante los organismos de derechos humanos 7,393 detenciones arbitrarias; 6,523 tratos crueles, inhumanos o degradantes; 3,167 hechos de tortura y 4 de desplazamiento forzado.

• De 1992 a 2020, la CNDH emite un total de 2,794 recomendaciones a autoridades federales, estatales y municipales.

• En el mismo periodo (1992-2020), estas autoridades reciben un alto número de recomendaciones: Instancia

Número de recomendaciones

IMSS

234

FGR (antes PGR)

213

Policía Federal

141

SEDENA

139

ISSSTE

87

Fuentes: Presupuestos de Egresos de la Federación 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2020 del INEGI. Recomendaciones CNDH.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

37

Rutas Ante los retos que se dibujan en este panorama, proponemos las siguientes rutas de acción: a) Garantizar la transparencia activa y la participación pública. b) Promover el discurso de los derechos humanos. Permear el conocimiento jurídico de estos discursos para conocerlo desde lugares diferentes (incluidas las materias en las que menos se pensaría que influyen, como el derecho civil y el derecho fiscal —a la luz del humanismo en las ciencias exactas y las matemáticas—) y para que el actuar de los operadores jurídicos en potencia ayude a consolidar el sistema garantista de los derechos humanos en el México actual. c) Proporcionar otra visión a la educación jurídica. Impulsar una enseñanza inter, multi y transdisciplinaria basada en las pedagogías para la paz y en discursos de género y poscolonialismo que promueva la reflexión crítica en torno del fenómeno jurídico. d) Educar con base en los valores democráticos. Promover los valores que sostienen la democracia en las relaciones profesor-estudiante como forma de pedagogía ayudará a crear prácticas democráticas que se repliquen en el quehacer de las personas y que coadyuven en la consolidación del Estado democrático de derecho.

El derecho como instrumento para la justicia y la paz La disciplina jurídica debe ser entendida, desde su origen, como una herramienta para concretar la justicia: una justicia concebida, en nuestro contexto, desde los discursos tendientes a la igualdad sustancial de la sociedad: los derechos humanos, el género y la construcción de paz.

El derecho debe ser enseñado a partir de su fin (la justicia) y de aquellos objetivos específicos que puede alcanzar: la paz, la igualdad, etcétera. Esto, por supuesto, implica muchos retos, como los que ya hemos mencionado antes y para los cuales ya hemos planteado algunas soluciones a partir de las rutas propuestas.

A la luz de esta afirmación, los desafíos a los que se enfrenta el derecho deben ser superados por medio de la educación a través de un programa de estudio íntegro (que enseñe las materias esenciales en el estudio del derecho), con énfasis en aquellas disciplinas cuya aplicación pragmática contribuirá a la consolidación de un derecho garantista, tendiente a la justicia y a la paz, con perspectiva de género, en el México contemporáneo, así como a la transdisciplinariedad como método para conocer el fenómeno jurídico desde diversas aristas que lo ayuden a alcanzar sus objetivos. 7

Existe una idea, bastante difundida, según la cual los derechos humanos protegen delincuentes. Esto se debe, en gran medida, a la constante repetición de narrativas por parte de ciertas autoridades que justifican el aumento de la criminalidad y la impunidad por la imposibilidad de afrontar la delincuencia con mano dura.”

En el presente escrito se hará uso indistinto de los términos derechos humanos y derechos fundamentales, por considerar que su diferencia no reporta ningún beneficio práctico.

2 Doing Business 2019. Consultado en https://espanol.doingbusiness.org/es/reports/global-reports/doing-business-2019.

1

Manuel Jorge Carreón es consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. @MJorgeCP

Mateo Mansilla-Moya es egresado del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. @moya_mansilla

38

abogacía Agosto 2021

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

39

P D e A

Pérez de Acha Ibarra de Rueda

¿Qué dicen hoy los tribunales?

Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán

En las últimas semanas los tribunales se refirieron a la ejecución y el cumplimiento de las senten-

cias de amparo, ya que la justicia sólo será efectiva cuando las decisiones de los jueces no se que-

den en papel, sino que se traduzcan en una protección real para los gobernados. Un Pleno de

Circuito señaló que el juicio contencioso administrativo se encuentra severamente afectado debi-

do al incumplimiento sistémico de las sentencias por parte de las autoridades administrativas. Por esta razón señaló que los particulares pueden acudir directamente al amparo para buscar el cum-

plimiento de las mismas. En materia civil, un Tribunal Colegiado sostuvo que el artículo 17 de la

Constitución federal reconoce como elemento del derecho la jurisdicción, el poder de ejecutar las

decisiones dictadas dentro del proceso, aun en contra de la voluntad de las partes, de las autoridades vinculadas o de las autoridades que colaboran en el cumplimiento. En este artículo comenta-

mos algunas de las tesis de las entregas 23 a 25 de nuestro blog “¿Qué dicen hoy los tribunales?”

DERECHO FISCAL n Compensación de saldo a favor y carga de la prueba

Si el contribuyente afirma que la autoridad hacendaria se equivocó al negar la compensación de saldo a favor, corresponde al particular probar los hechos por los cuales considera que sí existe dicho saldo y, por lo tanto, que sí procede la compensación. El contribuyente pretendía revertir la carga de la prueba a la autoridad; sin embargo, el TCC resolvió que, en este caso, no aplicaba la regla prevista en el Código Fiscal de la Federación (CFF) y en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala que si un particular niega lisa y llanamente los hechos que motivaron un acto de autoridad, corresponde a esta última la carga de probarlos. Registro: 2023219. n Autoridad fiscal competente ante cambio de domicilio

fiscal En la sentencia dictada en un juicio de nulidad se ordenó a las autoridades hacendarias corregir los vicios de un procedimiento de fiscalización en materia fiscal y aduanera y emitir una nueva resolución. Los TCC llegaron a conclusiones diferentes respecto de quién era la autoridad fiscal competente, debido a que el contribuyente había cambiado su domicilio

40

abogacía Agosto 2021

fiscal a uno distinto del de la autoridad que inició el procedimiento de fiscalización. Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN determinó que la autoridad fiscal competente para cumplir la sentencia y continuar el proceso de fiscalización es aquella que tiene jurisdicción en el nuevo domicilio fiscal, por lo cual la primera autoridad que conoció del asunto deberá trasladar sus facultades de fiscalización. Registro: 2023218. n Recurso de reconsideración en materia fiscal: no

proceden nuevas pruebas Respecto del recurso de reconsideración previsto en el artículo 36 del CFF, los TCC sostuvieron criterios contrarios sobre si era posible ofrecer nuevas pruebas para demostrar la ilegalidad del acto. La Segunda Sala de la SCJN determinó en jurisprudencia que en el recurso de reconsideración el particular sólo puede hacer valer argumentos sobre la ilegalidad del acto, en tanto se trata de un medio de defensa extraordinario, sin que sea posible aportar nuevas pruebas. No obstante, los argumentos sí podrán vincularse con pruebas que consten en el expediente administrativo del cual emana el acto fiscal, debido a que no se trata de nuevo material probatorio.

Registro: 2023305.

correo certificado, con acuse de recibido, y no por boletín electrónico, cuando se trate de prevenciones que, de no ser atendidas, provoquen el desechamiento de la demanda. Lo anterior, aun cuando la legislación no lo prevea expresamente, ya que de lo contrario se dejaría al particular en estado de indefensión, afectando su derecho de acceso efectivo a la justicia y de adecuada defensa. Registro: 2023262.

SEGURIDAD SOCIAL DERECHO ADMINISTRATIVO n Marihuana y normas estigmatizadoras

En este asunto se analizó si un particular podía acudir al amparo para impugnar la Ley General de Salud (LGS) respecto del consumo recreativo de la marihuana, sin que hubiese señalado un acto concreto de aplicación. El amparo fue resuelto antes de haberse dictado la declaratoria general de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El TCC determinó que el sistema de normas de la LGS prohíbe el uso de la marihuana con fines “lúdicos o recreativos” y, por lo tanto, emite un juicio de valor negativo o estigmatizador respecto de los consumidores lúdicos de la marihuana. En este supuesto, en que la LGS fue impugnada como autoaplicativa, el TCC sostuvo que no le es aplicable el plazo de 30 días y tampoco es necesario acreditar un acto en concreto. Al respecto la SCJN determinó, en la tesis 1a.

CCLXXXIV/2014, que tratándose de normas estigmatizadoras, los quejosos no deben limitarse a los plazos fijados en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, en tanto causan una afectación continua. Registro: 2023226. n Amparo como medio para lograr el cumplimiento de

sentencia del contencioso administrativo Si un particular obtiene una sentencia favorable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mediante la cual se constituye un derecho subjetivo a su favor, es necesario que sea acatada a la brevedad para no revictimizar al actor.

Si bien el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece el recurso de queja para lograr la ejecución de la sentencia, el particular puede acudir directamente al amparo para exigir su cumplimiento. Un Pleno de Circuito señaló que el juicio contencioso administrativo se encuentra severamente afectado debido al incumplimiento sistémico de las sentencias por parte de las autoridades administrativas. Por esta razón señaló que los particulares pueden promover amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa. Registro: 2023272. n Notificación de prevenciones en juicio contencioso

administrativo En tesis aislada un Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) determinó que los requerimientos que efectúen las salas del TFJA deben notificarse a las partes de forma personal o por

n Derecho a recibir pensión por viudez es imprescriptible

El Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) negó a un particular una pensión por viudez. En contra de esa decisión promovió amparo indirecto, el cual fue desechado de plano por considerarse que había sido presentado de forma extemporánea. Al respecto, un TCC determinó que el derecho a obtener una pensión es imprescriptible, por lo que el juicio de amparo contra la negativa del ISSSTE de otorgar la pensión puede promoverse en cualquier momento. Lo anterior debido a que las acciones se mantienen el mismo tiempo que los derechos de los que dimanan, y negar una pensión a quien tiene derecho a ella transgrede la garantía de seguridad social, además de que pone en riesgo su salud y su vida. Registro: 2023232.

DERECHO CIVIL n Pensión alimenticia y pérdida de trabajo

Un particular fue vinculado a proceso por incumplir las obligaciones alimentarias de sus dependientes, impuestas mediante resolución judicial. En contra de esa determinación promovió juicio de amparo argumentando que había perdido su trabajo y, por lo tanto, estaba impedido para cubrir la pensión alimenticia. Un TCC resolvió que el deudor tiene el deber de cumplir con la pensión fijada por resolución judicial, sin que él pueda ajustar su monto. Si la fuente de ingresos se vio afectada, debe informar dicha situación de inmediato a la autoridad judicial, para que resuelva lo conducente con el fin de que no incurra en responsabilidad. Registro: 2023225. n Obstáculos en la ejecución de sentencia; el juez debe

proveer para superarlos Un TCC en materia civil sostuvo que el juzgador posee amplias facultades para allanar cualquier obstáculo que surja en la etapa de ejecución de la sentencia, a efecto de lograr su cumplimiento. Lo anterior incluye cuestiones que hayan surgido con posterioridad al dictado de la sentencia. En el caso en comento, la autoridad registral advirtió que no había concordancia registral entre el inmueble y el folio real señalado en la sentencia, por lo que no podía darse cumplimiento a lo ordenado. El TCC sostuvo que el juez debe informar al interesado sobre los mecanismos procesales que debe seguir para corregir esa cuestión e instarlo a accionarlos, ya que el derecho a la jurisdicción incluye el poder de ejecutar las decisiones dictadas dentro del proceso. Registros: 2023291 y 2023304.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

41

¿Qué dicen hoy los tribunales?

JUICIO EN LÍNEA n Husos horarios y cómputo de

plazos para interponer recursos vía electrónica El quejoso interpuso un recurso de revisión en Nogales, Sonora, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual fue desechado por extemporáneo, debido a que el horario registrado por el portal fue el de la zona centro del país. Un TCC resolvió que aun cuando en el acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no se prevé la diferencia de horarios para el cómputo de plazos, debe tomarse en cuenta el huso horario del lugar en el que se presentó el recurso y realizar la conversión correspondiente en el acuse que emite el portal. De no hacerlo, se afectan los términos de 24 horas, en contravención a los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución federal. Registro: 2023310. n Acceso a expediente electrónico en juicio de amparo

Un TCC sostuvo que los abogados autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo no pueden solicitar el acceso al expediente electrónico en el juicio de amparo, sino que deben ser las partes o su representante legal quienes lo soliciten, ya sea para ellos mismos o para sus abogados. Lo anterior, con base en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la SCJN y el CJF. Registro: 2023245.

JUICIO DE AMPARO n Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el juicio de

amparo Un TCC determinó que el medio de defensa en contra de los actos emitidos por la CRE es el juicio de amparo. Si bien se trata de actos formalmente administrativos, no son impugnables ante el TFJA. Lo anterior, debido a que, conforme al artículo 27 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia

Energética, dichos actos únicamente pueden ser revisados a través del juicio de amparo. De esta forma, existe un sistema restringido de impugnación de los actos de la CRE, que tiene como finalidad inhibir la paralización de sus decisiones y optimizar el aprovechamiento de los hidrocarburos y los energéticos. Registro: 2023256. n Procedencia del amparo contra la última resolución

en un procedimiento de remate En los procedimientos de remate el juicio de amparo sólo procede contra la “última resolución”, que puede ser la que ordena otorgar la escritura de adjudicación o la que ordena entregar la posesión de los inmuebles rematados. Así fue resuelto por la Primera Sala de la SCJN en la jurisprudencia 1a./J.13/2016. En tesis aislada, un TCC determinó que el juicio de amparo debe promoverse en contra de cualquiera de estas resoluciones, sin que el particular deba esperar el dictado de ambas. De no promover amparo en tiempo, precluye el derecho para hacerlo. Registro: 2023303. En consecuencia, no procederá el juicio de amparo en contra de actos posteriores a la “última resolución”, en tanto se trata de actos que derivan de un procedimiento ya concluido y que constituye cosa juzgada. Registro: 2023311.

ACCESO A LA INFORMACIÓN n Supuestos en que debe ser público el nombre de per-

sonas físicas Un TCC determinó que si bien el nombre de una persona física es un dato confidencial, la anterior Ley de Transparencia establecía una excepción cuando se tratara de una persona a quien se le otorgó un permiso, una concesión o una licitación pública por parte de las autoridades del Estado.

En estos supuestos, el nombre de la persona será de acceso público y debe ser publicado de forma oficiosa en tanto alude a decisiones del Estado, a la gestión de recursos públicos y a habilitaciones a favor de una persona determinada, lo cual es relevante para lograr una debida rendición de cuentas.

Registro: 2023247. 7

Los registros referidos en este artículo pueden consultarse en el buscador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente enlace:

Denise Tron Zuccher es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, asociada de PDeA Abogados y colaboradora de la organización Justicia Justa.

Mariana Ruiz Albarrán es egresada de la licenciatura de derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y colaboradora de PDeA Abogados y de la organización Justicia Justa.

42

abogacía Agosto 2021

[ El pasado del presente ]

En estos días de agosto, cuando se conmemora el quinto centenario de la caída de Tenochtitlan, recordemos un capítulo olvidado de esos sucesos: aquel en que participaron activamente los “escribanos” —los notarios de hoy—, no sólo como soldados sino, sobre todo, como fedatarios de esos acontecimientos “maravillosos y nunca vistos” que tuvieron la oportunidad de presenciar y testimoniar al formar parte de la hueste de Hernán Cortés.

La conquista “notarial” de México José Manuel Villalpando

S

abido es que el capitán extremeño Hernán Cortés tenía conocimientos de derecho —había estudiado abogacía durante un par de años en la Universidad de Salamanca—, pero, sobre todo, su mayor aprendizaje fue práctico, pues al desertar de los estudios universitarios comenzó a trabajar como “amanuense” —pasante, diríamos ahora— en la escribanía de su pariente Francisco Núñez de Valera, primero en la misma urbe salmantina y después, cuando abrevó lo más importante de su aprendizaje jurídico y notarial, en Valladolid, donde su patrón se desempeñó como escribano del Consejo de Castilla. La estancia vallisoletana de Cortés es de suma importancia: aquí muchos de los asuntos que hubo de trasladar a las escrituras públicas eran aquellos que se referían a la formación de municipios y, sobre todo, sus disputas y controversias, consultando para resolverlos los derechos forales y las famosas “Siete Partidas”. Para Cortés, la práctica en la escribanía fue su verdadera escuela. Su experiencia en esta especialidad jurídica le permitiría, años después, convertirse en “escribano real” en Santiago de Cuba, lugar de donde, como es de todos conocido, zarparía para emprender la conquista del Anáhuac.

Las leyes de Castilla exigían que toda expedición que se concertara para descubrir, “pacificar” y colonizar tierra en el

44

abogacía Agosto 2021

Nuevo Mundo llevara consigo al menos un escribano —de preferencia dos o más, porque era muy alta la probabilidad de que murieran—, así que, al iniciar su aventura, a Hernán Cortés, que además conocía de primera mano el valor de que los escribanos “diesen testimonio de todo”, tal como se los ordenó a ellos, lo acompañaban tres: uno era muy su amigo, escribano real como él mismo y su contertulio de parrandas: Pedro Gutiérrez de Valderramar. Los otros dos, que le fueron impuestos por Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, eran Diego Godoy y Jerónimo de Alanís. Cortés desconfiaba de ambos y los consideraba espías de Velázquez, con quien ya se había enemistado al rebelarse a su autoridad.

La primera escritura pública que se levantó en el territorio que hoy conocemos como México tuvo lugar el 13 de marzo de 1519, cerca del pueblo de Potonchán, en el actual estado de Tabasco, y fue consignada en el protocolo del escribano Pedro Gutiérrez de Valderramar. En ella se hizo constar cómo Hernán Cortés conminó a los naturales de ese lugar para que se sometieran pacíficamente, dando lectura —que les fue traducida al maya en voz de Jerónimo de Aguilar— al famoso “requerimiento” por el cual se les advertía que de no someterse voluntariamente lo serían por las armas. Cuando Cortés le indicó al escribano que cerrara el acta, Gutiérrez se atrevió a

decirle: “No se le olvide a su merced tomar posesión de estas tierras en nombre de la Corona”. Cortés, apenado por su descuido, añadió la declaración conducente en el instrumento.

Luego firmaron los dos.

Tres días después, ya derrotados los suyos, el cacique Tabascoob se presentó ante Cortés en Centla para rendirse y el capitán le ordenó al mismo Gutiérrez de Valderramar que diera fe del acto; sin embargo, el escribano se excusó: había sido herido en una mano en el combate, y, puesto que no podía escribir, hubo de suplirlo otro de los escribanos, Diego de Godoy, quien asentó en el acta no sólo la rendición sino el sometimiento y la declaración de que los vencidos se consideraban vasallos del rey de Castilla, a quien juraron lealtad; además, detalle curioso, allí mismo se documentó el obsequio que Tabascoob hizo a Cortés: veinte mujeres, entre las cuales se encontraba quien después sería conocida como doña Marina. Ésta fue la segunda escritura levantada en México.

La tercera de las escrituras públicas mexicanas es muy famosa: se refiere a la fundación del municipio de la Villa Rica de la Veracruz, hacia finales de mayo de ese mismo año de 1519. Para enojo de Cortés, el escribano que la levantó fue otra vez Diego de Godoy, porque su amigo Gutiérrez de Valderramar aún no recobraba la movilidad de la mano derecha. A Cortés no le agradaba Godoy, pero tuvo que recurrir de nuevo a él, pocos días después, en Cempoala, donde el cacique del lugar, que vio la oportunidad de aliarse a los españoles para sacudirse el yugo mexica, de inmediato se sometió, juró lealtad y ofreció su alianza, proporcionando hombres para engrosar el ejército conquistador. Cortés aceptó y nuevamente hizo constar el suceso en lo que sería nuestra cuarta escritura pública. Sin embargo, don Hernán siempre tuvo suspicacias sobre Godoy; tanto es así que no lo llevó en la expedición a México y lo dejó en Veracruz, junto con el otro escribano, Jerónimo de Alanís. Más tarde se confirmarían las sospechas de que Godoy era un truhán: Bernal Díaz del Castillo cuenta cómo se lió a cuchilladas con él, porque el escribano exigía que le diesen “una india para holgarse en ella”, además de que fue acusado de ser “muy entrometido porque se metía en todo y todo lo revolvía” y de que “se concertó con otros para obtener tierras, pues él debía firmar las cédulas de adjudicación”.

Para cumplir con las leyes, Cortés dispuso que lo acompañara en la expedición hacia Tenochtitlan un nuevo escribano: Pedro Hernández, escribano municipal designado por el cabildo de Veracruz y que antaño, allá en Cuba, había sido amanuense de don Hernán en su escribanía, por lo que era de todas sus confianzas. También lo acompañaba su amigo Pedro Gutiérrez de Valderramar, quien aun no se reponía de la herida en la mano y jamás se recuperaría: tenía las falanges de los dedos rotas y no soldaron correctamente, por lo que prefirió dedicarse a combatir. De esta manera, a Pedro Hernández le correspondió levantar la quinta escritura pública

Las leyes de Castilla exigían que toda expedición que se concertara para descubrir, ‘pacificar’ y colonizar tierra en el Nuevo Mundo llevara consigo al menos un escribano.” mexicana, en la que consta el tratado de amistad y alianza celebrado entre Hernán Cortés y los gobernantes de Tlaxcala, hacia septiembre de ese mismo año, y que le proporcionaría al conquistador español miles de indios aliados y, sobre todo, el apoyo efectivo y eficaz de los tlaxcaltecas, no sólo con hombres sino con bastimentos y demás necesidades de la guerra.

La sexta escritura pública se levantó en la propia Tenochtitlan, en el palacio de Axayácatl: en ella se hizo constar el sometimiento de Moctezuma. El tlatoani firmó con una cruz y aceptó ser vasallo del “gran señor de más allá de los mares”.

Esto sucedió hacia finales de noviembre de 1519 y Cortés firmaría con su nombre en representación del rey de Castilla, dando fe de lo relatado el escribano Pedro Hernández. Este documento es fundamental, porque Hernán Cortés, conforme a sus conocimientos adquiridos en su práctica notarial, consideró que, jurídicamente, la Conquista ya estaba terminada con la voluntad de Moctezuma de aceptar el vasallaje. Por ello, cuando los españoles y sus aliados fueron arrojados de Tenochtitlan en la famosa “noche triste”, la mentalidad jurídico-medieval de Cortés, fraguada en su experiencia cuando redactó escrituras que resolvían los pleitos derivados de la guerra contra los moros allá en España, consideró a los mexicas como “vasallos rebeldes a la Corona”, conducta que merecía, como castigo, la guerra a muerte contra los sublevados y la destrucción de la ciudad rebelde. Por cierto, en esa noche del 30 de junio de 1520, mientras huían los españoles, cientos de ellos morirían ahogados en el lago por el peso que llevaban consigo: cargados de oro, les fue imposible sobrevivir. El escribano Pedro Hernández fue de los que pudieron salvar la vida; sin embargo, en la refriega perdió el protocolo y la posteridad se quedó sin poder apreciar las históricas escrituras asentadas en él.

Ya decidido a la “reconquista”, pues los tlaxcaltecas ratificaron su amistad y su alianza, Hernán Cortés inició la campaña militar que lo llevaría, avanzando en círculos concéntricos, a sitiar la ciudad de Tenochtitlan. Para ello, en un lugar que LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

45

[ El pasado del presente ]

La primera escritura pública que se levantó en el territorio que hoy conocemos como México tuvo lugar el 13 de marzo de 1519, en el actual estado de Tabasco. En ella se hizo constar cómo Hernán Cortés conminó a los naturales de ese lugar para que se sometieran pacíficamente.” consideró muy a propósito para establecer una nueva población, fundó Segura de la Frontera, la actual Tepeaca en Puebla.

Por supuesto, ordenó que se levantase el acta respectiva, hacia finales de octubre de 1520, la que fue redactada por el escribano Jerónimo de Alanís, quien fue llamado de Veracruz y al que se le ordenó quedarse allí. Ésta sería la séptima escritura levantada en territorio mexicano.

Luego de un largo y terrible sitio, caería Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521. Cortés, cuidadoso de las formas jurídicas y conforme a su cultura de la legalidad, de inmediato hizo constar el triunfo en una escritura pública, la octava en nuestra historia, levantada nuevamente ante la fe del escribano de su confianza, Pedro Hernández. En ella, en presencia del tlatoani Cuauhtémoc y de otros dirigentes mexicas sobrevivientes, Cortés argumentó su opinión de que los vencidos eran “vasallos rebeldes” y que, por lo tanto, las muertes ocasionadas y la destrucción de la ciudad habían sido culpa de ellos. En

la misma diligencia Cortés ordenó el ajusticiamiento de 80 sacerdotes aztecas, acusados de haber sacrificado a prisioneros españoles en el Templo Mayor. Esta escritura, asentada en el protocolo de Pedro Hernández, se conserva en el Archivo General de Indias, en los legajos del juicio de residencia de Hernán Cortés.

En una apretada síntesis, éstas fueron las ocho escrituras públicas de la conquista de México, todas levantadas por orden directa de Hernán Cortés, quien en sus Cartas de relación frecuentemente hace saber que todo lo que hizo “lo asentó un escribano”, porque estaba convencido de la importancia y la utilidad de hacerlo, no sólo por obligación legal, sino para justificar su conducta y, de paso, para la historia. Su frase preferida para explicar su actuación era ésta: “Que pasasen ante escribano todos mis requerimientos”.

Ya luego comenzaría la vida de la Nueva España, en la que los escribanos cumplieron también un papel estelar que bien valdría la pena contarse. Por lo pronto cerremos este episodio recordando los calificativos que en 1564 mereció otro escribano de la Ciudad de México, Miguel López de Legazpi, quien durante 20 años ejerciera el oficio y luego fuera el conquistador de las Filipinas. Sobre él se dijo que fue “un hidalgo reconocido, honrado, virtuoso, de buenas costumbres y ejemplo, de muy buen juicio, cuerdo y reportado hombre que ha dado siempre buena cuenta de las cosas que se le han encomendado”, elogio que constituye la mejor descripción de lo que debe ser un notario. 7

José Manuel Villalpando es abogado por la Escuela Libre de Derecho y titular de la materia de historia del derecho en México en esa institución. Su actividad se ha centrado en la divulgación de la historia mexicana. Es autor de 44 libros y de centenares de ensayos y artículos en esa especialidad.

46

abogacía Agosto 2021

SUSCRIPCIÓN ANUAL Revista digital: $599 12 ediciones descargables en PDF acceso total a los contenidos en nuestra página web

+

+

Revista impresa digital: $1,100 12 ediciones impresas enviadas a domicilio 12 ediciones digitales descargables en PDF acceso total a los contenidos en nuestra página web

+

+

Puede realizar su depósito o transferencia bancaria a la cuenta:

Banco: INBURSA Titular: Base Legal S.A. de C.V. Cuenta: 50059336976 CLABE: 036180500593369765

revistaabogacia

Contacto 55-5616-2111 y 55-5131-5163 suscripciones@revistaabogacia.com www.revistaabogacia.com

ARTURO GARNHAM:

“En el derecho tributario lo esencial es similar en todos los países” Paola Robayo y Viridiana Moreno

Arturo Garnham, reconocido abogado tributario chileno, comenzó su carrera en esta práctica por una casualidad. Su sueño era desempeñarse en el área del derecho penal, pero luego de trabajar en los antiguos tribunales del crimen y realizar su práctica profesional en la cárcel de San Miguel, se dio cuenta de que ese no era su destino. Por casualidad se topó con el área tributaria, que al comienzo le pareció incomprensible. Sin embargo, al adentrar-

se en ella y empezar a conectar las distintas partes del rompecabezas, la experiencia se volvió apasionante.

De ello nos habla en esta entrevista, la cual deja ver que, a fin de cuentas, en lo esencial el derecho tributario es muy parecido en todos los países.

48

abogacía Agosto 2021

omenzaste tu carrera profesional en multinacionales como Pricewaterhouse Coopers y Baker & McKenzie. ¿Cómo influyeron en tu formación?

Esta experiencia, así como haberme ido a estudiar a Estados Unidos, me ayudó mucho a aprender cómo se hacen las cosas afuera. Cuando uno convive con abogados extranjeros se da cuenta de que en realidad no somos tan especiales.

Muchas veces pensamos que hay ciertas cosas que sólo se hacen en Chile y, según mi experiencia, esto no es así. Entender los contextos legales y de negocios de otros países me ha ayudado a ver cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestras normativas e instrumentos legales. Leyendo derecho extranjero puedes aprender mucho, porque te das cuenta de que lo esencial es muy parecido en todos los países.

Esto es fundamental cuando uno trabaja con clientes extranjeros, ya que con cierta guía uno puede entender lo que pasa en sus países y puede ayudarlos a comprender lo que sucede en Chile. Para compatibilizar ambas realidades uno tiene que ser un poco profesor y un poco alumno. En este sentido, participar en seminarios y conferencias en conjunto con profesionales extranjeros dedicados a temas tributarios y financieros ha sido fundamental para conocer las realidades legales de otros países. También impartir clases me ha ayudado mucho. Durante 15 años di clases de impuestos a alumnos de pregrado, lo que me permitió adquirir las herramientas para poder explicar de manera esquemática cómo operan los impuestos en Chile. Asimismo, desde hace 12 años doy clases a alumnos de posgrado, e impartir clases a especialistas me ha forzado a mirar las cosas desde distintas perspectivas, lo cual es muy fructífero, sobre todo en aspectos tributarios que no siempre son evidentes. n Trabajaste casi 13 años en Baker & McKenzie, a donde ingresaste como abogado tributario y llegaste a ser socio. ¿Cómo fue este camino?

Baker & McKenzie llegó a Chile en 1995 y fue el primer despacho de abogados estadounidense en el país, por lo que la tentación fue irresistible. Era un entorno completamente distinto al clásico despacho de abogados cuasi familiar que imperaba en Chile.

A pesar de que me contrataron para trabajar en impuestos, al poco andar me involucré en un largo proceso de restructuración de empresas de telecomunicaciones. Así entré en el mundo corporativo, de pactos de accionistas, venta de activos, negociaciones estratégicas y análisis económicos de compraventa de empresas. Fue el mejor curso rápido de fusiones y adquisiciones que me podría haber tocado. Durante meses, abogados extranjeros y banqueros de inversión de primer nivel llegaban a Chile los lunes y volvían a Nueva York dos semanas más tarde. Aprendí mucho, tanto de ellos como de mis jefes y mis contrapartes. Sin embargo, me estaba desperfilando

Para mí fue un gran aprendizaje trabajar con contadores, auditores e ingenieros, pues su visión es un gran complemento. Hoy pienso que es impensable iniciar un proceso tributario sin una contraparte técnica de buen nivel, que maneje la mecánica contable y los números.”

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

49

como abogado tributario, por lo que tomé la decisión de irme a Estados Unidos a estudiar una maestría en derecho en impuestos. Después de un año regresé al despacho, con muchas más herramientas, lo que me permitió insertarme en un equipo que en mi ausencia había crecido y se había fortalecido con la llegada de un socio senior, lo que nos permitió llevar adelante procesos tributarios muy desafiantes.

En 2008 unos amigos formaron el despacho Noguera Larraín & Dulanto (NLD) y me invitaron a sumarme como socio de impuestos. En ese momento era claro que necesitaba un cambio y fue muy interesante llegar a un lugar que permitía moverse con mucha mayor rapidez y flexibilidad de la que se tiene en una multinacional. Al comenzar en cada uno de mis trabajos he sentido que “aquí me jubilo” y probablemente la sensación más fuerte en ese sentido fue en NLD. Los cinco años que estuve con ellos fueron de gran aprendizaje. Sin embargo, después de algún tiempo me di cuenta de que teníamos visiones distintas sobre cómo estructurar el negocio y cómo debía enfrentarse el futuro del trabajo legal, por lo que decidí formar mi propio despacho. A pesar de haber seguido caminos distintos, no dudaría en volver a trabajar con cualquiera de ellos. n ¿Cómo nació Garnham Abogados?

Con mucha incertidumbre, pero con muchas ganas. Tenía serias dudas de qué nombre ponerle, pues eso de que los despachos tengan el apellido de sus socios es muy egocéntrico. Sin embargo, ya llevaba más de 10 años saliendo en los rankings internacionales, por lo que, desde una perspectiva comercial, tenía mucho sentido ponerle Garnham. Además, aunque es difícil de escribir y pronunciar, es poco común, por lo que es una buena marca.

50

abogacía Agosto 2021

El sistema procesal penal antiguo era muy poco transparente, por lo que no me sentí cómodo. Así llegué por casualidad a Price, hoy Pricewaterhouse Coopers, donde descubrí que el mundo de los impuestos sigue una lógica muy similar a la del crimen: para saber si puedes ser acusado penalmente, tienes que saber si la conducta que tú ejecutaste está circunscrita dentro del tipo penal. Asimismo, para saber si tienes que pagar impuestos, la conducta debe estar circunscrita dentro del hecho gravado.” n Luego de ocho años de trayectoria, ¿cómo calificarías esta experiencia?

Cuando comenzamos, en agosto de 2013, se estaba anunciando la reforma tributaria del primer gobierno de Bachelet, por lo que el mercado estaba ávido de una asesoría técnica personalizada y de buena calidad. En ese entonces teníamos el proyecto de ser un despacho exclusivamente tributario, pero pronto nos dimos cuenta de que era imposible otorgar una asesoría tributaria efectiva en forma descontextualizada de otras áreas, como todo lo que tiene que ver con la protección

de inversiones y los asuntos comerciales, de litigios y societarios.

La firma fue creciendo y comenzamos a enfrentarnos al desafío de integrar más personas sin perder nuestro sello.

En estos años hemos ido caminando de a poco y con la mente abierta a buscar oportunidades. Creo que hoy tenemos un equipo bien afianzado. Patrick Humphreys lidera el área de consultoría tributaria; Simón Zañartu es nuestro socio de litigios, arbitraje e insolvencia; Juan Ignacio Monge lidera el área laboral; Daniela Gazmuri es nuestra socia corporativa, y mi función principal actualmente es la litigación tributaria administrativa y ante tribunales. n ¿Cuál ha sido la clave para diferenciarse en un mercado tan competitivo como el de los despachos de abogados?

En la industria legal hay muy pocas barreras de entrada; cualquiera puede poner su oficina. Si miras cuáles son los despachos más importantes hoy, no lo eran hace 40 años. Éste es un mercado muy dinámico, en el que los socios se juntan, se separan y crean nuevos despachos. Además, actualmente hay muchas fusiones internacionales, por lo que diferenciarse positivamente no es fácil.

No tengo absoluta claridad acerca de cuál es la fórmula para diferenciarse, pero hay ciertos ingredientes clave, sin los cuales la fórmula no funciona. El talento, la organización, la vocación por el estudio y la habilidad para formar y motivar equipos son esenciales. Además, no podemos olvidar que no somos un “oráculo legal”, sino que nos relacionamos con clientes. Por eso es indispensable identificar lo que el cliente necesita y darle un muy buen servicio, pues aunque a veces lo olvidemos, los abogados proveemos un servicio. Otro aspecto fundamental es la flexibilidad, especialmente en este tiempo en que la pandemia nos ha obligado a hacer transformaciones brutales en la forma en que operamos. n ¿Cómo ves a la firma Garnham en el futuro?

En estos tiempos tan líquidos es difícil proyectar. Me encantaría verlo como un despacho consolidado, con profesionales que son amigos, trabajan bien juntos, son competentes y están dispuestos a hacer un esfuerzo para generar soluciones creativas e implementarlas debidamente. Espero que sigamos teniendo un grupo de clientes fieles. Que nos reconozcan como un equipo que está dispuesto a hacer el mayor esfuerzo para que las cosas salgan bien, que tienen una capacidad técnica que les permite agregar valor y que tienen la vocación de generar tal valor adicional. 7

Colaboración exclusiva de vLex para la revista abogacía, coordinada por Paola Robayo y Viridiana Moreno, Content & Editorial Coordinators para Latinoamérica de vLex. probayo@vlex.com vmoreno@vlex.com

Dante Alan Venegas Lázaro

Por qué son importantes las víctimas María de la Luz Lima Malvido 52

abogacía Agosto 2021

Voces

Los estudiantes preguntan

Profunda conocedora del sistema penal y de la criminología, la catedrática, investigado-

ra y ex funcionaria pública María de la Luz Lima ha trazado un camino, no sólo en México

sino a nivel internacional, para la defensa de quienes han sufrido daño físico, psicológico, emocional o financiero a causa de un delito o del abuso de poder. Son las víctimas su razón de ser profesional y siguen siendo su motivación en los muchos proyectos que aún tiene por delante, a casi 50 años de haber comenzado su trayectoria profesional como

abogada de la Procuraduría de la Defensa del Menor. En esta entrevista recuerda sus lo-

gros y retos como fiscal de delitos sexuales, especialista antisecuestros, diputada federal

y subprocuradora en la Procuraduría General de la República, y repasa las fortalezas y debilidades de nuestro sistema penal, convirtiéndose en una interlocutora indispensable en la consolidación de nuestro sistema de justicia penal.

Quién es María de la Luz Lima Malvido? ¿Qué roles desempeña? ¿Qué le gusta hacer?

Soy una mujer hiperactiva; me encanta tener grandes retos. Uno de mis roles es el de madre: tengo unos hijos maravillosos y creo que ese es uno de los más grandes privilegios que puede tener una persona. Aunque ya están grandes, siempre estoy al pendiente de ellos para ayudarlos. Eso me encanta.

Otro rol que cumplo es el de esposa de un hombre admirable, el académico Luis Rodríguez Manzanera. Llevamos 48 años juntos en una relación enriquecedora. Siempre dedico una parte de mi tiempo a mi pareja; no todo en mi vida es la academia.

También he podido incursionar en el servicio público y presentar proyectos con tribunales de justicia, con la Cámara de Diputados, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como subprocuradora general de la República, entre otros. La vida pública es muy enriquecedora.

Finalmente, soy una académica, lo que me ha dado otro tipo de satisfacciones. Los libros, los alumnos, la formación de nuevas generaciones, dejar un legado y un liderazgo a nivel nacional, impulsar a los alumnos a implementar los cambios que nosotros ya no tendremos tiempo de llevar a cabo. n ¿Por qué decidió dedicarse al mundo del derecho habiendo sido profesora de educación primaria en la Escuela Nacional de Maestros?

Vengo de una familia de educadores. Mi abuelo, Salvador M. Lima, jalisciense, fundó la Normal en su estado y es considerado uno de los grandes pedagogos de México. En la Ciudad de México fundó el Tribunal para Menores y comenzó a tener una gran participación en el magisterio. También fue director de la Escuela Nacional de Maestros.

Mi madre quedó viuda muy joven, con cuatro bebés. Esa orfandad la llevó a inculcarnos que primero estudiáramos para ser maestras, para que después pudiéramos solventar la carrera que eligiéramos. Y tuvo mucho éxito: su primera hija se convirtió en médica cirujana, la segunda en dentista, yo me incliné por la abogacía y la más pequeña eligió pedagogía. Fuimos muy afortunadas por tener una madre extraordinaria, que nos impulsó, nos empoderó, porque en casa no había varones y tuvimos que aprender a hacer todo tipo de actividades. Recuerdo que cuando me casé llevé a mi nueva casa mi burro de carpintero y mis herramientas de trabajo, porque estaba acostumbrada a hacer de todo.

Como ves, el magisterio se me dio, por mi historia de vida. Y me encanta la cátedra; me considero muy buena maestra y mi más grande pasión es darles clase a los miembros de la policía. Mi primer grupo, a los 22 años, tenía 90 elementos de la Policía Judicial, y desde ese momento se volvió una pasión para mí hacer modelos policiales. Actualmente todavía doy clases; la semana pasada finalicé un curso de política criminal que impartí a un grupo de elementos de la policía. n ¿Cuál es el área de las ciencias penales que más le agrada trabajar y por qué?

Me fascinan la victimología y el derecho victimal, que es esta última una nueva disciplina jurídica. Cuando me inicié en la materia penal, decidí que el litigio no era mi camino. Me atrajo la criminología y comencé a estudiarla, pero por mi historia de vida, por lo que viví y padecí fue que decidí empezar a trabajar en la victimología, un área que estaba abandonada, a la que nadie le había dedicado tiempo. Así me percaté de que podía convertirme en una especialista, no sólo en México sino a nivel mundial.

Las metas se cumplen. Cuando pones los medios para llegar a tus fines y si crees en lo que vas a lograr, sucede. Por eso me LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

53

“Creo que en una vocación no debes ser mediocre, uno más del montón. En mi caso, he tenido la oportunidad de ser reconocida por mi trabajo. Hace un año, en Hong Kong, China, se entregó un reconocimiento victimológico y tuve la alegría de que me lo entregaran a mí, así como de ser considerada un referente a nivel nacional e internacional.”

gusta impulsar a mis alumnos a que piensen en grande, a que sean los mejores, porque nuestro país necesita líderes. n Durante su vida como profesora ha visitado múltiples universidades a nivel nacional e internacional, en países como Croacia, República Dominicana, Reino Unido, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Honduras y, desde luego, México, por mencionar algunos. ¿Qué aprendizaje le ha dejado esta experiencia con respecto a los perfiles de las instituciones educativas y sus alumnos?

En Europa los alumnos dominan muchos idiomas, lo que en Latinoamérica es muy difícil. Con padres de distintas nacionalidades, los alumnos europeos pueden dominar hasta cinco idiomas, lo que me impresionó. Además, eso les ayuda a desarrollar su capacidad cerebral, ya que desde pequeños, digamos entre los tres y los cinco años de edad, empiezan a hablarlos.

Recientemente hubo una reunión de rectores en Bolonia donde se señaló que la cualidad más deseable para los alumnos universitarios de Europa era la movilidad. Es muy común encontrar alumnos de Alemania, España o Bélgica en una misma universidad, a diferencia de países como México,

54

abogacía Agosto 2021

donde sólo unos cuantos alumnos van al extranjero durante el verano. Los estudiantes europeos pueden cursar sus materias en diferentes países, con proyectos como Erasmus, que propone nuevos modelos de educación; aprender “haciendo”.

En México predomina la costumbre de que el maestro enseñe absolutamente todo. Por eso les insisto a mis alumnos que sean ellos quienes hagan las cosas, aunque a veces se quejen de que los hago trabajar de más. n Con su experiencia como docente y abogada, ¿qué reformas implementaría en nuestro sistema educativo?

Creo que nos hace mucha falta una revolución educativa, es decir, que la educación vaya a la par de los cambios de la sociedad. En muchos programas académicos de derecho los alumnos no están analizando las nuevas leyes, lo cual me angustia. Las leyes han cambiado y no se han reformado los planes de estudio.

También es necesario incorporar materias nuevas. Por ejemplo, criminología sigue siendo una materia optativa en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, mientras que en la Universidad Iberoamericana ya se imparte derecho victimal.

Voces

Los estudiantes preguntan

Y hay que impulsar a los alumnos a ver más allá de su país, a salir, a ver el mundo globalizado. Hay que animar a nuestros hijos a que salgan del país, a que vayan a Europa. Esta experiencia les dará elementos para convertirse en profesionales emprendedores, sin jefes, motivados para salir adelante y para crear sus propios proyectos y empresas, sin depender de un empleador o del gobierno. n De los cargos que ha desempeñado, ¿cuáles son los que más la han marcado?

Uno de ellos fue ser la primera fiscal de delitos sexuales en el país. Pude elaborar un modelo de atención a víctimas, que presenté al procurador Ignacio Morales Lechuga. Con entusiasmo, él me dio una respuesta afirmativa y me solicitó sustentar el proyecto en pruebas empíricas. Esto me emocionó mucho, porque se trataba de algo completamente nuevo en México.

Establecimos una oficina y un centro de atención, reunimos a un grupo feminista conformado por grandes figuras que se encargaban de la supervisión, y tiempo después se constituyó el Grupo Plural Pro-Víctimas, A.C., que existe hasta el día de hoy, con tal éxito que asesoramos la apertura de oficinas similares en casi todo el país, convenciendo a los gobernadores y recibiendo felicitaciones por este trabajo.

Otro cargo muy especial fue el de atender negociaciones de secuestro en los años 1991 y 1992, en el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien solicitó una evaluación de los secuestros, que iban en aumento. Para ello me capacité en el FBI en temas de perfilación criminal. En este cargo propuse un modelo de atención a víctimas de secuestro. Era un trabajo que involucraba la vida de las personas, negociaciones, manejo de los lugares de los hechos... Aquí no hay lugar para los errores, porque éstos le cuestan la vida a alguien. Esta actividad involucra mucha pasión, muchas emociones, mucha adrenalina... Es un arma de doble filo, porque a la par que hay que cumplir con éxito el trabajo, la vida personal puede desmoronarse y no deja uno de pensar en su propia familia (en esa época mis hijos eran muy pequeños).

También fue muy importante para mí el cargo que ejercí como subprocuradora de la República. No conocía al procurador que me invitó, pero él buscaba que las mujeres participaran en la procuración de justicia. Cuando supe que tendría a mi cargo la Policía Judicial Federal, a Servicios Periciales, el Centro de Control de Confianza, el Instituto de Formación Policial, 12 direcciones generales, pensé que era una locura, algo muy peligroso. Incluso pensé rechazar la invitación. Al final, con todo el apoyo de mi esposo, decidí aceptar el cargo.

Como experta de las Naciones Unidas, en mi trabajo en la Red Internacional de Expertos de Crimen Organizado hace poco recibí el siguiente comentario de una colega: ‘Me da mucha pena, pero voy a poner a tu país como ejemplo de la forma en que se desarrollan los cárteles y del paradigma con el que el narco avanza en un país’. Es desalentador, ¿no?”

n ¿Cuáles han sido sus mayores retos profesionales?

Como diputada federal, entre 1994 y 1997 elaboré y presenté un proyecto para la creación de la Comisión de Participación Ciudadana. Al terminar mi encargo, intenté poner en marcha LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

55

el Título Tercero de participación de la comunidad, que había redactado en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Reuní a líderes de las 70 organizaciones sociales más importantes que había en México y formamos el Comité Nacional de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública (CONSEGU). Aunque el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública —que en ese momento era Mayolo Medina— no estaba convencido, terminó dando su visto bueno.

Crear, impulsar, dar mantenimiento a este proyecto fue todo un reto, porque partimos de cero, intentando tener la aprobación y el apoyo del secretario ejecutivo, El movimiento feminista reuniendo gente que se sumó al proyecto y que nos He estado en contacto con feministas desde que estuve en apoyó con recursos e invirtió un poco de su capital... la Fiscalía de Delitos Sexuales, en 1991. El movimiento Veo este proyecto como un hijo: vi cómo nació, fue feminista ha aportado mucho a diversas disciplinas, cuescreciendo y se desarrolló. tionó la aplicación del control social en la mujer, ayudó a matizar y crear nuevos conceptos. Al respecto, recomiendo n Como especialista en derecho victimal me gustaría mucho el libro Género y derecho, de Alda Facio, con quien preguntarle: ¿qué es la víctima? tuve la oportunidad de compartir la mesa sobre “Violencia Existe un estándar internacional para definirla. Hay contra la mujer” en la Conferencia Mundial del Día de la víctimas individuales y colectivas que sufren daño físico, Mujer en Beijing. psicológico, emocional o financiero producto de una Podemos percibir al feminismo como ideología, como conducta definida como delito o abuso de poder. aportación epistemológica para la ciencia y como moviLo que sucede es que el ius puniendi arrebata a la miento. En este último, las mujeres lucharon por el sufragio, víctima el derecho de castigo, dejándola desolada, lo por la apertura de espacios para ellas, por el empoderaque la lleva en ocasiones a buscar el ejercicio de una miento, y ese trabajo ha sido muy valioso. Ahora las jóveacción prohibida —me refiero a la Ley del Talión: ojo nes que pelean por sus derechos en las calles representan por ojo y diente por diente—. Como las víctimas no una voz que se tiene que escuchar. Desafortunadamente, tienen acceso eficaz a la justicia, se genera una cifra muchas veces los movimientos son penetrados por personas negra que en México, según el ENVIPE 2000, es de radicales, cuyo propósito es generar terrorismo y hacer de 92.4 por ciento. Esto significa que hay mucho trabajo la agenda de esos movimientos un acto de conflicto social. que hacer aún, mediante esquemas que ayuden a las Hay que cuidar que no haya radicalismo en los movimientos. víctimas a no quedar en la indefensión y orillarlas a Pese a todas estas manifestaciones a favor de los dereelegir el camino de la venganza. chos para la mujer, paradójicamente hay un aumento en los En la raíz de mi lucha contra el crimen está mi feminicidios. Mi teoría es que se deben al empoderamiento historia de vida: el crimen que cometieron contra mi que ha obtenido la mujer, a su posición de rechazo a la padre cuando yo tenía dos años y medio y nadie ayudó sumisión. La reacción de empoderamiento ante el hombre a mi madre. No tuvo asesoría para el manejo del duelo, antes generaba golpizas y sufrimiento, pero hoy está genepero ella fue muy resiliente. Por eso me convencí de rando feminicidios. hacer un cambio jurídico para acercarme a las víctimas.

Me di a la tarea de redactar una iniciativa de ley, que presenté a la Cámara de Diputados; empecé a trabajar para que nadie sufriera lo que mi familia y yo sufrimos.

Porque las normas están por hacerse: la víctima en el derecho penal no está contemplada. Para el derecho penal nunca existirá otro objetivo más que el ius puniendi: el derecho a castigar. n ¿Cómo definiría el derecho victimal?

El derecho victimal es el conjunto de principios, normas y procedimientos jurídicos, locales, nacionales e internacionales, tendientes a requerir, posibilitar y controlar las prerrogativas y pretensiones de las víctimas de delitos y abusos de poder. Esta definición la añadí a mi libro Derecho victimal, que dediqué al doctor Sergio García Ramírez.

56

abogacía Agosto 2021

Voces Los estudiantes preguntan n ¿Cree que en México ha evolucionado la legislación para la prevención de delitos y la atención a las víctimas?

Tuvimos una época muy buena, cuando se hizo la reforma con el propósito de crear un nuevo sistema penal. Pero la reforma más importante, incluso más que la creación del nuevo sistema penal, fue la del artículo 1° constitucional, en 2011, que dejó en claro la aplicación no sólo de la Constitución como norma máxima, sino también de los tratados internacionales y, en mi materia en particular, de todas las convenciones firmadas por México sobre derechos de las víctimas.

Fue una época de grandes avances, disponibilidad de recursos, intención política y grandes personalidades detrás de esto, como María de los Ángeles Fromow. Lamentablemente, el objetivo no continuó con su salida y la operación quedó incompleta.

En México hacemos muchas cosas, pero no les damos continuidad. En este momento hay un rezago de carpetas de investigación como el que había antes. Eso es gravísimo.

Y tampoco ayuda que un asesor jurídico tenga más de 400 casos (por mencionar un número). Simplemente no tiene posibilidades de preparar y dar seguimiento a los procesos.

No hay personal suficiente. n ¿Cuáles son los principales problemas que sufre México actualmente?

Tenemos 35% de los estados en manos del crimen organizado y hay un problema de gestión de crisis. Hay que estar preparados como si estuviéramos en guerra, porque la gente está siendo desplazada por el “narco” de sus casas y no sabe qué hacer. Y nadie les da respuesta.

En este momento estoy elaborando un Manual de gestión de crisis porque si realmente no tenemos un control del crimen organizado, éste va emplear una estrategia terrorista y esa conducta se empezará a clonar con el terrorismo hasta formar un “hoyo negro de ingobernabilidad”, a tener lugares en los que ya no hay autoridad y ésta ya no puede entrar. Éste es el problema nacional más fuerte que tenemos ahora. n ¿Cuáles son, en su opinión, los mayores problemas a los que se enfrenta un abogado penalista?

El primer riesgo de los abogados que litigan en materia penal es su vida. Por eso se emitió la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

Otro problema al que se enfrentan es la falta de conocimiento del control de convencionalidad. Estoy dando clase a 30 abogados en línea y algunos me hacen el comentario de que están encantados porque les enseño cómo sustentar sus argumentos mediante la interpretación normativa de tratados internacionales. Muchos juzgadores o litigantes no tienen estos conocimientos o están acostumbrados a malas LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

57

Voces

Los estudiantes preguntan

prácticas del sistema pasado y no se quieren adaptar ni hacer una transición. n ¿Cuál es su inspiración o su motivación para avanzar en el camino de las ciencias penales?

Mi inspiración son las víctimas. Tomo muy en serio sus peticiones de ayuda. Representan un compromiso de vida y no puedo ofrecer una respuesta negativa. Me mueve poder dar esperanza y apoyar, dentro de mis posibilidades, a quien no ha cerrado un duelo.

En México vivimos como en dos países: por un lado, los narcotraficantes avanzan y controlan cada vez más territorio; por el otro, los partidos políticos se pelean, mientras las organizaciones no gubernamentales observan lo que pasa.”

n ¿Cuál es el siguiente paso de María de la Luz Lima?

Voy a promover el inicio del procedimiento para crear una norma técnica, muy concreta y con resultados inmediatos, con respecto a diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, que ha adicionado un capítulo IX bis, “De la atención médica a víctimas”, en el que omite algunos comentarios a propósito de la recolección de evidencias a fin de individualizar y garantizar la integridad del indicio, para la protección de la “cadena de custodia” por parte del personal de salud que recibe a las víctimas. Por ello me interesa proponer esta norma técnica con el propósito de que se genere el mecanismo mediante el cual se capacite al personal de salud para la debida protección y conservación de indicios.

También quiero terminar un libro sobre terrorismo, en el que estoy trabajando; seguir publicando, ofrecer consultoría a organizaciones internacionales, colaborar en proyectos internacionales y en la agenda pública internacional, impulsar la creación de oficinas de gestión de crisis en las fiscalías, con base en el manual que elaboré, e impulsar a mis alumnos para que sean los actores políticos que este país necesita. 7

Dante Alan Venegas Lázaro es estudiante de sexto semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. danvngs@gmail.com

58

abogacía Agosto 2021

Voces

¡Ven a Visitarnos!

Lunes a Domingo 8 AM - 10 PM

Mesa Segura

55 5616 1402 sanangelinn.com @restaurantesanangelinn LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

59

[ El notario responde]

Fernando Dávila Rebollar

Donación con reserva de usufructo La herencia sigue siendo la opción habitual para transmitir un bien a un familiar después del fallecimiento. Sin embargo, también es posible realizar una donación en vida. En el caso de un inmueble, por ejemplo, la donación con reserva de usufructo permite que una persona siga viviendo en su casa hasta su fallecimiento, momento en que el donatario podrá utilizarla.

Qué es la donación con reserva de usufructo?

Una operación inmobiliaria común en el ámbito familiar es la donación de la nuda propiedad (el propietario no puede disponer de ella) con la reserva del usufructo vitalicio por parte del donante, a través de la cual un ascendiente realiza la transmisión de un inmueble en favor de un descendiente, conservando el derecho a utilizarlo y aprovecharlo. Se realiza por un donante que considera que ya es momento oportuno de transmitir de una vez en vida un inmueble a un descendiente, para que, llegado el fallecimiento de dicho donante-usufructuario, se convierta ya en pleno propietario en virtud de la extinción del usufructo que se producirá con su muerte. Se sugiere siempre valorar y analizar este tipo de donación con un abogado, o bien con el propio notario, ante quien se pretenda formalizar. n ¿Una propiedad que se da en donación con reserva de usufructo puede ponerse a la venta?

Con la reserva del usufructo se conserva un derecho que evita que el donatario-nudo propietario disponga de alguna manera libremente del inmueble transmitido, ya que tiene pocas posibilidades de entrar en la circulación del mercado inmobiliario sin la intervención o el consentimiento del donante-usufructuario. n ¿Qué debo considerar antes de realizar esta operación?

La decisión de llevarla a cabo está sujeta a que existan las condiciones para ello, tales como la edad del donante, su

60

abogacía Agosto 2021

expectativa de vida, los bienes y los recursos que pueda conservar para su sustento, entre otros, y, en especial, subrayar que dejará de tener la plena propiedad y, por lo tanto, sólo podrá tener derecho a usarla y a la obtención de los frutos.

Igualmente, respecto del donatario se deben tomar en consideración su edad y sus condiciones.

Implicaciones fiscales de esta figura El costo por la escrituración de la donación es menor al que representaría transmitir el inmueble por la vía hereditaria, además de que la extinción del usufructo por fallecimiento de su titular no tiene un impacto fiscal y la consolidación de la propiedad en favor del nudo propietario resulta sumamente práctica y accesible.

Tanto el Código Fiscal de la Ciudad de México como el Código Financiero del Estado de México establecen que el respectivo impuesto por adquisición derivado de dicho contrato de donación con reserva de usufructo se paga al 50 por ciento, siendo el único sujeto pasivo de dicho impuesto el donatario-adquirente de la nuda propiedad.

Respecto de los impuestos federales, el impuesto sobre la renta está exento y el impuesto al valor agregado no se causa en virtud de no haber contraprestación alguna.

Dichas legislaciones fiscales locales que regulan el impuesto que resulta de la adquisición son congruentes con los efectos jurídicos que se establecen en los respectivos códigos civiles, los cuales disponen que el donante sólo está haciendo un

Freepik

desmembramiento de su derecho de propiedad, sin que ello implique una adquisición, debido a que el objeto de dicho impuesto es que exista una adquisición y una transmisión, lo que no sucede para el donante, pues no adquiere el usufructo, y que no debe confundirse con que “adquiere” el carácter de usufructuario, ya que ello se refiere a la idea de “conseguir o tomar una cualidad”, pero no por un hecho de recibir, o sea, de adquirir.

Además, llegado el caso de la extinción del usufructo que resulte del fallecimiento del titular de ese derecho, tampoco se considera adquisición y no generará una carga fiscal para el donatario nudo propietario, a quien se le consolidará la plena propiedad, debido a que sólo se considera adquisición para efectos fiscales cuando la extinción del usufructo es como consecuencia de un acto jurídico, como sería la renuncia del mismo, y no cuando ocurre por los efectos jurídicos del hecho que es el fallecimiento del donante-usufructuario.

Por su importancia con lo anterior, con base en la reforma de diciembre de 2020 al Código Financiero del Estado de México, encontramos en su exposición de motivos lo siguiente: “Se reforman los artículos 114, fracción VII, y 116, fracción, I con la finalidad de evitar interpretaciones subjetivas respecto al cobro al impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles en relación con la figura jurídica del usufructo, a efecto de que los municipios cuenten con elementos suficientes para exigir el pago correspondiente de los importes adeudados”.

Las “interpretaciones subjetivas” a las que refiere son, en mi opinión, aquellas que erróneamente se han emitido y que se han alejado del principio básico de que las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares son de aplicación estricta, en especial, a la determinación del sujeto pasivo y del objeto del impuesto, y de que también se han olvidado de que debe existir una adecuada interpretación jurídica, debido a que en la práctica ha sucedido que en la determinación de este impuesto se han emitido algunos criterios y opiniones inexplicablemente confusos, contrarios a lo que es el objeto del impuesto y la finalidad de la contribución, que el citado código, el primer artículo que lo regula, establece claramente así su objeto: “Artículo 113.

Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y jurídicas colectivas que adquieran inmuebles ubicados en el Estado, así como los derechos relacionados con los mismos”.

Con la citada reforma se modificó la fracción VII del artículo 114 para quedar en los siguientes términos: “Artículo 114. Para efectos de este impuesto se entiende por adquisición la que derive de [...] VII. Tratándose del usufructo, los actos por los que se constituya, se transmita el mismo o la nuda propiedad y aquel por el que se extinga, respectivamente”. Asimismo, se reformó la fracción I del artículo 116, el cual refiere a la época de pago.

Con base en dicha reforma expongo lo siguiente: como hecho generador del impuesto, la disposición necesariamente refiere que debe existir una adquisición, ya que claramente establece “se entiende por adquisición la que derive de...”, y en el caso de la donación de nuda propiedad con reserva de LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

61

[ El notario responde]

usufructo esa adquisición sólo ocurre para el que adquiere la nuda propiedad y no para el que se reserva el usufructo. Así se desprende de lo establecido en el artículo 18 en relación con los artículos 113 y 114 del citado código, para la determinación tanto del objeto como del sujeto del impuesto.

Por lo tanto, debe entenderse que, tratándose del usufructo, “los actos por los que se constituya”, en los que el dueño se reserve dicho derecho, es un imposible jurídico considerar que exista una adquisición o una transmisión de dicho derecho de usufructo, y que por lo tanto se cause el impuesto, pues los derechos de uso y disfrute, que comprenden el derecho de usufructo, los tiene desde que se convirtió en dueño.

El citado impuesto grava las adquisiciones o las transmisiones, no las reservas de derechos, y eso debido a que reservar no es adquirir, mucho menos transmitir, cuando como dueño constituye y se reserva el usufructo. Se reitera que no hay objeto ni sujeto pasivo del impuesto por la reserva del usufructo.

La donación con reserva de usufructo En ese sentido, de lo dispuesto en los artículos 113, 114 fracción VII, 116 fracción I y 117 del citado Código Financiero, tiene como base dos importantes figuse concluye que el impuesto sólo lo causa “el acto por el que se ras jurídicas; por una parte, la proconstituya” el usufructo, pero cuando ese acto implica una adquisición o una transmisión. piedad privada entendida con los tres La norma fiscal tiene una finalidad determinada y su derechos que le son inherentes, como interpretación no puede ser contraria a esa finalidad, y debe ser en forma armónica y no en forma aislada. El objeto del el de usar, el de disfrutar o tomar los impuesto es que haya una adquisición; por lo tanto, el sujeto frutos y el de disponer, y, por otra pasivo es el donatario nudo propietario que adquiere, y no el donante que se reserva el usufructo, pues eso implicaría no ser parte, el contrato de donación, el cual congruente con el objeto del impuesto y que dicha operación es muy común entre ascendientes y inmobiliaria no fuese tan recurrida. Modificar el impuesto por adquisición de los términos antes expuestos para hacerlo descendientes a fin de coadyuvar a la más oneroso, o gravarla en forma distinta con cualquier otro debida transmisión de un patrimonio. impuesto, afectaría gravemente tanto a la economía familiar y el beneficio de cuidar un patrimonio, como a los intereses del Estado, ya que es una probada forma de lograr la regularización y debida transmisión y titulación de la propiedad para una familia, y el beneficio que implica la circulación de los bienes en una sociedad para la obtención de ingresos. 7

Fernando Dávila Rebollar es titular de la notaría 235 de la Ciudad de México. notariofernandodavilarebollar@notaria235.com.mx

62

abogacía Agosto 2021

Queremos invitarlo a formar parte de una gran causa que durante más de 30 años ha ayudado a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de cientos de jóvenes mexicanos.

Apoyamos anualmente a 40 jóvenes para que terminen secundaria en la escuela de la Fundación Mier y Pesado.

Fundación Burton Blooms Diligencias 36, San Pedro Mártir, Tlalpan, C.P. 14650, Ciudad de México.

55 5573-8090, 55 5573-3684. www.fundacionburtonblooms.org LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

63

Juan Pablo Alcocer

Tres incapacidades para contraer

matrimonio canónico Carencia de suficiente capacidad psíquica, incapacidad para cumplir obligaciones matrimoniales e incapacidad para la comunidad de vida y amor son las incapacidades psíquicas para contraer matrimonio por la Iglesia católica que el autor analiza en esta colaboración.

64

abogacía Agosto 2021

Freepik

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

65

L

as incapacidades psíquicas para contraer válidamente matrimonio canónico por la Iglesia católica de rito latino han venido perfilándose con mucha pulcritud en el magisterio ordinario de la Iglesia, en el Código de Derecho Canónico actual promulgado por san Juan Pablo II en 1983, en la instrucción Dignitas connubii, también promulgada por el pontífice romano aquí aludido en enero de 2005, y en la carta apostólica del Sumo Pontífice Jorge Mario Bergoglio, motu proprio, Mitis iudex dominus Iesus, en diciembre de 2015.

Finas y conocedoras plumas han escrito sobre este tema toral, que incapacita desde el inicio para matrimoniarse a las personas heterosexuales que encarnan en sus personalidades los variopintos efectos que las enfermedades mentales causan en sus existencias.

El problema va en aumento de manera notabilísima, aritmética y geométricamente. Los tribunales diocesanos, interdiocesanos y metropolitanos y el Tribunal Apostólico de la Sagrada Rota Romana en materia de apelación así lo confirman: la incapacidad psíquica es una causal de nulidad matrimonial muy socorrida por los fieles del pueblo de Dios (como los llama el Codex en todo el mundo católico).

Esta limitación al ius connubii que tiene el fiel a contraer nupcias canónicas ha puesto a prueba al derecho canónico, al derecho canónico matrimonial, a la antropología filosófica, a la teología natural y sobrenatural y a la psiquiatría y la psicología clínica moderna.

Carencia de suficiente capacidad psíquica para contraer matrimonio El canon 1057, § 1, establece que “el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir”.

El canon 1095, § 3º, vuelve al tema del consentimiento matrimonial pues afirma: “Son incapaces de contraer matrimonio quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica”.

El Concilio Vaticano II define el matrimonio como “la íntima comunidad conyugal de vida y de amor” en la cual “los esposos se dan y reciben mutuamente”.1 La encíclica Humanae vitae también establece que “al darse mutuamente a sí mismos, lo que les es propio y exclusivo, los esposos buscan la comunión personal por la cual se perfeccionan uno y otro”.2 Procreación y comunidad de vida Estas afirmaciones indican que la Iglesia considera que la esencia del matrimonio no consiste solamente en el derecho a los actos corporales para la procreación, sino también en el derecho a los actos que producen la comunidad de vida.3 Estas enseñanzas, pues, nos hacen reconocer que existe una incapacidad para el matrimonio más allá de la física o la biología, una incapacidad para intercambiar el derecho a la comunidad de vida.

66

abogacía Agosto 2021

Si alguno de los esposos, pese a su buena voluntad, está radicalmente incapacitado para satisfacer de manera suficiente las exigencias de una vida en común, y priva al compañero de un derecho esencial del matrimonio cristiano, tal persona es incapaz de cumplir el objeto de su promesa y, por consiguiente, contrae inválidamente.”

Esta incapacidad invalida por su misma naturaleza al matrimonio, pues una persona afectada por ella no puede contraerlo válidamente, ya que le falta un elemento esencial del objeto del consentimiento, y quienes tienen esa incapacidad no pueden darlo, porque precisamente carecen de la capacidad de intercambiar esos derechos.

Tampoco pueden contraer matrimonio porque no tienen capacidad para ese estado de vida, al no poder ejercitar aquellos actos indispensables.

Tres características La incompetencia se puede definir como “la incapacidad antecedente y perpetua para ejercer o poner los actos de por sí aptos para producir una comunidad de vida”. Estos actos implican más que sólo compartir el lecho, la mesa y la casa, mas no tienen por qué extenderse necesariamente a aquellos actos que conducen a una relación muy romántica y satisfactoria. Como básicos para la capacidad para el matrimonio hay que considerar los siguientes actos: 1. Autorrevelación. En primer lugar, la persona debe tener una identidad básica de sí misma, es decir, debe verse como alguien suficientemente consecuente, con un grado razonable de autorrespeto y capaz de darse a conocer honestamente al otro.

2. Comprensión. Alguien que sepa ver al compañero como una persona distinta, y apreciar su manera de sentir y de pensar, sin pretender imponer cambios a causa de sus propias actitudes, necesidades o inseguridades.

3. Interés. Una persona con razonable madurez debe consagrarse a la otra por toda la vida, no por deseo de poseerla, sino por respeto y por amor especiales hacia esa persona concreta con quien desea compartir su vida.

Lo mismo hacia los hijos Ambos deben ser capaces de ejercitar esos mismos actos hacia los hijos que pudieran nacer del matrimonio, puesto que esa comunidad de vida está esencialmente encaminada “a la procreación y educación de la prole”, como lo afirma el canon 1055, § 1. Consiguientemente, cuando una persona carece de la capacidad para realizar dichos actos, carece también de la capacidad para el matrimonio, tal como lo entiende la comunidad católica y el derecho matrimonial de la Iglesia.

No es necesario, para la validez del matrimonio, que la persona, en ese momento, ejercite esos actos, pero sí que tenga la capacidad y que, subsecuentemente, intercambie de hecho ese derecho perpetuo.

Antecedente y perpetua La incapacidad puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando la persona es inhábil para contraer una relación con cualquier persona y es relativa cuando esta incapacidad se refiere a una persona en particular, aunque pudiera contraer la relación con alguna otra. Un sector de la doctrina se opone a lo anterior. La incapacidad relativa prácticamente está eliminada del pensamiento de los canonistas actuales.

Para que invalide el matrimonio, la incapacidad, como la impotencia, tiene que ser antecedente y perpetua al tiempo del matrimonio; entonces no hay relativa.

30 años brindando soluciones integrales • • • •

Lotes, nichos y osarios a perpetuidad.

Amplias y confortables salas de velación.

Servicio de cremación.

Planes de previsión con mensualidades congeladas.

Teléfonos: 55 5822-3622 y 55 5822-3444 Av. Prolongación Alfredo del Mazo, No. 1001 Col. México Nuevo, Atizapán de Zaragoza Estado de México (a un costado de Zona Esmeralda) www.valledepaz.com.mx info@valledepaz.com.mx LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

67

Para dictaminar la antecedencia no se requiere que esa incapacidad se haya manifestado antes del matrimonio. No se necesita que la incapacidad sea actual o dinámica, sino que basta con que sea virtual y causal al tiempo de la boda. Es necesario y basta que la disposición próxima a la incapacidad y la causa próxima estén presentes al momento del matrimonio.

La incapacidad se considera perpetua cuando, por lo menos respecto del matrimonio en cuestión, es incurable o sólo se puede remediar por medios como: a) un milagro, b) medios ilícitos, c) peligro de la propia vida, d) daño grave para la salud de uno o de los dos y e) medios de éxito dudoso.

En los casos en que se alega falta de la debida capacidad para la comunión de vida y amor, hay que hacer todo lo posible para obtener el testimonio del demandado. Las declaraciones de las partes y la declaración de los testigos son muy importantes y la opinión de los peritos psiquiatras es de gran importancia.4 7

Te invitamos a seguir leyendo este artículo en nuestra página de internet:

Gaudium et Spes, núm. 48.

Ibidem, 8.

3 Canon 1055, § 1: “La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados”.

4 Solórzano, Roberto, Manual de derecho y jurisprudencia matrimonial. Tribunal Metropolitano de los Ángeles, California, corregido y aumentado por el Tribunal Metropolitano de México, México, 1995.

1 2

Bibliografía Libros Alcocer Mendoza, Juan Pablo (coord.), Temas actuales de derecho canónico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2016.

• Alcocer Mendoza, Juan Pablo, Derecho matrimonial canónico, Tirant lo Blanch, México, 2016.

• Aquino, Santo Tomás, Summa teológica, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1963.

• Bañares, Juan Ignacio, y Jordi Bosch, Consentimiento matrimonial e inmadurez afectiva, EUNSA, Pamplona, España, 2005.

• Ferrer Ortiz, Javier, “La capacidad para el consentimiento válido y su defecto (can. 1095)”, en Pedro Juan Viladrich, Javier Escrivá Ivars, Juan Ignacio Bañares y Jorge Miras, El matrimonio y su expresión canónica ante el tercer milenio. X Congreso Internacional de Derecho Canónico, EUNSA, Pamplona, 2001.

• Iglesias Altuna, José María, Procesos matrimoniales canónicos, Civitas, Madrid, España, 1991.

• Lasage, Germain, Le Divorce, Montreal, 1973.

• Llobell, Joaquín, Los procesos matrimoniales en la Iglesia, RIALP, Madrid, 2014.

• Morán Bustos, Carlos M., y Carmen Peña García, Nulidad de matrimonio y proceso canónico, Dykinson, Madrid, 2007.

• Morrisey, Francis G., “The Incapacity of Entering into Marriage”, Studio Canonica, vol. 8, 1974, pp. 18-20.

• Navarrete, Urbano, Structura iuridica matrimonii Secundum Concilium Vaticanum II, Roma, 1969, p. 75.

• Serres López de Guereñu, Roberto, La nulidad del matrimonio canónico: un análisis desde la jurisprudencia, Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid, España, 2017.

• Solórzano, Roberto, Manual de derecho y jurisprudencia matrimonial. Tribunal Metropolitano de los Ángeles, California, corregido y aumentado por el Tribunal Metropolitano de México, México, 1995.

• Viladrich, Pedro Juan, El consentimiento matrimonial: técnicas de calificación y exégesis de las causas canónicas de nulidad, EUNSA, Navarra, 1998.

• Viladrich, Pedro Juan, Comentario al canon 1095 del Código de Derecho Canónico, EUNSA, Pamplona, 1997.

Revistas • Communicationes, núm. 9, 1977, pp. 369 y 370.

Legislación canónica • Constitución Apostólica Gaudium et Spes, núm. 48, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España, 2000.

• Código de Derecho Canónico de 1917, BAC, Madrid, España, 1963.

• Código de Derecho Canónico de 1983, BAC, Madrid, España, 1990 Jurisprudencia del Tribunal Apostólico de la Rota Romana • Coram Faggiolo, 30 de octubre de 1970.

Juan Pablo Alcocer es Doctor en Filosofía del Derecho, Abogado Procurador ad casum en materia canónica, catedrático de derecho civil y derecho canónico y Coordinador de Vinculación Profesional del Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

68

abogacía Agosto 2021

HACIENDA VISTA HERMOSA Km. 7 carretera Alpuyeca - Tequesquitengo, San José Vista Hermosa, Puente de Ixtla, Morelos, C.P. 62670

Teléfono: (734) 342 9040 www.haciendavistahermosa.com.mx

[ Visión global ]

Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

La nacionalidad mexicana desvirtuada Resulta preocupante cómo un elemento esencial como la nacionalidad mexicana se está desvirtuando en el texto constitucional y cómo la etiqueta de “derechos humanos” se emplea como avanzada para evitar la ponderación de otras consideraciones centrales del tema, sostienen los autores al analizar el tema de la transmisión de la nacionalidad mexicana al infinito en el extranjero.

E

l pasado 17 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad. Esta reforma modificó la fracción II del apartado A del artículo 30 de la Carta Magna, para establecer lo siguiente: “a) Son mexicanos por nacimiento [...] II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano”.

El impacto de esta pequeña adición será mayúsculo, pues influirá en uno de los elementos esenciales del Estado mexicano: su población, especialmente por permitir la transmisión de la nacionalidad mexicana al infinito en el extranjero.

Camino a la reforma constitucional Los efectos que generará la reforma constitucional no son ajenos al sistema jurídico mexicano ya que, como consecuencia directa de una interpretación del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 226/2013, durante seis años (2013 a 2019) las autoridades mexicanas estuvieron siguiendo el criterio errado de permitir la transmisión de la nacionalidad mexicana al infinito para aquellos nacidos en el extranjero vía ius sanguinis. El razonamiento detrás de ese criterio era que “si la Constitución establece que son mexicanos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero [artículo 30, inciso A],

70

abogacía Agosto 2021

de quienes sus padres al menos uno sea mexicano por naturalización, es correcto asumir por mayoría de razón que dicha regla debe hacerse extensiva a los nacidos en el extranjero cuyos padres hayan nacido también en el extranjero, pero al menos uno tenga reconocida la nacionalidad mexicana por nacimiento”. Ergo, la nacionalidad mexicana se transmitía al infinito para aquellos nacidos en el extranjero vía ius sanguinis, ya que todos los descendientes de mexicanos nacidos en el extranjero serían siempre mexicanos por nacimiento, lo que generaba un círculo vicioso sin fin.

No fue sino hasta noviembre de 2019 cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 212/2019 y puso fin al criterio que permitía la transmisión de la nacionalidad mexicana en el extranjero al infinito, por considerar que “el texto constitucional es claro respecto a que el otorgamiento de la nacionalidad mexicana por nacimiento no es extensivo a otros supuestos no previstos expresamente por el Constituyente, es decir [que] las hipótesis establecidas en el artículo 30, inciso A, de la Constitución [...] deben interpretarse de manera estricta, pues se destinan sólo a los sujetos que están explícitamente contemplados en la norma, supuestos que son limitativos y no enunciativos, por lo que no se advierte la posibilidad de que pueda interpretarse de otra manera”. Por lo anterior se concluye que el artículo 30, inciso A, fracción II, de la

Freepik

Constitución, solamente contemplaba la posibilidad de transmitir la nacionalidad mexicana a la primera generación que nazca en el extranjero, hijos de padre o madre mexicanos que hayan nacido en territorio nacional.

Paralelamente a los acontecimientos antes descritos, en septiembre de 2018 la senadora de la República —ahora secretaria de Gobernación— Olga Sánchez Cordero presentó la iniciativa de reforma —aprobada el pasado 17 de mayo— en la cual proponía reformar la fracción II del inciso A del artículo 30 constitucional, para lograr los mismos efectos que el criterio que sería considerado como errado un año después por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La justificante principal del proyecto de iniciativa de reforma, la cual fue considerada como parte de los trabajos de la Cuarta Transformación de la República, era evitar la apatridia, garantizar el derecho humano a la nacionalidad y promover el ejercicio efectivo de la identidad de los descendientes de migrantes mexicanos nacidos en el extranjero.

Marco conceptual De conformidad con la Convención de Montevideo de 1933, que codifica los derechos y los deberes de los Estados, son cuatro los elementos esenciales que conforman a un Estado: población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad de entrar en relaciones con otros Estados. La

interrelación entre estos cuatro elementos es evidente, al grado de que la sinergia que deriva de los mismos es uno de los factores que van moldeando la identidad estatal.

Uno de estos elementos esenciales en los que se puede apreciar de forma más clara la interrelación transversal entre estos cuatro elementos es la población permanente. La población permanente, en sus múltiples facetas, le permite al propio Estado desarrollarse como ente soberano. Por ejemplo, el gobierno es electo y conformado por la misma población permanente del Estado, bajo el principio de libre autodeterminación de los pueblos. El territorio estatal es ocupado por la población permanente del Estado, lo cual evidencia el control efectivo que el gobierno mantiene sobre el territorio. La instrumentación del inicio de relaciones con terceros Estados es ejecutada por la diplomacia nacional, misma que deriva de segmentos de la población permanente del Estado. Y, finalmente, el concepto de población permanente del Estado está intrínsecamente relacionado con el concepto de nacionalidad, ya que este último será el que permita a las personas residir libremente dentro del territorio estatal, identificarse como nacionales del Estado y establecer un vínculo jurisdiccional personal a través del cual las personas estarán sometidas a la autoridad y a la protección estatal.

La libertad de los Estados para poder determinar qué personas serán reconocidas como sus nacionales es una potestad LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

71

[ Visión global ]

soberana que cada nación definirá de forma exclusiva de conformidad con sus leyes nacionales. Por esta razón, la Corte Permanente de Justicia Internacional, en su opinión consultiva de 1923, “Disputa entre Francia y Reino Unidos por los decretos de nacionalidad promulgados en Túnez y Marruecos”, determinó que la cuestión del otorgamiento de nacionalidad es un tema reservado exclusivamente a la jurisdicción interna del Estado. Sin embargo, también señaló que, aunque es un tema no regulado por el derecho internacional, el ejercicio discrecional del derecho soberano del Estado está limitado por aquellas obligaciones internacionales que dicho Estado le debe a otros entes soberanos.

Este señalamiento se vuelve oportuno porque resalta dos temas: por un lado, el vínculo entre el Estado y la persona que ostenta su nacionalidad, y, por el otro, la sinergia entre derecho internacional y derecho doméstico. En lo que respecta al vínculo que genera el otorgamiento de nacionalidad entre el Estado y la persona tenemos que la Corte Permanente de Justicia Internacional, en su opinión consultiva de 1923, “Adquisición de la nacionalidad polaca”, señaló que el lugar de nacimiento crea un vínculo material entre el Estado y la persona. Décadas después la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 1955, en el caso Nottebohm (Liechtenstein vs. Guatemala) profundizó en el concepto de nacionalidad y señaló que el mismo es un vínculo legal que deriva de una conexión “genuina” o “efectiva” de intereses y sentimientos, así como de derechos y obligaciones recíprocos entre el individuo y el Estado, con el que se logra evidenciar que el individuo se encuentra más conectado con la población del Estado que le confiere la nacionalidad que con la de un tercer Estado.

Este vínculo que se genera entre la persona y el Estado ha sido ejemplificado por otras instancias internacionales como la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, la cual señaló que este vínculo “genuino” o “efectivo” es evidenciado a través de diferentes factores, como residencia habitual, lazos familiares, participación en la vida pública, apego cultural tanto individual como familiar, servicio militar, ejercicio de derechos civiles y políticos, idioma, propiedad sobre bienes inmuebles. En corto, la nacionalidad, desde una perspectiva epistémica, representa una relación específica entre el Estado y el individuo.

Por esta razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 4, sostuvo que “la nacionalidad puede ser considerada como el vínculo jurídico-político que liga a una persona con un Estado determinado por medio del cual se obliga con él con relaciones de lealtad y fidelidad”.

En otras palabras, la nacionalidad evoca una relación que va más allá de un mero reconocimiento administrativo estatal.

Las formas tradicionales de transmisión de nacionalidad son ius soli y ius sanguinis, las cuales —dependiendo de la

72

abogacía Agosto 2021

El derecho a tener una nacionalidad de ninguna manera da carta libre a romper con la esencia del concepto, ya sea reconociendo como nacionales a personas sin un vínculo genuino con el Estado o llegando a los extremos en que algunos Estados la comercializan como mercancía al mejor postor.”

regulación doméstica— se perfeccionan al nacer en el territorio estatal y/o al ser hijo de un nacional de dicho Estado.

La obtención de la nacionalidad en momentos posteriores al nacimiento, por naturalización, se puede producir en varios escenarios: 1) de manera volitiva al ser buscada por la persona; 2) derivada de un acto civil con una persona extranjera, como el matrimonio o la adopción; 3) derivada del estatus del territorio donde se encuentre la persona, como el surgimiento de un nuevo Estado (e.g., Kosovo [2008], Sudán del Sur [2011]) o que dicho territorio sea adjudicado a un tercer Estado (e.g., Crimea [2014]), y 4) en el caso especial del Vaticano, por tener empleo o permiso de residir dentro del mismo.

Derechos humanos y apatridia Se puede afirmar que la concepción de la nacionalidad sigue siendo la misma aun con el transcurso de los años. Sin embargo, es importante reconocer que algunos aspectos de ésta han destacado más que otros dependiendo del periodo histórico en el que nos ubiquemos. Antes del periodo de la descolonización, las potencias imperialistas empleaban como sinónimo de nacional el de súbdito, con lo que ponían énfasis en la subyugación del individuo a la jurisdicción estatal.

Según la definición clásica, se reconoce la nacionalidad como un vínculo genuino o efectivo entre la persona y el Estado, el cual es evidenciado por múltiples factores que demuestran la cercanía entre ambos. Con la dogmática de los derechos humanos, especialmente con el interés de acabar con la apatridia, se reconoce la nacionalidad como una prerrogativa de todas las personas.

De conformidad con el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cualquier persona tiene derecho a una nacionalidad. La motivación detrás de este artículo era erradicar la apatridia que miles de personas tenían después de la Segunda Guerra Mundial, y para tal fin en los borradores iniciales preparados por el Comité Redactor de la Comisión de Derechos Humanos se propuso como componente adicional el que todas las personas tuvieran derecho a la nacionalidad del país en cuyo territorio nacieran, a menos que cuando alcanzaran la mayoría de edad optaran por la nacionalidad a la que su filiación le da derecho a tener.

En ese sentido, se buscaba establecer una regla uniforme de suplencia entre el ius sanguinis y el ius soli, la cual fue rápidamente descartada por varias delegaciones, ya que consideraban que la misma representaba una intrusión a la facultad soberana para determinar las reglas del otorgamiento de nacionalidad. De esta manera, aun cuando la apatridia era el problema por resolver, se llegó a la conclusión de no reconocer la nacionalidad como un derecho inalienable de las personas, ya que, como lo señalaba en ese momento la delegación de Reino Unido, “hay algunas ocasiones donde sería imposible

garantizar dicho derecho”; por ejemplo, cuando una persona es privada de la nacionalidad si se demuestra que la adquirió de forma fraudulenta.

El derecho a tener una nacionalidad de ninguna manera significa que el otorgamiento de ésta se realice sin un apego al sentido originario del concepto o que se realice de una manera contraria a estándares internacionales. Según esta perspectiva, la nacionalidad es reconocida como derecho humano en el sentido de que todas las personas tienen el derecho a poder tener una nacionalidad. En otras palabras, se busca que los Estados asuman su corresponsabilidad en el tema, y, siguiendo la línea de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (de la cual México no es parte), que se “conced[a] o no [se] priv[e] de la nacionalidad [...] si la persona en cuestión pudiera convertirse en apátrida”. Lo anterior significa que, en casos excepcionales, cuando exista riesgo de apatridia, se debe otorgar la nacionalidad, un escenario contrario al hecho de otorgar la nacionalidad al infinito en contravención del significado del concepto, como lo hace actualmente el sistema jurídico mexicano.

Inclusive, para expandir las protecciones a personas apátridas sin caer en el otorgamiento de nacionalidad sin una vinculación real entre el individuo y el Estado, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su comentario final 27, señaló que el derecho humano de todas las personas “a entrar en su propio país” podría expandirse inclusive a aquellas que aún no siendo nacionales del Estado han desarrollado “vínculos especiales o [...] pretensiones en relación con un país determinado, [por lo que] no puede[n] ser considerada[s] como un simple[s] extranjero[s]. Éste sería el caso, por ejemplo, de los nacionales de un país que hubieran sido privados en él de su nacionalidad en violación del derecho internacional y de las personas cuyo país se haya incorporado o transferido a otra entidad nacional cuya nacionalidad se les deniega”.

Ponderaciones finales La presente reforma constitucional ejemplifica claramente cómo la justificante de derechos humanos puede convertirse en parte del problema cuando se emplea de forma simplista, como falacia nominal y como retórica distractora, ya que el derecho a tener una nacionalidad de ninguna manera da carta libre a romper con la esencia del concepto, ya sea reconociendo como nacionales a personas sin un vínculo genuino con el Estado o llegando a los extremos en que algunos Estados la comercializan como mercancía (e.g., visas de oro o venta de pasaportes a inversionistas extranjeros) al mejor postor.

Asimismo, con un cambio tan radical como el presente se debiera de haber tomado en cuenta políticas poblacionales o diplomáticas, las cuales sin duda se verán afectadas por la LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

73

[ Visión global ]

La nacionalidad puede ser considerada como el vínculo jurídico-político que liga a una persona con un Estado determinado por medio del cual se obliga con él con relaciones de lealtad y fidelidad.”

Corte Interamericana de Derechos Humanos

se transmiten mediante lazos muy estrechos con nacionales como son la filiación en primer grado y el matrimonio”.

Ante este escenario, el reconocimiento de nacionalidad sería meramente simbólico y sólo tendría efectos para el Estado mexicano, ya que el resto de los Estados no estaría obligado a reconocer dicha nacionalidad por ser inexistente el vínculo genuino. Nadie se imaginaría que el Estado mexicano se perpetuaría en la hipótesis que advertía el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones en el caso Champion Trading Co. vs. Egipto, al señalar que “uno puede imaginar una situación donde un país continúa aplicando el ius sanguinis a lo largo de muchas generaciones. [Ante tal escenario] podría ser cuestionable si la tercera o cuarta generación nacida en el extranjero, que no tiene vínculos de ningún tipo con el país de sus antepasados, siga siendo considerada que tiene [...] la nacionalidad de dicho Estado”. 7 Conozca más sobre el tema en este video:

reforma constitucional, y no simplemente escudarse en una interpretación errónea de derechos humanos.

En este sentido, aun cuando la prerrogativa del Estado para reconocer a quien desee como su nacional recae en su soberanía nacional, es importante destacar —como lo reconoció la Corte Internacional de Justicia en el caso Nottebohm— que no necesariamente tal actuación conllevaría un reconocimiento automático a nivel internacional. Lo anterior debido a que el otorgamiento tan laxo de la nacionalidad mexicana permitiría escenarios en que literalmente no existiría un vínculo genuino entre el Estado y el individuo. Con palabras de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existiría “la correlación entre el estatus de mexicano de quien detenta la nacionalidad y [...] la realidad ‘cultural’ o ‘sentimiento patriótico’ que se presume se genera cuando las personas nacen o habitan en el territorio nacional o cuando

Víctor Emilio Corzo es doctor en derecho y diplomático de carrera experto en derecho internacional. @VE_Corzo Ernesto Eduardo Corzo es experto en arbitraje internacional, acreditado para ejercer en México y en Estados Unidos.

74

abogacía Agosto 2021

@EE_Corzo

Para leer

LAS SUCESIONES INTERNACIONALES E INTERESTATALES EN MÉXICO: PERSPECTIVA JUDICIAL, NOTARIAL Y CONSULAR En el derecho internacional privado han existido numerosos esfuerzos provenientes tanto de la academia como de la judicatura y del notariado que han buscado dar sentido a la solución de los casos en los que convergen distintas normas jurídicas en función del territorio: los conflictos de leyes en el espacio. No obstante, pareciera existir una asignatura pendiente en lo que respecta a estudios sobre tramitación de sucesiones internacionales e interestatales en México. Jorge Orozco González ha visto correctamente ese nicho de oportunidad y ha sido particularmente lúcido al aportar a la cuestión anterior, en específico, al plantear y perfilar uno de los principales temas que han preocupado a la ciencia jurídica internacionalista desde tiempos, si no remotos, sí bastante lejanos: el impacto de las sucesiones internacionales en México.

Además, dado nuestro peculiar federalismo, Orozco González perfila un derecho conflictual interno en la materia sucesoria.

Así, el autor plantea un análisis cuádruple donde evidencia los fundamentos generales a través de la creación de un marco teórico referencial, tanto nacional como internacional, donde se devela la importancia de diversas distinciones en función de la participación de ciertos agentes en las sucesiones que nos ocupan. Luego destaca la relevancia de la tríada integrada por la judicatura, el notariado y la rama consular, los que son considerados, en definitiva, como aspectos fundamentales, que Orozco González ha sabido poner en perspectiva en su afán explicatorio del tema.

Adicionalmente, el autor nos muestra de manera precisa la competencia que se reparte entre los agentes mencionados a la hora de tramitar las sucesiones en cuestión. Posteriormente, nuestro autor deja de lado el tema competencial y formal y se centra en los aspectos sustantivos y técnicos sucesorios, donde, hilando de manera fina, ha sabido mostrar el estatuto general y las leyes especiales aplicables. Además, distingue con precisión los aspectos trascendentales de las tramitaciones sucesorias: testamentaria, legítima, contractual y mixta, respectivamente. Por último, aborda el impacto extraterritorial de las sentencias en materia sucesoria, tocando temas de suma importancia, como la homologación y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad. En suma, el que nos ocupa es un texto muy novedoso, ya que aborda correctamente un aspecto que ha sido poco explorado en la doctrina mexicana reciente, por lo cual está llamado a ser un referente en la materia.

Julio E. Sancliment Martínez

________ Jorge Orozco González Tirant lo Blanch 2020

76

abogacía Agosto 2021

CIBERTERRORISMO, CIBERDELINCUENCIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL El mundo cambió radicalmente en los últimos años; la tecnología, más que nunca, ahora desempeña un papel fundamental. Las ventajas y las desventajas del ciberespacio han dado lugar a numerosos estudios, pero pocos han abordado el fenómeno de la ciberdelincuencia desde la óptica del derecho penal internacional.

La comisión de delitos ha experimentado una evolución sustancial y la tecnología ha resultado una herramienta verdaderamente útil para la ejecución de hechos delictivos. La falta de una regulación adecuada hace del ciberespacio, como lo enuncia el propio autor, un “Amazonas salvaje” y un “mundo oscuro” donde prolifera la ciberdelincuencia, que se transforma en una de las mayores amenazas de la actualidad.

Este libro pretende esclarecer el panorama y abordar las múltiples aristas que presenta la ciberdelincuencia, especialmente el ciberterrorismo como su máxima expresión. El terrorismo no es un fenómeno reciente, pero sigue siendo un dilema desde su concepción y, especialmente, en su persecución y sanción; combinado con el ciberespacio, esto se ha vuelto todavía más difícil.

Mediante la descripción de casos, tanto en México como en otros países alrededor del mundo, se describen las múltiples problemáticas de los ciberdelitos, sus orígenes, sus consecuencias y sus soluciones.

La obra está dividida en dos grandes apartados. En el primero se detallan —mediante reflexiones históricas, sociológicas y jurídicas— diversas disyuntivas que se presentan en el mundo digital y se explica cómo la ciberdelincuencia ha evolucionado exponencialmente entre los avances tecnológicos y los rezagos jurídicos, convirtiéndose el ciberterrorismo, por su particular naturaleza, en la principal amenaza a la seguridad en el ciberespacio. El segundo apartado analiza los grandes dilemas que presenta la famosa “jurisdicción universal”, la competencia concurrente y, en general, la cooperación internacional y su tratamiento en varios países.

Finalmente, se presenta un apartado de conclusiones en el que se reflexiona sobre la imperiosa necesidad de tratar estos temas, no sólo a nivel local, sino también global, y se concluye que el derecho es un instrumento indispensable para su solución.

Más información: Por lo anterior, la presente obra es una herramienta útil para abogados, contadores, asesores y público en general, ya que todos confluimos en este mundo digital, más que en cualquier otro momento de la historia. ________ Jesús Edmundo Coronado Contreras Bosch México 2021

Buzón jurídico ¿Tiene algún comentario breve sobre nuestro marco legal que desee hacer público en este espacio? ¿Quiere hacer una réplica u observación a los autores de los artículos que se han publicado en esta revista? ¿Desea enviar alguna sugerencia o recomendación a los editores de la publicación?

Este espacio es para usted. Le extendemos una invitación a ponerse en contacto con nosotros al correo:

editor@revistaabogacia.com

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

77

Para leer MEDIACIÓN En los últimos años se ha promovido un movimiento mundial entre la sociedad civil sobre la necesidad de fomentar una cultura de paz en las naciones. Como señala la resolución 52/13 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cultura de paz tiene como base el respeto de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos.

En ese sentido, obras como ésta constituyen un esfuerzo que vale la pena destacar para promover la paz y ayudar a gestionar los conflictos (dimensión inherente a la condición humana) a través de un proceso de mediación, diálogo y comprensión, con el afán de que se logren acuerdos que satisfagan las necesidades de los involucrados de una manera justa para ellos.

Este libro colectivo —en el que participan Lina Guadalupe Aguilar, Lucía Aguilar, Loretta Ortiz, Gonzalo Alarcón, María del Rocío González Alcántara, David Hernández, Jesús Gerardo Agustín Ortega, Óscar Ortiz, Sandra Jannet Pérez, Sofía Victoria Quintal, René Trigo y Elí Rodríguez— expone las ventajas de la mediación como un mecanismo eficaz en la gestión de conflictos, frente a otros medios alternos de solución de controversias.

La parte general se compone de artículos que explican su utilidad, ventajas, fundamentos y logros en la justicia. La parte especial, en cambio, está conformada por diversos estudios sobre la mediación en otros campos del derecho poco abordados en México, como la mediación en materia financiera, en el ámbito deportivo, la mediación comunitaria y la mediación escolar. ______ Porrúa/Escuela Libre de Derecho/Instituto de Investigación y Estudios para la Paz 2021

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO AERONÁUTICO La industria de la aviación representa un factor clave para la civilización actual, motor para la economía y poderoso catalizador del desarrollo económico de cualquier país. Pero el constante crecimiento que esta industria ha tenido en la época actual —de la mano de cuantiosas inversiones relacionadas con la infraestructura aeroportuaria y aeronáutica— no escapa a la volatilidad del mercado y a las cambiantes condiciones económicas, políticas e incluso sanitarias, como ha dejado ver la reciente afectación a este sector por la pandemia de Covid-19.

En este escenario, se vuelve indispensable documentar el cúmulo de disposiciones jurídicas que asisten y protegen los intereses de los usuarios, las empresas de transporte aéreo, el personal aeronáutico y las dependencias e instituciones gubernamentales involucradas en la aviación civil.

El autor, profesor de derecho aeronáutico en la Facultad de Derecho de la UNAM y director jurídico del Aeropuerto Internacional de Toluca —que se ha desempeñado también como abogado en Aeroméxico, gerente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, miembro y asesor de la delegación mexicana ante la Organización Internacional de Aviación Civil y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial, entre otros cargos— ofrece en este texto una sólida base para introducirse en esta materia, mediante la presentación de las fuentes del derecho aeronáutico, la legislación nacional e internacional aplicable, las autoridades aeronáuticas en México y sus competencias, los aspectos involucrados con el espacio aéreo, la aeronave, el personal aeronáutico y los aeropuertos, los contratos aplicables al transporte aéreo, las responsabilidades y los seguros correspondientes, los actos ilícitos relacionados con la actividad aeronáutica y los accidentes de aviación.

En síntesis, se trata de una obra indispensable tanto para los estudiantes y abogados interesados en el derecho aeronáutico como para los funcionarios involucrados en el sector. ______ Héctor Macías Bárcenas 2020

Más información:

78

abogacía Agosto 2021

Fotografía: Instituto Nacional de Antropología e Historia (Mediateca INAH), Archivo Casasola, ca. 1930.

Andrés Serra Rojas (1904-2001))

L

icenciado en derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia (1928), fue un destacado funcionario público, político, catedrático y autor de importantes textos jurídicos y de ciencia política. Recibió, entre otras distinciones, la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República (1990), la Medalla al Mérito Académico por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (1990) y el Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados (1999).

Si deseas compartir una fotografía inédita de alguno de los grandes juristas de México, puedes enviárnosla a editor@revistaabogacia.com para su publicación en la revista o en nuestras redes sociales.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

79

Humor Se le acusa de robo en segundo grado.

80

abogacía Agosto 2021

Alfonso Orvañanos

Falso, yo empecé a robar en sexto de primaria...