Revista "Abogacía", #5, julio de 2021

abogacía LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

Año 1, núm. 5, julio de 2021

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$99.00

Jesús Anlén Alemán

Cómo se imparte la justicia administrativa en la Ciudad de México <La clave de una práctica exitosa en el derecho familiar Ana María Kudisch <Inmuebles vacantes, abusos constantes Jorge Adame Goddard <La “Ley Antilavado” desde una perspectiva notarial

<Congresos atentos a la voz del amo: el caso mexicano

Miguel Alessio Robles

José Manuel Villalpando

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Presentación

emos dejado atrás las elecciones intermedias del 6 de junio, cuyo balance —hemos de reconocerlo y aplaudirlo— ha sido favorable. Por un lado, la ciudadanía dio muestras de interés y participación, no sólo por el porcentaje de electores que ejercieron el voto, sino también por el compromiso con el que los funcionarios de casilla garantizaron este ejercicio y por el clima de respeto que prevaleció tanto por parte de los servidores públicos como de la gran mayoría de los actores políticos. Por otro lado, las instituciones garantes de este proceso también ejercieron a cabalidad su responsabilidad, dando muestras de que nuestra aún joven democracia está en camino de consolidarse para alcanzar su plena madurez.

Precisamente las ediciones de mayo y junio de abogacía abrieron sus páginas a algunos personajes centrales de este proceso electoral, titulares de instituciones fundamentales para consolidar la democracia en México. En su oportunidad, José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), destacó la voluntad política del Estado mexicano para garantizar las elecciones, así como el trabajo conjunto de la Fiscalía General de la República, de la FEDE y del Instituto Nacional Electoral (INE) para establecer una sinergia defensiva de las elecciones. A su vez, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, afirmó que nuestro sistema electoral es envidiable en un contexto mundial de debilidad institucional, pero debe estar acompañado por una institucionalidad política robusta. Y remató señalando que el órgano democrático por excelencia es el Congreso, por lo que hay que cuidar que, efectivamente, refleje las distintas opiniones que legítimamente existen y se expresan en la sociedad.

Al final del día, los resultados de la jornada electoral, específicamente la integración de la Cámara de Diputados, permiten anticipar que aunque la polarización política no ha desaparecido, se abren inmejorables oportunidades para el diálogo, la negociación y el consenso, para que la clase política esté a la altura de lo que la ciudadanía espera de ella, para que se cumpla el objetivo central de la actividad política: garantizar el bienestar común y el desarrollo de nuestra sociedad.

Quienes tenemos el privilegio de ser padres sabemos que un hijo adolescente atraviesa por momentos de incertidumbre y numerosas vicisitudes antes de dejar la minoría de edad y alcanzar la madurez. De la misma forma, nuestra incipiente democracia enfrenta el reto de fructificar, superar los problemas que la aquejan y consolidarse por encima de

los liderazgos personales y de los intereses de los partidos políticos, mediante instituciones sólidas y confiables.

A una de estas instituciones consolidadas —ya no en el plano electoral sino en el de la resolución de controversias administrativas— dedicamos la portada de esta edición: el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que precisamente este mes cumple 50 años de actividades. Su presidente, Jesús Anlén Alemán, nos habla de los programas que ha implementado en el tribunal para dirimir las disputas entre los ciudadanos y el gobierno de la Ciudad de México de forma ágil y transparente, y expone las áreas de oportunidad que aún existen para hacer más eficiente esta labor.

Finalmente, como cada mes, ponemos a disposición de nuestros lectores diversos artículos en los que destacados especialistas reflexionan sobre aspectos de interés para la abogacía y para el público en general: el derecho familiar y su importancia en el contexto de pandemia; la institución de beneficiarios de cuentas bancarias y el conflicto que puede suscitarse cuando dichos beneficiarios son distintos a los establecidos en un testamento; los problemas en materia de derechos humanos que presenta la tecnología de reconocimiento facial, y los retos que enfrenta el sistema de salud mexicano en la era post-Covid, por mencionar sólo algunos.

Confiamos en que estas páginas se conviertan en una referencia valiosa para la reflexión y el debate legal sobre los temas que interesan a la sociedad.

Cordialmente, José Ángel Villalobos Magaña Presidente del Consejo de Administración

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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CONTACTO 55-5616-2111 y 55-5131-5163 info@revistaabogacia.com www.revistaabogacia.com abogacía. La voz y la pluma de los juristas, año 1, núm. 5, julio de 2021, es una publicación mensual editada por Base Legal, S.A. de C.V., con domicilio en Altavista 28, Col. San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2021-050410222700102. Certificado de Licitud de Título y Contenido en trámite.

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Contenido Julio 2021

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Cómo se imparte la justicia administrativa en la Ciudad de México Jesús Anlén Alemán

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REFLEXIONES

Inmuebles vacantes, abusos constantes

DERECHO Y LITERATURA

Los jueces eléctricos: educación literaria en el derecho Mateo Mansilla-Moya

Jorge Adame Goddard

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ACTUALIDAD

Órganos autónomos en México: una perspectiva constitucional

08

Hacia un nuevo Código Civil para la Ciudad de México

09

Otorgan cátedras extraordinarias en la Facultad de Derecho de la UNAM

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REFLEXIONES

¿Quién se queda con el dinero?

Guillermo Carranco Romero

22 REFLEXIONES

La nueva regulación de la publicidad Xavier Ginebra Serrabou

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PERSPECTIVA ECONÓMICA

¿QUÉ DICEN HOY LOS TRIBUNALES?

El futuro de los sistemas impositivos en la era “post-Covid”

Mariana Ruiz Albarrán

Ismael D. Valverde Ambriz

30 REFLEXIONES

Reconocimiento facial. Entre la seguridad y la privacidad Gonzalo Romero Jiménez

34 EL PASADO DEL PRESENTE Congresos atentos a la voz del amo: el caso mexicano José Manuel Villalpando

Denise Tron Zuccher

42 VOCES

La clave de una práctica exitosa en el derecho familiar Ana María Kudisch

50 REFLEXIONES

Efectos de una declaración de procedencia Elisur Arteaga Nava Sergio Charbel Olvera Rangel

54

NUEVOS TALENTOS El mundo post-Covid: los retos del sistema de salud mexicano

Ivanna Patricia Aragón Villaescusa

60 HISTORIA

Elocuencia forense Ángel Gilberto Adame

66 REFLEXIONES

La “Ley Antilavado” en perspectiva notarial Miguel Alessio Robles

74 PARA LEER

Actualidad

Órganos autónomos en México:

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una perspectiva constitucional

entro del ciclo de conferencias “Temas relevantes del derecho constitucional”, organizado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y coordinado por Elisur Arteaga y Jorge Alberto Tapia, el 27 de mayo pasado tuvo lugar la conferencia virtual “Órganos autónomos en México: una perspectiva constitucional”, impartida por José Luis Mancilla Rosales, especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, y maestro en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

La presentación comenzó con la exposición de las diferencias entre diversos modelos de Estado: social o asistencial; de bienestar, que opera bajo los principios de igualdad y justicia; neoliberal, en el que se privilegia la economía de mercado, y regulador, en el que el Estado vigila a los agentes económicos.

A continuación, el ponente señaló el proceso de reestructuración del Estado y su aparato gubernamental y explicó cómo ciertas instituciones que en su origen se encontraban principalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo comenzaron a reconfigurarse para dar paso a órganos constitucionales autónomos, cuyas características esenciales, ya señaladas por la Suprema Corte, son: a) deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) deben mantener relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado; c) deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera, y d) deben cumplir funciones coyunturales del Estado que deben ser atendidas en beneficio de la sociedad.

El expositor señaló, citando a Elisur Arteaga, que estos organismos autónomos no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado, sino que actúan con independencia en sus decisiones y en su estructura orgánica, pues son depositarios de funciones estatales que se busca descentralizar, especializar, agilizar, independizar, controlar o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional, aspecto esencial que se debe destacar, en especial en el marco de la injerencia de que pueden ser sujetos por parte del Legislativo o el Ejecutivo.

A continuación expuso la evolución en México de los órganos constitucionales autónomos en México, explicando las funciones de cada uno de ellos (Banco de México; Instituto Nacional Electoral; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Comisión Federal de Competencia Económica; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y Fiscalía General de la República).

Asimismo, subrayó la necesidad de evitar la centralización del poder y el control de las instituciones del Estado, especialmente por parte del titular del Ejecutivo, y concluyó con un llamado a fortalecer al Estado mexicano y el modelo institucional que permite a estos organismos realizar funciones claramente definidas a nivel constitucional, establecer equilibrios y garantizar derechos fundamentales. 7

Los órganos constitucionales autónomos se ocupan de funciones coyunturales del Estado que requieren ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

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Actualidad Hacia un nuevo Código Civil para la Ciudad de México

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l pasado 21 de mayo la Barra Mexicana, Colegio de Abogados llevó a cabo, en sesión virtual, la presentación de la obra Proyecto de Código Civil para la Ciudad de México, publicada por Porrúa. El evento fue organizado por la Comisión de Derecho Civil de la Barra y coordinado por Ivonne Palacios Flores. Participaron tanto la presidenta del colegio, Claudia de Buen Unna, como destacados civilistas que formaron parte del grupo de trabajo para la redacción del mencionado proyecto, quienes además se desempeñan como catedráticos y profesionales de la abogacía y del notariado: Jorge Alfredo Domínguez Martínez, Raquel Sandra Contreras López, Roberto Garzón Jiménez, Ángel Gilberto Adame López, Héctor Manuel Cárdenas Villarreal y Emilio González de Castilla del Valle.

El proyecto, cuyos trabajos comenzaron en octubre de 2018, tiene como objetivo presentar al foro una propuesta de Código Civil que salve las deficiencias del ordenamiento vigente —publicado el 26 de mayo de 1928—, debidas principalmente a las modificaciones a que ha sido sometido a lo largo de casi 100 años, las cuales no han tenido en cuenta la integralidad del documento, y a que la realidad social ya no corresponde a la época en que se concibió.

En su intervención, la presidenta de la Barra Mexicana celebró este esfuerzo, que atiende las cambiantes circunstancias de la sociedad, y el impulso que se ha dado en los últimos años a la protección de los derechos humanos. Citó algunos ejemplos que ponen de manifiesto el avance que se ha dado en la legislación y mencionó algunas normas que a su juicio aún podrían mejorarse.

Finalmente, agradeció la apertura de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para discutir el proyecto y emprender la revisión del código, labor en la que la Barra está participando.

El proyecto cuenta con siete libros, luego de unas “Disposiciones preliminares”: Personas, Bienes, Obligaciones, Contratos, Familia, Sucesiones y Registros, temas que abordaron en sus intervenciones cada uno de los coautores, haciendo énfasis en algunas de las novedades introducidas.

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El proyecto En cuanto al Libro Primero, se prevén medidas de salvaguarda para las personas sujetas a alguna discapacidad y se reivindica su situación, en busca de un trato paritario; se crea la figura del asistente permanente a efecto de que el mayor de edad que lo requiera haga el nombramiento de alguien que lo oriente y lo aconseje; se reconoce la figura del poder, que se incluye en la parte relativa a la capacidad de ejercicio, como el instrumento por el que se activa la representación voluntaria, y se simplifica el procedimiento de ausencia y de presunción de muerte, entre otras novedades.

En cuanto a los bienes, tema del Libro Segundo, se actualiza la clasificación de los mismos; se establecen expresamente los medios para adquirir una propiedad; se regula el derecho de superficie como derecho real; se concentran en un solo artículo los principios que deben regir la copropiedad cuando no ha sido regulada por los partícipes, y se modifican los artículos correspondientes al régimen de propiedad y condominio conforme a la normativa y realidad actuales.

En relación con el Libro Tercero, que aborda las obligaciones, se deja atrás la supuesta distinción del contrato respecto del convenio; se concretan con más objetividad las distintas clases de contratos; se regula ampliamente el consentimiento por medios electrónicos; se acepta expresamente la naturaleza onerosa o gratuita en la cesión de derechos, y en lo relativo a las consecuencias por el incumplimiento de las obligaciones se indica en forma expresa que la reparación tiene que ser integral e íntegra, al mismo tiempo que se introducen temas vanguardistas en la reparación, como el daño disuasivo, ya considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el daño moral, así como los perjuicios por la pérdida de oportunidad, entre otras novedades.

En relación con los contratos, materia del Libro Cuarto, el proyecto conserva la ordenación del código vigente, pero introduce mejoras en los contratos de promesa, compraventa, arrendamiento y comodato. Asimismo, establece la posibilidad de constituir sociedades civiles unimembres; se elimina la necesidad de que la administración de la sociedad recaiga forzosamente en un socio, permitiendo que esté a cargo de personas extrañas a la sociedad, y se suprime la responsabilidad subsidiaria de los administradores para ser sustituida por un régimen más adecuado.

En el Libro Quinto, acerca de la familia, se atiende el interés superior de los sujetos que la conforman y se busca proteger a todos los miembros que se encuentran en cualquier situación de dependencia o sumisión; se reconoce que la unión del matrimonio

Los autores de la obra suman en conjunto más de 225 años de impartir la cátedra de derecho civil en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Escuela Libre de Derecho y la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia. puede ser entre personas del mismo o diferente sexo; se permite que el matrimonio pueda celebrarse ante juez del Registro Civil o ante notario; se dispone que el inmueble donde se establezca el domicilio conyugal no podrá ser enajenado por el cónyuge propietario sin consentimiento del otro; se regula con detalle la indemnización que en caso de divorcio uno de los cónyuges debe pagar al otro de haber estado casados bajo el régimen de separación de bienes, y en materia de filiación se le da preferencia a las pruebas genéticas y a cualquier otra que el avance de la ciencia médica pueda ofrecer.

En materia de sucesiones, materia del Libro Sexto, se realizaron varias adecuaciones en busca de un catálogo legal más claro y acorde con los cambios sociales. Así, se actualizaron términos y referencias; se hicieron algunas otras precisiones para que fuera más entendible su contenido y se corrigieron disposiciones contradictorias y de difícil aplicación. Para supuestos de extrema urgencia, se incluyó en el proyecto, en el capítulo correspondiente al testamento público abierto, la posibilidad de otorgarlo por vía telemática o por cualquier medio electrónico, y se reincorpora el testamento privado, como última posibilidad en situaciones extremas. Además, se incluyeron disposiciones que abordan temas novedosos como el derecho al olvido.

Finalmente, en el Libro Séptimo se concentran todos los registros con aplicación en el ámbito civil, particularmente el Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad.

Como se advierte, estamos en presencia de un trabajo discutido, pensado, meditado, que no ha dejado lugar a la improvisación y que recupera la valiosa experiencia y los conocimientos de sus autores. 7

Otorgan cátedras extraordinarias en la Facultad de Derecho de la UNAM

Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Dávalos Morales, Fernando Serrano Migallón y Máximo Carvajal Contreras.

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n su sesión de mayo pasado, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México aprobó 36 cátedras extraordinarias como una distinción a la trayectoria académica y a la actividad profesional de aquellos académicos y profesionistas que se han destacado en la ciencia del derecho.

La ceremonia de entrega de esta distinción se realizó el 9 de junio, en el auditorio Ius Semper Loquitur de la Facultad de Derecho, y fue presidida por Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, quien estuvo acompañado de los ex rectores María Leoba Castañeda Rivas, Ruperto Patiño Manfred, Fernando Serrano Migallón, Máximo Carvajal Contreras y José Dávalos Morales.

En su mensaje, Contreras Bustamante destacó la importancia de las cátedras extraordinarias en la historia de la facultad y señaló que el prestigio y la grandeza de ésta se sostiene en la memoria de sus grandes maestros y en el éxito de sus egresados. Asimismo, dijo que con estas cátedras se une a lo mejor del pasado con lo mejor del presente y se contribuye a enseñar a las nuevas generaciones la vida y la obra de los grandes maestros que ha tenido la facultad, quienes se han distinguido en la vida pública y han contribuido a engrandecer el nombre de esta institución, y cuyo nombre es sinónimo de sabiduría, admiración y cariño.

Entre los recipiendarios de las 36 cátedras extraordinarias otorgadas se encuentran Juan Luis González Alcántara Carrancá (cátedra Rafael Rojina Villegas), Elvia Arcelia Quintana Adriano (cátedra César Sepúlveda Gutiérrez), Yasmín Esquivel Mossa (cátedra María Cristina Salmorán de Tamayo), Fernando Serrano Migallón (cátedra Carlos Fuentes), Antonio Lozano Gracia (cátedra Abel Vicencio Tovar), Julio Scherer (cátedra Raúl Cervantes Ahumada) y Paula María García Villegas Sánchez Cordero (cátedra Jorge Sánchez Cordero). 7

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¿quién se queda con el dinero ?

Institución de beneficiarios de cuentas bancarias: una disposición testamentaria fuera de testamento Guillermo Carranco Romero

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A pesar de que una persona disponga en su testamento el fin que tendrá su patrimonio cuando fallezca, el destino del dinero que tenga depositado en sus cuentas bancarias puede ser diferente al que haya previsto en dicho testamento, ya que existen disposiciones legales en materia financiera que determinan cuál será el destino de esos bienes. El autor nos ofrece sus reflexiones sobre un tema que suele pasar inadvertido para mucha gente: la institución de beneficiarios de cuentas bancarias.

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ctualmente no podemos imaginar el desarrollo de una sociedad sin instituciones bancarias que faciliten las múltiples relaciones económicas que se producen en nuestro día a día. El uso del dinero en efectivo cada vez es más restringido, tanto por practicidad financiera como por la regulación legal que busca bancarizar en la mayor medida posible los recursos económicos que perciben las personas. Tratándose de las físicas, lo común es que ocupen buena parte o la totalidad de su vida productiva en generar recursos económicos para adquirir la diversidad de bienes y servicios que satisfagan sus necesidades e intereses, y lo natural es que dichos recursos económicos sean percibidos en dinero, lo cual implicará contar con al menos una cuenta bancaria en la que puedan darle resguardo e incluso obtener rendimientos. Y precisamente considerando este contexto se vuelve necesario hacer diversas reflexiones a propósito del destino que tendrán esos recursos económicos depositados en instituciones bancarias al fallecer su titular.

El testamento público abierto es el instrumento jurídico que nos da nuestro ordenamiento legal para disponer de nuestros bienes y derechos, así como para cumplir o declarar obligaciones para después de nuestra muerte. La disposición de bienes que hace el testador podrá ser de carácter universal, es decir, instituir beneficiarios de la totalidad del patrimonio del otorgante sin individualizar los elementos que lo componen, a quienes se llamará herederos, o bien podrán ser instituciones de carácter particular respecto de bienes o derechos específicos, individualizados, a favor de personas a las que se les denominará legatarios, pudiendo coexistir unos y otros en las disposiciones testamentarias.

Por su naturaleza y su trascendencia, por regla general el testamento debe hacerse ante notario, quien es un perito en derecho, con vocación natural de servicio social y que por disposición legal debe cuidar con pulcritud y exactitud las formalidades reguladas por nuestra legislación civil, toda vez que la ausencia de cualquiera de ellas produce la ineficacia del testamento otorgado. Además, al otorgarse un testamento, su autor cuenta con el asesoramiento especializado del notario para que pueda disponer de la mejor manera posible de su patrimonio, por lo cual, al ser otorgado ante un fedatario, se tiene absoluta certeza de la fecha de su otorgamiento, así como de la capacidad del testador que previamente fue examinada por el fedatario. Por lo tanto, lo natural es que las personas físicas dispongan de sus bienes en ese documento, cuyos efectos se surtirán hasta el fallecimiento del autor. Sin embargo, tratándose de recursos económicos depositados en cuentas bancarias, el destino de éstos puede ser distinto del que su titular haya previsto en el testamento, toda vez que existen disposiciones legales específicas en materia financiera que determinan cuál deberá ser el destino de esos bienes. Con

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lo anterior nos referimos, entre otros ordenamientos legales, a la Ley de Instituciones de Crédito y, en particular, a su artículo 56, que, apartándose por completo de la regulación civil y de los efectos que produce el testamento, dispone que el titular de la cuenta bancaria deberá designar beneficiarios de la misma, indicar las proporciones que les corresponden, así como, en cualquier tiempo, sustituirlos o modificar las proporciones asignadas, para que al producirse el fallecimiento del titular la institución de crédito entregue a esos beneficiarios el dinero depositado. En otras palabras, una ley de carácter federal, en contravención del pacto federal, regula los efectos para después de la muerte respecto de bienes específicos del autor de la sucesión, resguardados en la institución, cuyos beneficiarios, al serlo respecto de bienes en particular y por causa de muerte, tendrán el carácter de legatarios, los cuales habrán sido instituidos fuera de un testamento.

Pues bien, indefectiblemente llegará el momento del fallecimiento de todos y cada uno de los titulares de cuentas bancarias y, con ello, el necesario análisis de lo que sucederá con los recursos económicos depositados en instituciones de crédito.

Lo natural es que todo aquel que otorga su testamento tenga la tranquilidad de haber dispuesto de sus bienes para después de su muerte, por medio de un documento especialmente confeccionado para el efecto; sin embargo, casi la totalidad de las veces, las personas no tienen presente u olvidan que sus recursos económicos depositados en cuentas bancarias tendrán un destino distinto al dispuesto en su testamento, pues el dinero depositado en instituciones de crédito, que sobra decir forma parte del patrimonio del autor de una sucesión, será entregado a los beneficiarios designados a través de un formato bancario, cuyo otorgamiento se realiza ante el personal de la institución de crédito, cuyas obligaciones se restringen a corroborar la identidad del otorgante y resguardar el formato en el que el titular de la cuenta bancaria dispuso de los recursos económicos depositados en la institución de crédito; es decir, se trata de un procedimiento extremadamente simple respecto de su trascendencia, sin más formalidades que las mencionadas, con lo cual resultan diversas circunstancias que vale la pena analizar.

En primer lugar nos referimos a los medios de los cuales disponen los mencionados beneficiarios de las cuentas bancarias para saber que son precisamente ellos los designados para recibir los recursos depositados en ellas, pues tratándose de un testamento, una vez otorgado, el notario está obligado a dar un aviso al Archivo General de Notarías, en un plazo de cinco días hábiles, en el cual indica los elementos de identificación del testador, así como el número de escritura en la que consta su testamento y la fecha de su otorgamiento, para que entonces el mencionado archivo, con dicho aviso, realice un registro de disposiciones testamentarias, del cual

informa al Registro Nacional de Avisos de Testamento para lograr un medio de información y archivo de carácter nacional.

Como resultado de lo anterior, cuando llega el momento del fallecimiento del autor, los interesados en la sucesión pueden denunciarla ante un juez o bien iniciar el trámite sucesorio ante un notario, debiendo uno u otro solicitar a dicho Archivo General de Notarías un informe sobre la existencia o no de disposición testamentaria, para obtener de ese modo certeza acerca de si efectivamente el fallecido otorgó disposición testamentaria ante notario, en qué fecha y por medio de qué número de escritura, con lo que el juez o el notario podrán tener la seguridad de si se trata de una sucesión testamentaria o bien de una suceción legítima, también conocida como intestamentaria. Con lo anterior, podrán sustanciar la sucesión y los interesados obtener el eventual beneficio deseado por el testador dispuesto en su testamento, circunstancias que definitivamente no se cumplen al otorgarse beneficiarios de cuentas bancarias por medio de formatos proporcionados por las propias instituciones de crédito y cuyo otorgamiento no implica obligación de dar aviso a institución alguna por medio de la cual se logre llevar un archivo y un registro de esas disposiciones, como sí sucede con los archivos mencionados anteriormente.

De esa manera, ocurrido el fallecimiento del titular de la cuenta bancaria, sus beneficiarios no podrán tener certeza acerca de a qué institución o instituciones bancarias deben acercarse para hacer efectivo el beneficio instituido a su favor, sino que sólo podrán tener conocimiento e información de que el fallecido los instituyó como beneficiarios de lo depositado en una institución bancaria, porque el autor de la sucesión así se los comunico en vida o porque por su cercanía con el mismo al menos tenían conocimiento de la existencia de la cuenta bancaria. En otras palabras, los beneficiarios de cuentas bancarias están desprovistos de un mecanismo que dé certeza de su institución, como efectivamente se logra en el caso del testamento, y con lo cual es fácil imaginar que muchas personas han dejado de disfrutar el beneficio que fue instituido a su favor, porque simplemente nunca tuvieron información sobre la existencia de una o varias cuentas del difunto, simplemente por la discreción natural que tienen las personas para difundir su información financiera.

A su vez, hay circunstancias jurídicas que tienen lugar con la coexistencia de un testamento, que es un instrumento público, y la de un documento privado, que es el formato bancario de designación de beneficiarios, que sin ser un testamento, contiene disposiciones para después de la muerte, es decir, testamentarias. Con lo anterior nos referimos, en principio, a los diversos acreedores que pueda tener el autor de la sucesión, teniendo, en primer lugar, a los alimentarios, quienes tienen derecho a promover la inoficiocidad del testamento en aquellos

Casi la totalidad de las veces, las personas no tienen presente u olvidan que sus recursos económicos depositados en cuentas bancarias tendrán un destino distinto al dispuesto en su testamento, pues el dinero depositado en instituciones de crédito será entregado a los beneficiarios designados a través de un formato bancario, cuyo otorgamiento se realiza ante el personal de la institución de crédito.”

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casos en que el autor de la sucesión y obligado alimentario no haya dispuesto de los bienes necesarios para su cumplimiento, recurso que, tratándose de una disposición de beneficiarios bancarios, no resulta tan inmediato o fácil de alcanzar, pues para empezar no existe un reconocimiento legal de que dicha disposición de beneficiarios bancarios sea un testamento, a pesar de ser un acto mediante el cual se dispone de bienes destinados a surtir sus efectos a la muerte del titular, por lo cual resultará necesario, con las implicaciones naturales de un litigio, darle convicción al órgano jurisdiccional de ser procedente la inoficiosidad de tal disposición para que, lograda la misma, se destine parte de esos recursos depositados en cuentas bancarias a cumplir con la obligación alimentaria incumplida. Si en el caso de una obligación de orden público, como la mencionada, encontramos dudas y obstáculos para lograr su cumplimiento por el medio indicado, ahora imaginemos el caso de los demás acreedores que hubiera tenido el fallecido, quienes, de igual manera, deberán hacer efectivos sus créditos respecto de recursos de los que ha dispuesto su deudor para después de su propia muerte, por medio de un documento diverso al testamento.

Por otro lado, es necesario referirse a la capacidad del sujeto al formular su testamento. Si bien es cierto que cualquier acto jurídico debe otorgarse en pleno ejercicio de las propias facultades mentales, que permitan discernir y entender las consecuencias y los alcances legales de nuestra manifestación de voluntad, también lo es que, tratándose del testamento, se debe tener especial cuidado, pues, a diferencia de los demás actos privados que no afectan el orden público o a terceros, que son susceptibles de ser ratificados por su autor o causahabiente, con el testamento, por ser un acto personalísimo, no existe esa posibilidad. Entonces, ésta es otra razón del ordenamiento legal para regular que el otorgamiento del testamento se haga ante notario, quien, con toda la diligencia y la experiencia que implica el ejercicio de su oficio, y en un acto especialmente destinado al efecto, examinará la capacidad del otorgante de la disposición de última voluntad, y no sólo eso, sino que le explicará detalladamente los efectos legales de la misma, de manera que el autor pueda tomar las decisiones más oportunas respecto de su patrimonio para después de su fallecimiento. En cambio, en una disposición de recursos económicos depositados en una institución bancaria, para después del fallecimiento del titular, aquéllos se otorgan sin el asesoramiento necesario que implica el acto, ante un funcionario bancario que no tiene ninguna obligación de proporcionar asesoramiento y cuyo examen de capacidad del otorgante, si no es ausente, cuando menos no corresponde a ese funcionario bancario tener los conocimientos y la experiencia para hacer el examen correspondiente. Además de que dicho otorgamiento se hace de manera simultánea entre los

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Lo natural, jurídicamente hablando, sería que si el testamento que otorgó una persona fue posterior al otorgamiento del formato bancario por el cual designó beneficiarios, sea el que prevalezca sobre este último; sin embargo, tal efecto revocatorio no es reconocido por la Ley de Instituciones de Crédito.” trámites y la documentación habituales que implica abrir una cuenta bancaria o modificar las características de la misma.

Asimismo, nos remitimos al efecto revocatorio de las disposiciones testamentarias. Con esto nos referimos a la consecuencia que regulan los diversos códigos civiles de las entidades que integran la República mexicana, donde encontramos que otorgarse un testamento posterior que sea perfecto tiene como consecuencia dejar sin efectos cualquier otro otorgado con anterioridad, salvo que el propio testador en el nuevo testamento expresamente indique que no quedan revocadas ciertas disposiciones del anterior. Teniendo como referencia esa regulación, imaginemos el inicio de la vida económica de una persona, que apenas empieza su experiencia productiva y, en consecuencia, se ve obligada a abrir una cuenta bancaria para administrar y depositar sus ingresos, momento en el cual ha designado como titulares por partes iguales, ante su fallecimiento, a sus padres, pues en esa circunstancia de su vida ellos son quienes mayor cercanía tienen con ella para ser considerados beneficiarios de aquellos recursos depositados en la institución bancaria. Esa persona se ha seguido desarrollando durante años, ha logrado que sus ingresos aumenten y, a su vez, ha constituido una nueva familia con su cónyuge y con sus hijos, de manera que ha decidido otorgar testamento para protegerlos económicamente, llegado el momento de

su fallecimiento. Lo natural, jurídicamente hablando, sería que si el testamento que otorgó la persona mencionada fue posterior al otorgamiento del formato bancario por el cual designó beneficiarios, sea el que prevalezca sobre este último, pues precisamente el testamento es la disposición de última voluntad que otorgó la persona, por la cual decidió lo que tenía que pasar con sus bienes y por lo que debiera entregarse todo lo que su patrimonio conformaba a sus herederos, después de haber pagado las deudas del autor de la herencia. Y por todos los bienes debieran entenderse e incluirse los depositados en la institución bancaria, pues entendemos que la voluntad del fallecido consignada en su testamento era precisamente que su nueva familia, es decir, su esposa y sus hijos, disfrutaran de sus bienes; sin embargo, tal efecto revocatorio no es reconocido por la Ley de Instituciones de Crédito, la cual sólo menciona, como se ha indicado antes, que ante la falta de los beneficiarios designados por medio del formato bancario el importe de lo depositado deberá entregarse de conformidad con la legislación común, es decir, a quien se designó en un testamento o, en su caso, a quien indique la ley que debe heredar, de acuerdo con las reglas de la sucesión legítima. En el mismo caso planteado, puede suceder que en ocasiones las personas disponen, en su propio testamento, la revocación de las designaciones de beneficiarios bancarios y la designación de unos nuevos, lo cual, por ser una disposición para después de la muerte, es la forma legal de hacerlo, cuyos efectos, siendo legalmente válidos, encontrarán sujeta su eficacia de nueva cuenta a un procedimiento bancario y a la reglamentación que tenga cada institución bancaria para entregar los recursos depositados, ya que a veces basta con exhibir el acta de defunción del titular para hacer eficaz la disposición, y en otros casos se requiere el instrumento de aceptación de herencia para revisar que efectivamente no existan cambios de beneficiarios bancarios, por medio de un testamento que así lo haya señalado.

También hacemos referencia a dos situaciones que vuelven vulnerable la disposición de beneficiarios bancarios. Una de

ellas es la inconstitucionalidad que resulta por ser una ley federal, la de instituciones de crédito, la que regula disposiciones para después de la muerte de sus cuentahabientes, contraviniendo el pacto federal en el que la facultad constitucional para regular en materia civil no fue reservada al Estado y por lo tanto carece de la misma para regular en esa materia. Y la otra, la ausencia de las solemnidades legales que deben ser observadas para que una disposición de bienes a la muerte de su titular surta efectos, lo cual se logra exclusivamente por medio de un testamento otorgado ante notario, y no así por medio de un formato convencional otorgado ante un funcionario bancario, por lo que entonces la voluntad del cuentahabiente queda sujeta a eventuales litigios por las razones mencionadas.

Por último, podemos encontrar disposiciones de bienes para después del fallecimiento que se hacen por medio de documentos distintos al testamento —por así regularlos expresamente las leyes, de nueva cuenta de carácter federal, como la Ley de Instituciones de Crédito— en la Ley del Mercado de Valores (artículo 201), en la Ley de Uniones de Crédito (artículo 45), en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (artículo 29), así como en la Ley Agraria (artículo 17), a las cuales aplican las mismas reflexiones expuestas en este artículo.

En conclusión, mientras no tengamos una armonización legal que dé certeza a los procedimientos comentados en párrafos anteriores, lo recomendable es acercarnos a la institución bancaria en la cual depositamos nuestro dinero y actualizar los nombres de los beneficiarios bancarios. Es un trámite que no debe tomar más de media hora; se puede realizar en cualquier sucursal del banco en el que tengamos depositado nuestro dinero, cumpliendo con el único requisito de presentar una identificación oficial y los datos de nuestro contrato (datos que en ese momento podemos obtener del propio banco), con lo cual se logrará dar congruencia y certeza al destino de nuestros bienes para después de nuestra muerte. 7

Guillermo Carranco Romero es profesor de derecho civil en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, abogado en la notaría 79 de la Ciudad de México y aspirante a notario. gcarranco@notaria79.com.mx

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Amando Mastachi Aguario

Cómo se imparte la justicia administrativa en la Ciudad de México Jesús Anlén Alemán 16

abogacía Julio 2021

Voces El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México inició sus funciones el 17 de julio de 1971 (como Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal), con el objetivo de resolver las controversias entre las personas físicas y morales con las au-

toridades de la capital del país. Al cumplirse 50 años de su creación, el magistrado pre-

sidente de esta institución aborda diversos temas que van desde la dinámica que se ha

implementado para seguir operando en tiempos de pandemia hasta el impacto que, en lo personal, ha tenido su formación y su historia familiar en las labores que hoy ejerce.

ntes de hablar del servidor público y del magistrado presidente del tribunal, ¿quién es Jesús Anlén Alemán?

Soy hijo de madre y padre abogados. Mi madre se dedicó al ámbito penal y mi padre al estudio de la teoría general del Estado y a cuestiones constitucionales.

Aunque podría decirse que llevo en la sangre la abogacía, en realidad yo quería estudiar ingeniería en sistemas o matemáticas aplicadas, debido a que cursé dos carreras técnicas: una como programador analista y otra como programador de computadoras. Realmente creo que esa tendencia casi natural fue la que me orilló a decidirme, de último momento, prácticamente al llegar a la caja de la escuela para pagar el trámite de admisión, a optar por el derecho. n Su padre ha sido funcionario durante décadas y entiendo que hoy labora en el Tribunal Superior Agrario. Sin embargo, también tiene una destacada trayectoria como académico y ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué experiencia tiene de él como mentor, tanto en lo relacionado con la función pública como en temas académicos?

En efecto, mi padre, Jesús Anlén López, ha sido maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por más de 50 años. Su trayectoria profesional como funcionario público también es extensa y amplia; hoy día se desempeña como titular del órgano interno de control en el Tribunal Superior Agrario. Lo anterior, sin duda, ha proyectado en mí importantes aspectos, como el cariño a la academia y al estudio y, de manera relevante, el respeto a las instituciones. Estos valores y estos principios fundamentales de ética y compromiso, estoy seguro, me han convertido en un profesional serio y en una persona consciente de mi entorno. n ¿Cuál fue la influencia materna en usted, en concreto, de esa vocación por hacer justicia?

Si de algo estoy seguro es de que mi madre, Regina Alemán Solís, es mi mejor ejemplo. Su impecable trayectoria en el área de procuración de justicia es muy destacable, ya que a

lo largo de la misma fue ascendiendo diversos escalafones; inició su carrera profesional como oficial mecanógrafo, después como ministerio público; más adelante se desempeñó como directora de Amparos y también como directora del Instituto de Formación Profesional, entre otros cargos. Así, por ese apego que tiene por el derecho, ella fue un factor que impulsó mi pasión por el mundo jurídico, mostrándome, en particular, que sólo con esfuerzo y empeño se puede aspirar a crecer profesionalmente. n ¿Cómo logró compaginar sus intereses por la programación y los sistemas con el derecho?

Considero que mi formación y mi interés por los sistemas me han servido muchísimo. Y agradezco haber tenido esa formación. Me ha permitido desarrollarme e implementar diversas estrategias a lo largo de mi trayectoria profesional; ha sido un gran complemento en mi vida.

Por ejemplo, aquí en el tribunal, justamente en el contexto de la pandemia, hemos recurrido a los medios digitales para continuar con nuestras labores y seguir brindando servicios: creamos un chat, abrimos líneas telefónicas, usamos videoconferencias, entre otros, para seguir brindando atención directa.

También creamos un sistema de prerregistro en línea para la recepción de demandas y promociones de manera digital.

Recibimos todos los escritos y todos los documentos en versión electrónica, de modo que al otorgar citas y recibir a la gente ya sólo es necesario firmar los documentos originales, pero los acuerdos, las sentencias, etcétera, ya están elaborados.

Igualmente, hemos implementado un sistema de guardia digital presencial. Al no poder recibir físicamente a la gente, utilizamos medios electrónicos para seguirla atendiendo de forma ininterrumpida. n En su trayectoria destaca su paso por la Procuraduría Fiscal capitalina. ¿Qué enseñanzas le dejó esa etapa?

Fue una etapa decisiva en mi vida. Entrar al mundo del derecho fiscal representó un cambio de gran trascendencia. Llegué a la procuraduría en 1999, como secretario particular, luego fui subprocurador de Legislación y Consulta durante más de nueve LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Voces

años y con el cambio de gobierno pasé al área de fiscalización, como subtesorero de Fiscalización. Justo antes de este último cargo cursé una especialidad en impuestos, con la intención de tener una mejor preparación en la materia.

La gran enseñanza que recibí de esta etapa, para lo que fueron de gran ayuda esos estudios, fue poder hablar el mismo idioma de los contadores y los auditores que tenía a mi cargo —¡más de 5,000!—, ya que los abogados interpretamos las leyes fiscales de una manera distinta.

Por otro lado, como abogado fiscalista significó ocupar una posición privilegiada que me permitió hacer grandes cosas y emprender cambios. Hablábamos hace un momento de las creaciones informáticas. En la procuraduría implementamos el proyecto Cero Papel, con el cual echamos a andar un sistema informático completamente digital.

Realizamos muchas acciones que hoy siguen vigentes y puedo presumir que no tuvimos problemas en materia de constitucionalidad en relación con ningún impuesto, además de que dejamos funcionando eficientemente las arcas de la Ciudad de México. n Hablemos ahora del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Qué hace este órgano?

Nuestro principal objetivo es dirimir controversias entre los ciudadanos y el gobierno de la Ciudad de México (incluidas las alcaldías). Somos un tribunal de legalidad: revisamos los actos que emiten todos los organismos de la administración pública local para determinar si los procedimientos administrativos en ejecución, los procedimientos de verificación, las clausuras, los permisos y otros actos, fueron emitidos conforme a derecho, si los apoyos que entrega la autoridad han sido bien otorgados, etcétera. n ¿Qué grandes momentos destacan en los 50 años de actividades del tribunal?

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal surgió mediante una ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1971 y comenzó sus funciones el 17 de julio de ese año. Fue el primero en su género a nivel de las entidades federativas, por lo que sirvió de base para legislar y crear tribunales en el resto de los estados del país.

Durante sus primeros años sólo tuvo competencia administrativa, pero a finales de 1979 se le otorgó la competencia para conocer de asuntos en materia fiscal local y progresivamente se han ido ampliando sus competencias.

En 1986 se modificó la integración del tribunal. Desde entonces cuenta con una Sala Superior y el juicio dejó de ser de una sola instancia cuando se instauró el recurso de revisión en contra de las resoluciones dictadas por las salas ordinarias.

En 2009 se conservó la competencia, pero se modificó su integración, con una Sala Superior y cinco salas ordinarias; se creó la junta de gobierno con el propósito de que se encargara de

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La nueva concepción en materia de establecimientos mercantiles implica que no hay que esperar a que se cometa una infracción para emitir la sanción correspondiente, sino llevar de la mano al ciudadano y su emprendimiento para que se ajuste a la normatividad sin necesidad de que se produzca una sanción que lo conduciría a un litigio ante este tribunal.”

Voces

las cuestiones de orden administrativo, y se dotó al tribunal con una contraloría interna.

En 2017 el tribunal cambió su denominación a Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En consecuencia, se abrogó la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y se crearon dos leyes nuevas en su lugar: la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Se creó una sección especializada en materia de responsabilidades administrativas en el seno de la Sala Superior.

Asimismo, las salas ordinarias se dividieron en cinco salas jurisdiccionales.

Para los juicios de importancia, se incorporó un capítulo relativo a la facultad de atracción del pleno jurisdiccional y de la sección especializada de la Sala Superior, la cual puede ejercerse a petición del consejero jurídico o del procurador fiscal de la Ciudad de México. En una apretada síntesis éstos son los hitos más relevantes que ha vivido nuestro tribunal. n ¿No le parece que el tribunal es juez y parte? ¿Qué garantía tienen los ciudadanos de que las resoluciones que emite efectivamente velan por sus intereses y no por los del gobierno?

Responderé esta pregunta citando las acciones concretas que estamos realizando en materia de transparencia. En el marco de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que todas las sentencias que emitan los tribunales mexicanos, sin distinción de materia o de ámbito competencial, son públicas y deben ser puestas a disposición de cualquier persona interesada, nosotros ya estamos cumpliendo con esta disposición. Las más de 6,000 sentencias y resoluciones dictadas por este organismo durante la pandemia ya están disponibles en nuestro sistema electrónico; son versiones públicas que la ciudadanía puede revisar en cualquier momento. De modo que precisamente esa publicidad y esa transparencia de nuestras resoluciones es la mejor garantía que puede ofrecerse a la ciudadanía de la imparcialidad de este tribunal. n Con la reforma constitucional de 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, y con la publicación en 2017 de la ley local de justicia administrativa y de la ley orgánica del propio tribunal, éste cambió de nombre. ¿Qué implicaciones tuvo el tránsito a Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México?

En materia anticorrupción, seguimos revisando la ley en materia de responsabilidades y calificamos las faltas graves de los LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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“La gran valía de este tribunal de justicia radica en que no sólo se debate y se decide para resolver conflictos, sino que las ejecutorias contienen un mensaje permanente para la ciudadanía.”

servidores públicos. La ley establece una prescripción de siete años, por lo que resguardaremos la información durante ese tiempo con el objetivo de determinar si un servidor público cometió alguna irregularidad. Pero ahora también calificamos las faltas de los particulares: empresas y personas físicas que cometan un acto de corrupción. n Durante su presidencia, ¿qué programas han sido prioritarios?

Hemos mejorado el acercamiento a la ciudadanía con una plataforma de citas por internet, para facilitar el acceso ordenado a la oficialía de partes y a las áreas del tribunal. Las citas por vía electrónica permiten que cuando nuestros usuarios acuden, los expedientes estén preparados para que se pueda entregar la información que los ciudadanos y los abogados solicitan.

Implementamos un boletín electrónico en nuestra página de internet, donde puede revisarse el listado de todos los juicios. Tenemos un sistema de consulta de jurisprudencias más accesible para que los justiciables y los servidores públicos de este organismo puedan revisar todo lo referente a este tema.

Hemos desarrollado el expediente electrónico, que no es otra cosa sino tener digitalizados todos los documentos, desde el momento en que llega una demanda, de modo que las magistradas y los magistrados pueden realizar las consultas necesarias desde su computadora.

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Instituto de Especialización en Justicia Administrativa El Instituto de Especialización en Justicia Administrativa forma parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Su actividad fundamental consiste en diseñar e implementar acciones y políticas de capacitación y profesionalización para el personal de tribunal y para el público en general. Su actual directora es la ministra en retiro Margarita Beatriz Luna Ramos.

Entre otros programas, imparte los siguientes: • Seminario de argumentación jurídica.

• Maestría en justicia administrativa.

• Maestría en sistema anticorrupción.

• Maestría en derechos humanos.

• Maestría en derecho de amparo.

Voces Finalmente, hemos trabajado de forma conjunta con la Tesorería de la Ciudad de México en el tema de las consignaciones, que hoy en día se pueden hacer en la página de esa institución y en nuestra página, e inclusive se pueden recibir a través de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. n ¿Y cuáles son los temas pendientes?

La justica administrativa hoy tiene grandes retos: desde cuestiones tecnológicas, como el juicio en línea, hasta contar con una normatividad que nos facilite la operación. Sobre este último tema, me permito comentar que durante la pandemia no detuvimos nuestro trabajo; no obstante, al reincorporarnos a las oficinas nos encontramos con el problema de que había más de 2,000 notificaciones pendientes de asuntos resueltos durante la contingencia sanitaria. Como no tenemos una legislación que nos permita hacer notificaciones electrónicas —lo cual es uno de nuestros pendientes—, desarrollamos un sistema de búsqueda que permite identificar las resoluciones, generar una cita, ingresar al tribunal y, en cuestión de minutos, firmar la cédula de notificación. Son tres pasos muy sencillos que nos permitieron que en menos de un mes y medio subsanáramos nuestro rezago. n ¿Ustedes ofrecen algún apoyo jurídico a sectores de la población vulnerables?

Tenemos una Secretaría General de Atención Ciudadana que nos permite acercarnos a la ciudadanía, brindar apoyos jurídicos y atender a las personas que no tienen recursos.

Nosotros promocionamos todo el juicio, desde su demanda hasta la apelación, y también los acompañamos en el proceso.

Cuando me incorporé al tribunal, descubrí que al llegar a la secretaría antes citada lo primero que la gente buscaba era demandar; sin embargo, hoy ofrecemos, en primer lugar, asesoría, para que el ciudadano no se paralice por falta de información o comunicación. Procuramos dar facilidades y mejorar la comunicación con la administración pública para solucionar los problemas en una instancia previa al juicio. Los resultados de la Secretaría General de Atención Ciudadana son muy buenos, por lo cual su labor nos permite establecer una relación muy cercana con la ciudadanía. n ¿Cuáles son algunos de los asuntos más importantes que se están resolviendo en el tribunal?

Todo asunto que llega al tribunal es importante, en virtud de que detrás de cada caso hay una persona que viene a reclamar, por ejemplo, que no tiene agua, lo que en ese momento es el asunto más importante de su vida.

Por otro lado, hay asuntos en los que hemos tenido que implementar los derechos humanos, juzgar con perspectiva de género, resolver cuestiones relacionadas con menores de

Servicio de Auxilio Jurídico Gratuito La Secretaría General de Atención Ciudadana brinda el Servicio de Auxilio Jurídico Gratuito a las personas que consideran víctimas de actos de autoridad ordenados y/o ejecutados por la administración pública de la Ciudad de México.

En una primera etapa el auxilio jurídico constituye una opinión jurídica especializada que se brinda vía remota y/o presencial, misma que debe ser clara y debe abordar la naturaleza y las particularidades del asunto planteado y, en caso de resultar procedente, se turna para su atención en la etapa de defensa.

La segunda etapa comprende la elaboración de demanda y seguimiento de los juicios y los procedimientos hasta su total culminación, en las materias de competencia de este tribunal.

edad... Todos son trascendentales, ya que afectan directamente la esfera jurídica de un ser humano.

Ha habido casos, por ejemplo, relacionados con el cambio de nombre, o con el cambio de sexo de un menor que lo solicita. Y cuando ya se ganó un juicio, a veces el Registro Civil les niega el cambio... Hasta los notarios nos consultan acerca de estos temas que se hallan en una frontera muy delgada entre el derecho civil y el derecho administrativo. Por eso reiteró que cualquier asunto es importante. n En una ciudad tan grande como ésta, ¿cuántos asuntos resuelven anualmente?

Teníamos un promedio de 20,000 asuntos, pero esa cifra ha variado debido a la pandemia, ya que obviamente los actos disminuyeron al paralizarse la actividad de muchos sectores. n Señor presidente, después de todo lo que nos ha explicado, ¿hacia dónde debe transitar la justicia en materia administrativa en la Ciudad de México?

Se ha avanzado mucho en la equidad de género y gracias a la intervención de la jefa de Gobierno, que propuso seis candidatas a ocupar el cargo de magistradas, hoy el tribunal tiene un mayor equilibrio.

También tenemos que seguir avanzando para garantizar la autonomía presupuestaria del tribunal.

Finalmente, como lo comentaba, necesitamos contar con la normativa que nos permita agilizar nuestras operaciones, por ejemplo, en el asunto de las notificaciones electrónicas. 7 LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Xavier Ginebra Serrabou

La nueva regulación de la publicidad:

confundir la gimnasia con la magnesia La Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, publicada el 3 de junio pasado, pretende promover la transparencia en el mercado de la publicidad, así como prevenir y combatir prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas y en perjuicio de anunciantes y consumidores, según se afirma en el decreto que la expide. El autor ofrece una reflexión crítica sobre esta nueva regulación.

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omo señala Zyanya López —a quien seguimos al principio, salvo en los comentarios legales, que son propios—, la nueva regulación de la publicidad aprobada hace unos días unió en su contra a toda la industria. Las compañías afirman que la ley se ha hecho “desde el desconocimiento” del funcionamiento del sector, y aseguran que su aprobación frenará el negocio e incluso le dará “un tiro en el pie a la economía mexicana”. Nosotros añadimos que nos llevará a un sector de las telecomunicaciones como el de Cuba.

A pesar de ello, la iniciativa presentada en noviembre por Ricardo Monreal, senador de Morena, y aprobada el 30 de abril por la Cámara de Diputados con 339 votos a favor, 92 en contra y nueve abstenciones, fue publicada por el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el jueves 3 de junio.

Mientras la iniciativa se discutía en el parlamento del Senado, las asociaciones del sector de la publicidad se unieron para pedir una discusión profunda en un ejercicio de parlamento abierto. Pero no les fue otorgada. Ahora, el gremio, que deberá acatar la regulación, ya está trabajando en una estrategia para definir posturas.

Las agencias no podrán prestar servicios simultáneos a empresas y medios, ni podrán recibir comisiones de estos últimos para la prestación de servicios a las marcas. El mercado está siendo segmentado artificialmente, práctica prohibida por la legislación de competencia.

No se puede tomar la conducta que asumen algunos agentes para considerarla generalizada de todo el sector. Además, la reventa de servicios de por sí no es ilícita. La adquisición por cuenta propia de espacios también supone riesgo para el que la adquiere. Actualmente, el proceso inicia cuando un cliente se acerca a una agencia de publicidad para contratar sus servicios, ésta diseña una estrategia creativa y comercial, y la elabora e implementa. Para este último paso es necesario que compre espacios publicitarios en medios de comunicación para llegar al público objetivo. Del monto que el anuncio paga al medio, la agencia recibe un porcentaje. Éstos son parte de los ingresos que una empresa puede obtener como agente económico que opera el mercado.

De acuerdo con la propuesta de Monreal, las agencias reciben un doble pago por sus servicios, lo cual es una práctica comercial indebida a favor de ciertos grupos y en perjuicio de los anunciantes. Su argumento es que las agencias se han aprovechado de la falta de regulación en la industria para incrementar sus ingresos. Estos dobles servicios son parte del funcionamiento del mercado.

“Las conductas de las agencias publicitarias en México han generado fuertes distorsiones en el mercado, que les han reportado ganancias extraordinarias e injustificadas, con altos costos e ineficiencias para los anunciantes, los medios de comunicación y, finalmente, los consumidores”, detalla el dictamen.

También hay agencias con ingresos muy modestos.

Un problema de los corifeos de la Cuarta Transformación es que se imaginan a todas las empresas por igual ganándose millones, yéndose a esquiar a Estados Unidos en invierno, a nadar a Bora Bora en verano, de casino en casino los fines de semana... Ésta, si acaso, es la forma en que actúa la minoría.

Ser empresario no es sinónimo de plusvalía marxista ni de ganancia al estilo de los Rockefeller.

La referencia del dictamen al ejemplo del “desvío de más de 96 millones de pesos” del Consejo de Promoción Turística en el sexenio de Enrique Peña Nieto, denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el que se encontraron contratos de publicidad gubernamentales celebrados con agencias y en el que se alteraron los precios y se efectuaron cobros dobles, es un acto de corrupción y no debe generalizarse a todo el sector.

Ahora, “el medio deberá enviar la factura por concepto de la venta de los espacios publicitarios directamente al anunciante, aun cuando la agencia realice el pago en su nombre, conforme a la normatividad en materia fiscal aplicable. Las agencias estarán obligadas a informar al anunciante de las relaciones financieras que tienen con el o los medios de comunicación que pretende contratar”, se lee en el proyecto presentado por Monreal. Si la empresa debe realizar un acto conforme a la normatividad fiscal, es inútil repetirla.

De no cumplirlo, se harán acreedores a multas equivalentes a 2 por ciento de sus ingresos. Y las agencias que adquieran espacios publicitarios por cuenta propia tendrán que ser sancionadas con 4 por ciento de sus ingresos. En caso de reincidencias, el cargo será hasta el doble de estos porcentajes. Estas multas pueden ser confiscatorias o desproporcionadas, pues el beneficio nunca podrá alcanzar las ganancias por prácticas anticompetitivas y sacaría a muchas empresas del mercado.

Señalar a la industria de la publicidad de poco transparente y de recurrir a malas prácticas para asegurar sus ganancias muestra “el desconocimiento que los legisladores tienen de la industria y de su funcionamiento”.

“Rechazamos absoluta y profundamente la descalificación del sector; no se puede acusar a una industria que genera tanto valor económico y social al país de tener procesos indebidos”, afirma Sergio López, presidente ejecutivo de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas (AVE), la asociación que agrupa a las agencias y a las consultoras del sector, que emitió un comunicado junto a otras asociaciones para expresar su rechazo. El ejecutivo de la AVE señala que, en todos los sectores, “incluso en el de los legisladores”, hay quien actúa con prácticas indebidas. “Pero sus declaraciones nos descalifican a todas las personas que generamos progreso, innovación y bienestar a la sociedad. Como ecosistema seguimos prácticas de negocio eficientes y somos altamente productivos”, agrega.

El proyecto de Monreal presenta como referencia la situación en diferentes partes del mundo para concluir que en LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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México se cae en las mismas malas prácticas. Casos como el de 2016, cuando varios clientes del holding Dentsu en Europa se quejaron de haber pagado de más a ese proveedor publicitario a cambio de pocos anuncios digitales. El fraude alcanzó el millón de dólares. De la excepción no puede hacerse la regla.

Además, el cobro del espacio suele ser parte del negocio de los servicios de publicidad, sin que tenga nada de malo. Sólo tendría sentido cuando implicara ventas atadas, que no son dañinas ni frecuentes porque es un mercado muy competido y no impide la contratación de otra agencia u otro espacio.

Para Gabriel Richaud, director general de IAB México, organismo que también firmó el comunicado conjunto, el dictamen constituye una gran oportunidad para que los legisladores conozcan la industria. Incluso, asegura que no es mala idea sumar esfuerzos para impulsarla. El problema es que no existe el conocimiento necesario del gremio para emitir una regulación.

“Se trata de trabajar colaborativamente, no de usar ejemplos de otros países como referencia cuando claramente no nos encontramos en las mismas condiciones. Debe haber un balance entre la reglamentación y el incentivo a la innovación y a la libre competencia, que cuando algo se desvíe entonces haya sanciones, pero esta iniciativa no da certidumbre”, refiere el directivo. “Se tiene que hacer un análisis por empresa y entonces proponer algo; no se puede hacer a la ligera”, agrega.

En el comunicado firmado por la AVE, la IAB México, la Asociación Mexicana de Internet MX (AIMX) y el Consejo de Investigación de Medios (CIM), los organismos de la industria señalan cinco consecuencias puntuales que desencadenaría la aprobación de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad. El amparo los llama.

La primera tiene que ver con la afectación a los casi 2,500 medios de comunicaciones (incluidas más de 1,700 emisoras de radio) nacionales que sobreviven con pequeñas inversiones.

La segunda es que habrá un impacto negativo en la economía mexicana, ya que cada peso que se invierte en publicidad genera 17.7 pesos al producto interno bruto (PIB) y 11.37 pesos al consumo privado.

“Es darle un tiro en el pie a la economía mexicana”, asegura Claudio Flores, presidente del consejo directivo de la AVE. En 2019 se invirtieron 94,115 millones de pesos en pauta publicitaria, por lo que la industria se vuelve un factor clave para incentivar el desarrollo del mercado interno y, en consecuencia, generar mayor competencia e inversión.

Señalar a la industria de la publicidad de poco transparente y de recurrir a malas prácticas para asegurar sus ganancias muestra el desconocimiento que los legisladores tienen de dicha industria y de su funcionamiento.”

Uno de los peores errores de la ley es atribuir el conocimiento de los actos sancionables a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). La Cofece vela por la competencia en el mercado, que es muy grande entre las agencias de publicidad, de las que hay de todos los tamaños y para todos los mercados.

No es una ley que vaya a representar mayor eficiencia a los mercados, objeto de la Ley Federal de Competencia Económica; más bien, pone en peligro a muchos operadores del mercado, por lo que éste se volverá más ineficiente. Los cobros por tarifas se cobrarán por otros conceptos. O desaparecerán muchas empresas de la industria publicitaria.

Se trata de un mercado muy dinámico, que la Ley Monreal detendrá. Como dicen los medios, se trata de una ley hecha y aprobada por gente que no conoce el sector. No toca a la parte fuerte de la cadena del valor, que son los medios de comunicación, y no todos poseen la misma fuerza.

Además, invade atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, que es, por ley, el órgano encargado de regular la publicidad engañosa y de proteger a los consumidores. No es una ley hecha para proteger a los consumidores.

En consecuencia, no les queda a las agencias de publicidad más que recurrir al juicio de amparo, pudiéndose interponer a través de alguna de las asociaciones que aglutinan al gremio en defensa del interés legítimo de su libertad de empresa.7

Xavier Ginebra Serrabou es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.

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[ Perspectiva económica ]

Ismael D. Valverde Ambriz

El futuro de los sistemas impositivos en la era “post-Covid” La pandemia de Covid-19 ofrece una oportunidad para que los países en desarrollo reconsideren su política fiscal, contribuyan al esfuerzo de reconstrucción y promuevan la recuperación de la economía. El autor expone las tres palancas que permiten apoyar el replanteamiento de los impuestos en las economías en desarrollo.

A

l final de la Primera Guerra Mundial, Joseph Schumpeter (1918) acuñó el término “trueno de la historia” para describir las raíces históricas de los sistemas fiscales. De hecho, las guerras, las revoluciones y los desastres configuran de forma persistente los sistemas fiscales nacionales. Por ejemplo, las dos guerras mundiales dieron paso a nuevos impuestos, en particular el impuesto sobre la renta, que todavía existe y refleja el estruendo de la historia. Hoy en día, luchar contra el Covid-19 es, en muchos sentidos, análogo a luchar en una guerra. Por lo tanto, vale la pena preguntarse cuál será el legado del Covid-19 para nuestros sistemas fiscales dentro de 10 o 20 años.

La crisis provocada por el Covid-19 constiuye una oportunidad para renovar el “contrato social”. La enfermedad refuerza el papel del Estado como protector contra los riesgos para la salud y sus programas de transferencia social para amparar a la ciudadanía de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. El Covid-19 ha reafirmado, así, la necesidad de un Estado eficaz y, por lo tanto, puede ayudar a mejorar la disposición de la ciudadanía a pagar impuestos.

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Hay una fuerte justificación para la instauración de un impuesto sobre el patrimonio después del Covid-19, como ha ocurrido después de calamidades como las guerras y otras pandemias. Es más, las generaciones mayores, que han sido las más vulnerables a la enfermedad, son más ricas que las generaciones más jóvenes, que han sido las más afectadas económicamente por las medidas de contención, que han actuado en su contra. Eso puede justificar aún más un impuesto sobre el patrimonio. Sin embargo, la implementación y la eficacia de un impuesto de esta índole ha sido cuestionada en Estados Unidos, donde se ha desatado el debate. Para los países en desarrollo que enfrentan desafíos mucho mayores en la administración tributaria, un enfoque más pragmático sería la instauración del impuesto sobre bienes raíces para la propiedad más allá de un cierto umbral. De hecho, con mucha frecuencia los países en desarrollo no gravan las propiedades de manera adecuada, lo que genera fugas y especulación sobre las parcelas de tierra desocupadas, incluso en las áreas del centro de las principales ciudades, con consecuencias de gran alcance para los ciudadanos más pobres.

Con la globalización del mundo actual, algunos aspectos que parecían poco importantes en una economía cerrada se han vuelto fundamentales en una economía abierta y digital. El autor explica cuáles son los aspectos principales que favorecen la apertura comercial de un país y su competitividad a nivel internacional.

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Más allá de un posible impuesto a la propiedad, el Covid19 ofrece una oportunidad para que los países en desarrollo reconsideren su política fiscal con el fin de contribuir a ese esfuerzo de reconstrucción y promover la recuperación. Existen tres palancas para apoyar el replanteamiento necesario de los impuestos en los países en desarrollo en la era post-Covid.

Primera. Los gobiernos deben reforzar la administración tributaria y promover la simplicidad tributaria. Con mucha frecuencia, los economistas se obsesionan con las tasas impositivas mientras pasan por alto cuestiones relacionadas con la implementación, incluidas las relacionadas con la administración tributaria y el cumplimiento. Las debilidades en el área de la administración tributaria, combinadas con códigos tributarios complejos, pueden conducir a fugas importantes que, a su vez, provocan que los gobiernos pierdan recursos para financiar el desarrollo económico que tanto necesitan.

Existe el riesgo de que la era post-Covid conduzca a la proliferación de regímenes fiscales desiguales para promover la recuperación económica. Esta proliferación puede complicar los regímenes fiscales reales. La evaluación y la publicación de los gastos tributarios se convierte en una prioridad para salvaguardar el sistema tributario y mejorar la transparencia fiscal.

Si bien no sería aconsejable aumentar los impuestos en las economías moribundas, las exenciones fiscales corporativas

son un regalo. De hecho, las moratorias fiscales benefician de manera especialmente desproporcionada a las empresas más grandes y rentables cuyos planes de inversión se habrían producido independientemente de las moratorias fiscales. La fiscalidad proporciona información importante sobre el agente económico y las moratorias fiscales privan innecesariamente a las autoridades fiscales de tener acceso a información esencial.

Los créditos fiscales deberían preferirse sistemáticamente a las moratorias fiscales.

Segunda. Una palanca para repensar los impuestos en los países en desarrollo consiste en considerar su uso para la política industrial y fomentar su formalización. Por ejemplo, el uso de incentivos fiscales en China ha permitido desviar a las empresas productoras de materias primas de exportarlas a venderlas a empresas manufactureras. Por lo tanto, estos incentivos fiscales han aumentado el valor agregado de la economía china. Específicamente, ofrecer créditos fiscales sobre insumos (de capital) para promover la transformación de las materias primas y gravar las exportaciones de estas últimas puede ser una poderosa herramienta transformadora para el desarrollo económico.

Los países en desarrollo deben crear nuevas ventajas comparativas a partir de la exportación de productos crudos.

Para hacerlo, es necesario incentivar al sector privado con el LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Perspectiva económica ]

objetivo de innovar e incursionar en sectores de tecnología.

Los grupos de presión de los importadores pueden dificultar e influir en el diseño de políticas, incluidos impuestos y aranceles, alejándose de la promoción de los sistemas productivos nacionales.

El sector informal es un sector en disputa, en el sentido de que está a favor de la entrada de mercancías, pero padece de una productividad y rentabilidad crónicamente bajas. El sector informal no debe ser castigado por ser informal, sino más bien debe ser incentivado para ascender en la escalera de la “sofisticación”. Los impuestos pueden contribuir a suavizar la formalización. Por ejemplo, el diseño del impuesto al valor agregado puede ayudar a fomentar la formalización.

Tercera. Otra palanca para repensar la tributación en los países en desarrollo consiste en mirar más allá de la tributación al abordar el tema de la mejor distribución y de la óptima movilización de los recursos. De hecho, necesitamos hacer que los sistemas financieros funcionen para el desarrollo. Con mucha frecuencia, en los países en desarrollo los sistemas financieros —a saber, los bancos— no cumplen sus funciones básicas, que incluyen la producción de información, la transparencia en la formación de precios y en los sistemas de pago, así como la movilización y la distribución de recursos. Cuando los sistemas financieros funcionan correctamente, los ahorros, tanto nacionales como extranjeros, se asignan a inversiones productivas a través de las funciones bancarias básicas. La asignación óptima se produce mediante una combinación de mejores políticas macroeconómicas y más competencia en el sistema financiero, que incluye a los operadores de tecnología financiera, los cuales están avanzando en los sistemas de pago, incluso en muchos países en desarrollo.

Pero en los países en desarrollo los bancos no logran canalizar adecuadamente el ahorro interno y externo hacia la inversión. Los sistemas financieros deben desarrollarse para incluir todas las funciones bancarias normales y contribuir al desarrollo sostenible. Los países en desarrollo necesitan recursos de manera prioritaria para construir la infraestructura social y económica.

Parte del problema radica en el fuerte enfoque de la regulación financiera en los países en desarrollo en el riesgo, que subraya el cumplimiento de las regulaciones prudenciales

Las debilidades en el área de la administración tributaria, combinadas con códigos tributarios complejos, pueden conducir a fugas importantes que, a su vez, provocan que los gobiernos pierdan recursos para financiar el desarrollo económico que tanto necesitan. para asegurar la estabilidad financiera. Y es que la decisión es la siguiente: a mayor regulación menor riesgo, pero menor estímulo al crecimiento. Sin embargo, si bien la regulación bancaria está orientada a frenar los riesgos excesivos, en muchos países en desarrollo la realidad ha sido una formación de riesgos demasiado pequeña, lo que penaliza y afecta el desarrollo. Debemos alentar a los sistemas financieros para que movilicen miles de millones, si no billones de ahorro para la inversión. Para hacerlo, se debe tener en cuenta el hecho de que los incentivos de los bancos están determinados tanto por la competencia en el sistema financiero como por la postura macroeconómica de un país; por ejemplo, si el tipo de cambio está sobrevaluado. La promoción activa de la movilización de divisas y la regionalización de los sistemas financieros, incluidos el mercado de valores y los mercados de bonos en moneda nacional, son formas de aumentar el peso de los países en desarrollo en las carteras de inversores mundiales.

En general, la clave para una recuperación exitosa de la crisis provocada por el Covid-19 radica en que los gobiernos eliminen todas las formas de fugas de recursos públicos, tanto en el lado del gasto como en el de los ingresos, con el fin de mejorar la movilización de recursos internos. Para hacerlo, deben reafirmar el contrato social y mejorar la administración tributaria y la transparencia, incluso en el sector de los recursos naturales. Los gobiernos también deben mirar más allá de los impuestos para movilizar ahorros en inversiones, muy necesarias para los países en desarrollo. 7

Ismael Dionisio Valverde Ambriz es maestro en economía. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre otros organismos. Es editor de exploring-economics.org y miembro del Financial Stability Working Group del Institute for New Economic Thinking. Asimismo, es articulista de Excélsior. ismael.valverde@comunidad.unam.mx @ivalverdea

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RECONOCIMIENTO FACIAL Entre la seguridad y la privacidad Gonzalo Romero Jiménez

El tratamiento de los datos personales es un fenómeno global y en constante evolución. De ahí que exista una especial preocupación, a nivel internacional, para regular los usos de las nuevas tecnologías con el fin de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Fruto de esta preocupación internacional, el Comité Consultivo de la Convención 108 publicó, a principios de este año, una serie de recomendaciones sobre la regulación del reconocimiento facial dirigido a gobiernos, legisladores y empresas, sobre las que trata este artículo.

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La Convención 108 y la relevancia de sus recomendaciones en el futuro del reconocimiento facial El Convenio 108 es el único instrumento multilateral jurídicamente vinculante de protección de datos de carácter personal, que en la actualidad cuenta con más de 55 Estados signatarios y más de 25 observadores. Sus orígenes se remontan a 1981, cuando los Estados miembros del Consejo de Europa reconocieron la necesidad de abordar la protección de datos desde una perspectiva internacional. La intensa circulación transfronteriza de datos de carácter personal hizo necesaria la suscripción de este convenio con el fin de garantizar, en los territorios de cada parte signataria, el derecho a la vida privada y adaptar su derecho interno para hacer efectivos los principios básicos de la protección de datos enunciados en el mismo. En 2018 se propuso la actualización del convenio para adaptarlo a los retos de la protección de datos en la sociedad digital, denominándose, desde ese momento, Convenio 108+.

Aunque nació en el Viejo Continente, su clara vocación internacional y multilateral quedó confirmada con la adhesión de otros Estados en América, África y Asia. En Iberoamérica podemos destacar que el primer Estado en ratificar el convenio fue la República Oriental de Uruguay, en 2013, seguido de los Estados Unidos Mexicanos, en 2018, y la República Argentina, en 2019.

Por lo tanto, estas recomendaciones del Comité Consultivo ayudarán a los Estados compromisarios a implementar una legislación homogénea, que evite los impactos negativos que el uso de la tecnología de reconocimiento facial puede tener en los derechos y las libertades fundamentales, especialmente en el ámbito de la seguridad y la vigilancia.

La controvertida implantación del uso del reconocimiento facial en Iberoamérica El uso de esta tecnología, en especial en el ámbito de la seguridad, no deja indiferente a nadie y ha causado gran polémica en los tres países iberoamericanos signatarios del Convenio 108+, en los que ya se ha iniciado una batalla desde las distintas asociaciones de la sociedad civil para reivindicar un mayor control por parte de los gobiernos en el uso de estos sistemas. Sobre esto, los principales puntos de fricción en cada Estado son los siguientes: • México. El gobierno de Coahuila ha utilizado tecnología de reconocimiento facial importada desde la República Popular China alegando motivos de vigilancia y seguridad. Ante esto, un grupo de ciudadanos ha solicitado amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de sentar jurisprudencia sobre el uso de estos sistemas, así como para determinar si el uso indiscriminado de esta tecnología puede suponer una lesión al derecho de protección de datos y privacidad.

Una de las cuestiones más controvertidas, según esta noticia, era precisamente la presunta transferencia ilegal de datos,

es decir, el uso de bancos de imágenes de otros organismos oficiales que habían recabado esos datos con otra finalidad, cuestión que, como veremos más adelante, se aborda en las recomendaciones del Comité Consultivo del Convenio 108+.

• Argentina. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) lanzó una iniciativa denominada “Con mi cara no”, con la que se pretende concientizar sobre el riesgo que puede implicar el uso indiscriminado de esta tecnología para los derechos fundamentales, especialmente en el ámbito de la seguridad y la vigilancia del espacio público. Según consta en una entrevista al presidente de la ADC, la modificación de la Ley de Seguridad Pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no recogía una regulación detallada que estableciera las garantías necesarias o las condiciones estrictas para el uso de esta tecnología, que puede llegar a ser muy invasiva.

• Uruguay. Esta tecnología también ha empezado a implantarse aquí. Según se recoge en un post de la Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica, existe preocupación por las nuevas normas que ampararán el uso del reconocimiento facial para la vigilancia automatizada mediante algoritmos.

Así, consideran que se ha concedido una discrecionalidad excesiva al Ministerio del Interior en cuanto a los usos de las bases de datos de identificación facial, ya que no se prevé ningún límite al concepto de “seguridad pública”.

Los puntos que han causado más fricción en estos países son abordados de forma específica por el Comité Consultivo del Convenio, por lo que, si se observan las recomendaciones incluidas en éste, puede inclinarse definitivamente la balanza en la tutela y la protección de los derechos fundamentales en el uso de esta tecnología en la región. De esta manera, quienes reclaman un mayor límite y control al uso de esta tecnología por parte de sus gobiernos deberían tomar en consideración tales recomendaciones emitidas por el Comité Consultivo del Convenio 108+, cuyos aspectos más destacados analizamos.

Recomendaciones del Comité Consultivo del Convenio 108+ El Comité Consultivo comienza sus recomendaciones recordando que en el uso de la tecnología de reconocimiento facial se tratan datos especialmente sensibles (biométricos) y que su uso indiscriminado en sistemas de videovigilancia puede ser muy preocupante, en especial cuando puedan generar cualquier tipo de discriminación.

Por lo tanto, la necesidad de utilizar tecnologías de reconocimiento facial debe ir acompañada de un marco legal garantista y conforme al propósito del uso de esa tecnología y el impacto que tiene en los derechos del sujeto. En este contexto, la recomendación del comité es que en ese marco legal se aborden las siguientes cuestiones: i) una explicación detallada del uso específico y el motivo del tratamiento, ii) el LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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nivel de fiabilidad y precisión del algoritmo utilizado, iii) el tiempo que se retendrán los datos, iv) la posibilidad de auditar el sistema, v) la trazabilidad del proceso y vi) las garantías.

Usos prohibidos y limitaciones en la extracción de datos biométricos de imágenes ya existentes Además de lo anterior, hay que tener en cuenta el nivel de intrusión del reconocimiento facial, puesto que la afectación a los derechos de privacidad y protección de datos varía según la situación en la que se utilice.

Por ejemplo, el uso de las tecnologías basadas en reconocimiento facial que permitan identificar “en directo” en zonas públicas o semipúblicas (como los parques o los centros comerciales) supone una gran intrusión en el derecho a la privacidad y la dignidad de las personas y puede tener un grave impacto en los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que se recomienda que su uso sea regulado tras el procedimiento legislativo de derecho interno que corresponda, según cada Estado miembro, destacando que debería ser sometido a un debate democrático.

Otro de los usos que se recomienda prohibir afecta a aquellas situaciones en que esta tecnología tenga como único fin determinar el color de piel de las personas, sus creencias religiosas, su raza, su sexo, su edad, su condición social, económica o de salud, o aquellos que permitan el “reconocimiento afectivo”, es decir, clasificar las emociones humanas o la salud mental de las personas; todo lo anterior salvo que se establezcan adecuadas garantías legales para evitar cualquier riesgo de discriminación sin descartar que una excepción sería, por ejemplo, su uso en un proyecto de investigación con fines médicos.

Otra recomendación muy relevante tiene como finalidad que la legislación por implementar debe asegurar que las imágenes disponibles en formato digital no se procesen para extraer “modelos biométricos”, o integrarlos en sistemas de reconocimiento facial, sin que se recabe un consentimiento expreso, especialmente cuando esas imágenes disponibles en la red se compartieron para otro uso, por ejemplo las redes sociales, o si fueron obtenidos por cámaras de videovigilancia u otras bases de datos. En definitiva, sólo se debería autorizar la extracción de modelos biométricos de imágenes ya digitalizadas cuando se trate de un interés legítimo, permitido por la ley y, además, cuando sea estrictamente necesario y proporcionado para esos propósitos.

Recomendaciones para el uso del reconocimiento facial por parte de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado Las recomendaciones del Comité Consultivo en esta materia son claras. El procesamiento de datos biométricos mediante el uso de tecnologías de reconocimiento facial con intención de identificar personas deberá limitarse a motivos de orden

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El uso de las tecnologías basadas en reconocimiento facial que permitan identificar ‘en directo’ en zonas públicas o semipúblicas (como los parques o los centros comerciales) supone una gran intrusión en el derecho a la privacidad y la dignidad de las personas y puede tener un grave impacto en los derechos humanos y las libertades fundamentales.”

público o policiales, que son, como hemos visto anteriormente, los que mayor polémica están causando.

Así, señalan que las leyes de los Estados deberán establecer diferentes pruebas o tests de proporcionalidad y necesidad del uso de una tecnología tan intrusiva, dependiendo de si el propósito del tratamiento es identificar a ciudadanos, considerando los potenciales riesgos para los derechos fundamentales, partiendo siempre del requisito previo de que dichas imágenes se hayan recabado de forma legal. Teniendo en cuenta el intrusismo de estas tecnologías, en el despliegue de sistemas de reconocimiento facial en directo en espacios abiertos la ley deberá exigir a las autoridades policiales que demuestren que el uso de esta tecnología está circunscrito a un lapso de tiempo y a una zona en concreto, y justificar que su uso fue proporcional y estrictamente necesario.

Las recomendaciones de la Convención 108+ pueden marcar un antes y un después en la regulación del uso de estas tecnologías en Iberoamérica En este artículo hemos mostrado cómo las recomendaciones del Comité Consultivo abordan precisamente las cuestiones que más fricción han causado en la opinión pública y en la sociedad civil de los distintos Estados; por ejemplo, la preocupación por la transferencia de datos entre distintos organismos en México, un marco regulatorio poco detallado en Argentina, o la falta de límites en el concepto de “seguridad pública” en Uruguay.

Por último, no podemos perder de vista la preocupación común de todos los Estados de que la falta de fiabilidad del sistema pueda provocar una gran cantidad de falsos positivos, o que los sesgos en el diseño de los algoritmos generen una discriminación por razón de raza o sexo, entre otros. 7

Este artículo es una colaboración exclusiva de vLex para la revista abogacía y fue coordinado por Paola Robayo y Viridiana Moreno, Content & Editorial Coordinators para Latinoamérica de vLex. probayo@vlex.com vmoreno@vlex.com

Gonzalo Romero Jiménez es socio del área de Derechos Fundamentales y Sociedad Digital de la firma española Gabeiras & Asociados. Es licenciado en derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en derecho procesal y en la defensa civil de los derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen, y cuenta con un diploma de alta especialización en legaltech y transformación digital de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, con un master executive en práctica jurídica empresarial por el Centro de Estudios Garrigues y con el programa de Executive Education, Startup Lawyers de la IE Business School.

[ El pasado del presente ]

José Manuel Villalpando

Congresos atentos a la voz del amo: el caso mexicano “Las mayorías legislativas sumisas aniquilan la separación y el equilibrio de poderes”, afirma el autor en esta colaboración que recupera nuestro pasado reciente para dejarnos ver por qué es indispensable que el Poder Legislativo sea capaz de contrarrestar el excesivo control y predominio del Poder Ejecutivo y, si es necesario, se oponga a sus designios.

S

i en la teoría político-constitucional los congresos o cámaras legislativas constituyen la mejor garantía del equilibrio de poderes, al contrarrestar la preeminencia del Ejecutivo, en la realidad práctica los gobernantes siempre buscan alcanzar en las legislaturas aquellas mayorías que les permitan desarrollar las políticas públicas que ofrecieron al electorado; esto ocurre en todo el mundo donde la democracia es la forma de vida cotidiana. Como esto no siempre sucede, lo cual también es parte de la normalidad democrática, gobernantes y legisladores negocian, pactan, convencen, discrepan y, finalmente, habiéndose puesto de acuerdo o no, resuelven lo que los legisladores, representantes genuinos del “pueblo”, deciden. Esto, repito, es lo que ocurre en los países donde existen principios democráticos.

Obviamente, el caso mexicano es diferente. No es éste un ejercicio de sociología histórico-jurídica, sino una simple enumeración de ejemplos acerca de cómo hemos padecido el excesivo control y predominio del Poder Ejecutivo sobre el Poder Lgislativo, lo cual indica la vocación autoritaria de quienes han ejercido en nuestra patria la titularidad del Poder Ejecutivo. Veamos, para empezar, un dato simple: en México los congresos aparecieron con la consumación de la Independencia, allá a finales de 1821. En estos casi 200

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años de existencia del Poder Legislativo sólo en poco más de 30 años el Poder Ejecutivo no ha contado con una mayoría sumisa de legisladores. El resto del tiempo, casi 170 años, hemos presenciado el triste espectáculo de las cámaras de senadores y diputados sometidas a los deseos y los caprichos de los gobernantes en turno.

Por eso es importante recordar esa treintena de años de auténtico equilibrio de poderes, cuando los miembros del Poder Legislativo fueron capaces, bien de negociar o bien, si fue necesario, de oponerse y frenar a los titulares de los diversos ejecutivos a quienes se enfrentaron. La primera vez que esto sucedió fue inmediatamente consumada la libertad de la nación: el Congreso, si bien coronó a Agustín de Iturbide como emperador, poco después comenzó a obstaculizar sus proyectos y sus desplantes, por lo cual don Agustín terminaría por disolverlo y encerrar en prisión a los diputados: no soportó que hubiera oposición. Lo mismo hizo Antonio López de Santa Anna en 1842, cuando el Congreso resultó ser mayoritariamente de filiación liberal-moderada e intentó poner límites a la dictadura del presidente; esos diputados y senadores fueron a dar a la cárcel. En estos dos casos el resultado fue idéntico, pues los dos autócratas utilizaron los mismos métodos para deshacerse de sus oponentes.

Ejemplo contrario es, sin duda, la época de la Reforma.

Digno de ser recordado, sobre todo ahora cuando se dice que Benito Juárez es modelo de gobernante. Y sí lo es, por supuesto, y por eso ojalá lo imitaran verdaderamente. Primero, la Constitución de 1857 fue redactada por diputados pertenecientes a los tres partidos de entonces, contrarios entre sí; tuvieron que negociar y ponerse de acuerdo para expedirla. Y luego vendría don Benito, quien a pesar de contar con la mayoría en el Congreso, a pesar de que los diputados eran sus correligionarios, a pesar de que todos pertenecían al mismo partido liberal, le hicieron oposición.

Juárez nunca pudo imponer su voluntad a los diversos congresos con los que tuvo que gobernar. Dos ejemplos rápidos: en 1861 los diputados le negaron en diversas ocasiones las facultades extraordinarias que pedía para enfrentar la intervención francesa y luego, en 1867, también se opusieron a su intento de modificar la Constitución. ¡Juárez jamás pudo reformarla porque el Congreso no se lo permitió!

Cambiemos de siglo, porque sólo hasta 1912 volvió a existir equilibrio de poderes en nuestro México, cuando el presidente Francisco I. Madero se enfrentó a un Senado de la República electo dos años antes, en pleno Porfiriato.

Llegaron al extremo de exigirle la renuncia y, como no la consiguieron, fueron mudos testigos —y beneficiarios— de la Decena Trágica. Después vendría un largo periodo de 85 años de vergonzosa sumisión, durante el cual sólo en tres ocasiones hubo una chispa de dignidad por parte de tres legisladores que aprovechaban los informes de gobierno para mostrar su inconformidad: cuando Aurelio Manrique reclamó a Plutarco Elías Calles, cuando Herminio Ahumada hizo lo propio con Manuel Ávila Camacho y cuando Marco Rascón, con una máscara, protagonizó una humorística protesta contra Ernesto Zedillo.

Afortunadamente, durante 21 años, a partir de 1997, cuando la oposición finalmente obtuvo la mayoría —es obligado recordar que en el Congreso Porfirio Muñoz Ledo le repitió a Zedillo las palabras del Justicia Mayor de Aragón dichas al rey: “Todos juntos valemos más que vos”—, y hasta 2018, los presidentes de México tuvieron que aprender a negociar, pactar, concertar con los diversos congresos. Ni Ernesto Zedillo en la segunda mitad de gobierno, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni tampoco Enrique Peña Nieto, pudieron ejercer el poder omnímodo que antes acostumbraban ejercer nuestros presidentes. Aprendieron a convivir democráticamente con los congresos plurales, consiguiendo reformas constitucionales y leyes federales pactadas con ellos, prefiriendo lo posible a lo perfecto. Dos décadas de auténtico equilibrio de poderes en México. Sí, éste en realidad es un verdadero logro.

Porque en el resto de nuestra historia independiente padecimos exactamente lo contrario. Insisto en señalar que durante

casi 170 años lo que privó en nuestro país fue la autocracia de un gobernante —el que sea, pues la lista es abundante— secundado por la servil conducta de su mayoría afín en el Poder Legislativo. Tan sólo hagamos un repaso rápido de aquellos momentos más representativos en los que diputados y senadores actuaron como siervos del Ejecutivo, atentos a la voz de su amo, dispuestos a legislar lo que les pidiera el dueño de sus conciencias, así fuera un capricho, una veleidad, una infamia o una injusticia.

Empecemos en el lejano siglo XIX, cuando la mayoría yorkina primero decretó en venganza la ejecución de Agustín de Iturbide al declararlo traidor a la patria; por supuesto, lo fusilaron. Luego, los mismos yorkinos anularon el resultado de la elección presidencial de 1828, declarando triunfador al perdedor, Vicente Guerrero. Naturalmente, en nuestro México las filiaciones partidistas son tan cambiantes y volubles que los mismos diputados y senadores, ¡los mismos exactamente!, dos años después depusieron a Guerrero y lo declararon incapaz de gobernar: es que ya habían cambiado de amo y por lo tanto cambiaron de partido, faltaba más. En 1833, cuando llegó a la presidencia Antonio López de Santa Anna, los legisladores tenían como norma aprobar todas sus iniciativas, aunque fuesen para legalizar la dictadura, como la famosa Ley del Caso, que desterraba del país a una cincuentena de ciudadanos enlistados en el propio texto y a todos aquellos “que estuvieren en el mismo caso”, sin explicar jamás en qué consistía éste. Si Santa Anna quería cambiar de Constitución, dos veces se lo concedieron, en 1836 y en 1843; si deseaba imponer impuestos a las ventanas, a las ruedas de los vehículos y hasta a las “nodrizas”, pues faltaba más: eran los deseos de Su Alteza Serenísima.

Don Porfirio perfeccionó el sistema y durante su largo periodo en el poder pudo reformar a su antojo la Constitución, permitiendo, en principio, sus múltiples reelecciones, LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ El pasado del presente ]

Ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni tampoco Enrique Peña Nieto, pudieron ejercer el poder omnímodo que antes acostumbraban ejercer nuestros presidentes.

Aprendieron a convivir democráticamente con los congresos plurales, consiguiendo reformas constitucionales y leyes federales pactadas con ellos, prefiriendo lo posible a lo perfecto.” gracias a que ejerció a cabalidad el “derecho” de ser él quien en la práctica designaba a los diputados y a los senadores, los cuales, debiéndole el puesto al presidente, jamás se atrevieron a desacatar sus mandatos. Y ya lo explicaba con claridad meridiana don Daniel Cosío Villegas: la Revolución mexicana aprendió las mañas de don Porfirio; de hecho, el sistema político mexicano era un porfirismo colectivo.

El primero que utilizó este cómodo y eficaz método para controlar al Congreso fue don Venustiano Carranza: al convocar al Congreso Constituyente exigió que los diputados no hubiesen sido enemigos del constitucionalismo —es decir, ni porfiristas, ni villistas, ni zapatistas— y que hubiesen dado muestras positivas de adhesión a la causa que él abanderaba.

A partir de allí todo fue muy sencillo para los presidentes emanados de la Revolución: las curules y los escaños los ocuparían los devotos fieles, los que siempre le garantizarían al titular del Poder Ejecutivo la aprobación de sus iniciativas, cualesquiera que éstas fueran. No se explica de otra forma la facilidad, por ejemplo, que tuvieron esos mandatarios para reformar a su gusto la Constitución hasta 1997.

Naturalmente, esta calidad de ser siervos, de la que incluso hacían gala y ostentación los legisladores, no impidió que en varias ocasiones hicieran el ridículo, pues al cumplir los caprichos de los presidentes quedaron expuestos a las contradicciones del tiempo. Tres casos son notorios: en 1927, atendiendo a la voz de su amo, el Congreso permitió la reelección del general Álvaro Obregón; en 1933 mejor echaron para atrás la posibilidad y se atuvieron al apotegma maderista de la “no reelección”. Luego, en 1934, en pleno entusiasmo sovietizante del Jefe Máximo de la Revolución, declararon la educación socialista en México; en 1946 derogaron esa ocurrencia, aliados como éramos ya de Estados Unidos. Por último —en este breve recuento, no en la historia— en 1982 el Congreso reformó la Constitución para legalizar la nacionalización bancaria del presidente José López Portillo; años después, por indicaciones de Carlos Salinas de Gortari, mejor la privatizaron de nuevo.

Si es cierto que la historia es maestra de la vida, si es verdad que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, aquí está una lección del pasado que aplica al presente: las mayorías legislativas sumisas aniquilan la separación y el equilibrio de poderes. 7

José Manuel Villalpando es abogado por la Escuela Libre de Derecho y titular de la materia de historia del derecho en México en esa institución. Su actividad se ha centrado en la divulgación de la historia mexicana. Es autor de 44 libros y de centenares de ensayos y artículos en esa especialidad.

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P D e A

Peréz de hacha Ibarra de rueda

¿Qué dicen hoy los tribunales?

Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán

La undécima época del Semanario Judicial de la Federación dio inicio el pasado 1º de mayo, me-

diante acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a la reforma

constitucional al Poder Judicial de la Federación. Así da comienzo un nuevo sistema para la conformación de criterios y jurisprudencias, con un nuevo formato para la elaboración de las tesis, en las

que deberán señalarse los hechos del caso, el criterio jurídico y su justificación. A continuación pre-

sentamos los criterios comentados en las entregas 19 a 22 del blog “¿Qué dicen hoy los tribuna-

les?”, que incluyen las últimas tesis de la décima época y los primeros criterios de la undécima. En

estos criterios se aborda el derecho al estado de lactancia, la suplencia de la queja en materia mer-

cantil, el IVA en periodos preoperativos, la devolución de saldo a favor en materia fiscal, la figura de separación de autos en juicio de amparo, la evolución del principio de inmediación en materia

penal y el valor probatorio de pruebas documentales en juicio en línea, entre otros temas.

n Despido injustificado de trabajadora de confianza

Una trabajadora de confianza de la administración pública acudió a juicio alegando despido injustificado durante el periodo de lactancia. El empleador argumentó que la trabajadora había renunciado y presentó en juicio el escrito respectivo. Al analizar el asunto, el Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) concluyó que las trabajadoras en periodo de lactancia tienen estabilidad laboral reforzada debido a que su despido las dejaría en estado de vulnerabilidad, resintiendo una afectación económica por la ausencia del empleo, la carencia de seguridad social y la falta de acceso a guarderías en su perjuicio y del recién nacido.

Registros: 2023122 y 2023107.

Por esta razón, no resultaba creíble que la trabajadora hubiese renunciado por voluntad propia, por lo que se resolvió que la carta de renuncia ofrecida por el patrón no era prueba idónea.

Registros: 2023123 y 2023124.

El TCC sostuvo que el derecho humano al estado de lactancia deriva del derecho a la maternidad, tutelado en el segundo párrafo del artículo 4º de la Constitución federal, y tiene como

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abogacía Julio 2021

base el respeto a la libre autodeterminación de la persona.

Registro: 2023105. n Delitos contra menores de edad y cuantificación del daño

La Primera Sala de la SCJN se pronunció respecto de un juicio penal en el que se determinó que varios menores de edad habían sido víctimas de delitos sexuales cometidos por los trabajadores de un jardín de niños perteneciente al sector público. En el dictado de la sentencia se resolvió que no existían elementos suficientes para cuantificar el daño y, por lo tanto, el análisis sobre la reparación del daño de las víctimas se llevaría a cabo hasta la etapa de ejecución de sentencia. En jurisprudencia de la Primera Sala se resolvió que aplazar la cuantificación del daño puede configurar una forma de victimización secundaria, sobre todo si las víctimas son menores de edad. Registro: 2023085.

La Primera Sala estableció siete lineamientos que deben considerar los juzgadores para determinar si es posible o no aplazar la cuantificación del daño, bajo las exigencias derivadas del interés superior del menor. Sostuvo que se debe: descartar la

expectativa de una cifra exacta; precisar las razones por las que se considera que las pruebas ya aportadas no son suficientes, y evaluar si pueden utilizarse criterios de equidad o razonabilidad para subsanar la falta de pruebas, entre otros aspectos. Registro: 2023086. n Suplencia de la queja para personas con discapacidad

Un TCC sostuvo que a pesar de que se trate de un juicio ordinario mercantil, sí procede la suplencia de la deficiencia de la queja cuando se trate de personas con discapacidad. Esto para el efecto de que el juzgador ordene de oficio recabar las pruebas necesarias para arribar a la verdad histórica de los hechos. El artículo 2º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que deben realizarse “ajustes razonables”, lo cual se refiere a las adaptaciones adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce de todos los derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás. Registro: 2023159. n Carga de la prueba en transferencias electrónicas ban-

carias no reconocidas por el cuentahabiente En este caso un cuentahabiente reclamó en un juicio mercantil la nulidad de una transferencia electrónica bancaria argumentando que no había dado su autorización al banco para efectuarla. Al respecto, los TCC sostuvieron criterios distintos respecto de quién tenía la carga de la prueba de la fiabilidad de la plataforma digital. La Primera Sala de la SCJN determinó que la institución bancaria debía demostrar la fiabilidad de la banca electrónica y sólo si esto quedaba acreditado entonces se revertía la carga de la prueba al cuentahabiente. Registro: 2023157. n Negativa de devolución cuando el patrón no enteró

impuestos retenidos En tesis aislada, un TCC resolvió que la autoridad hacendaria no puede negar la devolución de un saldo a favor solicitado por un trabajador, con el argumento de que el patrón no cumplió con su obligación de declarar y enterar las contribuciones retenidas. En materia fiscal sólo proceden las restricciones expresamente reguladas, por lo que condicionar la devolución de saldos a favor transgrede el derecho de legalidad tributaria y seguridad jurídica. Registro: 2023106. n Agravantes de homicidio por razones de género

Siguiendo el criterio de la Primera Sala de la SCJN, un TCC determinó que el artículo 245 del Código Penal del Estado de México transgrede los principios de igualdad y no discriminación porque señala como calificativa del delito de homicidio el hecho de que la víctima sea mujer, sin considerar cuál fue la motivación. Registro: 2023074.

En el caso referido, la Primera Sala había sostenido que para determinar si el homicidio de una mujer fue cometido por razón de género no basta con identificar el sexo de la víctima, sino que se requiere conocer la motivación y el contexto del crimen; de lo contrario, se transgreden los principios de igualdad y no discriminación. Registro: 2012108. n El IVA en periodos preoperativos

En 2017 se modificó la Ley del Impuesto al Valor Agregado para regular el momento en que los contribuyentes podían acreditar el IVA derivado de las inversiones y los gastos realizados en periodos preoperativos (artículo 5º, fracción VI). Los contribuyentes pueden optar por recuperar el IVA vía acreditamiento o solicitar su devolución. Un TCC resolvió que el beneficio que se brinda a los contribuyentes en el periodo preoperativo no viola el principio de equidad tributaria, respecto de los contribuyentes que ya se encuentran operando sus negocios. Lo anterior, porque el beneficio fiscal es una medida de apoyo a las nuevas empresas que iniciarán actividades. Registro: 2023169.

El mismo TCC estableció que el periodo preoperativo finaliza cuando el contribuyente inicia las actividades indicadas en el artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, esto es, la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. No es posible considerar que el periodo preoperativo finaliza hasta que el contribuyente reciba la contraprestación por estas actividades. Registro: 2023168. n Audiencias mediante videoconferencia y principio de

inmediación en materia penal Un TCC abandonó el criterio que sostuvo en una tesis propia que establecía que el principio de inmediación en el proceso penal acusatorio y oral exigía la presencia física del juzgador en las audiencias, sin la posibilidad de que participara en ellas mediante una videoconferencia. En el LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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¿Qué dicen hoy los tribunales?

nuevo criterio consideró que la videoconferencia no interfiere entre la información ofrecida por las partes y la recibida por el juzgador. De esta forma se permite al juzgador dirigir el debate y observar su desarrollo, por lo que se determinó que de forma excepcional se pueden efectuar las audiencias mediante videoconferencias mientras sean en tiempo real y el juzgador presencie los argumentos de las partes de forma personal y directa. Registro: 2023083. n Valor probatorio: pruebas documentales en el juicio

en línea En tesis aislada, un TCC determinó que las documentales públicas que se ingresen al expediente electrónico tendrán valor probatorio siempre que se anexen al escrito de presentación de forma completa, sin alteraciones y con la protesta de decir verdad que el documento digitalizado es copia íntegra e inalterada del documento impreso. En caso de que una prueba documental se inserte como imagen dentro de la demanda y no como anexo, no se le concederá pleno valor probatorio.

Registro: 2023071. n Régimen de convivencia a distancia en el contexto del

Covid-19 En el contexto de la pandemia causada por el Covid-19 se solicitó modificar el régimen de convivencia presencial entre un menor de edad y uno de sus padres, para que el mismo se realizara a distancia por medios electrónicos. La Primera Sala de la SCJN determinó que sí es posible establecer que la convivencia se desarrolle a distancia, como medida general de protección reforzada de la vida y la salud del menor de edad por el riesgo de contagio y enfermedad. La SCJN subrayó que el juez deberá analizar en cada caso si esta modificación en la convivencia es la medida más protectora que pudiera recibir

el menor y si, en su caso, podría resolverse algo distinto.

Registro: 2023156. n Separación de juicios en amparo

Cuando en una misma demanda de amparo se reclaman actos desvinculados entre sí, el juez puede decretar la separación de juicios. En el supuesto de alguna controversia sobre la separación de autos, deberá remitirse el expediente a un TCC para que resuelva sobre la procedencia o no de la separación. El Pleno de la SCJN reconoció que, a pesar de que la figura de la separación de autos no está prevista en la Ley de Amparo, su aplicación se ha aceptado vía jurisprudencial, bajo las reglas de la acumulación. Registro: 2023212. n Responsabilidad patrimonial de la

CFE por daños a particulares Diversas personas sufrieron daños por descargas eléctricas provenientes de cables de conducción de energía eléctrica, por lo cual interpusieron juicios en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el fin de recibir una indemnización por los daños sufridos, algunos en la vía civil y otros en la administrativa. El Pleno de la SCJN analizó la contradicción de criterios que se presentó entre las salas y resolvió en jurisprudencia que las actividades que realiza la CFE son actos materialmente administrativos y, por lo tanto, el planeamiento debe hacerse a partir de la responsabilidad patrimonial del Estado, en la vía administrativa. Registro: 2023197. 7

Los registros referidos en este artículo pueden consultarse en el buscador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente enlace:

Denise Tron Zuccher es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, asociada de PDeA Abogados y colaboradora de la organización Justicia Justa.

Mariana Ruiz Albarrán es egresada de la licenciatura de derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y colaboradora de PDeA Abogados y de la organización Justicia Justa.

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Instituto Federal de Defensoría Pública El Instituto Federal de Defensoría Pública se fortalece para brindar a la gente el acceso a abogadas y abogados de calidad, con la finalidad de:

Igualar la cancha para la gente que no tiene recursos tenga un defensa de calidad.

Consolidar un perfil de abogadas y abogados públicos con vocación de servicio y cercanía.

Llegar a todos los rincones del país, con abogadas y abogados de oficio para que la gente más olvidada, pobre, humilde y discriminada del país pueda tener una defensa gratuita de calidad. www.ifdp.cjf.gob.mx Defensatel 800 22 42 426 @defensoriafdpa

Defensoría Pública

defensoría.ifdp

Andrea Villalpando y Lizbeth Álvarez

La clave de una práctica exitosa en el derecho familiar Ana María Kudisch 42

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Voces

Los estudiantes preguntan

Violencia familiar en la pandemia, régimen de visitas, leyes pendientes en temas de

familia... De todo esto nos habla Ana Kudisch, reconocida abogada en materia fami-

liar. Pero no sólo aborda los temas concretos de su especialidad; también nos acerca a su historia, a los años en que comenzó a abrirse paso en un mundo laboral dominado

por los hombres y a los malabares que tuvo que hacer para sacar adelante su vida profesional, familiar y personal. Finalmente, ofrece diversas recomendaciones a los jóvenes estudiantes de derecho para que puedan tener una trayectoria exitosa.

ndrea Villalpando: Estamos muy contentas de contar con la presencia de una de las abogadas más influyentes de México, e inspiración de quienes estamos interesadas en el derecho familiar. En primer lugar, quisiéramos saber un poco de usted. ¿Por qué decidió estudiar derecho y, en concreto, dedicarse a la rama familiar? ¿Le hubiera gustado estudiar otra carrera?

Estudié derecho en la Universidad Anáhuac del Norte porque estaba muy cerca de mi casa. Ahí conocí a José Antonio García Alcocer, mi profesor de la materia de obligaciones, con quien empecé a trabajar, y que, por cierto, tenía fama de “macho” y de que no contrataba a mujeres. Recuerden que yo empecé mi carrera en 1978 y en esa época era un privilegio formar parte de un mundo jurídico dominado por varones. En mi generación fuimos 75 hombres y 13 mujeres, de las cuales sólo siete trabajamos. Para la generación de ustedes es lógico y normal que las mujeres trabajen desde temprana edad, pero en mi época no era así.

Yo era la única mujer de un despacho dominado por hombres, y los asuntos de familia les daban flojera a ellos.

A diferencia de otras áreas en las que en unos minutos revisas un contrato, su validez, sus cláusulas, las penas convencionales o las estrategias del juicio, en materia familiar dedicas dos horas a escuchar la historia de una persona, qué le pasó, por qué la golpearon... Eso a los varones les da flojera ¿Y quién estaba ahí para escuchar a los que tenían problemas de familia? Pues yo. Así que poco a poco me fui haciendo cargo de todos los asuntos de familia en el despacho. Además, ¿quién le iba a asignar a una mujer el cobro de un pagaré de dos millones de dólares? Sólo un varón tenía la capacidad de llevarlo, sólo los hombres tenían la fortaleza de atender asuntos de tanta cuantía. En cambio, una patria potestad, un régimen de visitas, una pensión alimenticia, ¿cómo los cuantificas? Lo que gana la gente en un asunto familiar y sus necesidades no tienen un valor económico... De modo que ahí estaba yo para atenderlo.

De esa experiencia tengo la mayor gratitud, porque durante 14 años tuve al mejor jefe, a los mejores compañeros de trabajo y el mejor ejercicio profesional posible. n Andrea Villalpando: ¿Por qué dejó el despacho?

Como buena mujer de mi época, el litigio y tener hijos no se llevan de la mano. Cuando fui mamá no había guarderías y no tenía quién cuidara a mis hijos. Y mi mamá, que era la que me ayudaba, también renunció a hacerlo un día que mi hija tiró su árbol de Navidad y mi bebé lloró todo el día. Así que tuve que renunciar a ese magnífico despacho y me dediqué a ser mamá de tiempo completo durante cinco años. Un día, cuando mi hijo entró al kínder y se fue sin despedirse de mí, decidí que era momento de regresar. Y luego de divorciarme del papá de mis hijos, a los 45 años, decidí estudiar la maestría en derecho familiar, para consolidar mi preparación. Ésa es la historia acerca de por qué me dedico al derecho de familia. n Andrea Villalpando: Es una gran historia que en lo personal me despierta gran admiración. Y, precisamente, el derecho familiar sigue siendo un área muy sensible en la que, por desgracia, no hay muchos especialistas...

Lo que pasa es que hay muchos abogados que consideran que ayudar a algún amigo, tío o primo en su juicio familiar es como una parte adicional de lo que pueden hacer en su ejercicio profesional. Pocos quieren hacer de su ejercicio profesional el derecho de familia porque, efectivamente, no hay una cuantía. ¿Cómo tasas tus honorarios? Y te puedes convertir en un abogado muy caro o en uno tan barato que no se aprecie el descomunal trabajo que implica esta rama del derecho. Un juicio sucesorio puede durar diez años o más, y un divorcio puede durar entre uno y cinco años. No son juicios fáciles porque se mezclan muchas emociones de los involucrados.

Al principio de la entrevista me preguntaron si me hubiera gustado estudiar otra carrera. Hoy te diría que psicología, para apoyar a mis clientes en temas emocionales y ayudarlos a que LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Kudisch Abogados, S.C., es una firma con más de 30 años de experiencia en el litigio de las diversas materias de derecho civil, familiar y mediación. Uno de sus principios básicos es cuidar que en los asuntos de los adultos no se involucre destructivamente a los niños

no pierdan sus objetivos. Es necesario que tengan claro qué quieren hacer: ¿divorciarse?, ¿quitarle el dinero al marido?, ¿vengarse de él porque anda con otra? Las personas tienen que hacer un trabajo interno de asumir la culpa que puedan tener si su relación no funciona. Porque cuando no se asume esa responsabilidad, entonces las partes consideran que no tienen que pagar o dar nada.

Siempre procuro recomendar a mis clientes apoyos emocionales, porque finalmente es su familia, su historia de vida, su proyecto, y yo sólo voy a ayudar a ese cliente a transitar por la pérdida de su proyecto de vida y a iniciar un nuevo capítulo de una forma más saludable. n Lizbeth Álvarez: Su firma ya tiene 18 años y es una de las más reconocidas en la materia. Quisiera preguntarle cuál es la clave o la técnica para destacar profesionalmente entre tantos abogados.

No soy, como dicen, “la última coca en el desierto”. Hago mi trabajo y mi buena suerte es que otros no lo hacen. Destaco

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porque en lugar de estar socializando o en comidas, me dedico a trabajar en mis cinco sentidos. Estoy al pendiente de mis clientes y de sus expedientes, estudiando y reinventándome todos los días, al pendiente de las nuevas reformas y de las novedades en materia de familia.

Trabajo desde muy temprano. Abro y cierro la puerta del despacho y estoy al pie del cañón para mis clientes y para la gente que trabaja conmigo. Y si no tuviera al grupo de abogadas que tengo, no sería nadie. Sandra Pérez, Yoselín Cortés y Cristina Bernabé son los brazos que necesito para poder dar el servicio que doy. Están entrenadas por mí y tienen muchos años trabajando conmigo.

Formar un equipo de trabajo con personas comprometidas con el derecho de familia nos permite dar un servicio de excelencia y hace que el despacho sea próspero y tenga prestigio.

Nuestro prestigio es nuestro trabajo; es la mejor tarjeta de presentación. De nada sirve salir en una revista —lo cual, sin embargo, agradezco mucho— o hacer muchas relaciones públicas; lo importante es quedar bien con los clientes, que

Voces

son quienes nos recomiendan si los atendemos bien y nos desprestigian si quedamos mal con ellos. n Andrea Villalpando: Es muy importante hacer un buen trabajo y a veces no tanto por las partes, porque, como se dice, quienes se divorciaron ya tomaron sus decisiones, sino por los que sufren las consecuencias: los hijos, que son quienes menos la deben y más la pagan. Y el abogado también ayuda a este “pequeño cliente”, ¿no?

En mi despacho los niños son mis clientes porque a mí no me importa si el señor escogió mal a su pareja o si ella alucinaba al marido y a pesar de eso decidió tener tres hijos con él...

Efectivamente, los niños no tienen la culpa y yo trato de que ellos también sean mis clientes. No todos los abogados piensan igual. Hay muchos que deciden continuar peleando, esconderle los niños a la otra parte, no permitir las convivencias... Eso lastima a los pequeños enormemente.

Es muy complicado ubicar a los clientes en lo que realmente resulta conveniente para su vida y para su familia. Hay que hacerles ver que cuando termina un proyecto de vida hay que dar la vuelta y empezar otro capítulo. Habrá una nueva familia, la de los hijos con mamá, o la de los hijos con papá; habrá que aprender a vivir con eso. La familia se transforma; quizá haya una familia reconstituida del papá con su nueva esposa y los hijos de la esposa, y los niños se enriquecerán con cuatro abuelitos, seis medios hermanos... Podemos ver a la familia como una cobija parchada; cada parche es diferente, pero están todos pegados y al final termina siendo una cobija lindísima. Un poco así es el derecho de familia; por eso tenemos que ser muy incluyentes, asertivos y compenetrados con las necesidades de nuestros clientes, que no necesariamente son las nuestras. Eso también forma parte de ser un buen abogado familiar. n Lizbeth Álvarez: Pasando a los temas de actualidad, ¿cómo ha afectado la pandemia el marco jurídico familiar?

La pandemia ha afectado terriblemente a la familia, por múltiples razones. Primero, por el estereotipo que todavía tenemos de que la mujer es la cuidadora principal tanto de los hijos como de los adultos mayores. A la mujer se le ha cargado la mano terriblemente como consecuencia de la pandemia: tenemos a los maridos trabajando en casa y a los hijos yendo a clases por Zoom, así que hay que estar supervisando las clases para que pongan atención, apoyando a las maestras con las tareas, cuidando que haya silencio para que los maridos trabajen sin interrupciones, haciendo todo el trabajo doméstico, cuidando a los adultos mayores a nuestro cargo... Toda esta carga doméstica genera muchísimo estrés y evidentemente se pierde la paciencia mucho más fácil, es más sencillo desbordarse, más aún si el varón de la casa no ayuda porque está

Los estudiantes preguntan

trabajando. Esta circunstancia genera un círculo de violencia doméstica y la casa, que debería ser un entorno de seguridad, ahora se ha tornado en un infierno. Y si además antes de la pandemia ya había una mala relación, con el encierro todo empeora y se incrementa la violencia doméstica. Y aunque uno pensaría que con esto los divorcios están a la orden del día, la realidad es que no; la gente sigue en su casa viviendo bajo agresión, en una gran incertidumbre económica, sin saber si van a conservar su trabajo, quizá ganando la mitad de su salario en el mejor de los casos. Y como los juzgados cerraron por la pandemia, pues tampoco hay justicia. Hay una situación espantosa ante la autoridad ministerial con el tema de la violencia, y a menos que llegues con el ojo morado o con la boca partida, te dejan esperando cuatro horas para poder declarar. Así, ¿quién quiere ir a un Ministerio Público?

Y, además, con el riesgo de contagios por Covid.

Si yo hoy presento un juicio de divorcio, la audiencia para hablar con el menor será hasta septiembre, y mientras tanto, ¿qué hace la familia? Mucha gente está esperando.

Me ha tocado hablar con clientes que están encerrados en un clóset, en la regadera, en el coche, en el jardín, en la azotea, porque literalmente están viviendo con su enemigo. Y hablo

Cuando empecé a trabajar tenía que vestir traje sastre, como hombre; era la presencia que se esperaba de una abogada correcta. Hoy en día una abogada puede llevar un vestido de flores y seguir siendo una buena y prestigiada abogada, luciendo de manera femenina y profesional.”

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de hombres y mujeres, ¿eh? La situación no es exclusiva de las mujeres. n Andrea Villalpando: Precisamente queríamos tocar el tema de la violencia porque recientemente se ha puesto “de moda” con las manifestaciones de feministas y de grupos que buscan erradicar la violencia de género.

Déjame decirte que México tiene las mejores leyes en materia de familia, de vanguardia mundial. Como integrante de la Academia Internacional de Abogados de Familia, a la que sólo dos abogados mexicanos pertenecemos, he asistido a numerosos congresos, como ponente y como oyente, y me queda claro el avance que tienen nuestras leyes. El problema es que si un juez tiene 3,500 expedientes nuevos cada mes, no tiene tiempo de leer el expediente antes de hablar con el menor, no sabe de qué va la vida de esa criatura. Entonces, ¿cómo se pueden aplicar las leyes de una forma asertiva?

Y por otro lado hay todo un tema cultural. ¡México es el único país donde la gente se ampara para no pagar pensión a sus hijos! Como la pareja se peleó, entonces el marido no le da a la esposa dinero para los hijos para que ella no se lo gaste en masajes o cremas antiarrugas. Pero los hijos tienen que comer.

En realidad, en México no tenemos problema de legislación, sino de ejecución o aplicación, porque la ley dice claramente lo que va a suceder si no se paga la pensión, si no se permite un régimen de visitas. Y los jueces deberían imponer su autoridad para que la gente cumpla con las determinaciones judiciales.

Pero lo que tenemos son amparos, apelaciones, revisiones...

Y los niños se vuelven “niños de tribunal”, hasta que pasan los años y alcanzan la mayoría de edad. n Andrea Villalpando: Justamente le quería preguntar acerca del régimen de visitas...

Con la tesis que emitieron para limitar el régimen de visitas por la pandemia, ahora el niño convive con sus tíos, con sus primos y con toda la familia materna; van a la casa de la abuelita o de la tía porque ahí hay jardín y se entretienen, pero al papá lo tienen afuera, no lo dejan entrar. Y como sale a trabajar, se le dice que “pone en peligro la vida de los hijos”. Creo que no es una medida correcta, pues aunque puede haber gente irresponsable que pone en riesgo la salud de sus hijos, eso no exime que el interés superior de los niños es ver a su mamá y a su papá por igual. n Andrea Villalpando: A mí me ha tocado ver a papás frente al juez diciendo: “No quiero ver a mi hijo”, así que el juez básicamente los obliga a verlo porque es el derecho del menor, pero se le afecta al obligarlo a ver a alguien que no quiere convivir con él y le causa un daño emocional, ¿no?

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Ese tipo de padres merece perder la patria potestad por el abandono emocional en que tienen a sus hijos. Es mejor que ese tipo de padres se aleje.

En la materia de familia tenemos que analizar cada caso concreto: las circunstancias no se pueden generalizar ni se puede imponer en todos los casos una tesis como la que comentábamos. n Lizbeth Álvarez: Otro tema polémico en el derecho de familia es el de las familias homoparentales y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. ¿Usted qué opina?

Debemos entender que las preferencias sexuales no tienen nada que ver con ejercer una buena maternidad o paternidad, ni hacen que una persona sea o no violenta. Todos tenemos una vida detrás, una infancia que es destino, una forma de vida que se traslada a la educación de los hijos, por lo que ser una buena mamá o papá depende de los valores y la educación que se tienen, y de qué tan saludable es la psique.

Una persona homosexual y otra heterosexual pueden ejercer la misma violencia en el seno del núcleo familiar.

Negarlo sería como afirmar que porque una mamá trabaja entonces ya no es una buena mamá, o que porque una mamá tiene una preferencia sexual distinta y le gustan las mujeres, automáticamente va a ejercer violencia con sus hijos.

Todas las parejas que se tienen amor profundo y pueden brindar amor profundo y tratar bien a sus hijos pueden adoptar y construir una buena familia. Y lo que se busca en una adopción es que haya amor incondicional. Por eso las parejas que van a adoptar deben aprobar estudios psicológicos y socioeconómicos. De modo que si pasan esas pruebas, el niño o la niña podrán ser adoptados, sin importar la preferencia sexual. ¿Tú crees que un niño que está abandonado en una coladera va a poder decidir qué es mejor para él? Evidentemente, que un papá o una mamá que lo quieran es lo mejor para él, y si van a ser dos mamás, bienvenidas, y si van a ser dos papás, bienvenidos, siempre que reciba amor incondicional.

Además, ¿cuántos hombres heterosexuales no hay que viven borrachos, drogados, son unos irresponsables, llegan tarde a su casa, golpean a su mujer, embarazan a varias mujeres? Perdón, pero no tiene nada que ver la preferencia sexual.

Hay abogados homosexuales y heterosexuales. ¿Acaso no sabemos la misma ley? Si queremos dedicarnos al derecho de familia debemos aprender que las preferencias sexuales no tienen nada que ver. Debemos tener esa idea tatuada en nuestro corazón. n Lizbeth Álvarez: Y en cuanto al tema legislativo, ¿cuál es su opinión de la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados para que el delito de violencia familiar se persiga de oficio?

Voces Mira, empecemos por el hecho de que 75 por ciento de la violencia doméstica no se denuncia. ¡Y luego 50 por ciento de las mujeres que denuncian terminan perdonando a su agresor!

Además, con el nuevo sistema penal acusatorio, después de denunciar resulta que se hace una audiencia de conciliación. ¿Pero qué vas a conciliar con tu agresor que tiene años violentándote? A mí me da lo mismo si la violencia doméstica es de oficio o es de querella necesaria; lo importante es tener la fortaleza de sostener la denuncia y que el agresor se vaya a la cárcel. No hay nada que negociar con el agresor. Entonces, el hecho de que la violencia familiar se persiga de oficio —si es que tienen tiempo de perseguirlo, porque siempre hay cosas más importantes—, ¿crees que vaya a beneficiar en algo?

Sólo se trata de apariencias: “Ya, señoras, cállense, dejen de marchar por las calles, el delito ya se persigue de oficio...”

También se persigue de oficio el feminicidio. ¿Acaso lo han controlado? Lo que sí funciona es que en el instante en que exista una denuncia por violencia vayan por el agresor y éste pague por lo que hizo...

Tal parece que los legisladores no entienden en qué consiste la violencia doméstica. La persona agredida vive en un estado de estrés constante y eso hace que pierda su autoestima, e incluso la fuerza para defenderse. La hacen sentir culpable todo el tiempo, por todo lo que pasa. Y ya no sabe en quién confiar, qué debe hacer, qué está bien y qué está mal, no tiene una red de apoyo porque la han alejado de su familia y ahora hasta le cerraron los refugios. ¿Por qué eliminan lo que funciona e implementan medidas que claramente no van a funcionar?

Creo que los legisladores, en lugar de ocuparse de las cosas verdaderamente importantes, están legislando estupideces.

Que si le aumentan o no dos años al presidente de la Corte... ¿Y las modificaciones a la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes

Freepik

Los estudiantes preguntan

para que las casas hogar estén mejor supervisadas? ¿Para que los juicios de patria potestad sean más rápidos y los niños puedan ser dados en adopción en lugar de estar acuartelados en el DIF sin un papá y sin una mamá? ¿Para acabar con el mercado negro de la subrogación de matriz y legislar en un tema tan importante que permite dar vida? De eso no nos acordamos y para eso no hay legislación fast track... n Andrea Villalpando: Mencionaba que no se puede llegar a una conciliación con un agresor... ¿Entonces cree que no tiene sentido la mediación?

La mediación es la justicia al futuro y ojalá nuestro país tuviera más educación y más cultura respecto de lo que significa una mediación, porque una mediación bien llevada puede resolver muchísimas contiendas, sobre todo en materia de familia.

Permite que las partes involucradas sean las que tomen sus decisiones; que tomen la decisión respecto de sus hijos con una persona que está facilitando la comunicación entre ellos. La mediación, tanto pública como privada, es la justicia al futuro.

Es más, a mí me gustaría que en materia familiar la mediación fuera obligatoria, porque no puedes entrar a una contienda familiar judicial si no has mediado antes. A las partes se les informa demasiado tarde que existe un Centro de Justicia Alternativa, cuando ya presentaron su demanda, ya suenan los tambores de guerra, ya están en la contienda judicial.

Y claramente el abogado litigante no les dice que existe tal cosa si ya cobró, si ya presentó la demanda. n Andrea Villalpando: Y en lo que toca al tema del concubinato, ¿estaría de acuerdo en que existiera una figura similar al régimen patrimonial del matrimonio dentro de éste?

Sobre la subrogación de matriz No saben cuántas personas me hablan para preguntarme qué pasa con la subrogación de matriz en México. Sólo Sonora y Tabasco han legislado sobre el tema. ¡Cuántas mujeres no ofrecerían su matriz con tal de tener dinero para salir del hambre! Pero no hay una legislación aplicable. Los legisladores deberían atender este tema para que sepamos hacia dónde ir, para acabar con el mercado negro de vientres subrogados sin que nadie sepa si el contrato está bien hecho o qué va a pasar cuando nazca la criatura porque los padres están amparados. Nada más vulnerable que esto, porque es el destino de un niño que no pidió venir al mundo.

Si tenemos este tipo de avances de la ciencia, ¡bienvenidos! Más aún si se trata de dar vida. Nos urge una legislación en materia de subrogación de matriz.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Andrea Villalpando

Lizbeth Álvarez

Cuando te vas a casar escoges un régimen matrimonial: separación de bienes o sociedad conyugal. En la sociedad, al momento de un divorcio corresponde 50 y 50 por ciento tanto de las deudas como de lo generado durante el matrimonio.

Y en la separación de bienes la persona que no trabajó y se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos también tiene derecho a una aportación económica de hasta 50 por ciento de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero un concubino no firma ese compromiso; no firma una capitulación matrimonial cuando va al registro civil, por lo que no le corresponde nada. Sólo la pensión alimenticia por los años que duró el concubinato, o heredar si el concubino muere.

Es otra de las reformas que no han hecho nuestros legisladores... n Andrea Villalpando/Lizbeth Álvarez: No quisiéramos cerrar esta entrevista, pero entendemos que su tiempo es valioso. Para finalizar, ¿qué consejos nos daría como futuras abogadas? ¿Qué debemos hacer para desarrollarnos en esta profesión y en el futuro tener una práctica tan exitosa como la de usted?

Creo que lo más importante es estudiar, tener una educación jurídica continúa, tener ética profesional, informar al cliente de lo bueno y de lo malo, y tener una presencia adecuada a lo que estás vendiendo, que son servicios legales: debemos vestir de forma apropiada en un tribunal y frente a los clientes, con mesura; que nuestra apariencia también transmita confianza.

Además, no prometer cosas que no podamos cumplir; debemos hablar con la verdad, porque los clientes necesitan saber qué va a pasar, cómo deben prepararse para eso. Es mejor decirle al cliente que si se llega a un juicio éste puede durar de uno a cuatro años que prometerle que el asunto se va a resolver en seis meses.

Y, por último, quisiera agradecerles su tiempo, que me hayan elegido para esta entrevista, porque también hay muchas otras mujeres muy exitosas e inteligentes. Así que me siento privilegiada. 7

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Hay abogados que asesoran para no pagar pensiones alimenticias o para que los niños no convivan con la otra parte. No son verdaderos abogados de lo familiar; en lugar de reconstruir a la familia para su futuro, hacen más grandes los problemas y al final los más perjudicados son los niños.”

Andrea Villalpando y Lizbeth Álvarez son estudiantes de sexto semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. lizbeth.alvarezhernandez.04@gmail.com andreaglzvillalpando@gmail.com

Queremos invitarlo a formar parte de una gran causa que durante más de 30 años ha ayudado a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de cientos de jóvenes mexicanos.

Apoyamos anualmente a 40 jóvenes para que terminen secundaria en la escuela de la Fundación Mier y Pesado.

Fundación Burton Blooms Diligencias 36, San Pedro Mártir, Tlalpan, C.P. 14650, Ciudad de México.

55 5573-8090, 55 5573-3684. www.fundacionburtonblooms.org

Elisur Arteaga Nava Sergio Charbel Olvera Rangel

Efectos de una declaración de procedencia

Interpretación del párrafo quinto del artículo 111 constitucional 50

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En el marco de la reciente declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, los autores ofrecen sus reflexiones con respecto a este procedimiento vinculado a la materia penal, es decir, a los ilícitos que de esta naturaleza puedan cometer los servidores públicos, según establece el artículo 111 de la Constitución.

L

a interpretación del párrafo quinto del artículo 111 constitucional ha vuelto a ser tema de debate. Algunos, hurgando en los trabajos legislativos del Congreso de la Unión, encontraron en el dictamen de la cámara de origen del procedimiento que derivó en la reforma al título cuarto de la Constitución Política, publicada el 28 de diciembre de 1982, un párrafo que a la letra dice: “En los términos de la modificación relativa se pretende evitar la impunidad de las autoridades locales por la comisión de delitos federales; pero, en lo que a ellas corresponde, con el más absoluto respeto al pacto federal, la declaratoria de procedencia que emitiere la Cámara de Diputados no removería el obstáculo procesal, sino dejaría a las legislaturas locales la determinación correspondiente”.

Con base en él, directa e indirectamente, se ha tratado de desvirtuar lo que el coautor de esta colaboración, tanto en mi Tratado de derecho constitucional, como en mi Derecho constitucional, he opinado respecto de la interpretación del párrafo quinto transcrito.

Debo decir que en 1982 fui invitado por el jurista Samuel del Villar a dar una opinión respecto del proyecto de reformas al título cuarto de la Constitución Política, que había redactado una comisión que él presidía. En su momento, hice notar algunas deficiencias y errores. De las observaciones que hice, algo se incorporó al texto final. Recuerdo que, entre otras observaciones que sugerí, una estaba relacionada con el artículo 114. A instancias mías se agregó el segundo párrafo de ese artículo, en el sentido de que la prescripción de los delitos no correría mientras el servidor público ocupara algún cargo por virtud del cual gozara de inmunidad.

Las observaciones que propuse se reflejaron en otras partes del articulado que conforma el título cuarto. Desde un principio hice notar que el proyecto era defectuoso. En los archivos del Congreso de la Unión debe obrar el documento que elaboré y entregué a quien presidía la Comisión Redactora.

Por virtud de la reforma de 1982 el texto del párrafo quinto del artículo 111 constitucional quedó en los siguientes términos: “Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto la declaración de procedencia

será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.

El precepto ha tenido algunas modificaciones, se han ampliado los supuestos y se ha modificado la denominación de algunos de los servidores públicos.

Tomando en consideración la existencia del término inatacable, la naturaleza de la declaración de procedencia prevista en el artículo 111, lo dispuesto por la Ley de Amparo, la ley reglamentaria de las fracciones I y II constitucionales, y el contexto jurídico de que la resolución de la Cámara de Diputados es definitiva, en mi Tratado sostuve, y ahora sostengo, lo siguiente: “Lo transcrito suscita las siguientes interrogantes: cuando la Cámara de Diputados emite una declaración de procedencia por lo que hace a un servidor público local, ¿éste deja de serlo en forma automática? ¿Qué objeto tiene la intervención de la legislatura local? ¿Procede que dicha legislatura emita una nueva declaración de procedencia, que, incluso, pueda ser en sentido negativo? ¿Lo que la Constitución y la Ley de Responsabilidades requieren es una doble declaración? ”En derecho público existe el principio de que tanto la Federación como los estados son perfectos en sí mismos, que son órdenes jurídicos completos, facultados en forma expresa e implícita para emitir y hacer cumplir el orden jurídico que emiten en uso de las facultades que les corresponden.

La Federación no requiere del concurso de los estados para hacerse obedecer por la ciudadanía, ni viceversa. Cada uno cuenta con los elementos para hacer efectivas sus determinaciones. Una forma de gobierno federal surgió en los Estados Unidos de América, precisamente como una reacción por la carencia de un gobierno confederado de instrumentos para hacer efectivo su derecho. El carácter de suficiencia es aplicable a todos los ámbitos del derecho público, salvo que exista disposición expresa en contrario. ”Una declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados es suficiente para suspender temporalmente de su cargo a un servidor público; no requiere de su homologación, ratificación o aprobación por parte de una legislatura local para que surta sus efectos. El ejercicio de una función federal, como lo es la del Ministerio Público Federal cuando persigue un delito, no puede quedar sujeto a la voluntad de una autoridad local, como la legislatura de un estado. La norma persigue evitar la acefalía en un estado. Se exige enviar la LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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resolución a la legislatura sólo con el fin de que quede enterada de manera oficial de la suspensión del servidor público desaforado y proceda a proveer lo relativo a la suplencia”.1 En la fecha en que publiqué mi Tratado, y ahora, tuve y tengo la convicción de que esa era y es la interpretación correcta. En 2005, cuando la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emitió una declaración de procedencia respecto del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal y ahora presidente de la República, fui requerido por la presidenta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que me hiciera cargo de la controversia constitucional con objeto de impugnar lo resuelto por la Cámara de Diputados. En su momento le hice notar que mi punto de vista era en el sentido de que, por la simple declaración de procedencia emitida por ese cuerpo colegiado, el jefe de gobierno, en automático, estaba suspendido en el ejercicio de su encargo.

Conociendo los documentos que habían fundado y motivado la reforma al título cuarto de la Constitución, y con vistas al párrafo quinto del artículo 111, sugerí que se presentara una controversia constitucional en la que se planteara, con base en ese párrafo, que era necesaria una nueva declaración de parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que operara la separación del cargo respecto del jefe de gobierno.

Y les hice saber que desde mi punto de vista eso era infundado. A pesar de esa advertencia, me pidieron que elaborara la demanda de controversia constitucional; la formulé, se las entregué, pero no la firmé ni apareció mi nombre en ella.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la demanda y, con ello, implícitamente resolvió lo infundado del punto de vista de que se requería una nueva declaración de parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para entender que el jefe de gobierno estaba suspendido en el ejercicio de su cargo.

Ahora, 16 años después, algunos juristas han resucitado y repetido la argumentación que formulé; con ella pretenden que, respecto del gobernador de Tamaulipas, se requiere una nueva declaración de parte del Congreso de esa entidad para que opere la suspensión del citado servidor público. Están en un error todos los que así opinan y lo exigen. Están equivocados por lo que consigné en mi Tratado y por las siguientes razones adicionales.

No son claros los efectos previstos para la declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados en contra de servidores públicos locales. El quinto párrafo del artículo 111 constitucional establece que en esos casos el efecto es “que se comunique a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”. En la Constitución no se establece cómo deben proceder las legislaturas locales, por lo que es necesaria la interpretación constitucional.

Como se señaló, el antecedente legislativo en el que algunos juristas fundan su punto de vista se encuentra en el dictamen

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del Senado —en su carácter de cámara de origen— del procedimiento legislativo que dio lugar a la reforma constitucional del 28 de diciembre de 1982. A esto se suma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el cual señala que la declaración de procedencia dictada por la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local respectiva “para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo.” Este precepto no abona a la resolución del conflicto interpretativo ni puede considerarse un parámetro de interpretación constitucional.

Ante la ausencia de claridad de los efectos de la declaración que emita la Cámara de Diputados para proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, se suscita la siguiente interrogante: ¿la interpretación debe atender los principios constitucionales que rigen al pacto federal y a la figura de declaración de procedencia, a pesar de lo previsto en el dictamen de la cámara de origen?

Consideramos que sí.

Contrariamente a lo señalado en el dictamen del Senado, la falta de definitividad de la resolución de la Cámara de Diputados es un atentado en contra de la distribución de competencias del sistema federal mexicano. Los ámbitos federal y local deben tener competencias efectivas. Todos los órdenes de gobierno son completos en sí mismos. En el caso, la Cámara de Diputados no requiere la validación de las legislaturas

En los casos en que la Cámara de Diputados emita una declaración de procedencia respecto de un servidor público local, en automático éste queda suspendido en el ejercicio de su cargo y queda a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.”

locales para que se perfeccionen sus determinaciones de desaforar a gobernadores. Y conforme al principio de economía procesal, no tendría sentido la participación de la Cámara de Diputados si la decisión definitiva corresponde al ámbito local.

La Cámara de Diputados tiene la facultad expresa de “proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas”. Las legislaturas locales quedan excluidas de esa competencia, incluyendo la facultad de separar del encargo a los gobernadores, debido a que ésta es una de las consecuencias. El residuo competencial que tienen las entidades federativas consiste en proceder penalmente por delitos locales contra los ejecutivos de las entidades federativas y proveer lo relativo a la suplencia, para evitar la acefalía del Ejecutivo local, cuando la Cámara de Diputados decida proceder penalmente contra esos servidores públicos.

Tamaulipas decidió que no le corresponde homologar, ratificar o aprobar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados respecto de sus servidores públicos locales. Ésta es una determinación constitucionalmente correcta, porque esas acciones no le corresponden. Esta entidad federativa, en el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, decidió lo siguiente: “En los casos de renuncia o muerte del gobernador o cuando se le declare con lugar a formación de causa, ya sea por violación a la presente Constitución o por delito del orden común, o ya por violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, en los casos de la competencia de las cámaras federales, si ocurriere la falta dentro de los tres primeros años del periodo, el Congreso local, constituido en sesión permanente y secreta, nombrará por el voto de la mayoría de sus miembros un gobernador interino que promulgará el decreto que se expida conforme a la fracción XLIX del artículo 58 de esta Constitución. ”El Congreso convocará a elecciones dentro de los 10 días siguientes a la toma de posesión del gobernador interino nombrado. El gobernador que resulte electo durará todo el tiempo que falte para completar el periodo. Si los hechos tuvieren lugar dentro de los últimos tres años de éste, no se convocará a nuevas elecciones y la persona designada por el Congreso durará en sus funciones de gobernador hasta terminar el periodo [...]”

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Con fundamento en el citado precepto, la actuación del Congreso local de Tamaulipas se circunscribe a proveer lo relativo a la suplencia del gobernador desaforado, con el fin de evitar la acefalía del cargo. El precepto establece que cuando se declare la formación de causa en contra del gobernador por violaciones a leyes federales —como los delitos federales—, en los casos de la competencia de las cámaras federales —como lo es la declaración de procedencia por delitos federales contra los ejecutivos locales a cargo de la Cámara de Diputados—, el Congreso local procederá a la sustitución del gobernador, nombrando al gobernador interino o sustituto, según corresponda. Con esto, la entidad federativa reconoce que la declaración de proceder penalmente por delitos federales en contra de su gobernador tiene el efecto de separarlo del encargo, en tanto esté sujeto a proceso penal.

Los titulares de los ejecutivos locales, conforme al párrafo quinto del artículo 111, están sujetos a una excepción al principio de igualdad ante la ley: gozan de inmunidad. La inmunidad debe interpretarse en forma restrictiva. El acceso a la justicia debe maximizarse sin que se violenten las formalidades esenciales del procedimiento. En el caso de la declaración de procedencia, lo correcto es apegarse a los principios que la rigen, sin tratar de hacer extensiva la inmunidad.

Los argumentos anteriores son independientes de los fines políticos para los que se utilice la declaración de procedencia. Para evitar que esta figura se emplee para llevar a cabo persecuciones políticas son necesarios los contrapesos a las decisiones de los partidos dominantes en el Congreso.

En la indeterminación normativa del artículo 111, quinto párrafo, constitucional, la interpretación debe ser conforme a los principios de distribución de competencias en el sistema federal mexicano, al carácter de suficiencia de las resoluciones de los ámbitos públicos, al carácter de definitivas e inatacables de las resoluciones de las cámaras del Congreso de la Unión, y a la interpretación restrictiva de las inmunidades. En conclusión, en los casos en que la Cámara de Diputados emita una declaración de procedencia respecto de un servidor público local, en automático éste queda suspendido en el ejercicio de su cargo y queda a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. 7

Elisur Arteaga Nava, Tratado de derecho constitucional, vol. 4, Oxford University Press, México, 1999, pp. 1310 y 1311.

Elisur Arteaga Nava es abogado constitucionalista y catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Escuela Libre de Derecho.

Sergio Charbel Olvera Rangel es abogado constitucionalista, maestro en derecho constitucional y en derechos humanos y democracia, y profesor titular y doctorando en la Escuela Libre de Derecho.

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Ivanna Patricia Aragón Villaescusa

El mundo post-Covid: los retos del sistema de salud mexicano

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l concepto de salud ha ido evolucionando a lo largo del tiempo pues ésta ha pasado de ser concebida como una ausencia de enfermedad a la consideración global del individuo, donde se toman en cuenta factores físicos, mentales e incluso sociales. Es importante destacar que el derecho a la salud es una de las principales necesidades de la vida humana y su goce resulta indispensable, toda vez que se trata de un derecho habilitante sin el cual no podríamos ejercer otros derechos.

En la Constitución mexicana, el derecho a la salud se encuentra reconocido, de manera muy general, en el artículo 4, párrafo cuarto, que establece que la ley garantizará y protegerá el acceso a la salud de las personas. Esta definición trae aparejada la garantía de acceso a las prestaciones básicas de salud. Con fundamento en lo anterior se crea el Sistema Nacional de Salud, el cual está conformado por las dependencias y las entidades de la administración pública federal y local, así como por las personas físicas y morales del sector privado que prestan los servicios de salud, lo cual quiere decir que podemos dividir el Sistema Nacional de Salud en dos sectores: el público y el privado.

En México, la protección a la salud y su cobertura universal han sido una aspiración durante muchos años; sin embargo, la pandemia nos ha demostrado que esos objetivos no han sido alcanzados. El Sistema Nacional de Salud ha sido rebasado por el alto número de contagios y fallecimientos por causa del Covid-19, evidenciando las carencias de

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nuestras instituciones, como la falta de médicos, enfermeros y equipo, lo cual ha tenido consecuencias devastadoras para los pacientes.

Antes de que se produjera la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaba a los países que destinaran al menos 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) al gasto público en salud, pero en México actualmente sólo se destina 2.7 por ciento, es decir, más de tres puntos porcentuales por debajo de lo recomendado por la OMS, aun en medio de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Aunado a lo anterior, existe un déficit de personal de casi 200,000 médicos y 300,000 enfermeros, es decir, que por cada 10,000 habitantes tenemos 27 miembros de personal médico, cuando la OMS recomienda tener al menos 44.

El mundo post-Covid De acuerdo con los expertos, la pandemia por Covid-19 y el virus Sars-CoV-2 sólo podrán ser contenidos de la misma forma que ocurrió con la influenza: cuando se inmunice a la población, es decir, al contar con vacunas efectivas que permitan una inmunidad de rebaño (o de grupo) en la población. Lo anterior sólo será posible si se cumple el gran reto de poner la vacuna a disposición universal y a un precio accesible, además de lograr que más de 70 por ciento de la población esté vacunada. De esta manera, se controlará la saturación de las instituciones de salud y podrá brindarse atención a los pacientes que se encuentren en estado crítico

A 10 años de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, nuestro país enfrenta grandes desafíos —que aquí aborda la autora— para garantizar el derecho a la salud de los mexicanos, especialmente en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19.

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o a aquellos que necesiten servicios especializados como la intubación.

Entre los grandes retos que enfrenta el Sistema Nacional de Salud se encuentran los que se describen a continuación.

Las condiciones de los trabajadores de salud El Covid-19 ha traído al país una situación de peligro y vulnerabilidad para los trabajadores de la salud —quienes han estado en la primera línea de acción contra la pandemia—, debido a la falta de equipo de protección: guantes, mascarillas médicas, gafas de seguridad, entre otros, lo cual ha generado un aumento constante de los contagios y los fallecimientos del personal médico. Según Amnistía Internacional, actualmente México se encuentra en el primer lugar de fallecimientos de personal sanitario por causa del Covid-19, con 1,320 muertes confirmadas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante una sesión del Consejo de Salubridad, afirmó que la institución ha respondido en diversas líneas de acción enfocadas en la capacitación, en el programa de salud mental Covid-19, en el aval técnico-médico para acuerdos de trabajo domiciliario para atender a personas vulnerables, en la incapacidad temporal como enfermedad de trabajo, en el bono Covid-19 y en equipos de protección personal. Sin embargo, prevalecen las quejas sobre la insuficiencia del equipo de protección, el agotamiento físico y mental del personal de salud debido a las largas jornadas de trabajo, así como los bajos salarios que perciben.

Por hallarse en la primera línea del combate contra la enfermedad, el personal de salud que trabaja para las instituciones públicas ha sido definido como prioritario para recibir la vacuna.

Sin embargo, surge un conflicto cuando no se concede esa misma prioridad al personal que labora en el sector privado, por lo cual éste ha mostrado reiteradamente su inconformidad y ha exigido un trato igual al que se dispensa al sector público, dándoles la posibilidad de acceder a la vacuna, pues ellos también atienden a los pacientes enfermos y, en muchos casos, los médicos de las colonias y los barrios son los primeros en recibir a los enfermos contagiados por Covid-19. Esta exigencia ha trascendido al ámbito legal, pues se han presentado amparos de más de 160 integrantes del sector médico privado para que se les aplique la vacuna.

El hecho de no vacunar al sector privado hace evidente la necesidad de volver a analizar el Plan Nacional de Vacunación, en virtud de que no se está protegiendo a todos los que conforman la primera línea de acción contra el Covid-19, sino sólo a una parte de ella.

El federalismo y los decretos La pandemia por Covid-19 ha puesto bajo presión a las entidades federativas, pues éstas han tenido que tomar medidas extraordinarias para hacer frente al virus. Sin embargo, la coordinación entre los estados de la República ha sido un gran reto, de manera que cada orden de gobierno ha respondido y actuado de manera desarticulada y, en algunos casos, contradictoria.

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La respuesta de las entidades ha ocasionado una confusión de mensajes y de acciones gubernamentales, lo cual hace cuestionar la eficacia de la respuesta de México frente a la crisis ocasionada por la pandemia. Estas medidas sin concierto hacen evidente los problemas de política social que existen en el país, pues a pesar de que se cuenta con el Consejo de Salubridad General (CSG), un órgano colegiado de amplia profesionalización, no se han podido implementar medidas ni dictar disposiciones generales obligatorias que permitan la actuación coordinada del sistema de salud.

En consecuencia, constituye una prioridad la emisión de decretos que expresen claramente qué se tiene que hacer, a quién se dirigen, en cuánto tiempo deben efectuarse y de qué manera, así como las sanciones en caso de incumplimiento. En estos momentos de crisis sanitaria es menester que las instituciones de salud se encaminen de manera ordenada para hacer eficiente la atención médica y el uso de recursos.

Asignación de recursos Como se mencionó al principio del presente artículo, el presupuesto designado al ramo de salud es insuficiente, pues no coincide con el incremento proporcional del número de derechohabientes del Sistema Nacional de Salud. Y mientras no crezca en la misma medida, los recursos no serán suficientes para atender a las personas que lo requieran.

Contar con un sistema de salud que no puede brindar la atención médica a todos los derechohabientes propicia que la población que cuenta con recursos económicos suficientes recurra a las instituciones de salud privada, lo cual pone a México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como uno de los países con mayor gasto de bolsillo destinado a servicios de salud, que se eleva a 41.4 por ciento del gasto total en salud en México.

Actualmente existe un Sistema Nacional de Salud incapaz de brindar atención universal a toda la población, lo cual genera una situación de desigualdad entre los derechohabientes de las diversas instituciones de salud del país y las personas que no están afiliadas en éstas. Si bien la atención de este último grupo de personas le corresponde al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a más de un año de su creación aún se desconoce el catálogo de enfermedades que deben ser garantizadas y atendidas por este instituto.

Entre las propuestas para hacer frente a este problema se encuentran las siguientes: a) el desarrollo de un plan financiero enfocado a garantizar la atención médica universal; b) la integración de políticas que aseguren que el Presupuesto de Egresos no sea menor al del ejercicio fiscal anterior o que se mantenga arriba de determinado porcentaje del PIB; c) la recaudación de impuestos especiales destinados a la salud. Si se implementaran estas medidas se podría garantizar un sistema sostenible y sustentable que brinde una atención médica universal de primer nivel.

Actualmente existe un Sistema Nacional de Salud incapaz de brindar atención universal a toda la población, lo cual genera una situación de desigualdad entre los derechohabientes de las diversas instituciones de salud del país y las personas que no están afiliadas en éstas. Si bien la atención de este último grupo de personas le corresponde al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a más de un año de su creación aún se desconoce el catálogo de enfermedades que deben ser garantizadas y atendidas por este instituto.

Sistema de vacunación Hasta el día de hoy, ninguna vacuna contra el Covid-19 ha sido autorizada para su aplicación si no es para uso de emergencia, lo cual quiere decir que la evidencia sobre la eficacia clínica, la inmunogenicidad y la seguridad de las vacunas que se están aplicando aún es muy limitada, por lo que diversos inmunólogos y virólogos aseguran que en unos meses necesitaremos, por lo menos, una dosis de refuerzo.

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La protección que brindará la vacuna dependerá tanto de las defensas inmunológicas de cada individuo, como de la carga viral a la que sea expuesto. No obstante, por estar expuesto a alguna variante del coronavirus para la cual la vacuna no tiene eficacia, el Estado deberá mantener una constante vigilancia para atajar la reaparición de brotes que puedan representar una nueva amenaza. En este contexto, para mitigar esa amenaza habrá que inclinarse por el desarrollo de tecnologías que permitan identificar la enfermedad durante su primera etapa, toda vez que al ser detectada y tratada antes de su expansión en el cuerpo podrán evitarse las siguientes fases —neumonía y tormenta citoquímica— que ponen en riesgo la vida del paciente y disminuirá el riesgo de contagio en la población.

Si bien no se ha confirmado, se presume que la vacuna contra el Covid-19 deberá ser aplicada de manera periódica, por lo que tendrá que ser incluida en la cartilla de vacunación, lo cual implica que regularmente deberá desplegarse una campaña de inoculación masiva que brinde a la población el acceso universal y gratuito a la vacuna.

Comité multidisciplinario El CSG depende directamente del presidente de la República y es presidido por el secretario de Salud, quien tiene como mandato la emisión de disposiciones obligatorias en materia de salubridad general, con el auxilio de un secretario y 13 vocales titulares.

El ámbito de acción del CSG abarca a las organizaciones públicas y privadas que constituyen el Sistema Nacional de Salud y a todas aquellas que estén relacionadas con éste, incluidas las autoridades administrativas federales, estatales y municipales. Sin embargo, el CSG ha fallado en atacar el problema desde diversos ámbitos: antropológico, psicológico, económico, etcétera.

Por lo anterior, se propone la creación de un comité multidisciplinario con facultades para emitir disposiciones de carácter obligatorio y que pueda hacer frente a la pandemia de Covid-19 y a las amenazas de salud que surjan en el futuro.

Este comité deberá estar integrado por antropólogos, psicólogos, epidemiólogos, infectólogos, abogados, economistas, entre otros, pues el problema de la pandemia no sólo se trata de un tema de biología; las secuelas que deja el coronavirus provocan consecuencias en todos los aspectos de la vida de las personas. Se ha comprobado que los países que abordaron la pandemia desde diversas perspectivas han tenido un mejor control del problema.

Muchos países volvieron a contagiarse durante una tercera ola de Covid-19, lo que al parecer podría ser el principio de una nueva propagación del virus a nivel global. La pandemia ha representado una pesadilla para la población, pues ha devastado a familias enteras que han tenido que padecer la enfermedad o el fallecimiento de alguno sus miembros; ha incrementado los niveles de pobreza, el desempleo y el cierre de pequeñas y medianas empresas; ha producido estragos psicológicos en la gente, y ha puesto obstáculos a la educación.

En suma, ha tenido un sinnúmero de consecuencias que aún no podemos valorar en su justa dimensión.

Cuando hablamos de un mundo post-Covid nos referimos a una era que aún no ha comenzado. El futuro de México y de las instituciones de salud nacionales dependerá de la respuesta efectiva del gobierno a la pandemia, una vez que se replantee la manera de combatir el virus.

El acceso universal a la salud, un adecuado financiamiento, así como un sistema de salud que procure, motive y capacite al personal médico, son elementos clave para luchar contra el Covid-19.

Una vez que se haya garantizado el acceso a la salud, el gran reto será reactivar la economía y generar círculos virtuosos de crecimiento para recuperar los ingresos de las familias y el bienestar social. 7

Ivanna Patricia Aragón Villaescusa es alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, colaboradora del despacho Zeind & Zeind Abogados y aspirante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. ivanna.aragon@zeind.com.mx

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Jorge Adame Goddard

Inmuebles vacantes, abusos constantes Los bienes vacantes son aquellos inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido, señala el artículo 785 del Código Civil Federal. ¿Se debe considerar que un propietario no es “cierto y conocido” si no ha inscrito un inmueble en el Registro Público de la Propiedad? ¿Qué pasa si alguien se apropia de este tipo de bienes? ¿A qué abusos da lugar la disposición que señala que el “descubridor” de un bien vacante puede hacer la denuncia ante la autoridad para poder adquirirlo? De todo esto nos habla el autor.

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n principio elemental de justicia consiste en respetar la propiedad ajena. Sin embargo, muchas personas han sufrido la experiencia de perder un inmueble por haber sido invadido por extraños, o por no haber sido devuelto por la persona de confianza a quien el propietario le permitió vivir ahí gratuitamente, o por quien lo tenía en calidad de arrendatario. Los poseedores de inmuebles ajenos muchas veces se olvidan de ese principio o se engañan creyendo que han adquirido la propiedad de los inmuebles por el solo hecho de poseerlos durante varios años.

Los códigos civiles han fomentado esa falsa opinión por una regulación deficiente de la posesión, pero también por permitir la apropiación de los inmuebles llamados “vacantes”.

Todos los códigos civiles que están en vigor en México tienen un capítulo con reglas sobre los “bienes vacantes”, esto es, sobre los inmuebles que no tienen dueño “cierto y conocido”.

Disponen que quien tiene conocimiento de un inmueble vacante puede denunciarlo ante la autoridad del lugar, para que se haga un juicio y un juez adjudique el inmueble al gobierno, y le dé al denunciante una cantidad de dinero equivalente a la cuarta parte del valor catastral del inmueble, como premio por haber hecho la denuncia.

Esa regla permite abusos, porque hay muchos casos en que el poseedor de buena fe de un inmueble no tiene registrada su propiedad, no es un dueño “cierto y conocido”, porque no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. Es el caso del que heredó un terreno, pero no ha hecho el juicio sucesorio ni lo ha puesto a su nombre; o de quien compró un terreno o una casa, pero no ha hecho la escritura pública; o de quien recibió de su padre o su madre una casa o tierra en donación y no la ha puesto a su nombre.

La regla de los códigos civiles permite que los gobiernos se hagan de terrenos sin tener que pagar indemnización, y que los denunciantes obtengan dinero por ser cómplices de esos atracos. En el código civil de Chiapas, el riesgo es más grave, porque dispone que el denunciante se quede con el terreno vacante, mediante el pago al gobierno de una cantidad de dinero equivalente a la mitad del valor catastral del inmueble, lo cual hace que la denuncia de inmuebles vacantes sea un medio de adquirir la propiedad de terrenos a un precio muy bajo.

La denuncia de inmuebles vacantes se ha facilitado en los códigos civiles de Sonora y Tabasco que permiten la denuncia de inmuebles “abandonados”, esto es, inmuebles que pueden tener un dueño cierto y conocido, pero que en un plazo de cinco años no han sido cultivados, o ha dejado de funcionar la empresa que había sido instalada en ellos.

Algunos códigos, como el de Guanajuato, han corregido y ya no consideran vacantes los inmuebles que, aunque no tengan dueño cierto y conocido, tienen un poseedor registrado, o un poseedor que tenga justa causa para poseer, por ejemplo, por haberlo comprado o recibido en herencia, donación o pago.

Actualmente, cuando todos o casi todos los terrenos e inmuebles del territorio nacional ya tienen un propietario o poseedor legítimo, debería suprimirse esa categoría de bienes vacantes y la posibilidad de que alguien, el gobierno o un particular, se apodere de ellos. Eso ayudaría a que los ciudadanos comunes tengan más respeto por la propiedad ajena. 7

Debería suprimirse esa categoría de bienes vacantes y la posibilidad de que alguien, el gobierno o un particular, se apodere de ellos. Eso ayudaría a que los ciudadanos comunes tengan más respeto por la propiedad ajena.”

Jorge Adame Goddard es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en historia por El Colegio de México.

Es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.

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Ángel Gilberto Adame

Elocuencia forense Luego de su reinstalación en 1867, la Escuela Nacional de Jurisprudencia poco a poco fue retomando su antiguo prestigio y se convirtió en el centro de formación de quienes marcarían los destinos del país en los años subsecuentes. Este artículo, elaborado a partir de diversas entregas de su autor en El Universal, recuerda a uno de esos visionarios, pionero de la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria, y fundador de la Escuela Normal de Profesores de México, cuyo paso por la Escuela Nacional de Jurisprudencia fue, por decir lo menos, discreto. Se trata de una experiencia que quizá no sea del todo ajena para quienes ejercen la docencia en el mundo del derecho.

A

l revisar las nóminas de aquellos tiempos, es impresionante destacar la cantidad de nombres que hoy figuran en cualquier diccionario biográfico de historia patria. Es tal su influjo, que abundan las remembranzas de aquellos que transitaron por la actual Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Narra José Luis Requena, en tono idílico, que “todo el cuerpo docente [...] servía en realidad ad honorem, puesto que la remuneración oficial era insignificante y frecuentemente la donaban para obras útiles o caritativas”. Y agrega: “En el profesorado de aquella época figuraban elementos de alta sabiduría y brillante práctica jurídica; pero como en toda la humanidad, aparecían también caracteres y peculiaridades sui generis. Los alumnos sabían adaptarse, no sin esfuerzos”.1 Uno de los contados próceres que no conservaría gratos recuerdos de su breve paso magisterial ahí fue el escritor Ignacio Manuel Altamirano. Así, es raro encontrar en su obra mayor referencia a las instalaciones ubicadas, en ese tiempo, en la calle de la Encarnación, al lado de la iglesia del mismo nombre y que había sido, antes de la desamortización, un convento de monjas. La antipatía fue recíproca, ya que el autor de El Zarco tampoco es recordado como uno de los grandes maestros de jurisprudencia.

Para el año lectivo de 1880 se decidió incluir en el plan de estudios, que era de seis años, la cátedra de elocuencia y

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bellas literaturas, a impartirse en los dos últimos años lectivos.

Al año siguiente se le dio el carácter de obligatoria, lo que de inmediato trajo el descontento de los estudiantes, porque la consideraban inútil, haría más pesada la carga académica y propiciaría una mayor dilación en su titulación.

En ese momento era director José María del Castillo Velasco, constituyente en 1857, reconocido por su bondad, su “gran solidez de pensamiento y su vida perfectamente organizada”.

No obstante, en este tema, su postura se mantuvo inflexible.2 Otro punto que suscitó debate fueron las calidades del titular, “deseando los alumnos de ésta que sea desempeñada por un abogado competente y cuyos conocimientos sean una garantía para el progreso de la oratoria”, por lo que dirigieron “una excitativa a los señores licenciados Juan A. Mateos, Ignacio M. Altamirano, Manuel María de Zamacona, Justo Sierra, Genaro Raigosa y Manuel Vázquez, invitándoles para que se presenten en la referida oposición”.3 De todos los concursantes Altamirano, que tenía experiencia pues ya había impartido una clase similar para los bachilleres, resultó vencedor. Las clases iniciaron el 8 de febrero de 1880, los martes y los jueves de cada semana, de cinco a seis de la tarde.4 La prensa lo saludó: “El señor Altamirano se encontrará más a sus anchas entre jóvenes ya formados y podrá desplegar mejor las dotes intelectuales que todos le conocemos [...]

Ex convento de la Encarnación, sede de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Fotografía: gaceta.unam.mx

Todos percibirán la importancia de la elocuencia: pero nadie puede, como los abogados, apreciar su urgente necesidad”.5 La expectativa que generó fue enorme. Así, en el aula era posible encontrar “diputados, escritores, magistrados de la Suprema Corte de Justicia y jóvenes aficionados que no pertenecen a la escuela”.6 Sin embargo, pronto surgirían los contratiempos. Los discípulos del guerrerense se quejaban de que “el salón en que se da la clase no nos parece apropiado, porque teniendo los alumnos que amaestrarse en los ejercicios de la elocuencia, faltan en dicho local las tribunas necesarias para el efecto”.7 Una de las primeras acciones de Altamirano fue inculcar las bondades de la materia: “Dentro de algún tiempo, la tribuna de México no se verá tan abandonada como lo ha estado por espacio de muchos años, ni se escucharán en los estrados los discursos soporíferos que están obligados los magistrados a soportar hoy”.8 A pesar de la elocuencia del nuevo profesor, pronto sus pupilos descubrieron que su carácter no era tan afable como suponían y que de vez en cuando su temperamento era dominado por “las cóleras blancas” que mostraban la fuerza de sus emociones. Sumado a esto, poco a poco se fue revelando que “tenía las mejores intenciones por hacer de nosotros unos Demóstenes, pero su método de enseñanza no era el más adecuado y además se prestaba mucho a la

caricatura y al ridículo, lado por donde lo tomamos desde el primer día”.9 Un asunto trivial alimentó el descontento contra él. Acostumbrado el guerrerense a ejercer la crítica, no pudo dejar de emitir su opinión sobre un nuevo y severo reglamento de conducta escolar que impulsaba el secretario de Justicia, Ignacio Mariscal: “Esta dureza de lenguaje es disculpable si se toma en consideración el sentimiento de dignidad ofendida de que deben estar poseídos esos jóvenes, así como los que componen las escuelas, por las nuevas prevenciones reglamentarias que ciertamente no fueron bien inspiradas, ni menos meditadas”.10 Su desacuerdo le trajo la antipatía de la dirección y pronto se esparció el rumor de que el título de abogado que obtuvo en el extinto Colegio de San Juan de Letrán no lo calificaba para dar clases en la prestigiosa institución. Entre los pasillos se murmuraba que era un “licenciado de decreto”. Un impreso da cuenta de su controvertida participación en una prueba final: “Con profunda pena ponemos en conocimiento de los miembros de esta escuela los desagradables incidentes ocurridos en el examen de un estudiante de cuarto año, verificado en la tarde del día 18 del presente. ”Citados como sinodales los profesores licenciados Pankhurst y Altamirano, procedieron a examinar al candidato [...].

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”El señor Altamirano, que no quedó conforme con las definiciones de municipio y ayuntamiento dadas por el sinodado, y comenzó a examinar, deprimiendo al alumno de un modo despreciativo.

Siguió la réplica de este erudito [...] quien, extendiendo su pensamiento sobre toda la superficie del planeta, quiso que el alumno le hablase de la organización municipal de la Grecia, la Turquía, la Rusia y demás repúblicas del Mediterráneo. (Textual.) ”El alumno, por mucho que se desee, no puede ser un sabio, y no contestó a semejante pregunta, lo que originó que ese señor licenciado, que seguramente tampoco habría contestado, le exigiera una respuesta perentoria, es decir, exacta, precisa, neta, categóricamente (también textual), no para conocer su saber, sino para tantearlo (igualmente textual); palabras que, en boca del profesor de bella literatura, suscitaron la hilaridad del auditorio. ”La indignación producida por la descortesía de los dos profesores mencionados puede imaginarse por toda persona decente. Denunciamos los hechos expuestos, que desearíamos por honra del profesorado no tuvieran repetición, y que manifiesta la incompetencia de los aludidos para los puestos que ocupan”.11 A pesar de que, en el balance del año anterior, Altamirano no había logrado interesar mayormente a los pasantes de derecho inscritos en su curso de elocuencia y bellas literaturas, enfrentó su segundo año como docente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia con renovados bríos. El maestro estaba convencido de que “el abogado de nuestros tiempos Uno de los contados próceres que no con- es cierto que sale de las aulas sabiendo algo más que recitar frases latinas [...] algo más que hacer sorites y epiqueremas insustanciales servaría gratos recuerdos de su breve paso puesto que lleva su inteligencia enriquecida con algunas nociones de magisterial por la Escuela Nacional de Ju- filosofía del derecho, de economía política, de derecho internacional, de legislación comparada y hasta de medicina legal, pero también risprudencia fue el escritor Ignacio Manuel es cierto que sale ignorando por completo las más triviales reglas Altamirano. Es raro encontrar en su obra del bien decir y que en la mejor ocasión pierde un litigio tan sólo porque no supo presentar los argumentos revestidos con todos los mayor referencia a las instalaciones ubicadas, seductores atavíos de una dicción fácil y elegante o tan sólo porque en ese tiempo, en la calle de la Encarnación. su falta de hábito de hablar en público le hizo dejar sin réplica un sofisma de su contrario”.12 La antipatía fue recíproca, ya que el autor de Sin embargo, la decisión de volver obligatoria la disciplina hizo El Zarco tampoco es recordado como uno de que la malquerencia que le tenían los miembros de la comunidad se exacerbara y provocó que cada nueva iniciativa de Altalos grandes maestros de jurisprudencia. escolar mirano fuera censurada. Así, unos alumnos lo denunciaron por “su intención de cambiar las mejores y más raras obras, tanto de historia como de literatura, que poseemos en la biblioteca, por otras de derecho, que es fácil adquirir en todas las librerías”.13 Ante lo infamante acusación, respondió: “En efecto, examinando por primera vez la Biblioteca de la Escuela de Jurisprudencia, manifesté mi intención de proponer a quien correspondía el cambio de cinco obras, no de muchas, que allí vi, y que no parecen necesarias en una biblioteca especial de derecho, por otras que sí lo eran, que allí no existen, y tienen mayor valor real y estimativo. ”Esas obras no eran para mí, que no las necesito, ni hago comercio de libros, sino para la Sociedad de Geografía y Estadística, de la que soy presidente, y cuya excelente biblioteca está formándose [...]. ”Ni yo tuve nunca la siniestra intención de despojar de sus joyas a una biblioteca que las tiene en tan poco número, a pesar de que, según se dice, posee diez mil volúmenes en total desarreglo.

Por otra parte, si yo me atreví a pensar que el cambio que proyectaba no era atentatorio, fue porque supe, y es lo cierto, que en los años pasados se han hecho tales cambios de obras de historia antigua de México por obras de derecho, y esto, con permiso de los directores de la escuela, que, en mi concepto, procedieron con discreción. ”Porque, efectivamente, lo natural es pensar que en una biblioteca de jurisprudencia están mejor colocados los libros de derecho, que los Viajes del capitán Cook en el Polo Sur o la obra esencialmente de historia natural como la Historia plantarum de Hernández o las tradiciones monásticas como las que contiene la España sagrada.

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”Pero la carta de los alumnos nos convenció de lo contrario y vemos que ciertamente las observaciones sobre el mar glacial y la descripción del chayote y del cacahuate, de Hernández, son muy a propósito para ilustrar los artículos del Código Civil. ”En cuanto a lo que dicen los alumnos sobre la pérdida de manuscritos y de obras de gran valía que han sufrido nuestras bibliotecas, de los saqueos que éstas han sufrido y de las colecciones que han formado cuatro o cinco especuladores, creo firmemente que no me alcanza. Yo no he puesto jamás los pies, ni una vez sola, en las bibliotecas públicas, con excepción de la visita que he hecho a la de Jurisprudencia. Los directores de esas bibliotecas pueden atestiguarlo. Jamás he adquirido manuscritos, ni obras de valía. Las pocas obras que poseo han sido compradas con dinero y a libreros acreditados. No he formado jamás una sola colección de nada”.14 En 1882 los alumnos se envalentonaron y protestaron con mayor dureza contra el maestro y su cátedra. El primero que se atrevió a traspasar el límite del respeto fue el hijo del presidente Manuel González “que, por motivos de resentimiento, cometió un acto vituperable que Altamirano dejó pasar en silencio: estando éste en su clase, González se llegó al dintel de la puerta y dijo en alta voz, señalándolo: ‘Muchachos: he ahí al hombre de Darwin’, aludiendo a la fealdad proverbial de don Ignacio y a su puro tipo indígena”.15

Altamirano no cedió y continuó intentando interesar a los jóvenes en las lides de la oratoria, pero éstos ya no estaban dispuestos a transigir: “Viendo que ni por dejar de concurrir nosotros a la cátedra de elocuencia, ni por el hecho que acabo de narrar, ni por medios pacíficos conseguíamos que la clase se suprimiera, y habiéndonos querido obligar a asistir a ella de un modo formal, nos amotinamos en la presencia de Altamirano que abandonó la escuela en medio de la espantosa gritería y confusión, y algunos naranjazos.

Pocos días después renunció al cargo de catedrático o pidió una licencia ilimitada”.16 Estos hechos ocurrieron el 3 de junio de 1882.17 Aunque Altamirano siguió apareciendo en las listas de profesores, no regresó a impartir clases. El 19 de enero de 1884 se informó: “Antier principió el señor licenciado Jacinto Pallares en la cátedra de elocuencia forense en los alumnos del sexto año de la Escuela de Jurisprudencia. En nuestro concepto, el señor Pallares es apto para el desempeño de la cátedra mencionada; y sin poseer las cualidades oratorias de su antecesor, el señor Altamirano, tiene un conocimiento profundo de los preceptos del ramo que enseña”.18 Ninguna placa recuerda el paso de Ignacio Manuel Altamirano por la Facultad de Derecho. Por otro lado, desde su muerte en 1904 hasta la fecha, el Aula Magna de dicha institución lleva el nombre de Jacinto Pallares. 7

1 José Luis Requena, “Recuerdo de la Escuela Nacional de Jurisprudencia”, Revista de la Escuela de Jurisprudencia, México, UNAM, t. I, núm. 2, marzo-mayo de 1939, pp. 127 a 134.

2 Ángel Gilberto Adame, Antología de académicos de la Facultad de Derecho, México, Porrúa, 2014, p. 199.

3 “Excitativa”, El Tiempo, 29 de septiembre de 1883, p. 3.

4 “Elocuencia y filosofía”, La Tribuna, 30 de enero de 1880, p. 3.

5 “La cátedra de historia de la filosofía”, La Libertad, 18 de febrero de 1879, p. 3.

6 “La cátedra de elocuencia”, La República. Periódico Político y Literario, 19 de febrero de 1881, p. 3.

7 “La cátedra de elocuencia”, Diario del Hogar, 17 de enero de 1884, p. 3.

8 “Clase de elocuencia en la Escuela de Derecho”, La República. Periódico Político y Literario, 20 de febrero de 1881, p. 1.

9 Alejandro Villaseñor y Villaseñor, Guillermo: memorias de un estudiante, México, Tipografía El Tiempo, 1897, p. 224.

10 “Correo”, La República. Periódico Político y Literario, 6 de enero de 1881, p. 1.

11 “Ordinario examen”, El Monitor Republicano, 28 de mayo de 1882, p. 3.

12 Ignacio M. Altamirano, Necesidad de la elocuencia en el foro. Lecturas guerrerenses, núm. 2, Chilpancingo, Fundación Académica Guerrerense, A. C., noviembre-diciembre de 1995, p. 23.

13 “Correspondencia”, El Nacional. Periódico de Literatura, Ciencias, Artes, Industria, Agricultura, Minería y Comercio, 28 de julio de 1881, p. 1.

14 Ignacio M. Altamirano, “Falsa alarma”, La República. Periódico Político y Literario, 29 de julio de 1881, p. 2.

15 Alejandro Villaseñor y Villaseñor, op. cit., p. 225.

16 Idem.

17 Ezequiel A. Chávez, “Altamirano inédito”, Homenaje a Ignacio M. Altamirano, México, UNAM, 1935, p. 101.

18 “Inauguración”, El Monitor Republicano, 19 de enero de 1884, p. 3.

Ángel Gilberto Adame es licenciado en derecho y economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y notario 233 de la Ciudad de México. Además de su vocación jurídica, se ha dedicado al estudio de la historia nacional y es autor de las biografías de Jesús Moreno Baca y Octavio Paz. @Regino67

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Miguel Alessio Robles

La “Ley Antilavado”

en perspectiva notarial El autor relata el trabajo que se llevó a cabo en la administración del presidente Felipe Calderón —en la que fungió como Consejero Jurídico del Ejecutivo— para prevenir y detectar actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita y expone los aspectos inconstitucionales que, desde el punto de vista notarial, existen tanto en el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita como en sus reglas generales, expedidos en la siguiente administración.

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n la permanente lucha en contra del crimen organizado era necesario un instrumento legal que restringiera el uso de la moneda de curso legal, con base en un valor superior, como sin duda es el evitar que quienes delinquen y obtienen recursos como consecuencia de sus actos los utilicen para realizar contraprestaciones en operaciones lícitas, hecho conocido coloquialmente como lavado de dinero. Quienes tuvimos el privilegio de servir al país bajo las órdenes del presidente Felipe Calderón Hinojosa participamos en muchas reuniones de trabajo en las que en una primera instancia se realizaron los juicios axiológicos respecto de todos los valores involucrados, no sólo de frente a lo que sería el bien o los bienes jurídicos protegidos, sino para el análisis de aquellos valores que serían dejados de lado, especialmente el de la libre circulación de la moneda, como factor reconocido de cambio, y el establecimiento de límites al libre ejercicio de actividades comerciales y de servicios. Para el caso objeto de estas notas se invitó a la Asociación Nacional del Notariado, puesto que era inevitable la participación de los notarios públicos en la tarea de prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, básicamente en dos puntos fundamentales: evitar el uso de efectivo en ciertos actos jurídicos e identificar su forma de pago, dando aviso de todo ello a la autoridad competente.

En términos del artículo 18 de la ley, los notarios debemos: 1. Verificar la identidad de los clientes y usuarios con credenciales o documentación oficial, debiendo solicitar copia de dicha documentación.

2. Solicitar al compareciente que declare quién será el dueño beneficiario. En caso de ser un tercero, solicitar documentación oficial para identificarlo o, en su defecto, declarará que no cuenta con dicha documentación.

En relación con el segundo punto, se hizo especial énfasis en la distinción de los conceptos “dueño beneficiario” y “beneficiario controlador”, definido en el artículo 3 de la ley. Estaba claro, y así lo entendieron los legisladores, que el objeto de esta obligación del notario era constreñir a los usuarios del servicio notarial a no realizar operaciones como prestanombres de quienes buscan realizarlas con recursos de procedencia ilícita, obligándolos a declarar que no comparecen como testaferros, con la obvia advertencia de que en caso de que la autoridad probare lo contrario, habrían actualizado el tipo penal de falsa declaración ante notario, independientemente de las hipótesis normativas de esta ley. La otra alternativa es que quien realiza la actividad vulnerable declare en nombre o sustitución de la persona que la está llevando a cabo y, en su caso, la identifique.

La distinción es de la mayor trascendencia, primero, porque siempre existirá “beneficiario controlador”, según su definición legal en el citado artículo 3, y, como consecuencia, es

imposible que una persona declare que no existe, queriendo decir que actúa en su nombre y no en nombre de otro, que la ley llama “dueño beneficiario”; y segundo y más importante, porque la ley no puede ser una trampa para el particular y decirle, por un lado, parafraseando la ley: “puedes declarar que no hay dueño beneficiario”, y por otro, “beneficiario controlador siempre existe”, y por lo tanto tienes que decir cuál es éste, dando a entender que si no conoce el dato, no puede celebrarse o no debe celebrarse el acto.

Un ejemplo simple aclara la distinción que hizo el legislador. Al representante de una empresa inmobiliaria que acude ante notario a celebrar un contrato de compraventa de un bien inmueble, propiedad de su representada, le bastará declarar que la venta es en beneficio de su representada y que ésta actúa por su cuenta y no como prestanombre de otro.

Es decir, declarará ante notario, apercibido de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad, que no existe “dueño beneficiario”. Si se hubieren mantenido equiparados los conceptos en la ley no podría declarar esto último, ya que, se insiste, siempre existe “beneficiario controlador”; además, tendría que decir quién es éste para poder celebrar la venta y, adicionalmente, identificarlo. Es difícil saber, conforme a la definición del citado artículo 3 de la ley, quién o quiénes pueden ser los controladores de una empresa; habría que verificar en los estatutos sociales para establecer si lo es la asamblea de accionistas o socios o un grupo de éstos, o el órgano de administración, o una combinación de ambos. Identificar a dos accionistas o consejeros no tendrá dificultad; identificar, digamos, a 10 de ellos, sí la tiene; pero identificar a quienes controlan una empresa que cotiza en bolsa es imposible desde el punto de vista jurídico y práctico.

El artículo 14 del reglamento es inconstitucional, pues a través de esta disposición reglamentaria se pretende ampliar los parámetros establecidos por el legislador en la ley.”

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Por otro lado, se logró hacer ver a los legisladores que en la práctica es común el uso de anticipos, especialmente en las operaciones traslativas onerosas, y que, para efectos recaudatorios, el hecho generador del crédito fiscal ocurre en la realidad pragmática cuando la operación se formaliza en definitiva ante el notario, quien calcula y entera los impuestos federales y locales en ese momento, aun cuando técnicamente ese hecho se realiza desde el pago del anticipo y sobre la base de toda la contraprestación, salvo los raros y excepcionales casos en que es permisible pagar a plazos los impuestos causados. Así, se estableció que en caso de que el valor de la operación sea inferior a las cantidades señaladas en la ley, o cuando el acto u operación haya sido total o parcialmente pagado con anterioridad a la firma del instrumento, bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad hagan los clientes o usuarios (artículo 33).

Una vez promulgada y publicada la ley, y habiendo dejado el cargo de consejero jurídico del Ejecutivo federal, en representación del Colegio de Notarios del Distrito Federal, hice ver a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda las deficiencias y los claros puntos inconstitucionales que contenían tanto el proyecto de reglamento como las reglas generales que a la larga fueron expedidos y que se resumen en los siguientes puntos, los cuales están contenidos en los conceptos de violación del amparo que fue presentado en contra de ellos.

Violación al principio de reserva de ley En el artículo 18 de la ley se establecen diversas obligaciones para los sujetos que realizan actividades vulnerables; entre otras, identificar a los clientes y los usuarios que llevan a cabo lo que se consideran actividades vulnerables y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial,

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así como recabar copia de la documentación y la referida solicitud respecto del beneficiario controlador.

A pesar de que las obligaciones que se desprenden de la ley son claras y precisas, las reglas de carácter general a que se refiere el reglamento, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2013, exigen el cumplimiento de mayores requisitos que la propia ley: políticas de identificación; integrar expedientes de identificación; adjuntar comprobantes recientes de domicilio del otorgante del acto y de su representante, en su caso, entre otras. No se desconoce que es facultad de las autoridades fiscales emitir reglas que permitan reglamentar ciertos aspectos previstos en las normas legales; sin embargo, dichas reglas, para no violentar el principio de reserva de ley, deberán tener un sustento en la ley que “efectúe una remisión específica a la regla”, de manera que a través de dicho precepto se ceda la reserva de ley a las autoridades administrativas a través de las referidas reglas de carácter general. Se puede advertir claramente que en ningún momento la ley remite al cumplimiento de las reglas de carácter general a que se refiere el reglamento de la ley. La violación al principio de reserva de ley se deriva del hecho de que la ley no remite al cumplimiento de las reglas de carácter general a que se refiere el reglamento.

La trascendencia del cumplimiento de las reglas a que se refiere el reglamento de la ley deriva del hecho de que si los clientes o usuarios del servicio notarial no proporcionan al notario la información y la documentación que se relaciona en las multicitadas reglas, el propio fedatario deberá abstenerse de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, como lo establece el artículo 21 de la ley.

La inconstitucionalidad de las reglas de carácter general queda mucho más clara a través del siguiente diagrama:

Remite a

La segunda norma inconstitucional es el artículo 45 del reglamento, que establece lo siguiente: “Los fedatarios públicos, para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la ley, en la identificación de la forma en la que se paguen las obligaciones por parte de sus clientes o usuarios, deberán considerar el monto, fecha y forma de pago, y moneda o divisas con la que se haya efectuado el referido pago. ”Asimismo, por lo que respecta a la declaración de los clientes o usuarios señalada en el segundo párrafo del artículo 33 de la ley, ésta deberá señalar la forma en la que se paguen o hayan pagado las obligaciones en términos del párrafo anterior, para lo cual deberán observar lo previsto en el artículo 32 de la ley”.

Es claro que el artículo 45 del reglamento va más allá de la ley, resultando violatorio del principio de reserva de ley. Esto es así pues la ley es muy cristalina al establecer que cuando el valor de la operación sea inferior a la cantidad de ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal o cuando el pago se haya realizado con anterioridad a la firma del instrumento, total o parcialmente, bastará la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de los usuarios, para que se tenga por acreditada la forma de pago.

De igual forma, el artículo 14 del reglamento es inconstitucional, pues a través de esta disposición reglamentaria se pretende ampliar los parámetros establecidos por el legislador en la ley, como se acredita a continuación.

Como señalé en párrafos anteriores, en el artículo 18 de la ley se establecen las obligaciones que deberán cumplir los sujetos que realizan las actividades que se consideran “vulnerables”. Dentro de dichas obligaciones se encuentra solicitar al cliente o usuario que participe en la actividad “vulnerable” información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, requerir al cliente o usuario para que exhiba documentación oficial que permita identificar al “dueño beneficiario”, siendo que si esta información no obrare en su poder, declarará que no cuenta con ella.

Ahora bien, como se puede constatar fácilmente, en la ley el legislador fue omiso en establecer qué se entiende por “dueño beneficiario”, concepto que, conforme a la ley de la materia,

de ninguna manera es sinónimo de “beneficiario controlador”, pues de haberlo querido de esta forma el legislador, así lo habría plasmado expresamente en la propia ley.

Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación En el amparo promovido en contra del reglamento y de sus anexos, atraído finalmente por la Suprema Corte (amparo en revisión 546/2014), se hicieron valer como conceptos de violación los tres señalados anteriormente, es decir, la inconstitucionalidad del reglamento y, como consecuencia, de las reglas, en relación con ir más allá en el tema de la identificación de los usuarios, y equiparar los conceptos de contraprestación pagada ante el notario con los anticipos e identificar el concepto de dueño beneficiario con el de beneficiario controlador. La ambigua resolución de la Sala de la Corte estableció, con una fraseología incomprensible, que el reglamento y las reglas no son inconstitucionales, “pues únicamente precisan los mecanismos y procedimientos para ‘implementar’ las personas que realizan actividades vulnerables para identificar a los clientes o usuarios y al beneficiario controlador o dueño beneficiario y las actividades que éstos realizan, así como los términos conforme a los cuales deben presentarse los avisos correspondientes”. Mi conclusión y práctica es que sólo estamos obligados a recabar aquella información que necesitamos para presentar los avisos de los actos en que intervenimos.

En lo que se refiere a los anticipos, la sentencia que niega el amparo es igualmente ambigua, pues, en resumen, señala que sí hay obligación de los usuarios de identificar la forma de pago del anticipo, pero no es obligación del notario verificarlo. En pocas palabras, los usuarios pueden declarar que el pago del anticipo se realizó en efectivo con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Más aún, como está estructurado este considerando, me lleva a la conclusión de que el amparo en este punto debió sobreseerse y no negarse, por no causar perjuicio al quejoso.

Respecto de la confusión de los conceptos de dueño beneficiario y beneficiario controlador, se concedió el amparo, como no podía ser de otra forma, declarando la inconstitucionalidad del artículo 14 del reglamento. 7

Miguel Alessio Robles es notario público 19 de la Ciudad de México y socio fundador del despacho Alessio Robles y González, S.C. Fue Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y ocupó el cargo de Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

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Mateo Mansilla-Moya

Los jueces eléctricos: educación literaria en el derecho

¿Qué es justicia? ¿Quién define lo que es justo? ¿Qué significa juzgar? ¿Qué papel juegan la experiencia y las emociones en el proceso de emitir un fallo? ¿Qué virtudes permiten impartir justicia? ¿Qué relación existe entre juzgar y libertad de elección? ¿Qué límites debe tener el juez al decidir? ¿Qué sentido último tiene el acto de juzgar? Los jueces eléctricos, obra analizada en esta colaboración, reflexiona sobre estos problemas filosóficos y éticos que subyacen en la actividad de los jueces.

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Derecho&LITERATURA

e ha dicho en múltiples ocasiones: la literatura de ficción y el derecho se vinculan a través de una compleja red de interrelaciones que, al menos desde la segunda mitad del siglo pasado, han motivado —originalmente en Estados Unidos— un movimiento intelectual que se ha propuesto como objetivo descubrir cada una de éstas.

Alejandro Nava Tovar, investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en su libro Argumentación jurídica (Inacipe, 2020), alude a un texto en el que el filósofo del derecho Gustav Radbruch se pregunta por la aversión generalizada de poetas y artistas hacia las ciencias jurídicas y plantea como una posible respuesta “la tendencia del jurista a abstraerse de los rasgos esencialmente humanos”.1 Para quienes reflexionan el derecho, ¿cuál es el objeto, entonces, ante este panorama, en el que la literatura de ficción o la poesía parecieran ser imprácticos para el derecho, por no abstraerse éstos de los rasgos esencialmente humanos, de descubrir dichos vínculos? El interés del movimiento Derecho y Literatura no puede reducirse a un mero capricho intelectual, como veremos más adelante, por lo que su objetivo representa cierta practicidad para el estudio y el ejercicio del derecho.

De los numerosos vínculos que existen entre una disciplina y otra, este movimiento ha descubierto que la educación de los juristas también puede ser influida por la literatura de ficción con el fin de alcanzar mayores grados de justicia en el momento en que el estudiante se convierta en operador.

Este texto tiene como objetivo principal presentar la obra Los jueces eléctricos. ¿Qué significa juzgar? (Ubijus, 2020), del magistrado Miguel Bonilla López, como un instrumento literario para la educación de los operadores del derecho. En un primer momento nos aproximaremos en particular a la literatura de ficción como un instrumento para la educación jurídica; posteriormente, nos adentraremos al libro en cuestión como ejemplo de la literatura que sirve para el fin planteado, y concluiremos con algunas reflexiones tendientes a invitar al lector a descubrir La lectura de este la obra de Miguel Bonilla López.

de ficción: “De la confrontación de los futuros juristas a los métodos y los textos literarios se espera, a la vez, la adquisición de competencias técnicas (mejorar la expresión escrita y oral, y la capacidad de escucha y de diálogo) y la difusión de capacidades morales necesarias para ejercer la profesión de jurista: poner más atención en la diversidad de situaciones (particularmente aquellas que sufren los marginados), el afinamiento del sentido de la justicia y la adquisición de un sentido de las responsabilidades políticas inherentes a las funciones de juez y abogado”.2 En México, el movimiento del infrarrealismo jurídico (basado en el movimiento literario conocido principalmente a través de la novela Los detectives salvajes de Roberto Bolaño), surgió con el objetivo de “humanizar lo humano [...] de llevar al derecho al campo de las grandes batallas humanistas [...] buscar donde los filósofos del derecho tradicionalmente no lo han hecho o donde han despreciado hacerlo”.3 Dice Narváez Hernández que una de las intenciones de este movimiento es recuperar la dimensión artística del derecho, y que “la literatura, el cine, la pintura y la música son excelentes aliados para descubrir también argumentos ocultos [...] que nos refiera la cultura sobre sus derechos”.4 De la lectura de Ost y de lo que pretende el movimiento del infrarrealismo jurídico en México puede extraerse que el arte, en general, y la literatura, en particular, pueden humanizar lo que es humano, como las ciencias sociales, al dar a los operadores jurídicos herramientas para generar diálogo, pensar en términos éticos, afinar el sentido de la justicia y descubrir argumentos ocultos en la cultura a partir de otros saberes.

Entre quienes reflexionan y ejercen el derecho a la luz de estas perspectivas se encuentra Miguel Bonilla López, quien, además del libro que se analizará más adelante, ha escrito diversos textos al respecto, entre los que podemos mencionar el más reciente: Érase que se era un juez.

Ilustración de virtudes y vicios judiciales libro es urgente en la literatura (Ubijus, 2021). en las aulas de escuelas, facultades Pasemos, pues, a conocer Los jueces eléctricos, un libro de literatura de ficy colegios que educan a los jurisción que puede ser instrumentalizado tas, pues las reflexiones a las que por el derecho para la educación de sus estudiantes con el fin de que se puedan nos invita el autor son acordes alcanzar los objetivos mencionados en a las necesidades sociales actuales este apartado.

Formación literaria en el estudio del derecho La literatura y el derecho, decíamos, son disciplinas que se encuentran vinculadas de diversas formas; una de éstas es el papel que la literatura de ficción puede tener en la educación de los juristas al relacionadas con la impartición humanizar y presentar como humana a Los jueces eléctricos de justicia en México. esta ciencia social.

En 2020 Miguel Bonilla López publicó En su texto Derecho y literatura: en la este libro de viñetas literarias, bajo frontera entre los imaginarios jurídico y literario, François Ost el sello editorial Ubijus. El subtítulo de su trabajo engloba —una autoridad en la materia— menciona una serie de motivos la finalidad de sus textos: reflexionar en torno a lo que por los cuales los estudiantes del derecho deben leer literatura significa juzgar.

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Derecho&LITERATURA A través de trece viñetas, siguiendo la teoría de los mundos posibles, Bonilla López plantea un mundo distópico en el que las máquinas pueden juzgar las controversias de los seres humanos, y en el que, antes que respuestas, se plantea una serie de preguntas que invitan a los lectores a reflexionar sobre cuestiones particulares en torno del genérico juzgar, entre las cuales se encuentran: ¿qué es la justicia?, ¿qué define lo que es justo?, ¿qué papel juegan la experiencia y las emociones en el proceso de emitir un fallo?, ¿qué límites debe tener el juez al decidir? y ¿qué sentido último tiene el acto de juzgar?5 La colección de viñetas sirve no únicamente para el estudio del derecho por los temas que aborda, sino que además está dirigida a la educación jurídica desde su origen. Dice el autor al respecto: “La literatura puede formar a los futuros juristas a través de novelas, cuentos o tragedias, u otras formas narrativas contemporáneas como el cine, las series o los videojuegos: permite introducir a los jóvenes de manera atractiva y desafiante en el examen de los grandes problemas que presenta el ejercicio de la jurisprudencia. ”[...] ”Sólo quiero que el estudiante universitario, un muchacho o una joven que están ahora mismo por decidir su vocación como juristas, encuentren un material interesante que les permita generar sus propias reflexiones y los motive —ojalá— a escoger la judicatura como su destino”.6 A través de una redacción clara y sencilla, y de una narrativa singular, cada viñeta aborda una temática diferente. Los títulos específicos de cada ficción encuadran algunas

de estas problemáticas de las que Bonilla López pretende hacer partícipes a sus lectores: “El origen”, “Las virtudes”, “La burocracia”, “El instructor”, “El filósofo”, “El aprendiz”, “El inocente”, “La equidad”, “Los desperfectos”, “La hoguera”, “El captor”, “La clave”, “El preso”...

Conclusiones El estudio de los vínculos entre el derecho y la literatura genera posibilidades prácticas para que los juristas puedan reflexionar en torno de sus quehaceres dentro del mundo jurídico desde perspectivas éticas y críticas, tendientes a la concreción de la justicia.

Una de estas posibilidades es la instrumentalización de los textos literarios para la educación de los potenciales operadores jurídicos.

El libro de viñetas literarias Los jueces eléctricos. ¿Qué significa juzgar? del investigador Miguel Bonilla López es un perfecto ejemplo de un instrumento literario hecho para la formación del estudiante de derecho.

La lectura de este libro es urgente en las aulas de escuelas, facultades y colegios que educan a los juristas, pues las reflexiones a las que nos invita el autor son acordes a las necesidades sociales actuales relacionadas con la impartición de justicia en México, necesidades que tienen que ser atendidas para sacar de la crisis a nuestro Estado democrático de derecho.

Leer la obra de Miguel Bonilla López es una invitación a repensar la forma en que nos acercamos al derecho a partir de actitudes más sensibles, éticas y humanas. 7

Gustav Radbruch, Introducción a la filosofía del derecho, FCE, México, 2005, p. 145; cita recuperada de Alejandro Nava Tovar, Argumentación jurídica, Inacipe, México, 2020, p. 2. Esta aversión también es contemporánea; se ilustra en la actualidad, por ejemplo, en el filme Bag of Bones (basado en la novela de Stephen King), en la escena en que Mike Noonan (Pierce Brosnan), tras el fallecimiento de su esposa, tiene que enfrentarse a un abogado que se encarga de litigar la custodia de uno de los personajes del largometraje. Desde la forma en que se construye el personaje del abogado, la forma tan fría en la que se dirige a las demás personas y se acerca a los problemas que tiene que resolver, genera rechazo total por parte del espectador hacia él.

2 François Ost, “Derecho y literatura: en la frontera entre los imaginarios jurídico y literario”, en Derecho & Literatura. El derecho en la literatura, Libitum, México, 2017, p. 24.

3 “Editorial”, El Tecolote Ciego. Revista del Movimiento Jurídico Infrarreal, núm. 0, UNAM, México, 2014, p. IV, recuperado de José Ramón Narváez Hernández, Argumentar de otro modo los derechos humanos, CNDH, México, 2015.

4 José Ramón Narváez Hernández, op. cit., p. 84.

5 Miguel Bonilla López, Los jueces eléctricos. ¿Qué significa juzgar?, Ubijus, México, 2020, p. 14.

6 Ibid., p. 13.

Bibliografía: • Bonilla López, Miguel, Los jueces eléctricos. ¿Qué significa juzgar?, Ubijus, México, 2020.

• Narváez Hernández, José Ramón, Argumentar de otro modo los derechos humanos, CNDH, México, 2015.

• Nava Tovar, Alejandro, Argumentación jurídica, Inacipe, México, 2020.

• Ost, François, “Derecho y literatura: en la frontera entre los imaginarios jurídico y literario”, en Derecho & Literatura. El derecho en la literatura, Libitum, México, 2017.

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Mateo Mansilla-Moya es egresado del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana y director general de Cardenal Revista Literaria. @moya_mansilla

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Para leer DERECHO AMBIENTAL MEXICANO: REGULACIÓN SECTORIAL Este libro presenta, clara y sucintamente, el marco jurídico aplicable en México a los principales sectores ambientales.

Se incluye en cada uno de los capítulos el marco jurídico internacional que rige actualmente cada uno de esos sectores ambientales específicos, como las aguas, las zonas costeras, la atmósfera, el cambio climático, la biodiversidad, los bosques, los residuos, los suelos, el ruido, los olores, los impactos visuales y la contaminación lumínica.

Igualmente, se detalla la cuestión de la distribución de competencias Federación-estado-municipio, además de estudiarse los actos y los comportamientos que constituyen delitos en relación con dichos recursos.

En definitiva, se trata de un recorrido completo y detallado del marco jurídico para la protección de los recursos naturales en México, aunque no se excluye la vertiente internacional.

Por medio de ocho capítulos se estructuran adecuadamente y se describen los diversos aspectos que componen el derecho ambiental, lo cual hace a esta obra única, por tratar integralmente sus múltiples aristas y vertientes.

Por lo anterior, este libro es una referencia obligada en la materia y constituye una herramienta útil no sólo para abogados sino también para contadores, ingenieros, asesores y público en general interesado en conocer la materia ambiental. Está disponible en https://tienda.smarteca.com.mx.

Jesús Edmundo Coronado Contreras

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Tania García Wolters Kluwer-Bosch México 2021 Jesús Edmundo Coronado Contreras es director editorial de Wolters Kluwer México.

PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN MÉXICO Los problemas que tiene México ocasionados por el crimen organizado y la corrupción son sumamente complejos de resolver, pero sin duda el desmantelamiento de sus redes financieras contribuye a combatirlos. Por ello, es imperiosa la necesidad de establecer controles sólidos y eficaces de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita que cumplan plenamente con los estándares globales en la materia.

Los autores de este libro, además de encontrarse entre los principales expertos en la lucha contra el lavado de dinero en México y haber estado involucrados en gran parte del desarrollo e implementación del actual marco normativo en la materia, se dieron a la tarea de generar un texto para cualquier tipo de lector con el fin de facilitar la comprensión de todos los componentes básicos del régimen de prevención de este delito.

Esta obra será útil para estudiantes, abogados, legisladores, reguladores, supervisores y profesionales enfocados al cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero, ya que en un solo lugar podrán identificar las leyes y las regulaciones que componen el marco normativo; los principios internacionales en los que se basa; las autoridades involucradas y las funciones que cada una desempeña; los principales sujetos obligados y sus respectivos deberes, así como las herramientas que contribuyen a tener una mejor comprensión de los riesgos y las vulnerabilidades que hacen susceptible a las actividades financieras y no financieras al abuso de los delincuentes y de los métodos que éstos emplean.

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Santiago Nieto Castillo, Sandro García Rojas Castillo y Karla Valenzuela Pérez Coordinado por Rocío Haydee Robles Tirant lo Blanch 2021

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abogacía Julio 2021

LOS LIBERALES Y LA CONSTITUCIÓN DE 1857 Expresiones como Leyes de Reforma, desamortización, libertad religiosa o liberales tienen en México una fuerte carga ideológica. Sin embargo, la gran mayoría de las personas desconoce en qué consisten realmente, más allá de la mitología o las leyendas que habitualmente las rodean.

En ese sentido, el autor de esta obra indaga la realidad oculta tras los mitos, para conocer los hechos y entenderlos. La obra se centra en la época liberal, escudriñando los acontecimientos ocurridos entre el levantamiento de los promotores del Plan de Ayutla, el Congreso Constituyente de 1856-1857 y la Constitución que produjo, hasta las denominadas Leyes de Reforma y la resolución definitiva del diferendo entre republicanos e imperialistas.

La investigación tiene como columna central la consideración de las instituciones jurídicas y jurídico-políticas del liberalismo, aspecto que sin duda reviste interés especial para la abogacía, más aún tomando en cuenta la incertidumbre política que en ese periodo generó décadas de inestabilidad y que sólo conociendo nuestro pasado podremos evitar que se repita.

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Jorge Vargas Morgado Burgoa Editores 2020

Buzón jurídico ¿Tiene algún comentario breve sobre nuestro marco legal que desee hacer público en este espacio? ¿Quiere hacer una réplica u observación a los autores de los artículos que se han publicado en esta revista? ¿Desea enviar alguna sugerencia o recomendación a los editores de la publicación?

Este espacio es para usted. Le extendemos una invitación a ponerse en contacto con nosotros al correo: editor@revistaabogacia.com

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Para leer LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES. COMENTADA Las leyes comentadas representan —en muchos casos— un trabajo destinado a engrosar los anaqueles de bibliotecas universitarias y pocas veces son consultadas. Sobre todo aquellas que se dedican a “comentar” los artículos a partir de citas de jurisprudencia en la materia.

Pocas veces encontramos trabajos académicos de este tipo que reúnan tres características: 1) aborden una ley poco analizada, 2) reúnan visiones que apunten a la multidisciplinariedad y 3) cuenten entre sus autores a voces expertas desde la academia y el servicio público.

Estas tres características las reúne la presente obra, publicada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Tirant lo Blanch, coordinada por un académico —César Astudillo— y un servidor público —Gilberto de Hoyos—.

Por ser una obra basada en comentarios legislativos, resulta evidente que en ella se desarrollan cada uno de sus artículos, pero, hemos de decirlo, se nota un perfecto equilibrio en la elección de todas y cada una de las personas que participan en la obra. Destacan los textos de Eduardo Martínez Altamirano, que versan sobre las conductas delictivas que afectan la consulta popular (artículo 19); de Daniel Díaz Cuevas, sobre uno de los artículos de reciente adición en la ley (11 bis) acerca del uso de recursos públicos durante el proceso electoral por parte de personas servidoras públicas; de Jaime Cárdenas García, a quien asignaron el comentario al artículo 14; de Héctor Díaz Santana, quien comenta el artículo 15, y de Luis Espíndola Morales, quien en su comentario al artículo séptimo transitorio nos habla sobre la importancia de la autonomía de las fiscalías electorales.

No podemos dejar de apreciar la inclusión de diversas mujeres especialistas en materia penal electoral, entre las cuales destacan Carla Astrid Humphrey Jordan, actual consejera del Instituto Nacional Electoral, que en su participación desarrolla el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como Leticia Catalina Soto Acosta, quien desarrolla de manera clara y precisa el contenido del artículo 1º de la ley.

El brillante prólogo de Santiago Nieto Castillo, quien fuera titular de la Fepade de 2015 a 2017, y el prefacio del actual titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, sirven también como un aliciente para acercarse a esta obra.

30 años brindando soluciones integrales

Manuel Jorge Carreón Perea -------------------------------

César Astudillo y Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon (coords.)

Tirant lo Blanch 2021

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Manuel Jorge Carreón Perea es consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. @MJorgeCP

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Lotes, nichos y osarios a perpetuidad.

Amplias y confortables salas de velación.

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Ignacio Galindo Garfias (1911-2008) Ignacio Galindo Garfias fue uno de los abogados civilistas más importantes del siglo pasado en nuestro país.

Obtuvo el título de licenciado en derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en 1935, y el de doctor en derecho, con mención honorífica, en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1956. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y maestro emérito de la Facultad de Derecho desde 1990. Perteneció a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, al consejo editorial de la Revista de Derecho Privado y fue miembro de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación Correspondiente de la Real de Madrid. Obtuvo el Premio Nacional de Jurisprudencia en 2001. De su obra escrita destacan Derecho civil. Primer curso, Estudios de derecho civil, Teoría de las obligaciones y Teoría general de los contratos.

Si deseas compartir una fotografía inédita de alguno de los grandes juristas de México, puedes enviárnosla a editor@revistaabogacia.com para su publicación en la revista o en nuestras redes sociales.

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Humor

Alfonso Orvañanos

Entiendo que se haya acostumbrado a las audiencias por zoom abogado, pero... ¡ésta ya es presencial!

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abogacía Julio 2021