Revista "Abogacía", #4, junio de 2021

abogacía LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

Año 1, núm. 4, junio de 2021

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$99.00

Lorenzo Córdova

Aceptar la derrota: condición para la democracia <Protección del ambiente: bioética y derecho Sergio García Ramírez <El nuevo derecho administrativo Miguel Carbonell <La Suprema Corte y sus presidentes

José Manuel Villalpando

<¿Democracia bajo amenaza? Una mirada al sistema electoral

Luis Espíndola

V

Presentación

ivimos un proceso electoral que ha sido calificado como “el más grande en la historia de México”, por el que se renovará la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país. Por eso, desde abril pasado hemos sido bombardeados con millones de spots en radio y televisión, y materiales promocionales tanto de los candidatos como de las autoridades electorales, cuyo objetivo ha sido incidir en nuestras preferencias o concientizarnos sobre la importancia de nuestra participación.

Pero ¿qué es lo que se juega este 6 de junio? Ni más ni menos que la supervivencia de nuestra democracia, ese espacio que, como afirma en entrevista el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova —digno discípulo de José Woldenberg—, permite que conviva el pluralismo y aflore la complejidad de la sociedad: “No hay otra forma de gobierno que nos permita coexistir de manera pacífica. Por eso es fundamental la tolerancia”.

Una sociedad en la que conviven personas con distintas formaciones, intereses y proyectos de vida requiere instituciones sólidas que precisamente garanticen dicha convivencia. Sin ellas, sólo puede haber lugar para la intolerancia, la polarización y el caos. Es por eso que el mismo Lorenzo Córdova señala: “La aceptación de las derrotas es una condición indispensable para garantizar la democracia”.

Corresponderá, ahora, a los partidos políticos y a los candidatos asumir las reglas del juego democrático: conducirse con prudencia, responder a la confianza depositada en ellos y conciliar visiones opuestas, en caso de resultar ganadores; asumir la derrota, evaluar sus causas y seguir trabajando desde nuevos frentes, en caso de no haber sido favorecidos por los electores. No es una tarea difícil. Para llevarla a cabo sólo se necesita poner los intereses comunes por encima de los propios. ¿Y qué papel juega la ciudadanía? Ni más ni menos que la defensa de esa democracia; garantizar que no sucumba al encono o la mezquindad. Como señala Luis Espíndola, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la democracia es una forma de vida que siempre está bajo amenaza, por lo que está en todos nosotros procurar y defender los derechos humanos y mantener la garantía de nuestras libertades y de nuestro bienestar: “Tanto instituciones como sociedad están involucradas. En todos nosotros recae el ideal de democracia

y si nosotros no la protegemos, la democracia no nos va a proteger a nosotros”, afirma en entrevista.

Nuestra edición de junio toma, pues, como eje central el tema electoral, sin dejar de lado consideraciones relacionadas con otros temas de actualidad: las herramientas que desde el derecho y la bioética están a nuestro alcance para garantizar la conservación del medio ambiente, cuestión que aborda Sergio García Ramírez; la renovada vigencia del derecho administrativo, de la que habla Miguel Carbonell; la inconstitucionalidad de las reformas propuestas a la Ley del Notariado para la Ciudad de México, que analiza Agustín Wallace Hampton; la necesidad de una cultura moral para el verdadero funcionamiento del sistema jurídico, que trata Alfonso Siliceo, y las siempre útiles recomendaciones de lectura, entre las que destaca el Diccionario de la Democracia de Patricio Marcos, publicado por Miguel Ángel Porrúa.

Como cada mes, hacemos votos para que la palabra confiada a los juristas, a través de estas páginas, sea motivo de debate y construcción de un Estado de Derecho cada vez más sólido.

Cordialmente, José Ángel Villalobos Magaña Presidente del Consejo de Administración

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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DIRECTORIO

Consejo editorial

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESIDENTE José Ángel Villalobos Magaña

SECRETARIO Ángel Gilberto Adame López

TESORERO Jorge López Nepomuceno

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Miguel Carbonell

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Alfonso Siliceo Aguilar

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CONTACTO 55-5616-2111 y 55-5131-5163 info@revistaabogacia.com www.revistaabogacia.com abogacía. La voz y la pluma de los juristas, año 1, núm. 4, junio de 2021, es una publicación mensual editada por Base Legal, S.A. de C.V., con domicilio en Altavista 28, Col. San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2021-050410222700102. Certificado de Licitud de Título y Contenido en trámite.

Impresa por Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03910, Ciudad de México. Las opiniones expresadas por los articulistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de los editores de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos y las imágenes de la publicación sin previa autorización de la editorial.

Contenido Junio 2021

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Aceptar la derrota: condición para la democracia Lorenzo Córdova Vianello

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NUEVOS TALENTOS

REFLEXIONES

El derecho de uso de una fosa Jorge Narváez Wills

El nuevo derecho administrativo Miguel Carbonell

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REFLEXIONES

Estado de derecho. Utopía y desafío Alfonso Siliceo Aguilar

10 VISIÓN GLOBAL

Las “buenas prácticas” y su rol para preservar los tratados Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

22 REFLEXIONES

¿Para qué sirven los consejos universitarios?

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EL PASADO DEL PRESENTE

La Suprema Corte y sus presidentes José Manuel Villalpando

38 VOCES

¿Democracia bajo amenaza?

Una mirada al sistema electoral mexicano Luis Espíndola Morales

42 REFLEXIONES

Lesly Fernanda Valencia

Cosas perdidas y abandonadas: ¿qué hacer con ellas?

Janeth de la Luz Viñas

Jorge Adame Goddard

50

66

Identidad digital y firma electrónica

Protección del ambiente: bioética y derecho

REFLEXIONES

Valentín Ibarra Melero Ana Sofía Ríos Artigas

54 REFLEXIONES

Inconstitucionalidad de la propuesta de reforma a la Ley del Notariado para la Ciudad de México Agustín Wallace Hampton

62 ¿QUÉ DICEN HOY LOS TRIBUNALES? Denise Tron Zuccher

Mariana Ruiz Albarrán

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REFLEXIONES

Sergio García Ramírez

70 DERECHO Y LITERATURA Houellebecq: una visión de la democracia Manuel Jorge Carreón Perea

72 PARA LEER

Reflexiones sobre la justicia Lilia Mónica López Benítez

76 RECOMENDACIONES Podcasts legales

estado de derecho Utopía y desafío Alfonso Siliceo Aguilar

En la presentación de esta importante y todavía recién nacida revista abogacía, el licenciado José Ángel Villalobos señala con precisión la importancia del Estado de derecho en la tarea de todo abogado. Esta mención me movió para hacer las siguientes reflexiones sobre tan trascendente concepto y tarea de todos.

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Entorno mundial El mundo futuro será solidario o no habrá futuro humano sustentable. Vivimos en un desierto, en un vacío espiritual y en una preocupante crisis de valores, entre los cuales los principios jurídicos que tienen que ver con la realización de la justicia para el bien común y la paz social deben ser revisados, así como la formación teórica y práctica de los abogados.

Contemplamos la paradoja de un mundo donde crecemos de forma sobresaliente en lo técnico-científico, y a pesar de los avances humano-sociales se incrementa trágicamente el odio, la injusticia que promueve la desigualdad, la destrucción de la naturaleza y la carrera armamentista. Vivimos un riesgo permanente de desaparecer parcial o totalmente como género humano, según lo afirman varios expertos en el tema.

En este contexto mundial-planetario, el concepto y la realización del Estado de derecho cobra una relevancia trascendente que no se puede reducir sólo a concebirlo como un conjunto de leyes, un ordenamiento jurídico formal de derecho positivo; el Estado de derecho debe ser uno de los pilares para el logro del bien común que permitirá una humanidad sustentable para las siguientes generaciones.

Estado de derecho, una cultura Desde que Solón, padre de la democracia ateniense, insinuó por primera vez el Estado de derecho para una forma de vida democrática, hemos incurrido reiteradamente en el error de tener una visión reduccionista y de concebirlo sólo como un ordenamiento jurídico, frío y formal, y no como una realidad social, jurídica y política, basada principalmente en el comportamiento de virtudes personales, sociales e institucionales que edifiquen de manera auténtica una democracia en la que se busque la justicia y la seguridad jurídica, condición sine qua non para el logro de un futuro que, presidido por la justicia, será la base del progreso y el desarrollo humano integral.

Nuestro concepto, si bien es un orden jurídico, es más una cultura dinámica, una cultura de legalidad, es decir, un conjunto de valores, creencias, principios y anhelos que todo grupo humano establece para su supervivencia y desarrollo.

Esto se confirma con el análisis de las grandes civilizaciones que, por la vivencia de sus valores, lograron grandes destinos, y por el deterioro de los mismos, cayeron inexorablemente.

Toda cultura, desde la perspectiva de la antropología y de la psicología social, se refiere a conductas y programas sociales orientados al desarrollo humano y a resultados productivos para el logro de la misión de toda empresa, institución, comunidad o nación.

En este sentido, la variable independiente del Estado de derecho como ordenamiento, cultura y acción está basada en un liderazgo en todas las áreas del quehacer humano, que genere y oriente, a través de la educación, la formación de espíritus socialmente virtuosos y sanamente patrióticos para el respeto y el cumplimiento del orden jurídico, a sabiendas de que la política es cultura y el derecho también, y que

ambos se subordinan recíprocamente para el logro de un bien mayor, idea que los fariseos del derecho deben entender, pues “el derecho es para el hombre y no el hombre para el derecho”.

La estrategia fundamental para el logro de nuestro tema y de una auténtica democracia es la educación de calidad, a través de la cual se genera el amor a la vida, a la familia, a la sociedad y a la patria, y se forman y encauzan las mentes y los corazones para el logro de grandes destinos. Pues, ¿qué no es el estado para el logro de la felicidad y el desarrollo de los pueblos?

Recordemos a Confucio: “Donde hay justicia, no hay pobreza”; a Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”; a Simón Bolívar: “La justicia es la reina de las virtudes republicanas”, así como a Tomás de Aquino, a R. Von Ihering y a la pléyade de juristas, abogados y sabios políticos que siempre han buscado la justicia y la equidad.

Estado de derecho en México En un país como México, que en la última década ha promediado más de 30 millones de delitos al año, de los cuales 97 por ciento quedan impunes, no se puede hablar de vigencia real de un Estado de derecho. A estos datos se debe sumar la corrupción de políticos, empresarios y antilíderes que anteponen sus intereses personales en detrimento del pueblo.

Para todos los mexicanos, la misión del Estado de derecho es la protección de nuestra soberanía y la realización de la justicia y de los derechos fundamentales como núcleo moral y como bienes máximos de nuestra sociedad, pues el Estado de derecho no es una expresión a través de la cual nuestros pseudogobernantes han logrado vanos aplausos con sus discursos. Se trata de conceptos-fuerza de compromiso y acción, cuya necesidad en México es necesaria e inaplazable y ante la cual todos debemos obligarnos.

En el libro Liderazgo, un imperativo ético1 propongo cuatro valores como columnas sólidas para un futuro humano sustentable: honestidad, respeto, solidaridad y compasión. El primero es intrapersonal y los tres restantes interpersonales, pues tienen que ver con la relación entre personas y grupos.

Estos cuatro valores, con sus diferentes comportamientos, son fundamentales para el logro de nuestro tema central y para la paz social.

Condiciones para un verdadero Estado de derecho en México 1. Un liderazgo trascendente como imperativo ético en todas las actividades socioeconómicas, políticas y de gobierno.

2. Disciplina política fundada en la honestidad y en un sano patriotismo.

3. Una educación de calidad en todos los niveles para formar conductas virtuosas en los mexicanos.

4. Enriquecer la formación de los abogados en sus diferentes funciones para la aplicación plena de la justicia.

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5. Claras prioridades en programas sociales que logren, en el más corto tiempo posible, oportunidades para todos los mexicanos.

6. Ataque frontal a la corrupción y la impunidad.

7. Higiene electoral que termine con la delincuencia y el fraude en este ámbito.

Un buen ejemplo de cómo el derecho puede coadyuvar a la impartición de justicia en nuestra sociedad es la reciente práctica pro bono en México, que postula una firma legal del siguiente modo: “El trabajo legal pro bono es una herramienta social para el fortalecimiento del acceso a la justicia y al Estado de derecho. Para los profesionales del derecho, es parte de su responsabilidad social, profesional y ética”.2 Otro buen ejemplo es la colegiación de abogados. A este respecto, el licenciado Sebastián Patiño señala: “Un buen mecanismo para regular el ejercicio de la abogacía y de la consultoría es la colegiación obligatoria. El papel del abogado postulante o del profesionista que ofrece servicios de consultoría jurídica independiente es de una relevancia mayúscula en la construcción del Estado de derecho; tan importante como la experiencia y conocimientos que debe tener un juez, un notario o un investigador al ejercer su profesión. Del actuar de los abogados y consultores dependen valores y bienes fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad y el patrimonio de los usuarios de los servicios jurídicos. Por ello, es indispensable generar mecanismos de control suficientes que garanticen a los usuarios la preparación, los conocimientos y la probidad de los prestatarios”.

Más ahora, de frente al futuro, necesitamos, justicia, compasión y líderes honestos que, más allá de su inteligencia racional, tengan inteligencia espiritual, a la que entiendo ajena a toda ideología, creencia y religión.3 Desde un ángulo político y de gobierno, debemos defender el pluralismo democrático, el cual se conseguirá mediante la inclusión de todas las opciones, proyectos y expresiones que sean válidos y moralmente aceptables por ser congruentes con lo que los mexicanos somos, queremos y con lo que nos comprometemos.

Los mexicanos debemos proteger siempre la soberanía del pueblo, la gloriosa identidad y el futuro promisorio de

nuestra nación, así como nuestras libertades, derechos fundamentales y nuestra esencia moral como bienes máximos.

Asimismo, estamos obligados a cumplir nuestros compromisos con la ley a través de virtudes, propósitos y deberes, dando buen ejemplo y testimonio a nuestros hijos, que nos juzgarán en el futuro. ¿Y cómo lograr un verdadero Estado de derecho?

“Cuando el qué está claro, el cómo se logra con facilidad”, decía Gandhi. ¿Cómo se puede lograr este gran reto que toda utopía nos plantea? La respuesta es sorpresivamente simple: con educación, educación y más educación. Es decir, darle a todos los procesos educativos la tarea de formar nuevos mexicanos, que es lo que nuestra patria necesita: mexicanos con una escala moral que los convierta en auténticos agentes de cambio, creadores y promotores de un Estado de derecho tanto en la esfera pública como en la privada y en todo tipo de instituciones orientadas al bien común. 7

La estrategia fundamental para el logro del Estado de derecho y de una auténtica democracia es la educación de calidad, a través de la cual se genera el amor a la vida y a la patria, y se forman y encauzan las mentes y los corazones para el logro de grandes destinos.”

Alfonso Siliceo Aguilar, Liderazgo, un imperativo ético, México, Miguel Ángel Porrúa.

Maestra Lila Alejandra Gasca Enríquez de Hogan Lovells.

3 Alfonso Siliceo Aguilar, op. cit.

1 2

Alfonso Siliceo Aguilar es egresado de la Escuela Libre de Derecho, en donde es profesor de posgrado. Es titular de la cátedra de teoría general del Estado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha integrado sus estudios de derecho, administración, psicología, desarrollo humano y religiones del mundo para la creación de modelos educativos y el estudio e investigación en torno del liderazgo, la productividad, la calidad y el trabajo en equipo.

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[ Visión global ]

Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

Las “buenas prácticas” y su rol para preservar los tratados Hoy en día, solamente ante Naciones Unidas existen más de 56,400 tratados registrados, los cuales han sido superados en la práctica, ya sea por un cambio de las circunstancias en las que fueron celebrados, por la realidad social en la que se encuentra sumergida la comunidad internacional o por la propia deficiencia en la redacción del instrumento jurídico. En este escenario, los autores analizan el papel que desempeñan las “buenas prácticas” como herramienta para garantizar la interpretación correcta de los tratados.

L

a renegociación de los tratados, como se apreció con la terminación del TLCAN y la posterior negociación del T-MEC, conlleva la posibilidad de que el equilibrio de derechos y obligaciones que se logró en el tratado original pueda cambiar radicalmente para las partes si éste es renegociado. Para evitar el riesgo de que un tratado sea caduco o ineficaz, una de las herramientas con las que se cuenta en la esfera internacional para lograr que los tratados se mantengan como instrumentos vivos es la identificación de “buenas prácticas” para su aplicación e interpretación.

Por “buenas prácticas” se debe entender los marcos y las medidas de carácter jurídico e institucional, implementados a nivel nacional, los cuales han sido identificados —por parte de organismos internacionales o por la pluralidad de los Estados parte del tratado— como “modelos” respecto de la interpretación y la aplicación de una norma internacional.

La finalidad de las “buenas prácticas” es alinear la conducta estatal a aquella conducta modelo que se ha identificado como idónea para maximizar la efectividad o el cumplimiento de las obligaciones pactadas en un instrumento internacional.

En otras palabras, a diferencia de un tratado que mantiene una interrelación vertical con el sistema jurídico nacional con una visión monista o dualista del derecho internacional,

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la aplicación de las “buenas prácticas” sigue una dinámica horizontal que busca promover que los Estados adecúen voluntariamente su conducta a la interpretación más efectiva de una norma internacional en específico.

La problemática principal de las “buenas prácticas” es que muchos juzgadores nacionales no las toman en cuenta al momento de resolver un caso en concreto, por considerar que la labor judicial debe centrarse en el tratado y no en tomar en consideración una interpretación —no vinculante— sugerida por los demás Estados o por el organismo internacional que auspició la creación del instrumento internacional.

Si bien la visión antes expresada tiene cierto sustento jurídico, falla al no reconocer que estos instrumentos jurídicos tienen como finalidad armonizar la legislación doméstica de todos los Estados parte y, por ende, homogenizar los criterios interpretativos del tratado.

En otras palabras, el propio carácter internacional/armonizador del tratado busca erradicar la libertad de que cada corte nacional pueda interpretar de forma distinta el tratado.

De existir esta libertad, se promovería el forum shopping, bajo el cual algunas partes pueden obtener una ventaja en la solución de una eventual controversia, ya sea porque las cortes nacionales le den mayor peso a la legislación doméstica que

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a los instrumentos internacionales o porque interpreten estos últimos bajo definiciones locales.

Según esta lógica, las “buenas prácticas” vienen a ser un instrumento dinámico a través del cual se busca promover una interpretación “ideal” de un tratado y, de esta manera, a través de un “efecto radiación”, buscar que los Estados adecúen sus criterios de interpretación de forma volitiva, sin necesidad de crear un protocolo adicional o enmendar el texto original de un tratado.

Resulta importante señalar que existe una multiplicidad de tratados y leyes modelos a partir de los cuales se han generado documentos identificados como “buenas prácticas” por parte de distintos organismos internacionales. Por mencionar algunos ejemplos: en el trabajo de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, en materia de adopción internacional, la sustracción internacional de menores y la obtención de evidencia en el extranjero a través de videoconferencias. En el seno de la Comisión de Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas, en materia de compraventa internacional de mercaderías, garantías mobiliarias y registro de empresas.

Y la Oficina para la Droga y el Delito de las Naciones Unidas ha hecho lo propio en materia de lucha contra la corrupción, tráfico de personas y protección de testigos.

Dicho lo anterior, es importante señalar que las “buenas prácticas” pueden ser caracterizadas bajo tres perspectivas por los juzgadores nacionales para darles un valor jurídico: la primera, como práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado; la segunda, como acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado, y la tercera, como una recomendación proveniente de un organismo internacional o regional especializado, a partir del cual se emiten ciertas guías creadas ya sea directamente por el organismo, bajo su rol de “experto”, o como consecuencia directa de un ejercicio de compilación del comportamiento de los Estados en la implementación de una obligación de derecho internacional en específico.

El valor jurídico de las “buenas prácticas” El punto de partida para la interpretación de cualquier tratado es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuyo artículo 31 señala que cualquier tratado debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a sus términos, en el contexto del mismo tratado y teniendo en cuenta su objeto y su fin. En este último punto, la misma Convención de Viena nos obliga a tener en cuenta, por un lado, cualquier acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado y, por el otro, cualquier práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación de ese tratado. En esta bifurcación es justo donde tienen cabida los primeros dos fundamentos para reconocer a las “buenas prácticas” el valor jurídico necesario dentro de nuestro sistema jurídico nacional.

“Buenas prácticas” como práctica ulterior de los Estados Dicho reconocimiento se tiene que fundamentar en el artículo 31(3)(a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual nos obliga a tener en cuenta en la interpretación de cualquier tratado “toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado”.

Es necesario señalar que no nos referimos a cualquier práctica ulterior, sino sólo a aquella que es considerada una práctica modelo. En otras palabras, las “buenas prácticas” son un ejercicio de síntesis a través del cual se abstraen aquellas conductas que permiten eficientizar el objeto y el fin del tratado y que buscan que el resto de los Estados partes las adopten como la interpretación correcta del instrumento internacional.

Como ya lo mencionamos, las “buenas prácticas” son el instrumento referente que permitirá al juez nacional poder interpretar el tratado de forma correcta. De esta manera, las LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Visión global ] “buenas prácticas” podrán ser invocadas por las autoridades nacionales ya sea citando un documento que las compile o haciendo referencia a una conducta específica de cierto Estado que evidencie una forma especial de aplicación o de interpretación de una norma internacional. De esta forma, las “buenas prácticas” tendrán que ser caracterizadas como “práctica ulterior seguida en la aplicación del tratado”, y, por ende, como referente obligatorio en la interpretación del instrumento internacional.

“Buenas prácticas” como acuerdo ulterior de los Estados El segundo escenario, donde se caracterizará a las “buenas prácticas” como “acuerdo ulterior entre los Estados acerca de la interpretación del tratado”, tiene su fundamento en el artículo 31(3)(a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. A diferencia del primer escenario, el acuerdo ulterior tiene la flexibilidad de sustentarse tanto en el mundo teórico como en el pragmático. Lo anterior significa que no es necesaria la vinculación a una práctica ulterior, ya que desde un primer momento los Estados pueden acordar darle una interpretación especial a cierto apartado del tratado o, de igual manera, en un momento posterior, considerar que las “buenas prácticas”, como documento recomendatorio, fungen como un acuerdo ulterior en el que se señala la forma a través de la cual se interpretará un tratado.

“Buenas prácticas” como recomendaciones emitidas por organismos internacionales Bajo el tercer escenario, donde las “buenas prácticas” provienen de ejercicios de análisis realizados por organismos internacionales o regionales, podemos afirmar que el documento en sí mismo, en el que se encuentran codificadas dichas prácticas, no será vinculante para los Estados. Empero, sí debe ser tomado en cuenta por las autoridades nacionales para adecuar su conducta al mismo en aras de que el comportamiento de cada Estado sea calificado como alineado con sus obligaciones de derecho internacional.

En este tercer escenario, las “buenas prácticas” son producto de la experiencia en la aplicación del tratado, de una investigación sobre la conducta de los Estados o de la interpretación ulterior que se le da al mismo. Su identificación tiene como finalidad eficientizar la aplicación del tratado, promover la cooperación interestatal y armonizar la forma en que se implementan —a nivel nacional— las obligaciones codificadas en el instrumento legal.

Es justo bajo esta visión que erróneamente se califica a las “buenas prácticas” como legem ferenda (esto es, lo que queremos que el derecho llegue a ser) y se descarta su invocación

a nivel nacional, ya que de manera equívoca se cree que simplemente se trata de un documento en el que un organismo internacional plasma recomendaciones ajenas a lo negociado por los Estados en el tratado y que tienen la finalidad de promover el derecho internacional bajo una agenda particular.

El razonamiento anterior adolece de una visión parcial pues se centra simplemente en el origen y la naturaleza del documento que contiene las “buenas prácticas”. No obstante, siguiendo esta perspectiva, donde las “buenas prácticas” serían simplemente recomendaciones de un organismo internacional (o soft law), es importante destacar que aun bajo esta visión sería necesario tomarlas en cuenta en su aplicación a nivel nacional; primero, de conformidad con el artículo 31(1), que codifica el principio de la efectividad o del effet utile, bajo el cual se indica que los tratados deben interpretarse de manera que se le dé eficacia a sus términos teniendo en cuenta su objeto y su fin.

Consecuentemente, si las “buenas prácticas” son consideradas sólo como recomendaciones provenientes de un organismo internacional, se les debe ver como guías a través de las cuales se ofrece una interpretación modelo a los Estados, la cual es diseñada para maximizar la eficacia del tratado y la cooperación internacional interpartes.

Como se puede apreciar, las “buenas prácticas” deben ser vistas como un mecanismo auxiliar del progreso del derecho internacional que busca catalizar la armonización de las obligaciones asumidas por los Estados, las cuales —para garantizar la eficiencia del tratado— siempre deben ser tomadas en cuenta en cualquier escenario de interpretación de un instrumento internacional. En resumen, las “buenas prácticas” ofrecen al juzgador nacional una herramienta adicional para garantizar la interpretación correcta de los tratados y evitar que los tribunales nacionales sean empleados en una estrategia de forum shopping. 7 Conozca más sobre el tema en este video:

Víctor Emilio Corzo es doctor en derecho y diplomático de carrera experto en derecho internacional. @VE_Corzo Ernesto Eduardo Corzo es experto en arbitraje internacional, acreditado para ejercer en México y en Estados Unidos.

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@EE_Corzo

Rodrigo García Galindo Ángel Gilberto Adame

Aceptar la derrota: condición para la democracia Lorenzo Córdova Vianello 14

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Voces A pocas horas de que iniciara formalmente el frenesí de las campañas electorales,

abogacía entrevistó a Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano garante de la democracia mexicana. Nuestra char-

la tuvo como trasfondo la polémica revocación del registro de Félix Salgado Macedonio

como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, decisión que desató una reac-

ción amenazante y directa por parte de Salgado Macedonio. Córdova habla de la com-

plejidad inherente a la organización de las elecciones y de la responsabilidad de llevarlas a buen puerto, mientras se navega en las enrarecidas aguas políticas de nuestro país.

P

oca gente está consciente de su linaje de izquierda.

Usted es hijo de dos grandes militantes y académicos de la izquierda democrática: Arnaldo Córdova y Anna Paola Vianello Tessarotto, y naturalmente se formó en esa tradición. De hecho, usted y el consejero Murayama pertenecen a esa época gloriosa en que la izquierda postulaba a perfiles como los suyos a encargos como éstos. Tiempos que no volverán más, por desgracia. ¿Cómo se asume usted ideológicamente?

Nunca he sido de izquierda en el plano estrictamente político, pero sí en el ámbito académico de las ideas. No soy ajeno al compromiso social; desde la academia he asesorado distintas iniciativas legislativas que han sido significativas para avanzar ideales a mi parecer progresistas. Ideológicamente formo parte de los postulados del liberal-socialismo, como lo llama Norberto Bobbio. Por un lado, una convicción absoluta en los valores liberales como base de la convivencia de una sociedad en democracia, y desde este punto de vista, un respeto absoluto del pluralismo político e ideológico, que yo considero la riqueza de la sociedad. Por otro lado, en términos de Bobbio, me adhiero y hago mío el principio de igualdad junto con el de libertad. Estos principios que inspiran a las democracias modernas, a las democracias constitucionales: igualdad de derechos, igualdad para el goce de condiciones mínimas vitales. Eso es la socialdemocracia: una vocación que tiene que ver con la igualdad y con la satisfacción de las necesidades vitales de todas las personas. Lo anterior, complementado con lo que Montesquieu llamaba “esfera de la licitud”, es decir, los límites basados en el principio de legalidad, que finalmente es la herencia del constitucionalismo moderno y donde creo que está la pieza clave de una izquierda democrática. n Hace poco presentó usted el extraordinario libro de Cass Sunstein, La conformidad, publicado por el INE en conjunto con esa gran editorial que es Grano de Sal. ¿Qué valor le da a la disidencia? ¿Qué papel tiene en el México de hoy?

Es fundamental, es la clave de toda convivencia democrática, pues no es otra cosa sino el respeto del pluralismo. Las sociedades modernas son, por su propia definición, sociedades complejas, diversas. El concepto de pueblo acuñado por Rousseau no es un concepto homogéneo; hay autores como Carl Schmitt —a quien he dedicado buena parte de mi vida intelectual— que han querido convertir el concepto de pueblo en un concepto homogéneo, lo cual es profundamente antidemocrático. La homogeneidad es una falacia autoritaria con la que Schmitt contribuyó a construir el nazismo. El concepto de pueblo no es un concepto democrático en sí; lo es en la medida en que se utilice en clave democrática. La democracia es ese espacio que permite que conviva el pluralismo y aflore la complejidad de la sociedad. No hay otra forma de gobierno que nos permita coexistir de manera pacífica. Por eso es fundamental la tolerancia, ese componente que desde la Ilustración ha sido la gran herencia civilizatoria de la modernidad. No puede haber democracia sin tolerancia y, al contrario, la intolerancia es el caldo de cultivo de todos los regímenes autoritarios; no hay uno solo que no se haya fundado en este antivalor democrático. n Las instituciones garantizan la disidencia...

Y el control del poder. Las democracias no son solamente una forma de gobierno; son un arreglo institucional que controla y limita el poder, todo el poder: el público, en primera instancia, y también los privados para que los derechos, así como las libertades, no se vean mermados. Además de la moderación del poder, el Estado constitucional cuenta con diversos mecanismos y se basa en la supremacía de ciertos principios —como los derechos humanos, el principio de legalidad, la división de poderes, la supremacía de la Constitución— que moderan a las mayorías asegurando que sean democráticas, protegiendo a su vez los derechos de las minorías en el sentido kelseniano: si hay un derecho de la mayoría a decidir, debe haber un derecho de las minorías a existir, a ser tomadas en cuenta y aspirar a convertirse, en igualdad de condiciones, en mayoría. Por eso la LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Voces

democracia es un retrato periódico de la voluntad ciudadana de las urnas que nos permite ir determinando cuáles son las mayorías. Las minorías de hoy pueden ser las mayorías de mañana, como, por cierto, ha venido ocurriendo en México en los últimos 20 años.

que gana una elección sólo tiene una probabilidad de cuatro sobre 10 de ganar la siguiente elección. Un ejemplo de nuestra vitalidad democrática. Aunque la alternancia no es sinónimo de democracia; lo democrático es que existan condiciones para ello, si así lo deciden los electores.

n Cuando alguien dice que en México no se ha dado la alternancia, desconoce que ésta sucede desde 1997 cada tres años...

Por supuesto. Pero el órgano democrático por excelencia no es la presidencia de la República, como algunos suponen, sino el órgano representativo, es decir, el Congreso. Por eso hay que cuidar que, efectivamente, refleje las distintas opiniones que legítimamente existen y que se expresan en la sociedad. El Congreso es el espacio en el que las minorías, interactuando con las mayorías, pueden provocar eso que el mismo Kelsen llamaba “consenso”; esto es, la tendencia al compromiso como esencia de la democracia. Es en el Congreso donde se forman las decisiones colectivas que en democracia no están totalmente conformes a la voluntad de una parte. En México, desde 1997, el grado de alternancia es altísimo. Actualmente, el partido

n ¿Considera que la transformación que se dio en 2014 del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral constituye una derrota de nuestro federalismo?

La discusión acerca del federalismo electoral es muy intensa.

Después de siete años de que se dio esa transformación, yo diría que no se puso en riesgo el federalismo, sino que más bien tuvimos que construirlo. Fue una especie, como dirían los alemanes, de federalismo colaborativo. Si bien es cierto que hoy el INE tiene presencia en el ámbito local de las elecciones, que no tenía en el pasado, también lo es que esto no se ha convertido en una suplantación desde el centro de estas facultades. Lo que quiso la reforma fue homogeneizar y estandarizar las reglas, los criterios y el diseño institucional con el que se realizaban los comicios. La idea fue hacer a los sistemas electorales lo más semejantes posible en términos

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de su calidad técnica, pero nunca se sustituyó la organización de las elecciones. n Siete años después de esta reforma electoral, ¿tenemos ya órganos locales más consolidados?

Creo que la reforma de 2014 se construyó sobre una falsa narrativa: que todos los órganos locales, hoy llamados institutos electorales, eran presas de la voluntad política del gobernador, lo cual es una exageración. Claro que había algunos casos verdaderamente delicados. Había entidades en que los órganos electorales eran temporales; no eran profesionales con permanencia, sino que se creaban cada vez que había elecciones, lo cual evidentemente los colocaba en una situación de mucha debilidad frente a los poderes políticos locales. También había órganos en los que era algo muy normal que los consejeros se reunieran a acordar las decisiones electorales en las secretarías de gobierno. Pero en retrospectiva puedo afirmar que no era una situación generalizada en todos los órganos electorales locales. Al cabo de siete años, hoy tenemos institutos electorales cada vez más fuertes y lo serán más en la medida en que el INE empiece a “devolverles” una serie de atribuciones que se concentraron en un primer momento. n En relación con el proceso electoral de este año, el INE tomó la que consideramos la decisión más importante de todo el proceso: garantizar que la voluntad popular se refleje fielmente en la conformación de la Cámara de Diputados y esto lo ha llevado a estar bajo el fuego de los que hoy ostentan la mayoría.

Aunque no estamos haciendo más que aplicar lo que dice la Constitución, es una decisión que había que tomar tarde o temprano. Desde hace 25 años la Constitución establece en su artículo 54 que no puede haber una sobrerrepresentación mayor a 8 por ciento y todas las medidas que hemos venido tomando ahora tienen el propósito de que eso se cumpla. Hay voces que cuestionan por qué no se había hecho esto antes.

Simplemente, porque nunca antes el problema fue de la magnitud que es hoy. La primera vez que se presentó el fenómeno del exceso de sobrerrepresentación fue en 2012, cuando era de un diputado, o sea, de 0.2 por ciento del total de la cámara; en 2015 la demasía fue de 1.7 por ciento. Entonces comenzaron a encenderse las alarmas aún sin tener una identificación clara del problema. En 2018, el partido mayoritario terminó siendo sobrerrepresentado con 16 por ciento, es decir, más del doble de lo que permite la Constitución. Por eso, para el proceso de 2021 se toman las medidas para combatir este fenómeno y se toman antes de que se sepa quiénes son los candidatos y cuántos votos van a obtener. La acotación de la sobrerrepresentación refleja de mejor manera la composición política de la sociedad. Ojalá un día en México logremos acotarla más

Hay autores como Carl Schmitt que han querido convertir el concepto de pueblo en un concepto homogéneo, lo cual es profundamente antidemocrático. La homogeneidad es una falacia autoritaria con la que Schmitt contribuyó a construir el nazismo.” o desaparecerla para contar con un Poder Legislativo más democrático y representativo. n El INE está muy acostumbrado a trabajar bajo fuego de la oposición, pero ahora está bajo el ataque constante y abierto del gobierno. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo saldrá el INE de esta coyuntura?

La relación del INE con los gobiernos siempre ha sido complicada. Creo que eso es intrínseco a su naturaleza. Todos los órganos constitucionales autónomos cumplimos funciones que en algún momento estaban en el ámbito del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, ¿quién organizaba las elecciones?, ¿quién controlaba la inflación?, ¿quién regulaba los asuntos de competencia económica? Todos los órganos autónomos cumplen funciones que fueron “arrebatadas” poco a poco al Ejecutivo.

En consecuencia, somos órganos de control del poder, lo cual siempre genera tensiones y presiones. El problema no es que haya presiones, sino que las autoridades cedan y que la autonomía quede en un mero membrete. Estoy convencido de que la autonomía se ejerce y se defiende cotidianamente.

Creo que las descalificaciones son poco afortunadas; pero el INE debe cuidarse mucho y no morder esos anzuelos propios de las narrativas políticas; el día en que el INE muerda ese anzuelo corre el riesgo de que se cumpla una suerte de profecía autocumplida. La autoridad electoral, como árbitro LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, el INE tiene un nivel de confianza superior a 59 por ciento entre la población mayor de 15 años de edad, sólo por debajo del Ejército y la Marina y por arriba del Poder Ejecutivo.

de la contienda, debe estar encima de los actores políticos, no importa quiénes sean: el presidente de la República, los gobernadores, los funcionarios municipales, los partidos, los dirigentes, etcétera. El INE no debe caer en la lógica de quienes quieren colocarlo como contraparte. n El presidente de la República acuñó para el INE el apodo de “Supremo Tribunal Conservador” por su decisión de sancionar a muchos candidatos de su partido por no haber entregado reportes de precampaña. Entre los sancionados hay personas de mucho relieve y polémica, como Félix Salgado Macedonio. Desde el punto de vista liberal, ¿es correcto que el INE decida quién se somete al juicio de la soberanía popular en las urnas? ¿Que decida quién es candidato y quién no? ¿Hasta qué punto está cumpliendo la ley y hasta qué punto se arroga facultades extralegales? No sólo es el caso de los gastos de precampaña, sino también la polémica sobre las gubernaturas paritarias y el acuerdo sobre la violencia política de género.

Es curioso ese apodo. Si hacemos historia del constitucionalismo mexicano, el Supremo Poder Conservador fue un órgano de control de poder. Tuvimos la mala suerte de que se presentara en el marco de las Siete Leyes centralistas de 1836; pero constituye el antecedente institucional de la Suprema Corte

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de Justicia de la Nación tal como la conocemos a partir de la Constitución de 1857. Nada más ni nada menos. n Para los que nos asumimos como liberales, es extraño compartir, al menos en parte, la percepción del presidente. ¿Es correcto que el INE, mediante una sanción administrativa, le quite a la soberanía popular la facultad de elegir candidatos como sucedió en los casos de Morón y de Salgado Macedonio por incumplir con un requisito burocrático?

Los partidos acordaron la ley, establecieron esas reglas del juego y establecieron esas consecuencias... n Sin duda, pero hay otras ocasiones en que ha sido un poco más polémico; por ejemplo, las gubernaturas paritarias o el acuerdo relativo a la violencia de género. Parecería que el INE va jugando sobre una línea especialmente peligrosa en este contexto político.

Yo creo que anotas un tema que es parte de la historia del INE. Si cuentas a nivel internacional lo que hace el INE y la cantidad de atribuciones que tiene, bien pronto vas a caer en cuenta de que no hay ningún otro órgano electoral en el mundo que tenga tantas atribuciones, y eso, en primera instancia, te podría llevar a pensar que es una institución poderosa la que

Voces crearon los mexicanos. Todos los órganos electorales en el mundo organizan elecciones, pero no todos son responsables del padrón electoral y mucho menos de emitir una credencial que sea el documento de identidad por excelencia. No todos los órganos electorales se encargan de vigilar los recursos económicos de los partidos políticos y prácticamente ningún otro órgano tiene la posibilidad de trascender el secreto bancario y fiscal. Ningún otro órgano electoral tiene la facultad de regular la publicidad en televisión y mucho menos de vigilar las transmisiones que se realicen. Podríamos seguir, pero lo que quiero decir es que el INE ha sido víctima, en muchos sentidos, por decirlo de alguna manera, de su propio éxito, y ha sido recargado con demasiadas facultades que le abren muchos frentes. Esto coloca al INE en una posición de muchísima exigencia.

Creo que también se ha visto al INE como punta de lanza para una serie de acciones afirmativas; por ejemplo, la cuestión de la paridad, la cual no hemos inventado. Simple y sencillamente nos ha tocado desarrollar lo que está en la propia Constitución ante la omisión legislativa. Lo de la paridad no lo puso del todo el INE. Lo pusieron los propios legisladores y lo llevaron a la Constitución. Creo que estos temas, en efecto, hay que manejarlos con mucho cuidado porque eventualmente generan problemas en la vida política, cuando hay que facilitarla.

Creo que, sin lugar a dudas, este tipo de temas deberá ser objeto de una revisión puntual acerca de hacia dónde estamos avanzando. Hay que tener cuidado de no caer en una lógica de tratar de resolver por la vía electoral todos los problemas que tiene el país. Creo que existe una serie de cuestiones en la que debemos hacer un alto y repensar hacia el futuro. El dilema es la vertiginosidad con la que estamos operando.

Por ello, creo que después de las elecciones de 2021 puede venir un buen momento para hacer esa pausa, revisar incluso nuestras reglas, incluyendo la legislación electoral, con el fin de simplificarlas y aligerarlas sin abonar a la desconfianza en el sistema electoral. n En su introducción a Yo, el pueblo de Nadia Urbinati, otro gran libro coeditado por el INE con Grano de Sal, se caracteriza a nuestros partidos políticos no como forjadores de la cultura política y la convivencia democrática, sino como meras fábricas de votos, instrumentos electoreros cuyo fracaso es una causa próxima de la instauración de los liderazgos populistas. En este contexto, ¿no es el INE una especie de árbitro de primera división dirigiendo un juego llanero?

Tenemos un problema mundial. Creo que las reflexiones de Nadia Urbinati no surgen del contexto mexicano, pero sirven para México porque reflejan el estado de salud de las

democracias a nivel global. Pienso que uno de los mayores problemas que estamos teniendo es la crisis de confianza y credibilidad en dos instituciones que son pilares fundamentales en la democracia: los partidos políticos y los gobernantes.

Los partidos políticos han sido responsables fundamentales en la crisis de representación y han fallado en ser centros agregadores de consenso; no están siendo cuerpos intermedios —como los llaman algunos en sociología— con una capacidad real de articular esa cosa complejísima que es el pueblo o la voluntad popular. Históricamente, los partidos políticos nacen como centros de agregación de consenso en torno de ciertas creencias, ideas, valores comunes o programas. Los partidos políticos han perdido esa esencia y se han convertido en maquinarias electorales o electoreras que no ven más allá del horizonte de las elecciones que siguen. Eso ha llevado a los partidos en general a perder la lógica programática que los caracterizaba y que los diferenciaba a unos de los otros.

Los partidos han perdido la brújula que les daba la identidad y me parece que todo eso está acrecentando la desconfianza en los políticos. Su debilidad se traduce en la personalización de la política, algo que puede ser muy peligroso. Los liderazgos son importantes, pero cuando están por encima de las instituciones hay que tener cuidado porque pueden atentar contra la democracia. Nuestro sistema electoral es un sistema envidiable en un contexto mundial de debilidad institucional, pero de nada sirve tener una institucionalidad electoral fuerte cuando tienes una institucionalidad política que se está erosionando. La subsistencia de la democracia pasa por el robustecimiento de la institucionalidad política, que hoy no se halla en su mejor momento. n Ésta es la última gran elección que le toca conducir como consejero presidente. ¿Cuál es su balance de casi 13 años en el IFE/INE? En efecto, ésta es la última elección federal que me va a tocar organizar o, digamos, coordinar desde la presidencia del INE. Pienso que después de estas elecciones tenemos que hacer un balance. Como nunca antes, el INE está obligado a hacer un libro blanco en el que se plantee la ruta para el sistema electoral del futuro. Hay tres temas importantes: la modernización institucional, en la que hemos avanzado, pero tenemos que darle la vuelta de tuerca definitiva y aprovechar los progresos tecnológicos; la revisión y la simplificación del sistema electoral, y continuar implementando una estrategia nacional de cultura cívica. Todo con el objetivo de seguir construyendo la confianza que requiere una democracia fuerte, una democracia legítima. No es posible tener gobiernos legítimos si no hay una autoridad electoral que dé certeza a los resultados.

Los momentos de mayor riesgo de la vida democrática de nuestro país han ocurrido cuando la credibilidad del árbitro LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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se ha visto más lastimada y aquí la historia también nos enseña algo: construir confianza es un proceso lento, complicado, donde los logros se miden —como decía José Woldenberg— “micra a micra”. El proceso contrario, el de pérdida de confianza, ocurre de golpe, muchas veces sin que nos demos cuenta, y donde los retrocesos se miden en kilómetros. n En 2023 termina su periodo en el INE: la culminación de toda una trayectoria y la cristalización de años de estudio y trabajo. ¿Qué sigue para usted?

Déjame decirlo así: me considero privilegiado porque a lo largo de mi vida profesional he tenido sólo dos patrones: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el IFE/INE. Mi destino después del servicio público es regresar a mi cubículo en la UNAM. Yo empecé mi vida profesional como becario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y la de funcionario, como asesor de José Woldenberg —en muchos sentidos, mi maestro y mentor—, cuando fue consejero ciudadano en el IFE. Además de los puestos políticos, finalmente he dedicado toda mi vida profesional a estudiar, tanto desde el punto de vista académico como desde el análisis y la reflexión. Creo que en mi siguiente etapa seré mejor académico porque nadie me va a contar cómo se administran las elecciones.

No puede haber democracia sin tolerancia y, al contrario, la intolerancia es el caldo de cultivo de todos los regímenes autoritarios; no hay uno solo que no se haya fundado en este antivalor democrático.”

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n ¿Cuál es la principal lección que saca de estos años sirviendo a México desde el INE? Que no hay trinchera chica para defender la democracia. La democracia es, particularmente en México, una construcción colectiva; no es obra de un solo hombre, de un solo partido, de una sola fuerza política, sino resultado del esfuerzo y el compromiso de muchas generaciones de mexicanos; es producto de la responsabilidad colectiva: de los actores políticos, de la prensa, de las universidades, de la academia, de los distintos gremios. La democracia nos ha involucrado y demandado a todos en su construcción y en su defensa. Por eso afirmo que no hay trinchera chica. Lo que me toca es seguir defendiendo su construcción desde otro ámbito y espero que en lo que venga pueda hacerlo, como dicen coloquialmente, con el buen sabor de boca del deber cumplido.7

Lesly Fernanda Valencia González Janeth de la Luz Viñas Herrera

¿Para qué sirven los consejos universitarios? ¿Qué hace un consejo universitario? ¿Realmente tiene algún impacto en nuestra profesión y, en última instancia, en la sociedad?

Las autoras nos ofrecen una respuesta, recuperando las voces de los representantes de diversas sociedades de alumnos de la licenciatura en derecho.

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os consejos estudiantiles son la voz de los alumnos; son los encargados de contribuir a la integración y a la comunicación entre las distintas generaciones, a través de actividades académicas, culturales y deportivas, para fomentar el diálogo entre directivos y docentes con el objetivo de hacer eficiente la resolución de conflictos.

Asimismo, son una pieza clave para la creación de vínculos con el medio jurídico, empresarial y político del país, con asociaciones, universidades y diversas figuras nacionales e internacionales. También son impulsores de ideas de incidencia social, que demuestran en todo momento su espíritu de servicio y de cooperación.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues algunos consejos universitarios se han visto impregnados por un mismo germen: querer parecerse a los políticos de siempre. ¿Esto qué significa? Como señala Guillermo Ucha Cabadas, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, A.C. (CINED), hay integrantes de distintas sociedades de alumnos que presumen tener relaciones con la “crema y nata” de la política nacional y local, suben contenido a las redes sociales con diseños atractivos e innovadores y se toman fotos y videos mientras regalan despensas a personas de escasos recursos o cuando visitan dependencias de gobierno. Además, comparten otra característica fundamental: no hacen nada por mejorar la vida de los jóvenes mexicanos, no explotan sus privilegios para ayudar a la sociedad, se aprovechan de quienes creen en ellos y los utilizan para su beneficio personal.1 Por lo anterior, muchos estudiantes se muestran apáticos para participar en los distintos consejos de alumnos de sus respectivas universidades, ya que consideran que realmente no pueden lograr un cambio palpable o se ven obstaculizados por la burocracia y por las trabas que les imponen las principales autoridades de sus respectivas universidades. ¿Qué han logrado las sociedades de alumnos?

De acuerdo con las estadísticas del Observatorio Laboral (servicio público que ofrece información sobre las principales carreras profesionales del país), la licenciatura en derecho es una de las carreras más demandadas. Existen 830,813 abogados que laboran a nivel nacional, de los cuales 56.5 por ciento son hombres y 43.5 por ciento son mujeres. Por otra parte, el ingreso promedio mensual de un abogado es de 13,299 pesos.2 Cabe mencionar que, de acuerdo con el jurista Miguel Carbonell, en 2014 había más de 1,600 instituciones de educación superior que ofrecían la carrera de derecho. En la actualidad, cada semana se inauguran tres nuevas escuelas de derecho en nuestro país, por lo cual es imposible calcular con certeza el número exacto de universidades que imparten esta licenciatura.3 Es importante destacar que en el planeta hay 1,800 millones de habitantes de 10 a 24 años de edad, que constituyen

24 por ciento de la población global, y se trata, según la Organización de las Naciones Unidas, de la generación de jóvenes más grande de la historia. A pesar de lo anterior, 70 por ciento de la juventud mundial siente que a los líderes políticos no les preocupan personas como ellos.4 Este sentimiento es compartido por gran parte de los integrantes de las sociedades de alumnos de diversas universidades de México.

Por esta razón decidimos contactar a los representantes de los consejos universitarios que integran las mejores facultades de derecho del país: la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México, para que nos platicaran sobre sus propuestas, sus logros y los retos que han enfrentado durante su gestión.5 En síntesis, expresaron que hace falta un mayor involucramiento por parte de las autoridades de esas facultades en los diversos consejos estudiantiles. Pese a ello, una de las instituciones que más participación de sus estudiantes ha tenido es la Universidad Iberoamericana, entre cuyos diversos logros destacan los avances que han tenido en materia de género, ya que recientemente se creó una nueva figura denominada “vocalía de género”, encargada de “i) reconocer y concientizar sobre la especial situación de violencia de género que se vive en nuestra carrera; ii) colaborar con las autoridades encargadas de este tema en la universidad; iii) fomentar un espacio seguro y libre de violencia; iv) acompañar a las víctimas

No estamos sentados en la mesa donde se toman las decisiones y queremos estarlo. Y cuando lleguemos, no nos hagan pensar que no tenemos voz.”

Dumiso Gatsha Activista en AfricaLGBT LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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durante su denuncia ante las autoridades estudiantiles; v) fomentar las relaciones con ex alumnas, y vi) lograr que se impartan cursos sobre equidad de género para alumnos y profesores”.

Del mismo modo, en la Universidad Panamericana, durante la reciente gestión del consejo de alumnos, se han llevado a cabo conferencias, cursos y actividades que ayudan a los estudiantes a estar actualizados en relación con los principales cambios en el mundo jurídico. Uno de los temas más importantes que se han impulsado en esa universidad es el papel de la mujer en la abogacía, concientizando al alumnado con el apoyo de destacadas figuras como Claudia de Buen Unna, actual presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Esto se relaciona con la importancia del apoyo no sólo de los directivos y los maestros, sino también de organizaciones, barras y colegios de abogados para brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para crecer y desarrollarse de manera adecuada en el medio, ya que no todos cuentan con las mismas oportunidades.

Aunado a lo anterior, los consejos estudiantiles son los responsables de comunicar el sentir y el pensar de los jóvenes para generar empatía y proponer soluciones con el objetivo de sortear los diversos obstáculos que se llegan a presentar a los alumnos; por ejemplo, los relativos a los problemas de salud mental. La Organización Mundial de la Salud ha considerado el suicidio como un tema de salud pública, debido a que a nivel mundial es la segunda causa de muerte entre la población adolescente y de adultos jóvenes de 15 a 29 años de edad,6 cuestión que la Sociedad de Alumnos de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, en conjunto con diversas organizaciones, ha tomado como asunto prioritario, de manera que ha procurado ofrecer a los estudiantes terapias psicológicas a bajo costo.

Conclusiones En definitiva, la importancia de los consejos de alumnos radica en que ofrecen canales para entablar un diálogo efectivo con las principales autoridades de las facultades de derecho del país y para lograr empatía y entendimiento eficaz de las necesidades de los jóvenes, ya que una gran parte de éstos comparte el miedo a exigir lo que les corresponde como alumnos y ciudadanos.

Finalmente, los consejos universitarios son los principales encargados de impulsar este tipo de relaciones con diversas instituciones para promover actividades, conferencias y talleres interuniversitarios que ayuden a ampliar la visión de los estudiantes de derecho y lograr una formación de profesionistas integrales, fomentando el liderazgo, la participación estudiantil y la diversidad de ideas en las nuevas generaciones. Y, en consecuencia, romper la burbuja en la que vive la mayoría de los alumnos, haciendo énfasis en que la vida estudiantil no se circunscribe de manera exclusiva al salón de clases y por esa razón los jóvenes tienen la responsabilidad de aplicar sus habilidades profesionales para trabajar en pro de la justicia, la verdad y el bienestar de la comunidad. 7

Guillermo Ucha Cabadas, “¿Adulador o disruptivo? La decisión está en tus manos”, El Arsenal. Consultado el 6 de mayo de 2021, https://www.elarsenal.net/?p=967660.

2 Observatoriolaboral.gob.mx, “Ciencias sociales”. Consultado el 6 de mayo de 2021, https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Sociales.html.

3 Miguel Carbonell, “¿Demasiados abogados?”. Consultado el 6 de mayo de 2021, https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/ hechos-y-derechos/article/view/7115/905.

4 Alejandra Agudo, “¿Ha llegado el momento en el que los jóvenes cambian el mundo?”, El País. Consultado el 6 de mayo de 2021, https://elpais.com/elpais/2019/04/15/planeta_futuro/1555327738_624111.html.

5 Reforma.com. Consultado el 6 de mayo de 2021, https://www.reforma.com/universitarios/?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--.

6 “Prevención de suicidios en universitarios”, Gaceta UNAM. Consultado el 6 de mayo de 2021, https://www.gaceta.unam.mx/ prevencion-de-suicidios-en-universitarios/.

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Lesly Fernanda Valencia y Janeth de la Luz Viñas son estudiantes de la licenciatura de derecho e integrantes del Consejo de Alumnos de la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México. @lesly_fvg @mellamojaneth

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[ El pasado del presente ]

José Manuel Villalpando

La Suprema Corte y sus presidentes Con casi dos siglos de vida y un centenar de presidentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha transitado tanto por etapas de independencia y defensa de nuestra Constitución como por periodos de oscuridad y descarado sometimiento al titular del Poder Ejecutivo. ¿Qué momento vive hoy nuestro máximo tribunal y qué futuro le espera? Una mirada a la historia nos puede ofrecer la respuesta.

S

e puso de moda hablar del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy todo el mundo sabe quién es, se conoce su nombre y hasta se ha convertido en personaje público, para bien y para mal. Históricamente hablando, esto es, en realidad, un avance sustancial.

Hasta apenas hace unos cuantos años la gente común, la que no está directamente inmersa en los asuntos legales o en los procesos judiciales, ignoraba por completo el nombre de quien fuera, en cada periodo de nuestro acontecer, el presidente de nuestro máximo tribunal. De alguna manera esto es fácil de explicar: nuestra República presidencialista le concedió todos los reflectores al titular del Poder Ejecutivo, dejando en las sombras a quienes presidían los otros dos poderes de la Unión. Así sucedió desde 1824, cuando los fulgores del nombre del presidente, Guadalupe Victoria, opacaron y dejaron en el olvido a quien fuera el primer presidente de nuestra Suprema Corte.

No está por demás recordarlos, sobre todo ahora que el papel del presidente de la Corte es tema de conversación y debate. Pero no siempre fue así: hubo épocas en las que permanecían anodinos, aunque de vez en cuando saltaban al escenario público; en otros tiempos, allá en la lejana segunda mitad del siglo XIX, alcanzaron renombre y relieve porque se convirtieron en actores políticos fundamentales; luego, llegaría una larga y oscura noche, la del sometimiento y la ignominia, que duró más de 100 años, desde don Porfirio Díaz hasta el

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fin de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Finalmente, una nueva etapa, mucho más luminosa, se iniciaría en 1995 y continúa hasta nuestros días, caracterizada por la independencia del Poder Judicial.

Casi 200 años de Suprema Corte y un centenar de sus presidentes. Diseñada en la Constitución de 1824 más bien como un tribunal de apelación, sin muchas facultades de interpretación o intervención, sus creadores se vieron en el predicamento de designar a un presidente. Para integrar el máximo tribunal tuvieron que recurrir a algunos de los “oidores” de la antigua Audiencia realista, pero para que la presidiera necesitaban un abogado que hubiera sido insurgente, y había muy pocos. Eligieron a Miguel Domínguez, el antiguo corregidor de Querétaro, quien por lo tanto había fungido como juez y sabía de administración de justicia. A pesar de los pecadillos que ensuciaban su pasado —como asesor jurídico firmó la sentencia de muerte de más de 80 insurgentes capturados por los realistas en la batalla de Aculco—, el esposo de doña Josefa Ortiz se convertiría en el primer presidente de nuestra Suprema Corte. A él lo seguirían algunos juristas de gran renombre de su tiempo, como Pedro Vélez o José María Bocanegra, pero sobre todo Manuel de la Peña y Peña, afamado publicista y respetado abogado en quien recayó el tristísimo deber —increíblemente hubo un tiempo en nuestra historia en que nadie quería ser presidente de la República— de ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo y

firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que perdimos la mitad del territorio, allá en 1848. También de esta primera época de la Corte vale la pena subrayar el nombre de otro de sus presidentes, Juan Bautista Ceballos, quien por oponerse a los caprichos del presidente Antonio López de Santa Anna se vería obligado a exiliarse.

Con la Constitución de 1857 llegó el tiempo del protagonismo político de los presidentes de la Suprema Corte. La ley suprema les concedió la atribución de sustituir al presidente de la República durante sus ausencias temporales o definitivas, además de que —nota curiosa— se alcanzaba la presidencia del máximo tribunal por elección popular. El primero de ellos, que tomó posesión de la presidencia de la Corte el 1º de diciembre de 1857, fue Benito Juárez, quien sólo permaneció unas cuantas horas en el puesto pues se apresuró a pedir licencia para integrarse al gabinete del presidente de la República, Ignacio Comonfort, y a los 15 días, al dar Comonfort su autogolpe de Estado, Juárez asumiría la titularidad del Poder Ejecutivo. Por supuesto, aún hay quien cuestiona si legalmente pudo hacerlo, por la particularidad de que no estaba en funciones de presidente de la Corte; no obstante, esta exquisitez jurídica no es asunto de este texto. Luego, en 1861, fue elegido presidente del máximo tribunal un general, Jesús González Ortega, cuya fama era la de un militar vencedor, aunque no supiera nada de leyes. Lamentablemente fue poseído por la ambición presidencial e intentó deponer a Juárez en 1865, en plena intervención francesa.

Don Benito hizo bien en separarlo y ponerlo fuera de la ley.

Más adelante, en 1867, Sebastián Lerdo de Tejada fue electo presidente de la Corte, y reelecto en 1871. Por eso, a la muerte de Juárez lo supliría en la presidencia de la República.

A él lo sustituiría en la Corte otro del compacto grupo juarista, José María Iglesias, quien cuando Lerdo de Tejada fue derrocado por la revolución de Tuxtepec, acaudillada por el general Porfirio Díaz, argumentó que él era el presidente de la nación, “presidente legalista”, como se definió él mismo. Don Porfirio no se tentó el corazón y lo obligó a desterrarse. En 1877, en las nuevas elecciones, fue elegido

José María Bocanegra

Manuel de la Peña y Peña

Juan Bautista Ceballos

Sebastián Lerdo de Tejada

presidente de la Corte un gran jurista, que incluso había sido constituyente en 1857 y que tenía un alto concepto de la misión que como juez constitucional debía cumplir: Ignacio L. Vallarta. La suma de dos voluntades inteligentes, la de él y la de don Porfirio, permitió que llegaran a un acuerdo: reformar la Ley Suprema, quitarle al presidente de la Corte la suplencia presidencial —es decir, dejarlo sin protagonismo político— y concederle a cambio, a él y a los demás ministros, la inamovilidad.

Vallarta, como sabemos, dignificó a la Suprema Corte. Cuando terminó su periodo, en 1882, no quiso reelegirse ni ampliar su mandato.

A partir de 1883 y hasta 1994 corre una larga época que se caracteriza, sobre todo, por la descarada sumisión del máximo tribunal, puesto que de hecho los presidentes de la República lo dominaron y lo avasallaron.

Primero don Porfirio y sus continuadores, y después el sistema político revolucionario que desembocaría en la hegemonía priísta; el caso es que durante más de 100 años la Corte se comportaría —y pido perdón por la expresión— como una cortesana, dispuesta a servir en todo al que verdaderamente mandaba en el país. De la poco más de una veintena de presidentes de la Corte de la etapa porfirista acaso sólo valga la pena recordar a algunos de aquellos que, independientemente del papel que desempeñaron en el máximo tribunal, también fueron destacados juristas, como Manuel María Zamacona, Silvestre Moreno Cora, Demetrio Sodi y Francisco Carvajal. Más tarde, a partir de la Constitución de 1917 y hasta 1994, la lista es igualmente abundante: 26 presidentes tuvo la Corte, algunos de ellos destacados abogados —Salvador Urbina, Roque Estrada e Hilario Medina— que tuvieron que presenciar cómo los dictados del presidente de la República se convertían en sentencias, algunas veces escandalosamente contradictorias, como cuando la Corte de Obregón falló en contra de los sindicatos petroleros que pedían la nacionalización de esa industria no obstante que, una década después, la Corte de Cárdenas resolvió a su favor. Todo conforme a las instrucciones presidenciales, faltaba más. Es singular que a lo largo de esta etapa de cortesanía sólo un ministro de la Corte, que ni siquiera era LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ El pasado del presente ]

A lo largo del siglo XX la Corte fue un escalón más en las carreras de quienes podían ser sus presidentes, luego senadores, más tarde gobernadores y hasta embajadores, y viceversa, que para el caso era lo mismo.” su presidente, se atrevió a renunciar. A Alberto Vázquez del Mercado sus compañeros ministros lo felicitaron —en privado, claro está— por su valor y dignidad.

Muy a pesar de que en la Suprema Corte sí hubo ministros de gran valía como juristas a lo largo del siglo XX —recordemos sólo a dos de ellos: Felipe Tena Ramírez y Juan José González Bustamante—, ninguno llegaría a ser presidente del máximo tribunal, posición reservada para el ajedrez político, pues para el priísmo la Corte era un escalón más en las carreras de quienes podían ser sus presidentes, luego senadores, más tarde gobernadores y hasta embajadores, y viceversa, que para el caso era lo mismo. Naturalmente, este desfile de presidentes de la Corte, desconocidos para la mayoría de la población, sólo contribuyó al desprestigio del máximo tribunal, que llegó a excesos notables, como cuando el presidente de la Corte, cuyo nombre no vale la pena recordar, fue interrogado a la salida del informe presidencial del 1º de septiembre de 1982, en el que el presidente de la República, José López Portillo, anunció la nacionalización de la banca. A la pregunta de un reportero acerca de si cabría algún recurso contra esa medida, el presidente de la Corte, como buen cortesano, se apresuró a responder que no procedería ningún juicio de amparo contra la nacionalización. Pocos

años después, como fue del conocimiento público, uno de los ministros se corrompió y recibió sobornos para que un criminal y violador pudiera salir de la prisión.

Ya era el colmo. Sin embargo, el nuevo amanecer democrático de México daría respuesta para que el país contara con una Suprema Corte de Justicia de la Nación digna e independiente. Correspondió a su último presidente concebir su desmantelamiento: Ulises Schmill, que no era político y sí, en cambio y por fortuna, un gran jurista. Nació así una nueva Corte, cuyos presidentes gozan de buena fama y prestigio bien ganado, primero porque son abogados de valía, segundo porque son juristas estudiosos y comprometidos, y tercero porque no son políticos, lo cual es la mejor garantía para asegurar que cumplirán con sus responsabilidades. Desde ese entonces (1995), sus nombres resultan conocidos para muchas personas porque representan la independencia y la legitimidad del tribunal encargado de defender la Constitución. Sus nombres son bien conocidos: José Vicente Aguinaco, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien ahora corresponde conservar la integridad y el buen concepto que la Suprema Corte se ha ganado en estas últimas décadas.

Terminemos por donde empezamos: se ha puesto de moda hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los acalorados debates de estos días, cuando se discute la ampliación del periodo de su presidente, un diputado, líder de su fracción, sin que viniera al caso, tuvo la ocurrencia de afirmar, dejándose llevar por la marea desenfrenada de utilizar las palabras sin conocer su significado, que “el conservadurismo opta por el derecho”, creyendo que con eso descalificaba a los opositores de la ampliación. Sí, también está de moda hablar de “conservadores”. Sin embargo, la réplica a este desconocimiento del lenguaje político y jurídico nos las proporcionó hace más de 150 años un destacadísimo presidente de la Corte, Manuel de la Peña y Peña, cuyas palabras, bien empleadas, explican lo que es nuestro máximo tribunal: “Pudiera la Corte considerarse entre nosotros como un cuerpo conservador que, aplicando la ley a cualquiera de los altos funcionarios que la infrinja, tiene así en sus manos el medio más seguro que se ha encontrado en las constituciones modernas para contener a todos en sus deberes”. Una vez más, la respuesta está en la historia. 7

José Manuel Villalpando es abogado por la Escuela Libre de Derecho y titular de la materia de historia del derecho en México en esa institución. Su actividad se ha centrado en la divulgación de la historia mexicana. Es autor de 44 libros y de centenares de ensayos y artículos en esa especialidad.

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Queremos invitarlo a formar parte de una gran causa que durante más de 30 años ha ayudado a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de cientos de jóvenes mexicanos.

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Miguel Carbonell

El nuevo

derecho

administrativo 30

abogacía Junio 2021

Una de las consecuencias menos previstas de la pandemia por coronavirus ha sido el reforzamiento del derecho administrativo, debido sobre todo a la centralidad que en los últimos meses han tenido las agencias administrativas encargadas de proveer los servicios de atención a la salud, las que han emitido regulaciones jurídicas para limitar las actividades diarias de millones de personas y las que tienen competencia para aprobar las vacunas que se pueden administrar para luchar contra el Sars-CoV-2. El autor analiza en este texto el impacto que la pandemia ha tenido en el derecho administrativo

E

l resurgimiento reciente del derecho administrativo1 debería permitirnos volver a pensar sobre el lugar y el papel que tienen las agencias administrativas dentro del sistema jurídico mexicano. Entidades como Cofepris, Conamed, Condusef, Cofece o Ifetel, entre otras, ejercen atribuciones que afectan la vida de millones de personas, pero a veces lo que resuelven queda un tanto al margen del debate público. Asimismo, la mayor parte de la gente no sabe cómo se integran dichos órganos, cuánto tiempo duran en el cargo sus integrantes, cómo rinden cuentas o sobre la base de qué criterios van tomando sus decisiones.2 La pandemia nos ha venido a recordar que necesitamos administraciones públicas fuertes, que sean capaces de hacer frente a problemas enormes que hoy debemos enfrentar. No solamente tenemos grandes desafíos en materia de salud, sino en muchos otros ámbitos como el medio ambiente, la seguridad en el trabajo, la regulación financiera, la seguridad alimentaria, la dotación de agua y el saneamiento básico de las comunidades, la supervisión del transporte de personas y mercancías, la regulación del sector financiero, la protección de los consumidores, etcétera. Nadie puede estar sensatamente en contra de contar con administraciones públicas que trabajen en todos estos sectores para proteger a las personas y ofrecerles una calidad de vida que sea acorde con las expectativas que permite el avance del conocimiento científico que ha alcanzado en los años recientes la humanidad.

Capacidades administrativas Las autoridades administrativas deben tener suficientes capacidades para: a) crear normas a través de una pluralidad de ámbitos regulatorios3 (nos detendremos en tan relevante tema en el siguiente apartado de este artículo), b) ejercer suficientes dotaciones presupuestales, c) contar con recursos materiales necesarios para su trabajo y d) tener recursos humanos indispensables para el desarrollo de sus tareas.

Para ello se requieren cualidades de distinto tipo. Por ejemplo, las siguientes: 1) Analíticas, para recabar información, entenderla, procesarla y saber utilizarla.4

2) De coordinación, para alinear los esfuerzos de distintos niveles de gobierno y de diversos actores dentro de cada nivel de gobierno; se debe trabajar mediante acciones conjuntas, desarrollando tareas multinivel e interagencias.

3) De implementación, para materializar las políticas públicas de tal forma que tengan un impacto en la calidad de vida de las personas.5 El primer paso: una buena regulación administrativa Vale la pena que nos detengamos con algún detalle en el tema de la adecuada regulación, que supone un área de interés en la cual tenemos muchas oportunidades de mejora. Para entender mejor el tema conviene realizar una aproximación general, a partir de la cual podamos iniciar una aplicación más específica para el derecho administrativo.

La regulación es un ámbito de análisis que se ha desarrollado en los últimos 40 años desde distintos sectores de las ciencias sociales (aunque hay antecedentes remotos en la Inglaterra de los Tudores y de los Estuardos, así como en Estados Unidos hacia finales del siglo XIX). En su estudio y análisis han participado economistas, politólogos, sociólogos, historiadores, especialistas en administración pública y, desde luego, abogados.

La regulación es un campo de análisis relativo a los mandatos jurídicos para normar la conducta de las personas, por medio de actuaciones deliberadas de los órganos públicos, con el fin de influir en el desarrollo de las actividades económicas y en las demás conductas sociales. Por ejemplo, pensemos en la regulación de las actividades bancarias, del sector de la construcción de vivienda, de la forma en la que trabajan los hospitales, de la manera en que se tiene que informar a los ciudadanos sobre la calidad de los alimentos que consumen, y un largo etcétera.

Uno de los puntos más discutidos en el tema de la regulación es el ámbito que puede abarcar y, en función del alcance de ese ámbito, la justificación que se pueda ofrecer para entender que es legítimo que se limite la libertad de las personas. Lo anterior es relevante porque en las sociedades desarrolladas de nuestro tiempo se deben proteger las diferentes opciones LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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de vida de los individuos, lo cual exige ámbitos de libertad que no puedan ser afectados por regulaciones administrativas injustificadas. Esto es lo que ha permitido que en muchos países se hayan desarrollado interesantes criterios sobre el denominado “derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

En esa misma línea, debemos ser muy cuidadosos para que las regulaciones administrativas respeten la intimidad y la vida privada de las personas, tan asediadas y puestas en riesgo en nuestras sociedades contemporáneas.

La manera en que la regulación contemporánea de la conducta se lleva a cabo puede dividirse en dos, considerando una aproximación general a la que se le pueden añadir muchos matices y subespecies. Por un lado, se pueden tomar medidas para prohibir ciertas acciones que se consideran violatorias de valores socialmente compartidos (generando lo que algunos analistas del tema han denominado un “sistema de luz roja”); por otro lado, se pueden considerar regulaciones que alienten aquellas conductas que son socialmente deseables, para efecto de que quienes las realicen se vean recompensados o reciban algún beneficio (es lo que se ha llamado un “sistema de luz verde”).

La regulación ha alcanzado entre sus destinatarios no solamente a las organizaciones privadas y a los ciudadanos en lo individual, sino también a los organismos gubernamentales.

Dentro del aparato estatal se han multiplicado las regulaciones financieras respecto del ejercicio del gasto público, las actividades de control administrativo, las mediciones de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía e incluso la ética con la que trabajan los funcionarios.

Todo eso se ha llevado a cabo, en buena medida, a través del establecimiento de un conjunto de órganos administrativos cuyos integrantes suelen tener perfiles técnicos de alto nivel, por su especialización en determinados campos. Es el caso de la regulación de las telecomunicaciones, financiera, de infraestructuras, tecnológica, ambiental, etcétera.

La regulación es indispensable siempre que se presenten las llamadas “fallas del mercado”, las cuales se producen cuando por alguna razón se impide la libre competencia entre actores económicos o cuando estos actores tienen ventajas por desempeñarse en ámbito monopólicos u oligopólicos. En ese caso la regulación debe ser tal que permita maximizar la participación de los actores interesados en competir en determinados mercados, protegiendo los derechos de los usuarios y maximizando el acceso universal a bienes relevantes.

Pensemos, por ejemplo, en aquellos mercados en los que se requieren ciertas redes para poder operar, como es el relativo a las telecomunicaciones. En ese caso, si una empresa es la única dueña de la infraestructura de red que permite transmitir señales de comunicación, podría impedir que las demás empresas puedan ofrecer sus servicios. O podría cobrar un

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precio excesivo por permitir usar esa red a las demás empresas, haciendo de hecho imposible que existiera competencia. En ese caso los que suelen salir perjudicados son los consumidores, ya que con frecuencia reciben servicios de escasa calidad a precios altos.

En México tenemos ejemplos abundantes de sectores en los que una deficiente regulación ha generado durante décadas un perjuicio notable para los usuarios. Me refiero a temas que van desde el transporte que se toma al llegar a un aeropuerto hasta ámbitos como la producción de masa para hacer tortilla o la producción de cemento, entre muchos otros.

El problema es tan grave que en nuestro país se han creado órganos especializados para generar condiciones de mayor competencia o que son competentes para supervisar que la regulación de ciertos sectores en efecto se cumpla. Ahí están, por citar dos casos de sobra conocidos, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (ambos órganos, por cierto, tienen rango constitucional en México).6 Además, tenemos otros ejemplos, como el de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la esfera ya no constitucional sino legal, con funciones administrativas de supervisión sobre el sistema financiero.

La regulación está tan presente en nuestro sistema jurídico que se ha constitucionalizado la llamada “mejora regulatoria” en el último párrafo del artículo 25 de nuestra Carta Magna. Asimismo, la jurisprudencia de nuestros tribunales federales ha sostenido que, de acuerdo con algunas reformas recientes de nuestro marco constitucional, se ha generado un nuevo paradigma llamado “Estado regulador”, que nos invita a repensar algunos principios clásicos como el de la división de poderes o temas tan antiguos como el de las fuentes del derecho. Sobre ese nuevo paradigma del “Estado regulador”

La pandemia nos ha venido a recordar que necesitamos administraciones públicas fuertes, que sean capaces de hacer frente a problemas enormes que hoy debemos enfrentar.”

existen los interesantes criterios jurisprudenciales siguientes: estado regulador. parámetro constitucional para determinar la validez de sus sanciones. Existe un ámbito en donde el Estado vigila la desviación de la conducta prescrita jurídicamente no sólo en su calidad de Estado policía o vigilante, sino en su papel de Estado regulador, esto es, en ejercicio de su facultad constitucional de planificación de actividades económicas, sociales y culturales, para la realización de ciertos fines, que no podrían cumplirse si se dejaran al libre intercambio de las personas, a quienes, por tanto, no se les concibe como sujetos pasivos de una potestad coactiva, sino como sujetos participantes y activos de un cierto sector o mercado regulado. Así, esta nota planificadora o reguladora ha marcado el tránsito de un modelo de Estado de derecho, en donde el Estado tenía una función subsidiaria y secundaria para intervenir en caso de una ruptura del orden público, al Estado social de derecho, en donde el Estado tiene una función central de rectoría económica, cuyo fundamento se encuentra conjunta y principalmente en los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, debe destacarse que las sanciones impuestas en este sector presuponen un contexto diferenciado, en el que los particulares se ubican como sujetos activos y participantes de ciertos mercados, o como prestadores de un servicio concesionado o permisionarios para la explotación de un bien público, por lo que su conducta está regulada por normas, que si bien tienen como marco una ley que establece las líneas regulativas principales, también se integra por una pluralidad de instrumentos normativos, como son reglamentos, normas oficiales mexicanas u otras de naturaleza administrativa, que son requeridas por la regulación especializada técnica y flexible para la realización de ciertos fines de políticas públicas, establecidos en la Constitución o en las leyes, las que, en contrapartida, se han de desarrollar por órganos administrativos igualmente especializados y técnicos. De ahí que el modelo de Estado regulador supone un compromiso entre principios: el de legalidad, el cual requiere que la fuente legislativa, con legitimidad democrática, sea la sede de las decisiones públicas desde donde se realice la rectoría económica del Estado, y los principios de eficiencia y planificación que requieren que los órganos expertos y técnicos sean los que conduzcan esos principios de política pública a una realización óptima, mediante la emisión de normas operativas que no podrían haberse previsto por el legislador, o bien, estarían en un riesgo constante de quedar obsoletas, pues los cambios en los sectores tecnificados obligarían a una adaptación incesante poco propicia para el proceso legislativo y más apropiada para los procedimientos administrativos.7 estado regulador. el modelo constitucional lo adopta al crear a órganos autónomos en el artículo

28 de la constitución política

de los estados unidos mexicanos. De

la exposición de las razones del Constituyente Permanente en relación con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se observa que el modelo constitucional adopta en su artículo 28 la concepción del Estado regulador, entendido como el modelo de diseño estatal insertado para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), mediante la creación de ciertas agencias independientes —de los órganos políticos y de los entes regulados— para depositar en éstas la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas. Este modelo de Estado regulador, por regla general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Ahora, la idea básica del Estado regulador busca preservar el principio de división de poderes y la cláusula democrática e innovar en la ingeniería constitucional para insertar en órganos autónomos competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas suficientes para regular ciertos sectores especializados de interés nacional; de ahí que a estos órganos se les otorguen funciones regulatorias diferenciadas de las legislativas, propias del Congreso de la Unión, y de las reglamentarias, concedidas al Ejecutivo a través del artículo 89, fracción I, constitucional. Este diseño descansa en la premisa de que esos órganos, por su autonomía y aptitud técnica, son aptos para producir normas en contextos de diálogos técnicos, de difícil acceso para el proceso legislativo, a las que puede dar seguimiento a corto plazo para adaptarlas cuando así se requiera, las cuales constituyen reglas indispensables para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos irrealizables bajo la ley de LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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la oferta y la demanda. Pues bien, al introducirse el modelo de Estado regulador en la Constitución, se apuntala un nuevo parámetro de control para evaluar la validez de los actos y normas de los órganos constitucionales autónomos, quienes tienen el encargo institucional de regular técnicamente ciertos mercados o sectores de manera independiente únicamente por referencia a racionalidades técnicas especializadas, al gozar de una nómina propia de facultades regulatorias, cuyo fundamento ya no se encuentra en la ley ni se condiciona a lo que dispongan los poderes clásicos.8 Como puede apreciarse, se trata de un modelo novedoso, que nos sugiere la pertinencia de ajustar algunos de nuestros enfoques tradicionales, conjugando distintos ámbitos de las ciencias sociales. En todo caso, para quienes consideramos que el derecho es una herramienta esencial para alcanzar una convivencia civil pacífica, la regulación adecuada de los mercados, las instituciones y los individuos es un objeto de análisis insoslayable sobre el cual debemos profundizar en México.

Control de la administración pública: un tema pendiente Ahora bien, una administración fuerte, dotada de las capacidades y cualidades que se acaban de señalar, requiere igualmente fuertes controles que permitan asegurar el apego de la administración pública a los mandatos del orden jurídico.

Sobre la forma de ejercer ese control y sobre las entidades que lo deben llevar a cabo, hay un debate abierto en la doctrina administrativista y también en la jurisprudencia de varios países.9 En lo que parece haber un amplio acuerdo doctrinal es en el hecho de que el control administrativo es algo irrenunciable dentro del modelo contemporáneo del Estado de derecho, pues de esa forma también se le otorga legitimidad y validez legal a los actos de las autoridades10 y, a la vez, se resguardan los derechos fundamentales de las personas frente a intromisiones que carezcan de fundamentación o motivación.

Podría pensarse en un esquema de cuestiones mínimas que sin duda alguna deberían ser objeto de control administrativo, por ejemplo, por parte del Poder Judicial. Entre ellas estarían algunas que son bastante obvias y evidentes, como las siguientes, que pueden desprenderse de diversas legislaciones modernas en materia de procedimiento administrativo:11 1) Control de los retrasos excesivos para dar respuesta a alguna petición o solicitud dirigida por un particular a cualquier órgano administrativo.

2) Control sobre las actuaciones arbitrarias, excesivas, desproporcionadas o que representen un abuso de la discrecionalidad administrativa (por ejemplo, casos de reiteradas e incesantes auditorías o visitas de verificación a un mismo establecimiento mercantil).

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3) Control sobre actuaciones administrativas llevadas a cabo sin cobertura normativa por encontrarse fuera del ámbito competencial del órgano que las realiza.

4) Control sobre actuaciones administrativas llevadas a cabo con violación de las normas adjetivas que las rigen, es decir, mediante la inobservancia del procedimiento señalado por la normatividad aplicable.

5) Control sobre actuaciones llevadas a cabo con insuficiente o nula motivación, es decir, con insuficiente acreditación fáctica como elemento desencadenante de la actividad estatal.

En el debate abierto sobre las formas y el alcance del control sobre la actividad administrativa del Estado hay una sentencia que ha generado un gran debate, a la cual siempre se hace referencia cuando se habla del tema. Me refiero al caso Chevron vs. Natural Resources Defense Council, resuelto en 1984 por la Suprema Corte de Estados Unidos, con una ponencia del justice John Paul Stevens y una votación unánime de los jueces que participaron en el análisis del asunto (de los nueve integrantes de la Corte, tres no pudieron participar).

La sentencia Chevron, desde que fue dada a conocer el 25 de junio de 1984, constituyó un parámetro invocado en miles y miles de casos de derecho administrativo, dentro y fuera de Estados Unidos. De hecho, es la sentencia más citada en la historia judicial de Estados Unidos, rebasando ampliamente a fallos tan conocidos como Marbury vs. Madison, Brown vs.

Board of Education of Topeka o Roe vs. Wade,12 a pesar de que todos ellos son muy anteriores a la fecha en la que fue dictada la sentencia Chevron.

Dicho de manera muy sintética, el caso Chevron establece una pauta de control judicial sobre la actividad administrativa basada en un razonamiento jurídico que se despliega en dos pasos:13 a) La autoridad judicial debe verificar si la ley aplicable al acto administrativo de que se trate es clara o ambigua; si es clara, debe estarse a lo que indique la ley, y si la autoridad administrativa no la observó, se le debe imponer por virtud del mandato judicial. b) Si la ley es ambigua o si guarda silencio respecto de una determinada actuación administrativa, se debe observar si la interpretación realizada por la autoridad es o no razonable. Si no es razonable se debe anular. Si es razonable debe darse una deferencia judicial a efecto de que subsista el acto administrativo. ¿Cómo se justifica la existencia de un ámbito ciertamente amplio de deferencia judicial hacia las autoridades administrativas? En buena medida esto tiene como respaldo la idea de que en el Estado moderno la administración pública realiza tareas que requieren conocimientos técnicos a través de las políticas públicas y, al llevarlas a cabo, lo hace con

base en fuentes de información y con conocimiento experto, con los cuales el Poder Judicial no cuenta.14 La pandemia de coronavirus parece haber traído a cuenta, con gran actualidad, el criterio del caso Chevron, pues en muchos países los jueces han sido en extremo deferentes hacia la actuación de las administraciones públicas que, con el argumento de proteger la salud, han tomado medidas draconianas afectando la vida diaria de millones de personas (desde confinamientos domiciliarios, cierre obligatorio de fuentes de trabajo y establecimientos comerciales, prohibición de clases presenciales en escuelas de educación básica y universitaria, determinación de esquemas preferenciales de distribución y aplicación de vacunas, etcétera).

En algunos casos esas medidas se han tomado mediante la imposición de estados de excepción, conforme a la normatividad interna de cada país. En otros, como ha sucedido en México, se ha optado por actuaciones administrativas provenientes tanto de la administración pública centralizada (la Secretaría de Salud, por ejemplo) como de órganos técnicos que gozan de diferentes configuraciones institucionales (como la Cofepris, por citar otro caso).

Una agenda para el derecho administrativo del presente y del futuro Lo que es evidente es que estamos de vuelta ante la gran tradición del derecho administrativo. Quienes pensaban que el XXI iba a ser el siglo del predominio de los jueces parecen haberse visto desmentidos por el enorme impacto de la pandemia. Nos encontramos ante un momento de gran relevancia histórica de las administraciones públicas, a las que se les pide que hagan de todo: desde proporcionar alivio económico para personas, familias y negocios afectados por la pandemia, hasta instrumentar el estudio y la aprobación de las vacunas que deben ser administradas para hacer frente al coronavirus desde el punto de vista científico.

El debate actual y las perspectivas que se avizoran para el futuro cercano nos permiten advertir que será necesario seguir discutiendo y analizando los temas clásicos del derecho administrativo, a los que gran parte de la doctrina reciente quizá había desdeñado o hecho a un lado en favor de análisis más específicos sobre los problemas actuales y muy técnicos en torno de las actuaciones administrativas de los Estados contemporáneos.

Desde mi punto de vista, hoy es más importante que nunca volver a considerar temas tan conocidos como los siguientes: 1) La misión del derecho administrativo como ámbito de protección de valores indispensables en todo Estado democrático. El derecho administrativo no debe enfocarse desde una óptica que mire solamente al aparato burocrático, sino que debe poner en el centro de su reflexión al ciudadano y

Estamos de vuelta ante la gran tradición del derecho administrativo. Quienes pensaban que el XXI iba a ser el siglo del predominio de los jueces parecen haberse visto desmentidos por el enorme impacto de la pandemia.” a los valores de la libertad, el bienestar social, la igualdad y la seguridad, entre otros, como bases indispensables para la construcción de sociedades que provean de garantías efectivas de los derechos a todos sus habitantes. Para eso es indispensable volver a debatir acerca de las facultades regulatorias del Estado y sobre el surgimiento de lo que nuestra Suprema Corte ha denominado el “Estado regulador”, siguiendo una senda bastante conocida de la doctrina administrativa moderna.15 2) El tamaño de la burocracia y el costo de la administración pública. Aunque podría parecer un tema más propio del debate producido en los años de 1980 a raíz de las medidas de recorte impuestas por los gobiernos de Margaret Tatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos, el aumento imparable de la deuda pública en muchos países convierte el tema del costo administrativo del Estado en un asunto impostergable. Habrá que ver cómo van a lidiar los países con cargas de deuda que se van a proyectar con fuerza sobre las capacidades de generación de riqueza y bienestar de las generaciones futuras. Mientras las tasas de interés determinadas por los bancos centrales sigan bajas, el costo de la deuda pública probablemente se mantenga asequible; pero cuando esas condiciones cambien, el impacto sobre las finanzas estatales se va a sentir con gran fuerza. La historia financiera nos demuestra que, tarde o temprano, las tasas de interés van a volver a subir. Cuando esa alza se produzca, ya se verá si la economía de los países puede o no resistir un servicio de deuda pública tan elevado como el que se ha alcanzado en varias latitudes, puesto que en varios casos el monto de esa deuda rebasa con creces el 100 por ciento de su producto interno bruto.

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3) El ejercicio y el control de la discrecionalidad administrativa. El llamado de atención que supuso en su momento (1984) la sentencia del caso Chevron no se ha apagado. Hoy más que nunca debemos volver a reflexionar sobre el ámbito de control que se puede ejercer sobre las agencias técnicas de la administración pública y sobre la forma en la que toman decisiones. Las consecuencias de contar o no con ese control son enormes. ¿Qué pasaría si hay un error al autorizar la administración masiva de algún medicamento que sea nocivo para la salud? ¿Qué costos se generan cuando se prolonga sin razón el cierre de establecimientos mercantiles o escuelas?

Están en juego la economía de las comunidades y el crecimiento armónico de nuestros niños. No son temas menores.

4) La gobernanza democrática y la proyección internacional de las tareas administrativas. Gracias a la pandemia, millones de personas se enteraron de la existencia de la Organización Mundial de la Salud o escucharon por primera vez sobre la Agencia Europea del Medicamento. Los problemas administrativos se han vuelto globales, debido a que los desafíos que la humanidad enfrenta son igualmente globales.

En vista de la complejidad de respuesta que requieren esos problemas, se deben fortalecer todos los mecanismos de cooperación internacional, de manera que se permita y se incentive un intercambio fluido de información, se trabaje de forma conjunta entre países o bloques económicos y se vaya fortaleciendo la democracia multinivel. Para eso es indispensable que muchos gobernantes tengan clara la primacía que se le debe dar al conocimiento técnico y científico, el cual no debe estar supeditado a las ideologías que con frecuencia han generado diversos grados de cerrazón y obcecación en los gobernantes de muchos países.16 En todo caso, habrá que seguir pensando en el derecho administrativo que se requiere en el modelo del Estado constitucional de nuestros días. Lo que vaya a resultar en el presente y en el futuro el derecho administrativo en todo caso deberá ser compatible con nuestros marcos constitucionales, como referencia indispensable de la actuación de todas las autoridades públicas. Pero asentada esa premisa indispensable, lo cierto es que hay mucho más por construir y debatir, como lo he intentado demostrar en este breve texto. 7

Algún autor habla incluso de una “redención” del derecho administrativo debido a la situación por la que está atravesando la mayor parte de los países del mundo desde los primeros meses de 2020. Véase el texto de José Ignacio Hernández, “La redención del derecho administrativo en la post-pandemia”, disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3724970.

2 Véanse, al respecto, las interesantes observaciones que se formulan en Lisa Schultz Bressman y otros, The Regulatory State, Nueva York, Wolters Kluwer, 2010, pp. 22 y ss., acerca de la formación de las políticas públicas en el interior de las agencias administrativas y la manera en que se relacionan los integrantes que provienen de nombramientos “políticos” y aquellos otros que forman parte de servicios civiles de carrera y que se mantienen en el cargo con independencia de los cambios de gobierno.

3 Una interesante lectura sobre este tema puede verse en Robert Baldwin y otros, Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice, 2ª ed., Oxford, Oxford University Press, 2012; así como en Lisa Schultz Bressman y otros, The Regulatory State, op. cit., y en Stephen Breyer y otros, Administrative Law and Regulatory Policy. Problems, Text and Cases, 7ª ed., Nueva York, Wolters Kluwer, 2011. En el caso mexicano es interesante revisar la Ley General de Mejora Regulatoria, expedida por el Congreso de la Unión por virtud del mandato del último párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018).

4 Gellhorn and Byse’s, Administrative Law. Cases and Comments, 11ª ed., Nueva York, The Foundation Press, Thomson Reuters, 2011, pp. 66-67.

5 Véase al respecto la muy conocida antología de textos preparada por Luis F. Aguilar Villanueva, La implementación de las políticas, México, Miguel Ángel Porrúa, 2017.

6 Para encontrar un análisis detenido de las facultades de ese tipo de órganos y su regulación con los poderes tradicionales que también establece la Constitución mexicana, recomiendo revisar las sentencias de la Suprema Corte dictadas para resolver la controversia constitucional 117/2014 y el amparo en revisión 1100/2015.

7 Época: décima, registro: 2007408, instancia: Primera Sala, tipo de tesis: aislada, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 10, septiembre de 2014, tomo I, materia(s): constitucional, tesis: 1a. CCCXVII/2014 (10a.), p. 574.

8 Época: décima, registro: 2010881, instancia: Pleno, tipo de tesis: jurisprudencia, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 26, enero de 2016, tomo I, materia(s): constitucional, tesis: P./J. 46/2015 (10a.), p. 339.

9 Véase, por ejemplo, la perspectiva que ofrece el gran maestro del derecho administrativo español Eduardo García de Enterría en su libro Democracia, jueces y control de la administración, 5ª ed., Madrid, Civitas-Thomson Reuters, 2005.

10 Gellhorn and Byse’s, Administrative Law. Cases and Comments, op. cit., p. 926.

11 Por ejemplo, un esquema semejante puede desprenderse de la Administrative Procedure Act estadounidense de 1946. Un análisis de esa legislación puede verse en Gellhorn and Byse’s, Administrative Law. Cases and Comments, op. cit., pp. 50 y ss.

12 Jorge Pérez Alonso, “¿El ocaso de Chevron?: auge y fracaso de la doctrina de la deferencia judicial hacia el Ejecutivo”, Revista de Administración Pública, núm. 184, Madrid, enero-abril de 2011, p. 336.

13 Cada uno de estos dos pasos ha sido analizado con detalle por la doctrina administrativista de Estados Unidos. Por ejemplo, en Stephen Breyer y otros, Administrative Law and Regulatory Policy. Problems, Text and Cases, op. cit., pp. 282 y ss.

14 Jorge Pérez Alonso, op. cit., pp. 337-338.

15 Un comentario muy relevante sobre el tema puede verse en David García Sarubbi, “Modelo de estado regulador. Su aparición en la jurisprudencia nacional”, disponible en https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-03/06_GARCÍA_Serie%20Art%C3%ADculo%20105%20 num%201.pdf.

16 Véanse, al respecto, las importantes reflexiones de Daniel Innerarity, Pandemocracia. Una filosofía de la crisis del coronavirus, Madrid, Galaxia Gutenberg, 2020.

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Miguel Carbonell es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, investigador nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y autor de más de 65 libros.

Es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, A.C., www.centrocarbonell.online @MiguelCarbonell

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abogacía Junio 2021

Manuel Jorge Carreón Perea

¿Democracia bajo amenaza?

Una mirada al sistema electoral mexicano Luis Espíndola Morales

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abogacía Junio 2021

Voces El proceso electoral que estamos viviendo ha puesto en la mesa temas que recla-

man urgentemente nuestra atención: el fortalecimiento de los órganos que regulan los procesos electorales, la consolidación de mecanismos de participación ciudada-

na, el tránsito hacia el voto electrónico, el combate a la corrupción política y el finan-

ciamiento ilegal de las campañas, entre otros. Luis Espíndola Morales, magistrado de

la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aborda estas cuestiones para los lectores de abogacía.

Qué podemos entender por sistema electoral mexicano?

Es el conjunto de instituciones, actores y sujetos de distintos organismos que intervienen en el fortalecimiento de la democracia. En cuanto instituciones, nos referimos al denominado trípode electoral: INE y organismos públicos electorales. En el ámbito de la justicia penal-electoral, a nivel federal, la responsable es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (antes Fepade), mientras que a nivel local existe una fiscalía electoral que resuelve en el ámbito de su competencia aquellos delitos cometidos en cada estado. Finalmente, existe un órgano que se encarga de la resolución de los conflictos en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, responsable de dar sentencia a nivel federal, mientras que a los que corresponde juzgar en cada entidad es a los tribunales electorales locales. Por otro lado, existen más actores que intervienen en el proceso electoral (partidos políticos, candidatos y ciudadanía en general), los cuales integran el sistema electoral en el que nos encontramos y que, desde luego, forman parte fundamental del dinamismo de la democracia en México. n ¿Cuáles son los retos que afronta el sistema electoral mexicano?

Afronta diversos desafíos. Por ejemplo, los relativos a la fiscalización, a la integración de mesas directivas de casilla, al fortalecimiento de los órganos constitucionales autónomos y a sus facultades. Otro reto es el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana: el plebiscito por referéndum, la revocación de mandato, la consulta popular y la consulta ciudadana; otro más es el tránsito a las nuevas tecnologías, por ejemplo, el voto electrónico, ya sea por internet, a través del celular o mediante la urna electrónica; el combate a la corrupción política, particularmente el financiamiento ilegal; la visibilización del procedimiento especial sancionador como mecanismo preventivo y transformador de las malas prácticas en materia electoral, y el fortalecimiento del derecho de

participación política de los grupos vulnerables o históricamente excluidos (por ejemplo, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los indígenas, la comunidad LGBT+, los jóvenes y las mujeres). Todos son retos que aún le falta resolver al sistema electoral mexicano; sin embargo, ya estamos trabajando y abonando en su fortalecimiento. n ¿Usted apostaría por la automatización en materia electoral?

Desde luego. La automatización en materia electoral es muy importante; pero no es un tránsito automático, sino que tiene que ser un tránsito gradual que permita incluir a las nuevas tecnologías. Actualmente, los organismos públicos de las entidades federativas han puesto en práctica mecanismos como el voto en urna electrónica, el voto por internet y el voto por celulares o tabletas. Estos cambios tienen que ser graduales, de manera que se permita una especie de ensayo/error para ir modificando, ajustando y perfeccionando un nuevo sistema electoral digital. n ¿En México existen partidos ilegales?

No existen partidos ilegales de manera predicada. La ilegalidad de un partido político es de resultado, no anticipada. ¿Puede serlo de este modo? Sí. Aunque en México no, porque la ilegalidad de los partidos políticos no existe como ocurre en otras latitudes. Aquí existe la cancelación o la pérdida de registro. La ilegalidad tiene efectos mucho más potentes que la cancelación o la pérdida de registro. n ¿Cómo podría un partido político ser ilegal?

Puede ser ilegal cuando intenta constituirse fuera de los estándares democráticos con los que se rige este país, en los que se promueva la exclusión y la discriminación de ciudadanos, se fomente la corrupción o se promueva la vulneración de los derechos fundamentales. Un ejemplo histórico puede ser la creación del partido socialista. Sin embargo, nuestra Constitución y nuestro sistema democrático no permiten la creación LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Luis Espíndola Morales fungió como consejero electoral en el Instituto Electoral de Querétaro y como director general adjunto de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Es autor del libro Ilegalización de partidos políticos. Necesidad de regulación en México.

de un partido sin que cumpla con ciertas reglas y estándares ya señalados en las distintas leyes. n ¿Unas instituciones democráticas electorales sólidas implican una democracia mejor? ¿Las instituciones electorales sólidas influyen en una democracia mejor? Yo creo que sí, siempre y cuando entendamos por instituciones sólidas a aquellas que son producto de la democracia. Lo anterior implica su correspondencia y su identidad no sólo con los valores de la propia democracia, sino la identificación de la sociedad respecto de sus instituciones y la aceptabilidad en un grado superlativo de confianza, lo que conlleva la legitimidad de las instituciones. Consecuentemente, podemos estar hablando de instituciones sólidas. n ¿Cómo definiría la democracia?

Desde el punto de vista constitucional, la democracia es una forma de vida, por lo que está en todos nosotros procurar y garantizar los derechos humanos y mantener la garantía de

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nuestras libertades y de nuestro bienestar. La felicidad está en todas y en todos nosotros, individual y de manera colectiva.

La democracia predica las libertades y presupone el ejercicio de la libertad de todas y todos y, en este sentido, tanto instituciones como sociedad están involucradas y compelidas a procurar una mejor calidad para todos. En todos nosotros recae el ideal de democracia. Si nosotros no la protegemos, la democracia no nos va a proteger a nosotros. n En México hay voces que aseveran que la democracia está en riesgo. ¿Es cierto?

No, no creo que la democracia esté en riesgo. Pienso que estamos hablando de una circunstancia en la cual debemos atender los indicadores de la calidad de nuestra democracia.

Las democracias siempre están bajo amenaza, no en riesgo.

Me parece que las amenazas deben ser resueltas por los mecanismos que provee la misma democracia para contener o evitar esas amenazas. En la medida en que las instituciones desarrollen las funciones para las que fueron creadas, la

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propia democracia tendrá mecanismos de protección, contención, garantía y aseguramiento, a través de los cuales puede evitar su propio riesgo, e inclusive su desaparición. México cuenta con un diseño institucional que permite garantizar el derecho de todas y todos a la democracia y a las virtudes que ella conlleva. n En su libro Ilegalización de partidos políticos usted habla del “derecho electoral del enemigo”. ¿Qué significa esta idea?

De alguna manera, con base en la teoría de Jakobs en relación con el “derecho penal del enemigo”, me parece que, prima facie, no podríamos hablar de un derecho electoral del enemigo, porque eso implicaría la exclusión total de quienes, haciendo uso de los mecanismos que establece la democracia, buscan un resultado distinto. Sin embargo, hay casos en los cuales se podría reflexionar sobre si pudieran limitarse o restringirse derechos de participación política; por ejemplo, fundamentalismos, corrupción, financiamiento ilícito, inmersión del crimen organizado en las estructuras políticas. Habrá que considerar y analizar si estamos en presencia de mecanismos reactivos de la democracia o si estamos en presencia del establecimiento de un tratamiento que pudiera aproximarnos al derecho electoral del enemigo.

En México, como tal, no lo hay. n Considerando la existencia de la violencia política de género en México, a su juicio, ¿es aislada o estructural?

Me parece que en México la violencia política de género es estructural. Históricamente es auspiciada por un esquema de exclusión. Recordemos que la participación de las mujeres en la política es relativamente joven, pues su derecho al voto se inauguró en 1953. Pese a las diferentes reformas de 1990, 2007 y 2014, y dado el fortalecimiento de las cuotas de género que tienden a la paridad, se han presentado actos de violencia en contra de las mujeres por un tema de poder o por la pretensión de quienes quieren conservar un statu quo mal entendido. Por supuesto, lo anterior afecta de forma directa a nuestra democracia. n ¿Cómo inciden las redes sociales en los procesos democráticos?

El impacto que tienen las redes es importantísimo, pues puede generar argumentos a favor y argumentos en contra muy negativos. La propia democracia debe proveer los mecanismos, los candados y los medios de control que permitan regularizar estas nuevas tecnologías sin coartar la libertad de expresión.

Por ejemplo, tenemos bots y granjas. Lo mínimo que se les pediría a los programadores de las grandes plataformas, como ya sucede en algunos países de Europa, es que detecten, señalen

y publiquen cuando se trate de una mención artificial, no realizada por una cuenta original. n ¿La participación política se agota en el voto?

No. Se expresa en el voto, pero es más que el voto. Tiene que ver con la posibilidad de expresar ideologías, propuestas, con derechos vinculados a ser electos. La participación política no se agota cada tres años; debe ser permanente, vigilante e incluyente. Un aspecto muy importante que puede distorsionar la naturaleza, la finalidad y el destino de una democracia es la apatía, el desentendimiento, la falta de interés y el descontento de la sociedad respecto del quehacer cotidiano de sus instituciones. n ¿Algo más que desee agregar?

Sólo me gustaría agregar que no hay que olvidar que el compromiso del fortalecimiento de la democracia es cuestión de todos: instituciones y sociedad. Y deseo agradecer a la revista abogacía por la gran labor que realiza como medio de información. 7

Las democracias siempre están bajo amenaza.

En la medida en que las instituciones desarrollen las funciones para las que fueron creadas, la propia democracia tendrá mecanismos de protección, contención, garantía y aseguramiento, a través de los cuales puede evitar su propio riesgo, e inclusive su desaparición.”

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¿Es lo mismo una cosa perdida que una cosa abandonada? ¿Por qué nuestros ordenamientos civiles consideran que se les debe tratar igual? ¿Tiene sentido que una cosa abandonada, a cuya posesión alguien renunció, deba ser entregada al gobierno municipal para que éste busque a su propietario?

En última instancia, ¿puede haber cosas sin dueño?

Jorge Adame Goddard

Cosas perdidas y abandonadas: ¿qué hacer con ellas?

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odos, alguna vez, nos hemos encontrado alguna cosa perdida o abandonada. ¿Qué debemos hacer con ella?

Los códigos civiles de México dan una respuesta muy complicada. Consideran que las cosas perdidas y las abandonadas, a las que dan el extraño nombre de “bienes mostrencos”, deben ser tratadas de la misma manera: el que se encuentra una, debe entregarla al gobierno municipal para que éste la guarde, la anuncie y la entregue a quien demuestre ser su propietario, y si nadie lo hace, entonces el gobierno municipal la vende y, del precio cobrado, entrega tres cuartas partes a una institución de beneficencia pública y la otra cuarta parte al que encontró y entregó la cosa. Por supuesto, nada de esto se practica, o si acaso, sólo en casos muy contados, cuando alguien se encuentra una cosa de mucho valor o una cosa muy conocida.

El primer error de esas disposiciones de los códigos civiles es considerar que las cosas perdidas se deben tratar del mismo modo que las cosas abandonadas. Hay una diferencia importante: el dueño que perdió una cosa ordinariamente quiere recuperarla y suele buscarla. En cambio, el que abandona una cosa renuncia a su propiedad; ya no quiere saber nada de ella. Por eso es absurdo que las cosas abandonadas, como las que se tiran a la basura, tengan que ser entregadas al gobierno municipal para que éste busque a su propietario.

Respecto de las cosas perdidas que uno encuentra, también resulta absurdo entregarlas al gobierno municipal, cuando las ciudades son muy extensas y populosas. Es de sentido común que quien encuentra una cosa perdida —esto es, una cosa de la que sabe que tiene un dueño, aunque ignore quién es—, si la recoge queriendo hacerla suya inmediatamente, comete robo; en cambio, hace lo justo si la recoge con intención de buscar y avisar a su propietario, o si la recoge para entregarla a la persona que puede localizar al propietario; por ejemplo, al encargado de recibir y guardar las cosas que uno perdió y otro encontró.

Los códigos civiles resienten la influencia liberal de considerar la propiedad como un derecho absoluto, que no tiene límites. Por eso no admiten la posibilidad de que alguien abandone una cosa, de que alguien renuncie a la propiedad. Y por eso mismo tampoco admiten que haya cosas que no tienen dueño. Esta visión plantea un problema práctico importante para aquellos negocios de servicios que reciben cosas para limpiarlas, repararlas, modificarlas o simplemente guardarlas. Muchos clientes ya no regresan por sus cosas, y como los prestadores del servicio saben que tienen dueño, no pueden deshacerse de ellas. Por eso es frecuente que este tipo de negocios se vean repletos de cosas viejas. También puede suceder que las cosas perdidas y entregadas a la persona que pueda darlas a su propietario se acumulen, porque nadie las

reclama. ¿Qué es lo justo en esos casos: entregarlas al gobierno municipal como disponen los códigos civiles?

La solución es sencilla: admitir que hay cosas que no tienen dueño. Si se considera que las cosas entregadas que no se recogen en un cierto tiempo, que resulte adecuado al tipo de cosa, son cosas abandonadas, a cuya propiedad el dueño ha renunciado, entonces, como se trata de cosas que no tienen dueño, es justo que quien tiene la posesión de esas cosas adquiera su propiedad y pueda disponer de ellas.

En conclusión, respecto de las cosas perdidas y encontradas, lo justo es recogerlas con intención de devolverlas a su propietario. Respecto de las cosas abandonadas, por haber sido tiradas a la basura o por no haber sido recogidas en un tiempo prudente, lo justo es que el poseedor adquiera su propiedad. 7

Debemos admitir que hay cosas que no tienen dueño.

Son cosas abandonadas, a cuya propiedad el dueño ha renunciado, por lo que es justo que quien tiene la posesión de esas cosas adquiera su propiedad y pueda disponer de ellas.”

Jorge Adame Goddard es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en historia por El Colegio de México.

Es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.

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Jorge Narváez Wills

El derecho de uso de una fosa P ara comenzar, es vital saber que el servicio de “panteones” es una actividad exclusiva del Estado y, por ende, sólo es permitida a particulares mediante concesión.

Lo anterior está fundamentado en el artículo 115°, fracción III, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que los panteones son un servicio público a cargo de los municipios. Ahora bien, como es conocido, a partir de 2016 en la Ciudad de México (CDMX) los que anteriormente eran conocidos como “municipios” pasaron a convertirse en “alcaldías”, por lo que en términos del artículo 53, apartado B), inciso 3, fracción XXII, de la Constitución Política de la CDMX, corresponde a los titulares de alcaldía la vigilancia y la verificación del cumplimiento de las disposiciones, así como la imposición de sanciones a los infractores de éstas, en materia de “cementerios”. Una vez establecido que el servicio de panteones es de utilidad pública a cargo de las alcaldías en la CDMX, procedamos a analizar la naturaleza jurídica y la regulación de éstos.

El tema cobra relevancia toda vez que la inhumación de cadáveres no se confía al arbitrio de los particulares; es más, es de tal relevancia que la inhumación e incineración están restringidas por la Ley General de Salud, la cual, en su artículo 348, tercer párrafo, dispone que la inhumación o incineración de cadáveres sólo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades sanitarias competentes. Ahora bien, debido a que el presente artículo se encuentra delimitado a la CDMX, haré referencia a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, la cual, conforme a su artículo 43°, fracción XXI, señala que corresponde a la CDMX, a través de la

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Consejería Jurídica y de Servicios Legales, coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de diversos servicios públicos, entre ellos los panteones. Más aún, el propio Reglamento de Cementerios del Distrito Federal, en su artículo 5°, fracción II, dispone que será la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos la que tendrá la obligación de supervisar la prestación de servicios —panteones— en los cementerios oficiales, ecológicos y concesionados. De lo anterior, queda expuesta la necesidad de conocer este tema, pues algo que parece consuetudinario, sencillo, casi de mero trámite, en realidad es un misterio y un procedimiento con varios puntos que hay que considerar y que son poco conocidos por la población en general.

La regulación de los panteones en la CDMX se encuentra principalmente en el Reglamento de Cementerios del Distrito Federal (RCDF), en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México (LOPEAPCDMX), en la Ley General de Salud (LGS) y, de manera indirecta, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX). El principal regulador es el RCDF, el cual, en su artículo 7°, clasifica, por su administración, dos modalidades de cementerios: “Artículo 7º. Por su administración, los cementerios en el Distrito Federal se clasifican en: ”I. Cementerios oficiales, propiedad del Departamento del Distrito Federal (DDF), el que los operará y controlará a través de las delegaciones,1 de acuerdo con sus áreas de competencia, y

El entierro de nuestros seres queridos ha sido una costumbre desde los inicios de la humanidad. Sin embargo, poco se piensa en las implicaciones legales involucradas en esta práctica. ¿Quién es el propietario de un cementerio? ¿Qué derechos se adquieren al comprar una fosa, cripta o nicho? El autor reflexiona sobre el andamiaje jurídico relacionado con la inhumación, específicamente en la Ciudad de México.

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”II. Cementerios concesionados, administrados por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, de acuerdo con las bases establecidas en la concesión y las disposiciones de este reglamento”.2 Bajo la idea de que los cementerios oficiales son propiedad del Estado, seguramente el lector preguntará: “Entonces, ¿se puede tener la propiedad a título de perpetuidad sobre las fosas?” La respuesta es simple: no. Previo al 24 de diciembre de 1974, los títulos a perpetuidad se expedían sin problema alguno; sin embargo, debido al abandono y al agotamiento de fosas disponibles para inhumar, el régimen de perpetuidades dejó de existir con la reforma a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal,3 publicada en el Diario Oficial de la Federación ese mismo día. Esta reforma instauró el régimen de temporalidades máximas y mínimas. En términos del artículo 61 del RCDF,4 la modalidad de temporalidad mínima de fosas es de siete años, mientras que el artículo 62 del mismo ordenamiento5 dispone que la temporalidad máxima será de siete años prorrogables dos veces. En ambos casos, al terminar el plazo del derecho, las fosas volverán al dominio pleno del Distrito Federal.

Ahora bien, es menester introducir el “acuerdo por el que se expide el programa de regularización de títulos de fosas a perpetuidad en cementerios públicos en el distrito federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de diciembre de 2004, puesto que en éste se expone de manera sucinta la principal razón jurídica del porqué de la reforma de 1974: “Los títulos de perpetuidad señalan que mediante los mismos se otorgaba la ‘propiedad’ de la fosa; dicha circunstancia contraría el

concepto de prestación de servicio público y la naturaleza de los cementerios oficiales (bienes del dominio público); por años, la naturaleza jurídica de los títulos de perpetuidad se ha confundido con un derecho real de naturaleza privada, siendo por el contrario de naturaleza administrativa, por tratarse los cementerios de bienes inmuebles del dominio público, los cuales se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables. Por lo anterior, los títulos de perpetuidad no constituyen o transfieren derechos de propiedad algunos; lo contrario sería equiparar a dichos inmuebles con objetos de comercio, lo cual pondría en riesgo la prestación del servicio público”.6 De lo transcrito surge el siguiente planteamiento: ¿qué derecho se tiene sobre las fosas? Curiosamente, la respuesta es la misma para las dos modalidades de cementerios —oficial y concesionado—, pues la ratio iuris sigue siendo la misma: conceder un derecho de propiedad sobre fosas es contrario al concepto de prestación de servicio público y a la naturaleza de los cementerios oficiales. El derecho que se adquiere no es un derecho real de propiedad. Es un derecho real administrativo de uso, pues el bien sobre el cual recae el derecho es un bien de dominio público —en cementerios oficiales—, o recae sobre un bien afectado para la prestación de un servicio público —en cementerios concesionados—.

Al hablar de “derecho real administrativo” (DRA) debemos referirnos a Maurice Hauriou, padre de la escuela de los DRA. Hauriou se pronunció por primera vez respecto a esta clasificación de derechos reales gracias a una sentencia dictada el 25 de mayo de 1906 por el Conseil D’Etat respecto LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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de la construcción de vías férreas que irían de Orleans a París. Este fallo concluyó que “el concesionario tiene un derecho exclusivo de uso sobre estas tierras, permitiéndole en particular plantar árboles o permitir que crezca vegetación espontánea en ellas [...] El gobierno se reservaba el derecho de realizar, a lo largo de las vías, todas las construcciones, de instalar todos los dispositivos necesarios para el establecimiento de una línea telegráfica, sin perjudicar el servicio del chemin de fer...”7 Con base en lo resuelto por el Conseil D’Etat, Hauriou señaló que se estaba en presencia de un derecho real a toda luz y que, por ende, existía toda una categoría de derechos reales administrativos. Según Hauriou “el concesionario de dominio público es titular de un derecho real oponible a cualquiera, incluso frente a la administración concedente, salvo en la línea de precariedad; pero esta línea de precariedad, muy estrecha, deja al derecho real toda una esfera de utilidades”.8 Alineado a lo anterior, nuestros tribunales han sostenido que la naturaleza del derecho que se tiene sobre las fosas es la de un derecho real de uso —tesis aislada dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro “cementerios. derechos en favor del titular. objeto del servicio público”—. Este criterio, al desarrollar el alcance que tiene este DRA de uso, indica lo siguiente: “Nacen básicamente Conceder un derecho de propiedad dos derechos: un derecho al uso de una porción del terreno afectado cementerio, a fin de realizar en él la inhumación y exhumación sobre fosas es contrario al concepto de como de cadáveres, así como la conservación de los restos humanos de sus prestación de servicio público y a la deudos, y un derecho a adosar a la tumba una lápida y erigir sobre (en el caso de cementerios horizontales) monumentos o esculnaturaleza de los cementerios oficiales. ella turas funerarias ajustadas a las especificaciones reglamentarias...”9 El derecho que se adquiere no es un En otras palabras, nuestros tribunales sostienen que el derecho adquirido sobre las fosas no es un derecho de propiedad; tampoco derecho real de propiedad. Es un dere- es un derecho real civil, sino un DRA de uso que se desarrolla en cho real administrativo de uso. dos vertientes: la primera, como el derecho a realizar la inhumación y exhumación de cadáveres, y la segunda, consistente en el derecho de adosar la tumba y erigir sobre ella monumentos o esculturas funerarias. Resulta evidente esta línea de argumentación cuando se trata de bienes de dominio público, pues si se tratara de sostener que los particulares adquieren el derecho de propiedad sobre un bien de dominio público, se estaría atentando contra la misma naturaleza del bien de dominio público y de la concesión.

Pero resulta más complejo argumentar el DRA de uso al tratarse de cementerios concesionados ubicados en propiedad privada. ¿Qué sucede en estas situaciones? En estos supuestos, los cementerios siguen siendo sujetos a lo dispuesto por la ley y al título de concesión de cada uno. A este efecto, el RCDF, en su artículo 72, dispone que “en los cementerios concesionados los sistemas de temporalidad del derecho de uso sobre fosas, gavetas, criptas familiares o nichos se adecuarán a las bases de la concesión...”10 De lo anterior se desprenden dos cuestiones trascendentales. En primer lugar, el mismo artículo dispone que el derecho del que se es titular en los cementerios concesionados es el derecho de “uso” —siendo éste un derecho real administrativo—. Por otro lado, del artículo mencionado también destaca que el derecho de uso sobre fosas, criptas, gavetas o nichos se “adecuará a las bases de la concesión”,11 lo que implica que, como sostenía Hauriou, el derecho del concesionario es un derecho real desde cualquier perspectiva, con la peculiaridad de que dichos derechos pueden ser revocados por decretarse la utilidad pública. Dicha revocación no es arbitraria y encontrará su fundamento en el mismo título de concesión. Entonces, ¿qué pasa con los cementerios concesionados? ¿Qué venden? Curiosamente, el modus operandi de cada cementerio concesionado es distinto. En algunos, el cementerio funciona mediante la instauración de fideicomisos, de modo que el “dueño” de la fosa realmente tiene derechos

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de un fideicomisario sobre ella. En otros casos, funcionan a través de partes alícuotas del predio en el que se encuentran las fosas. Ahora bien, hay cementerios concesionados que ya no tienen “perpetuidades” a la venta, sino que se limitan a conectar a titulares del derecho de uso de fosas con terceros interesados en adquirir esos derechos. Una vez conectadas las partes, se procede a la celebración de una cesión de derechos a favor del tercero adquirente. El objeto de la cesión son los derechos de uso a tiempo indeterminado de fosas, criptas, nichos, etcétera. Debemos destacar que la propiedad del inmueble sigue siendo del titular de la concesión y, por ende, lo único que se transmite es el derecho de uso.

Partiendo de que el DRA de uso respecto de los cementerios se desarrolla en dos vertientes, la primera consistente en la inhumación y la exhumación de los cadáveres, y la segunda relativa al derecho a adosar criptas, fosas, nichos, etcétera, a continuación se desarrollará de manera breve el alcance de estas vertientes.

En primer lugar, el derecho que tiene el usuario de los cementerios implica la utilización del predio afectado para dicho fin, a efecto de realizar la inhumación y exhumación de cadáveres. Se faculta a los titulares a utilizar el panteón conforme a su naturaleza inherente (entierro de muertos).

En segundo lugar, nos encontramos ante el derecho de adosar fosas, criptas, nichos, etcétera. Debe entenderse que el usuario tiene la facultad de realizar las mejoras útiles y puramente voluntarias sobre la fosa, el nicho o la cripta, así como el derecho de retirarlas siempre y cuando no cause detrimento

a la cosa en la que esté constituido el uso. Esta última permite construir sobre las fosas; sin embargo, dichas construcciones deben cumplir con ciertos requisitos. En términos del artículo 16 del RCDF, cualquier construcción realizada dentro de los cementerios —oficiales o concesionados— estará sujeta a las disposiciones de ese reglamento. Ahora bien, además de lo que dispongan los reglamentos internos, los requisitos legales de construcción se hallan en el artículo 17 y son, entre otros, “i) contar con el permiso de construcción correspondiente, otorgado por la administración del cementerio de que se trate; ii) cuando así se requiera, tener los planos de la obra debidamente autorizados por la oficina de panteones competente; iii) efectuar el depósito por obra que señale el reglamento interior del cementerio donde vaya a realizarse; iv) la autorización de la autoridad sanitaria del DDF cuando ésta sea necesaria; v) la autorización de la autoridad sanitaria del DDF cuando ésta sea necesaria, y vi) la autorización de la Oficina del Planificación de la delegación competente”.12 Ahora bien, un supuesto que vale la pena abordar es el siguiente: ¿qué pasa con el DRA de uso en caso de clausura del cementerio?

Primero, habrá que distinguir si se trata de un cementerio oficial o de un cementerio concesionado. Si se trata de un cementerio oficial, el DRA de los usuarios se convertirá en un derecho de crédito en contra de la administración pública, la cual deberá proporcionar otra superficie para seguir prestando el servicio. Por otro lado, en términos del artículo 39 del RCDF, será por cuenta de la entidad o la dependencia

Los títulos de perpetuidad no constituyen o transfieren derechos de propiedad algunos; lo contrario sería equiparar a dichos inmuebles con objetos de comercio, lo cual pondría en riesgo la prestación del servicio público.

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a favor de quien se haya afectado el predio anteriormente ocupado por el cementerio, la reposición o el traslado de las construcciones. De manera que las dos vertientes del derecho real administrativo quedan amparadas: el derecho de usar el predio se respeta mediante la reubicación de las fosas; el derecho a adosar las fosas se garantiza con el traslado o, en su caso, la reposición de lo construido.

Si nos ubicamos en un cementerio concesionado sobre propiedad privada, habrá que distinguir dos supuestos: primero, si la revocación de la concesión se produjo por culpa del administrador y, segundo, si la revocación —o, en su caso, el vencimiento— de la concesión tuvo lugar independientemente del desempeño del administrador. En el primer supuesto el usuario tendrá un derecho de crédito en contra del administrador —en términos del artículo 7° del RCDF— y podrá ejercer la acción de incumplimiento de contrato, reclamando el pago de daños y perjuicios derivado de la negligencia y el consecuente incumplimiento de lo establecido en el título de concesión o, en su caso, de lo dispuesto por las leyes aplicables, mientras que, en el segundo supuesto —ya sea vencimiento de la concesión, expropiación del inmueble, etcétera—, el usuario dejará de tener un derecho real administrativo y

tendrá un derecho de crédito en contra de la administración pública a efecto de que ésta cubra los gastos de reubicación, exhumación, reinhumación, traslado de construcciones o, en su caso, reposición de éstas, a efecto de que el usuario pueda seguir gozando del servicio público, pues recordemos que en términos del artículo 348 de la LGS, la inhumación y la incineración de cadáveres sólo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades sanitarias competentes.

Para concluir, el derecho sobre las fosas es un DRA de uso, susceptible a convertirse en un derecho de crédito en contra ya sea de la administración pública o de los administradores del cementerio concesionado. Previo a la reforma de 1974 (mencionada en el texto), se otorgaban “perpetuidades”; sin embargo, el legislador no previó que el espacio es limitado y que la población crece, por lo que éstas pasaron a ser reemplazadas por la modalidad de “temporalidades”. En cuanto a las construcciones en los cementerios, se abordó lo que sucedería en caso de reafectación del predio sobre el que se encuentren, así como las acciones a las que tienen derecho los particulares. Finalmente, debemos recordar que este artículo se limita a la Ciudad de México y no se traduce a otras entidades federativas. 7

Producto de la reforma de 2016, la CDMX dejó de estar conformada por delegaciones y pasó a ser conformada por alcaldías.

RCDF, México, 1984.

3 Decreto publicado el 24 de diciembre de 1974. Consultado en https://www.dof.gob.mx/ nota_to_imagen_fs.php?codnota=4736686&fecha=24/12/1974&cod_diario=204093.

4“ Artículo 61. La temporalidad mínima confiere el derecho de uso sobre una fosa durante siete años, al término de los cuales volverá al dominio pleno del DDF.” 5 “Artículo 62. La temporalidad máxima confiere el derecho de uso sobre una fosa durante un plazo de siete años, refrenable por dos periodos iguales al final de los cuales volverá al dominio del DDF.” 6 Acuerdo consultado en http://www.contraloriadf.gob.mx/prontuario/vigente/820.htm.

7 El fallo fue consultado en https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-25-mai-1906-ministre-du-commerce-c-chemins-de-ferdorleans-publie-au-recueil/.

8 Alejandro Vergara Blanco, ”La teoría de los derechos reales administrativos en la obra de Hauriou, su lento reconocimiento y actual consagración como genus y nomen iuris”, en Andry Matilla Correa, Jaime Santofimio Gamboa y Héctor Santaella Quintero (coords.), Ensayos de derecho público, en memoria de Maurice Hauriou, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2013, pp. 597-638.

9 Semanario Judicial de la Federación, tomo II, segunda parte, julio-diciembre de 1988, p. 154.

10 RCDF, México, 1984.

11 Idem.

12 Idem.

Bibliografía: • Constitución Política de la Ciudad de México.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-25-mai-1906-ministre-du-commerce-c-chemins-de-fer-dorleans-publie-au-recueil/.

• Ley General de Salud.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

• Reglamento de Cementerios del Distrito Federal.

• Semanario Judicial de la Federación, tomo II, segunda parte, julio-diciembre de 1988.

• Tesis aislada de rubro “cementerios. derechos en favor del titular. objeto del servicio público”.

• Vergara Blanco, Alejandro, “La teoría de los derechos reales administrativos en la obra de Hauriou, su lento reconocimiento y actual consagración como genus y nomen iuris”, en Andry Matilla Correa, Jaime Santofimio Gamboa y Héctor Santaella Quintero (coords.), Ensayos de derecho público, en memoria de Maurice Hauriou, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2013.

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Jorge Narváez Wills es estudiante de la licenciatura en derecho en la Universidad Panamericana, campus México (Mixcoac).

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convoca al

Premio Anual de Escritura a los nuevos talentos de la abogacía

BASES: • • • • • • •

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Podrán participar todos los estudiantes de la licenciatura en derecho de cualquier institución educativa de la República Mexicana que sometan un artículo inédito para su publicación en la revista abogacía.

Los artículos podrán abordar cualquier temática de actualidad e interés para la sociedad, siempre y cuando contemplen un marco teórico jurídico.

Los trabajos presentados deberán ser escritos en formato de divulgación (la exposición de hechos, conceptos e ideas deberá contemplar un lenguaje claro, sintético y accesible al público no necesariamente especializado).

Los artículos deberán enviarse a la dirección electrónica editor@revistaabogacia.com en formato Word y no deberán exceder los 14,000 caracteres con espacios.

La fecha límite para enviar trabajos y ser considerados en la edición 2021 del premio es el 26 de noviembre de 2021.

El jurado calificador de los trabajos estará integrado por los miembros del Consejo Editorial de la revista abogacía.

En enero de 2022 el jurado calificador determinará al ganador único del premio entre aquellos autores que hayan sido publicados en la sección “Nuevos Talentos” de la revista, en cualquiera de las ediciones de 2021, tomando en consideración la originalidad del tema abordado, los planteamientos propuestos y el uso del lenguaje.

El premio consistirá en $10,000.00 (diez mil pesos).

Los libros, las mentes y los paraguas sólo sirven si se abren...

El fallo del jurado será inapelable. El resultado del certamen se dará a conocer el 28 de enero de 2022, a través de la página web y las redes sociales de la revista abogacía. La participación en este certamen supone la aceptación de las bases anteriormente expuestas.

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Valentín Ibarra Melero Ana Sofía Ríos Artigas

Identidad digital y firma electrónica

Marco regulatorio y consideraciones prácticas para su implementación

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abogacía Junio 2021

Aunque la legislación mexicana contempla desde hace más de 20 años la posibilidad de que los contratos sean firmados utilizando medios electrónicos, aún subsisten dudas sobre cómo implementar adecuadamente un sistema de firma electrónica que permita eficientar procesos, ahorrar costos y disminuir el tiempo en la celebración de acuerdos y contratos. Los autores revisan los aspectos que deben contemplarse para hacer uso de esta herramienta tecnológica, cada vez más necesaria en el entorno digital que prevalece en las sociedades contemporáneas.

E

l acelerado desarrollo tecnológico que ha experimentado el mundo desde hace décadas ha creado un nuevo mundo, en esencial digital y distinto a aquel que histórica y tradicionalmente conocíamos.

Es indiscutible que hoy en día la tecnología forma parte importante de las relaciones humanas y comerciales, al grado de que el mundo tradicional y el digital se han venido fusionando inseparablemente y, con ello, se han combinado o han sustituido las formas tradicionales de llevar a cabo actos jurídicos por otras novedosas y prácticas que, naturalmente, implican retos distintos a los que estábamos acostumbrados.

Un ejemplo claro es la manera de identificarnos y expresar nuestro consentimiento en el mundo digital, lo cual no es cosa menor, considerando la relevancia de estos dos componentes en la celebración de cualquier acto jurídico.

En el mundo tradicional es sencillo comprobar nuestra identidad, es decir, demostrar que somos aquella persona que manifestamos ser, pues así lo ha certificado una autoridad gubernamental mediante la expedición de un documento oficial como el pasaporte, la credencial de elector o cualquier otro.

De igual forma, resulta sencillo expresar nuestro consentimiento en un acto jurídico plasmando una firma autógrafa en el documento que refleje nuestra voluntad, con el fin de vincularnos jurídicamente con su contenido.

Sin embargo, algo que parece tan evidente y fácil de lograr en el mundo tradicional conlleva ciertas complejidades y retos en el mundo digital, a fin de llevar a cabo actos jurídicos sin sacrificar certeza y seguridad jurídica.

La firma electrónica es la herramienta que da solución a la problemática de identificación y expresión del consentimiento en el mundo digital, pues a través de ella una persona podrá demostrar que efectivamente es quien manifiesta ser y, además, expresar su consentimiento y vincularlo a un mensaje de datos.

Lo anterior permite llevar a cabo procesos de negociación y de celebración de contratos con terceros de manera mucho más eficiente y en tiempo real, sin necesidad de que las partes estén físicamente en un mismo lugar y en un tiempo determinado.

La eficacia jurídica de la firma electrónica, aunada a su utilidad como mecanismo que permite eficientar los procesos internos en una empresa y sus relaciones jurídicas con

terceros, así como los retos que ha impuesto la actual contingencia sanitaria, han provocado un incremento importante en su implementación, aunque la falta de conocimiento sobre su marco regulatorio y su soporte tecnológico ha demorado su uso generalizado.

A nivel internacional existe un marco normativo sólido, como la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre las Firmas Electrónicas, que avala e impulsa el uso de la firma electrónica como una herramienta de identificación digital y expresión del consentimiento en la celebración de actos jurídicos, que si bien no es de aplicación obligatoria, ha servido de base para que las legislaciones locales establezcan las condiciones necesarias para la celebración de actos jurídicos a través de medios electrónicos.

El marco jurídico mexicano En estos días, parece ser una tendencia reciente y novedosa hablar de identificación digital y expresión del consentimiento a través de medios electrónicos; sin embargo, lo cierto es que la actividad legislativa que creó el marco regulatorio que hoy permite su utilización inició desde mayo del año 2000 con las reformas al Código Civil Federal, al Código de Comercio, al Código Federal de Procedimientos Civiles y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, y continuaron en agosto de 2003 con diversas reformas al Código de Comercio.

Actualmente, el Código Civil Federal reconoce que los contratos podrán ser firmados mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra a través de esos medios sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta.

Asimismo, el Código de Comercio establece de manera clara y expresa la posibilidad de que los actos de comercio se lleven a cabo utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, señalando que, tratándose de mensajes de datos, en los casos en que la ley exija la forma escrita para los actos, los convenios o los contratos, éstos se considerarán válidos siempre que la información se mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre.

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Incluso, la legislación procesal otorga valor probatorio a la información que conste en medios electrónicos, estableciendo que para valorar su fuerza probatoria se estimará la fiabilidad del método en que se haya generado, comunicado, recibido o archivado, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido del mensaje y su accesibilidad para su ulterior consulta.

Asimismo, desde hace varios años los órganos jurisdiccionales mexicanos han venido dictando múltiples criterios que soportan la legalidad de los actos jurídicos celebrados vía electrónica y su valor probatorio, por lo que cada vez es mayor el soporte jurisprudencial sobre esta materia.

En este orden de ideas, es claro que hoy en día los medios tecnológicos son reconocidos por el derecho federal común mexicano, tanto sustantivo como adjetivo, como herramientas legalmente válidas para expresar consentimiento y celebrar actos jurídicos.

Ahora bien, al igual que sucede en el mundo tradicional, cuando se celebran actos jurídicos a través de medios electrónicos, es esencial autenticar (identificar) de manera fehaciente a las partes y vincularlas al mensaje de datos respecto del cual están expresando su consentimiento, con el fin de evitar o disminuir el riesgo de que posteriormente repudien o desconozcan el acto o su consentimiento, lo cual se lleva a cabo a través de una firma electrónica.

La firma electrónica ha sido definida por el Código de Comercio como aquellos datos en forma electrónica consignados, adjuntados o lógicamente asociados a un mensaje de datos a través de cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con ese mensaje de datos e indicar que éste aprueba la información contenida en el mismo.

Ese código reconoce expresamente que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y es admisible como prueba en juicio, sin exigir una forma o un mecanismo específico para desarrollar o utilizar una firma electrónica con el fin de celebrar actos jurídicos, estableciendo que es suficiente que la misma resulte apropiada para los fines correspondientes.

Ahora bien, es importante considerar que existen dos tipos de firma electrónica: la simple y la avanzada, cuya distinción deriva sustancialmente de la manera en que se autentica al sujeto firmante y se vincula su consentimiento a un mensaje de datos.

Ambas firmas son reconocidas como válidas por el sistema legal mexicano, aunque cada una otorga distintos niveles de seguridad tecnológica y de certeza legal derivados de sus propias características y funcionalidades.

La firma electrónica simple utiliza diversos métodos de autenticación del sujeto firmante, como contraseñas, claves dinámicas, datos biométricos, geolocalización, entre otros,

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El Código de Comercio establece de manera clara y expresa la posibilidad de que los actos de comercio se lleven a cabo utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.” cuyo nivel de seguridad tecnológica y jurídica dependerá del sistema utilizado para ese efecto.

Por su parte, la firma electrónica avanzada requiere, conforme al Código de Comercio, que los datos de creación correspondan exclusivamente al firmante y estén bajo su control al momento de la firma, así como también que sea posible detectar cualquier alteración de dicha firma o del mensaje de datos ocurrida después del momento de tal firma.

Lo anterior se logra a través de métodos tecnológicos que involucran la participación de proveedores de servicios de certificación (PSC), legalmente acreditados por la Secretaría de Economía para expedir certificados de firma electrónica que permitan autenticar la identidad del sujeto firmante y confirmar su vínculo con el mensaje de datos.

Asimismo, dichos PSC están autorizados para expedir sellos digitales de tiempo que tienen por objeto asegurar la integridad de los mensajes de datos firmados o, incluso, para emitir constancias de conservación en los términos establecidos en la NOM-151-SCFI-2016, “Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos”.

Un ejemplo ampliamente conocido de firma electrónica avanzada es la e.firma del Servicio de Administración Tributaria, mejor conocida como FIEL, que se integra con un certificado, una llave de archivo y una contraseña que permiten autenticar la identidad de su propietario y vincularlo al mensaje de datos firmado, así como también asegurar la integridad de los mismos.

Si bien la e.firma originalmente se creó para eficientar los procesos de la autoridad fiscal, lo cierto es que se ha convertido en un medio de identificación digital ampliamente utilizado

que permite a los usuarios llevar a cabo trámites ante distintas autoridades, o bien autenticarse en diversas plataformas para la firma electrónica de documentos.

Consideraciones prácticas para su implementación La implementación de un sistema de firma electrónica en una empresa permite eficientar sus procesos internos, ahorrar costos y disminuir el tiempo en la celebración de acuerdos y contratos con terceros. Sin embargo, su implementación no debe tomarse a la ligera, pues de su correcta ejecución dependerá la validez de los actos jurídicos que se celebren con esa herramienta y el valor probatorio de los mismos en eventuales procesos contenciosos (mercantiles, laborales, fiscales, etcétera).

Como sucede en cualquier proyecto de innovación, es indispensable comenzar identificando las necesidades específicas que podrían ser cubiertas a través de medios tecnológicos, realizando un mapeo de los procesos, internos o externos, en cada una de las áreas de la empresa en las que se involucren revisiones, autorizaciones y firmas de documentos.

Posteriormente, es necesario elaborar un plan de reestructura de los procesos identificados con la finalidad de simplificar y eficientar los mismos, atendiendo a las particularidades de cada una de las áreas de operación, considerando las características y los beneficios generales de la tecnología que se pretende implementar.

Una vez concluido el mapeo y el plan de reestructura, se habrán identificado las áreas de oportunidad que existen en los distintos sectores de la empresa, por lo que se estará en posibilidad de iniciar el proceso de investigación, selección y contratación de los proveedores del servicio de firma electrónica, considerando que todos ellos ofrecen plataformas con características y funcionalidades distintas que se reflejan en diversos niveles de seguridad jurídica para sus usuarios.

La empresa deberá elegir a aquel proveedor que cumpla estrictamente con los requerimientos legales vigentes para la funcionalidad y la validez de las firmas electrónicas y, además, que se adapte a las necesidades particulares de la empresa y sus procesos, privilegiando a aquel que esté dispuesto a personalizar sus servicios y sus plataformas en atención a esas necesidades.

Paralelamente, habrá que desarrollar las políticas y los protocolos internos que deberán seguirse para utilizar la tecnología

en cuestión en el desarrollo de los nuevos procesos, incluyendo lineamientos sobre el uso y el resguardo de los elementos de autenticación para la utilización de la firma electrónica, como contraseñas, dispositivos, herramientas biométricas, certificados de identidad y firma electrónica avanzada, etcétera.

Esto resulta de especial relevancia tratándose del uso de la FIEL, toda vez que puede implicar serias responsabilidades administrativas e incluso penales para administradores y para ciertos funcionarios de alto rango en una persona moral, a pesar de que éstos no necesariamente son quienes utilizan esta herramienta.

Asimismo, las políticas deberán establecer los procedimientos de autorización y firma de documentos por área, así como definir qué funcionarios contarán con facultades para ese efecto, distinguiendo los procesos internos de los externos, pues ambos tienen particularidades diversas que deben tomarse en consideración.

Resulta de especial importancia incluir en esas políticas la definición de los documentos que deberán firmarse con firma electrónica simple, o bien con firma electrónica avanzada, considerando diversos factores como el tipo de acto jurídico de que se trate, si éste es de uso interno o involucra a terceros, así como la importancia de la operación que se está documentando en atención a su monto, sus efectos jurídicos, la posibilidad de objeción o repudio de los firmantes, la relevancia para efectos fiscales, entre otras cuestiones.

En este análisis habrá que tomar en consideración que el adecuado uso de elementos tecnológicos, como la firma electrónica y las constancias de conservación, podrían ser útiles para dotar de fecha cierta a cualquier tipo de documento o mensaje de datos, lo cual brinda protección a la empresa en caso de auditorías fiscales, evitando que la autoridad pueda restar valor probatorio a un documento que no conste en un documento certificado por una autoridad o un fedatario público.

Actualmente, es incuestionable que la firma electrónica constituye una herramienta tecnológica que puede brindar múltiples beneficios prácticos y jurídicos a cualquier empresa o negocio; sin embargo, como sucede con cualquier tipo de tecnología, es necesario entender su funcionamiento y su marco regulatorio para realizar una correcta implementación de la misma, con el fin de evitar riesgos legales innecesarios. 7

Valentín Ibarra Melero es maestro en derecho fiscal por la Universidad Panamericana y socio de la firma Chevez, Ruiz, Zamarripa, donde se desempeña en el área de litigio fiscal, y encabeza la práctica de derecho de la tecnología financiera.

Ana Sofía Ríos Artigas es maestra en derecho por la New York University School of Law y socia de Chevez, Ruiz, Zamarripa.

Su práctica se centra en el derecho corporativo, bancario y financiero.

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Agustín Wallace Hampton Gutiérrez Katze

Inconstitucionalidad de la

propuesta de reforma a la Ley del Notariado para la Ciudad de México La reciente propuesta de excluir a los parientes consanguíneos o por afinidad del acceso al ejercicio del notariado, así como incluir la paridad de género en la Ley del Notariado para la Ciudad de México, es inconstitucional y violatoria de derechos humanos, argumenta el autor de este artículo.

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abogacía Junio 2021

E

l 4 de marzo de 2021 la diputada Leonor Gómez Otegui presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reformas para adicionar la fracción X al artículo 54 y un párrafo a la fracción IV del artículo 56 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México. En consideración de quien escribe, la iniciativa propuesta tiene serios problemas de inconstitucionalidad, por ser violatoria de derechos humanos.

Por cuestiones de método, por versar sobre temas diferentes, es preciso dividir la discusión en dos partes; la primera relacionada con la propuesta para adicionar la fracción X al artículo 54 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, y la segunda que tratará sobre la iniciativa para adicionar un párrafo a la fracción IV del artículo 56 de la citada legislación.

Propuesta para adicionar la fracción X al artículo 54 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México La adición propuesta está relacionada con la prohibición para que puedan participar en los exámenes de aspirante los parientes consanguíneos en línea recta hasta el segundo grado y en línea colateral hasta el tercer grado, así como los parientes por afinidad de cualquier notario en funciones o que haya estado en funciones dos años antes de la fecha de la convocatoria correspondiente.

Así las cosas, la reforma propuesta es la siguiente: “Artículo 54. Para solicitar el examen de aspirante a notario, el interesado deberá satisfacer los siguientes requisitos: ”[…] X. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta hasta segundo grado y línea colateral hasta tercer grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad con algún notario en función o que haya estado en funciones dos años antes de la fecha de emisión de la convocatoria correspondiente”.

Cabe mencionar que, en relación con el parentesco por afinidad, la propuesta no establece ninguna limitación, de modo que la prohibición podría ser extensiva a cualquier grado.

Asimismo, la exposición de motivos no explica las razones por las cuales es que estima necesaria la inclusión de esta fracción; es decir, no expone por qué es preciso excluir de la posibilidad de ser aspirantes a notarios a los parientes citados.

La fracción X que propone añadir al artículo 54 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México viola directamente los artículos 1º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 4º, apartado C, y el artículo 32, apartado C, inciso 1, subinciso l, ambos de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 1º, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), pues transgrede los principios de igualdad y no discriminación y la libertad de trabajo.

Esto es así por las siguientes razones: el quinto párrafo del artículo 1º constitucional prohíbe la discriminación por

motivos de estado civil, entre otros. Es incuestionable que bajo el concepto de “estado civil” se encuentra incluido el parentesco consanguíneo y por afinidad: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

El artículo 5º constitucional garantiza la libertad de trabajo de las personas en los siguientes términos: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

De modo que prohibir el acceso al ejercicio del notariado a los parientes consanguíneos o por afinidad de notarios en ejercicio, o de aquellos que lo hayan sido hasta dos años antes de la fecha de la convocatoria correspondiente, constituye una prohibición no autorizada por la norma constitucional.

El artículo 4º, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México prohíbe la discriminación formal o de facto a cualquier persona, incluida por razón de su estado civil: “1) La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 2) Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra”.

Por su parte, el artículo 32, apartado C, inciso 1, subinciso l, de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el acceso al ejercicio de la función notarial será a favor de las personas que resulten triunfadores en el examen de oposición correspondiente, sin distinción de su relación de parentesco con algún notario en ejercicio o por razón de su género: “La persona titular de la jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias: [...] l) Expedir las patentes de notario para el ejercicio de la función notarial en favor de las personas que resulten triunfadoras en el examen público de oposición correspondiente y acrediten los demás requisitos que al efecto establezca la ley de la materia, misma que invariablemente será desempeñada por profesionales del derecho independientes económica y jerárquicamente del poder público...”

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El artículo 1º, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) prohíbe la discriminación por razones de nacimiento o cualquier otra condición social, lo que desde luego incluye a los parientes consanguíneos o por afinidad: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Esta disposición internacional se debe interpretar en el contexto del principio de igualdad, que prohíbe cualquier tratamiento diferenciado que anule la condición humana, de modo que produzca un menoscabo o una anulación del derecho de la persona, colocándolo en una posición de desigualdad o desventaja frente a sus semejantes.

Ahora bien, no todo trato diferenciado es injustificado. En efecto, en su opinión consultiva OC-04/84, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana”. En esa tesitura, el tratamiento diferenciado está justificado en cuatro casos: 1) necesidad, 2) mérito, 3) atributos y 4) pertenencia.1 2 Establecido lo anterior, es claro que el parentesco consanguíneo o por afinidad no encuadra en ninguno de los cuatro casos de discriminación justificada mencionados, por lo que es inconcuso que prohibir el acceso al notariado a los parientes citados constituye a todas luces una forma de discriminación no autorizada por las constituciones federal y local ni por los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En ese tenor, por las razones ya señaladas, la propuesta de adición de la fracción X del artículo 54 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México establece un trato diferenciado no justificado basado en el parentesco consanguíneo o por afinidad, que es completamente violatorio de los artículos 1º y 5º constitucionales; del artículo 4º, apartado C, y del artículo 32, apartado C, inciso 1, subinciso l, ambos de la Constitución Política de la Ciudad de México, y del artículo 1º, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Propuesta para adicionar un párrafo a la fracción IV del artículo 56 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México Esta parte de la iniciativa propone adicionar un párrafo a la fracción IV del artículo 56 de la ley de la materia e incluye un artículo cuarto transitorio que complementa esa modificación.

El texto en comento es el siguiente:

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“Artículo 56. Cuando una o varias notarías estuvieren vacantes o se hubiere resuelto crear una o más, la autoridad competente publicará convocatoria para que los aspirantes al ejercicio del notariado presenten el examen de oposición correspondiente. Esta convocatoria será publicada una sola vez en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y por dos veces consecutivas con intervalos de tres días en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad. Dicha convocatoria deberá contener los siguientes requisitos: ”[...] ”IV. Señalar la obligación de pagar previamente los derechos que determine el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente. ”Asimismo, esta convocatoria se publicará en el sitio oficial que el Colegio tiene en la red electrónica de información mundial conocida como internet o la que haga sus veces. ”Cuando no exista paridad en el número de notarias y notarios en funciones, la convocatoria será dirigida a las o los aspirantes del género que tenga menor representación. ”[...] ”Transitorios ”[...] ”artículo cuarto. Toda convocatoria que se emita a partir de la fecha en que entre en vigor el presente decreto, para llevar a cabo el proceso de selección de las profesionales en derecho que participen por una patente para ejercer la titularidad de una notaría vacante o de nueva creación, estará dirigida sólo al género femenino hasta que no se logre una paridad en el número de notarias y notarios en esta ciudad”.

Para entrar al estudio de fondo de la inconstitucionalidad de esta reforma es preciso hacer los siguientes señalamientos: el concepto de paridad de género aparece en los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se refiere al reparto igualitario entre hombres y mujeres del ejercicio de la autoridad en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, así como en materia electoral y en los partidos políticos.3 Por su parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México el concepto de paridad de género aparece en los artículos 7°, apartado F, puntos 4 y 11; apartado B, 27; apartado B, puntos 2 y 4, 29; apartado A, punto 3, y apartado B, puntos 5 y 32; apartado C, puntos 1c y 35; apartado B, puntos 8 y 53; apartado A, punto 2, fracciones V y XXI, punto 5, y, del mismo numeral, el apartado C, fracción VIII, 60, punto 2, y décimo séptimo transitorio, en su sexto párrafo.

En ambas constituciones, el concepto de paridad está circunscrito a la igualdad entre los géneros masculino y femenino en la participación del ejercicio del poder público, en los poderes y los niveles de gobierno indicados, así como en la participación de ambos géneros en materia electoral y en los partidos políticos. Fuera de esos casos, el concepto de paridad de género no está reconocido en nuestro orden jurídico nacional.

La iniciativa de propuesta de reforma para adicionar un párrafo a la fracción IV del artículo 56 de la Ley del Notariado local es violatoria de los artículos 1º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 4º, apartado C, y del artículo 32, apartado C, inciso 1, subinciso l, ambos de la Constitución Política de la Ciudad de México, y del artículo 1º, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), por las razones ya apuntadas y las que se exponen más adelante.

Cabe precisar que la iniciativa en comento transgrede el artículo 32, apartado C, inciso 1, subinciso l, de la Constitución Política de la Ciudad de México, pues ella no prescribe distinción de géneros y sí, en cambio, establece que la expedición de las patentes de notario deberá ser otorgada en favor de las personas que resulten triunfadoras en el examen público de oposición correspondiente y acrediten los demás requisitos que al efecto establezca la ley aplicable, misma que invariablemente será desempeñada por profesionales del derecho, independientes económica y jerárquicamente del poder público. De tal suerte que pretender introducir en la Ley del Notariado para la Ciudad de México un trato diferenciado por razón de género no tiene justificación ni fundamento constitucional alguno.

La propuesta de reformas parte de una errónea concepción del principio de igualdad, ya que sostiene que existe discriminación en el ejercicio notarial por el simple hecho de que existen 15 mujeres que ejercen el cargo de notarias en la Ciudad de México.

Para demostrar la falsedad del argumento de la iniciativa es preciso señalar que para que haya discriminación se requiere de la presencia de cuatro elementos: 1) un tratamiento diferenciado entre situaciones análogas o similares; 2) la diferencia no tiene justificación objetiva y razonable; 3) no hay razonable proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo cuya realización se persigue, y 4) el tratamiento diferenciado genera un menoscabo en los derechos humanos de una persona o la imposibilidad de ejercerlos.4 Ahora bien, como ya lo he dicho en líneas anteriores, el tratamiento diferenciado está justificado en cuatro casos: 1) necesidad, 2) mérito, 3) atributos y 4) pertenencia.5 En su jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que existen casos de trato diferenciado donde existe una justificación objetiva y razonable que no viola el derecho humano de igualdad.6 Contrariamente a lo que sostiene la iniciativa, en el ejercicio notarial no existe un tratamiento diferenciado no justificado. A mayor abundamiento, el artículo 32, apartado C, inciso 1, subinciso l, de la Constitución Política de la Ciudad de México claramente establece que el acceso al notariado está basado en el mérito, que es una de las formas de tratamiento diferenciado justificado. En ese contexto, resulta claro que dicho precepto constitucional no autoriza que se limite el

La iniciativa no toma en cuenta el tiempo que puede llegar a requerirse para alcanzar la paridad de género, pues pierde de vista que dicha norma de facto cancelaría indefinidamente el acceso a la función para los miembros del género masculino, produciendo como consecuencia una discriminación inversa no justificada.” acceso al ejercicio notarial a persona alguna por razones de género, ya que el único factor de trato diferenciado permitido por esa norma fundamental es el mérito. Por esta razón, resulta inconstitucional pretender introducir en la Ley del Notariado un trato diferenciado entre géneros que no está autorizado por la citada disposición constitucional.

En tal virtud, al existir una justificación basada en el mérito, no existe razón alguna para introducir una figura de discriminación inversa ni acción afirmativa alguna, toda vez que, por el hecho de que sólo existan 15 mujeres que ejercen el notariado, de ello no se sigue que esa cantidad obedezca a razones discriminatorias contenidas en la ley que impida al género femenino el acceso a la función notarial.

Introducir artificial e innecesariamente la paridad de género en el ejercicio notarial, exigiendo, por ejemplo, que haya convocatorias exclusivamente dirigidas a mujeres, constituye un despropósito y una grave falta de respeto a la inteligencia y la capacidad de las mujeres, como si ellas requirieran este tipo de ventajas para demostrar en los exámenes que son mejores que otros hombres y que otras mujeres. Por eso este tipo de medidas no tiene sentido alguno, pues lo único cierto es que, como se dijo antes, la Ley del Notariado para la Ciudad de México se fundamenta en el mérito y éste no tiene género.

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Análisis de los fundamentos de la propuesta de reforma La propuesta de la diputada Gómez Otegui carece de fundamento porque parte de la base de que la Ley del Notariado para la Ciudad de México es discriminatoria. Esta afirmación a todas luces es falsa, puesto que dicha ley no establece ningún obstáculo formal que impida a las mujeres el acceso al ejercicio de la función notarial. Los razonamientos que expone en su iniciativa carecen de seriedad y rigor científico y parten de un equivocado concepto del principio de igualdad, ya que el simple hecho de que sólo existen 15 mujeres que ejercen la función notarial no es por sí mismo un hecho causado por un trato diferenciado en perjuicio del género femenino. Aceptar una visión simplista como la que propone implica únicamente mirar a los efectos y no a las causas del hecho. Consecuentemente, para resolver el problema planteado es necesario analizar las causas que lo generan.

En ese tenor, para encontrar la solución al problema planteado es preciso recurrir al análisis de la causa raíz (root cause analysis, o rca, por sus siglas en inglés).7 Este método de análisis tiene tres objetivos principales: 1) descubrir la causa raíz de un problema o evento; 2) comprender completamente cómo reparar, compensar o aprender de cualquier problema subyacente dentro de la causa raíz, y 3) aplicar lo que aprendemos de este análisis para prevenir problemas futuros o repetir éxitos. Asimismo, el análisis de la causa raíz se funda en siete principios básicos: 1) concentrarse en corregir y remediar las causas de raíz en lugar de sólo los síntomas; 2) no ignorar la importancia de tratar los síntomas para un alivio a corto plazo; 3) tener en cuenta que podría haber, y con frecuencia las hay, múltiples causas raíz; 4) concentrarse en cómo y por qué sucedió algo, no en quién fue el responsable; 5) ser metódico y encontrar evidencia de causa-efecto concreta para respaldar las afirmaciones de causa raíz; 6) proporcionar suficiente evidencia para informar un curso de acción correctivo, y 7) considerar cómo se puede prevenir (o replicar) una causa raíz en el futuro.

Recurriendo al método de análisis de causa raíz encontramos que las causas del desbalance entre hombres y mujeres notarios tiene su raíz en aspectos estructurales de nuestra sociedad y no en barreras de entrada impuestas desde la ley.

Por lo tanto, la solución planteada por la diputada no resuelve el problema, sino que incluso lo exacerba, pues se enfoca en atacar sus efectos, sin tomar en cuenta que éstos no desaparecerán mientras no se atiendan las causas que lo generan.

En consecuencia, es necesario profundizar en el análisis del problema que representa el desbalance de hombres y mujeres notarios. Para eso considero que es preciso establecer un equipo interdisciplinario que identifique, analice y compare una amplia base de información, que deberá recogerse de registros y expedientes internos del Colegio de Notarios y de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos; realizar

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encuestas en universidades y notarías, así como entrevistas con miembros del género femenino, desde estudiantes de derecho hasta abogadas, aspirantes y notarias, para conocer sus intereses en la práctica del derecho y, en particular, en relación con el ejercicio del notariado, y conocer cuáles son los obstáculos que ellas identifican desde las perspectivas social, familiar y profesional para tener acceso al ejercicio de esta función. De ese modo será posible identificar la raíz del problema y sus posibles soluciones.

Por otra parte, la medida propuesta resultaría perjudicial para la función notarial pues, de implementarse, podría dar lugar a que incremente el número de vacantes sin posibilidad de que en el corto plazo éstas puedan ser ocupadas por mujeres, por no existir garantía de que haya suficiente número de aspirantes del género femenino para presentar los exámenes y ocupar las vacantes. Lo anterior daría como resultado que la capital vea reducido el número de notarías que puedan servir a la ciudadanía, perjudicando a los habitantes en el cabal ejercicio de su derecho humano al servicio notarial previsto en el artículo 6°, apartado C, inciso 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Si bien es cierto que existe un rezago histórico en materia de igualdad entre hombres y mujeres que ejercen la función notarial, también es verdad que no se requieren reformas a la Ley del Notariado para la Ciudad de México y su reglamento, en materia de equidad de género, ya que ambas disposiciones ya cuentan con normas encaminadas a facilitar a las mujeres el acceso al ejercicio del notariado. En efecto, estos ordenamientos prevén la implementación de acciones afirmativas que favorezcan la equidad de género, que garanticen la inclusión de las mujeres y faciliten su acceso al ejercicio notarial en igualdad de condiciones.

El artículo 51 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México establece: “La preparación notarial y la difusión de la imparcialidad jurídica y de conocimientos en beneficio del medio jurídico está garantizada por esta ley, y para ello la carrera notarial proporciona condiciones de formación teórica y práctica; formación deontológica y personal suficientes para que, mediante exámenes públicos por jurados especialmente cualificados, el profesional del derecho idóneo para la función notarial pueda acceder a la misma en las mejores condiciones de servicio y de igualdad de acceso en bien de la ciudad y para la evolución positiva del notariado.

La autoridad y el Colegio podrán instrumentar medidas afirmativas de equidad de género para garantizar el acceso de las mujeres a la carrera notarial en igualdad de condiciones y de inclusión a las mismas”.

Por su parte, el artículo 16 del reglamento de la Ley del Notariado para la Ciudad de México dispone: “Dentro de las medidas afirmativas de equidad de género a que se refiere el segundo párrafo del artículo 51 de la ley, la autoridad y el

Colegio, a través de la comisión correspondiente, deberán instrumentar cursos, talleres, conferencias y preceptorías dirigidas a la igualdad de género de todas las personas que se encuentren en formación de la carrera notarial. La comisión correspondiente también podrá proponer al consejo medidas afirmativas de equidad de género que garanticen a las mujeres su colaboración y participación en la función notarial”.

En consonancia con las normas citadas, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México cuenta con la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, la cual ha implementado diversas acciones afirmativas encaminadas a facilitar a las mujeres el acceso a la función notarial, entre las que destacan las siguientes: • Reforma a la Ley del Notariado para la Ciudad de México en materia de equidad de género.

• Curso de preparación para examen de aspirante dirigido a mujeres.

• Simulacros de exámenes de aspirantes para quienes obtuvieron los mejores promedios en el curso de preparación para exámenes de aspirantes.

• Firma de convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México en materia de igualdad que incluyó: a) Biblioteca digital en materia de equidad de género. b) Capacitación a notarios en materia de equidad de género. c) Conversatorios.

• Certificación a notarías en materia de igualdad, por el Instituto Nacional de las Mujeres.8

Como consecuencia del trabajo emprendido por la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, recientemente dos mujeres obtuvieron la patente de notario de la Ciudad de México. Lo anterior es clara muestra de que las acciones emprendidas por dicha comisión tienen un efecto benéfico para empoderar al género femenino, dotando a las mujeres de mejores herramientas para competir en igualdad de condiciones en los exámenes respectivos.

Conclusión Por las razones que ya se han señalado, la iniciativa de reformas para adicionar la fracción X al artículo 54 y un párrafo a la fracción IV del artículo 56 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, presentada por la diputada Leonor Gómez Otegui, es notoriamente inconstitucional y violatoria de derechos humanos.

Sin embargo, sí es conveniente analizar la problemática que representa el reducido número de mujeres dentro del notariado de la Ciudad de México, sin que ello quiera decir que por ese simple hecho existe discriminación en la función notarial. Es preciso profundizar y analizar toda la información con la que se cuenta,9 para identificar la causa o las causas raíz de este fenómeno, con el fin de estar en posibilidad de implementar los ajustes que faciliten a las mujeres el acceso a la función notarial, en igualdad de condiciones, sin dejar de considerar que conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México la única vía de acceso al ejercicio del notariado es el examen de oposición, lo que obliga a seleccionar al mejor, sin importar su género. 7

Francisco J. Laporta, “El principio de igualdad: introducción a su análisis”, Sistema. Revista de Ciencias Sociales, núm. 67, Sistema/Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1985, pp. 3-31.

2 Por ejemplo: necesidad (¿a qué grupo social le doy más vacuna o comida); mérito (hay plazas limitadas para la matrícula en una universidad, jueces o notarios, de modo que en este caso se selecciona al más capaz); atributos (convocatoria para selección de atletas, personal militar, piloto aviador, etcétera, que exige la selección de personas que cumplan con ciertas características, cualidades y capacidades físicas), y pertenencia (se invita sólo a los miembros de cierto grupo, como en el caso de los premios Oscar, Nobel, etcétera).

3 Es preciso señalar que si bien es cierto que la paridad de género tiene un contexto constitucional limitado, su interpretación judicial pudiera ser transversal, de manera que los jueces y los tribunales constitucionales le den un sentido más amplio, fuera de las esferas del ejercicio del poder en sentido estricto.

4 Compendio sobre la igualdad y no discriminación. Estándares interamericanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019, p. 54.

5 Francisco J. Laporta, op. cit.

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva OC-04/84: “No todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana”.

7 El análisis de causa raíz (rca) es un proceso sistemático para identificar las “causas raíz” de problemas o eventos y un enfoque para responder a ellos. Este sistema se basa en la idea básica de que una gestión eficaz requiere más que simplemente “apagar incendios” para los problemas que se desarrollan, sino encontrar una manera de prevenirlos. Bjørn Andersen y Tom Fagerhaug, Root Cause Analysis, Simplified Tools and Techniques, 2ª ed., ASQ Quality Press, Noruega, 2006.

8 Informes de actividades de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, presentados por la presidenta de esa comisión, notaria Georgina Schila Olivera González, al Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México el 28 de noviembre de 2018 y el 2 de diciembre de 2019.

9 En la actualidad existen 589 abogadas tituladas que laboran en notarías de la Ciudad de México, de las cuales 35 han presentado aviso de práctica notarial. Asimismo, existen 15 mujeres que ejercen la función notarial en la Ciudad de México y siete mujeres que cuentan con patente de aspirante de notario. Fuente: Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

1

Agustín Wallace Hampton Gutiérrez Katze es notario 208 de la Ciudad de México.

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abogacía Junio 2021

Escuela judicial Con la Reforma Judicial, el Instituto de la Judicatura se transforma en una auténtica Escuela Judicial, con niveles académicos y profesionales de exelencia.

Las personas juzgadoras, así como los y las defensoras públicas, estarán mejor preparadas para dictar sentencias más sencillas, entendibles para toda la ciudadanía.

Nuevo perfil judicial: juzgadores y juzgadoras sensibles, con vocación de cercanía a las personas.

El mérito como la base de la carrera judicial, y no el favoritismo ni el parentesco.

P D e A

Peréz de hacha Ibarra de rueda

¿Qué dicen hoy los tribunales?

Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció sobre nuevas con-

sideraciones para la reparación del daño cuando las víctimas de un delito sean menores de edad. Un

Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) analizó la discriminación múltiple en un amparo interpuesto

por el padre de una niña con discapacidad auditiva. Otros temas relevantes están relacionados con el concurso mercantil, la notificación a la colectividad en las acciones colectivas y un criterio en el que

se resolvió que un profesionista no podía exigir sus honorarios debido a que actuó con negligencia.

Presentamos lo más relevante de las entregas 15 a 18 del blog “¿Qué dicen hoy los tribunales?”

n Constitucionalidad e inconstitucionalidad de Ley de

Ingresos de un municipio En la Ley de Ingresos de León, Guanajuato, para 2020 se establecieron distintos beneficios fiscales y estímulos cuya constitucionalidad fue analizada por un TCC. Se determinó un beneficio fiscal que consiste en la aplicación del factor de 0.80% sobre el monto del impuesto predial para los inmuebles ubicados fuera de los límites urbanos y suburbanos. Al respecto, el TCC determinó que a este estímulo no le aplican los principios de justicia fiscal en tanto no modifica el objeto, la base, la tasa o tarifa ni la época de pago, que son los elementos esenciales de la contribución (artículo 48). Registro: 2022996.

Se previó una tasa diferenciada para el pago del predial, según la cual los inmuebles sin edificaciones tendrían una tasa mayor respecto de los que sí tienen edificaciones. Lo anterior se pretendió justificar con un fin extrafiscal: disminuir los índices de inseguridad. El TCC resolvió que este artículo sí transgrede el principio de equidad tributaria debido a que no es una medida idónea para cumplir con el fin extrafiscal planteado (artículo 5º). Registro: 2022995.

Se estableció una tasa preferencial de 0.1% aplicable al impuesto predial para terrenos que ya cuenten con permisos de construcción o de desarrollo de condominios. El TCC determinó que este beneficio no viola el principio de equidad tributaria en tanto está debidamente delimitado y cumple con

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abogacía Junio 2021

el fin extrafiscal de impulsar el crecimiento económico del municipio (artículo 49). Registro: 2022994. n Impuesto sobre la renta en salarios caídos

En tesis de jurisprudencia de un Pleno de Circuito se estableció que el pago de salarios caídos a un trabajador no debe ser gravado por una tarifa mayor a la que correspondería si los salarios hubieran sido pagados en cada mes que se generaron.

Lo anterior, puesto que, aun cuando surgen de una relación laboral, tienen la finalidad de resarcir los perjuicios causados por la terminación de dicha relación laboral. Por eso, para gravarlos es aplicable lo previsto en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Registro: 2023036. n Discriminación múltiple en contra de una menor

Mediante juicio de amparo, el padre de una niña con discapacidad auditiva solicitó la suspensión para que se le incluyera en el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México para recibir becas, útiles y uniformes escolares para el ciclo 2019-2020. Puesto que ya había finalizado dicho ciclo escolar, el juez negó la suspensión solicitada y la concedió para efectos de que las autoridades responsables integraran a la menor a un programa social acorde con su situación particular.

En contra de la suspensión, la autoridad promovió recurso de revisión, que dio lugar a diversos criterios de un TCC. En

primer término, el TCC sostuvo que en este caso se actualizó una “discriminación múltiple” o una “interseccionalidad de la discriminación”, debido a que concurrieron una serie de condiciones que situaron a la persona en una situación de desventaja o desequilibrio, ya que se trataba de una menor de edad, del sexo femenino y con discapacidad auditiva.

Registro: 2023072.

En cuanto a la suspensión, el TCC confirmó que los juzgadores están facultados para precisar conforme a su arbitrio los alcances de la suspensión, para ajustarlos al caso conforme al principio pro persona. Registros: 2023090, 2023091, 2023092 y 2023093. n Reconocimiento de créditos en el concurso mercantil

Un TCC analizó el artículo 233 de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM) que señala que si al momento de terminarse un concurso mercantil quedan pendientes de resolverse recursos relativos al reconocimiento de créditos, el juez debe esperar a que éstos concluyan. El TCC señala que el concurso mercantil termina cuando se aprueba un convenio; sin embargo, el artículo 233 tendrá una aplicación distinta si esto sucede en la etapa de conciliación o en la quiebra. Si se llega al convenio en la etapa de quiebra es aplicable el artículo 233 y, por lo tanto, el juez debe esperar a que se resuelvan todos los recursos contra el reconocimiento de créditos. Lo anterior, porque los repartos concursales deben realizarse hasta que se pague a todos los acreedores y mientras existan bienes que enajenar. Registro: 2023070.

Si el convenio se adopta en la etapa de conciliación, no es necesario esperar a que se resuelvan los recursos, siempre y cuando se cumpla con el artículo 153 de la LCM que señala que el convenio debe prever reservas suficientes para asegurar el pago de diferencias que puedan presentarse como resultado de las impugnaciones. Registro: 2023069.

Delitos contra menores de edad y reparación del daño La Primera Sala se pronunció respecto de un juicio penal en el que se determinó que varios menores de edad habían sido víctimas de delitos sexuales, cometidos por los trabajadores de un jardín de niños perteneciente al sector público. En el dictado de la sentencia se determinó que no existían elementos suficientes para cuantificar el daño y, por lo tanto, se resolvería sobre la reparación del daño de las víctimas hasta la etapa de ejecución de sentencia. Sobre este tema se sostuvo lo siguiente: • Si bien existe jurisprudencia de la Primera Sala que permite el dictado de la sentencia condenatoria sin que se cuantifique el daño cuando no se cuente con elementos suficientes, esta situación puede configurar una forma de

victimización secundaria, sobre todo si las víctimas son menores de edad. Registro: 2023085.

• La Primera Sala estableció siete lineamientos que deben considerar los juzgadores para determinar si aplazan o no la cuantificación del daño, bajo las exigencias derivadas del interés superior del menor. Por ejemplo, descartar la expectativa de una cifra exacta, precisar las razones por las que considera que las pruebas ya aportadas no son suficientes y evaluar si pueden utilizarse criterios de equidad o razonabilidad para subsanar la falta de pruebas, entre otros. Registro: 2023086. n Improcedencia de la suspensión provisional contra la notificación de la acción colectiva Cuando el juez certifica la acción colectiva, se ordena notificar a la colectividad para que cualquier persona que tenga interés pueda adherirse. Ha sido una práctica recurrente que las empresas demandadas en la acción colectiva promuevan juicio de amparo y soliciten la suspensión para evitar que se lleve a cabo la notificación a la colectividad. En contradicción de tesis, la Primera Sala de la SCJN resolvió sobre la procedencia de la suspensión provisional. Analizó, por un lado, la posible afectación a la reputación de la empresa demandada y, por el otro, la protección a los miembros de la colectividad de que sean informados de la acción junto con la importancia de no paralizar el procedimiento. En jurisprudencia se determinó que deben prevalecer los derechos de la colectividad, por lo que no procede conceder la suspensión. Registro: 2023013. n Profesionista no puede exigir honorarios si actuó con negligencia La legislación civil de Jalisco prevé que un profesionista puede exigir el pago de sus honorarios, cualquiera que sea el resultado del trabajo que le fue encomendado. Sin embargo, un TCC determinó que esta obligación supone que el profesionista se condujo con diligencia, buena fe y velando por los intereses de su cliente. Por lo tanto, si el profesionista actuó con negligencia o dolo no podrá exigir el pago de honorarios.

Registros: 2022973 y 2022966.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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¿Qué dicen hoy los tribunales?

n La e.firma de personas morales y juicio en línea

n Suspensión provisional por no pago de rentas durante

Esta tesis se halla en contradicción con una publicada en febrero de este año, en la que un TCC resolvió que, no obstante que las personas morales cuenten con una firma electrónica, la demanda de amparo debe ser firmada por su representante legal, utilizando la e.firma de éste. Registro: 2022665.

n Uso de huella dactilar y firma autógrafa para suscribir

En tesis aislada, un TCC determinó que las personas morales podrán realizar promociones en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal con su propia firma electrónica (e.firma). Lo anterior en tanto que el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación prevé la posibilidad de que las obtengan y la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 establece los requisitos para obtenerla. De esta forma, los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán reconocer como válidas las firmas electrónicas de las personas morales siempre que estén vigentes y certificadas por el Sistema de Adaministración Tributaria. Registro: 2022992.

n Legitimación de autorizado para promover revisión

fiscal adhesiva Dos TCC sostuvieron criterios contradictorios respecto de si el autorizado de la parte actora en un juicio de nulidad está o no legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal adhesiva previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA). En uno de los criterios se sostuvo que sólo el demandante podía interponer dicho recurso. Mediante tesis de jurisprudencia, la Segunda Sala de la SCJN estableció que, en términos del artículo 5, párrafo último, de la LFPCA, el autorizado puede interponer recursos siempre y cuando su carácter esté reconocido ante la autoridad que conoció del juicio contencioso administrativo.

La naturaleza de la revisión fiscal adhesiva es accesoria del recurso de revisión fiscal, por lo que la calidad de autorizado permanece. Registro: 2023054.

el Covid-19 En una controversia de arrendamiento de un inmueble el arrendatario solicitó la suspensión provisional en contra del auto en el que se le ordenó el requerimiento de las rentas adeudadas y el embargo precautorio de bienes. Cabe señalar que las rentas fueron generadas durante la pandemia por Covid-19. Al respecto, un TCC determinó que sí procede conceder la suspensión para paralizar dicho auto, al considerar que la pandemia es un evento de fuerza mayor en el que puede existir justificación para el retraso o incumplimiento de obligaciones. Registros: 2023015 y 2023014. un documento de renuncia Se sostuvieron criterios contrarios respecto de la eficacia probatoria que tenía un escrito de renuncia de un trabajador cuando se encuentren plasmados en el documento la huella dactilar y la firma autógrafa y se advierta que uno de ellos es falso. Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN determinó en jurisprudencia que en materia laboral es suficiente con acreditar la veracidad de uno de estos elementos para que se le otorgue plena eficacia probatoria y se atribuya la autoría del escrito de renuncia al suscriptor. Lo anterior, con fundamento en el artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012.

Registro: 2023053. 7

Los registros referidos en este artículo pueden consultarse en el buscador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente enlace:

Denise Tron Zuccher es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, asociada de PDeA Abogados y colaboradora de la organización Justicia Justa.

Mariana Ruiz Albarrán es egresada de la licenciatura de derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y colaboradora de PDeA Abogados y de la organización Justicia Justa.

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abogacía Junio 2021

PROGRAMAS PROGRAMA Doctorado en Derecho

DOCTORADO

DIRECTOR

Manuel Alexandro Munive Paez

INICIO

Febrero 2022

Todos los cursos se imparten virtualmente en la plataforma zoom.

HORARIO Por investigación

5 semestres

MAESTRÍAS PROGRAMA

COORDINADOR

INICIO

HORARIO

Maestría en Derecho Privado

Juan Pablo Estrada Michel

Agosto 2021

Lunes y miércoles 7:00 a 10:00 hrs.

4 semestres

Maestría en Derecho Constitucional

Ricardo Silva Díaz

Agosto 2021

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

4 semestres

Maestría en Derecho Procesal

Rodolfo Gómez Alcalá

Agosto 2021

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

4 semestres

Maestría en Derecho Laboral

Rafael Sánchez Navarro

Septiembre 2021

Jueves 16:00 a 21:00 hrs. semestres Viernes 8:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 4(1 fin de semana por mes) 21:00 hrs. Sábado 9:00 a 14:00 hrs.

ESPECIALIDADES - CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Especialidad en Derecho Tributario

Felipe Garcia Estrada

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad en Derecho Penal

Rafael E. Mateos Poumián

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad/Curso de Actualización en Derecho Mercantil

Gerardo Lozano Alarcón

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad/Curso de Actualización en Derecho Civil

Fernando Cataño Muro Sandoval

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad en Sistema Acusatorio

Rodolfo Félix Cárdenas

Octubre 2021

Jueves o viernes 17:00 a 21:00 hrs. y Sábado 9:00 a 13:00 hrs.

2 semestres

DIPLOMADOS Derecho de la Energía

Israel Hurtado Acosta

Febrero 2022

Protección de Datos Personales

Gustavo Parra Noriega

Abril 2021

Delitos Fiscales

Ambrosio Michel

Febrero 2022

Derecho de la Insolvencia

Cecilia Lizardi Tort

Octubre 2021

Derecho Sanitario

Lisandro Herrera

Octubre 2021

Compliance

Paola Medellín Claudia Villalobos

Octubre 2021

Lunes y miércoles 8:00 a 10:00 hrs.

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

Martes y jueves 8:00 a 10:00 hrs.

Lunes y miércoles 8:00 a 10:00 hrs.

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

Martes y jueves 8:00 a 10:00 hrs.

3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses

Informes: clizardi@eld.edu.mx / msmeke@eld.edu.mx

Sergio García Ramírez

Protección del ambiente:

bioética y derecho

B

En otro tiempo podíamos detener un viaje nocturno, descender del automóvil, oír el ladrido de los perros en el cercano caserío, pernoctar en tiendas de campaña al cabo de una jornada de excursiones, cerrar los ojos e inhalar la vida a pulmón pleno. Ha cambiado el Anáhuac, nos recuerda el autor. Sin embargo, aún estamos a tiempo de enmendar el panorama, como nos propone en este artículo.*

ernal Díaz describió el paisaje de Tenochtitlan en 1521. He aquí una referencia oportuna, ahora que celebramos —a partir de fechas adoptadas al arbitrio del gobernante— un aniversario de la Independencia de México, liberación que debiera ponernos a salvo de muchos males que rondan y promueven dependencias de otro carácter. Pero vuelvo a Bernal Díaz. Relató: andaban los invasores en la “calzada ancha”, como quien llega a un paraíso apenas imaginado; hallaron “ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblazones”. Lo que vieron era “cosa de sueños”. No me hartaba de “mirar —dice el cronista— la diversidad de árboles y los olores que cada uno tenía, y andenes llenos de rosas y flores, y muchos frutales y rosales de la tierra, y un estanque de agua dulce”.

Pasaron tres siglos. El barón de Humboldt tuvo a la vista la gloria de Mesoamérica: había llegado a “la región más transparente del aire”, según su expresión muy conocida.

Pero también al abismo entre la pobreza y la opulencia, como en ningún lugar del mundo. Luego, al cabo de 100 años de contiendas, Alfonso Reyes pudo reiterar en su Visión de Anáhuac: “Detente, viajero, has llegado...” En efecto: a la región más transparente.

La gracia del aire no sería perpetua. Legiones “laboriosas” consumaron su propia marcha. Fue así, hasta el momento en que Carlos Fuentes puso en Ixca Cienfuegos su propia

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abogacía Junio 2021

observación dolida: “Aquí nos tocó, qué le vamos a hacer”.

Ruido de locomotoras sobre los rieles tendidos por el Porfiriato.

Humo de las factorías oscureciendo el paisaje. Caminaba el progreso a costa de la salud y, en definitiva, de la vida.

México fue asiento de ciudades crecientes y de campos muy fértiles; mares en torno, cordilleras desafiantes. Y cielo azul y despejado; cuando llegaba la noche, luna brillante y constelaciones exuberantes. Hubo relatores que imaginaron la grandeza mexicana como un cuerno de la abundancia, opulento y fecundo. En él discurrían 20 millones de mexicanos; de ellos, dos millones en la Ciudad de México.

En otro tiempo podíamos detener un viaje nocturno, descender del automóvil, oír el ladrido de los perros en el cercano caserío, pernoctar en tiendas de campaña al cabo de una jornada de excursiones. Cerrábamos los ojos e inhalábamos la vida a pulmón pleno. El ambiente favorecía. En nuestro tiempo, no podemos alentar al viajero con la expresión de Reyes. Ha cambiado el Anáhuac. No hallamos transparencia en el aire que respira, ni noches de cielo estrellado. Para que sepa el viajero que ha llegado a esta nueva región del mundo —que tiene semejantes en otras latitudes— le basta con observar el entorno sombrío.

Sin embargo, hay herramienta para enmendar el panorama y rescatar “de lo perdido, lo que aparezca”. Mencionemos algunos elementos a la mano —más o menos— que podrían

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reponer, tal vez a medias, la salud del entorno y de quienes lo habitamos. Uno, las propuestas de la bioética, aplicadas a la vida nuestra de cada día; otro, el orden jurídico emergente más allá —y más acá— de nuestras fronteras: derecho internacional de los derechos humanos, comprometido y comprometedor en pro de la vida.

Primero invoco la bioética. Un antecedente: del auge de la ciencia deriva el progreso de la técnica, y de éste pueden provenir hechos que nos extravíen. Para preverlo, evitarlo y reconducir el paso de la sociedad, que requiere progreso y felicidad, podemos recurrir a ciertos medios. Me referí a la bioética cuando examiné en diversos foros y publicaciones la relación entre la salud y el derecho, un marco en el que podemos analizar a fondo muchos temas radicales de nuestra vida individual y colectiva.

El alemán Fritz Jahr, pastor protestante, habló de la bioética en un artículo publicado en 1927; pero el más notable y conocido expositor de esta materia ha sido, a partir de 1970, el estadounidense Van Rensselaer Potter. Aludió a la bioética en The Science of Survival, y más tarde en Survival, Bridge to the Future. En estas expresiones figuran los conceptos abarcadores de esta cuestión: uno carga el acento sobre la supervivencia, que no es solamente “no morir”, sino vivir en las mejores condiciones, por encima de los obstáculos que se oponen a la vida plena; el otro pone énfasis en un “puente” indispensable, que

nos permita transitar de la circunstancia actual, que conspira contra la vida, al porvenir deseable, que la permite y fomenta.

Potter observó el problema que se presenta debido a la ruptura entre los saberes científico y humanístico, que amenaza la subsistencia de todo el ecosistema. No podemos ignorar que en nuestro tiempo y en nuestro medio se han distanciado los postulados de la bioética y las políticas que en ocasiones siguen la sociedad y el Estado, sus medidas y sus acciones.

Esa distancia, que crece cada vez que abandonamos tanto las lecciones de la ciencia como los principios de la ética, trae resultados funestos.

Entre esos resultados figura la destrucción de la Tierra, hogar de la especie humana —y de otras—, por grave descuido o por conductas deliberadas que avanzan a contrapelo de las necesidades de preservación del planeta, de sus recursos y de sus habitantes. No dejamos de advertir el daño que infieren al hogar humano las decisiones alocadas sobre generación de energía contaminante que mina la salud y la vida de la población, a corto —cortísimo— o a mediano plazos. Es así como la ruina llama a nuestra puerta, que hemos abierto.

Voy a los derechos humanos, a partir de una idea rectora: los individuos tenemos derecho —no sólo deseo o conveniencia— a la conservación de la Tierra. Tanto como se necesite —¡y vaya que se necesita!— para asegurar la subsistencia y la calidad de nuestra vida. Hablar de derecho humano es aludir a una LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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exigencia que puede plantearse ante todas las instancias del poder público, y de una obligación perentoria de éste, también exigible a esas instancias según sus respectivas atribuciones.

Los derechos más relevantes y decisivos, de los que dependen nuestra vida y su calidad, desde la cuna hasta la tumba, aparecieron al final del siglo XVIII. No quedaron congelados en el Siglo de las Luces. Se multiplicaron con el paso del desarrollo social y de las expectativas del ser humano. Son un conjunto frondoso, signo de libertad, justicia y progreso.

Ahí reside el derecho al ambiente sano.

Hablamos de “generaciones” de derechos humanos, atendiendo a su aparición en el escenario histórico. La primera oleada incluyó los derechos civiles y políticos. La segunda abarcó los derechos económicos, sociales y ambientales. Y se ha reconocido una tercera: los derechos de todos, en conjunto; una suerte de escudo general para la preservación de las otras categorías: nadie es titular individual y excluyente de esos derechos de la tercera generación; titulares y beneficiarios somos todos. En estos derechos “difusos” figuran la paz, la seguridad colectiva, la salud del ambiente. Se ha reconocido en las constituciones modernas y en el emergente y poderoso derecho internacional de los derechos humanos.

El tema caló en las constituciones a partir de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972). Otros encuentros internacionales multiplicaron el clamor tutelar del ambiente. En sustancia, se trataba de una arenga por la vida humana, recibida en innumerables foros e instrumentos, con los que se ha querido construir una suerte de “coraza” de la Tierra y, por ende, armadura de la vida.

En México, ese derecho se recibió en el artículo 4º de la Constitución General de la República, donde se reúnen prerrogativas del individuo y obligaciones imperiosas del Estado. Un dictamen del Senado, favorable a la recepción de esta materia, pidió “incluir como una garantía para todos los mexicanos el derecho incontestable para disfrutar de un medio ambiente adecuado, elemento indispensable e imprescindible para su desarrollo y bienestar, imponiendo como correlativo de dicho derecho la obligación del Estado mexicano de tutelar de manera concreta el derecho a la supervivencia de manera equilibrada y armónica, con una adecuada protección de los ecosistemas y de los recursos naturales”. La expresión ambiente “adecuado” creció de punto para postular, hoy, un ambiente “sano”.

El quinto párrafo del artículo 4º la Constitución reconoce actualmente, a partir de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999 y el 8 de febrero de 2012, que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

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abogacía Junio 2021

También opera aquí el derecho internacional de los derechos humanos, un orden que llegó después de las grandes guerras mundiales, cuando se entendió que los derechos del ser humano no son un asunto interno de los Estados frente a sus ciudadanos, sino de la comunidad mundial frente a todos los seres humanos. Sobre esta base, los Estados se han comprometido a través de tratados internacionales, que no implican una merma de la soberanía, como se dice a menudo.

El Estado que adopta un tratado ejerce su soberanía, no renuncia ni abdica de ella.

Los tratados de esta materia tienen rasgos propios. Son especiales, porque no sólo establecen derechos y deberes entre los Estados, sino porque incorporan a otro sujeto determinante: el ser humano. Son, pues, acuerdos “para” el ser humano, provistos de un amplio aparato de garantías en el plano internacional: comisiones, comités, tribunales dispuestos para la tutela de las personas, que pueden culminar en sentencias condenatorias de los Estados que violentan los derechos de los individuos.

México es parte de este universo internacional —o, mejor aún, “supranacional”— de protección de los derechos humanos.

En el extenso espacio de la tutela, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la obligación del Estado de mejorar el medio ambiente, en todos sus aspectos (artículo 12.2). Nuestro país también es actor comprometido en el sistema interamericano. En éste, el Protocolo de San Salvador —sobre derechos de segunda generación— determina

No dejamos de advertir el daño que infieren al hogar humano las decisiones alocadas sobre generación de energía contaminante que mina la salud y la vida de la población, a corto o a mediano plazos.”

que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”, y ordena a los Estados promover “la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente” (artículo 11). No se trata de sugerencias, sino de obligaciones.

El órgano establecido para interpretar y aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuenta con atribuciones para resolver contiendas y fijar criterios vinculantes para los Estados. La Corte Interamericana se ha internado en el tema que estamos mencionando. Lo ha hecho a través de la opinión consultiva OC-23/17 del 15 de noviembre de 1917 sobre “Medio ambiente y derechos humanos”. Las opiniones de este carácter entrañan un pronunciamiento jurisdiccional vinculante como interpretación oficial del tratado que examinan. En el procedimiento conducente a la elaboración de este documento comparecieron numerosos Estados, entidades internacionales, organismos de la sociedad civil, académicos y ciudadanos a título particular.

Al cabo de una madura reflexión, el Tribunal Interamericano emitió esa opinión consultiva (cuyos criterios tienen fuerza obligatoria para los Estados, México entre ellos). Consideró que los individuos tienen derecho a la protección del ambiente, en el marco de la tutela y la garantía de derechos primordiales: a la vida y a la integridad personal. Es decir: la preservación del medio, el respeto a la Tierra, la conservación del planeta y sus recursos son datos clave para la protección de la salud y la vida. Se recogió el pensamiento prevaleciente, revestido con la fuerza del tribunal. Los razonamientos de éste —al igual que los argumentos esgrimidos por quienes participaron en el proceso ante la Corte— merecen cuidadosa reflexión.

Aquellos argumentos subrayan un derecho personal y un deber estatal de enorme trascendencia. Se reafirma el orden indispensable en un asunto asediado por los vaivenes de la política y la economía. Para remontarlos hay imperiosos

mandamientos jurídicos y éticos. Ese derecho y ese deber no se desvanecen ni declinan, no se condicionan ni se relativizan a merced de los caprichos o las ocurrencias de quienes militan contra la Tierra y procuran el poder omnímodo, que les permita fijar el rumbo y el destino, ambos muy sombríos, de sus conciudadanos.

He sugerido mirar al pasado, reconocer el presente y, sobre todo, prever el futuro. Plantados en nuestro tiempo y en nuestra circunstancia, sujetos a tensiones poderosas y regresivas, so pretexto del manejo de fuentes de energía, podríamos decir nuevamente: “Detente, viajero”, eleva tu conciencia y agrega tus fuerzas a las de esta cruzada por la preservación del planeta. Se trata de defender la vida y rescatar, a tiempo todavía, una región transparente donde pueda florecer nuestra especie, liberada del temor y la devastación. Ese viajero podría seguir su camino atento a la hoja de ruta que le propone la bioética. La nueva etapa sería, de esta suerte, un luminoso tramo de su vida. 7

* Este artículo formará parte de un texto más amplio destinado a una obra colectiva sobre bioética y protección de la Tierra, actualmente en preparación, promovida y coordinada por el médico y escritor Arnoldo Kraus, del Seminario de Cultura Mexicana.

Sergio García Ramírez es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, antiguo profesor de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Manuel Jorge Carreón Perea

Uno de los autores más polémicos de nuestro tiempo es Michel Houellebecq —cuyo nombre real es Michel Tomas—, tanto por las temáticas que aborda como por su narrativa directa, que muchas veces raya en lo insensible y lo cruel. Retomando las ideas que el novelista presenta en su obra Sumisión, el autor de este texto aprovecha el contexto electoral que vivimos en México para advertir el peligro que entrañan, en la política, las posiciones extremistas.

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Derecho&LITERATURA

P

A partir del desarrollo de esta idea, Houellebecq lanza una lataforma, Las partículas elementales y La posibilidad de una isla son algunas de las obras emblemáticas de crítica a las posiciones conservadoras, pero atizando estereotipos Houellebecq, en las cuales narra —a grandes rasgos— y temores que tienen ciertos países con respecto a la población la vida de sujetos de mediana edad, solitarios, con migrante, la cual, en algún momento, podrá ser mayoría y una vida sexual frustrada y a los cuales les espera un desen- “transformar” los principios que sustentan a aquellos países lace trágico. En Sumisión recoge estos elementos —cliché de y que implican un riesgo para determinados grupos. autor, podríamos decir— pero involucra Hace apenas medio año nuestra mirada uno que lo hace un libro diferente a los se fijaba en las elecciones de Estados Uni“En la actualidad, el debate otros: la democracia. dos, donde el republicano Donald Trump, de ideas se limita a la detección férreo opositor de la migración, perdía una La obra se sitúa en un futuro ya no tan lejano —año 2022— en el que Houebatalla en las urnas frente a Joe Biden, de los derrapes. Una vez que llebecq nos presenta una Francia en el quien proponía reformas y políticas migrael derrape ha sido cometido, el torias más amables. La polarización fue marco de un proceso electoral. Hasta aquí, nada nuevo —más de lo mismo—, responsable puede disculparse; a evidente y tuvo consecuencias que se extenpero pronto el autor añade un tema que dieron hasta enero con la toma del Capitoeso se limitan sus derechos.” resulta atrayente: las intenciones de voto lio. Al final no pasó nada, pero todo cambió son lideradas por el candidato de un paren el país de las barras y las estrellas.

Michel Houellebecq tido islamista llamado Mohammed Ben Las posiciones extremistas son peligroAbbes. Su contrincante es la conservadora sas, pero en política pueden ser aniquilaMarie Le Pen del Frente Nacional, hoy doras. Houellebecq reflexiona sobre este Agrupación Nacional. El desenlace: la tópico y nos muestra que la indiferencia victoria de Ben Abbes. respecto de los asuntos políticos puede Es importante destacar que a partir de tener un gran costo, lo cual se refleja en esta victoria electoral, Francia comienza los últimos dos párrafos del libro que me a vivir un proceso de cambio radical que permito transcribir: “Un poco como le había ocurrido unos abarca los campos de la política, lo social y, por supuesto, lo jurídico. años antes a mi padre, se me ofrecía una Observamos que figuras jurídicas “tranueva oportunidad; y sería la oportunidad dicionalmente occidentales” comienzan de una segunda vida, sin mucha relación a desaparecer para dar paso a otras; por con la precedente. ”No extrañaría nada”. ejemplo, el matrimonio monogámico La visión de Houellebecq, que en ocadeja de ser la regla para convertirse en la excepción. Incluso se habla de la pérsiones roza lo políticamente incorrecto, merece ser analizada, porque refleja, en dida de la calidad de ciudadanía de los que no son musulmanes, los cuales pasan buena medida, fenómenos que se presentan a ser dhimmis, es decir, ciudadanos de en la vida política, aunque pocas personas segunda clase. se atrevan a evidenciarlos públicamente.

No obstante, el asunto más importante A manera de colofón quiero mencioque deseo destacar de esta obra es la nar que Sumisión está acompañada por clara oposición entre dos proyectos de una historia terrible que, posiblemente, democracia que implican el partido isla- “En Sumisión no hay verdaderos impactó en la obra literaria: en el conmista —denominado Hermandad Musulde su publicación se suscitaron los creyentes, ni cristianos ni musul- texto mana— y el nacionalista Frente Nacional, violentos hechos del ataque terrorista a la que en buena medida recoge la visión manes. Incluso para Ben Abbes, se publicación Charlie Hebdo el 7 de enero de las posiciones democráticas que hoy de 2015 y que son retratados por Philippe trata de una opción política.”

Lançon en su obra El colgajo. Pero esa es encontramos en Europa y Estados Unidos, Michel Houellebecq otra historia. 7 principalmente.

Manuel Jorge Carreón es consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

@MJorgeCP

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Para leer

REFLEXIONES SOBRE LA JUSTICIA. RETOS Y OPORTUNIDADES DESDE LA VISIÓN DE UNA JUZGADORA Lilia Mónica López Benítez

A

Con un lenguaje accesible para todo el público interesado en adentrarse en los vericuetos de la tarea de juzgar, la magistrada Lilia Mónica López Benítez nos ofrece su perspectiva sobre las tareas más apremiantes que tenemos en la construcción de una sociedad verdaderamente igualitaria y justa.

l hablar de la Constitución de 1917, destaca su diseño vanguardista y la incorporación que hizo de los derechos sociales. Sin embargo, también menciona que en la actualidad se evidencia su carencia de sistematización y sus fallas metodológicas. ¿En qué consiste la reingeniería que necesita nuestra Constitución?

La Constitución de 1917 ha tenido más de 700 reformas a lo largo de su existencia, modificando los ideales y los anhelos de la voluntad general. Podemos decir que si bien el Constituyente de 1917 plasmó las aspiraciones de un México que transitaba de la premodernidad latifundista a una modernidad con mejores condiciones sociales, hoy apreciamos un texto supremo que tiene muy clara la arquitectura del Estado mexicano, pero requiere leyes secundarias para enfocar los aspectos técnicos y metodológicos que norman las instituciones públicas y gravitan sobre nuestra vida colectiva. Se puede decir que la Constitución requiere el fortalecimiento de las instituciones del Estado para evitar los vaivenes que se presentan de facto.

n ¿Cómo entender la justicia hoy, en una sociedad polarizada

en la que abundan las etiquetas: buenos y malos, ricos y pobres, honestos y corruptos?

La justicia no tiene adjetivos. Se dice de la justicia que es imparcial, pero cuando hablamos de ella nos referimos a elevar las condiciones materiales y de justicia-justa para todas las personas sin distingo. Por justicia no entendemos necesariamente tasar lo que a cada uno corresponde por derecho, sino si ese derecho también es compatible con el bien común. Por eso comentaba

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en la pregunta anterior que el reto es reforzar la misión y los objetivos de las instituciones del Estado, ya que de ello depende que la discusión política se encuentre en un umbral democrático mínimo para evitar misiones y visiones que no estén debidamente encuadradas en proteger los derechos humanos de los gobernados, en elevar sus condiciones de bienestar mediante los programas de los sectores económicos y de salud, o bien en satisfacer, mediante la educación, las condiciones de vida y las potencialidades de la ciudadanía.

n También aborda la reforma al sistema penal realizada en

2008. ¿Qué retos representa la reforma para los juzgadores en el marco del problema de delincuencia organizada que vive nuestro país?

La reforma al sistema de justicia penal se encuentra en una etapa de consolidación. Para lograr el objetivo es necesario que todas las personas que operan ese sistema de justicia lo conozcan a fondo, pero también es innegable que la participación ciudadana es indispensable para avanzar hacia el objetivo y no crear los rezagos que tanto daño causaron al sistema inquisitivo. La participación responsable de quienes intervienen en el sistema, tanto desde el ámbito institucional, como desde la sociedad, es fundamental para validar que este cambio no haya sido infructuoso.

n ¿Cuál es el perfil idóneo para los impartidores de justicia?

No podemos señalar que el perfil idóneo de los juzgadores sea el mismo en 1917, en 2011 o en 2021. Hemos construido un andamiaje jurídico intrincado, pero necesario y, por ende,

se requiere de personas especialistas dentro de las diferentes ramas del derecho. Vale la pena decir que si la técnica jurídica es una sola, los temas que afectan a quienes solicitan justicia son disímbolos y se deben analizar caso por caso. Así que el reto actual de las juzgadoras y los juzgadores es estar al día en los estándares de protección de los derechos humanos, pero también estar conscientes de que su acción jurídica afecta otras realidades sociales; por ende, la función es tan sensible que se puede impartir justicia en un caso agravando otros.

Afortunadamente contamos con décadas de jurisprudencia nacional e interamericana que permite mayor comprensión de la constitucionalidad y de la realidad de todas las acciones que la ley sanciona, así como con la posibilidad del análisis convencional, herramientas de gran valor para quienes juzgamos y que a la par dotan de certeza a quienes acuden a los órganos jurisdiccionales en busca de justicia.

n Cada vez se subraya más la necesidad de juzgar desde una

perspectiva de género. ¿Qué avances concretos destacaría y qué pendientes quedan aún?

Sobre el tema todavía hay mucho por avanzar. Hace un momento comentaba sobre la sensibilidad de quien juzga lo que de suyo es importante, aunque de manera concomitante se requiere analizar los asuntos con una visión ampliada que sólo la perspectiva de género aporta. Hacer realidad el derecho a la igualdad no es sencillo porque debe traspasarse la frontera de los hechos al contexto que rodea el punto litigioso por resolver y de ahí partir a un estudio diferenciado que aborda la metodología que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delineado.

Una herramienta útil al efecto es el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, editado en 2020.

n En su libro habla de la impunidad que prevalece ante las

violaciones a los derechos de las personas en los sectores más vulnerables de la sociedad, en concreto de niños y jóvenes. ¿Hacia dónde debemos transitar para sacarlos del olvido en que se encuentran?

Considero que podríamos hablar de dos temas fundamentales: educación y oportunidades. Sin el primero difícilmente transitaremos hacia el segundo. Mi gran ilusión es lograr un piso parejo para la niñez y la juventud. Para conseguirlo, el legislador debe reorientar los objetivos de la educación para que las oportunidades de la niñez y de la juventud sean concretas, como más empleo y mejor remunerado y accesibilidad a los pisos superiores de la educación, y, por otro lado, quienes juzgan deben fallar siempre en función del interés superior de niñas, niños y adolescentes, refiriéndome a su protección psicosocial, afectiva y material, dentro y fuera del núcleo familiar. Es pertinente valorar ciertas situaciones que lesionan aquel interés, como el abuso infantil, la explotación sexual y la violencia familiar. Estos vicios reprobables jurídica y moralmente hablando se deben erradicar.

n ¿Y en cuanto a los migrantes?

Todo un tema aparte. He tenido la oportunidad de vivir de cerca su realidad y verdaderamente es muy dura. Por cada paso que dan se alejan más de sus raíces, de su historia de vida, de sus afectos. Se convierten en espectros que luchan por sobrevivir en condiciones adversas, con la esperanza de encontrar un mejor nivel de vida. Pocos lo logran. Debemos ser sensibles: apoyar y dignificar para no discriminar.

Hay que limitar las causas del desplazamiento migratorio que sucede porque las condiciones de vida de los pueblos de origen no son las adecuadas. La situación empeora cuando a la pobreza material y emocional se adhieren la violencia política, la delincuencia organizada y otros flagelos que generan el desplazamiento de pueblos completos a otros lugares con otra serie de problemas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha documentado recientemente que hay más de 80 millones de seres humanos desplazados, de los cuales 12 millones son infantes. Aquí el tema de atención inmediato es reforzar y honrar los mecanismos de cooperación internacional para que la Organización de las Naciones Unidas y los países afectados trabajen a la par resarciendo y no paliando los problemas sustantivos que afectan a las personas desplazadas.

n Finalmente, en su libro dedica un apartado a la justicia electoral. ¿Qué desafíos presenta la elección que estamos viviendo? ¿Tenemos instituciones democráticas sólidas? ¿Cómo vislumbra el panorama después del 6 de junio?

Los pilares fundamentales de la democracia son dos. El primero se refiere a la democracia del sufragio que permite a las acciones políticas definir los proyectos populares y ganadores, pero sería un error creer que la democracia termina ahí. El otro pilar es la democracia de la deliberación, que permite a gobernantes y gobernados analizar permanentemente las realidades y las alternativas para elevar el bien común. El ejercicio de reflexión política es esencial y está potenciado por el papel de los medios de comunicación masiva y, en estos tiempos, mediante el uso de las plataformas sociales en internet que admiten el pluralismo ideológico y una discusión potente y necesaria. Cabe señalar que el tipo de pluralismo que se busca, el pluralismo admisible socialmente hablando, es aquel que es razonable y racional. Un antiejemplo de lo anterior consiste en promover ideas que atacan la igualdad de género, que hacen apología de la violencia contra mujeres, niños y otros sectores en situación de riesgo. Un ejemplo de pluralismo razonable y racional radica en el común denominador de proteger a las instituciones democráticas y a sus resultados. En el caso de los juzgadores, el pluralismo razonable y racional es el pan nuestro de todos los días, porque al emitir sentencias se delibera en función de los intereses de las discriminadas y los vulnerables, dejando un precedente democrático sobre lo que se espera del buen comportamiento social para lograr metas personales sin perjuicio de los intereses del resto de los miembros de la sociedad. 7

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Para leer REMEDIOS COMERCIALES: ANTIDUMPING Las prácticas comerciales consideradas desleales más comunes son el dumping y los subsidios o estímulos otorgados por un gobierno para impulsar la exportación. En esos casos, lo que se pretende es equilibrar la situación en el mercado de destino y de ahí que se apliquen los denominados remedios comerciales: derechos antidumping, impuestos compensatorios o cuotas compensatorias.

En el derecho mexicano son prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador —ya sea el de origen o el de procedencia— que causen daño material a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares.

La determinación de la existencia de dumping o subvenciones, del daño o la amenaza de daño, de su relación causal, y el establecimiento de cuotas compensatorias, se realiza mediante una investigación prevista en la Ley de Comercio Exterior y su reglamento.

En la obra se analiza tanto el concepto de dumping como la regulación de las medidas antidumping. A través de una estructura atractiva se alude a los diferentes instrumentos internacionales en la materia. Se detallan los daños y las amenazas a la producción nacional.

Con un atinado equilibrio se abordan las cuestiones teóricas, pero también las prácticas, ya que se ejemplifican los procedimientos especiales en este campo y se introducen las principales novedades, lo cual da oportunidad al lector de estar lo más actualizado posible en estos temas.

Por lo anterior, la presente obra es una referencia obligada en la materia y constituye una herramienta útil para abogados, contadores, asesores y público en general.

Jesús Edmundo Coronado Contreras

Más información:

____________________ Óscar Cruz Barney Wolters Kluwer/Bosch 2021

Jesús Edmundo Coronado Contreras es director editorial de Wolters Kluwer México.

GUARDIA NACIONAL Y DERECHOS HUMANOS

Más información:

El 26 de marzo de 2019 fue reformada nuestra Constitución para abrir paso a la creación de la Guardia Nacional, institución policial de carácter civil que tiene por objeto coadyuvar con las demás instituciones de seguridad pública en la prevención, la investigación y la persecución de los delitos. ¿El contexto de su creación? Altos índices de criminalidad en México, aumento progresivo de la violencia y observaciones y cuestionamientos de organismos internacionales en el ámbito de los derechos humanos y de la sociedad civil sobre el ejercicio de la función pública de seguridad.

La Guardia Nacional es el eje central de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual se propone devolver a la sociedad la paz y la tranquilidad a las que tiene derecho. Por eso, la autora, reconocida académica y consejera de la Judicatura Federal, expone esa estrategia como marco de referencia de la política actual en materia de seguridad pública y analiza las reformas constitucionales y legales, así como otros instrumentos relevantes de política pública relativos a la seguridad pública y la observancia de los derechos humanos durante la ejecución de esa tarea esencial.

Su análisis la lleva a concluir que las medidas adoptadas por la presente administración son compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales de los mexicanos y están en concordancia con el derecho internacional. ____________________ Loretta Ortiz Ahlf Porrúa 2020

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LA FILOSOFÍA PENAL DE LA ILUSTRACIÓN La Ilustración —también denominada Iluminismo, Siglo de las Luces, o Aufklärung por los germano-parlantes— es uno de los periodos decisivos de la historia moderna de Occidente. En ella se centraron las bases para el establecimiento y ulterior desarrollo de disciplinas tan importantes como la economía, la política, la química, la filosofía y, por supuesto, el derecho.

De todas las ramas que comprenden a la ciencia jurídica, la Ilustración tuvo un impacto particular en materia penal. En esta época se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como debido proceso, racionalidad y proporcionalidad de la pena, así como la secularización que implicó el divorcio del binomio pena-delito que se mantuvo durante el Antiguo Régimen. ¿Qué impulsó este cambio en materia penal? El pensamiento y las obras de filósofos tan determinantes como Kant, Rousseau, Montesquieu, Francisco Suárez y Diderot, entre otros, quienes generaron un camino que, hasta ese momento, era poco transitado. Hicieron propuestas contundentes para modificar el estado de cosas que persistía y que, a partir de movimientos revolucionarios, fue implementándose poco a poco.

Estas ideas se encuentran en Filosofía penal de la Ilustración, obra publicada originalmente en 2003 por el INACIPE que, 16 años después, volvió a ser editada en coordinación con el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.

Si bien podría parecer una obra dedicada a quienes estudian la historia del derecho penal, lo cierto es que Filosofía penal de la Ilustración es un libro de referencia para cualquier interesado de la materia penal.

Mateo Mansilla-Moya

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Más información:

Luis Prieto Sanchís INACIPE/Centro de Estudios Jurídicos Carbonell 2019 Mateo Mansilla-Moya es egresado del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. @moya_mansilla

DICCIONARIO DE LA DEMOCRACIA Para Patricio Emilio Marcos Giacoman, la democracia es uno de los fenómenos más complejos que hay en la historia del pensamiento político antiguo y moderno, así como un discurso ideológico que sirve para apuntalar a los regímenes de clases ricas. “La democracia es, hoy en día, el ajonjolí de todos los moles porque todos los discursos van salpicados de ese término, a pesar de que la gente no sepa muy bien de lo que se habla”, afirma. En ese sentido, esta obra presenta, en dos volúmenes, la teoría y la ideología de los regímenes democráticos: sus antecedentes, orígenes, principios y las doctrinas, dogmas, leyes e instituciones del modelo liberal moderno de la democracia.

También compara sus principios, leyes e instituciones con otros regímenes, particularmente con sus opuestos, las oligarquías o gobiernos de pocos, pero también con la república, la tiranía y la monarquía. Aborda las razones de Estado que permiten su conquista, conservación y estabilidad; las fuentes internas y externas que amenazan a dichas formas de gobierno y las maneras de corromperse y las revoluciones que las afectan. Finalmente, trata de los usos, costumbres y caracteres democráticos, y hace un inventario de los rasgos éticos de la vida democrática.

Más información:

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Patricio Emilio Marcos Giacoman Miguel Ángel Porrúa/Cámara de Diputados 2010

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Recomendaciones Podcasts legales En esta edición recomendamos 10 podcasts para mantenernos actualizados en las diversas ramas del derecho y para formarnos una opinión jurídica respecto de los temas de actualidad en la escena nacional. Ya no hay pretexto para no estar informados y actualizados.

n INTELI-IURIS

La red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros y proponiendo un enfoque innovador, publica episodios con especialistas en temas como subcontratación laboral, derecho familiar, libertad de expresión en internet, relaciones laborales y Covid-19 y simulación fiscal, por mencionar algunos de los más recientes.

n HABLANDO

DERECHO

En el podcast del Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia, se analizan temas jurídicos que a todos nos preocupan para estar informados y poder asesorarnos de forma adecuada.

n ABC

DEL DERECHO INTERNACIONAL

Podcast en el que Víctor Corzo, diplomático de carrera, discute diversos temas del derecho internacional para saber qué hay detrás de las noticias que escuchamos sobre la esfera mundial.

n FERNANDO

GARCÍA SAIS

El notario público 210 de Mazatlán, Sinaloa, quien es experto en protección al consumidor y acciones colectivas, analiza temas de interés general relacionados con los derechos de los consumidores, los ciudadanos, el acceso a la justicia y los servicios notariales en México.

n BUCARELI

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Un podcast que invita a conocer los servicios y las actividades del Instituto Federal de Defensoría Pública, así como las historias de los usuarios que acuden por ayuda al despacho gratuito más grande de abogadas y abogados de México.

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n DERECHO

SIN RODEOS

n DERECHO

ENTRE LÍNEAS

Alumnos de la licenciatura de derecho de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, analizan diversos temas relacionados con los derechos humanos e invitan, de la mano de especialistas, a cuestionar la realidad de México.

Un podcast que lleva hasta los oyentes diversas respuestas a los problemas legales que siempre se han planteado pero que los abogados no suelen resolver de forma sencilla. Verónica Ruiz y Víctor Argüelles ofrecen asesoría legal ya sea para emprender un negocio, para saber cómo o por dónde empezar un juicio, o simplemente para estar prevenido frente a cualquier eventualidad jurídica que se pueda presentar.

n RADIO

HEBO

La plataforma de radio de Instituto HEBO —institución educativa que contribuye a la profesionalización y la actualización de los operadores de justicia en México— ofrece episodios sobre derecho penal, teoría del delito, derecho de amparo y sistema penal acusatorio.

n HABLEMOS

CON PDLC

DERECHO

Mauricio Portillo Barragán, socio fundador del despacho PDLC, analiza temas de actualidad en perspectiva legal, de la mano de diversos especialistas.

n HABLANDO

DERECHO CON JOEL HERNÁNDEZ

Un podcast que aborda temas jurídicos para no abogados, con un lenguaje coloquial, cuyo objetivo es solucionar diversas dudas y ofrecer orientación para defenderse ante alguna injusticia.

José Vasconcelos (1882-1959) y Antonio Caso (1883-1946) El presidente de México, Eulalio Gutiérrez (a la izquierda), junto a los abogados José Vasconcelos (al centro) y Antonio Caso (a la derecha). En 1909 Vasconcelos y Caso fundaron, junto con otros intelectuales como Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña, el Ateneo de la Juventud, grupo humanista que se opuso a la filosofía positivista imperante en la época, cuya sede inicial fue la Escuela Nacional de Jurisprudencia. El grupo contó con el apoyo decidido del Maestro de América, Justo Sierra.

Fotografía: Instituto Nacional de Antropología e Historia (Mediateca INAH), Archivo Casasola, 1914.

Si deseas compartir una fotografía inédita de alguno de los grandes juristas de México, puedes enviárnosla a editor@revistaabogacia.com para su publicación en la revista o en nuestras redes sociales.

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Humor ¿Quién lo rompió?

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Yo les puedo dar esa información, siempre y cuando me garanticen inmunidad y me incluyan como “testigo protegido”.

Alfonso Orvañanos

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