Revista "Abogacía", #3, mayo de 2021

abogacía LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

Año 1, núm. 3, mayo de 2021

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$99.00

José Agustín Ortiz Pinchetti

El f iscal electoral frente al 2021 <¿Qué dicen hoy los tribunales?

Denise Tron Zuccher y Mariana Ruiz Albarrán

<Las épocas del Semanario Judicial de la Federación Santiago Villalobos Arena <Justicia para adolescentes: la justicia olvidada

Jimena Cándano Conesa

<El constitucionalismo transformador y la inoperancia Vianney Rodríguez y Jorge L. Barrera

D

Presentación

e cara a la elección más grande de la historia democrática de nuestro país, nuestra edición de mayo publica las reflexiones de José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. La transición a la democracia, el panorama del proceso electoral, el ejercicio de la libertad de expresión, su visión de la historia y su cercanía ideológica con Andrés Manuel López Obrador son algunos de los temas que nos comparte uno de los más incansables luchadores por la democracia.

En línea con este tema coyuntural, “La realidad del sufragio en México”, de Rafael Quintana Miranda, pone el acento en la responsabilidad que debe acompañar a los representantes que se vean favorecidos con el voto popular, exigiéndoles que no abandonen los cargos para los cuales fueron elegidos —utilizándolos solamente como “trampolín”— en la búsqueda de sus intereses particulares.

Por otra parte, haciendo eco de las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, sobre el reto que enfrentan los jueces federales de asumir un proyecto de interpretación constitucional transformador, que promueva el cambio social dirigido a obtener resultados tangibles en la vida de las personas, los autores de “El constitucionalismo transformador y la inoperancia”, Vianney Rodríguez y Jorge Luis Barrera, sostienen la necesidad de que las sentencias se aparten de instituciones arcaicas que impiden el acceso efectivo a la justicia, para hacer de los derechos humanos el eje rector de la justicia.

Esta tendencia es irreversible. Como afirma el jurista Néstor Pedro Sagüés, al reflexionar sobre el incremento de los derechos constitucionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos ya no son un patrimonio de cada Estado y hoy es indispensable remover los obstáculos de derecho interno que impiden la plena realización de los derechos humanos de fuente internacional.

Asimismo, en su columna “Visión Global”, Víctor Corzo y Ernesto Corzo analizan la caduca creencia del principio de no intervención frente a la protección de los derechos humanos, sustentada en una idea romántica de la soberanía que en muchas ocasiones es utilizada por los gobernantes para distraer la atención sobre la violación de derechos humanos en el propio territorio hacia el supuesto intento injerencista de gobiernos extranjeros.

Completan el bloque de contenidos sobre este tema diversas recomendaciones de lectura sobre los derechos

humanos en el artículo primero constitucional, el nuevo constitucionalismo latinoamericano y la Constitución mexicana a 40 años de la vigencia del Pacto de San José.

Por otro lado, no faltan reflexiones sobre temas de actualidad, como la necesidad de crear tribunales especializados en competencia económica cuyas resoluciones brinden confianza y certidumbre a los inversionistas y promuevan el desarrollo nacional; una reflexión histórica sobre las atribuciones del Ejecutivo federal en materia económica; los aspectos clave de la más reciente reforma al sistema de pensiones; la insuficiente atención que se ha dado al sistema de justicia para adolescentes; la llegada de la undécima época del Semanario Judicial de la Federación, y la presentación de la jurisprudencia y las tesis aisladas del Poder Judicial como una valiosa herramienta relacionada con la aplicación del derecho y el conocimiento de la problemática social actual.

Finalmente, no queremos cerrar esta presentación sin rendir un homenaje a la doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano —destacada jurista egresada de nuestra máxima casa de estudios que, entre otros cargos, se desempeñó como abogada general de la UNAM y nos honra con su participación en el Consejo Editorial de esta revista— por haber sido reconocida como investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Honor a quien honor merece.

Cordialmente, José Ángel Villalobos Magaña Presidente del Consejo de Administración

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Contenido Mayo 2021

20 VOCES

El fiscal electoral frente al 2021 José Agustín Ortiz Pinchetti

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EXPERIENCIAS

Justicia para adolescentes: la justicia olvidada

VISIÓN GLOBAL

El principio de no intervención y la protección de los derechos humanos Víctor Emilio Corzo y Ernesto Eduardo Corzo

Jimena Cándano

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ACTUALIDAD

Asociación Mexicana de Juzgadoras: por la igualdad de género

8 ACTUALIDAD

¿Quién puede aumentar los derechos constitucionales?

10 REFLEXIONES

El constitucionalismo transformador y la inoperancia Vianney Rodríguez Hernández Jorge Luis Barrera Vergara

28 REFLEXIONES

La realidad del sufragio en México Rafael Quintana Miranda

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EL PASADO DEL PRESENTE

La “utilidad razonable”: un concepto patriótico José Manuel Villalpando

38 REFLEXIONES

Hacia una Ley Constitucional de Derechos Humanos Manuel Jorge Carreón Mateo Mansilla-Moya Vicente Sinaí Domínguez

42 ¿QUÉ DICEN HOY LOS TRIBUNALES? Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán

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REFLEXIONES

Por qué necesitamos tribunales especializados en competencia económica Marco Antonio Zeind Elder Asael García

52 EL NOTARIO RESPONDE La cesión de derechos hereditarios

Amando Mastachi Aguario

56 NUEVOS TALENTOS

Las épocas del Semanario Judicial de la Federación Santiago Villalobos Arena

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PERSPECTIVA ECONÓMICA

Globalización y digitalización de la economía Ismael Dionisio Valverde

64 REFLEXIONES

Aspectos clave del nuevo sistema de pensiones Emilio Gárate

70 IN MEMORIAM

Miguel Ángel Aguilar López

72 PARA LEER

Actualidad

Asociación Mexicana de Juzgadoras:

por la igualdad de género

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l 7 de abril del año en curso, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. (AMJAC), realizó la ceremonia de cambio de consejo directivo, así como la entrega de la medalla “Mujeres por la Igualdad”, ediciones 2020 y 2021, acto que permitió reflexionar sobre la necesidad de trabajar para consolidar la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos de las mujeres dentro y fuera de la organización judicial.

La ceremonia fue presidida por Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quien tomó protesta al consejo directivo 2021-2022 de la asociación, integrado por la magistrada Marisol Castañeda Pérez, como presidenta; la magistrada Gabriela Nieto Castillo, como secretaria; la magistrada Erika Lissette Reyes Morales, como tesorera, y la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle y la jueza Dalia Ibonne Ortega González como vocales.

En su mensaje, el ministro Zaldívar destacó que en la presente administración la igualdad y la paridad de género, el combate

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sin tolerancia alguna al acoso sexual y a la violencia de género, y el juzgar con perspectiva de género han sido —y seguirán siendo— de la mayor relevancia, como demuestran las acciones y las políticas públicas que se han implementado.

En primer término, mencionó la presencia de numerosas y muy valiosas mujeres en cargos de gran relevancia, cuya visión y perspectiva resultan invaluables.

También señaló que se han realizado exámenes exclusivos para juezas de distrito y magistradas de circuito, se han aplicado exámenes paritarios para personas juzgadoras en materia laboral y se está realizando un examen para magistrados y magistradas de circuito que incluye a las secretarias de Estudio y Cuenta de la Corte, entre otras medidas afirmativas para avanzar hacia la paridad de género.

De igual forma, destacó que la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual y Violencia de Género busca desterrar la cultura nociva que se había enquistado en las entrañas del Poder Judicial, la cual consideraba que las mujeres eran un

objeto disponible para sus jefes o para sus compañeros. Asimismo, mencionó la renovación y la actualización del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, en colaboración y diálogo con diversas asociaciones de mujeres.

Finalizó su intervención explicando que si bien la igualdad sustantiva y la paridad de género implican cambios normativos, ante todo significan un cambio cultural, que involucra la participación de todos, hombres y mujeres, y que debe comenzar en los hogares, con la educación a niñas y niños en un paradigma de respeto, igualdad y entendimiento de que las diferencias no significan inferioridad.

Por su parte, Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte y presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, realizó una breve exposición de los orígenes de la asociación, hace nueve años, cuando 17 juzgadoras, profundamente inquietas, se unieron para formar esta sociedad que hoy hermana a 320 mujeres, no sólo en su vocación por la función jurisdiccional sino en su convicción de promover la participación femenina en la toma de decisiones, para abatir las condiciones de discriminación y desigualdad que enfrentan las mujeres juzgadoras y servidoras públicas.

Asimismo, anunció a las galardonadas con la medalla “Mujeres por la Igualdad”, ediciones 2020 y 2021: las magistradas Lilia Mónica López Benítez, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Gabriela Nieto Castillo, Elsa Cordero Martínez y Estela Fuentes Jiménez, quienes fueron reconocidas por su trabajo y esfuerzo en pro de la igualdad sustantiva.7

La AMJAC sirve como plataforma para desarrollar capacidades, mejorar políticas públicas y eliminar los estereotipos de género, buscando soluciones a las situaciones que provocan la desigualdad social, familiar y laboral.

La ceremonia completa puede verse en el siguiente enlace:

Objetivos • Promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones para eliminar las circunstancias de discriminación, desventaja y desigualdad que enfrentan las servidoras públicas.

• Colaborar con organizaciones y sectores de la sociedad civil para generar acciones en beneficio de las personas en situaciones vulnerables.

• Crear espacios de capacitación a través de cursos, seminarios, campañas publicitarias y talleres.

• Promover y defender los derechos humanos en los sistemas de impartición de justicia.

• Divulgar información y generar proyectos que permitan la capacitación en materia de igualdad de género y defensa de los derechos humanos de las mujeres dentro y fuera de la organización judicial.

• Ser un órgano de consulta y opinión con impacto en la toma de decisiones en asuntos relacionados con la impartición de justicia, orientado al empoderamiento de las juzgadoras.

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Actualidad

¿Quién puede aumentar los derechos constitucionales?

E

l 6 de abril pasado, el jurista internacional Néstor Pedro familia y la vida familiar de manera complementaria. Es así como Sagüés ofreció la conferencia virtual “El incremento de los esta Corte ha considerado que las posibles vulneraciones a este derechos constitucionales por la Corte Interamericana de bien jurídico tutelado deben analizarse no sólo como una posiDerechos Humanos”, coordinada por Elisur Arteaga, bajo ble injerencia arbitraria contra la vida privada y familiar, según el auspicio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también por de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, a la luz En su exposición, Néstor Pedro Sagüés —a quien el maestro del artículo 17.1 del mismo cuerpo legal.

Arteaga se refirió como un “gigante del derecho constitucional ”Ninguna de las normas citadas contiene una definición en América Latina”— abordó un tema de indiscutible actualidad taxativa de qué debe entenderse por ‘familia’. Sobre el partique no es ajeno a la polémica: los Estados, al suscribir convenios cular, la Corte ha señalado que en la Convención Americana de derechos humanos, adoptan un catálogo de derechos (por no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ejemplo, los que señala la Convención Americana sobre Dere- ni mucho menos se protege sólo un modelo en particular de chos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica); sin embargo, la misma. ¿quién está autorizado para añadir derechos a esos convenios? ”[...] El tribunal analizará el sentido corriente del término ¿Dicha ampliación de derechos es compulsiva para los Estados (interpretación literal), su contexto (interpretación sistemática), su objeto y fin (interpretación teleológica), así como la interprey les genera responsabilidad si no los observan?

Al comienzo de su disertación explicó que tradicionalmente los tación evolutiva de su alcance. derechos han representado un patrimonio del derecho constitu”[...] Con la finalidad de establecer el sentido corriente de la cional de cada Estado. No obstante, en el contexto actual —en el palabra ‘familia’, la Corte estima necesario reconocer la imporque el bien común internacional cada vez es más apremiante— se tancia neurálgica de ésta como institución social, la cual surge vuelve indispensable comprender la dimensión internacional de de las necesidades y aspiraciones más básicas del ser humano. los derechos humanos, por lo que ya no es posible imaginar un Busca realizar anhelos de seguridad, conexión y refugio que derecho constitucional puramente nacional. Así, ha aparecido en expresan la mejor naturaleza del género humano. Para la Corte escena la figura del control de constitucionalidad, cuyo objetivo es es indudable que ésta es una institución que ha cohesionado remover los obstáculos de derecho interno que impiden la plena comunidades, sociedades y pueblos enteros. realización de los derechos humanos de fuente internacional. ”[...] La Corte también hace notar que la existencia de la A modo de ejemplo, utilizó la referencia de la unión de familia no ha estado al margen del desarrollo de las sociedades. personas del mismo sexo, la cual, si bien no está contemplada Su conceptualización ha variado y evolucionado conforme al en el Pacto de San José original, firmado a finales de 1960, fue cambio de los tiempos”. suscrita por la Corte Interamericana En este caso concreto, la Corte de Derechos Humanos al adoptar la señaló que el matrimonio igualitario opinión consultiva OC-24/17, del 24 de “Los instrumentos internacionales de es compatible con el Pacto de San José, noviembre de 2017, sobre identidad de por lo que los Estados debían instruderechos humanos no son textos está- mentarlo legislativamente. Para llegar género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Esa opinión a esta conclusión, apeló a la idea de la ticos, congelados en el tiempo; deben “convención viviente”: los instrumentos señala, entre otras cosas, lo siguiente: adaptarse a los tiempos y a las circuns- internacionales de derechos humanos “La Convención Americana cuenta con dos artículos que protegen la no son textos estáticos, congelados tancias cambiantes de la vida.”

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en el tiempo; deben adaptarse a los tiempos y a las circunstancias cambiantes de la vida. Esta idea permite a la Corte visualizar el Pacto de San José de una forma distinta a la visión clásica del documento, como ha sucedido, por ejemplo, con la doctrina de la Constitución viviente de Estados Unidos, la cual afirma que la Constitución no es esencialmente un documento escrito, sino lo que el pueblo y el gobierno determinan que sea en un momento histórico concreto, por lo que cada cláusula debe ser entendida y aplicada teniendo en cuenta las valoraciones y creencias de la sociedad; lo anterior convierte a la Constitución en un texto orgánico, vivo, no inerte, que se recrea cotidianamente.

Así, la Corte Interamericana, al transportar algunos de estos ingredientes, señala que el Pacto de San José no debe interpretarse estáticamente; sus palabras pueden entenderse de forma distinta al momento en que se redactaron, al instante en que los Estados se adhirieron o suscribieron dicho instrumento normativo internacional.

De esta forma, el Pacto de San José puede albergar nuevos conceptos, algunos de ellos sumamente imprecisos, como el de “familia”. La Corte entiende, pues, que con base en una visión actualizada de familia, entendida como una noción de difícil codificación y cuantificación, la unión de dos personas del mismo sexo es perfectamente aceptable y tiene derecho al estatus de familia y al matrimonio (no reconocerlo establecería dos categorías de relaciones: la familia tradicional y otra de segunda categoría, estigmatizante).

En este escenario, ante la pregunta inicial de su exposición —¿quién está autorizado para añadir derechos a dichos convenios?—, Néstor Pedro Sagüés explicó que corresponde a los órganos internacionales de protección de los derechos humanos emitir opiniones consultivas que desemboquen en directrices obligatorias para los Estados miembros del Pacto de San José que han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte. Y aunque una resolución (como la del ejemplo mencionado) no tenga consenso predominante en el área de Latinoamérica, se está vivificando la convención, de modo que la Corte se arroga el derecho de incrementar o aumentar el cúmulo de derechos de fuente internacional, obligando a los Estados a ampliar su capítulo nacional de esos mismos derechos.

Finalmente, señaló que si alguno de los Estados miembros del Pacto de San José no está de acuerdo con satisfacer más obligaciones de las que inicialmente se comprometió a respetar o hacer efectivas (lo cual podría generarles compromisos y responsabilidades internacionales), siempre tiene a su disposición utilizar el mecanismo para denunciar el pacto contemplado en la propia convención. 7

NÉSTOR PEDRO SAGÜÉS • Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España.

• Doctor en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina.

• Doctor honoris causa por 11 universidades latinoamericanas.

• Profesor honorario de más de 15 universidades iberoamericanas.

• Presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

• Presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.

• Miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas, de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y Córdoba.

• Miembro de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado.

• Miembro de la Academia de Derecho del Perú.

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Vianney Rodríguez Hernández Jorge Luis Barrera Vergara

el constitucionalismo transformador y la inoperancia 10

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Juzgar desde la perspectiva actual de derechos humanos implica que las sentencias se aparten de ideas y figuras arcaicas que impiden el acceso efectivo a la justicia y, a su vez, permitan el desarrollo social a través de un recurso efectivo como el juicio de amparo. En este marco, los autores enfatizan la necesidad de que se abandone el uso de la inoperancia —el impedimento técnico para analizar la violación de derechos debido al incumplimiento de formalismos que se contemplan en la jurisprudencia—, el cual ya no es compatible con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

El constitucionalismo transformador Este artículo plantea si es o no compatible la figura de la inoperancia con el constitucionalismo transformador, al examinar diversas hipótesis del artículo 79 de la Ley de Amparo, frente al diverso 17 constitucional y los numerales 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Para analizar esta cuestión, partimos de lo que se entiende por constitucionalismo transformador. Sobre este tema, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha señalado que el reto de los jueces federales es asumir, en forma decidida, un proyecto de interpretación constitucional transformador, a través del cual se promueva el cambio social dirigido a obtener resultados tangibles en la vida de las personas.1 Por su parte, Alberto Abad Suárez Ávila2 afirma que el constitucionalismo es un agente de cambio a través de políticas judiciales fundadas en una noción más social; también, que se orienta a la protección de derechos humanos de acuerdo con una visión contemporánea.

Así, podemos decir que el constitucionalismo transformador es una doctrina que busca permear en los operadores de justicia constitucional para que adopten un cambio en su ideología a través de sus sentencias, con el fin de que sus criterios jurídicos realmente protejan los derechos humanos con un enfoque progresista, apartado de ideas y figuras arcaicas que impidan el acceso efectivo a la justicia y que a su vez permitan el desarrollo social a través de un recurso efectivo como es el juicio de amparo.3

El reto de los jueces federales es asumir, en forma decidida, un proyecto de interpretación constitucional transformador, a través del cual se promueva el cambio social dirigido a obtener resultados tangibles en la vida de las personas.”

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Calificativas tradicionales en el juicio de amparo Así, cuando los gobernados acuden ante el Poder Judicial de la Federación a promover un juicio constitucional, plantean argumentos para combatir el acto transgresor de derechos humanos; a su vez, los jueces resuelven la controversia LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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atendiendo a la causa de pedir.4 Pero también calificando los conceptos de violación o agravio como fundados, infundados, inatendibles e inoperantes.

Para calificarlos como fundados, el juez estudia el acto de autoridad y determina que vulnera los derechos humanos del gobernado, porque contraviene preceptos constitucionales o de tratados internacionales. De este modo, deja insubsistente el acto y restituye al quejoso en el goce de su derecho humano u ordena que ya no se ejecuten más actos transgresores.

Contrariamente, en los infundados se estima que el acto reclamado no vulnera preceptos constitucionales o convencionales; por lo tanto, no existe afectación en la esfera de los derechos del quejoso y no advierte queja deficiente que suplir.

Para calificarlos de inatendibles, es porque no se encuentran vinculados con la litis constitucional o se refieren a cuestiones diversas a las planteadas en la contienda principal sin que exista vinculación alguna que permita su análisis.

Finalmente, con la calificativa de inoperancia primero debemos destacar su concepto, atendiendo al Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, que establece por inoperante: “1. adj. No operante, ineficaz”,5 y sobre inoperancia: “1. f. Falta de eficacia en la consecución de un propósito o fin”.6 Lo anterior implica que un concepto de violación inoperante se da porque no fue planteado de manera completa y eficaz para lograr cambiar el sentido del acto reclamado. Así, para que un juzgador estime que los conceptos de violación no logran su propósito —es decir, evidenciar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad del acto de autoridad—, lo hace primordialmente empleando los criterios jurisprudenciales y aislados emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito, porque allí es donde se han establecido las múltiples hipótesis que indican que así deben calificarse.

La suplencia de la queja deficiente en la Ley de Amparo En este estudio sólo se analizarán los supuestos contenidos en las fracciones II, III, V y VII del artículo 79 de la Ley de Amparo, porque son aquellos en los que se puede suplir la queja deficiente.

En efecto, la suplencia conforme al numeral citado se actualiza cuando se está ante un acto reclamado fundado en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos de circuito; en favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y el desarrollo de la familia; en materia penal, en favor del inculpado o sentenciado y del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; en materia agraria, en los casos de la fracción III del artículo 17 de la ley

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y de los ejidatarios y los comuneros en particular cuando el acto reclamado afecte sus bienes o sus derechos agrarios; en materia laboral, en favor del trabajador, y en otras materias, cuando se advierta una violación evidente de la ley que lo ha dejado sin defensa.

Entonces, si bien la Ley de Amparo representa el mecanismo de protección a favor del gobernado contra actos de autoridad, esa protección se amplía cuando se trata de grupos vulnerables o que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social en el juicio.

Lo anterior se justifica ante la desventaja o el desequilibrio procesal en que pudieran encontrarse las personas que pertenecen a estos sectores, ya sea frente al actuar arbitrario de la autoridad o frente a patrones o particulares con una diferencia de poder económico para afrontar un litigio.

Esos grupos son a los que se refiere el ministro presidente como los primeros y principales destinatarios de ese constitucionalismo transformador, porque evidencia que “estamos en deuda con el pueblo de México […] con los desprotegidos […] los discriminados […] los pueblos indígenas […] las mujeres […] nuestras niñas y niños […] los grupos vulnerables […] las personas con discapacidad”.7 Es decir, si el constitucionalismo transformador implica un cambio para juzgar con una perspectiva actual de derechos humanos, debe concretarse de manera inmediata sobre ese sector de la población que acude al juicio de amparo como mecanismo para la restitución del derecho violado, en particular de los grupos que, por tradición histórica, se han enfrentado a mayores obstáculos de discriminación y de acceso a la justicia.

Incompatibilidad de la inoperancia con el paradigma del constitucionalismo transformador Para iniciar con el análisis debemos armonizar lo establecido en el artículo 17, segundo párrafo,8 de la Constitución, con lo dispuesto en los artículos 89 y 2510 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los dos primeros establecen que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal competentes, bajo diversos lineamientos, dentro de los plazos y los términos establecidos en las legislaciones, de forma pronta, completa e imparcial.

El último establece el derecho a tener un recurso sencillo y efectivo dentro de los plazos que la ley fija para el ejercicio de diversos derechos.

En el plazo razonable en la administración de justicia se debe privilegiar que las resoluciones emitidas se dicten de forma inmediata, sin que se excedan los plazos y los términos establecidos por las leyes; la impartición de justicia completa

es la exhaustividad con que debe ser analizada la pretensión y que exista un pronunciamiento sobre cada uno de los planteamientos, y la imparcialidad es el total desapego a la pretensión de alguna de las partes en el litigio.

En relación con la efectividad de un recurso, en el caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,11 en el párrafo 117, determinó sustancialmente que para que un recurso pueda ser efectivo no basta que exista formalmente, sino que sea eficaz para resolver las controversias relacionadas con las transgresiones de derechos humanos y que su ejecución permita restablecer el goce del derecho afectado.

Bajo esas premisas, si al analizar los conceptos de violación en una demanda de amparo el juez califica como inoperantes los argumentos planteados por algunas de las personas contempladas en las fracciones II, III, V y VII del artículo 79 de la Ley de Amparo, significará que la administración de justicia resultó ilusoria.

Esto es así porque el quejoso acudió al juicio de amparo para evitar alguna transgresión de sus derechos humanos, o para pedir su restitución, pero el juzgador, a pesar de que en un primer momento decidió dar curso a su pretensión, sustanciando rigurosamente el procedimiento bajo las reglas aplicables del debido proceso hasta llegar al dictado de la sentencia, decide que el planteamiento es ineficaz porque se actualiza un impedimento técnico para el análisis de los conceptos de violación.

Si se reflexiona sobre esa decisión, es claro que contraría el paradigma actual de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución, así como en los diversos preceptos normativos 8° y 2512 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen como premisa principal la resolución real del conflicto.

Porque si se pugna por un recurso eficaz, pero a la vez se continúa resolviendo bajo la inoperancia de argumentos expuestos por aquellas personas que están en situación de desventaja —en las hipótesis ya establecidas en el numeral 79 de la Ley de Amparo—, el juicio en sí se vuelve ineficaz para combatir a la autoridad, porque el uso de dicha calificativa deja en estado de indefensión al solicitante de la protección constitucional, además de que no obtiene respuesta concreta para su pretensión.

Por eso se propone que los temas impugnados sean estudiados, como se precisó con anterioridad, atendiendo a la causa de pedir y, en su caso, declarar infundado o jurídicamente ineficaz su pretensión, para armonizar el actuar jurisdiccional con las disposiciones constitucionales y convencionales precisadas antes.

Lo anterior no significa que cualquier manifestación planteada en una demanda deba analizarse y recaerle una

Corresponde a los jueces adoptar una visión progresista y actual para el análisis exhaustivo de cada asunto que es sometido a su potestad, tomando en cuenta la situación de la persona.”

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decisión judicial, sino que únicamente se deben responder aquellas en que exista la causa de pedir, vinculadas directamente con el acto que se reclama, para lograr una impartición de justicia de manera completa y efectiva.

Conclusiones En ese sentido, se concluye que corresponde a los jueces adoptar una visión progresista y actual para el análisis exhaustivo de cada asunto que es sometido a su potestad, tomando en cuenta la situación de la persona, es decir, si pertenece a un grupo vulnerable —niño, indígena, sujeto en condiciones de extrema pobreza, migrante, etcétera—, para que, en la medida de lo posible, se abandone el uso de la inoperancia en las hipótesis precisadas aquí, porque no converge con el nuevo paradigma de protección de derechos

humanos ni con los fines de la doctrina del constitucionalismo transformador.

Debe acotarse que no se propone que la inoperancia desaparezca del ámbito jurisdiccional, dado que existen materias como la administrativa y la civil en las que rige el principio de estricto derecho, sino que se trata de permear el constitucionalismo transformador en la ideología de los juzgadores para que la inoperancia ya no se utilice en la calificación de los motivos de disenso, en los supuestos enunciados. Lo anterior, porque si los quejosos acuden al amparo para que se analice el acto de autoridad que, a su parecer, causa una lesión en su esfera jurídica, lo último que esperan es que sus argumentos no sean estudiados porque se actualiza un impedimento, lo que en la actualidad ya no es compatible con el sistema interamericano de derechos, sobre el recurso efectivo. 7

“Constitucionalismo social inacabado”, Milenio, disponible en https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/ constitucionalismo-social-inacabado.

2 “Los caminos de la justicia constitucional mexicana en el siglo XXI: un diagnóstico desde su transformación”, México, Instituto de la Judicatura Federal, 1º de julio de 2020.

3 Acorde con la jurisprudencia 2a./J. 12/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, t. l, febrero de 2016, p. 763.

4 Jurisprudencia 2a./J. 63/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. VIII, septiembre de 1998, p. 323, de rubro “conceptos de violación. para que se estudien, basta con expresar claramente en la demanda de garantías la causa de pedir”.

5 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, disponible en http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=inoperante.

6 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, disponible en http://dle.rae.es/?id=LhseCOX. 7 “Zaldívar llama a transitar a un constitucionalismo social transformador”, El Financiero, 5 de febrero de 2019, disponible en https://www.elfinanciero. com.mx/nacional/zaldivar-llama-a-transitar-a-un-constitucionalismo-social-transformador.

8 “Artículo 17. […] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”

9 “Artículo 8. Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

10 “Artículo 25. […] Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes.”

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=290.

12 “Artículo 25. […] Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes.”

Referencias electrónicas: • Abad Suárez Ávila, Alberto, “Los caminos de la justicia constitucional mexicana en el siglo XXI: un diagnóstico desde su transformación”, México, Instituto de la Judicatura Federal, 1º de julio de 2020.

• Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=290.

• Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, disponible en http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=inoperante.

• Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, disponible en http://dle.rae.es/?id=LhseCOX. • Vela, David Saúl, “Zaldívar llama a transitar a un constitucionalismo social transformador”, El Financiero, 5 de febrero de 2019, disponible en https:// www.elfinanciero.com.mx/nacional/zaldivar-llama-a-transitar-a-un-constitucionalismo-social-transformador.

• Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, “Constitucionalismo social inacabado”, Milenio, disponible en https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/ los-derechos-hoy/constitucionalismo-social-inacabado.

Referencias jurisprudenciales: • Jurisprudencia 2a./J.12/2016, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, t. l, febrero de 2016, p. 763.

• Jurisprudencia 2a./J.63/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, septiembre de 1998, p. 323.

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Vianney Rodríguez Hernández es jueza de distrito adscrita al Centro Nacional de Justicia especializado en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones.

Jorge Luis Barrera Vergara es secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito.

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[ Visión global ]

Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

El principio de no intervención y la protección de los derechos humanos La idea de que existe una prohibición absoluta para que Estados y organismos internacionales eviten hacer pronunciamientos sobre derechos humanos en terceros Estados es falsa, afirman los autores. En este artículo explican por qué.

A

pesar de que la idea de no intervención frente a la protección de los derechos humanos ya es caduca desde hace varias décadas, todavía existen resquicios .en la psique colectiva de una idea romántica del concepto de soberanía que en muchas ocasiones se emplea para cambiar la atención nacional de la violación de derechos humanos hacia el supuesto intento injerencista de gobiernos extranjeros en los asuntos internos del Estado.

Justamente en marzo de 2021, durante las conferencias mañaneras del presidente de México, se evocó esta idea: • “Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos en Estados Unidos; somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos?” (31 de marzo).

• “En gobiernos anteriores se permitieron las masacres y los defensores de los derechos humanos de la llamada sociedad civil se quedaron callados; lo mismo que los organismos de la Organización de las Naciones Unidas defensores de derechos humanos, y ahora lo que les urge es tener pretextos o excusas para señalar que somos iguales, y eso no”. (24 de marzo).

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Bajo una perspectiva de realpolitik, los Estados siempre actúan promoviendo sus objetivos de política exterior. Inclusive, en repetidas ocasiones, los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales sirven como instrumentos para realizar el trabajo sucio de ciertos Estados extranjeros que buscan intervenir en los asuntos internos de otros Estados.

A partir del surgimiento de la dogmática de derechos humanos hemos visto cómo el sistema internacional ha cambiado su punto de gravedad, ya que en lugar de seguir girando alrededor de los Estados, tenemos que el enfoque principal actual se funda en el individuo.

Evolución del derecho internacional de los derechos humanos La resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, comúnmente conocida como Declaración Universal de los Derechos Humanos, indica que los derechos humanos son aquellos derechos y libertades inalienables que poseen todas las personas por igual, los cuales derivan de la dignidad inherente de la persona humana. Esta definición ha ido completándose a lo largo de los años, con el reconocimiento

Corte Interamericana de Derechos Humanos

La relación entre el derecho doméstico de los Estados miembros y la Convención Americana de Derechos Humanos es especial, ya que desde el momento en que los Estados la ratifican, todo su aparato gubernamental se encuentra sometido a la misma.”

de múltiples aristas, bajo las cuales se entiende que estos derechos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.

Más allá de su definición, la declaración pone en evidencia su fragilidad. En su preámbulo, reconoce que los derechos humanos nacen como una aspiración, un “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse” para hacer de éstos prerrogativas efectivas. Justamente reconociendo el carácter aspiracional de los derechos humanos surge una de las frases más célebres de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual, en su sentencia del caso Airey vs. Irlanda (1979), señaló que “la Convención [Europea de Derechos Humanos] busca garantizar derechos que sean prácticos y efectivos mas no teóricos o ilusorios”.

Esta frase coloca en su justa dimensión su carácter discursivo: su existencia en un tratado o un convenio internacional no garantiza su efectividad. Es esencial la intervención de los Estados para lograrla y transformar los derechos de la retórica diplomática a derechos exigibles en la esfera doméstica.

De ahí que la transición de la esfera internacional a la interna del Estado no es tan simple, ni tan inmediata, y no siempre alcanza un grado de estandarización a nivel mundial. Por esa razón se ha reconocido la competencia de organismos internacionales y regionales para dar seguimiento al cumplimiento de los Estados en lo que se refiere a sus obligaciones respecto de los derechos humanos y para promover el desarrollo progresivo tanto de su contenido como de su alcance.

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[ Visión global ]

Justamente en esta evolución se produce la descentralización del sistema. De esta forma se reconoce a los derechos humanos como obligaciones erga omnes, donde las obligaciones internacionales no se le deben a un Estado en particular, como tradicionalmente acontece tras la suscripción de un tratado bilateral, sino a toda la comunidad internacional como parte de un todo, y, en consecuencia, se les reconoce a todos los Estados un interés legal para reclamar su protección.

Bajo esta óptica, promovida por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia del caso Barcelona Traction (Bélgica vs.

España, 1970), y posteriormente afinada por la misma Corte en el caso Obligación en investigar o extraditar (Bélgica vs. Senegal, 2012), se sostiene que cualquier Estado tiene personalidad jurídica para presentar una demanda ante una corte internacional por la violación de una obligación erga omnes partes, sin la necesidad de cumplir con los requisitos tradicionales que se exigen para ejercer la protección diplomática (esto es, agotamiento de recursos locales y vínculo de nacionalidad con la persona afectada).

Con esta distinción dual, las obligaciones erga omnes derivan del derecho consuetudinario, y las obligaciones erga omnes partes, de los convenios multilaterales. De esta manera, la legitimidad para presentar este último tipo de reclamaciones se ve institucionalizada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en sus artículos 13 y 14, cuando se reconoce la potestad de cualquier Estado parte para que le remita al fiscal una situación en la parezca haberse cometido uno o varios de los crímenes competencia de la Corte (esto es, genocidio y crímenes de lesa humanidad, de guerra o de agresión). Esta hipótesis normativa fue perfeccionada por primera vez en 2018, cuando Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú remitieron la situación de Venezuela a la Corte para que ésta investigara la probable comisión de crímenes internacionales en su territorio.

Asimismo, se puede presenciar cómo en el caso concerniente a la Aplicación de la Convención en contra del genocidio (Gambia vs.

Myanmar, 2020), la Corte Internacional de Justicia nuevamente confirmó la existencia de un interés común de todos los Estados para exigir legalmente el cumplimiento de las obligaciones erga omnes partes e invocar la responsabilidad internacional del Estado que haya violado sus obligaciones de derecho internacional derivadas de un tratado multilateral que proteja los derechos básicos de las personas.

Un punto medular que es necesario resaltar aquí es el carácter volitivo que conlleva el reconocimiento de la competencia de los organismos internacionales y de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Esto significa que los Estados, en ejercicio de su propia soberanía e independencia, deciden vincularse libremente a esos organismos y reconocer las

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Se ha reconocido la competencia de organismos internacionales y regionales para dar seguimiento al cumplimiento de los Estados en lo que se refiere a sus obligaciones respecto de los derechos humanos y para promover el desarrollo progresivo tanto de su contenido como de su alcance.”

obligaciones que derivan de sus tratados. En otras palabras, fuera de la posibilidad de ser mal vistos internacionalmente por no suscribir este tipo de convenios, los Estados no son obligados a suscribir tratados ni a reconocer la jurisdicción ni la competencia de instancias internacionales.

Por esa razón, como ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la relación entre el derecho doméstico de los Estados miembros y la Convención Americana de Derechos Humanos es especial, ya que desde el momento en que los Estados la ratifican, todo su aparato gubernamental se encuentra sometido a la misma [véanse Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006) e Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs.

Bolivia (2010)], y, a la vez, reconoce la competencia de la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana como coadyuvante y complementaria de la jurisdicción interna del Estado [véase Granier y otros (Radio Caracas Televisión vs.

Venezuela, 2015)].

De esta manera, es un error alegar que se violenta el principio de no intervención solamente porque un Estado extranjero se pronuncia sobre las violaciones de derechos humanos que acontecen en el territorio de un tercer Estado. De igual manera, es equivocado creer que para poder realizar este tipo de señalamientos el Estado extranjero tiene que mantener un expediente inmaculado de derechos humanos en su interior.

puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado”, aun cuando esto significara obstaculizar la actuación de las autoridades nacionales bolivianas al proteger a Evo Morales y a su gabinete.

De igual forma, las acciones que el Estado mexicano ha emprendido en contra de Estados Unidos por considerar que no respeta los derechos de la diáspora mexicana han ido desde la simple asistencia consular y el inicio de litigio estratégico para invalidar leyes y políticas públicas de las autoridades locales estadounidenses, hasta implementar demandas frente a tribunales internacionales, como en el caso Avena, ante la Corte Internacional de Justicia, contra el gobierno de Estados Unidos por violentar el derecho humano a la notificación consular consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Por esta razón la próxima vez que se crea que el principio de no intervención y la promoción del respeto a los derechos humanos son conceptos jurídicos opuestos, simplemente basta ver cómo los mismos coexisten perfectamente en la fracción X del artículo 89 constitucional. 7 Conozca más sobre el tema en este video:

Práctica extraterritorial mexicana Precisamente, partiendo de esta legitimidad tenemos cómo en tiempos recientes el Estado mexicano ha asumido comportamientos de protección de los derechos humanos en el extranjero, los cuales —al mismo tiempo— han sido calificados por terceros Estados como acciones injerencistas. Basta recordar el otorgamiento de asilo diplomático tanto al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, como al actual presidente de esa nación, Luis Arce, quienes tuvieron que resguardarse en la sede de la representación diplomática para evitar la persecución política que estaban sufriendo en el interior de su país. En este caso, el derecho internacional era claro. De conformidad con la resolución 2312 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se reconocía que el otorgamiento de asilo “es un acto pacífico y humanitario y que, como tal, no

Víctor Emilio Corzo es doctor en derecho y diplomático de carrera experto en derecho internacional.

@VE_Corzo

Ernesto Eduardo Corzo es experto en arbitraje internacional, acreditado para ejercer en México y en Estados Unidos.

@EE_Corzo

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Ángel Gilberto Adame

El fiscal electoral frente al 2021 José Agustín Ortiz Pinchetti 20

abogacía Mayo 2021

Voces José Agustín Ortiz Pinchetti (1937) nos recibe en su casa de San Miguel Chapultepec.

Hombre sereno, moderado, lúcido, de larga trayectoria en la lucha democrática, du-

rante muchos años combinó la práctica privada con las inquietudes públicas, en épocas en que México vivía tiempos de asfixia democrática y de partido único. Ferviente creyente de los principios de la Revolución mexicana y actor principalísimo de nues-

tra transición a la democracia, hoy ejerce un cargo que quizá sea la culminación de sus luchas y la coronación de una larga trayectoria profesional: es el titular de la Fiscalía

Especializada en Delitos Electorales (FEDE). abogacía tuvo el gusto de recoger las im-

presiones de este personaje central en nuestra vida pública en este momento crucial.

U

sted es egresado de la Escuela Libre de Derecho.

Háblenos un poco de sus años de estudiante.

A mí no me tocó estudiar en el edificio actual. En mis épocas estábamos en un lugar bastante sórdido, frente al edificio de La Prensa, en la calle de Basilio Badillo.

Tuve un maestro que me cambió la vida, el licenciado Jorge Castañeda de la Rosa, que después fue ministro de Relaciones Exteriores, un hombre extraordinario que además tenía una característica especial: estaba muy abierto a convivir y a platicar con nosotros. Yo gozaba muchísimo la forma en que conversaba sobre la realidad mexicana e internacional. Tenía ese aire distinguido de los internacionalistas y en su obra figura un libro muy bueno que todavía anda por ahí: México y el orden internacional.

n La democracia ha sido un anhelo constante en su vida.

Sin duda. Mi trayectoria en la lucha democrática inició con el movimiento de 1968 y fue tomando forma organizada durante el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando formamos grupos de observadores para las elecciones llamados “maderistas”, porque lo que queríamos era que las elecciones fueran limpias y justas. Ahí fue como empezó, desde la sociedad civil, mi acercamiento a la política electoral, al mismo tiempo que vivía de mi práctica como abogado consultor.

n En su juventud fue simpatizante de Carlos Madrazo...

Carlos Madrazo fue un político excepcional, un hombre que intentaba redimir los ideales de la Revolución mexicana.

Trató de convertir al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en una estructura democrática, pero era muy difícil lograrlo porque la maquinaria entera del partido se oponía a ese propósito; todo el partido oficial estaba basado en una cultura autoritaria. Llegó tarde para intentar un cambio de esa magnitud.

n Pero la consolidación de su compromiso con la lucha por la democracia, primero desde la sociedad civil, que poco a poco lo fue llevando a la arena política y luego a la función pública, fue de la mano con el conocimiento y su integración con un grupo de jóvenes tabasqueños...

Los “maderistas” poníamos dinero de nuestra bolsa para ir a diversos lugares donde había elecciones y organizábamos otros grupos de observadores. Realmente no teníamos ninguna ideología de derecha ni de izquierda; lo que nos unía y nos comprometía era la lucha por tener elecciones libres.

n En 1968 la prensa oficialista lo imputó a él como uno de los que estaban detrás del movimiento estudiantil.

Así es, pero eso fue una calumnia. Nadie estaba detrás del movimiento. Fue un movimiento juvenil espontáneo que quería condiciones más democráticas. Además, el movimiento no era de izquierda, como se le ha encajonado. Claro, había muchachos con la imagen del Che Guevara, pero la mayoría de nosotros —porque también formé parte del movimiento— lo que verdaderamente buscábamos eran condiciones de una democracia liberal.

n Es decir que usted se recibió en la Libre y sí ejerció la profesión, por lo que no siempre estuvo en la política.

Lo hacía en un famoso despacho en esa época, donde laboré durante 25 años como abogado corporativo.

n ¿Se considera un militante de la izquierda?

Nunca pertenecí a ningún partido, mucho menos al partido comunista. No compatibilizo para nada con el comunismo, ni tampoco con el socialismo marxista; sólo creo en los principios de la Revolución mexicana. n Cuando usted dice que tiene una afinidad ideológica con la Revolución mexicana, ¿a cuál de todas las revoluciones de ese movimiento se refiere, a cuáles de sus principios?

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Voces

Pienso que Andrés Manuel López Obrador será recordado como un buen presidente. La crítica feroz que se le hace es sana.

Lo que no es sano es que haya calumnias de un lado o de otro.”

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A tres principios fundamentales: el primero, la democracia; el segundo, que la suerte de los más fuera atendida, o sea, que la concentración del ingreso se redujera, y el tercero, que México fuera una nación soberana. Por desgracia, a los revolucionarios se les olvidó el primer principio. n Nos ha costado mucha sangre hacer valer ese primer principio...

En efecto, pero también ha habido un larguísimo periodo de paz y de construcción que no podemos negar. El PRI ha tenido todos los defectos del mundo, pero nos garantizó ochenta, noventa años de paz, y eso no lo podemos negar, ¿o sí? n ¿Qué relación tuvo usted con Heberto Castillo?

El ingeniero Castillo fue mi amigo, a pesar de que fue un hombre mucho más a la izquierda que yo, donde militó, y cuyos esfuerzos se enfocaron desde los años setenta en la formación de un partido político. Cuando Heberto salió de la cárcel, comenzó a pensar en organizar un partido, que

Voces

finalmente fue el Partido Mexicano de los Trabajadores, al que no pertenecí, pero sí algunos amigos a quienes yo consideraba demasiado a la izquierda. Creo que el partido no prosperó no sólo por su ideología sino porque no abrazaba los principios de la Revolución mexicana. La mentalidad del pueblo de México no es de izquierda radical; se compromete hasta los principios básicos de la Revolución mexicana que penetraron muy fuertemente en nuestra cultura política. n ¿Se refiere a los esfuerzos partidarios del ingeniero Castillo en los que incluso participaron intelectuales como Octavio Paz y Carlos Fuentes?

Sí, pero esos intelectuales únicamente asistieron a unas juntas sin comprometerse; ellos conservaban su independencia e hicieron bien en hacerlo. n ¿Qué significa Lázaro Cárdenas para usted?

Cárdenas me pareció un extraordinario presidente, pero al que le falló un aspecto importante: la democracia. Él no fue un demócrata, sino un hombre un tanto autoritario que incluso recurrió al fraude electoral durante la elección de 1940. Hay unos textos magníficos de Daniel Cosío Villegas al respecto.

A mí lo que me define es el compromiso con la democracia. n ¿Llegó a conocer a don Daniel? ¿Cómo era Cosío Villegas?

Sí, lo traté cuando fui becario de Garza Castañeda, cuando hice mi tesis bajo el amparo de El Colegio de México. Cosío Villegas era un viejo extraordinario, un hombre que indudablemente pugnaba por la democracia, un liberal, pero también una persona que se daba cuenta de que los principios de la Revolución habían sido traicionados, como lo consignó en su formidable La crisis de México. Fue un hombre que le heredó muchas instituciones a México, como el Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México. Si hay alguien con cuyo pensamiento me identifico es con don Daniel. n La lucha por la democracia ha sido una constante en su biografía y en sus escritos. Nuestra democracia empieza a asomar la cabeza quizá desde 1977, pero hay quienes consideran que todavía es una obra inconclusa. ¿Cree usted que nuestra transición democrática aún no ha concluido?

Pienso que la transición democrática comenzó seriamente en 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y no hay duda de que entró en pleno vigor en el año 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de la República. Pero considero que no es una transición plena porque entre el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) hay una alianza para mantener los ejes fundamentales del sistema. Por lo tanto, fuimos muchos los que vimos una transición incompleta, los que estuvimos en contra de esa alianza.

3 de mayo

Día Mundial de la Libertad de Prensa ¿Se puede ejercer la prensa libremente en nuestro país?

La voluntad del gobierno puede ser a favor de la libertad de prensa, pero es difícil que eso pueda transformar una tendencia ancestral de violencia y de resolver las cosas a tiros y que está en el origen de nuestro país.

Es muy difícil revertir, sobre todo regionalmente, esta vocación por la violencia, ahora agravada por el crimen organizado. La violencia no puede desaparecer por encanto; la policía y los órganos de seguridad pueden obtener algunos avances, pero serán modestos. ¿Gozamos de libertad de expresión en México?

Amplísima, como no la habíamos disfrutado nunca.

Simplemente porque ya no existe el oneroso gasto para mantener controlada a la prensa. Ahora puedes decir lo que quieras y la mayoría absoluta lo hace; la mayoría de los medios de comunicación está en contra del gobierno y el gobierno se defiende con las conferencias mañaneras y con algunos spots. La defensa del gobierno, tal como la veo, está en los programas sociales.

Eso fue lo que ideológicamente me acercó a Andrés Manuel López Obrador. n Pero su acercamiento con el actual presidente de la República data de muchísimos años antes.

Yo conocí a Andrés Manuel en Tabasco desde las épocas de aquellas pandillas democráticas, los “maderistas”, allá por 1989, incluso antes de que él contendiera por la gubernatura contra Roberto Madrazo. n Don Enrique González Pedrero es otro tabasqueño que en algún momento fue una figura importante para el presidente y que personalmente considero un gran historiador. ¿Qué opinión tiene usted de él? Él fue un gobernador de su época. Durante su administración, Andrés Manuel fungió como director del Instituto Indigenista de Tabasco. González Pedrero notó su carisma y su capacidad organizativa y lo nombró dirigente del PRI. López Obrador duró sólo seis meses como dirigente pues intentó revivir los LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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José Agustín Ortiz Pinchetti culmina su larga trayectoria profesional, política y de lucha encabezando una institución esencial para cuidar la democracia con una visión de Estado, alejada del activismo. Tiene la oportunidad única de velar por ese ideal que ha perseguido toda su vida. Su reto ahora es institucional, alejado de los afectos y de las coincidencias políticas.

cuadros seccionales. Hubo mucha presión y el gobernador se vio obligado a pedirle su renuncia. A cambio, le ofreció la Oficialía Mayor de la entidad, que Andrés Manuel rechazó.

En cambio, vino a la Ciudad de México, donde eventualmente encontró trabajo en la actual Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.

Creo que sí, a pesar de que el actual gobierno es muy respetuoso de la iniciativa privada. Andrés Manuel no es enemigo de la empresa privada. Lo que quiere es reservar para el Estado unas cuantas áreas esenciales, pero no quiere burocratizar la economía. Andrés Manuel odia la burocracia, no sabe usted a qué grado.

n Usted es un hombre de muchos intereses: el derecho corporativo, la lucha democrática, la política y la economía.

También estudió derecho económico en la Universidad Iberoamericana. ¿Qué lo motivó a hacerlo?

Creía en la utilidad de asociar ambas disciplinas. Me gustaba mucho la materia y en la época en que la estudié, que era la de Miguel de la Madrid, se insistía mucho en la economía mixta, una doctrina que realmente proviene de la época de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. De la Madrid habló mucho de ella, pero después se decantó claramente por una economía neoliberal.

n Estamos de cara a la elección más grande de la historia democrática de este país y usted ejerce la titularidad de uno de los órganos más importantes de nuestra institucionalidad democrática. ¿Cómo ve el panorama de la elección?

Ha habido un cambio muy importante. Durante muchísimas décadas, el gobierno se encargaba de tolerar y encubrir fraudes electorales; ahora, aparentemente, por las declaraciones públicas que se han hecho, el gobierno va a ser un defensor, un garante de las elecciones, porque la presidencia tiene poder y, sobre todo, puede aglutinar a muchas instituciones federales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no sólo van a proteger la elección sino que también van a proteger o intentar proteger a los candidatos. Ha habido ya 15 asesinados.

n ¿Cree usted que estamos volviendo al camino de la economía mixta?

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Voces n El gran reto de la democracia mexicana parece ser el dinero sucio en las campañas electorales.

El dinero es la sangre de la política. El combate al dinero sucio es un gran acierto. Considero importantísimos los esfuerzos que están haciendo varias instituciones en la materia. n ¿Podemos hablar de que, independientemente del factor de la violencia y del financiamiento ilegal, tenemos instituciones sólidas, imparciales e independientes que garanticen que los votos cuenten y se cuenten?

Sí, creo que el trabajo conjunto de la Fiscalía General de la República y del INE, el trabajo mucho más modesto que nosotros en la FEDE podemos hacer y el que puede realizar la Secretaría de Seguridad Ciudadana garantizan una sinergia defensiva de las elecciones. n Usted toma el cargo de una institución relativamente nueva, que nace en 1994 y que ha sufrido diversas mutaciones, hasta llegar a la FEDE. ¿Cómo la encuentra y cómo la ve ahora?

La encuentro con una tendencia de 25 años de ser enteramente aparente. No tenía ni tiene ningún poder ejecutivo; se creó justamente para dar la impresión de que se podían perseguir los delitos. Es muy pequeña. Para ponerlo claro: nosotros hemos logrado una fuerza de 57 ministerios públicos; imagínese usted lo que es eso frente a una elección del tamaño de la que viene.

Tenemos que hacer mucho con muy poco y no podríamos hacer sino algo simbólico, si no fuera porque la Fiscalía General de la República tiene una estructura en todo el país que nos va a servir de base.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es una institución fundamental en momentos en que México se encuentra en una encrucijada más, frente a una elección que podría definir el futuro del país y su democracia.”

n ¿Por qué nunca hemos visto una sanción, que a una persona se le condene por fraude electoral? ¿Por qué nunca se le ha quitado a un partido político el registro?

Por falta de voluntad política, porque el Estado mexicano era cómplice de los fraudes electorales, o por lo menos encubridor.

Mire, sin la participación de los gobiernos estatales y federales no hubieran sido posibles estas conductas delictivas. Y le voy a poner un ejemplo muy claro: en 2018, cuando gana Andrés Manuel, la acción del gobierno se retrae y se permiten las elecciones. Se dependía de esa voluntad política, de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se refrenara y realmente sólo lo hizo por la posibilidad de un estallido social. n ¿Entonces usted tiene la impresión de que actualmente existe la intención política de respetar la voluntad popular?

Hay voluntad política por parte del Estado mexicano de garantizar las elecciones. n En materia electoral existe una delgada línea entre la compra de voluntades y los programas sociales “directos, LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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para que el dinero llegue a la gente”, como postula el presidente. ¿Qué tanto puede interpretarse eso como una coadyuvancia al voto?

No creo que lo sea. A mí me parece que hacer programas sociales y ayudar a la gente, sobre todo a la que está en condiciones más vulnerables, es una obligación del gobierno.

Esta nivelación es lentísima; es decir, las diferencias de clase son abrumadoras, y lo que hace el presidente es reducir un poco esas diferencias y eso le da popularidad. ¿Por qué esto sería una coacción al voto? Hay un principio en la politología estadounidense llamado delivery. ¿Qué recibe el ciudadano a cambio de su voto? n En su biografía sobre el presidente, usted se refiere a él como “el político más importante, polémico, denostado y aclamado de nuestra época, capaz de suscitar amor y odio”. A casi tres años de que ganó la elección y después de haber asumido la titularidad del Poder Ejecutivo, ¿ha cambiado o reafirmado usted esa visión sobre él?

Pienso que será recordado como un buen presidente. La crítica feroz que se le hace es sana. Lo que no es sano es que haya calumnias de un lado o de otro. n Es un largo trecho el que nos falta todavía por recorrer.

Esta figura del presidente a la que usted se refiere en su libro, una figura tan carismática, tan polémica, tan importante, ¿no eclipsa a otros cuadros que podrían continuar las ideas del régimen en el poder?

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abogacía Mayo 2021

Sí, una figura tan fuerte hace sombra y creo que él lo tiene muy presente, y cuando tenga que retirarse, quizá le pase lo que a Porfirio Díaz. Creo firmemente que Andrés Manuel se va a retirar en 2024 y no va a seguir influyendo de manera decisiva en la política. n ¿No cree que la historia pueda repetirse y busque instaurar una suerte de Maximato?

No, porque él conoce la historia de México y sabe en qué terminan esas cosas. n ¿Cómo ve al Poder Judicial?

Creo que tiende a volverse cada vez más autónomo. Pienso que existe un gran reto para limpiar el Poder Judicial porque se corrompió, y esto no lo podemos negar. Todos los que vivimos cerca de esa cultura lo sabemos. Si poco a poco se hiciera más profunda la voluntad de acabar con la corrupción, los jueces tenderían a ser más rectos. Estamos viendo un esfuerzo muy grande de parte del actual presidente para volver más limpia la función judicial. Hay que ser pacientes. n Le agradezco mucho esta charla entre abogados. ¿Usted recomendaría la profesión a un joven que hoy piensa en estudiar derecho en México? ¿Cómo ve la práctica y la enseñanza del derecho en nuestro país?

Pienso que no sólo sigue siendo atractiva académicamente, sino también en el plano económico, porque los negocios en México no van a decrecer, salvo que se produzca un desastre. 7

Rafael Quintana Miranda

La realidad del sufragio en México

Pixabay

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abogacía Mayo 2021

Las elecciones del próximo 6 de junio, en las que se votarán más de 20,000 cargos de elección popular, ofrecen la oportunidad para reflexionar sobre una oscura faceta del proceso democrático de nuestro país: la violación al sufragio por parte de los representantes que, una vez elegidos, solicitan licencia para ocupar nuevos cargos, incumpliendo así los compromisos legales, políticos y éticos que asumieron frente a los votantes.

E

ntender la democracia en México implica considerar diversos aspectos sociales e institucionales, entre los cuales encontramos, por ejemplo, el derecho electoral, el derecho parlamentario, el derecho al sufragio público, la ética institucional y las obligaciones éticas de tienen los servidores públicos.

Uno de esos aspectos, sobre el que trata este artículo, consiste en la violación al sufragio que ocurre cuando los candidatos a diputados o senadores, que luego se convierten en legisladores, incumplen los compromisos adquiridos en su periodo legislativo al dejar los cargos por los cuales fueron electos, tomando otros fuera de la esfera legislativa.

Derecho parlamentario La función legislativa o el derecho parlamentario comprende, como señala Francisco Berlín Valenzuela, “el conjunto de normas que regulan las actividades internas de las asambleas legislativas (parlamentos o congresos) de los Estados, en lo referente a su organización, funcionamiento, facultades, deberes, privilegios de sus miembros y relaciones entre los grupos políticos que las integran”.

Partiendo de esta definición, me gustaría centrar mi análisis en la función pública de aquellos diputados y senadores que, una vez que son electos, dejan sus funciones y solicitan licencias para asumir otros puestos fuera de la esfera legislativa —comúnmente denominados “chapulines”—, denigrando el valor del sufragio y la encomienda de los votantes y afectando, con ello, a la democracia mexicana.

Los derechos y las obligaciones de estos servidores públicos derivan de la idea de representación política que da sustento al cargo popular y “estriba en el hecho de que cierta clase política elegida, llamada representantes, actúa en nombre de la generalidad de los ciudadanos y les compromete con sus decisiones, sean de índole legislativa o ejecutiva”.

Por eso, admitiendo que el pueblo debe hacer prevalecer su voluntad mediante sus representantes, se cuida la actuación de los representantes con fórmulas como la “incompatibilidad parlamentaria”.

Los procesos democráticos hablan del derecho al voto libre, y del derecho y la obligación del candidato electo, pero con frecuencia éste incumple sus funciones de representante popular y adquiere otros cargos para los cuales no fue votado.

La incompatibilidad parlamentaria es precisamente una regla que establece el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto data de 1917 y que a la fecha ha tenido una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, referente al cambio de naturaleza jurídica del Distrito Federal a Ciudad de México, ahora contemplada como entidad federativa. Dicha regla establece dos principios: a) que durante el periodo en que hayan sido electos como diputados federales o senadores les está prohibido desempeñar comisiones o empleos, ya sea de la Federación o de las entidades federativas por los cuales reciben emolumentos, y b) que no podrán separarse del cargo, puesto que el mismo es irrenunciable, ni tampoco abandonar sus funciones si no hay previa licencia del mismo.

Esto implica, en consecuencia, que sí pueden aceptar otra función pública o separarse del cargo siempre y cuando les sea otorgada la licencia respectiva; de lo contrario, la sanción es la cesación o la pérdida definitiva del cargo. Pero, ¿qué es lo que trata de proteger la norma constitucional y cuáles son sus excepciones? Se afirma que los objetivos primordiales de la incompatibilidad parlamentaria son cuatro: 1) garantizar la división de poderes; 2) asegurar y preservar la independencia y el contrapeso político de control del Legislativo sobre el Ejecutivo, evitando que legisladores se conviertan en subalternos remunerados por el Ejecutivo; 3) evitar que los legisladores tengan ocupaciones ajenas a su cargo y que no lo desempeñen con la debida eficiencia; 4) reconocer la importancia del voto ciudadano emitido a su favor y que los llevó a protestar el cargo y su fiel desempeño.

Lo anterior busca evitar que el ejercicio del cargo de elección popular quede expuesto a prácticas irregulares, a intereses personales y a otros ajenos a la representación popular que incluso paralicen o puedan ocasionar falta de quórum o debida integración de las cámaras.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Derecho político El candidato se presenta como alguien entregado totalmente al beneficio de la gente y como conocedor de los problemas reales de la sociedad, pero ¿esto es cierto?, ¿conoce los aspectos políticos y sociales de México?

Consideremos, como señala Luis Ponce de León Armenta, “que el dominio de los fundamentos del derecho político y del derecho electoral nos permite analizar en la parte segunda las virtudes y los vicios del sistema político electoral en México para su perfeccionamiento, pero también nos facilita su aplicación a casos concretos mediante la guía práctica de consulta y la compilación”.

El derecho político es la parte del derecho que se manifiesta como “un sistema de valores, principios, doctrina jurídica, legislación, jurisprudencia y resoluciones jurisdiccionales que regulan y armonizan las relaciones entre gobernantes y gobernados y su entorno natural, con el fin de realizar la justicia y la seguridad jurídica”.

Por lo tanto, al hablar de derecho político, de democracia, de derecho parlamentario y de la función propia de los servidores públicos, esencialmente de los de representación popular, hay que hablar de las llamadas licencias públicas de diputados y senadores. Así, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determina que sólo se concederán licencias por causas graves y, cuando mucho, a la cuarta parte de la totalidad de los miembros que deban componer la cámara (artículo 14).

Por su parte, el párrafo 2 del artículo 12 del reglamento del Senado señala que “durante el tiempo de la licencia, los senadores cesarán en el ejercicio de sus funciones representativas y no gozarán, por tanto, de los derechos inherentes al cargo”.

Y el artículo 13, primer párrafo, plantea lo siguiente: “Los senadores y las senadoras tienen derecho a solicitar y, en su caso, obtener licencia del Pleno por las siguientes causas: ”I. Enfermedad que los incapacita temporalmente para el desempeño de la función. ”II. Hasta por tres meses por estado de gravidez o de posparto. ”III. Desempeñar empleo, cargo o comisión de carácter público por el que se perciba remuneración. ”IV. Postularse a otro cargo de elección popular cuando la licencia sea condición establecida en las disposiciones electorales correspondientes o en la normativa interna del partido político de que se trate. ”V. Otras diversas a las señaladas en las fracciones anteriores”.

Esta última fracción ofrece mucho margen a ciertas arbitrariedades procedimentales para adquirir esas licencias con diversos fines, pues se otorga plena libertad al solicitante de expresarlas y al otorgante de valorarlas. ¿Pero acaso el

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Nuestra democracia actual se encuentra en un punto en que o bien se fortalece o bien se desvanece. Necesitamos seriedad en las conductas y acciones de nuestros representantes sociales y que el sufragio alcance sus verdaderas metas; que nuestros diputados y nuestros senadores cumplan cabalmente sus cargos con transparencia y que no dejen en el abandono a sus electores.”

desempeño de un cargo de elección popular puede estar sujeto a que lo decida libremente el elegido? ¿Puede separarse temporalmente del cargo público de diputado y senador por causas no graves? ¿Qué valor se le está dando al sufragio emitido por los ciudadanos de ese distrito o entidad que han perdido temporalmente a su diputado o senador propietario porque a éste se le ocurrió pedir licencia por otras causas menores? ¿Cuál es el límite de lo razonable en estos casos? ¿Hasta dónde llega el derecho que tienen los legisladores de cambiar de cargo, inclusive en otro de los poderes de la Unión, una vez que ya fueron electos, y sin mayores miramientos, aceptar cualquier invitación, sin tomar en cuenta a los electores, para realizar otras funciones para las cuales no fueron electos y, más aún, por representación de todos los ciudadanos? ¿Hasta dónde se refleja una violación a los derechos humanos de los votantes por los legisladores que ya se encuentran trabajando en otros lugares que no son el Congreso de la Unión o cualquiera de las legislaturas locales? ¿Cuál es su ética de servicio ante estas vicisitudes de carácter representativo y laboral al no desempeñar el cargo por el cual fueron votados?

La investigación sobre la violación al sufragio no debe considerarse una actitud sospechosa o infundada; pretende hacer ver el valor que tiene el derecho denominado sufragio y hacerlo vivir en toda su magnitud y eficacia.

Don Antonio Carrillo Flores señaló en su momento que en el futuro tal vez llegará a considerarse conveniente para la mejoría de nuestras prácticas democráticas una supervisión jurisdiccional de los procesos electorales. Sobre el particular, señaló: “Debería hacerse, como ocurre en otros países, a través de un tribunal especial y no de la Suprema Corte”, cosa que vemos al día de hoy, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con esto podemos darnos cuenta de que existe una correlación entre lo que son las obligaciones de los servidores públicos electos con sus representados, las excepciones a la regla en casos de solicitar licencias y la importancia de la participación de los tribunales electorales en los aspectos de la vida democrática del país.

Los candidatos electos deben tener mayor respeto al sufragio público y mayor calidad moral para mantenerse en el cargo por el cual fueron electos legítimamente y no solicitar licencias para aceptar otros cargos y puestos gubernamentales de trabajo, en muchas ocasiones diferentes a los del Poder Legislativo para el cual fueron elegidos.

Nuestra democracia actual se encuentra en un punto en que o bien se fortalece o bien se desvanece. Necesitamos seriedad en las conductas y acciones de nuestros representantes sociales y que el sufragio alcance sus verdaderas metas; que nuestros diputados y nuestros senadores cumplan cabalmente

sus cargos con transparencia y que no dejen en el abandono a sus electores.

El tema de este artículo lo hemos abordado con base en ciertos datos e ideas de algunos autores que han opinado sobre democracia y criterios parlamentarios, todo para mejorar la verdadera efectividad del voto público (sufragio efectivo) y poder hacerla valer por los conductos legales adecuados, con el objetivo de mejorar la democracia mexicana en estos tiempos modernos y tecnológicos.

Debemos pugnar por que el aparato jurídico vigente funcione de forma apropiada, pues nos garantiza la legalidad, certeza y certidumbre jurídica de nuestros derechos humanos en todas sus formas y manifestaciones, con el fin de avanzar en la consolidación de una democracia participativa y convincente (y no por otras invitaciones a ocupar otros cargos), en estos tiempos contemporáneos y globalizados en los que debe transparentarse la credibilidad entre gobernantes y justiciables.

El artículo 62 de nuestra Constitución señala: “Los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador”.

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Asimismo, el artículo 125 constitucional indica: “Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar”.

La realidad de las cosas es que no se reconoce la importancia de que los votantes hicieron posible la elección transparente de un candidato a diputado o senador, y a éste no le interesa en lo más mínimo este acto de derecho público —esto es, el sufragio— y sin más acepta otros cargos. Y no vela por los intereses de sus votantes, por lo cual cabe preguntarse: ¿cuál es el valor del voto público (sufragio) en la conciencia de nuestros representantes sociales? ¿Hasta dónde les interesa realmente el voto ciudadano? ¿Cuál es la función constitucional en defensa de estos derechos inherentes al derecho al voto público? ¿Será ya letra muerta en el tiempo y en el espacio?

Finalmente, debemos señalar que la ciudadanía debe hacer una gran reflexión acerca de este tipo de participación de los candidatos electos en la contienda electoral, es decir, que los legisladores, una vez que obtuvieron el triunfo y el cargo correspondiente, no lo dejen hasta hacerlo efectivo. En la praxis electoral en México ése es el valor del derecho al voto público. La interrelación entre representantes y representados se origina gracias a la aprobación del pueblo y la representación política no se concreta si los legisladores dejan el cargo.

No hay que permitir este tipo de prácticas de “trampolín”, mediante las cuales los legisladores pretenden alcanzar nuevos cargos atendiendo a sus intereses personales, porque atentan en contra de la consolidación de la democracia mexicana.

Debemos ser coherentes con nuestro actual sistema de partidos y de democracia institucional, social, política y legalmente establecida para garantizar que nuestro Estado de derecho sea justo y honesto 7.

La interrelación entre representantes y representados se origina gracias a la aprobación del pueblo y la representación política no se concreta si los legisladores dejan el cargo.”

Bibliografía: • Berlín Valenzuela, Francisco (1993). Derecho parlamentario, México, Fondo de Cultura Económica.

• Carrillo Flores, Antonio (1987). La Constitución, la Suprema Corte y los derechos humanos, México, Porrúa.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Fernández de Cevallos y Torres, José (2016), “Los costos de la corrupción”, Foro Jurídico, núm. 148, enero.

• González Oropeza, Manuel (2009). “Un prefacio de la justicia electoral en México”, Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, vol. 5, núm. 9, julio-diciembre.

• Molina Piñeiro, Luis J., José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Ruperto Patiño Manfer (coords.) (2011). ¿Constitucionalizar democratiza? A 200 años de la Independencia nacional y a 100 años de la Revolución mexicana. Reconocimiento en su XX aniversario al Instituto Federal Electoral por su labor democratizadora, México, Porrúa/UNAM-Facultad de Derecho.

• Ponce de León Armenta, Luis (1997). Derecho político electoral: doctrina de consulta y compilación de la nueva legislación, México, Porrúa.

• Reglamento del Senado de la República.

• Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• Rincón Gallardo, Gilberto (1982). Derecho electoral mexicano: la formación de las corrientes electorales y las alianzas políticas, México, Serie Perfiles Jurídicos.

Rafael Quintana Miranda es doctor en derecho por la UNAM, catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ex secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ex magistrado de los Tribunales Agrarios.

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[ El pasado del presente ]

José Manuel Villalpando

La “utilidad razonable”: un concepto patriótico La economía debe tener como guía “el interés general y no el interés del empresario industrial o comercial”. Los empresarios deben aprender que la utilidad razonable es la manera más justa y equitativa de obtener ganancias por su esfuerzo, y tener claro que corresponde al Estado mexicano —más bien al Ejecutivo federal— dirigir la economía, ejerciendo sobre ella facultades de control y organización. ¿Pasado o presente de nuestra historia?

E

l presidente de la República leyó con evidente satisfacción la exposición de motivos del proyecto de ley que presentaría al Congreso de la Unión. En ella quedaba plasmado su pensamiento de manera perfecta: obligar a los empresarios a actuar conforme a “los más auténticos valores del patriotismo, como son la austeridad [y] la renuncia a la especulación, a las ganancias excesivas”, para que las actividades industriales y comerciales de los particulares, a los que se les reconocerían “sus legítimos derechos”, quedaran supeditadas al “interés general de la nación, coordinándose y subordinándose los intereses privados a los más altos de la colectividad”.

Sí, ésa es la idea exacta, asintió el presidente, y que les quede claro: el Estado mexicano ofrece el “debido reconocimiento a la obtención, por parte del industrial y del comerciante, de una utilidad razonable, respetándose así el móvil que interviene en los procesos económicos”, pero deben entender que “todos estamos obligados a colocar en primer término los intereses generales de la población”. Las palabras le parecieron

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sumamente atinadas, precisas, perfectas; el fiel reflejo de lo que era su pensamiento: la utilidad razonable.

Luego repasó los primeros artículos del proyecto, sonriendo al comprobar que habían captado la esencia de sus deseos: “El Ejecutivo federal tendrá facultades para imponer precios máximos al mayoreo o menudeo, siempre sobre la base del reconocimiento de una utilidad razonable”, tratándose de los siguientes productos: artículos alimenticios de consumo generalizado, efectos de uso general para el vestido de la población, materias primas, productos de las industrias fundamentales, artículos producidos por ramas importantes de la industria nacional y, en general, productos que representen renglones considerables de la economía mexicana. Y lo mejor es que este texto sólo era enunciativo, porque también disponía que sería el propio Ejecutivo federal el que determinaría, en un reglamento, las mercancías a que se refería este precepto.

El presidente comenzó a pensar en lo que podría incluir en esa lista que quedaba abierta a su imaginación: arroz, azúcar, café, frijol, aceite vegetal, huevo, leche, maíz, harina, pan,

refrescos, sal doméstica, sardinas enlatadas, sopa de pasta, trigo, combustibles, cigarros, jabón, medicinas obviamente, estufas, lavadoras, refrigeradores, licuadoras, máquinas de coser, botellas de cristal, cartón, envases, hielo, camiones, tractores, en fin... Casi todo, excepto las mercancías de lujo, pues ésas que las paguen al precio que sea quienes las quieran comprar.

El presidente siguió leyendo el documento: “El Ejecutivo federal estará facultado para imponer la obligación a las personas que tengan existencias de esas mercancías a que se refiere el artículo anterior, de ponerlas a la venta a los precios que no excedan los máximos autorizados”, pues no toleraría a los acaparadores, y si se atreven a provocar escasez, “el Ejecutivo federal estará facultado para determinar la forma como deba realizarse la distribución de los artículos, a imponer racionamientos y a establecer prioridades para atender las demandas preferentes por razones de interés general”, es decir, primero a los más necesitados. Por eso la nueva ley también le otorgaría facultades para “evitar intermediaciones innecesarias o excesivas que provoquen el encarecimiento de los artículos”.

Cuando recorrió con su vista los artículos 8°, 9° y 10° del proyecto se emocionó, pues contenían justamente lo que él quería: concentrar en sus manos el máximo de poder sobre el empresariado; eso sí, de manera legal: “El Ejecutivo estará facultado para decidir sobre las mercancías que preferentemente deberán producirse en las fábricas”, otorgándoles a éstas algunas compensaciones si se ven afectadas, además de que también “estará facultado para imponer restricciones a las importaciones y exportaciones cuando así se requiera”, porque todo productor debe estar consciente de que está “obligado primeramente a satisfacer la demanda del consumo nacional antes de efectuar exportaciones”.

Por supuesto, si se oponen, la nueva ley establecería con claridad las consecuencias: “El Ejecutivo federal podrá decretar la ocupación temporal de negociaciones industriales cuando ello sea indispensable para mantener o incrementar la producción de las mercancías que se declaren comprendidas en esta ley”; claro, pero ése sería el caso extremo, meditó el presidente, porque las medidas de amedrentamiento seguramente serían suficientes para hacer comprender a los empresarios la conveniencia de contribuir al grandioso esfuerzo nacional en beneficio de todos. Por supuesto habría multas, graduadas naturalmente; pero en caso de reincidencia se podría clausurar temporal o definitivamente el establecimiento, y, bueno, pues una medida más de apremio: arresto hasta por 36 horas a aquel empresario que no cumpla. ¡Ah!, verlos tras las rejas, aunque sólo fuera por poco tiempo. El presidente estaba realmente satisfecho con el proyecto.

La sonrisa del presidente lo decía todo: ésta es la ley que el país necesitaba, porque la economía debe tener como guía el interés general y no el interés del empresario. Éste debe aprender que corresponde al Ejecutivo federal dirigir la economía, ejerciendo sobre ella facultades de control y organización.”

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[ El pasado del presente ]

Pero había algo más aún: como no se podía confiar en que los inspectores y demás autoridades administrativas ejecutaran con atingencia y responsabilidad estas medidas, el presidente había pedido que se pidiera el auxilio del pueblo, porque la gente sí sabría defender su soberanía económica; por eso se añadió el artículo 14°: “Se concede acción pública para denunciar las violaciones a la presente ley, sus reglamentos o sus disposiciones concretas dictadas en apoyo a los mismos”.

La sonrisa del presidente lo decía todo: ésta es la ley que el país necesitaba, porque la economía debe tener como guía “el interés general y no el interés del empresario industrial o comercial”. En conclusión, ellos deben aprender que la utilidad razonable es la más justa y equitativa manera de obtener ganancia por su esfuerzo, y que corresponde al Estado mexicano —más bien, al Ejecutivo federal— dirigir la economía, ejerciendo sobre ella facultades de control y organización.

Como lo esperaba el presidente de la República, el Congreso de la Unión aprobó el proyecto sin discusión, ni enmienda ni dilación, y así, en el Diario Oficial de la Federación se publicó, el 30 de diciembre de 1950, la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica. El presidente Miguel Alemán Valdés estaba realmente complacido; su sonrisa lo decía todo: había alcanzado el máximo poder posible. ¿Qué opinaron los juristas de aquel tiempo sobre esta ley?

Casi nada; por ejemplo, el gran constitucionalista Antonio Martínez Báez la justificó diciendo que “se trata de una ley de previsión para hacer frente a condiciones que alteran la vida económica; son disposiciones preventivas para colocar al gobierno en la posibilidad de actuar en defensa de la economía

y de los grandes núcleos de población. Es un conjunto de normas que, por sus propósitos, del más alto interés público, deben existir permanentemente”, aunque su opinión no era imparcial: don Antonio era el secretario de Economía del gabinete del presidente Alemán y a su dependencia correspondería aplicar la nueva ley. De hecho, él fue el autor del proyecto. Otro de sus colegas, el afamado administrativista Andrés Serra Rojas, prudentemente sólo comentó que esta ley “es el punto de partida de un nuevo orden jurídico respecto de las relaciones del Estado con las cuestiones industriales y comerciales, y constituye el documento legislativo más importante sobre el intervencionismo de Estado en México”.

La Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica estuvo vigente durante el resto del periodo presidencial de Miguel Alemán y luego, con adiciones y reformas, permanecería inalterada en su esencia durante muchos sexenios más: empleada con mesura, mediante el diálogo con los sectores productivos, permitió la exitosa etapa del “desarrollo estabilizador” en los gobiernos de los presidentes Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz; luego, con su uso discrecional y hasta arbitrario, fue fundamental en el diseño “populista” de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Miguel de la Madrid prefirió no invocarla porque en su tiempo la economía estaba deshecha, y en la época del presidente Carlos Salinas de Gortari fue abrogada definitivamente después de expedirse, en 1992, la Ley Federal de Competencia Económica.

Sí, los neoliberales acabaron con ella, destruyendo ese patriótico concepto de la utilidad razonable. 7

José Manuel Villalpando es abogado por la Escuela Libre de Derecho y titular de la materia de historia del derecho en México en esa institución. Su actividad se ha centrado en la divulgación de la historia mexicana. Es autor de 44 libros y de centenares de ensayos y artículos en esa especialidad.

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¿Cuándo?

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Manuel Jorge Carreón Perea Mateo Mansilla-Moya Vicente Sinaí Domínguez Arango

HACIA UNA Ley Constitucional de Derechos Humanos 38

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Más allá del afán de crear leyes como si por decreto se modificara la realidad, los autores reflexionan sobre la necesidad de contar con una Ley Constitucional de Derechos Humanos de carácter general que facilite la transformación de nuestra sociedad, sobre todo en el contexto que padecemos de violaciones sistemáticas y generalizadas a las libertades y derechos de las personas, y presentan, asimismo, los beneficios que implicaría la creación de dicho cuerpo normativo.

P

ensar en hacer una ley en la actualidad es complejo.

Sobre todo, en un contexto de excesiva producción normativa. Surgen, ante cualquier iniciativa legislativa, diversos cuestionamientos: ¿por qué una nueva ley si ya hay otros cuerpos normativos que regulan lo mismo?, ¿no sería mejor aplicar los principios y las leyes que ya existen?, ¿no se correría el riesgo de que la Constitución política pasara a un segundo plano frente a las leyes que deriven de ésta?, ¿no existe sobrerregulación al crear tantas normativas?

Hay que distinguir, sin embargo, entre aquella producción legislativa innecesaria que cae en los excesos normativos y a la que se le pueden aplicar estos cuestionamientos críticos con dureza, y aquella que resulta esencial para el acceso a la justicia, como es, en nuestro juicio, una Ley Constitucional de Derechos Humanos de carácter general.

Antecedentes En la Ciudad de México tuvo origen una ley denominada Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías. Dicha ley nació para dar cumplimiento al artículo octavo transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual estipula que la Ciudad de México deberá tener una legislación específica para poder desarrollar, implementar y garantizar los mecanismos de exigibilidad en materia de derechos humanos reconocidos por la constitución local, como podemos observar a continuación: “octavo. Los derechos humanos reconocidos en la Ciudad de México antes de la entrada en vigor de esta Constitución mantendrán su vigencia y se aplicarán conforme al principio de progresividad en todo lo que no se oponga a la misma. ”La ley constitucional en materia de derechos humanos y sus garantías desarrollará los derechos humanos, principios y mecanismos de exigibilidad reconocidos por esta Constitución.

Esta ley deberá entrar en vigor el 1º de febrero de 2019. ”El Congreso expedirá la ley para la organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos, así como la ley para regular el Sistema Integral de Derechos Humanos a que se refiere el artículo 5, apartado A, numeral 6, a más tardar el 5 de septiembre de 2019”.

Por este motivo, el 28 de diciembre de 2018 las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias presentaron para su discusión y aprobación ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el dictamen mediante el cual se expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.

Posteriormente, el 8 de febrero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto mediante el cual se expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.

Esta ley resulta interesante por varios elementos que desarrollaremos a continuación. Primero, establece obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos y orienta las acciones gubernamentales para lograr progresivamente su disfrute. En segundo lugar, desarrolla el contenido de los derechos previsto en la Constitución de la Ciudad de México, previendo la asignación y la aplicación progresiva de recursos públicos como medio para alcanzar la protección más amplia y efectiva de los derechos. En tercer lugar, en el título cuarto, relativo a la carta de derechos, se contemplan hasta más de cincuenta derechos humanos con un contenido bien definido.

Asimismo, contempla mecanismos de justiciabilidad y exigibilidad. Los primeros se refieren a las “acciones y procedimientos de autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, derivados de las denuncias de personas, grupos o comunidades por violaciones a derechos individuales y colectivos, para su cumplimiento”. Los de exigibilidad se refieren a “aquellas garantías y procedimientos que pueden utilizar las personas y los colectivos para reclamar el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades para la satisfacción y la garantía de los derechos”.

Esta ley, como puede observarse, resulta positiva en tanto establece un cuerpo normativo que dota de contenido y sentido a los derechos en cuestión; pensarla en términos generales es conveniente porque puede funcionar como parámetro mínimo para que las autoridades cumplan con sus obligaciones en la materia, y los particulares puedan ejercer sus derechos, independientemente del territorio en el que se encuentren dentro de México, para vivir vidas plenas de acuerdo con sus necesidades.

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¿Por qué crear una Ley Constitucional de Derechos Humanos?

Como mencionamos antes, con la propuesta de crear una nueva ley surgen diversos cuestionamientos. El primero tiene que ver con por qué se hace, es decir, con las razones que motivan su creación.

Las razones son múltiples y a continuación las exponemos: 1. Evitaría las problemáticas que trae consigo el constitucionalismo aspiracional, que considera a la Constitución como el único cuerpo normativo donde pueden establecerse derechos y garantías.

2. Los derechos y las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos en ocasiones resultan tan abiertas que se prestan a interpretaciones jurisdiccionales que incluso contravienen lo asentado en los diarios de debates y en la exposición de motivos de la norma. Cuando la maximización o la progresividad de los derechos prevalece, es positivo. En los casos contrarios, no; por ejemplo, el reconocimiento de derechos humanos a las personas jurídicas.

3. En una ley como la que proponemos podrían plasmarse el contenido y el alcance de los derechos humanos reconocidos positivamente en la Constitución política y aplicarse de forma general a todas las entidades federativas de la República, de manera que más personas en el territorio mexicano puedan acceder a la justicia a través de ésta. Este punto es fundamental, ya que contribuiría a superar el rezago en materia de derechos humanos que prevalece en algunas entidades de la República y que es producto de la omisión legislativa.

4. Fijaría obligaciones específicas a las autoridades en la materia. Esto resulta fundamental, ya que el ámbito de discrecionalidad de muchas autoridades en lo que respecta a los derechos humanos no siempre es el más adecuado.

5. Facilitaría la comprensión de los derechos humanos desde un enfoque multidisciplinario, transversal y polifactorial.

6. Frenaría las propuestas de legislaciones locales que busquen recortar o limitar derechos de manera arbitraria.

7. A pesar de que existe un parámetro hermenéutico para la aplicación de los derechos humanos, también sentaría bases comunes sobre el contenido de los derechos a nivel federal

en un único instrumento que estaría acorde con los tratados internacionales en la materia y con la Constitución política mexicana.

8. Definiría de manera expresa las restricciones a los derechos. ¿No sería mejor aplicar los principios y las leyes que ya existen?

Los principios y las leyes que ya existen seguirían siendo aplicados; piénsese, por ejemplo, en el principio de universalidad de los derechos humanos. Una ley en la materia accesible a todas las personas en todo el territorio nacional no haría más que reforzar el principio de universalidad de los derechos humanos. Como se mencionó con anterioridad, la ley, antes que obstaculizar la aplicación de principios y otras leyes, serviría como instrumento para recoger el contenido de los derechos fundamentales en concordancia con la jurisprudencia internacional y las normas nacionales y para homologarlo en todo el territorio.

En muchas entidades federativas de la República mexicana el rezago legislativo ha impedido que muchas personas puedan ejercer sus derechos, por falta de acceso a éstos a través de una ley que los regule y establezca las garantías para su protección.

La ley aquí propuesta tendría como resultado proteger a esas personas que han sido ignoradas por las legislaturas locales.

Apuntes finales Por los motivos que se han presentado anteriormente, la creación de una Ley Constitucional de Derechos Humanos de aplicación federal resultaría un instrumento que permitiría homologar los derechos, su contenido y su interpretación en toda la República, haciendo accesibles los derechos, materialmente, a sus titulares.

La propuesta que presentamos está sujeta a diálogo y representa una idea en formación. Sin embargo, creemos que entablar un diálogo sobre este tema es necesario, más en el contexto actual en el que los derechos humanos afrontan una batalla por su consolidación. 7

Fuentes de consulta: • Carreón Perea, Manuel Jorge (2020). Manual de derechos humanos, México, INEPPA-UBIJUS. • Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías.

Manuel Jorge Carreón es consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Mateo Mansilla-Moya es egresado del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Vicente Sinaí Domínguez Arango es asesor jurídico parlamentario e investigador en materia de derechos humanos y delitos electorales.

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¿Qué dicen hoy los tribunales?

Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán

Los precedentes no son sólo la voz de los tribunales; también reflejan la problemá-

tica social actual. Además, permiten conocer los planteamientos sobre la aplicación de las normas que los abogados hacen a lo largo del país. En esta edición presenta-

mos algunos criterios que fueron comentados en el blog semanal “¿Qué dicen hoy

los tribunales?” (entregas 10 a 14), elaborado por PDeA Abogados e Inteli-Iuris.

DERECHO FISCAL n Cancelación del certificado de sellos digitales, no procede amparo

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en jurisprudencia que el contribuyente no puede promover juicio de amparo en contra del oficio por el que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) deja sin efectos su certificado de sellos digitales. Lo anterior, porque no se afectan derechos sustantivos. La SCJN consideró que el contribuyente debe seguir el procedimiento determinado por el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación (CFF) para aclarar las posibles irregularidades ante el SAT. Cabe recordar que mientras no se cuente con un certificado de sello digital, el contribuyente no puede expedir comprobantes fiscales (CFDI). Registro: 2022825. n Persecución de delito de defraudación fiscal

Un Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) analizó la diferencia entre el plazo que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para presentar querella (preclusión) y el plazo para que el Ministerio Público ejerza la acción penal (prescripción), lo anterior para el supuesto del delito de defraudación fiscal. Resolvió que ambos plazos no corren en paralelo, sino que: a) en primer término, corren los cinco años en que precluye el plazo para que la SHCP presente querella a efecto de que se persiga el delito de defraudación fiscal; b) en el supuesto de que la SHCP presente querella, comenzará a correr el plazo para la prescripción de la acción penal (artículo 100, CFF).

Registro: 2022954.

Tratándose de delitos fiscales, la presentación de la querella interrumpe el plazo para que no precluya el derecho de la SHCP, pero no interrumpe el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Registro: 2022953.

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DERECHO PENAL n Procedencia del amparo en ejercicio del derecho de petición

¿Qué sucede si una persona presenta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y ante la fiscalía de su estado y ninguna de ellas le da trámite a la denuncia? Ante esta inacción el denunciante solicitó información a las fiscalías sobre la denuncia y la carpeta de investigación. Sin respuesta, promovió juicio de amparo señalando que se había violado su derecho de petición protegido por el artículo 8º constitucional. Un TCC sostuvo que sí procede el juicio de amparo, sin que sea necesario que el denunciante tenga que acudir previamente a un medio de defensa ordinario, porque se está planteando una violación directa a la Constitución. Registro: 2022847.

DERECHO LABORAL n Derechos sindicales

Se publicaron 12 jurisprudencias de la Segunda Sala de la SCJN sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1º de mayo de 2019. Estos criterios surgen de juicios de amparo promovidos por varios sindicatos, en los que se resolvieron los siguientes temas: • Obligación de las directivas de rendir cuentas del patrimonio del sindicato a los trabajadores. Registros: 2022918 y 2022917.

• Voto directo en la elección de los miembros de la directiva sindical. Registros: 2022916 y 2022915.

• Designación de representantes de los trabajadores ante las juntas de conciliación y arbitraje por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Registro: 2022910.

• Obligación de los sindicatos de prever en sus estatutos los procedimientos de elección de directivas y consulta de contratos colectivos. Registro: 2022907.

• Obligación de revisar contratos colectivos de trabajo ya existentes y ser aprobados por la mayoría de los trabajadores.

Registros: 2022879 y 2022878.

• Posibilidad del trabajador de no pagar cuotas sindicales ordinarias. Registro: 2022885.

• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como integrante de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Centro). Registros: 2022883 y 2022882.

• Facultad del Centro de verificar el procedimiento de elección de las directivas sindicales. Registro: 2022881.

¿Qué sucede si una persona presenta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y ante la fiscalía de su estado y ninguna de ellas le da trámite a la denuncia?

Un Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que sí procede el juicio de amparo, sin que sea necesario que el denunciante tenga que acudir previamente a un medio de defensa ordinario.”

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¿Qué dicen hoy los tribunales?

DERECHO CIVIL

JUICIO EN LÍNEA

n Puede otorgarse la suspensión en

n Firma electrónica: pleno valor probatorio

embargo de cuentas bancarias Un TCC en materia civil resolvió un asunto en el que se había ordenado el embargo de una cuenta bancaria por una cantidad determinada; sin embargo, se había asegurado la totalidad del dinero en la cuenta. El titular de la cuenta solicitó que se le permitiera disponer de la cantidad que excedía el embargo ordenado, a través de la suspensión en el juicio de amparo. El TCC resolvió que en este caso sí es posible otorgar la suspensión para que se liberen los recursos que no debían ser asegurados. Registro: 2022893.

Las pruebas presentadas en línea no pierden su valor probatorio al digitalizarse, por lo que deben recibir el mismo tratamiento como si se hubieran presentado en su versión física.”

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Un TCC confirmó que la ratificación del desistimiento de la demanda de amparo puede realizarse por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, si el escrito de ratificación es firmado utilizando la firma electrónica del quejoso. La firma electrónica tiene pleno valor probatorio y surte sus efectos como si la ratificación hubiera sido firmada ante la autoridad judicial. Registro: 2022891. n Ausencia de firma electrónica al promover una demanda

El antecedente de estos criterios es la jurisprudencia del Pleno de la SCJN de 2019, que resolvió que la falta de firma electrónica en una demanda de amparo promovida en línea no podía subsanarse, por lo que debía ser desechada de plano. Registro: 2019715.

En tesis aislada, un TCC determinó que durante la contingencia sanitaria por Covid-19 se configuran excepciones a esta jurisprudencia. Aun cuando no se haya firmado de manera electrónica, se debe aceptar el escrito de demanda digitalizado que contaba con la firma autógrafa del promovente. Registro: 2022887.

Un TCC sostuvo que la falta de firma electrónica no provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sino que el juez tendría que prevenir al quejoso. Se señala que ante la contingencia los jueces deben actuar con la mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos. Registro: 2022886. n Pruebas en el juicio en línea

En tesis aislada, la Primera Sala de la SCJN sostuvo que las pruebas presentadas en línea no pierden su valor probatorio al digitalizarse, por lo que deben recibir el mismo tratamiento como si se hubieran presentado en su versión física. Las pruebas podrán ser objetadas por las partes y, excepcionalmente, cuando el juzgador dude de la coincidencia del documento digital con el original, puede requerir que se presente el documento original. Registro: 2022826.

DERECHO ADMINISTRATIVO n Conclusión y reapertura de investigaciones en materia

de responsabilidades administrativas En tesis aislada, la Segunda Sala de la SCJN avaló la constitucionalidad del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que, por un lado, establece la posibilidad de archivar y concluir una investigación de faltas administrativas, en caso de no encontrar elementos suficientes para determinar la presunta responsabilidad del servidor público o de un particular, y, por el otro, de reabrir la investigación si surgen nuevos elementos. De acuerdo con la Segunda Sala, ambos supuestos se complementan y son aplicables, siempre y cuando la facultad para sancionar no haya prescrito. Registro: 2022960.

DERECHO A LA SALUD n SCJN se pronuncia sobre desabasto de medicamentos

La Primera Sala de la SCJN se pronunció sobre el desabasto de medicamentos para enfermos de VIH en dos juicios de amparo presentados en contra de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante la falta de entrega de medicamentos para su tratamiento. Se resolvió que el Estado está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la salud hasta el máximo de los recursos de que disponga. La obligación de cumplir con la sentencia es del hospital del IMSS y de cualquier otra autoridad obligada a realizar acciones. Registro: 2022889.

La SCJN señaló que las autoridades directamente obligadas a garantizar el derecho a la salud deben: a) brindar la asistencia médica y el tratamiento a sus pacientes de forma oportuna, permanente y constante; b) tomar en cuenta el estado de salud del paciente, y c) considerar, en casos como el VIH, que el éxito del tratamiento depende de que las medicinas se tomen ininterrumpidamente. Estos criterios son obligatorios para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Registros: 2022890 y 2022888. 7

Los registros referidos en este artículo pueden consultarse en el buscador de la Suprema Corte de Justicia, en el siguiente enlace:

Denise Tron Zuccher es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, asociada de PDeA Abogados y colaboradora de la organización Justicia Justa.

Mariana Ruiz Albarrán es egresada de la licenciatura de derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y colaboradora de PDeA Abogados y de la organización Justicia Justa.

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Marco Antonio Zeind Chávez Elder Asael García Valencia

Por qué necesitamos

tribunales especializados en competencia económica 46

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La creación de tribunales especializados para determinados sectores estratégicos en el país sería, sin duda alguna, una excelente inversión, pues con su creación se generaría confianza y certidumbre en el público inversionista y, de esta manera, se promovería el desarrollo nacional.

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E

l 10 de junio del año pasado se dio a conocer una iniciativa mediante la cual se buscaría que algunos órganos reguladores del Estado mexicano “que comparten ciertas características en cuanto a la naturaleza de sus facultades y competencias puedan integrarse en uno solo”. Con la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución se eliminarían entes especializados como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE); lo anterior para dar paso a la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

Entre otras cosas, la idea generó críticas negativas por el hecho de que supone que una única instancia pudiera resolver controversias de sectores de la economía tan importantes y diferentes entre sí como pueden ser el energético o el de las telecomunicaciones, por ejemplo, que requieren, para participar en ellos, un importante grado de especialización.1 Por lo tanto, sustantivamente estas autoridades de competencia desempeñan lo que podemos denominar “funciones regulatorias” que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no son otra cosa que funciones “cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas”.2 Indudablemente, al tomar decisiones de ese calado, estos entes públicos pueden generar efectos que los entes a los que regulan consideren lesivos.

Derivado de lo anterior y dado el interés que despertó la propuesta de concentrar en un solo macroorganismo a importantes sectores de la economía, surge la oportunidad para visualizar la necesidad de contar con tribunales especializados en cada uno de ellos, como existe hoy en día en las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Lo anterior parte de la idea consistente de que el mismo grado de especialización requerido para regular es aquel con el que deben contar los tribunales que resuelvan las controversias surgidas en ese ejercicio entre reguladores y regulados. El Poder Judicial debe hablar el mismo lenguaje que el regulador con comparable nivel de dominio; el hecho de que las decisiones del primero estén sujetas a control jurisdiccional abona a la seguridad jurídica, siendo lo ideal que ese control cuente con las características para hacerlo de manera correcta. Esto resulta de notoria importancia a efecto de evitar que los primeros cometan excesos, brindar seguridad jurídica y, por lo tanto, predictibilidad a los segundos, y generar efectividad a la política pública del Estado que se materializa a través del ejercicio regulatorio. Todo lo anterior añade características a México como un país regido por un Estado de derecho.

Respecto de la especialización, Stephen Breyer señala que la Corte Suprema de Estados Unidos “no revisa decisiones fácticas alcanzadas por agencias administrativas, pues reconoce que los tribunales de apelación (que revisan la mayoría de las decisiones emitidas por esas agencias) están mejor capacitados para desempeñar esta tarea”.3 Con lo anterior se empieza por confirmar el

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Desde el poder público se han tomado medidas con la intención de reducir el gasto público, comenzando por normalizar la concentración de facultades a través de la desaparición o el debilitamiento de órganos técnicos especializados. Esta política se debe replantear, ya que puede dificultar el correcto ejercicio de los derechos humanos como resultado del debilitamiento de la estructura institucional que contribuye a garantizarlos.”

respeto que el máximo tribunal estadounidense tiene por las agencias administrativas (cuyo símil en México pueden ser el IFT, la Cofece y la CRE) y por los tribunales que resuelven las controversias que se suscitan en razón del desempeño de sus funciones, al considerarlos mejor capacitados debido a su mayor grado de especialización.

Los tribunales especializados En nuestro país, la posibilidad de especialización de los tribunales (de amparo y de legalidad) encuentra su fundamento constitucional en una interpretación sistemática a los artículos 17 y 94, párrafo sexto. El primero establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes. El segundo expresamente posibilita de manera enunciativa su creación (hoy en día allí encuentran su sustento directo los tribunales con especialización en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones).

Asimismo, con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 19944 se creó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como un órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, facultado, entre otras cosas, para determinar la especialización por materias de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito.

Si bien hoy desde el poder público se han tomado diversas medidas con la intención de reducir el gasto público, comenzando por normalizar la concentración de facultades a través de la desaparición o el debilitamiento de órganos técnicos especializados en diversas áreas, se debe propugnar por un replanteamiento de esa política, en vista de que con esta concepción se puede incrementar el riesgo de dificultar el correcto ejercicio de los derechos humanos como resultado del debilitamiento de la estructura institucional que contribuye a garantizarlos, tanto en el ámbito regulatorio como en el de la impartición de justicia.

Como respuesta a lo anterior, se ha buscado demostrar que la creación de órganos y tribunales especializados contribuye de manera contundente al desempeño de tareas fundamentales del Estado y redunda en el bien común de la sociedad. Mientras más jugadores haya en un mercado y más se nivele el campo de juego, mayor será la competencia, incrementándose así la posibilidad de que haya mejores precios para los consumidores y aumente la calidad de los bienes y servicios. Sin duda, esto mejora las condiciones de equidad que ayudan a promover un desarrollo incluyente de toda la sociedad.

En este orden de ideas, en principio se debe dejar claro que la especialización de los sectores de la economía nacional es progresiva y natural, pues se trata de una sociedad de consumo en una creciente integración con otras. Paralelamente, deben

existir instituciones públicas que contribuyan a la eficacia y a la eficiencia de los mercados.

El Estado requiere instituciones lo suficientemente fuertes para regular a agentes con proclividad a la concentración, siempre contando estos últimos con medios de defensa adecuados cuando consideren que en el desempeño de esa tarea el Estado les causó perjuicios. Además de lo anterior, se debe contar con juzgadoras y juzgadores, así como con el personal de apoyo que posea la solvencia técnica para garantizar la correcta aplicación de las reglas particulares que rigen estas relaciones. Sin personal judicial especializado en materias que requieren altos conocimientos técnicos se pone en riesgo el fin plasmado en el artículo 17 constitucional ya referido.

Sobre este tema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala en el documento La resolución de asuntos de competencia por órganos de jurisdicción especializada y general. Balance de experiencias internacionales que “la legislación de competencia otorga a las autoridades de competencia facultades directas para implementar esta legislación. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales también desempeñan un rol central al asegurar el debido proceso y al aplicar principios sustantivos y económicos en la revisión de las decisiones de las autoridades; inclusive, estos órganos pueden aportar un cierto grado de flexibilidad en la implementación de la legislación al establecer precedentes judiciales. El correcto funcionamiento de estos órganos resulta crucial para asegurar la debida actuación de las autoridades [regulatorias y] de competencia y para crear un ambiente de certidumbre y predictibilidad en las economías de mercado”.5 Los primeros tribunales especializados creados para los sectores estratégicos de la economía fueron para las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, mismos que datan de 2013 como consecuencia de las reformas constitucionales a los artículos 27, 28 y 94, entre otros, al crearse por mandato constitucional el IFT y la Cofece.6 De ese modo, en septiembre de 2013 el CJF creó dos juzgados de distrito especializados (el primero y el segundo) y dos tribunales colegiados de circuito especializados (el primero y el segundo).7 Su nacimiento pretendía, como lo explica la exposición de motivos, dar “mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones (radiodifusión) y competencia económica, con el objeto además de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica”;8 además, permitiría a los juzgadores especializarse mediante el constante conocimiento de impugnaciones por los aspectos técnicos que de suyo presentan.

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Cabe aclarar que la creación de aquellos órganos jurisdiccionales especializados no generó una inversión adicional del Estado, sino que, a partir de un análisis estadístico previo basado en criterios de oportunidad, inmediatez, versatilidad y además del aprovechamiento del personal tanto de tribunales colegiados de circuito como de juzgados de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se consideró la extinción de los juzgados cuarto y quinto de distrito y de los tribunales colegiados segundo y tercero, todos del Centro Auxiliar de la Primera Región, para transformarse, los primeros, en juzgados primero y segundo de distrito, y los segundos, en primer y segundo tribunal colegiado de circuito, todos bajo la denominación “En materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones”, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Desde su creación, el objetivo de estos órganos jurisdiccionales fue reducir los largos procedimientos de revisión e incrementar la calidad de las decisiones de los órganos que generen certidumbre en los mercados con el fin de crear un clima de confianza que aliente a las empresas a invertir, innovar, competir y ofrecer más opciones a los consumidores de productos y servicios con mejores precios y calidad.9 Cabe mencionar que los tribunales unitarios (antes denominados “En materia civil y administrativa” y hoy tribunales unitarios “En materias civil, administrativa y especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones”)10 del primer circuito también conocen de los medios de impugnación en atención a las acciones presentadas por aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita. Lo anterior, con base en el artículo 134 de la Ley Federal de Competencia Económica. Es decir, si bien la creación de tribunales especializados fue concebida únicamente para conocer de los juicios de amparo que se presenten contra normas generales, actos u omisiones del IFT y de la Cofece, lo cierto es que, tratándose de acciones relacionadas con aquel precepto legal, los que conocen son tribunales de tipo general y no de naturaleza especial, como se pretendió con las reformas constitucionales comentadas.

Existen factores críticos que inciden en que la función judicial sea general o especializada, como es el caso de la independencia, la objetividad y el profesionalismo, relacionados con la implementación de la política y la legislación no solamente en temas de telecomunicaciones y radiodifusión, sino en todos los sectores estratégicos de la economía.

La independencia es un principio básico del Poder Judicial, que deberá salvaguardarse independientemente del método que se emplee para la selección de los juzgadores y, a su vez, permite guardar, con los poderes del Estado, imparcialidad y coherencia en la interpretación de la legislación aplicable.

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Mientras más jugadores haya en un mercado y más se nivele el campo de juego, mayor será la competencia, incrementándose así la posibilidad de que haya mejores precios para los consumidores y aumente la calidad de los bienes y servicios.”

Respecto de la independencia, tanto el método de selección como la temporalidad son factores que hay que tomar en cuenta, pues, en relación con el primero, no existe evidencia de que ésta se haya dado como resultado de un concurso abierto o interno, como lo establece la legislación de la materia. En lo concerniente a la temporalidad, se puede decir que en la adscripción, si bien se atendió a voluntad del legislador, no se cuidó el hecho de privilegiar la especialización que sin duda implica un desarrollo gradual de los conocimientos técnicos en un tiempo mayor al establecido para rotar a los juzgadores.11 Factores como el aumento de ordenamientos jurídicos de naturaleza administrativa y su propia complejidad requieren ser interpretados y aplicados con una mayor eficiencia procesal por juzgadores especializados para obtener mayor uniformidad, previsibilidad, calidad en las decisiones y, sobre todo, confianza en los órganos jurisdiccionales.

En relación con el sector energético, los conflictos generados son ventilados mayormente ante los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito en materia administrativa, dada la naturaleza del acto reclamado; sin embargo, la competencia para conocer controversias de este sector pueden ser del conocimiento de los tribunales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones cuando el acto u omisión esté vinculado directa o indirectamente a aquellas subespecializaciones, e incluso cuando comprendan tópicos afines a la rectoría económica y de regulación, pues se trata de sectores con particularidades que los diferencian de manera profunda.

De ahí que se pueda sostener que los conflictos del sector energético no son sometidos a tribunales especializados, porque no existen, privando a los justiciables de los beneficios que éstos pueden ofrecer (eficiencia, uniformidad, previsibilidad, calidad en la decisiones y confianza). 7

De acuerdo con la Real Academia Española el vocablo “especializar” cuenta con dos acepciones: 1) limitar algo a uso o fin determinado y 2) cultivar con especialidad una rama determinada de una ciencia o de un arte. Consultado el 14 de junio de 2020 en https://dle.rae.es/especializar.

2 Jurisprudencia: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, décima época, enero de 2016, p. 339 [P./J. 46/2015 (10a.)].

3 Cf. Stephen Breyer, Cómo hacer funcionar nuestra democracia. El punto de vista de un juez, Fondo de Cultura Económica, México, 2017, p. 215.

4 Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en https://www.dof.gob.mx/ nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=205917&pagina=3&seccion=1. Consultado el 15 de junio de 2020.

5 http://www.oecd.org/daf/competition/Resolucion-competencia-organos-de-jurisdiccion-especializada-y-general-2016.pdf. Consultado el 14 de junio de 2020.

6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013. Consultado el 13 de junio de 2020.

7 Acuerdo general 22/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5309912&fecha=09/08/2013. Consultado el 13 de junio de 2020.

8 http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/076_DOF_11jun13.pdf. Consultado el 13 de junio de 2020.

9 Op. cit., nota 6.

10 Acuerdo general 57/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación de los tribunales unitarios en materias civil y administrativa del primer circuito. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018, en https://dof. gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546583&fecha=14/12/2018. Consultado el 14 de junio de 2020.

11 Al disponer que existiera rotación entre los jueces de distrito y los magistrados de circuito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y que el CJF determinaría la forma en que debía llevarse a cabo, esto puede conllevar una contradicción con el propio principio de especialización, pues establecer temporalidades tan limitadas genera que lo aprendido sea desechado y venga alguien más a iniciar con la curva de aprendizaje, y que además no exista una continuidad en la uniformidad de las resoluciones que sin duda inciden en la certidumbre y la previsibilidad para reguladores y regulados.

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Marco Antonio Zeind Chávez es director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. antonio@zeind.com.mx Elder Asael García Valencia es maestro en derecho y especialista en derecho administrativo por la UNAM, especialista en derecho de amparo por la Universidad Panamericana e integrante del despacho Guerra, Pacheco, García y Valencia.

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[ El notario responde ]

Amando Mastachi Aguario

La cesión de derechos hereditarios En esta edición, el notario responde las preguntas más comunes relacionadas con la transferencia que puede hacer una persona beneficiaria de una herencia a otra persona, y explica los aspectos que deben considerarse antes de celebrar un contrato de cesión de derechos hereditarios.

Qué es la cesión de derechos hereditarios?

La cesión de derechos es un acto jurídico por virtud del cual el acreedor transmite a un tercero los derechos que tiene respecto de su deudor. Se caracteriza porque la relación jurídica permanece inalterable, excepción hecha del cambio del sujeto activo. Por su parte, la cesión de derechos hereditarios es una especie del género “cesión de derechos” y se caracteriza por el cambio de la persona del heredero por la del cesionario, quien adquiere sus derechos sobre la herencia. n ¿Qué se transmite en una cesión de derechos hereditarios?

La cesión de derechos hereditarios es una transmisión a título universal en la que el cedente no enumera las cosas de que se compone la herencia y sólo está obligado a garantizar su calidad de heredero. n ¿La cesión de derechos hereditarios implica la transmisión de propiedad inmobiliaria?

El cesionario adquiere única y exclusivamente la facultad de presentarse a la tramitación sucesoria para hacer valer los

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abogacía Mayo 2021

derechos hereditarios que le fueron cedidos. Así, el cesionario tendrá que presentarse para que se le reconozca como heredero y, eventualmente, se le adjudique el bien o los bienes inmuebles que correspondan.

La cesión de derechos hereditarios no tiene como efecto la traslación de derechos de propiedad sobre los inmuebles que integran la masa hereditaria. No importa que la masa hereditaria esté conformada exclusivamente por uno o varios inmuebles. n ¿Qué aspectos deben considerarse antes de celebrar una cesión de derechos hereditarios?

Antes de celebrar una cesión de derechos hereditarios es recomendable considerar los siguientes aspectos con el fin de valorar su viabilidad: i) ¿Se trata de la herencia de una persona viva o muerta? ii) ¿Se trata de una sucesión testamentaria o intestamentaria? iii) ¿Hay controversias entre herederos y/o legatarios? iv) ¿Hay herederos menores de edad o mayores incapaces? v) ¿La tramitación sucesoria es ante notario público o judicial? vi) ¿El cesionario de los derechos hereditarios es un tercero ajeno a los herederos o es uno de dichos herederos?

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vii) ¿Ya se formó el inventario de la sucesión y se consideraron las consecuencias fiscales?

A continuación se presentan algunos comentarios breves sobre lo anterior. n ¿Se trata de la herencia de una persona viva o muerta?

Existe una prohibición expresa en nuestro Código Civil respecto de las cosas futuras que pueden ser objeto de los contratos. En el caso concreto que nos ocupa, nuestro Código Civil señala que no puede ser objeto de un contrato la herencia de una persona viva, aunque ésta preste su consentimiento. n ¿Se trata de una sucesión testamentaria o intestamentaria?

En el caso de una sucesión testamentaria es preciso revisar el título con el que se acredita la legitimación o la calidad de heredero. El título básico, por decirlo de algún modo, es el testamento en el que consta la designación del heredero que cede sus derechos sucesorios.

En la sucesión intestamentaria hay que acreditar la legitimación a partir de los supuestos que el propio Código Civil prevé. Por ejemplo, si concurren los hijos con el cónyuge, los

primeros tendrán que acreditar el entroncamiento con el de cujus, y la segunda, la existencia del matrimonio. n ¿Hay controversias entre herederos y/o legatarios?

Si hay una pluralidad de herederos, la prudencia notarial indica que no deben celebrarse cesiones de derechos hereditarios cuando haya controversias entre ellos.

Es importante cerciorarse de que no haya sido impugnada la validez del testamento o la designación de los herederos y que éstos tengan la voluntad de llevar de común acuerdo la sucesión. En unión del testamento también debemos revisar el testimonio de la escritura en la que conste la aceptación de la herencia. En la aceptación de la herencia los herederos declaran que reconocen la validez del testamento y su conformidad de tramitar la sucesión ante el notario correspondiente.

El hecho de que la tramitación sucesoria se realice en sede judicial no implica necesariamente que existan controversias entre los herederos. En todo caso, hay que revisar de manera acuciosa las actuaciones judiciales que consten en el expediente que se haya abierto con motivo de la denuncia del juicio sucesorio.

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[ El notario responde ]

n ¿Hay herederos menores de edad o mayores incapaces?

La viabilidad de la cesión de derechos hereditarios está condicionada a que el cedente sea capaz. Ya señalamos que la cesión de derechos hereditarios no tiene como efecto la traslación de derechos de propiedad sobre los bienes que integran la masa hereditaria. Sin embargo, la prudencia notarial obliga a tomar en cuenta la ratio legis que prevé nuestro Código Civil respecto de las causas y la formalidad habilitante que deben satisfacerse para la enajenación de bienes inmuebles y muebles preciosos de menores sujetos a patria potestad.

Lo mismo sucedería en el caso de los mayores incapaces, en que debiéramos considerar la regulación aplicable a la tutela.

Asumiendo que el cedente es capaz, nuevamente es necesario determinar si es el único heredero o si hay una pluralidad de éstos. Si hubiera una pluralidad de herederos y entre éstos hubiera algún menor de edad o un mayor incapaz, la tramitación deberá hacerse necesariamente en sede judicial con intervención del Ministerio Público.

La expectativa de la ganancia que esperamos obtener por la adquisición de los derechos hereditarios se puede ver drásticamente modificada si consideramos la totalidad de las deudas y/o pasivos que están pendientes de cumplimiento y las consecuencias fiscales que se producen.

n ¿La tramitación sucesoria es ante notario público o judicial?

Es importante considerar los tiempos y los costos asociados con el tipo de tramitación sucesoria. Dada la alta carga de trabajo a la que están sometidos los tribunales civiles, la tramitación notarial tiende a ser más ágil y menos costosa.

n ¿El cesionario de los derechos hereditarios es un tercero ajeno a los herederos o es uno de dichos herederos?

Es probable que la cesión de derechos hereditarios en la que haya un solo heredero universal presente menores dificultades que cuando haya una pluralidad de herederos.

Además, tratándose de una pluralidad de herederos, debemos considerar el derecho del tanto que tienen cuando alguno de los coherederos quiera vender a un extraño su derecho hereditario. n ¿Ya se formó el inventario de la sucesión y se consideraron las consecuencias fiscales?

La expectativa de la ganancia que esperamos obtener por la adquisición de los derechos hereditarios se puede ver drásticamente modificada si consideramos la totalidad de las deudas y/o pasivos que están pendientes de cumplimiento y las consecuencias fiscales que se producen.

Incluso considerando el beneficio de inventario, la contraprestación entregada a cambio de los derechos hereditarios podría representar el monto de la pérdida que tendría que soportar el adquirente que no haya hecho una estimación correcta de todo lo anterior. 7

Amando Mastachi Aguario es notario público 121 de la Ciudad de México. amastachi@notaria121cdmx.com

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[ Nuevos talentos ]

Las épocas del Semanario Judicial de la Federación Santiago Villalobos Arena

Con la aprobación del Acuerdo General 1/2021, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este 1º de mayo dé inicio la undécima epoca del Semanario Judicial de la Federación. El autor de este artículo nos ofrece un recuento de los grandes momentos de esta publicación, así como de los cambios que introduce la nueva época.

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abogacía Mayo 2021

A

sí como la Revolución francesa significó un parteaguas entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, cuando ocurren eventos de gran trascendencia para el sistema jurídico mexicano, el Semanario Judicial de la Federación cierra un capítulo para dar lugar a una nueva etapa.

El pasado 11 marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional más importante en materia judicial de la última década. Entre otras muchas cuestiones, introdujo la llamada jurisprudencia por precedentes, la cual permite al Pleno y a las salas del Máximo Tribunal fijar criterios obligatorios para el resto de las autoridades jurisdiccionales con tan sólo resolver un asunto. Asimismo, fortaleció la función de la Suprema Corte como tribunal constitucional al modificar los criterios de procedencia de los recursos de revisión en amparo directo, los recursos de reclamación que de ellos deriven, las controversias constitucionales y los recursos de revisión administrativa. Por si eso fuera poco, el texto constitucional prevé, además, la existencia de dos nuevos órganos dentro del Poder Judicial de la Federación: los plenos regionales, que sustituirán a los plenos de circuito, y los tribunales de apelación, que asumirán la competencia que antes correspondía a los tribunales unitarios de circuito.

Cambios tan medulares a la función jurisdiccional llevaron a que el Pleno de la Suprema Corte emitiera hace unas semanas el Acuerdo General 1/2021, el cual determina que el 1º de mayo de este año da inicio la undécima época del Semanario Judicial de la Federación.

Con el fin de comprender la manera en que el Semanario ha llegado hasta este punto, vale la pena regresar en el tiempo y recordar algunos acontecimientos sociales, políticos y jurídicos que marcaron a las pasadas épocas de esta importante publicación.

Antes que nada, es necesario recordar que las once épocas del Semanario se dividen en dos grandes periodos, separados por la entrada en vigor de la Constitución de 1917. El primero de ellos comprende las primeras cuatro épocas, cuya jurisprudencia se considera “histórica”, pues al haber sido emitida con fundamento en la abrogada Constitución de 1857 ya no tiene ninguna aplicación práctica. Por su parte, el segundo de estos periodos engloba al resto de las épocas y recoge toda la jurisprudencia “vigente” desde 1917.

La primera época surgió a la par del propio Semanario, el cual fue creado por decreto del Congreso de la Unión del 8 de diciembre de 1870, con el objetivo de fungir como medio oficial de difusión de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales, entre otros documentos. Si bien en ese entonces la Ley de Amparo de 1869 no otorgaba mayor

valor a los precedentes judiciales, sí mandataba expresamente la publicación de todas las sentencias de amparo, en un ánimo de unificar criterios.

Debido a problemas financieros y administrativos, así como a la inestabilidad política generada por la proclamación del Plan de Tuxtepec, la publicación del Semanario se interrumpió en 1875.

La Suprema Corte retomó su edición en 1881, lo cual dio entrada a la segunda época. Durante esta etapa comenzó la vigencia de la Ley de Amparo de 1882, cuando se previó por primera vez la jurisprudencia por reiteración y su obligatoriedad.

El creciente aumento en la cantidad de asuntos competencia de los tribunales federales dio lugar a la apertura de la tercera época, en 1890.

Por su parte, la cuarta época empezó en 1898, a tan sólo unos meses de haberse terminado de expedir el Código de Procedimientos Federales de 1897. Bajo la premisa de que “sólo el legislador puede interpretar, aclarar, modificar o derogar la ley, y que a los tribunales toca únicamente aplicarla”, ese código suprimió la institución de la jurisprudencia. Sin embargo, el artículo 827 de dicho código aún obligaba a publicar en el Semanario las ejecutorias de los jueces de distrito y de la Suprema Corte, así como los votos de minoría. En 1908 se publicó un nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles que reincorporó la jurisprudencia por reiteración de la Suprema Corte.

El Semanario volvió a interrumpirse en 1914 ante el triunfo del Plan de Guadalupe y la clausura de la Suprema Corte por parte de Venustiano Carranza, lo cual significó el fin de la cuarta época y del periodo histórico de la jurisprudencia mexicana.

La expedición de la Constitución de 1917 y el restablecimiento del orden constitucional dieron pie a la quinta época del Semanario. Si bien el texto constitucional no hizo originalmente ninguna referencia a la jurisprudencia, ésta continuó siendo regulada en las leyes secundarias de amparo, para después ser elevada a nivel constitucional en 1951. Con esta última reforma se crearon, además, los tribunales colegiados de circuito y se instituyó por primera vez la jurisprudencia por contradicción.

Por su parte, la sexta época inició en 1957, después de que la Suprema Corte modificara diversas cuestiones relacionadas con la edición del Semanario.

Diez años más tarde, la Constitución otorgó competencia a los tribunales colegiados de circuito para integrar jurisprudencia y para conocer de amparos directos, lo cual propició la apertura de la séptima época, en 1969.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Nuevos talentos ]

A su vez, la octava época comenzó en 1988, meses después de que la Norma Fundamental depositara en los tribunales colegiados de circuito el control de legalidad en el amparo.

A efecto de consolidar el rol de la Suprema Corte como tribunal constitucional, en diciembre de 1994 se publicó otra importante reforma a la Carta Magna. Además de crearse el Consejo de la Judicatura Federal, de modificarse la integración del Máximo Tribunal y de ampliarse la legitimación en las controversias constitucionales, se introdujo la acción de inconstitucionalidad como otro medio de control constitucional. Ante modificaciones tan trascendentes para el ámbito jurisdiccional, el Pleno de la Suprema Corte determinó inaugurar al poco tiempo la novena época.

Finalmente, los cambios de paradigma en materia de amparo y derechos humanos introducidos a raíz de las reformas del 6 y el 10 de junio de 2011 llevaron inevitablemente a la apertura de la décima época ese mismo año. Esta etapa estuvo caracterizada por un vigoroso activismo judicial, a través del cual se dotó de contenido a las novedosas provisiones constitucionales, siempre con el ánimo de lograr una efectiva tutela de los derechos humanos. Lo anterior, aunado a la “reciente” obligación de todas las autoridades jurisdiccionales de ejercer un control de constitucionalidad, hizo más patente que nunca la importancia que guarda el Semanario como difusor de las interpretaciones de los tribunales federales.

La undécima época llega también a la par de disposiciones constitucionales que abren el espacio para la generación de nuevos e interesantes criterios. No cabe duda de que la comunidad jurídica entera espera con ansias el desarrollo de este capítulo del Semanario Judicial de la Federación. 7

La reforma constitucional en materia judicial introdujo la jurisprudencia por precedentes, la cual permite al Pleno y a las salas del Máximo Tribunal fijar criterios obligatorios para el resto de las autoridades jurisdiccionales con tan sólo resolver un asunto.”

Referencias: • Suprema Corte de Justicia de la Nación (2005). La jurisprudencia en México, 2ª ed., Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México.

• Zertuche García, Héctor Gerardo (2020). La jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano, 3ª ed., Porrúa, México.

Santiago Villalobos Arena es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y colaborador en el Poder Judicial de la Federación.

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abogacía Mayo 2021

convoca al

Premio Anual de Escritura a los nuevos talentos de la abogacía

BASES: • • • • • • •

•

Podrán participar todos los estudiantes de la licenciatura en derecho de cualquier institución educativa de la República Mexicana que sometan un artículo inédito para su publicación en la revista abogacía.

Los artículos podrán abordar cualquier temática de actualidad e interés para la sociedad, siempre y cuando contemplen un marco teórico jurídico.

Los trabajos presentados deberán ser escritos en formato de divulgación (la exposición de hechos, conceptos e ideas deberá contemplar un lenguaje claro, sintético y accesible al público no necesariamente especializado).

Los artículos deberán enviarse a la dirección electrónica editor@revistaabogacia.com en formato Word y no deberán exceder los 14,000 caracteres con espacios.

La fecha límite para enviar trabajos y ser considerados en la edición 2021 del premio es el 26 de noviembre de 2021.

El jurado calificador de los trabajos estará integrado por los miembros del Consejo Editorial de la revista abogacía.

En enero de 2022 el jurado calificador determinará al ganador único del premio entre aquellos autores que hayan sido publicados en la sección “Nuevos Talentos” de la revista, en cualquiera de las ediciones de 2021, tomando en consideración la originalidad del tema abordado, los planteamientos propuestos y el uso del lenguaje.

El premio consistirá en $10,000.00 (diez mil pesos).

Los libros, las mentes y los paraguas sólo sirven si se abren...

El fallo del jurado será inapelable. El resultado del certamen se dará a conocer el 28 de enero de 2022, a través de la página web y las redes sociales de la revista abogacía. La participación en este certamen supone la aceptación de las bases anteriormente expuestas.

[ Perspectiva económica ]

Ismael Dionisio Valverde Ambriz

Globalización y digitalización de la economía: el papel del gasto de gobierno y la reforma tributaria

E

l papel que debe desempeñar el gobierno para ayudar a un país a adaptarse con éxito a la globalización tiene varios aspectos. En primer lugar, debe eliminar los obstáculos que podrían impedir que la economía funcione con éxito en un entorno de mayor apertura comercial.

En segundo lugar, debe introducir políticas capaces de regular o detener los impactos negativos de una mayor actividad comercial, como salarios más bajos o pérdida de mercado para los productos nacionales. En tercer lugar, lo cual va muy de la mano con lo anterior, debe apoyar a los mayores perdedores de la apertura del mercado interno para hacerle frente a los cambios y, progresivamente, ayudarlos a reintegrarse al nuevo entorno económico.

En países en desarrollo como México existen diversos obstáculos que impiden que los mercados operen con un mayor nivel de eficiencia. Estos obstáculos pueden clasificarse del siguiente modo: i) físicos, ii) institucionales y iii) los generados por políticas incorrectas. El proceso de hacer una economía mejor preparada para un entorno más abierto y competitivo requiere cambios en estos tres obstáculos.

En relación con el primer aspecto, queda claro que una economía que funcione bien necesita infraestructura física.

Por lo general, pero no siempre, ésta es proporcionada o financiada por el gobierno. Incluye carreteras, puertos, aeropuertos, puentes, túneles, líneas eléctricas, obras hidráulicas, alcantarillado, etcétera. Esta infraestructura es necesaria

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abogacía Mayo 2021

para facilitar los movimientos de personas y mercancías sin costos excesivos.

Lo anterior es cierto para cualquier economía, pero la apertura de los mercados internos a la globalización hace que estos aspectos sean particularmente significativos porque una mayor parte de la producción del país debe exportarse. Esta apertura puede requerir importantes inversiones destinadas a mejorar la calidad de la infraestructura física de México y, en particular, de las infraestructuras que unirán al país con el resto del mundo.

La globalización requiere un análisis más detallado de la infraestructura existente de un país y de las inversiones necesarias para que esa infraestructura sea adecuada al nuevo entorno económico que incluirá aumentos en las exportaciones y las importaciones. Por lo tanto, el gasto del gobierno para mejorar y expandir la infraestructura existente deberá aumentar. La razón es que enviar productos fuera de un país, cuando las carreteras y los puertos no son los adecuados, puede resultar muy caro.

En relación con el segundo aspecto, una economía que funcione bien necesita instituciones eficientes. La calidad de estas instituciones debe ser buena si el país va a competir con otros países y si los costos burocráticos no elevarán el costo de sus exportaciones y desalentarán la inversión extranjera directa. Las instituciones de un país deben: a) facilitar la celebración de contratos, registrarlos y hacerlos cumplir de

Con la globalización del mundo actual, algunos aspectos que parecían poco importantes en una economía cerrada se han vuelto fundamentales en una economía abierta y digital. El autor explica cuáles son los aspectos principales que favorecen la apertura comercial de un país y su competitividad a nivel internacional.

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manera eficiente; b) proteger propiedades y derechos de puede afectar seriamente a otras instituciones. Así, en un país propiedad; c) mediar en controversias rápidamente y a un en proceso de globalización, las fallas institucionales, sobre costo razonable; d) facilitar la entrada a nuevas actividades, todo las tributarias, pueden resultar particularmente dañinas incluida la creación de nuevas empresas; e) facilitar la salida para la competitividad económica internacional. de algunas actividades, ya sea voluntaria o forzada por la En el caso de México es claro que con la aprobación de quiebra; f) proteger y capacitar a la fuerza laboral, además de diversas iniciativas recientes, como la reforma eléctrica o la búsqueda de una reforma fiscal “sin subir brindar oportunidades a los trabajadores que pierdan su empleo; g) facilitar la impuestos”, habrá una falta de correlación La creación de una infraestransferencia de fondos de los ahorradoentre el desarrollo económico y el desarrores a los inversores o de una inversión a tructura institucional adecuada llo institucional. Y es que con la globalizaotra, y h) facilitar la administración y el requiere un gasto adicional por ción y la digitalización de las empresas, cumplimiento tributario. algunos aspectos que parecían poco imporparte del gobierno, así como el tantes en una economía cerrada se han Las instituciones se alimentan unas de otras y facilitan el trabajo de las demás. abandono de formas antiguas o vuelto fundamentales en una economía Cuando una institución fracasa puede abierta y digital. Algunos ejemplos son la tener un impacto negativo significativo tradicionales de hacer las cosas. transparencia y la objetividad de las reglas, en las actividades económicas y en otras las normas contables, las leyes de quiebras, instituciones y dañar la economía. Por ejemplo, un sistema de los requisitos de divulgación para las empresas, las reglas para justicia con fallas propicia que sea más difícil tener una eco- promover la competencia, las reglas que ordenan la inversión nomía basada en reglas y también un buen sistema tributario extranjera, las reglas contra los actos de corrupción, etcétera. porque los evasores de impuestos o aquellos que no cumplen A todas luces es evidente que la creación de una infraestruccon los términos de los contratos no son penalizados. Un tura institucional adecuada necesitará un gasto adicional por sistema educativo fallido produce ciudadanos y trabajadores parte del gobierno. También requerirá el abandono de formas mal capacitados y una administración pública ineficiente. antiguas o tradicionales de hacer las cosas. Por ejemplo, el Un concepto importante aquí es el de las externalidades abandono de un sistema en el que las relaciones económicas institucionales, lo que implica que el fracaso en una institución se basan mayoritariamente en relaciones interpersonales LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Perspectiva económica ]

Cuando una institución fracasa puede tener un impacto negativo significativo en las actividades económicas y en otras instituciones y dañar la economía. Por ejemplo, un sistema educativo fallido produce ciudadanos y trabajadores mal capacitados y una administración pública ineficiente.

informales, para reemplazarlo por un sistema basado en reglas claras que se apliquen objetivamente a todos, incluyendo a los extranjeros.

Estos cambios pueden requerir reformas significativas en las instituciones y el avance hacia mayor transparencia y mejora en la regulación, aspectos en los que la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador tiene mucho qué hacer. Y es que en México se ha demostrado que el avance hacia un nuevo sistema tributario puede toparse con obstáculos de naturaleza más bien política que económica. No hay que olvidar que un sistema basado en reglas será esencial para acabar con la corrupción y dar confianza al país.

Finalmente, en lo que corresponde al tema de la instrumentación de políticas incorrectas, es importante hacer notar que un país podría tener excelentes infraestructuras físicas e institucionales y aun así no funcionar bien en un mundo globalizado si sus políticas no son correctas. Los formuladores de políticas podrían cometer errores al fijar las tasas de interés, al elegir un sistema tributario, al determinar el nivel o la composición del gasto público, al elegir el tipo de cambio, etcétera. En un entorno competitivo internacionalmente, estos errores pueden ser costosos. La razón de lo anterior es que la globalización y la digitalización de la economía han hecho posible que los responsables políticos tengan acceso a flujos de recursos financieros mucho mayores de lo que era posible en el entorno cerrado del pasado.

Por esa razón las crisis financieras, estimuladas por políticas deficientes, se han vuelto más frecuentes a lo largo de los años.

Por otro lado, los países que siguen mejores políticas económicas ahora son capaces de crecer a tasas mucho más altas de lo que era posible hacerlo en el pasado, como se desprende de los desempeños de China, Corea, Taiwán, Tailandia, Chile, Irlanda y otros países. El mayor acceso al capital extranjero, a las tecnologías y a los mercados extranjeros, favorecido por la globalización, lo ha hecho posible. Instrumentar leyes que

los limiten representa un serio obstáculo para el crecimiento económico.

Tampoco hay que olvidar que los mercados necesitan la participación gubernamental para hacer frente a los problemas que ocasiona el mercado. El gobierno debe fortalecer y hacer cumplir las reglas que requieren el suministro de información completa sobre las cuentas de las empresas públicas y privadas. Este aspecto está íntimamente ligado a la necesidad de introducir buenas reglas contables, todo con el fin de mejorar la capacidad regulatoria de un país.

Es claro que la apertura comercial y la digitalización generan que un grupo de personas sufra pérdidas económicas, especialmente a corto plazo. Algunas de estas personas pueden transferirse rápidamente a otras actividades en expansión.

Sin embargo, otras pueden ser demasiado mayores o no estar capacitadas para encontrar fácilmente otros trabajos o para crear nuevas actividades en el nuevo entorno. Para estas personas es posible que el gobierno deba intervenir con programas de jubilación anticipada, compensación por desempleo, préstamos subsidiados para iniciar otras actividades, etcétera. Estos programas suelen resultar costosos y dar lugar a un mayor gasto público.

Al mismo tiempo, como ya se mencionó, algunos grupos estarán mejor preparados o en mejores posiciones para aprovechar las nuevas oportunidades. Estos grupos podrían ver cómo sus ingresos aumentan rápidamente, dando lugar al resultado a menudo observado de un empeoramiento de la distribución del ingreso. Si bien el gobierno no puede ignorar a quienes sufren reducciones de ingresos, tampoco debe ignorar a los que se benefician con los cambios. Este último grupo debe contribuir de manera equitativa, a través de un sistema tributario adecuado, al mayor gasto público que enfrenta el gobierno. Lo anterior nos lleva más directamente a la cuestión del papel que desempeña la reforma fiscal durante la globalización y la digitalización de la economía. 7

Ismael Dionisio Valverde Ambriz es maestro en economía. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en la CEPAL, el BID y la FAO, entre otros organismos. Es editor de exploring-economics.org y miembro del Financial Stability Working Group del Institute for New Economic Thinking. Es articulista en Excélsior. ismael.valverde@comunidad.unam.mx @ivalverdea

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abogacía Mayo 2021

PROGRAMAS PROGRAMA Doctorado en Derecho

DOCTORADO

DIRECTOR

Manuel Alexandro Munive Paez

INICIO

Febrero 2022

Todos los cursos se imparten virtualmente en la plataforma zoom.

HORARIO Por investigación

5 semestres

MAESTRÍAS PROGRAMA

COORDINADOR

INICIO

HORARIO

Maestría en Derecho Privado

Juan Pablo Estrada Michel

Agosto 2021

Lunes y miércoles 7:00 a 10:00 hrs.

4 semestres

Maestría en Derecho Constitucional

Ricardo Silva Díaz

Agosto 2021

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

4 semestres

Maestría en Derecho Procesal

Rodolfo Gómez Alcalá

Agosto 2021

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

4 semestres

Maestría en Derecho Laboral

Rafael Sánchez Navarro

Septiembre 2021

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Jueves 16:00 a 21:00 hrs. semestres Viernes 8:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 4(1 fin de semana por mes) 21:00 hrs. Sábado 9:00 a 14:00 hrs.

ESPECIALIDADES - CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

K

Especialidad en Derecho Tributario

Felipe Garcia Estrada

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad en Derecho Penal

Rafael E. Mateos Poumián

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad/Curso de Actualización en Derecho Mercantil

Gerardo Lozano Alarcón

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad/Curso de Actualización en Derecho Civil

Fernando Cataño Muro Sandoval

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad en Sistema Acusatorio

Rodolfo Félix Cárdenas

Octubre 2021

Jueves o viernes 17:00 a 21:00 hrs. y Sábado 9:00 a 13:00 hrs.

2 semestres

DIPLOMADOS Derecho de la Energía

Israel Hurtado Acosta

Febrero 2022

Protección de Datos Personales

Gustavo Parra Noriega

Abril 2021

Delitos Fiscales

Ambrosio Michel

Febrero 2022

Derecho de la Insolvencia

Cecilia Lizardi Tort

Octubre 2021

Derecho Sanitario

Lisandro Herrera

Octubre 2021

Compliance

Paola Medellín Claudia Villalobos

Octubre 2021

Lunes y miércoles 8:00 a 10:00 hrs.

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

Martes y jueves 8:00 a 10:00 hrs.

Lunes y miércoles 8:00 a 10:00 hrs.

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

Martes y jueves 8:00 a 10:00 hrs.

3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses

Informes: clizardi@eld.edu.mx / msmeke@eld.edu.mx

Emilio Gárate

aspectos clave del nuevo sistema de pensiones Pixabay

El 16 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la más reciente reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que nació de la necesidad de regular la forma en que las personas trabajadoras aseguren un retiro digno según el tiempo durante el cual han trabajado, además de evitar una crisis que se ha ido revelando en los últimos años.

El autor desmenuza las principales implicaciones de la reforma.

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abogacía Mayo 2021

E

n 1997 se estableció que cada persona trabajadora cotizaría de manera independiente mediante las administradoras de fondos para el retiro (Afores), lo que en los últimos 23 años ha significado una precarización del trabajo, pues muchas personas empleadas estaban registradas ante el Seguro Social con salarios menores a los que recibían y muchas otras no cotizaban el mínimo necesario para recibir una pensión. En ese sentido, la intención de la más reciente reforma es dar una oportunidad a más personas de asegurar un retiro económicamente remunerado. Esta nueva ley es resultado de un acuerdo entre los sectores empresarial, obrero y gobierno.

Cambios más importantes • Reducción de semanas cotizadas: pasan de 1,250 a 750, incrementándose en 25 semanas cada año, hasta acumular las 1,000 semanas en 2031; sin embargo, se mantiene la edad de retiro, es decir, 60 años por cesantía y 65 años por vejez.

• Gracias a lo anterior, las personas podrán solicitar su pensión tras 15 años de cotización, en lugar de hacerlo a los 25, como estaba establecido antes.

• Además, las personas que hubieran recibido negativa de pensión por un número de cotización de semanas inferior a 1,250, tendrán derecho a solicitarla nuevamente con los requisitos vigentes, siempre y cuando no hayan concluido el trámite; sin embargo, en caso de haber elegido los recursos de la Afore, ya no será posible revertir su decisión.

• Podrán pensionarse incluso antes de cumplir las edades señaladas, siempre y cuando la pensión que se les calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más de 30 por ciento de la pensión garantizada que les corresponda conforme a las semanas de cotización, al salario base de cotización y a la edad de 60 años. Además, el asegurado podrá recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual, en una o varias exhibiciones, una vez cubierta la prima del seguro de supervivencia para sus beneficiarios.

• Pensiones mayores para personas con ingresos menores: en lugar de tener pensiones por 30 por ciento de sus salarios, recibirán 68 por ciento. Esto se logrará mediante la aportación gubernamental, que se convierte en una “cuota social” concentrada en los trabajadores de menores ingresos (quienes ganen hasta cuatro salarios mínimos).

• En función del punto anterior, se modifica el monto de la pensión garantizada, por lo que se incrementa para los trabajadores que promedien de 2 UMA en adelante, siendo el rango más amplio de ajuste de 3,746 a 8,241 pesos al mes para los trabajadores que promedien un salario base de cotización de 5 UMA en adelante.

• Los patrones cubrirán una mayor parte de la aportación. De manera escalonada, aumentarán las aportaciones del 3.15 actual al 11.8757 por ciento sobre el salario base de cotización de cada empleado.

• Se establece un tope a las comisiones que pueden cobrar las Afores, estableciéndose paulatinamente dentro del margen de las prácticas internacionales, como en Colombia, Chile y Estados Unidos.

Ventajas que plantea la reforma • Se establece una aportación tripartita, lo cual modifica e incrementa los recursos que el asegurado podrá obtener al momento de su retiro.

• Las personas trabajadoras podrán recibir mayores rendimientos de sus Afores, pues comenzarán a cotizar con mejores salarios.

• Más empleados accederán a una jubilación, aunque antes hubieren trabajado en la informalidad. Lo anterior será posible porque con la reducción de semanas cotizadas no es necesario haber trabajado formalmente durante tantos años para obtener una pensión.

• Se prevé que con esta reforma más personas tendrán derecho a una pensión —pasará de 57 a 97 por ciento— y ésta representará un ingreso mayor, más cercano a su sueldo durante el tiempo de trabajo.

Es importante hacer notar que esta reforma no afecta de forma general a las personas que se encuentran bajo la Ley del IMSS de 1997, es decir, quienes comenzaron a cotizar su retiro en julio de ese año, y quienes estarán inmediatamente beneficiadas serán aquellas entre 55 y 60 años de edad, que cotizaron menos de 25 años, ni tampoco cambia el régimen bajo el cual están constituidos.7

Si bien esta reforma plantea una visión muy optimista para los trabajadores, los expertos afirman que el aumento de las cuotas por parte de los empleadores a la larga puede ser perjudicial, especialmente para los negocios más pequeños, pues existe el riesgo de que inscriban a sus empleados con salarios menores o que se vean sobrepasados por el pago de cuotas, sobre todo cuando no ha habido una recuperación económica por la pandemia por Covid-19.”

Emilio Gárate es abogado por la Universidad Intercontinental, socio de la firma Becerril, Coca & Becerril, S.C., y cuenta con más de 20 años de experiencia en derecho corporativo y comercial.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Experiencias ]

Jimena Cándano

Justicia para adolescentes: la justicia olvidada ¿Es posible lograr la reinserción exitosa a la sociedad de aquellos adolescentes que han cometido un delito? La fundación Reintegra lleva más de 27 años trabajando en este tema, tiempo durante el cual ha demostrado que 96 por ciento de los jóvenes a los que ha atendido no vuelven a cometer un delito.

Su directora nos comparte la experiencia que viven día a día con el sistema de justicia para adolescentes.

P

or desgracia, hablar de justicia en México es muy doloroso, porque somos un país donde la impunidad llega a cifras escalofriantes —arriba de 95 por ciento— y donde las cárceles están llenas de pobres y de personas que, contrariamente a lo que señala la Constitución, tienen que probar su inocencia, e incluso pueden llevar más de 17 años sin haber sido juzgados.

En la última década, transitamos al “nuevo sistema de justicia penal”. En este cambio se invirtieron millones de pesos para la capacitación de jueces, fiscales y abogados. Se buscaba un sistema más abierto, con mejor investigación, ágil y, como fin último, justo; sin embargo, esto no se ha logrado.

En paralelo, se debió haber trabajado y planeado el sistema de justicia para adolescentes, pero a esta labor no sólo no se le invirtió dinero, sino tampoco tiempo ni interés. A punto de vencer el plazo constitucional, en 2016 se aprobó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Fue aprobada gracias al esfuerzo de varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Reintegra, Renace y el Instituto de Justicia Procesal Penal, quienes presentamos, con apoyo de senadores de todos los partidos políticos, una iniciativa de ley. A diferencia del

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abogacía Mayo 2021

sistema para adultos, no hubo ninguna inversión para capacitación del personal de este sistema teóricamente integral.

Se aprobó la ley y a los tres días entró en vigor.

Como podemos ver, el interés por nuestros jóvenes no es mucho. Han pasado cinco años y en la mayoría de los estados no se ha trabajado por la especialización: jueces de adultos siguen atendiendo casos de adolescentes, el personal que trabaja con los jóvenes tampoco está especializado y la realidad es que no podemos hablar de una verdadera reinserción.

Incluso en las carreras de derecho no se ofrece la opción de especializarse en justicia para adolescentes y, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México la materia se sigue llamando menores infractores, término que quedó en desuso desde 2005. ¿Por qué es importante trabajar en la justicia para adolescentes?

En Reintegra llevamos más de 27 años abocados a la reinserción social de adolescentes. Durante ese tiempo hemos comprobado que es posible lograr una reinserción exitosa, pues nuestra estadística demuestra que 96 por ciento de los jóvenes que cumplen su medida con nosotros no vuelven a cometer un delito. ¿Cómo lo conseguimos? Con un modelo sólido, medido y probado a lo largo de los años, con un equipo de especialistas en múltiples disciplinas que acompañan a las y los adolescentes durante todo el proceso, así como con abogados que, a través de asesoría jurídica, les explican el proceso y apoyan a que sea justo, protegiendo sus derechos humanos.

Usualmente, quienes estudiamos derecho lo hacemos motivados por el bien común y la búsqueda de la justicia, y si hay una materia en la que se cumple esto es en la relativa a la justicia para adolescentes.

Las y los adolescentes que cometen delitos suelen haber crecido en colonias donde el delito y la violencia están normalizados y no han tenido oportunidades reales para generar un proyecto de vida positivo. El gobierno los ha abandonado, y la sociedad también. En muchos casos han sido niñas y niños que han vivido violencia en su hogar, en la escuela, en su comunidad. Todas y todos somos responsables del abandono en el que han vivido y también somos víctimas de las consecuencias de ese fenómeno.

Hay muchas historias que me han marcado a lo largo de los años. Me gustaría compartir algunas, aunque por motivos legales y de seguridad cambiaré los nombres.

El sueño de Rocío Rocío sufría violencia intrafamiliar por parte de su padrastro y su mamá no podía defenderla, así que a los 13 años de edad decidió dejar su casa y empezó a vivir en la calle. Ahí conoció

las drogas y comenzó a consumirlas. Fue víctima de múltiples violaciones. A los 15 años conoció a Hugo, que tenía 18, y se volvieron novios. Un día, en compañía de Hugo y sus amigos asaltaron a una persona.

Rocío llegó a Reintegra durante su juicio, con un problema serio de adicciones, además de los daños socioemocionales inherentes a lo que había vivido. Después de un año de trabajo logró reducir su consumo de sustancias y mejorar su autoestima y su relación familiar. Regresó a su casa. Su sueño era ser estilista, por lo que empezó a trabajar en una estética y a capacitarse. Con el paso de los años Rocío siguió trabajando, ya no consume drogas y está teniendo la vida con la que había soñado.

Buscando nuevos amigos José es el hijo mayor de una familia de cuatro miembros.

Nunca conoció a su papá, pero tiene una mamá muy amorosa y presente. Creció en Tepito. Cuando su madre salía a trabajar, se quedaba con sus amigos en la calle, con todos los usos y costumbres que eso significaba: peleas, drogas, violencia y delito.

José fue detenido y sentenciado a una medida en internamiento por robo en pandilla. Él asegura que no cometió ese delito; sin embargo, ya había cometido varios antes, pero nunca lo habían detenido. Llegó a Reintegra cuando había cumplido casi un año privado de la libertad y le faltaban varios meses para salir de la cárcel.

Cumplió su medida en internamiento con nosotros y, una vez que obtuvo la libertad, comenzó a asistir, junto con su mamá, a la fundación. Su proceso fue largo, pero lleno de compromiso, pues estaba decidido a salir adelante y a cambiar su historia.

Tuvo muchos retos, sobre todo al volver a casa, ya que sus amigos seguían consumiendo drogas y robando. Su decisión de cambio de vida incluyó abandonar esas amistades y convertirse en un blanco de la violencia y el acoso por parte de los que alguna vez fueron sus amigos.

Romper con las costumbres de la comunidad y con lo que se esperaba de él para ser parte de la comunidad ha sido muy complejo. Hoy, después de seis años, José se dedica a apoyar a otros jóvenes que, como él, se encuentran en contacto con el sistema de justicia.

Un tema de interés público Como éstas, existen cientos de historias de jóvenes y familias que encuentran una segunda oportunidad y se comprometen para lograr un cambio personal, pero también social.

Trabajar a favor de ellos, para que puedan tener otra oportunidad, ahora sí con apoyo para formar su proyecto de vida y convertirse en agentes de paz, es un tema de justicia social, pero también de interés público.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Experiencias ]

Reintegra trabaja a favor de la justicia social, de la equidad de oportunidades y derechos para los jóvenes en conflicto con la ley. Tiene como misión prevenir el delito y reintegrar a la sociedad a quienes experimentan conflictos penales, fortaleciendo sus capacidades y concretando un proyecto de vida. Es un referente en la opinión pública nacional e internacional en la prevención del delito a través de la reinserción social.

Si logramos que un adolescente no escale en la cadena delictiva, sino, por el contrario, que se convierta en un agente de paz para su familia, su comunidad y nuestro país, podemos incidir de forma directa en la reducción de los índices de violencia y delincuencia que tanto daño le hacen a la sociedad.

El cambio es posible y está probado. Lo que necesitamos es un compromiso real de los gobiernos federales y estatales para trabajar de manera eficaz y eficiente en la reinserción social de estas y estos jóvenes, para evitar que en el futuro se unan a las filas del crimen organizado.

están comprometidos con la búsqueda de la justicia y de un México mejor, y que desde cada uno de sus espacios hacen la diferencia, lo que agradezco enormemente, pero necesitamos más abogados que estén dispuestos a cambiar nuestro país.

Sin embargo, las circunstancias apremian, y si bien es cierto que es importante dar lo mejor en cada acción que realizamos, también lo es comprometernos con las causas que más nos necesitan. Y hoy miles de jóvenes nos necesitan para poder salir adelante.

Es momento de abrazar una causa noble, dándole voz, visibilidad y, sobre todo, apoyo a proyectos que demuestren Se buscan... su eficacia para que la ayuda pueda llegar a más adolescenRequerimos personas comprometidas que se sumen a esta tes, para que logremos que todos los estados trabajen en la causa, ya sea con su talento o con donativos para poder seguir reinserción de una manera real, que se dejen de violar los derechos humanos y que dejemos cambiando la vida de miles de adolas cárceles de pobres. lescentes. Por supuesto que sí es Las y los adolescentes que cometen delitos de llenar No sólo por ellas y ellos, sino posible trabajar con ellos. Hablamos también por nosotros, por nuestras de un supuesto de 15,000 a 20,000 suelen haber crecido en colonias donde el por las niñas y los niños jóvenes que cumplen una medida delito y la violencia están normalizados y no familias, que apenas están creciendo y se legal en todo el país, lo cual es el equivalente a la población de un han tenido oportunidades reales para generar merecen un México mejor. Depende cada uno de nosotros generar reclusorio. un proyecto de vida positivo. El gobierno los de Yo estoy segura de que todas y estas oportunidades para lograr un ha abandonado, y la sociedad también. todos los que hoy leen este artículo México más justo y más seguro. 7

Jimena Cándano estudió la licenciatura de derecho en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de maestría en administración pública con enfoque en desarrollo comunitario y transformación social en la Universidad de Nueva York. Actualmente es la directora ejecutiva de la fundación Reintegra.

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abogacía Mayo 2021

IN MEMORIAM

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ

M

(1954-2021)

iembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y miembro fundador del Claustro de Académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Ángel Aguilar López​ nació el 12 de agosto de 1954.

Licenciado en derecho por la UNAM, maestro en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), maestro en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México, máster internacional en derecho penal, constitución y derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona, y doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se desempeñó durante cerca de dos décadas como abogado litigante. Posteriormente ejerció los cargos de agente del Ministerio Público federal, secretario de juzgado, secretario de tribunal, juez de distrito y magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, tuvo una larga trayectoria en la docencia, en instituciones como la UNAM, el INACIPE, el Instituto de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública, la UAT, la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Anáhuac y la Universidad de las Américas, entre otras. También fue profesor fundador del Instituto HEBO, un centro de estudios especializado en derecho penal.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos por su labor docente, por su trayectoria profesional, por sus contribuciones al derecho proceso penal y por sus actividades de investigación. Participó como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales (en España, Inglaterra, Honduras, Colombia, Estados Unidos, Chile y Perú) y fue autor de seis libros sobre diversos temas en materia penal, así como coautor de una decena de títulos y autor de más de 50 artículos en revistas especializadas.

Funcionario público comprometido con el fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país, será recordado con cariño y respeto por quienes tuvieron la fortuna de tratarlo. Descanse en paz. 7

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abogacía Mayo 2021

Ignacio Burgoa Orihuela (1918-2005)

Egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia (1935-1939), sentó las bases de nuestro derecho constitucional actual y de la Ley de Amparo, sobre la que publicó el libro que fue una referencia indiscutible para el estudio de este tema en México.

Si deseas compartir una fotografía inédita de alguno de los grandes juristas de México, puedes enviárnosla a editor@revistaabogacia.com para su publicación en la revista o en nuestras redes sociales.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Para leer ENTRE LO NEO Y LO NUEVO DEL CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO Este libro analiza las particularidades del neoconstitucionalismo desde un punto de vista teórico e institucional, aunque con una perspectiva crítica guiada por un ideal democrático. Este ejercicio nos permite comparar el neoconstitucionalismo con otra corriente conocida como nuevo constitucionalismo latinoamericano y estudiar cómo han influido en los diseños institucionales de América Latina.

Así, en el libro se estudian desde los orígenes del neoconstitucionalismo y su relación con el concepto de principios —que dieron entrada a aproximaciones neoiusnaturalistas del derecho— hasta los diseños institucionales que sustentaron, como la rigidez constitucional y el control judicial de constitucionalidad en sentido fuerte.

Asimismo, se explora cómo esta idea permeó en Latinoamérica, así como algunas críticas que se le hicieron por su énfasis en la judicatura y la desconfianza en las mayorías, que la convierte en una corriente constitucional con tintes elitistas. Finalmente, la obra se detiene en los intentos del nuevo constitucionalismo de la región para superar los problemas de objeción democrática del neoconstitucionalismo mediante diseños constitucionales más participativos e incluyentes y sus resultados no siempre exitosos.

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_______ Ana Micaela Alterio Tirant lo Blanch 2021

LA CONSTITUCIÓN CONVENCIONALIZADA: A 40 AÑOS DE LA VIGENCIA DEL PACTO DE SAN JOSÉ

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abogacía Mayo 2021

A 40 años de la entrada en vigor del Pacto de San José y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la interacción del derecho internacional de los derechos humanos con el derecho constitucional constituye una realidad insoslayable.

El libro estudia a profundidad este fenómeno y sus desafíos en el ámbito del derecho procesal constitucional mexicano y de otros países, teniendo como punto nodal la noción de una Constitución convencionalizada. Los diseños constitucionales han ido conformando especificidades normativas, interpretativas y jurisprudenciales cada vez más complejas para acompasar esta realidad: la conformación de un bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, la interpretación conforme y el principio pro persona. ______ Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, José Luis Caballero Ochoa y Giovanni A. Figueroa Mejía (coords.)

Tirant lo Blanch 2021

Para leer HOME-OFFICE: LA NUEVA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL El home-office, o trabajo a distancia, no dará marcha atrás. La pandemia ha demostrado que 70 por ciento de los trabajos pueden efectuarse de forma remota. Pero únicamente dos de cada 10 empresas cuentan con la cultura laboral y digital necesaria para implementarlo de manera eficiente.

La presente obra es resultado del esfuerzo conjunto de abogados, economistas e internacionalistas, en su mayoría académicos de la Universidad Anáhuac y de otros sectores, para comprender las distintas implicaciones que tiene el home-office desde una óptica integral, pero también interdisciplinaria.

El libro aborda cuestionamientos como los siguientes: ¿mejorará la calidad de vida?, ¿es la forma ideal de reducir los costos e incrementar la autoeficiencia?, ¿las empresas elegirán mejor el talento?, ¿es una vía que favorece la mayor inclusión de mujeres y adultos mayores en las actividades económicas?, ¿cuáles son los riesgos y las responsabilidades tanto para las empresas como para los trabajadores?, ¿podrán supervisarse y fiscalizarse las labores adecuadamente sin menoscabar derechos?

Son múltiples las dudas y las reflexiones que se tratan aquí, porque estamos frente a la punta del iceberg de un nuevo modelo para hacer negocios, incursionar en el mercado laboral y beneficiarse de un mundo cada vez más interconectado.

En definitiva, estamos ante un fenómeno complejo cuya comprensión requiere un abordaje profundo e interdisciplinar por las múltiples implicaciones que trae consigo el home-office. Así, mediante un aparato crítico sólido y la aportación de expertos de distintas áreas, esta obra permitirá al lector observar el panorama completo. Sólo de este modo, siendo conscientes de sus grandes posibilidades, conociendo sus riesgos y fijando reglas claras para su efectiva implementación, podremos articular el home-office de manera que no disminuya nuestro interés por él y procurar que tenga una necesaria continuidad más allá de esta coyuntura forzada que estamos viviendo. La disyuntiva será saber si estamos suficientemente preparados para ello.

La obra, coordinada por Laura Coronado Contreras y Luis Felipe Llanos Reynoso y publicada por la prestigiosa editorial europea Wolters Kluwer, bajo el sello de Bosch México, busca ser un referente en la materia, pues ofrece una respuesta inmediata a grandes cuestionamientos de índole económica, jurídica, social y laboral. Desde una óptica práctica, pero también teórica, el libro trata aspectos como las ventajas económicas del home-office, las nuevas relaciones laborales a partir del trabajo vía remota, las mejoras ambientales y las nuevas tendencias energéticas, una cultura digital para mejorarlo y las prospectivas en el contexto mexicano.

Jesús Edmundo Coronado Contreras

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_______ Laura Coronado Contreras y Luis Felipe Llanos Reynoso (coords.)

Bosch 2021

Jesús Edmundo Coronado Contreras es director editorial de Wolters Kluwer México.

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abogacía Mayo 2021

Para leer

EL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL: UNA TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Aunque varias reformas constitucionales se han referido a derechos, la del 10 de junio de 2011 cobró un significado tan peculiar en esta materia que se le conoce como reforma de los derechos humanos. Eso se debe a que colocó los cimientos para que la práctica del Estado de derecho se vincule de forma sustantiva con la práctica de los derechos humanos. Un claro reflejo de lo anterior es el establecimiento de las bases normativas que han tenido implicaciones en todo el sistema jurídico mexicano.

Consideradas en forma conjunta, esas normas pueden ser objeto de una teoría constitucional de los derechos humanos o, si se prefiere, de una teoría iusfundamental.

Al ser los derechos humanos fuente de relaciones jurídicas, una teoría iusfundamental requiere la determinación de los sujetos: el titular y el responsable de respetarlos; así como el contenido prestacional y obligacional que corresponde a cada derecho partiendo de principios y obligaciones generales. De igual manera, se requiere conocer las fuentes de los derechos y los patrones interpretativos con base en los cuales deben adjudicarse. En el artículo 1o constitucional pueden encontrarse todos estos elementos. Por eso, este libro disecciona sus enunciados con el propósito de identificar y analizar, en cada porción normativa de sus tres primeros párrafos, las piezas clave de una teoría iusfundamental.

Así, los enunciados del primer párrafo pueden servir para precisar la titularidad, las fuentes y los límites a los derechos; los del segundo párrafo, para determinar pautas hermenéuticas, como son la interpretación conforme y el principio pro persona, y los del tercer párrafo, para dilucidar al sujeto obligado, los principios sustantivos y las obligaciones generales tanto para su realización como para su aseguramiento.

Participan en la obra Pedro Pallares-Yabur, Francisco Vázquez Gómez Bisogno, Octavio Rodríguez Ferreira, Christian Omar González Segovia, Hugo S. Ramírez-García, Juan Francisco Díez Spelz, Miluska Orbegoso Silva, Juan Manuel Acuña, Emilio Maus Ratz, José María Soberanes Díez, Jaime Olaiz González y Miguel López Ruiz.

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abogacía Mayo 2021

______ Hugo S. Ramírez García y José María Soberanes Díez (coords.)

IIJ-UNAM 2021

Escuela judicial Con la Reforma Judicial, el Instituto de la Judicatura se transforma en una auténtica Escuela Judicial, con niveles académicos y profesionales de exelencia.

Las personas juzgadoras, así como los y las defensoras públicas, estarán mejor preparadas para dictar sentencias más sencillas, entendibles para toda la ciudadanía.

Nuevo perfil judicial: juzgadores y juzgadoras sensibles, con vocación de cercanía a las personas.

El mérito como la base de la carrera judicial, y no el favoritismo ni el parentesco.

Humor

Alfonso Orvañanos

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Vanguardia ]

MY ZEGNA Su ropa, Su Misura

E

l servicio exclusivo de Ermenegildo Zegna, Su Misura, permite crear un guardarropa único para cada momento y para cada estado de ánimo. Además de los trajes clásicos, ahora también es posible personalizar un guardarropa completo, incluyendo Luxury Leisurewear, logrando la creación de un armario único y totalmente a la medida.

La experiencia Su Misura comienza con una reunión entre el cliente y su asesor de estilo. El tejido, el estilo y el acabado: todo se decide durante una cita privada, mientras el inigualable servicio capta la esencia del carácter y se adapta al estilo de vida del cliente. A partir de ese momento, la creación Su Misura se fabricará impecablemente tan sólo en unas semanas, desde el momento en que se realiza el pedido personalizado hasta la entrega final.

Con la exclusividad que caracteriza a este servicio, se incorporan propuestas de looks versátiles que se pueden usar en diversas ocasiones en la ciudad. Diseñadas en tonos neutros, estas capas elegantes e informales son perfectas para la transición entre contextos laborales y de fin de semana. La oferta incluye sobrecamisas de piel, chamarras impermeables y blusones con gorra, hechos para brindar comodidad y ligereza durante la primavera y el verano.

En tejidos mezcla de cachemira y algodón se amplía el catálogo de opciones, pues se introducen pantalones de chándal y prendas de punto extraordinariamente suaves, confeccionadas en tejidos con adornos de cuero personalizados. Además, la firma suma su iniciativa #UseTheExisting a través de tejidos hechos de materiales naturales de Achillfarm™, que han sido tratados con innovadores procesos que permiten dar un nuevo uso a los residuos.

Finalmente, como parte de las nuevas propuestas del exclusivo servicio de Zegna, se encuentra la personalización de los suéteres, los cuales han sido confeccionados a base de hilos lujosamente suaves, entre los que se incluyen lana de alto rendimiento, cashmere puro y seda. Perfectos para la transición a lo largo de la temporada, los tejidos ligeros se presentan en la elección de cuello V clásico, cuello redondo, cuello alto o cuello polo, para todas las necesidades de estilo.

La cita se puede realizar a través de internet o comunicándose directamente a las tiendas de Zegna para programar una visita y comenzar con la experiencia Su Misura. También se puede disfrutar este servicio desde casa, cuando al cliente le resulte más cómodo. 7

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