abogacía LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS
Año 1, núm. 3, mayo de 2021
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José Agustín Ortiz Pinchetti
El f iscal electoral frente al 2021 <¿Qué dicen hoy los tribunales?
Denise Tron Zuccher y Mariana Ruiz Albarrán
<Las épocas del Semanario Judicial de la Federación Santiago Villalobos Arena <Justicia para adolescentes: la justicia olvidada
Jimena Cándano Conesa
<El constitucionalismo transformador y la inoperancia Vianney Rodríguez y Jorge L. Barrera
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Presentación
e cara a la elección más grande de la historia democrática de nuestro país, nuestra edición de mayo publica las reflexiones de José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. La transición a la democracia, el panorama del proceso electoral, el ejercicio de la libertad de expresión, su visión de la historia y su cercanía ideológica con Andrés Manuel López Obrador son algunos de los temas que nos comparte uno de los más incansables luchadores por la democracia. En línea con este tema coyuntural, “La realidad del sufragio en México”, de Rafael Quintana Miranda, pone el acento en la responsabilidad que debe acompañar a los representantes que se vean favorecidos con el voto popular, exigiéndoles que no abandonen los cargos para los cuales fueron elegidos —utilizándolos solamente como “trampolín”— en la búsqueda de sus intereses particulares. Por otra parte, haciendo eco de las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, sobre el reto que enfrentan los jueces federales de asumir un proyecto de interpretación constitucional transformador, que promueva el cambio social dirigido a obtener resultados tangibles en la vida de las personas, los autores de “El constitucionalismo transformador y la inoperancia”, Vianney Rodríguez y Jorge Luis Barrera, sostienen la necesidad de que las sentencias se aparten de instituciones arcaicas que impiden el acceso efectivo a la justicia, para hacer de los derechos humanos el eje rector de la justicia. Esta tendencia es irreversible. Como afirma el jurista Néstor Pedro Sagüés, al reflexionar sobre el incremento de los derechos constitucionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos ya no son un patrimonio de cada Estado y hoy es indispensable remover los obstáculos de derecho interno que impiden la plena realización de los derechos humanos de fuente internacional. Asimismo, en su columna “Visión Global”, Víctor Corzo y Ernesto Corzo analizan la caduca creencia del principio de no intervención frente a la protección de los derechos humanos, sustentada en una idea romántica de la soberanía que en muchas ocasiones es utilizada por los gobernantes para distraer la atención sobre la violación de derechos humanos en el propio territorio hacia el supuesto intento injerencista de gobiernos extranjeros. Completan el bloque de contenidos sobre este tema diversas recomendaciones de lectura sobre los derechos
humanos en el artículo primero constitucional, el nuevo constitucionalismo latinoamericano y la Constitución mexicana a 40 años de la vigencia del Pacto de San José. Por otro lado, no faltan reflexiones sobre temas de actualidad, como la necesidad de crear tribunales especializados en competencia económica cuyas resoluciones brinden confianza y certidumbre a los inversionistas y promuevan el desarrollo nacional; una reflexión histórica sobre las atribuciones del Ejecutivo federal en materia económica; los aspectos clave de la más reciente reforma al sistema de pensiones; la insuficiente atención que se ha dado al sistema de justicia para adolescentes; la llegada de la undécima época del Semanario Judicial de la Federación, y la presentación de la jurisprudencia y las tesis aisladas del Poder Judicial como una valiosa herramienta relacionada con la aplicación del derecho y el conocimiento de la problemática social actual. Finalmente, no queremos cerrar esta presentación sin rendir un homenaje a la doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano —destacada jurista egresada de nuestra máxima casa de estudios que, entre otros cargos, se desempeñó como abogada general de la UNAM y nos honra con su participación en el Consejo Editorial de esta revista— por haber sido reconocida como investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Honor a quien honor merece. Cordialmente, José Ángel Villalobos Magaña Presidente del Consejo de Administración
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Contenido Mayo 2021
20 VOCES
El fiscal electoral frente al 2021 José Agustín Ortiz Pinchetti
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EXPERIENCIAS
Justicia para adolescentes: la justicia olvidada
VISIÓN GLOBAL
El principio de no intervención y la protección de los derechos humanos Víctor Emilio Corzo y Ernesto Eduardo Corzo
Jimena Cándano
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ACTUALIDAD
Asociación Mexicana de Juzgadoras: por la igualdad de género
8 ACTUALIDAD
¿Quién puede aumentar los derechos constitucionales?
10 REFLEXIONES
El constitucionalismo transformador y la inoperancia Vianney Rodríguez Hernández Jorge Luis Barrera Vergara
28 REFLEXIONES
La realidad del sufragio en México Rafael Quintana Miranda
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EL PASADO DEL PRESENTE
La “utilidad razonable”: un concepto patriótico José Manuel Villalpando
38 REFLEXIONES
Hacia una Ley Constitucional de Derechos Humanos Manuel Jorge Carreón Mateo Mansilla-Moya Vicente Sinaí Domínguez
42 ¿QUÉ DICEN HOY LOS TRIBUNALES? Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán
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REFLEXIONES
Por qué necesitamos tribunales especializados en competencia económica Marco Antonio Zeind Elder Asael García
52 EL NOTARIO RESPONDE La cesión de derechos hereditarios
Amando Mastachi Aguario
56 NUEVOS TALENTOS
Las épocas del Semanario Judicial de la Federación Santiago Villalobos Arena
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PERSPECTIVA ECONÓMICA
Globalización y digitalización de la economía Ismael Dionisio Valverde
64 REFLEXIONES
Aspectos clave del nuevo sistema de pensiones Emilio Gárate
70 IN MEMORIAM
Miguel Ángel Aguilar López
72 PARA LEER
Actualidad
Asociación Mexicana de Juzgadoras:
por la igualdad de género
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l 7 de abril del año en curso, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. (AMJAC), realizó la ceremonia de cambio de consejo directivo, así como la entrega de la medalla “Mujeres por la Igualdad”, ediciones 2020 y 2021, acto que permitió reflexionar sobre la necesidad de trabajar para consolidar la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos de las mujeres dentro y fuera de la organización judicial. La ceremonia fue presidida por Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quien tomó protesta al consejo directivo 2021-2022 de la asociación, integrado por la magistrada Marisol Castañeda Pérez, como presidenta; la magistrada Gabriela Nieto Castillo, como secretaria; la magistrada Erika Lissette Reyes Morales, como tesorera, y la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle y la jueza Dalia Ibonne Ortega González como vocales. En su mensaje, el ministro Zaldívar destacó que en la presente administración la igualdad y la paridad de género, el combate
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sin tolerancia alguna al acoso sexual y a la violencia de género, y el juzgar con perspectiva de género han sido —y seguirán siendo— de la mayor relevancia, como demuestran las acciones y las políticas públicas que se han implementado. En primer término, mencionó la presencia de numerosas y muy valiosas mujeres en cargos de gran relevancia, cuya visión y perspectiva resultan invaluables. También señaló que se han realizado exámenes exclusivos para juezas de distrito y magistradas de circuito, se han aplicado exámenes paritarios para personas juzgadoras en materia laboral y se está realizando un examen para magistrados y magistradas de circuito que incluye a las secretarias de Estudio y Cuenta de la Corte, entre otras medidas afirmativas para avanzar hacia la paridad de género. De igual forma, destacó que la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual y Violencia de Género busca desterrar la cultura nociva que se había enquistado en las entrañas del Poder Judicial, la cual consideraba que las mujeres eran un
objeto disponible para sus jefes o para sus compañeros. Asimismo, mencionó la renovación y la actualización del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, en colaboración y diálogo con diversas asociaciones de mujeres. Finalizó su intervención explicando que si bien la igualdad sustantiva y la paridad de género implican cambios normativos, ante todo significan un cambio cultural, que involucra la participación de todos, hombres y mujeres, y que debe comenzar en los hogares, con la educación a niñas y niños en un paradigma de respeto, igualdad y entendimiento de que las diferencias no significan inferioridad. Por su parte, Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte y presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, realizó una breve exposición de los orígenes de la asociación, hace nueve años, cuando 17 juzgadoras, profundamente inquietas, se unieron para formar esta sociedad que hoy hermana a 320 mujeres, no sólo en su vocación por la función jurisdiccional sino en su convicción de promover la participación femenina en la toma de decisiones, para abatir las condiciones de discriminación y desigualdad que enfrentan las mujeres juzgadoras y servidoras públicas. Asimismo, anunció a las galardonadas con la medalla “Mujeres por la Igualdad”, ediciones 2020 y 2021: las magistradas Lilia Mónica López Benítez, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Gabriela Nieto Castillo, Elsa Cordero Martínez y Estela Fuentes Jiménez, quienes fueron reconocidas por su trabajo y esfuerzo en pro de la igualdad sustantiva.7
La AMJAC sirve como plataforma para desarrollar capacidades, mejorar políticas públicas y eliminar los estereotipos de género, buscando soluciones a las situaciones que provocan la desigualdad social, familiar y laboral.
La ceremonia completa puede verse en el siguiente enlace:
Objetivos • Promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones para eliminar las circunstancias de discriminación, desventaja y desigualdad que enfrentan las servidoras públicas. • Colaborar con organizaciones y sectores de la sociedad civil para generar acciones en beneficio de las personas en situaciones vulnerables. • Crear espacios de capacitación a través de cursos, seminarios, campañas publicitarias y talleres. • Promover y defender los derechos humanos en los sistemas de impartición de justicia. • Divulgar información y generar proyectos que permitan la capacitación en materia de igualdad de género y defensa de los derechos humanos de las mujeres dentro y fuera de la organización judicial. • Ser un órgano de consulta y opinión con impacto en la toma de decisiones en asuntos relacionados con la impartición de justicia, orientado al empoderamiento de las juzgadoras.
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Actualidad
¿Quién puede aumentar los derechos constitucionales?
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l 6 de abril pasado, el jurista internacional Néstor Pedro familia y la vida familiar de manera complementaria. Es así como Sagüés ofreció la conferencia virtual “El incremento de los esta Corte ha considerado que las posibles vulneraciones a este derechos constitucionales por la Corte Interamericana de bien jurídico tutelado deben analizarse no sólo como una posiDerechos Humanos”, coordinada por Elisur Arteaga, bajo ble injerencia arbitraria contra la vida privada y familiar, según el auspicio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también por de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, a la luz En su exposición, Néstor Pedro Sagüés —a quien el maestro del artículo 17.1 del mismo cuerpo legal. Arteaga se refirió como un “gigante del derecho constitucional ”Ninguna de las normas citadas contiene una definición en América Latina”— abordó un tema de indiscutible actualidad taxativa de qué debe entenderse por ‘familia’. Sobre el partique no es ajeno a la polémica: los Estados, al suscribir convenios cular, la Corte ha señalado que en la Convención Americana de derechos humanos, adoptan un catálogo de derechos (por no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ejemplo, los que señala la Convención Americana sobre Dere- ni mucho menos se protege sólo un modelo en particular de chos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica); sin embargo, la misma. ¿quién está autorizado para añadir derechos a esos convenios? ”[...] El tribunal analizará el sentido corriente del término ¿Dicha ampliación de derechos es compulsiva para los Estados (interpretación literal), su contexto (interpretación sistemática), su objeto y fin (interpretación teleológica), así como la interprey les genera responsabilidad si no los observan? Al comienzo de su disertación explicó que tradicionalmente los tación evolutiva de su alcance. derechos han representado un patrimonio del derecho constitu”[...] Con la finalidad de establecer el sentido corriente de la cional de cada Estado. No obstante, en el contexto actual —en el palabra ‘familia’, la Corte estima necesario reconocer la imporque el bien común internacional cada vez es más apremiante— se tancia neurálgica de ésta como institución social, la cual surge vuelve indispensable comprender la dimensión internacional de de las necesidades y aspiraciones más básicas del ser humano. los derechos humanos, por lo que ya no es posible imaginar un Busca realizar anhelos de seguridad, conexión y refugio que derecho constitucional puramente nacional. Así, ha aparecido en expresan la mejor naturaleza del género humano. Para la Corte escena la figura del control de constitucionalidad, cuyo objetivo es es indudable que ésta es una institución que ha cohesionado remover los obstáculos de derecho interno que impiden la plena comunidades, sociedades y pueblos enteros. realización de los derechos humanos de fuente internacional. ”[...] La Corte también hace notar que la existencia de la A modo de ejemplo, utilizó la referencia de la unión de familia no ha estado al margen del desarrollo de las sociedades. personas del mismo sexo, la cual, si bien no está contemplada Su conceptualización ha variado y evolucionado conforme al en el Pacto de San José original, firmado a finales de 1960, fue cambio de los tiempos”. suscrita por la Corte Interamericana En este caso concreto, la Corte de Derechos Humanos al adoptar la señaló que el matrimonio igualitario opinión consultiva OC-24/17, del 24 de “Los instrumentos internacionales de es compatible con el Pacto de San José, noviembre de 2017, sobre identidad de por lo que los Estados debían instruderechos humanos no son textos está- mentarlo legislativamente. Para llegar género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Esa opinión a esta conclusión, apeló a la idea de la ticos, congelados en el tiempo; deben “convención viviente”: los instrumentos señala, entre otras cosas, lo siguiente: adaptarse a los tiempos y a las circuns- internacionales de derechos humanos “La Convención Americana cuenta con dos artículos que protegen la no son textos estáticos, congelados tancias cambiantes de la vida.”
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en el tiempo; deben adaptarse a los tiempos y a las circunstancias cambiantes de la vida. Esta idea permite a la Corte visualizar el Pacto de San José de una forma distinta a la visión clásica del documento, como ha sucedido, por ejemplo, con la doctrina de la Constitución viviente de Estados Unidos, la cual afirma que la Constitución no es esencialmente un documento escrito, sino lo que el pueblo y el gobierno determinan que sea en un momento histórico concreto, por lo que cada cláusula debe ser entendida y aplicada teniendo en cuenta las valoraciones y creencias de la sociedad; lo anterior convierte a la Constitución en un texto orgánico, vivo, no inerte, que se recrea cotidianamente. Así, la Corte Interamericana, al transportar algunos de estos ingredientes, señala que el Pacto de San José no debe interpretarse estáticamente; sus palabras pueden entenderse de forma distinta al momento en que se redactaron, al instante en que los Estados se adhirieron o suscribieron dicho instrumento normativo internacional. De esta forma, el Pacto de San José puede albergar nuevos conceptos, algunos de ellos sumamente imprecisos, como el de “familia”. La Corte entiende, pues, que con base en una visión actualizada de familia, entendida como una noción de difícil codificación y cuantificación, la unión de dos personas del mismo sexo es perfectamente aceptable y tiene derecho al estatus de familia y al matrimonio (no reconocerlo establecería dos categorías de relaciones: la familia tradicional y otra de segunda categoría, estigmatizante). En este escenario, ante la pregunta inicial de su exposición —¿quién está autorizado para añadir derechos a dichos convenios?—, Néstor Pedro Sagüés explicó que corresponde a los órganos internacionales de protección de los derechos humanos emitir opiniones consultivas que desemboquen en directrices obligatorias para los Estados miembros del Pacto de San José que han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte. Y aunque una resolución (como la del ejemplo mencionado) no tenga consenso predominante en el área de Latinoamérica, se está vivificando la convención, de modo que la Corte se arroga el derecho de incrementar o aumentar el cúmulo de derechos de fuente internacional, obligando a los Estados a ampliar su capítulo nacional de esos mismos derechos. Finalmente, señaló que si alguno de los Estados miembros del Pacto de San José no está de acuerdo con satisfacer más obligaciones de las que inicialmente se comprometió a respetar o hacer efectivas (lo cual podría generarles compromisos y responsabilidades internacionales), siempre tiene a su disposición utilizar el mecanismo para denunciar el pacto contemplado en la propia convención. 7
NÉSTOR PEDRO SAGÜÉS • Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. • Doctor en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. • Doctor honoris causa por 11 universidades latinoamericanas. • Profesor honorario de más de 15 universidades iberoamericanas. • Presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. • Presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. • Miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas, de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y Córdoba. • Miembro de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. • Miembro de la Academia de Derecho del Perú. LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS
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