Revista "Abogacía", #2, abril de 2021

abogacía LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

Año 1, núm. 2, abril de 2021

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$99.00

Claudia de Buen

Una nueva etapa en la Barra Mexicana <Una mirada a la situación de los derechos humanos Nashieli Ramírez Hernández <Adolfo López Mateos y la industria eléctrica José Manuel Villalpando <El resurgimiento del autoritarismo en México Pascual Alberto Orozco Garibay

<Después del Covid-19: ¿es hora de incrementar el gasto público? Ismael Valverde

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Presentación

ace un mes nació abogacía. La voz y la pluma de los juristas. A la par del trabajo editorial realizado para publicar este segundo número —cuya portada viste Claudia de Buen Unna, primera mujer que encabeza la casi centenaria Barra Mexicana, Colegio de Abogados—, hemos ido recogiendo los comentarios y sugerencias que desde diversos frentes nos han llegado; sin duda, nos permitirán enriquecer los contenidos, ampliar el abanico de temas abordados y dar cabida a nuevas plumas interesadas en abordar temas de actualidad desde una perspectiva legal.

Entre las opiniones recibidas nos complace compartir la de don Sergio García Ramírez, una de las más autorizadas voces en el mundo jurídico de nuestro país, quien además nos honra con su presencia en el consejo editorial de la revista: “Han dado un primer paso adelante ‘con el pie derecho’, como se suele decir, a pesar de las restricciones que impone esta desdichada situación en la que nos hemos encontrado desde hace cerca de un año. Celebro la feliz iniciativa de lanzar una revista de esta naturaleza, que ofrece textos breves, útiles, con sentido práctico, y no compite con las revistas académicas tradicionales que sirven a otros propósitos, igualmente apreciables [...] Me agrada y honra acompañarles en este esfuerzo”.

Asimismo, siguiendo la recomendación de otro de nuestros consejeros, don Elisur Arteaga Nava, apasionado constitucionalista que ha dedicado gran parte de su vida a la docencia, abrimos las páginas de la revista a los nuevos talentos que, desde las aulas, dejan oír su voz de estudiantes. Para el maestro Arteaga Nava, la formación de los profesionales del derecho no puede cimentarse en la escucha pasiva de una cátedra, en la formulación esporádica de alguna pregunta; la clave es el intercambio de opiniones, “pedir a los alumnos poner por escrito sus opiniones particulares, y, con reconocimiento de los créditos respectivos, enmendar juicios y, sobre la marcha, formular o reformular doctrinas”.

Nace, así, la sección “Nuevos talentos”, un espacio para promover el ejercicio de la escritura en el ámbito del derecho, convencidos de que al plasmar las ideas en papel se desarrollan habilidades profesionales que de otra manera difícilmente se obtendrían: estructura

mental, pensamiento crítico, articulación de ideas, capacidad de investigación y argumentación, especialización y madurez, a la par de la exposición y el diálogo que conllevan arriesgarse a escribir una opinión y defenderla públicamente.

Con la intención de impulsar este esfuerzo, hemos considerado instituir el Premio Anual de Escritura a los Nuevos Talentos de la Abogacía, cuyas bases daremos a conocer próximamente. Se trata, por lo pronto, de una iniciativa que ha surgido a partir de la retroalimentación recibida a raíz de la publicación del primer número de abogacía. Algunas otras son la incorporación de una nueva sección que revisa la jurisprudencia y las tesis más relevantes del Poder Judicial de la Federación —un valioso recurso para la práctica jurídica—, una columna de opinión sobre el derecho desde una perspectiva económica, así como una aproximación histórica a los temas de actualidad. Todas las ideas son bienvenidas; este barco apenas está zarpando.

Cordialmente, José Ángel Villalobos Magaña Presidente del Consejo de Administración

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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DIRECTORIO

Consejo editorial

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESIDENTE José Ángel Villalobos Magaña

SECRETARIO Ángel Gilberto Adame López

TESORERO Jorge López Nepomuceno

Elisur Arteaga Nava

Miguel Carbonell

Sergio García Ramírez

Mónica González Contró

CONSEJEROS Amando Mastachi Aguario Alejandro E. Pérez Teuffer Fournier

DIRECTOR EDITORIAL Luis Arturo Pelayo Gutiérrez editor@revistaabogacia.com

DISEÑO EDITORIAL Marcela Velázquez Aíza

Margarita Luna Ramos Patricio Emilio Marcos Giacoman Ignacio Morales Lechuga

José Luis Nassar Daw

Pascual Orozco Garibay

Alberto Pérez Dayán

Luis M. Pérez de Acha

Elvia Arcelia Quintana

Alfredo Rangel Ortiz

Alfonso Siliceo Aguilar

Francisco Simón Conejos

Juan Velasquez

CORRECCIÓN DE TEXTOS Mutare / Julio Ulises Gallardo Sánchez

FOTOGRAFÍA David Uriegas

ADMINISTRACIÓN Hilda Castro Mejía administracion@revistaabogacia.com

SUSCRIPCIONES Édgar Acevedo Pérez suscripciones@revistaabogacia.com

CONTACTO 55-5616-2111 y 55-5131-5163 info@revistaabogacia.com www.revistaabogacia.com abogacía. La voz y la pluma de los juristas, año 1, núm. 2, abril de 2021, es una publicación mensual editada por Base Legal, S.A. de C.V., con domicilio en Altavista 28, Col. San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo y Certificado de Licitud de Título y Contenido en trámite. Impresa por Fotolitográfica Argo, Bolívar 838, Col. Postal, Benito Juárez, C.P. 03410, Ciudad de México. Las opiniones expresadas por los articulistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de los editores de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos y las imágenes de la publicación sin previa autorización de la editorial.

Contenido Abril 2021

24 VOCES

Una nueva etapa en la Barra Mexicana Claudia de Buen

70 PERSPECTIVA ECONÓMICA Después del Covid-19: ¿es hora de incrementar el gasto público?

Ismael Dionisio Valverde

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REFLEXIONES

¿El penacho de Moctezuma puede volver a México?

Jorge Guillermo Olveda

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ACTUALIDAD

12 VISIÓN GLOBAL

Covid-19: la tormenta perfecta Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

30 ¿QUÉ DICEN HOY LOS TRIBUNALES? Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán

36 REFLEXIONES

Esquizofrenia legislativa y el artículo 73 de la Constitución Víctor Manuel Rangel Juan Pablo Aguilar

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REFLEXIONES

Un ataque al Poder Judicial Elisur Arteaga Nava

44 VOCES

Una mirada a la situación de los derechos humanos Nashieli Ramírez Hernández

50 REFLEXIONES

Misopedia en México.

Algunas consideraciones Mónica González Contró

54 EL NOTARIO RESPONDE Beneficios de otorgar un testamento

Amando Mastachi Aguario

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EL PASADO DEL PRESENTE

Adolfo López Mateos y la industria eléctrica José Manuel Villalpando

62 NUEVOS TALENTOS

El derecho de propiedad sobre un cadáver Santiago Horacio Chouciño

66 DERECHO Y LITERATURA

Oliver Twist: un acercamiento a las ciencias penales Mateo Mansilla-Moya

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REFLEXIONES

El resurgimiento del autoritarismo en México Pascual Alberto Orozco Garibay

76 INMEMORIAM

Rafael Moreno González Ricardo Mac Kinney Stephenson Antonio Muñozcano Eternod

78 PARA LEER 80 HUMOR

Actualidad

La Barra Mexicana

se renueva

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l 25 de febrero del año en curso Héctor Herrera Ordóñez rindió su informe como presidente saliente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, correspondiente al bienio 2019-2021.

Entre los datos reportados por Herrera Ordóñez cabe destacar que al cierre de su gestión la Barra cuenta con más de 6,200 miembros —más de la mitad de ellos activos—, 39 comisiones de estudio y ejercicio profesional en la Ciudad de México, 20 capítulos en el país (los más recientes en Durango, Sonora, Tlaxcala y Veracruz) y 82 comisiones en los diversos capítulos.

Entre las actividades que se llevaron a cabo en el colegio durante este periodo vale la pena mencionar las siguientes: • La realización del Congreso Nacional de Abogados, en Mazatlán, Sinaloa, cuyos ejes temáticos fueron el Estado de derecho con justicia y democracia, y el desarrollo sostenible.

• El lanzamiento del canal de televisión de la Barra por internet, que representa el primer canal de este tipo para un colegio de abogados a nivel mundial.

• La suscripción formal de la iniciativa “He for She”, una campaña solidaria creada por ONU Mujeres que promueve la equidad de género y el uso del lenguaje inclusivo, que eventualmente

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Víctor Olea Peláez, Claudia Elena de Buena Unna y José Luis Nassar Daw

podría conducir a una reforma estatutaria del colegio para modificar su nombre por el de Barra Mexicana, Colegio de la Abogacía.

• Diversos pronunciamientos de la Barra en los casos en que se advierte una vulneración del Estado de derecho, como ocurrió en su momento con la estatización de la banca.

• La entrega del Premio Nacional de Jurisprudencia a José Ramón Cossío Díaz en 2019 y a Patricia Kurczyn Villalobos y Cuauhtémoc Reséndiz Núñez en 2020.

• La llegada a la presidencia de Claudia Elena de Buena Unna, primera abogada en dirigir el colegio desde su fundación en 1922.

La nueva presidenta estará acompañada en el Consejo Directivo del colegio por Víctor Olea Peláez, en la primera vicepresidencia, y José Luis Nassar Daw, en la segunda vicepresidencia.

Entre los principales aspectos de su programa de trabajo se encuentran defender el Estado de derecho, fomentar la inclusión y la incorporación de una mayor cantidad de abogadas al colegio, dignificar la labor de los profesionales del derecho en el contexto de desprestigio que actualmente enfrentan e incorporar un mayor número de jóvenes a la membresía del colegio.7

Fotografía: Corte Penal Internacional (ICC-CPI)

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Una jueza mexicana

en la Corte Penal Internacional

l miércoles 10 de marzo la embajadora mexicana Socorro Flores Liera realizó el juramento estatutario como magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI), cargo que ocupará de 2021 a 2030 en La Haya, Países Bajos, sede de la Corte.

La CPI es un tribunal establecido por el Estatuto de Roma de 1998 —del que México es parte y uno de sus principales promotores— que tiene la finalidad de juzgar a las personas responsables de los crímenes más graves contemplados por el derecho internacional: crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión.

Flores Liera fue electa en diciembre de 2020 por mayoría calificada de la asamblea de los Estados partes de la CPI. La elección fue resultado de un proceso riguroso mediante el cual el perfil de la candidata mexicana no sólo fue avalado por los Estados, sino también por la sociedad civil y por organismos de observación independientes. La embajadora obtuvo la calificación más alta otorgada por el Reporte de Expertos Independientes de la Corte y el número de votos más alto de los 18 candidatos participantes en el proceso.

La elección de la embajadora Flores Liera como magistrada es de gran importancia para la agenda exterior de nuestro país y para la justicia internacional. Se trata de la primera persona de nacionalidad mexicana en ocupar una magistratura en la CPI y también de la primera mujer mexicana en un tribunal internacional. Durante los próximos nueve años, Flores Liera participará activamente en la construcción de la justicia internacional y en el combate a la impunidad por las conductas individuales más atroces que se cometen en la comunidad de naciones.

El nombramiento de la embajadora representa un paso más en el camino para alcanzar la igualdad de género en el seno de los organismos internacionales, así como un avance en términos de representación en los distintos niveles del sistema de justicia penal internacional. La presencia y el trabajo de las mujeres en la administración de justicia, un espacio del cual han sido excluidas históricamente, es un avance hacia una institución más transparente, inclusiva y representativa, en la cual contribuyen a la calidad de la toma de decisiones y, por lo tanto, a la calidad de la justicia misma.

La embajadora Flores es una destacada diplomática y miembro del servicio exterior mexicano. Desde 2017 se desempeña como representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza. En la Secretaría de Relaciones Exteriores fungió como subsecretaria para América Latina y el Caribe, directora general de Temas Globales, directora general de Organismos Regionales Americanos y directora de Derecho Internacional, en la Consultoría Jurídica. Los nuevos jueces de la Corte, incluida la embajadora Flores, asumirán sus funciones cuando sean llamados por la presidencia de esa institución.

La experiencia de la magistrada Flores Liera en materia de derecho penal internacional es amplia: fue integrante de la delegación mexicana encargada de negociar el Estatuto de Roma, tanto en los comités preparatorios como en la Conferencia de Roma, y de 2006 a 2007 fue jefa de la Oficina de la Corte Penal Internacional ante la Organización de las Naciones Unidas. 7 Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores

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Actualidad

Jornadas de Género

en la Escuela Libre de Derecho

Dorothy Estrada Tanck

Arianne Giselle León Rivera

María Silva Rojas

Dania Paola Ravel

E

n el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Escuela Libre de Derecho llevó a cabo, a principios de marzo, sus tradicionales —desde hace siete años— Jornadas de Género, con el objetivo de ofrecer un espacio de reflexión para repensar la participación de las mujeres en las sociedades contemporáneas.

La conferencia magistral estuvo a cargo de Dorothy Estrada Tanck, ex alumna de la Libre que a lo largo de su trayectoria ha colaborado en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en ONU Mujeres/ Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su intervención, Estrada Tanck comenzó celebrando los cambios institucionales que ha tenido la escuela en los últimos años en esta materia.

Asimismo, abordó la cuestión de la igualdad de género a partir de las herramientas jurídicas que ofrece el derecho internacional de los derechos humanos y puso énfasis en la importancia de atender este tema en el marco de las afectaciones a las mujeres que se han incrementado durante la pandemia.

El evento incluyó mesas sobre procesos electorales y violencia de género, sociedad civil y democracias incluyentes,

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protocolos para prevenir la violencia de género en las universidades, transparencia y perspectiva de género, y nuevas masculinidades.

En relación con los procesos electorales, un tema que sin duda dominará la agenda este año, María Silva Rojas, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hizo énfasis en la desigualdad estructural que todavía existe en la postulación y, sobre todo, en la integración de órganos de elección popular. A su vez, Dania Paola Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral, habló de los avances y los retos en el tema de paridad de género en materia electoral y destacó experiencias como el tema de las personas no binarias en Aguascalientes. Finalmente, la abogada feminista Arianne Giselle León Rivera destacó la importancia del activismo de la sociedad civil para demandar que exista paridad de género en la postulación partidista.7

Las exposiciones completas del evento pueden consultarse en este enlace:

¡Ven a Visitarnos!

Lunes a Domingo 8 AM - 10 PM

Mesa Segura

55 5616 1402 sanangelinn.com @restaurantesanangelinn

Actualidad

México 2021: ¿cómo estamos?

A

un año del inicio del confinamiento en México a causa de la enfermedad por Covid-19, el ex presidente Felipe Calderón reflexionó, a través de una videoconferencia, sobre la realidad actual de nuestro país —la pandemia, la situación económica y la crisis laboral—, así como sobre el escenario electoral que viviremos próximamente, utilizando como hilo conductor de su exposición la metáfora bíblica de los cuatro jinetes del Apocalipsis.

Se refirió, en primer lugar, al corcel bayo, que representa la muerte; en nuestro caso, los fallecimientos producidos por la pandemia. Revisando las cifras oficiales de contagios, recurriendo a los datos ofrecidos por la encuesta serológica nacional (Ensanut Covid-19) y los presentados por Arturo Erdely, actuario y doctor en ciencias matemáticas y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras fuentes, el ex mandatario concluyó que los datos permiten

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estimar que hasta febrero habría más de 60 millones de casos de Covid-19 (la gran mayoría asintomáticos). ¿Qué alternativas tenemos en este escenario si el virus se comportara de forma “normal”, sin mutaciones? Posiblemente, una inmunidad de rebaño hacia finales del verano, más que por las vacunas, debido al número de contagios y con el costo en vidas humanas ya conocido —2.6 más casos de los reconocidos en las cifras oficiales, dato estimado mediante el método del exceso de mortalidad que reportan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y otras mediciones, es decir, 326,000 decesos al 24 de febrero pasado—, lo que coloca a nuestro país como el segundo del mundo con mayor tasa de letalidad por cada 100,000 habitantes, sólo debajo de Perú.

El segundo caballo, el negro, que representa las hambrunas, le permitió abordar la situación económica de México, en decrecimiento desde los últimos dos años pero en franco declive en 2020, con -8.5 por ciento, como consecuencia de la pandemia, lo que ha generado la crisis más grave que se ha vivido en las últimas décadas en México. ¿Qué pronósticos es posible hacer para 2021? Por un lado, podría esperarse un repunte derivado de la recuperación económica de Estados Unidos y del crecimiento de las remesas. Sin embargo, la debilidad de nuestro mercado interno y la incertidumbre económica que genera el cambio de las reglas del juego por parte del gobierno —ejemplificado en casos como el del nuevo aeropuerto y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica— harán que se aleje la inversión, lo que provocará que, de acuerdo con estimaciones de organismos especializados en la materia, México pueda recuperar hasta 2022 el porcentaje de crecimiento que tenía antes del Covid-19, y sólo hasta 2024 el nivel que tenía en 2018. Para efectos prácticos, será un sexenio perdido, afirmó.

Esta crisis es evidente en materia de empleo, con alrededor de 2,380,000 puestos perdidos durante 2020. Calderón subrayó que esta situación no se resolverá mientras el gobierno no atraiga inversión —que liga casi 22 meses consecutivos a la baja desde un año y medio antes de la pandemia— y, por el contrario, fomente la salida de capitales y la desinversión.

Además, presentó indicadores sobre las medidas fiscales y los apoyos dados por nuestro gobierno para afrontar la crisis

por la pandemia: mientras que Estados Unidos ha destinado 16.7 por ciento de su producto interno bruto y el promedio del G20 está en 7.3 por ciento, México se ubica por debajo de países como El Salvador, Honduras, Nicaragua o Belice, destinando apenas 0.7 por ciento, sólo ligeramente arriba de Uganda.

Finalmente, presentó los datos de pobreza en México. En los últimos dos años, la población en pobreza extrema se incrementó en 11 millones, pasando de 9 a 20 millones de personas, y de 52 a 62 millones de habitantes en situación de pobreza en general o patrimonial.

De manera tangencial se refirió a la violencia y la delincuencia —la guerra, representada por el caballo rojo en el relato bíblico—, reflexión que merecerá un espacio aparte, por la amplitud del tema.

Finalmente, aludiendo al jinete del caballo blanco de la metáfora —y la ambigüedad que representa: un salvador o un impostor—, comentó el próximo escenario de elecciones, en junio. Con base en diversas encuestas, señaló la clara ventaja con que cuenta Morena respecto de sus oponentes, incluso considerando las alianzas, y expresó su preocupación por el hecho de que dicho partido incluso pueda obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

En este escenario, presentó los que consideró “factores decisivos de la elección”: 1) la vacunación y, más importante, el manejo —cruel— de la expectativa de vacunación que está haciendo el gobierno; 2) el mejoramiento de la economía por un rebote de la recuperación económica de Estados Unidos; 3) las deficientes estrategias de campaña de los partidos de oposición; 4) la pobre calidad —salvo algunas excepciones— de los candidatos de oposición que están compitiendo; 5) el rol de Movimiento Ciudadano, cuyo éxito paradójicamente contribuye al posicionamiento de Morena al fragmentar a la oposición, y 6) el rol de los siervos de la nación y el uso de programas asistenciales por parte del gobierno, que alteran las condiciones de equidad en la contienda, así como la falta de autonomía de las autoridades electorales.

La conferencia cerró con un exhorto a la oposición para que asuma el papel que le corresponde en este escenario y, dando voz a la ciudadanía, pueda revertir el escenario previsto por las encuestas. 7

La debilidad de nuestro mercado interno y la incertidumbre económica que genera el cambio de las reglas del juego por parte del gobierno harán que se aleje la inversión. De acuerdo con las estimaciones de organismos especializados en la materia, México podrá recuperar hasta 2022 el porcentaje de crecimiento que tenía antes del Covid-19, y sólo hasta 2024 el nivel que tenía en 2018. Para efectos prácticos, será un sexenio perdido.

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[ Visión global ]

Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

Covid-19: la tormenta perfecta Los estragos económicos y sociales que ha dejado a su paso la pandemia de Covid-19 son particularmente severos. Y aunque podría haberse esperado que el entablado de normas internacionales que normalmente regula la conducta entre los Estados ayudaría a una rápida erradicación de los efectos de la pandemia, por desgracia se ha revelado que el derecho internacional en realidad es un lugar donde se articulan políticas, más que una fuente de prerrogativas específicas que asistan a la humanidad como un todo.

L

ejos de atribuir la causa de la pandemia a un ente en particular, la globalización, los derechos humanos, las redes sociales y los avances científicos han sido algunos de los ingredientes que han expandido el impacto de lo que podría considerarse una de las peores crisis que la humanidad ha enfrentado en los últimos tiempos. Particularmente, porque cada uno de estos fenómenos padece una amplia gama de interpretación de sus regulaciones a manos de sus principales sujetos: los Estados soberanos.

Este artículo explica cómo esta serie de factores ayudó a la propagación de los efectos de la pandemia.

El rol de la globalización En el periodo prepandemia, la mayoría de los Estados estaban más preocupados por detener la migración irregular, el tráfico ilícito de ciertas mercancías y capturar a fugitivos

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internacionales que por detectar, anticipar y prevenir fenómenos como la pandemia. Si bien han existido pandemias anteriores, muchas fueron focalizadas en ciertas regiones del mundo y la geografía siempre había fungido como barrera natural. ¿Qué cambió? Aparte de las propias características biológicas del Covid-19 que facilitan su transmisión, la globalización ha sido uno de sus catalizadores. Dos de las frases más trilladas que se asocian con el fenómeno de la globalización son aquellas que señalan, por un lado, que prácticamente han desaparecido las fronteras nacionales y, por el otro, que el mundo se ha vuelto más pequeño.

Primero, por la facilidad con la que algunos segmentos de la población pueden viajar a otros países (como aquellos con solvencia económica suficiente para no ser catalogados como un riesgo potencial de migración irregular o aquellos

Freepik

Ante la promesa real de la vacuna, la mayoría de los gobiernos optó por medidas en línea con la aparente protección al derecho a la salud, pero con un gran impacto para sus economías nacionales. La promesa de la vacuna generó la extensión de los confinamientos y, por ende, la parálisis económica de varios sectores.”

otros capaces de comprar una “visa de oro” de inversionista con la posibilidad inclusive de residir permanentemente).

Segundo, por la accesibilidad económica para viajar por avión y la disponibilidad de múltiples aerolíneas para trasladarse en cualquier momento a cualquier parte del mundo.

Tercero, la flexibilidad de las fronteras nacionales para fomentar la movilidad humana con fines turísticos y el comercio internacional.

De esta manera, la facilidad de viajar de una parte del mundo a otra en pocas horas y la multiplicidad de viajeros de distintas naciones en aeropuertos, aparte de ser evidencia latente del mundo globalizado, ayudó en un primer momento a acelerar la propagación del virus a todas las regiones del planeta.

El gran confinamiento La presión de los derechos humanos, especialmente la obligación de garante de los Estados, fue uno de los factores por los cuales la mayoría de los gobiernos —al no saber cómo actuar ante la magnitud del problema y ante la incapacidad de detener los contagios— optó por implementar confinamientos nacionales, al considerarlos uno de los pocos remedios iniciales para retrasar la propagación del Sars-CoV-2.

El respeto de los derechos humanos y su desarrollo progresivo por parte de las cortes regionales en América, Europa y África, así como las recomendaciones de otros órganos cuasi jurisdiccionales como el Comité y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han permitido —hoy más LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Visión global ]

que nunca— que los Estados estén conscientes de sus obligaciones de derecho internacional y que las personas tengan acceso a foros internacionales para exigir el respeto a sus derechos.

Evidentemente, las decisiones de las autoridades nacionales a lo largo de toda la pandemia prácticamente han perseguido la inherente necesidad de proteger a su población nacional.

Situación no sencilla, ya que parecía imposible encontrar el justo medio en la correlación entre el derecho a la salud (garantizando el acceso a hospitales, los cuales en los picos de las diferentes olas se vieron saturados), y el desarrollo de las actividades económicas de la población (lo que significaba un mayor número de contagios, al facilitar el contacto social y la propagación del virus).

Redes sociales Las redes sociales se han convertido en uno de los canales democratizadores de la sociedad global. Sin duda, su éxito yace en el hecho de que cualquier persona, al adquirir una cuenta en alguna de estas plataformas, automáticamente obtiene la capacidad de hacer escuchar su voz alrededor del mundo —en tiempo real— y la posibilidad de que su mensaje llegue a miles o a millones de personas, dependiendo de sus seguidores y las veces que sea replicado su contenido.

Con un arma tan grande, no han sido pocos los gobiernos nacionales que han sucumbido ante la presión de tendencias, las cuales tienen el potencial de afectar sus índices de popularidad o aceptación dentro de la población de sus Estados. Ante la magnitud de la pandemia, ningún gobierno quiso ser visto como poco sensible al peligro que representaba el Covid-19 para su población y pocos Estados se atrevieron realmente a discutir públicamente la ponderación del falso conflicto entre el derecho a la salud y la necesidad de mantener activa su economía, lo cual generó parálisis gubernamental y una retórica que trataba de matizar lo más posible los errores de política pública y el impacto real de la pandemia dentro de la población local.

Relativismo cultural Como doctrina de los derechos humanos, el relativismo cultural reconoce que cada Estado, dependiendo de sus propias circunstancias y capacidades, implementará los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Esto evita una estandarización mundial y permite que los derechos humanos sean implementados a nivel nacional tomando en cuenta las propias características de cada sociedad. No será lo mismo el derecho humano al acceso tecnológico en un país desarrollado que en uno en vías de desarrollo.

Bajo este paradigma, surgen precisamente los dogmas del derecho comparado: no existe una solución única a un problema, y entre una multiplicidad de acciones adoptadas en diferentes

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Cada país abordó de forma diferente la pandemia del Covid-19 teniendo resultados completamente distintos, pero siempre afirmando que la solución que implementaron —por más ineficaz que haya sido— fue la adecuada.”

Estados ninguna es mejor o peor que la otra; simplemente son diferentes. En otras palabras, cada sistema legal opera de forma distinta.

A pesar de que la Organización Mundial de Salud emite recomendaciones a las autoridades nacionales en casos de emergencias de salud pública de importancia internacional (término técnico que le da el Reglamento Sanitario Internacional a situaciones como la pandemia del Covid-19), éstas no son vinculantes. Las recomendaciones son simplemente sugerencias de carácter permanente o temporal que las autoridades nacionales deben tomar en cuenta en su actuación.

Cada país abordó de forma diferente la pandemia del Covid-19 teniendo resultados completamente distintos, pero siempre afirmando que la solución que implementaron —por más ineficaz que haya sido— fue la adecuada. Así, algunos Estados realizaron pruebas de forma exhaustiva a toda su población para identificar posibles contagios; otros simplemente se quedaron con medidas de confinamiento, y otros pocos establecieron sendos programas de apoyo económico para su población con la finalidad de aminorar los efectos secundarios de los confinamientos, especialmente para aquellos segmentos de la población que no tuvieron la posibilidad de trabajar de forma remota o aquellos negocios que tuvieron que suspender sus actividades.

En resumen, el ejercicio de la libre autodeterminación de los gobiernos, a través de la libertad para ejercer de forma autónoma su soberanía, fue lo que permitió que hubiera Estados con un excelso desempeño durante la pandemia y otros tantos donde todo fue un desastre.

Desarrollo tecnológico Gracias al desarrollo tecnológico se identificó con rapidez el origen de la pandemia, y a partir de ahí, gracias a la cooperación colectiva de científicos alrededor del mundo, se logró descifrar el mapa genético del virus. Una vez identificado el problema, la carrera por la vacuna comenzó y en tiempo récord —y con técnicas revolucionarias— se logró la producción no sólo de una vacuna sino de varias, provenientes de diferentes regiones del mundo, que resultaron de gran eficacia en contra de la nueva cepa del coronavirus.

Las promesas de encontrar de forma rápida una vacuna y lograr al mismo tiempo una producción masiva para toda la humanidad fueron no sólo promesas sino metas alcanzables gracias a los avances técnico-científicos. Desafortunadamente, esos avances —donde la producción y posteriormente la aplicación de la vacuna estaban a la vuelta de la esquina— también constituyeron uno de los factores que extendieron el

confinamiento y la restricción a las actividades económicas. En otras palabras, ante la promesa real de la vacuna, la mayoría de los gobiernos optó por medidas en línea con la aparente protección al derecho a la salud, pero con un gran impacto para sus economías nacionales. La promesa de la vacuna generó la extensión de los confinamientos y, por ende, la parálisis económica de varios sectores.

Inequidad y realpolitik Una de las virtudes del ser humano es que sabe guiarse por ideales. Dos de estos ideales son: en materia de derechos humanos, que todos los hombres son iguales por poseer las mismas prerrogativas, y de forma análoga, en el derecho internacional, se reconoce el principio de igualdad soberana, según el cual todos los Estados son iguales.

La pandemia ha demostrado la cruda realidad. Los apoyos económicos gubernamentales solamente fueron beneficios que dependieron de la capacidad y la magnitud económica e ideología de cada Estado. Los Estados desarrollados que han invertido en ciencia y tecnología fueron aquellos capaces de desarrollar la añorada vacuna. Los gobiernos con recursos económicos suficientes lograron acaparar, en un primer momento, los insumos y los aparatos médicos para tratar a su población afectada por el Sars-CoV-2; en un segundo momento, las medicinas que fueron identificadas como efectivas para el tratamiento en contra del Covid-19; en tercer lugar, que parte de su población tuviera acceso a la fase III de las potenciales vacunas, y finalmente, para asegurar el acceso temprano de la vacuna a toda su población.

Así como algunos Estados acapararon la vacuna para su población, también muchas personas aprovecharon la oportunidad y se trasladaron a otro país para recibir su vacuna.

Este tipo de acciones generaron críticas en varios segmentos de la población y en varios Estados por esta inequidad fáctica.

Sin embargo, ante ese escenario es necesario reflexionar si el sistema internacional realmente busca asegurar la equidad.

Gran parte del problema es la falta de entendimiento que se tiene sobre el derecho internacional. Muchas personas se crean falsas expectativas o escenarios inexistentes respecto de la norma internacional, lo cual genera la divergencia entre legem ferenda, o lo que queremos que el derecho llegue a ser, y lex lata, lo que la norma realmente es.

El derecho internacional no busca asegurar la equidad entre sus sujetos. Así como los efectos devastadores de la pandemia se han dado como consecuencia de la concurrencia de diversos paradigmas que han auxiliado al avance de la humanidad, en estos momentos su interpretación errónea generó un efecto LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Visión global ]

catalizador para que una emergencia de salud internacional mutara en la crisis económica del “gran confinamiento”.

De igual manera, la frustración de muchas personas y gobiernos por la desigualdad que existe en realidad en la comunidad internacional deriva de una falsa creencia de que los principios jurídicos son equivalentes a los conceptos de justicia social. Desafortunadamente, esta desigualdad, aunada a una equivocada interpretación del marco internacional, es justamente la razón por la cual veremos cómo el uso de los pasaportes de vacunación será frustrado por el legalismo y el idealismo excesivo que existe dentro de la sociedad global hoy en día.

Conclusión La respuesta a la pandemia del Covid-19 expone la divergencia entre expectativa y realidad. Lo anterior no significa que los paradigmas de los que se ha hablado en este artículo sean equivocados y deban suprimirse, sino simplemente busca reflejar algo ulterior en la evolución de la aldea global que conocemos como comunidad internacional. Si bien esta comunidad se identifica como agrupación bajo este común denominador, todavía no la equipara con obligaciones solidarias. Lo mismo sucede con los derechos humanos: todavía no llegamos al punto en que tengamos claro que éstos deben servir para mejorar la vida y la dignidad de todos, y no como un obstáculo para que los gobiernos implementen políticas públicas que permitan el bienestar general.

Sin duda alguna, todavía muchos de estos conceptos (como derechos humanos, dignidad humana, seguridad nacional, soberanía) no han madurado en la psique colectiva. Esta falta de madurez evidencia cómo, aun cuando ya han pasado varios años de su aparición en la escena mundial, todavía no alcanzamos el punto en el que podamos claramente definirlos y sentirnos cómodos para hablar sobre sus límites y alcances. Mientras sigamos en estos puntos de indefinición, las tragedias seguirán potencializándose porque la falta de actuación temprana se ve mermada por la discusión sobre qué derechos y qué personas o sociedades serán afectadas por las actuaciones gubernamentales.

Asimismo, es necesario reconocer que por más avanzados que sean nuestros desarrollos tecnológicos y científicos, todavía queda un largo camino por recorrer y en el ínter existirán múltiples factores que no podremos controlar, ni comprender. Ante esta impotencia, es necesario no emplear las construcciones jurídicas que buscan brindar mayor dignidad a las personas como herramientas para minar la toma de decisiones o para disfrazar la incapacidad de ciertos gobiernos de enfrentar retos como los actuales.

La suma de todos estos factores —los cuales, dicho sea de paso, son parte de la evolución orgánica de la comunidad internacional y de los Estados—, aunada a su falta de madurez en la sociedad global, son justamente los que provocaron la tormenta perfecta para que la pandemia del Covid-19 golpeara con la fuerza con que lo hizo. Ésta no es una crítica a cada uno de estos factores sino simplemente un recordatorio de que todavía falta mucho para emplearlos de forma efectiva y mejorar la dignidad humana. 7 Conoce más sobre el tema en este video:

Víctor Emilio Corzo es doctor en derecho y diplomático de carrera experto en derecho internacional. @VE_Corzo Ernesto Eduardo Corzo es experto en arbitraje internacional, acreditado para ejercer en México y en Estados Unidos.

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@EE_Corzo

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Jorge Guillermo Olveda García

¿EL PENACHO DE MOCTEZUMA puede volver a México?

E

El penacho de Moctezuma, que ha permanecido fuera de nuestro territorio por cinco siglos, ha sido reclamado por diversas administraciones del gobierno mexicano. El Ejecutivo actual también está buscando el retorno de la pieza con motivo de la celebración del bicentenario de la consumación de la Independencia. Pero más allá del eventual éxito o fracaso de estas gestiones, ¿cuáles son los aspectos legales involucrados en la solicitud?

n México han sido muchas las ocasiones en que se ha discutido e intentado, a través de diversas acciones, la repatriación de la pieza precolombina que lleva el nombre de Quetzalapanecáyotl, generalmente conocida como penacho de Moctezuma, que para la cultura azteca representaba a un quetzal completo con las alas extendidas, el cual estaba relacionado con la guerra y el gobierno.1 Como se sabe, en la actualidad forma parte del acervo del Welt Museum de Viena, Austria.

Al parecer, continuarán esos intentos de repatriación, pues como lo ha expresado el Ejecutivo de la nación, el penacho de Moctezuma y otros diversos bienes prehispánicos que salieron de lo que ahora es nuestro territorio en distintas épocas, y que en la actualidad se localizan en museos y colecciones en el extranjero, deben regresar a nuestro país, ya sea por la vía de préstamo o devolución, con la intención de que formen parte del acervo museográfico de las exposiciones conmemorativas por los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, los 500 de su conquista y el bicentenario de la consumación de la Independencia nacional. Como se recordará, desde 2019 de nueva cuenta se retomó el discurso sobre la legalidad o

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ilegalidad de que esa nación de Europa central conserve este bien cultural atribuido a Moctezuma.

Las gestiones de buena voluntad emprendidas por el gobierno federal, si así las queremos llamar, no pueden considerarse legales por los defectos que más adelante se expresarán.

Esos trámites iniciaron con la designación de la esposa del presidente de México, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, como encargada de gestionar la devolución o los préstamos de diversas piezas arqueológicas, entre otros, el penacho de Moctezuma, ante los gobiernos y los museos extranjeros. El pasado 12 de octubre Gutiérrez Müller se reunió con el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, a quien le solicitó, a nombre del gobierno de México, el préstamo temporal del tocado de plumas de quetzal que se exhibe en el Museo de Viena, el cual forma parte de su colección permanente de Norte y Centroamérica; sin embargo, la solicitud fue denegada una vez más, pues el propio Welt Museum indicó en su página de internet2 que después de años de investigación, como parte de un proyecto de cooperación bilateral, los especialistas en conservación de estos bienes culturales de México manifestaron que el penacho no podía ser transportado porque sus

Weltmuseum Wien

frágiles plumas sufrirían un daño severo, aunque haya voces individuales que exijan su regreso a nuestro país.

Debemos precisar que la llamada “misión casi imposible” de la historiadora Gutiérrez Müller, como la calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, vía Twitter, el 12 de octubre de 2020, se encuentra fuera de la norma aplicable en la materia, pues de acuerdo con el artículo segundo de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, le corresponde a esta dependencia federal la recuperación del patrimonio cultural arqueológico de la nación, así como su conservación, restauración y protección, y por otra parte, el numeral 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos le confiere a esta institución el deber de promover la recuperación de los monumentos prehispánicos que se encuentren en el extranjero.

Además, entre las funciones del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, previstas en el Manual general de organización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2018, encontramos que a este funcionario le corresponde planear y controlar, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los

trámites necesarios para conseguir la devolución de los bienes arqueológicos o históricos que estén en el extranjero.

El desconocimiento de la norma aplicable al caso concreto y la poca participación de la autoridad competente en esta materia, que de acuerdo con el numeral 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos permite afirmar que las gestiones encabezadas por la esposa del Ejecutivo, aunque fueran bien intencionadas, como lo expresó vía Twitter el presidente de México, contravinieron el derecho de nuestro país.

Del análisis de la designación y la encomienda de la cónyuge del presidente para llevar a cabo la “misión casi imposible” podemos afirmar que vulneró las funciones propias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que, de conformidad con el artículo 13, fracción VII, de su reglamento interior, es atribución de la Consultoría Jurídica realizar, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y otras dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, en este caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los trámites necesarios para la recuperación de LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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bienes arqueológicos, artísticos y culturales que se localicen en el extranjero y que hayan salido ilícitamente del territorio nacional.

Aun cuando se encuentran debidamente previstas las funciones y las atribuciones de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar las gestiones de repatriación temporal del llamado penacho de Moctezuma, incorrectamente se comisionó a una persona ajena, que de acuerdo con nuestro marco normativo no cuenta con ninguna representación legal en el interior ni en el exterior, lo que ocasionó, aunque fuera posible el traslado del bien cultural que nos ocupa a nuestro país para su exposición, la negativa a esa petición, aunque también podemos atribuirla a la falta de seriedad y diplomacia de las gestiones.

Ante el fracaso de la misión de Gutiérrez Müller para obtener el préstamo temporal del penacho de Moctezuma del Welt Museum, así como de otras gestiones similares llevadas a cabo ante el Vaticano y el gobierno de Italia, el presidente de México, en su conferencia matutina del 26 de octubre de 2020, en respuesta al cuestionamiento de un periodista sobre los resultados del viaje de su esposa por Europa, manifestó que se avanzó en el préstamo o devolución de los bienes patrimoniales de México, pero aclaró que las naciones no quieren devolverlos, por lo que está pensando muy seriamente presentar una iniciativa ante la Organización de las Naciones Unidas para que todo ese patrimonio regrese a los pueblos de donde proceden.

Sobre la pretensión del presidente de la República de acudir ante organismos internacionales para recuperar el patrimonio cultural arqueológico localizado en el exterior, sería prudente que sus asesores, en este caso, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Antropología e Historia, le informen del carácter universal del patrimonio cultural previsto en los instrumentos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), ya que en el caso que nos ocupa lo indicado sería, para la debida conservación del penacho de Moctezuma y en beneficio de las siguientes generaciones —y con esto me refiero a la humanidad entera y no sólo de los mexicanos—, que dicho objeto continuara en custodia del Museo de Austria.

Para identificar y comprender los aspectos legales del penacho de Moctezuma considero, en primer lugar, que debemos analizar y determinar si su salida de México violó el derecho aplicable en su momento. Para lo anterior debemos tener en consideración que la mayoría de las fuentes indica que dicho bien cultural fue obsequiado por Moctezuma a Hernán Cortés en 1519, por lo que su presencia en el continente europeo data del siglo XVI. En ese momento el derecho aplicable en la

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De acuerdo con el principio del ámbito temporal de la vigencia de las leyes, no es viable ni procedente buscar la repatriación de este bien arqueológico con el argumento de la ilicitud de su salida del territorio mexicano con base en el derecho interno vigente.”

Nueva España eran las Leyes de Indias,3 mandadas imprimir y publicar por el rey Carlos II, las cuales, una vez analizadas en relación con el objeto de estudio, podemos determinar que no tenían el objeto de proteger o conservar la integridad de los bienes culturales, sino, más bien, estaban elaboradas para asegurar a la Corona un porcentaje de ganancia económica por los hallazgos de lo que llamaban tesoros.4 En el libro VIII, título XII, de las Leyes de Indias, los tesoros, los depósitos y los rescates estaban regulados por ocho leyes, en las cuales, al analizarlas bajo la perspectiva que nos ocupa, identificamos que en la Ley Primera, titulada “Que en descubrir tesoros se guarde la forma de esta ley”, se dispuso que todo aquel que intentare descubrir tesoros en los territorios de las Indias debería primero negociar con los virreyes, presidentes o gobernadores la parte que se le daría de lo que obtuviere, así como la cantidad que debía pagar a la Real Hacienda, las costas y los gastos necesarios para que se designara a una persona de confianza y rectitud para que acompañara y asistiera al descubridor, quien daría cuenta y razón de lo que se hallare, con orden de que lo valuara y tasara, para después otorgarle al descubridor su parte, una vez asignados los derechos y los quintos correspondientes a la Corona española.

La Ley II, referida a “Que de los tesoros hallados en sepulturas, oques, templos, adoratorios o heredamientos de los indios, sea la mitad para el rey, habiendo sacado los derechos y quintos”, expedida en Valladolid el 4 de septiembre de 1536, impuso un pago a todo aquel que encontrara tesoros de oro, plata, piedras, perlas, cobre, plomo, estaño y otras cosas en enterramientos, sepulturas, oques, casas, templos de indios, como en otros lugares en que se ofrecían sacrificios; dicho pago de extracción consistía en entregar a la Real Hacienda, una vez pagado el uno y medio, y luego el quinto, la mitad de todo lo encontrado, sin descuento de cosa alguna.

La Ley III, relativa a “Que el que hallare sepulturas las registre”, promulgada el 3 de febrero de 1537, estableció que el que hallare sepulturas o adoratorios de indios, antes de sacar oro, plata o cualquier cosa, lo debía manifestar y registrar ante los oficiales de la Real Hacienda, con la advertencia de que, de no hacerlo, perdería la parte que le correspondería.

Fue hasta el 15 de junio de 1573, con la Ley IV, titulada “Que en el descubrimiento de tesoros, guacas, enterramientos y minas se guarde con los indios lo ordenado con los españoles”, cuando el rey Felipe II otorgó derechos

de descubridor a los indios sin admitir diferencia con los españoles, en vista de que los naturales de estos territorios no se atrevían a descubrir tesoros por temor a ser castigados, y a que no se les diera la parte que les correspondería como descubridores.

En la Ley V, nombrada “Que los virreyes e iglesias no tienen derecho a los tesoros, ni bienes de adoratorios y guacas y el ganado se aplique al rey”, expedida en Madrid el 29 de febrero de 1575, por el rey Felipe II, se declaró que todos los tesoros descubiertos debían ser entregados a la Real Hacienda, excluyendo de este control y bienes a virreyes, a presidentes, a las audiencias y a la Iglesia.

De acuerdo con lo anterior, podemos determinar que la extracción del penacho de Moctezuma del territorio de la Nueva España no ocurrió en contravención de la legislación aplicable en ese momento, pues no estaba prohibido, por lo que, de acuerdo con el principio del ámbito temporal de la vigencia de las leyes, no es viable ni procedente buscar la repatriación de este bien arqueológico con el argumento de la ilicitud de su salida del territorio mexicano con base en el derecho interno vigente, que establece la prohibición de la exportación de piezas arqueológicas, como lo refiere el numeral 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos,5 con la aclaración de que esta prohibición no es absoluta, pues dicho artículo prevé la posibilidad de la exportación de bienes precolombinos cuando se trate de canjes o donativos a gobiernos o institutos científicos extranjeros, siempre y cuando lo acuerde el presidente de la República.

Con base en las diversas leyes en materia del patrimonio cultural que han tenido aplicación en nuestro país, puede señalarse que fue hasta el 16 de noviembre de 1827, al expedirse el Arancel para las Aduanas Marítimas y Fronteras de la República Mexicana, cuando se prohibió legalmente la exportación de objetos con valor histórico y otras antigüedades, por lo que sólo a partir de ese momento podría reclamarse que un bien cultural haya sido extraído ilícitamente de nuestro país. Por otra parte, es necesario señalar que a partir del 11 de mayo de 1897, con la promulgación de la ley relativa a los monumentos arqueológicos, se estableció por primera vez que los bienes prehispánicos existentes en territorio mexicano eran propiedad de la nación.

En otro orden de ideas, debemos considerar cómo ha sido la práctica internacional de México en materia LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Twitter: @lopezobrador_

de devolución de bienes culturales, pues si bien a la fecha no se tiene celebrado un compromiso internacional con Austria sobre este tema, nuestro país ha suscrito diversos tratados bilaterales en materia de protección, restitución, recuperación y devolución de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos con las repúblicas de China,6 Guatemala,7 El Salvador,8 Perú,9 Belice10 y Estados Unidos;11 sin embargo, estos convenios no pueden influir como una práctica internacional puesto que los objetivos de estos instrumentos se refieren a la devolución o restitución de los bienes del patrimonio cultural que hayan salido de los Estados por robo o exportación ilícita, lo que en el caso del penacho de Moctezuma no aconteció por los motivos expuestos con anterioridad.

Siguiendo con los objetivos de los instrumentos internacionales mencionados previamente, pero ahora desde el ámbito multilateral, podríamos mencionar a la “Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales”.12 No obstante las disposiciones de este tratado, aun cuando México13 y Austria14 sean partes del mismo, el gobierno mexicano tampoco puede exigir la devolución del penacho de Moctezuma, aunque este objeto prehispánico encuadre, por sus características, entre los bienes jurídicos tutelados de su artículo 1º, el cual enumera las categorías y las clases de bienes culturales protegidos.

Es pertinente señalar que los Estados en esta convención asumieron como obligación tomar las medidas necesarias conforme

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Las gestiones encabezadas por la esposa del Ejecutivo, aunque fueran bien intencionadas, como lo expresó vía Twitter el presidente de México, contravinieron el derecho de nuestro país.”

a su legislación nacional para prohibir la adquisición, la exportación o la importación ilícita de bienes culturales y, en estos casos, imponer las sanciones penales y administrativas a los responsables, así como facilitar la restitución al país requirente. Sin embargo, en el caso del penacho de Moctezuma estas disposiciones no aplican, en primer lugar, por no haber sido exportado o adquirido ilícitamente, como ya lo hemos establecido, y, en segundo término, por la excepción ratione temporis que aplica a este supuesto, toda vez que este instrumento internacional claramente señala que los compromisos de los Estados se dan después de la entrada en vigor del mismo.

Podemos concluir diciendo que las obligaciones internacionales que se pueden exigir al gobierno de Austria en el caso

del penacho de Moctezuma son las previstas en la “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural”,15 en el sentido de que a este objeto prehispánico se le puede atribuir un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, de acuerdo con el supuesto establecido en el artículo 4; por lo tanto, a esa nación europea le corresponde su protección, conservación y transmisión a las futuras generaciones, pues se encuentra situado dentro de su territorio, independientemente del lugar de su origen, tal como se prevé en el numeral 6 de dicho instrumento. Por lo tanto, considero que no debemos caer en falsos nacionalismos para exigir la devolución sin ningún fundamento legal que la sustente, máxime que, de realizarse como se pretende, se pondría en riesgo su integridad. 7

Carmen Aguilera, “El penacho de Motecuhzoma”, en Arqueología Mexicana, núm. 64, 2003, pp. 76-79, en https://arqueologiamexicana.mx/ mexico-antiguo/el-penacho-de-motecuhzoma.

2 https://www.weltmuseumwien.at/en/highlights/#north-and-central-america.

3 Consultado el 24 de noviembre de 2020 en la página de internet de la Universidad de Sevilla, http://fondosdigitales.us.es/media/ books/752/752_250098_13.jpeg.

4 Sonia Lombardo, Antecedentes de las leyes sobre monumentos históricos, INAH, México, 1988, p. 13.

5 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972.

6 Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Popular de China para la cooperación en materia de protección, preservación, devolución y restitución de bienes culturales y prevención del robo, excavación clandestina e importación y exportación ilícitas de bienes culturales. Adoptado en Beijing, China, el 6 de abril de 2012, y aprobado por el Senado el 25 de marzo de 2014.

Publicación: Diario Oficial de la Federación, 9 de mayo de 2014; entrada en vigor: 19 de junio de 2014. Registro ante la ONU: 52491.

7 Convenio de protección y restitución de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Guatemala. Adoptado en Rosario de Izapa, Chiapas, México, el 31 de mayo de 1975, y aprobado por el Senado el 21 de octubre de 1975. Publicación: Diario Oficial de la Federación, 16 de febrero de 1976; entrada en vigor: 18 de enero de 1977.

Registro ante la ONU: 23118.

8 Convenio de protección y restitución de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de El Salvador. Adoptado en la Ciudad de México, el 7 de junio de 1990, y aprobado por el Senado el 12 de julio de 1990. Publicación: Diario Oficial de la Federación, 2 de agosto de 1990; entrada en vigor: 20 de octubre de 1992. Registro ante la ONU: 48248.

9 Convenio para la protección, conservación, recuperación y devolución de bienes arqueológicos, artísticos e históricos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Peruana. Adoptado en la Ciudad de México, el 25 de octubre de 2002, y aprobado en el Senado el 29 de abril de 2003. Publicación: Diario Oficial de la Federación, 26 de junio de 2003; entrada en vigor: 17 de julio de 2003.

Registro ante la ONU: 43131.

10 Convenio de protección y restitución de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Belice. Adoptado en Belmopán, Belice, el 20 de septiembre de 1991, y aprobado por el Senado el 19 de diciembre de 1991. Publicación: Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 1992; entrada en vigor: 11 de enero de 1996. Registro ante la ONU: 48213.

11 Tratado de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América que dispone la recuperación y la devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados. Adoptado en la Ciudad de México, el 17 de julio de 1970, y aprobado por el Senado el 5 de noviembre de 1970. Publicación: Diario Oficial de la Federación, 21 de noviembre de 1970; entrada en vigor: 24 de marzo de 1971. Registro ante la ONU: 11244.

12 Adoptada en la 16ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París del 12 de octubre al 14 de noviembre de 1970.

13 Aceptación: 4 de octubre de 1972.

14 Ratificación: 15 de julio 2015.

15 Firmada en París el 23 de noviembre de 1972, durante la 17ª Conferencia General de la UNESCO. 1

Jorge Guillermo Olveda García es doctor en derecho, especialista en derecho cultural y profesor de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Ángel Gilberto Adame

Una nueva etapa en la Barra Mexicana Claudia de Buen 24

abogacía Abril 2021

Voces Claudia de Buen acumula una larga trayectoria en la Barra Mexicana, Colegio de

Abogados, donde ha sido coordinadora y secretaria de diversas comisiones, entre

las cuales destaca la de Derecho Civil. Hoy es la presidenta del colegio para el perio-

do 2021-2023 y abogacía la visitó en su despacho, ubicado en Mariano Escobedo, en Polanco, Ciudad de México. Es una oficina de abolengo, de larga tradición, testigo de muchas historias estelares de la práctica del derecho en México.

C

laudia, provienes de una dinastía de abogados de renombre. Don Néstor fue un referente en el derecho laboral. Pero muchos olvidan que tu padre fue, además, hijo de otro gran abogado, don Demófilo. Tu familia es de las pocas que puede presumir que tiene dos placas en la Facultad de Derecho de la UNAM: la de tu padre y la de tu abuelo.

De hecho, de don Demófilo hay dos placas: hay una en un salón y otra en el muro del auditorio de Derecho. Así es, mi abuelo fue un gran jurista del exilio. n ¿Lo conociste?

No, murió muy joven, a los 55 años de edad. Mi padre todavía no se casaba. Mi abuelo fue presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo en España. Además, un catedrático muy reconocido en Salamanca, en la Universidad de Sevilla y luego en Madrid. n Esa historia la desconocía...

Escribió un importante libro de derecho civil que se publicó a nombre de alguien afín al franquismo. Incluso, a mi abuelo lo expulsaron del Ilustre y Real Colegio de Madrid. Apenas hace poco le hicieron justicia y lo reingresaron. n Para tu familia debe haber sido un golpe muy fuerte salir de España ya con un reconocimiento importante de tu abuelo y llegar a otro país a empezar de cero, si bien con cierto prestigio. ¿Cómo fue el trayecto de su exilio hacia México? ¡Sí, caray! Mi abuelo siempre fue un hombre muy prudente al que le iba económicamente bien en España y que tuvo que dejar todo por estar su vida y la de su familia amenazadas por la dictadura.

Cuando mis abuelos huyeron de España y se embarcaron hacia México, el trayecto pasaba por República Dominicana.

Antes de partir, mi abuelo tuvo el cuidado de sacar visas para entrar a la isla. Para poder entrar, el dictador Leónidas Trujillo exigía a todos los pasajeros del barco una buena cantidad de dinero. A pesar de que mi abuelo tenía los documentos, se

solidarizó con el resto de los pasajeros que no tenían visa ni el dinero que se les exigía; bajó del barco y negoció la llegada de los pasajeros a México, un país amigo de los migrantes, gobernado entonces por el presidente Cárdenas. Así llegaron finalmente a Veracruz. n Al llegar aquí tu abuelo hizo carrera y fue uno de los maestros del exilio español. Era un gran especialista en derecho civil. Y entre sus cuatro hijos tenemos a tu padre, que quizá fue uno de los laboralistas más importantes del siglo XX mexicano. Luego, entre los hijos de don Néstor, la historia se repetiría.

Sí, de los siete hijos de mi papá dos somos abogados: Carlos y yo. Carlos es laboralista y yo civilista. Hay otro nieto de Demófilo que es abogado: mi primo Ricardo de Buen, y dos nietos hasta el momento: mi sobrino Fernando y mi hija Marisol.

Más que litigantes, deberíamos pensar en ser mediadores, facilitadores, conciliadores, negociadores. Es tiempo de dejar de ver el conflicto como un pleito, para considerarlo como una oportunidad de solución, lo cual es muy distinto.”

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Voces Claudia de Buen Unna es socia del Bufete de Buen, S.C. Con una reconocida trayectoria en la práctica privada en las ramas civil, familiar y mercantil, ha sido también abogada general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). En su desempeño profesional ejerce la mediación certificada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es licenciada en derecho por la UAM, maestra en derecho de familia por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y cuenta con estudios de posgrado en derecho mercantil, derecho de amparo, derecho financiero y comercio internacional en la Universidad Panamericana.

También ha sido profesora de obligaciones civiles y derecho de familia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Como abogado, es posible dedicarse a una infinidad de actividades: asesoría, consejería, mediación, trabajo para el Servicio Exterior o para el gobierno... Pero hay que especializarse. Terminar sólo la licenciatura no es suficiente.”

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abogacía Abril 2021

n ¿Entonces fuiste el orgullo de tu padre por ser la mujer que estudió derecho?

Sí, pero no podría afirmar que más que Carlos, mi hermano.

Creo que cada uno ocupaba un lugar muy especial. Conmigo tuvo que ser paciente porque yo necesitaba un horario diferente para atender a mis hijas, trabajar y a ratos estudiar. Ya entonces de alguna manera se podía trabajar a distancia; yo me llevaba expedientes y trabajaba en casa, pero a él no le gustaba, quería verme aquí, en el despacho, quería tenerme cerca. Optó por contratar a una persona que me apoyara en el despacho, en un espacio que era ideal, con el cuidado de mis hijas cuando eran muy pequeñas. Posteriormente, me tenía que tomar dos tardes para estar presente con ellas y apoyarlas en sus tareas, médicos, clases particulares, eventos sociales, etcétera. Para mí fue un poco complicado porque, claro, él y los demás socios —hombres— no tenían la conciencia de lo que es ser madre, ama de casa, profesionista y estudiante; todos tenían una esposa en casa cuidando de la familia con trabajo de medio tiempo o sin trabajo. Yo vivía constantemente presa de la culpa: no quería estancarme ni académica ni profesionalmente; ni quería ni podía. En un mundo de hombres, la preparación fue fundamental para llegar a donde he logrado llegar; sin embargo, no quería dejar a mis hijas, ni quería faltar al despacho. La culpa es un sentimiento que me ha acompañado muchos años: no estar en ningún lugar

Voces de tiempo completo, un asunto muy común e incómodo para las madres de la época.

Sin embargo, la confianza y la autoestima me impulsaron; son claves fundamentales del éxito. Cuando una persona confía en ti, como mi padre confiaba en mí, se te abren muchas puertas. Mi padre fue mi tutor, mi mentor, mi jefe, mi ejemplo a seguir. Diciéndome siempre “Tú puedes”, me hizo un gran bien. Su ejemplo me compromete. n En tu camino profesional siempre ha habido un afán de independencia, de valer por ti misma más allá de la carga familiar, de encontrar tu propio camino. Por ejemplo, estudiaste en la UAM y no en la UNAM e hiciste una importante carrera académica y profesional ahí. ¿Hay en ti cierta rebeldía?

Sí, claro. Yo era —o soy— rebelde. No quería estudiar derecho por no ser igual que mi papá, sólo por seguir la tradición de la familia; quería ser yo quien tomara la decisión sin influencias, como si fuera posible. Cuando al fin decidí estudiar derecho, la situación económica de mi casa no era la óptima: siete hermanos, varios estudiaban en universidades privadas y el dinero no alcanzaba. Tomé conciencia de que no podía ni debía ser una carga económica adicional para mis papás y ese momento coincidió con la apertura de la UAM. Así fue como decidí experimentar en esa nueva universidad —a pesar de que la UNAM estaba a unos pasos de mi casa—, en la que encontré grandes profesores, amigos y gratas experiencias. n Y con una idea de la enseñanza distinta, novedosa, ¿no?

Totalmente distinta. En principio, yo había estudiado en una preparatoria “activa”, donde los alumnos nos hablábamos de tú con los maestros, nos sentábamos alrededor del salón, en círculo, y no en bancas, donde las clases no eran tradicionales La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, se fundó en 1922 con el nombre de Barra Mexicana de Abogados. Su fundación se enmarca en una vieja tradición en el mundo jurídico que se remonta a la etapa virreinal. En 1760 se fundó el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, que fue el primer colegio de abogados y de profesionales en la Nueva España. En 1890 se fundó la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, que subsiste hasta nuestros días. La Barra entrega anualmente el Premio Nacional de Jurisprudencia, el cual fue otorgado en 2005 a Néstor de Buen Lozano. Hoy, Claudia de Buen llega a preservar, modernizar y continuar con ese legado.

y el arte tenía una enorme importancia. Esperaba algo similar en la universidad y me sentí como pez en el agua en la UAM, a pesar de que me quedaba muy lejos, en Azcapotzalco, y yo no tenía coche. n Es evidente que a tu alma mater le tienes cariño. Incluso fuiste su abogada general, un puesto que implica muchos retos.

Cariño y orgullo. Asumí el puesto de abogada general para el periodo 2005-2007, en el contexto de una huelga larguísima por un conflicto intrasindical. Para mí constituyó un enorme aprendizaje ser la abogada general de la UAM. Creo que eso me empoderó y me proporcionó una visión diferente de la vida.

Hasta la fecha, ha sido el único cargo público que he ejercido. n Y esta trayectoria personal y profesional te lleva hoy a dirigir la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que si bien no es el más antiguo, sí es el colegio más prestigiado y el que genera más conversación. El hecho de que una mujer lo dirija era inimaginable hace algunos años...

Qué bueno que tú lo dices, porque yo siempre lo supuse imposible. En 2003 Fabián Aguinaco me invitó a ser miembro de su consejo. De 20 consejeros, sólo dos éramos mujeres: Patricia Kurczyn Villalobos y yo. Entonces Fabián dijo que una de nosotras tendría que ser presidenta. Yo le agradecí, pero le dije que no estaba en mis planes. Pretendía pertenecer a la Barra, trabajar para ella con mis colegas, pero hasta ahí. Entonces sucedió que me empezaron a asignar algunas responsabilidades muy interesantes: coordinar la Comisión de Equidad y Género; ser secretaria de otras comisiones y subcoordinadora de la Comisión de Derecho Procesal y de la de Derecho Familiar. Fue un trabajo arduo abrirme paso en la Barra, ser tomada en cuenta, ser reconocida por mi trabajo, abrir espacios de participación. n Y después del arduo camino abierto con base en tesón y talento, hoy llegas a la presidencia y te toca aportar tu visión e impulsar los cambios por los que has luchado toda tu vida. ¿Cómo ves el panorama?

Llegar no ha sido fácil. He tenido que pasar muchos obstáculos, como los han pasado mujeres a quienes admiro mucho, como las ministras Yasmín Esquivel, Ana Margarita Ríos Farjat, Margarita Luna Ramos, Norma Piña, y las juristas Patricia Kurczyn, Patricia Olamendi y muchas mujeres más, que hemos impulsado cambios muy importantes. Nos ha costado mucho trabajo llegar a donde estamos. Nos han vapuleado, lastimado, humillado, pero hemos ido rompiendo el famoso techo de cristal. Ha sido un trabajo de muchas mujeres, pero también de muchos hombres convencidos de que nosotras tenemos mucho que aportar a la sociedad. Nuestra llegada a cargos de cierto poder o trascendencia dará lugar a que las LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Voces

Claudia de Buen es una abogada formada en una de las más notables dinastías jurídicas de nuestro país y de España; una mujer que se ha abierto camino en el mundo de la abogacía por mérito propio y a la que hoy se le ha entregado la responsabilidad de dirigir uno de los colegios de abogados más prestigiosos de nuestro país, en un hito que marca un quiebre en muchos sentidos y que señala un nuevo rumbo para la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y, con suerte, para la profesión entera de la abogacía en México. siguientes generaciones puedan llegar con menos obstáculos y muchos más apoyos.

por un código de ética, con las consecuencias inherentes a su violación, como sucede en casi todos los países.

n Este momento de tu vida profesional implica un enorme mérito. ¿Aquí es donde ves la culminación de tus esfuerzos?

No, desde luego que debemos seguir adelante. Esto es una parte del camino. No tengo planeado parar; pienso seguir hasta donde me canse o me dé cuenta de que no aporto más.

Entonces quizá descansaré o buscaré otra actividad que me llene el espíritu.

n En este tema ha habido mucha resistencia...

Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se avanzó muchísimo en el tema; incluso estuvo cerca de concretarse, pero hubo mucha resistencia por parte de despachos influyentes que no quieren la colegiación obligatoria.

Se trata de un tema que trabajaremos conjuntamente con los otros colegios de abogados. 7

n ¿Cuáles son tus planes para la Barra? ¿Cómo la ves en dos años?

Tengo muchos: continuar con lo que se ha venido haciendo en favor de la membresía y de la abogacía en general. Seguir siendo la conciencia jurídica del país.

La educación continua es uno de los proyectos de mayor calado en los próximos dos años, a través del Instituto Barra Mexicana.

Cumplir con el compromiso con ONU Mujeres para abordar los temas de paridad y lenguaje inclusivo.

Me gustaría concretar el proyecto de cambio de nombre al propuesto durante el periodo de José Mario de la Garza: Barra Mexicana, Colegio de la Abogacía.

Dignificar a la abogacía. Buscar nuevamente que se reforme la Constitución y las leyes secundarias en aras de lograr la colegiación obligatoria, para que nuestra profesión se rija

Nunca dejé de estudiar porque para poder tener un nombre propio dentro del derecho civil, viniendo de una familia con una amplia trayectoria en el ámbito laboral, tenía que destacar por mis propios méritos.”

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abogacía Abril 2021

Creando el presente,

abrazando el futuro Queremos invitarlo a formar parte de una gran causa que durante más de 30 años ha ayudado a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de cientos de jóvenes mexicanos.

Apoyamos anualmente a 40 jóvenes para que terminen secundaria en la escuela de la Fundación Mier y Pesado.

Con su donativo contribuimos a la creación de un mejor porvenir

Fundación Burton Blooms Diligencias 36, San Pedro Mártir, Tlalpan, C.P. 14650, Ciudad de México.

55 5573-8090, 55 5573-3684. www.fundacionburtonblooms.org

P D e A

Peréz de hacha Ibarra de rueda

¿Qué dicen hoy los tribunales?

Denise Tron Zuccher Mariana Ruiz Albarrán

En enero de 2021 inició el blog semanal “¿Qué dicen hoy los tribunales?”, elaborado por PDeA Abogados e Inteli-Iuris, en el que se analizan los precedentes del Poder Judicial

de la Federación (PJF). La jurisprudencia es la voz de los tribu-

nales. La jurisprudencia y las tesis aisladas del PJF orientan la aplicación del derecho y resuelven conflictos entre nor-

mas y principios. También son una fuente que nos permite conocer la práctica jurídica en todo el país. El blog reú-

ne criterios que se publican cada viernes en el Semanario

Judicial de la Federación sobre asuntos resueltos por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los plenos de circuito y tribunales colegiados. Esta primera

colaboración que se publica en abogacía reúne las primeras nueve entregas del blog.

E

n lo que va del año, la SCJN se pronunció sobre la política energética y los cigarros electrónicos e invalidó leyes ante la falta de consultas a la sociedad. En esta columna presentamos precedentes en materia fiscal, civil, laboral, transparencia y juicio de amparo. Ante la contingencia sanitaria, también fueron publicados precedentes relacionados con el Covid-19 y criterios sobre el juicio en línea tramitado en el Portal de Servicios en Línea (https:// www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), cuyo uso ha ido en aumento ante la limitación en las actividades del PJF por la pandemia. El 11 de marzo se publicó la reforma al PJF a través de la modificación de diversos artículos de la Constitución federal. Se establece un nuevo sistema de precedentes en la jurisprudencia.

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abogacía Abril 2021

Este contexto revela la importancia de estar actualizados, más que nunca, en lo que dicen hoy los tribunales. Los expedientes a que se hace referencia en este artículo pueden consultarse en el buscador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente enlace:

n La SCJN invalida política energética del gobierno federal

En este sexenio se han gestado cambios importantes en materia energética, los cuales llegaron a la SCJN en la controversia constitucional 89/2020, resuelta por la segunda sala el pasado 3 de febrero de 2021.

15 de mayo de 2020

Secretaría de Energía

Se publica la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Política).

22 de junio de 2020

Comisión Federal de Competencia Económica

Presenta controversia constitucional ante la SCJN en contra de la Política.

1º de febrero de 2021

Presidente de la República

Envía a diputados una iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica.

3 de febrero de 2021

SCJN

Resuelve controversia constitucional e invalida 22 disposiciones de la Política.

9 de marzo de 2021

Presidente de la República

Publica las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

La Política buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y restringía la participación del sector privado que ha invertido en energías renovables. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la contravirtió por considerar que violaba la Constitución federal, otorgaba ventajas indebidas y afectaba la libre competencia en el mercado eléctrico.

La SCJN invalidó 22 disposiciones de la Política, dejando sin efectos algunas medidas que el gobierno federal pretendió establecer el año pasado, de acuerdo con los siguientes argumentos: • La preferencia por proyectos estratégicos de la Secretaría de Energía es incompatible con condiciones de acceso abierto a las redes sin discriminación.

• La Política es una barrera a la libre competencia que afecta la entrada al mercado de energías limpias.

• Se debe incentivar la generación de energías limpias para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales de transición que reduzcan los combustibles fósiles, algunos de ellos derivados del T-Mec. • La Política limita la generación de energía limpia en beneficio de la generación de energía tradicional, lo que es contrario al artículo 25 de la Constitución federal.

El gobierno federal presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica en la que se incluyeron algunas políticas invalidadas por la SCJN. Esta reforma fue aprobada por ambas cámaras y publicada el 9 de marzo. La reforma ya fue impugnada y habrá que esperar el pronunciamiento que realicen los tribunales sobre su constitucionalidad. Expediente: 89/2020. Asunto: controversia constitucional.

Se debe incentivar la generación de energías limpias para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales de transición que reduzcan los combustibles fósiles. La Política limita la generación de energía limpia en beneficio de la generación de energía tradicional, lo que es contrario al artículo 25 de la Constitución federal.”

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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¿Qué dicen hoy los tribunales?

n La SCJN ordena respetar derechos laborales de policías federales que ahora integran la Guardia Nacional

En marzo de 2019 se reformó la Constitución federal para crear la Guardia Nacional, la cual estaría formada por policías federales, militares y navales. Un tema que no se previó en las reformas legales es si los policías iban o no a conservar su rango, remuneración y prestaciones. Meses después, el presidente de la República emitió un acuerdo mediante el que reguló la transición de los policías a la Guardia Nacional, sin señalar si los policías conservarían el rango y las prestaciones laborales que tenían en la Policía Federal. La SCJN analizó este acuerdo y determinó que es inconstitucional. Registro: 2022669. En consecuencia, los elementos de la Policía Federal que fueron transferidos a la Guardia Nacional deberán conservar el rango, la remuneración y las prestaciones con los que ya contaban. Registro: 2022668.

n La SCJN se pronuncia sobre los cigarros electrónicos

Un tema que se ha discutido en tribunales es si existe una prohibición para la venta de cigarros electrónicos, con y sin nicotina. El debate parte de la Ley General para el Control del Tabaco que impide que se vendan productos que sin contener tabaco resulten semejantes a éstos (artículo 16).

La segunda sala de la SCJN distinguió entre los dispositivos electrónicos: i) los que se utilizan sin tabaco; ii) los que se utilizan con tabaco. Respecto de los primeros, confirmó que están prohibidos en nuestro país, ya que se trata de los productos a los que se refiere el artículo 16 de la ley. Para los cigarros electrónicos que se utilizan con tabaco, la SCJN señaló que sí pueden venderse, pero deben cumplir con las restricciones que impone la ley para los cigarros; por ejemplo, está prohibida la venta a menores de edad así como realizar publicidad, y deben incluir advertencias en los empaques e información sobre el contenido del producto. Amparo en revisión: 957/2019.

n La SCJN se pronuncia sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Como parte de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, se emitió una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor en julio de 2017. Esa ley no estableció con claridad cómo sería aplicada por los gobiernos estatales. La SCJN resolvió en controversia constitucional que los congresos de los estados están facultados para expedir leyes locales en materia de responsabilidades administrativas, pero no pueden modificar el diseño previsto por la Ley General de 2017. Por lo tanto, la SCJN invalidó algunas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo León relacionadas con la definición de faltas administrativas graves, las declaraciones de situación patrimonial y las sanciones.

Comunicado: 050/2021.

n La SCJN invalida leyes por falta de consulta a la sociedad

La SCJN resolvió dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La primera de ellas se interpuso en contra de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, publicada en mayo de 2020.

La SCJN invalidó dos capítulos de la ley relacionados con la educación indígena y la educación inclusiva. La razón fue que durante el proceso legislativo no se consultó a las comunidades indígenas y a personas con discapacidad, lo cual es una obligación establecida en la Constitución federal. Acción de inconstitucionalidad: 212/2020.

Este mismo criterio lo sostuvo la SCJN al invalidar la reforma de 2020 a la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas de Nuevo León, ya que fue modificada sin realizar previamente una consulta a los grupos regulados por dicha ley.

Acción de inconstitucionalidad: 123/2020.

En ambos casos, los congresos de los estados tendrán que llevar a cabo las consultas y emitir nuevamente las normas invalidadas por la SCJN.

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abogacía Abril 2021

n Pensión alimenticia al finalizar el matrimonio y el concubinato

Un tribunal colegiado de la Ciudad de México resolvió que existe una diferencia injustificada entre el matrimonio y el concubinato por lo que hace a la pensión alimenticia que puede solicitar uno de los cónyuges, una vez que haya concluido la relación. En el concubinato, la pensión alimentaria sólo puede solicitarse dentro del año siguiente a que haya finalizado la relación; en cambio, en el matrimonio se establece como plazo para solicitarla el número de años que duró la relación. Esta diferencia se consideró contraria a la Constitución federal, al tratar de manera desigual a quienes se encuentran en una situación análoga. Registro: 2022714.

n Matrimonio nulo genera obligación de pensión

Cuando una persona previamente casada contrae un segundo matrimonio, este último matrimonio será nulo. Según criterio de una tesis aislada, se determinó que aun cuando el segundo matrimonio sea nulo, si entre las partes existió una relación estable y continua surge una relación de hecho paralela al primer matrimonio. Esta situación permite que se otorgue una pensión compensatoria a la terminación del segundo matrimonio viciado de nulidad. Registro: 2022629.

Esta tesis se sustenta en el precedente de la SCJN que ha determinado que cuando una pareja no casada convive de forma constante y estable, se le deben aplicar las protecciones previstas para la familia y el concubinato, dentro de las que se encuentran las obligaciones alimentarias. Registro: 2008267.

n Contrato de donación y falta de for-

malización

En jurisprudencia, un pleno de circuito resolvió que en una donación de un inmueble la falta de formalización del contrato no implica que pueda desconocerse. Se establece que si existen elementos que permitan probar la voluntad del donante y la aceptación de la donación, cualquiera de las partes puede demandar que se formalice la donación en escritura pública. Registro: 2022772.

n Empresas fantasma y cuándo impugnar la reso-

lución del SAT

Cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) resuelve que un contribuyente es “empresa fantasma”, le notifica su resolución a través del buzón tributario.

Treinta días después, el SAT publica el nombre del contribuyente en el Diario Oficial de la Federación y en su página de internet. El contribuyente pretendió desconocer la notificación por buzón tributario, así como la publicación de su nombre en el Diario Oficial de la Federación. El tribunal colegiado resolvió que la publicación que lleva a cabo del SAT en el Diario Oficial de la Federación debe considerarse como una notificación de la resolución del SAT y, por lo tanto, no puede argumentarse el desconocimiento de la misma.

Registro: 2022652.

n Un tribunal colegiado se pronuncia sobre las medidas de cierre

por el Covid-19

En un juicio de amparo se impugnó un acuerdo del gobernador de Chihuahua por el que se restringió la movilidad y se determinó el cierre de establecimientos y la suspensión de actividades para combatir la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. El quejoso solicitó la suspensión provisional para que no se le aplicara el acuerdo en tanto se tramitaba el juicio de amparo.

El tribunal colegiado negó la suspensión; sin embargo, en la tesis se realiza un planteamiento interesante, pues se señala que debe analizarse la razonabilidad de las medidas generalizadas que se han impuesto, así como la necesidad de ajustar dichas medidas conforme vaya evolucionando la pandemia. El tribunal colegiado señaló que las autoridades deben justificar la razonabilidad de las medidas que han establecido. Registro: 2022811.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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¿Qué dicen hoy los tribunales?

n Embarazo, despido y seguridad social

En este caso la quejosa demandó a su patrón por despedirla injustificadamente a causa de su embarazo. En el juicio laboral solicitó como medida cautelar que se le otorgara seguridad social mientras se desarrollaba el juicio, petición que se le negó con el argumento de que al momento de presentar la demanda ya había dado a luz. Un tribunal colegiado resolvió que el patrón sí debía proporcionar seguridad social a la trabajadora, aun cuando ya había dado a luz. En protección al derecho a la salud de la mujer, debía garantizarse la atención médica durante y después del embarazo, de acuerdo con los principios de perspectiva de género y de estabilidad laboral reforzada. Registros: 2022751 y 2022750.

n La SCJN confirma que gobiernos estatales pueden establecer

medidas por el Covid-19

Un municipio de Sonora, inconforme con dos decretos del gobierno del estado de Sonora para hacer frente a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, promovió dos controversias constitucionales para que la SCJN resolviera si afectaban las facultades del municipio. El 20 de enero la primera sala resolvió que los decretos del estado de Sonora no afectan a las autoridades municipales. Con estas sentencias se reconoce que los gobiernos estatales tienen facultades para decretar medidas de vigilancia epidemiológica, de prevención y de control de enfermedades transmisibles como es la derivada del virus Sars-CoV-2.

Igualmente, tienen facultades de otorgar estímulos fiscales para beneficiar a contribuyentes afectados por la pandemia, si éstos se refieren a contribuciones del orden estatal. Controversias constitucionales: 72/2020 y 96/2020.

n Cambio de criterio: sí procede amparo indirecto contra

n Impuesto sobre nóminas, debe utilizarse una

tasa fija

La SCJN emitió jurisprudencia en relación con el impuesto sobre nóminas, una contribución local. Se resolvió una contradicción de tesis de los tribunales colegiados y se analizó si el principio de proporcionalidad tributaria de este impuesto se lograba con una tasa fija o si debía aplicarse una tasa progresiva.

La segunda sala concluyó que para determinar el impuesto sobre nóminas debe aplicarse una tasa fija, en tanto se trata de un impuesto que grava la erogación y no el ingreso. Registro: 2022782.

paralizacion en la ejecución de sentencia

n Inculpado tiene derecho a acceso a la información

Un pleno de circuito modificó su propia jurisprudencia para considerar que sí es posible promover amparo indirecto cuando se paraliza la ejecución de una sentencia, en tanto se está violando el artículo 17 constitucional que establece el derecho a una justicia pronta y expedita. El supuesto analizado es el de un juicio contencioso administrativo que ha quedado resuelto, pero en el que se omite, retrasa o paraliza totalmente el procedimiento de ejecución de sentencia. De manera excepcional, el particular que obtuvo la sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo podrá promover juicio de amparo indirecto para lograr que las autoridades cumplan con la sentencia. Registro: 2022724.

La información vinculada con la prevención y la persecusión de los delitos está clasificada como información reservada, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, mediante una tesis aislada se determinó que al inculpado de un delito se le debe proporcionar información que identifique la carpeta de investigación abierta en su contra y los datos del Ministerio Público responsable de su integración. Lo anterior debido a que la reserva de la información sólo es para personas ajenas a la investigación. Registro: 2022783.

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abogacía Abril 2021

pública

n Pasos para analizar la suspensión en amparo

n No procede revisión fiscal contra sentencia en vía

Un tribunal colegiado estableció reglas para el estudio de la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo directo. Se trata de un tema que la Ley de Amparo no prevé expresamente. Sostuvo que la regulación en el amparo indirecto es aplicable con algunos matices. Por lo tanto, al analizar la suspensión, el tribunal colegiado deberá seguir los siguientes pasos: i) determinar cuál es el acto reclamado; ii) establecer si el acto y sus consecuencias pueden ser suspendidos; iii) valorar si se afecta el orden público y la apariencia del buen derecho, y iv) finalmente, determinar si debe fijarse una garantía u otras medidas de seguridad. Registro: 2022655.

Un tribunal colegiado confirmó la aplicación de la jurisprudencia de la SCJN que en 2012 definió los casos en que es improcedente el recurso de revisión fiscal, en términos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA). Se resolvió que en contra de la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo en la vía sumaria no procede la revisión fiscal, por no cumplirse con los requisitos que establece el artículo 63 de la LFPCA. Registro: 2022801.

directo

sumaria

n Demanda de amparo electrónica firmada con e.firma

de persona moral n Interpretación sistemática y motivación del

legislador

La primera sala de la SCJN se pronunció sobre la interpretación de las normas. Resolvió que a pesar de que el legislador haya señalado razones en las exposiciones de motivos y en los dictámenes de los legisladores, el juez puede interpretar dicha norma de manera distinta, a partir de la interpretación sistemática. La SCJN dice que la interpretación sistemática consiste en otorgar un significado a una norma conforme a la ley o marco legal en el que se encuentra. Registro: 2022675.

n Amparo directo y sentencia en que se sustituye a la autoridad

En jurisprudencia, un tribunal colegiado sostuvo que al resolver un amparo directo, los órganos federales pueden sustituirse en la función de la autoridad responsable. Lo anterior, siempre y cuando los elementos por decidir estén claramente resueltos por normas jurídicas, por criterios jurisprudenciales y en pruebas desahogadas en el juicio de origen. Registro: 2022763.

Una persona moral promovió un juicio de amparo, firmándolo con la e.firma de la persona moral. El tribunal colegiado resolvió que, no obstante que las personas morales cuentan con una firma electrónica, la demanda de amparo debe ser firmada por su representante legal, utilizando la e.firma de éste. En este supuesto no se debe desechar la demanda, sino que el juzgador debe requerir al quejoso. Registro: 2022665.

n Requisitos para autorizar abogados

Para que un abogado promueva recurso de revisión en amparo, actuando en representación de una de las partes en el juicio, es necesario que: i) el abogado esté autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; ii) el abogado tenga firma electrónica del PJF o del SAT; iii) el quejoso o la autoridad responsable haya presentado un escrito en el juicio de origen, otorgando permiso expreso a sus abogados para actuar en vía electrónica, y iv) que el juzgado o tribunal haya acordado favorablemente dicha petición. Registro: 2022729.

Denise Tron Zuccher es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, asociada de PDeA Abogados y colaboradora en la organización Justicia Justa.

Consulta el blog ¿Qué dicen hoy los tribunales?” en:

Mariana Ruiz Albarrán es egresada de la licenciatura de derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y colaboradora en PDeA Abogados y en la organización Justicia Justa.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Víctor Manuel Rangel Cortés Juan Pablo Aguilar Guillén

esquizofrenia legislativa y el artículo 73 de la Constitución A pesar del principio de rigidez constitucional —que permite asegurar la permanencia efectiva de la Constitución y dificultar su modificación—, el artículo 73 de nuestra ley máxima ha sido reformado en varias ocasiones para aumentar las facultades legislativas del Congreso de la Unión y disminuir las de las entidades federativas. Los autores analizan la evolución de la fracción XXI del mencionado artículo constitucional y la consecuencia que ha generado: una esquizofrenia legislativa.

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abogacía Abril 2021

A

partir del método de análisis y crítica,1 comparamos en este artículo las reformas sufridas por el artículo 73 constitucional, en su fracción XXI, desde 1917 hasta 2019, lo cual nos permite hacer una evaluación de la función del Poder Legislativo.

El cuadro 1 contiene los resultados de las reformas y sus periodos de aprobación. En la columna “Categoría” se muestran los rubros que se analizaron, mientras que en la columna “Resultado” se puede ver el resultado más importante de cada categoría.

Marco teórico CUADRO 1. Reformas de 1917 a 2019 Esta investigación parte de los estudios realizados por Augusto Sánchez Sandoval en la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con Categoría Resultado él, son los intereses del sistema político los que Total de reformas 13 determinan la creación y el contenido del derecho: Sexenios con más reformas 1. Felipe Calderón: 4 “Los aparatos de producción legislativa realizan 2. Enrique Peña Nieto: 5 su trabajo a altas velocidades, porque es más fácil dar respuestas simbólicas a la sociedad mediante leyes, Circunstancia coyuntural 1. Guerra contra el crimen organizado. que afrontar en la práctica la solución de problemas o política 2. Violaciones a derechos humanos concretos que tardan años en resolverse. por desaparición forzada y tortura. ”El poder ha provocado una hiperinflación legisAño con más reformas 2015, con 2. lativa que en los últimos 30 años ha radicalizado, No se reformó en 2010. endurecido y también ha banalizado el derecho.

Se da el proceso circular de la ley que reforma, la Elaborado con datos de la Cámara de Diputados. reforma reformada, prometiendo cada una en su momento ser la eficaz”.2 Así, el Poder Legislativo federal no tiene otra forma de actuar ante los problemas sociales; sólo puede responder mediante la reproducción del derecho, modificarlo y luego volver a modificarlo. Esta forma de producir derecho tiene la cualidad de ser irracional o esquizofrénica porque en cada norma jurídica podemos encontrar deficiencias importantes: “Sus repeticiones, imprecisiones y paradojas generan la reproducción de esas mismas carencias lingüísticas, para imbricar comunicaciones contradictorias y polivalentes, tanto por parte de quienes las producen, como por parte de aquellos que las interpretan para generar víctimas”.3 Artículo 73 Este artículo establece las facultades, potestades y deberes que corresponden a la Federación. La fracción XXI establece facultades legislativas exclusivas para el Congreso de la Unión respecto de leyes generales y únicas o nacionales, las cuales deben ser aplicadas tanto por autoridades federales como estatales.

Resultados Los resultados obtenidos del análisis muestran que el Poder Legislativo puede reformar el texto constitucional de forma irracional.

A continuación, en los cuadros 1 y 2 se condensan los resultados más relevantes del análisis. El cuadro completo puede ser revisado en el siguiente vínculo: t.ly/wyUK.

En materia de seguridad y justicia, el Congreso de la Unión actúa de forma esquizofrénica porque su función consiste en emitir, reformar y volver a reformar un sistema jurídico que no es capaz de resolver las problemáticas.”

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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El cuadro 2 compara el texto original y la redacción vigente en 2019 y subraya los cambios. Resalta el cambio en la estructura del artículo.

CUADRO 2. Comparación entre el texto original y el vigente

1917 XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse. Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales.

2019 XXI. Para expedir: a) Las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada.

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.

Elaboración propia.

Discusión La agenda legislativa sobre política criminal se deriva de la coyuntura política, por eso es simbólica Según el cuadro 1, una reforma constitucional depende de las circunstancias políticas; es decir, cuando un problema social se pone de moda, la política reacciona con una modificación al sistema jurídico.

Por ejemplo, con la guerra contra el crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón se crearon instrumentos legales como la Ley General para el Combate y la Prevención del Delito de Secuestro, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

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No obstante, el fracaso de todas esas reformas es evidente.

Sólo hace falta salir a la calle o enterarse por las noticias de los altos índices de inseguridad en México. Por eso, todos estos cambios constitucionales y legales sólo cumplen un objetivo simbólico y electoral.4 Lo mismo sucedió con los casos de desaparición forzada y tortura durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Luego de que estos casos salieran a la luz pública, se le otorgó al Legislativo federal la facultad exclusiva de legislar en esas materias.

Sin embargo, como la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos persisten, el Legislativo vuelve a reformar el sistema jurídico. Si las nuevas modificaciones fallan, entonces una vez más lo reforma.

En conclusión, el Poder Legislativo federal legisla a partir de las circunstancias políticas urgentes. Esta reacción es irracional y deriva en la creación de un sistema legislativo mal redactado, incapaz de cumplir sus objetivos.

Las leyes creadas por el Poder Legislativo son asistemáticas Según Jorge Fernández Ruiz, la técnica legislativa es un proceso de producción de leyes con diversos niveles de racionalidad: a) Racionalidad lingüística. El emisor u órgano legislativo debe ser capaz, dentro de un esquema de comunicación, de transmitir de manera fluida un mensaje —el nuevo ordenamiento jurídico— al receptor o destinatario. b) Racionalidad jurídico-formal. La nueva ley habrá de inscribirse armoniosamente en el contexto de un sistema jurídico dado. c) Racionalidad pragmática. La conducta de los destinatarios habrá de ajustarse a lo dispuesto en el nuevo ordenamiento jurídico. d) Racionalidad teleológica. El nuevo ordenamiento jurídico habrá de lograr sus fines sociales predeterminados. e) Racionalidad ética. Sus fines, así como las conductas en ella prescritas, presuponen valores que deben ser susceptibles de justificación ética.5 El cuadro 2 muestra cómo el cambio a la fracción XXI del artículo 73 ha sido radical, sobre todo en dos sexenios.

Pongamos por caso el criterio de jurisprudencia P./J. 25/2014 (10a.) emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En él se establece que el legislador local es incompetente para legislar en materia de trata de personas y secuestro. ¿Cuál es el inconveniente? Que las autoridades estatales habían aplicado sus leyes locales en lugar de aplicar la general. Esta situación queda clara con la tesis P. XLII/2013 (10a.), en la que se establece que “deberá ordenarse la reposición del procedimiento a efecto de que se dicte un nuevo auto de término constitucional a la luz de la normativa vigente sin dar lugar a que los inculpados recuperen su libertad personal y, en cambio, de existir aquélla, los sentenciados podrán valorar la posibilidad de promover el incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena, tomando en cuenta que esta adecuación constituye un derecho protegido constitucionalmente”.

Un ejemplo más: si se observa el cuadro 2, ha sido tal la cantidad de reformas al artículo analizado que su redacción ya era muy confusa. Por eso, en 2013 se consideró necesario dividir la fracción en incisos para facilitar su lectura.

De esta manera, las reformas esquizofrénicas al artículo 73, fracción XXI, son ejemplo de que el Poder Legislativo federal construye un derecho asistemático generador de complicaciones para las autoridades encargadas de su aplicación.

El principio de rigidez está sometido a la coyuntura y la negociación política Gracias al principio de rigidez se requiere la votación calificada en las dos cámaras del Congreso, así como la aprobación en la mayoría de los congresos estatales.

El cuadro 1 refleja que la Constitución puede ser modificada en el momento y a la velocidad que sean necesarios. El dispositivo legal analizado fue reformado en cada año desde 2008 a 2018, salvo en 2010. Incluso, sólo en 2015 se modificó en dos ocasiones. Lo anterior únicamente puede suceder en virtud de negociaciones políticas o teniendo una mayoría casi absoluta en los congresos Esto es relevante ya que las reformas al artículo 73 tienen como objetivo centralizar la función legislativa a nivel federal.

Por consiguiente, el principio de rigidez constitucional sólo existe en el discurso jurídico porque está sometido a las negociaciones políticas entre los legisladores y el presidente de la República.

Las reformas a la Constitución dependen de la voluntad del presidente en turno El cuadro 1 permite apreciar que los sexenios en que más reformas se hicieron al artículo 73, fracción XXI, constitucional fueron los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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La creación y la reforma del sistema jurídico penal fue la política criminal primordial del gobierno durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.”

Con Felipe Calderón las reformas estuvieron enmarcadas en la guerra contra el crimen organizado. En ese periodo se le otorgó la facultad al Poder Legislativo federal en materias como delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y delitos contra periodistas.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, eventos como las desapariciones forzadas en Ayotzinapa o el Reporte 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos provocaron que el gobierno impulsara modificaciones al artículo constitucional en cuestión.6

Conclusiones • El Poder Legislativo federal en México es un ente esquizofrénico porque ante los graves problemas de seguridad y justicia penal que vive el país sólo puede reaccionar con la emisión, la reforma y de nuevo la reforma al sistema jurídico.

• En México, la agenda legislativa en materia de política criminal se deriva de la coyuntura política, por lo cual sólo es simbólica.

• Las reformas esquizofrénicas al artículo 73, fracción XXI, constitucional son ejemplo de que el Poder Legislativo federal construye un derecho asistemático generador de complicaciones para las autoridades encargadas de su aplicación.

• El principio de rigidez constitucional sólo existe en el discurso jurídico porque está sometido a las negociaciones de la política. En todo caso, lo que sí existe es la laxitud constitucional.

• Las reformas al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución dependen de la voluntad o de los objetivos del presidente de la República. 7

Cf. Juan Diego Lopera Echavarría et al., “El método analítico como método natural”, en Nómada, Universidad Complutense de Madrid, España, 2010.

Augusto Sánchez Sandoval, Epistemologías y sociología jurídica del poder, UNAM-FES Acatlán, México, 2012, p. 195.

Ibidem, pp. 195-196.

4 Winfried Hassemer, Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos, Pena y Estado, Jurídica Conosur, 1995.

5 Jorge Fernández Ruiz, El Poder Legislativo, Porrúa/UNAM, México, 2004, p. 452.

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de derechos humanos en México 2015, CIDH, p. 65.

Fuentes: • Amnistía Internacional, Informe 2017/18. La situación de los derechos humanos en el mundo. Consultado el 15 de julio de 2018 en https://www.amnesty.org/es/latest/research/2018/02/annual-report-201718/.

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de derechos humanos en México 2015, CIDH. • Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, CNDH, México, 2013.

• Fernández Ruiz, Jorge, El Poder Legislativo, Porrúa/UNAM, México, 2004.

• Hassemer, Winfried, Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos, Pena y Estado, Jurídica Conosur, 1995.

• Lopera Echavarría, Juan Diego, et al., “El método analítico como método natural”, en Nómada, Universidad Complutense de Madrid, España, 2010.

• López Aymes, Gabriel, “Pensamiento crítico en el aula”, en Docencia e Investigación, año XXXVII, enero-diciembre, Universidad de Castilla la Mancha, España, 2012.

• Sánchez Sandoval, Augusto, Epistemologías y sociología jurídica del poder, UNAM-FES Acatlán, México, 2012.

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Víctor Manuel Rangel Cortés es doctor en derecho y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán. vrangel1982@gmail.com Juan Pablo Aguilar Guillén es licenciado en derecho y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán. juanpablo.ag1092@gmail.com

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abogacía Abril 2021

Elisur Arteaga Nava

UN ATAQUE AL PODER JUDICIAL FEDERAL La petición que recientemente hizo el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, al presidente del Consejo Federal de la Judicatura, Arturo Zaldívar, para que se investigue al juez que suspendió la nueva Ley de la Industria Eléctrica ha desatado gran polémica. ¿Se está vulnerando la autonomía del Poder Judicial o se trata de una petición legítima? El autor levanta la voz sobre este asunto.

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E

l Poder Judicial de la Federación ha sido objeto de un ataque infundado e imperdonable de parte del presidente de la República. Por venir de quien viene es grave; por estar referido al Poder Judicial Federal, peligroso. Ameritó el ataque un hecho que es común en la administración de justicia: una suspensión provisional en un amparo enderezado a combatir reformas a la ley en materia eléctrica.

El señor presidente no se midió; tampoco tuvo idea del alcance de su despropósito. Sus declaraciones fueron más allá de ser una de sus tantas “ocurrencias”. Son una soberana torpeza política y un atentado contra el Estado de derecho.

Cuando en 2006 los abogados recurrimos a los tribunales en defensa de usted, nos quejamos de la interferencia que Vicente Fox Quesada, como presidente de la República, estaba haciendo en la actuación del Poder Judicial para que rechazaran la controversia constitucional que formulé en su defensa. ¿Recuerda usted que le informé que Fox, en una cena en Los Pinos, había pedido a algunos ministros de la Suprema Corte que rechazaran la demanda de controversia constitucional que yo había formulado en defensa de usted? En su momento le dije que eso era un delito.

Fox era y sigue siendo un ignorante; lo que hizo fue indebido. El atentado de usted va más allá. Con él destruye el Estado de derecho y atenta contra el principio de división de poderes. Como sé algo de derecho, no digo que lo que usted está haciendo sea “traición a la patria”, pero sí le comento que es algo gravísimo.

Cuando usted deje el poder y, junto con sus familiares y amigos sea perseguido, tenga la seguridad de que habrá abogados dispuestos a defenderlos y esperarán que, a pesar de sus ataques, siga habiendo jueces independientes que le concedan no una sino todas las suspensiones que sean procedentes para defender su vida, familia, libertad, patrimonio e intereses. Si vivo, pues tengo 84 años de edad, tenga la seguridad de que, si me lo pide, estaré nuevamente a su lado para defenderlo.

Señor presidente de la República: no serán traidores a la patria los abogados que, con apoyo en la Constitución y las leyes, salgan en defensa de usted. En un Estado de derecho,

recuerde lo que decía Sócrates: “Aun el lobo tiene derecho a un abogado”.

Mi querido Andrés Manuel: soy abogado y de la Escuela Libre de Derecho. No me puedes acusar de ser conservador; desde 1952, antes de que tú nacieras, he estado comprometido en la lucha social para cambiar a México y hacerlo mejor; no esperé ni espero nada a cambio; en ese año lo hice al lado de mi general don Rubén Jaramillo. Con él sufrimos persecución y encierros. Espero morir en esa línea. 7

El señor presidente no se midió; tampoco tuvo idea del alcance de su despropósito.

Sus declaraciones fueron más allá de ser una de sus tantas “ocurrencias”. Son una soberana torpeza política y un atentado contra el Estado de derecho.”

Elisur Arteaga Nava es catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Escuela Libre de Derecho.

Artículo publicado originalmente en Proceso el 16 de marzo de 2021. Se reproduce con autorización del autor.

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Luis Arturo Pelayo

Una mirada a la situación de los derechos humanos

Nashieli Ramírez Hernández 44

abogacía Abril 2021

Fotografías: cortesía de la CDHCM

Voces Con una larga trayectoria en el diseño, instrumentación y operación de pro-

gramas en materia de derechos humanos, formación de profesores, desarrollo social, migración y derechos de la infancia, la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México también es fundadora e integrante de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en

México (Alianza MX), asociación integrada por organizaciones, colectivos y

académicos de diversas instituciones educativas que, en conjunto, promueven la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

En entrevista, analiza la agenda actual en materia de derechos de la niñez, sin dejar de lado reflexiones sobre el derecho a la salud en el contexto de la pan-

demia, el combate a la violencia de género y el papel de la abogacía en la defensa de los derechos humanos.

D

esaparición forzada de personas, violencia de género, asesinato de periodistas, violencia doméstica... se han vuelto noticias cotidianas a las que al parecer nos hemos acostumbrado. ¿Cómo caracterizaría el momento actual que vive nuestro país en materia de defensa de derechos humanos?

La presencia de violaciones graves a derechos humanos en el país es producto, al menos, de dos décadas de aumento de la violencia y la impunidad. Es decir, es resultado de una crisis en materia de seguridad, acceso a la justicia y justicia efectiva.

A ese escenario se suma el hecho de que, en la actualidad, con el Covid-19, es verdad que se han precarizado las condiciones para el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que tendrán un impacto significativo.

La complejidad que dibuja este último hecho no es exclusiva de nuestro país, sino que constituye un reto global que requiere soluciones locales para problemas globales, pero también articulaciones globales. Sumado a ello, dado el impacto generalizado, debemos transitar hacia lógicas de exigibilidad colectivas por encima de las individuales y redoblar esfuerzos para evitar la regresividad de derechos. n Todas estas violaciones a los derechos humanos deben atenderse de forma prioritaria. Sin embargo, no tienen una causa única. ¿Cuál debería ser el primer paso, de una larga serie, para empezar a romper el círculo vicioso en el que nos encontramos?

La interdependencia es uno de los principios rectores del derecho internacional de los derechos humanos. Esto quiere decir que la transgresión de un derecho humano necesariamente

tiene un impacto en el ejercicio de otros. Ahora mismo, el desafío para la garantía del derecho a la salud en contexto de pandemia está afectando el derecho a la educación, al trabajo, a una vida libre de violencia hacia las mujeres, entre otros.

Por esa razón debemos saber que incluso una emergencia focalizada a uno de los derechos, como son las medidas sanitarias para atender la pandemia por Covid-19, requiere una ponderación proporcional del impacto en el resto de los derechos para contener la afectación.

Sumado a lo anterior, es preciso que una valoración que parta de la interdependencia de derechos esté acompañada tanto del enfoque diferencial como del análisis interseccional. Esto es, en primer lugar, reconocer que los impactos en cualquier derecho son diferenciados en función de la edad, el género, la condición social, la identidad de género, la orientación sexual, la discapacidad, entre otras categorías. En segundo lugar, reconocer que además de esa diferenciación por grupos en torno de ciertas características, debe analizarse en función de la interacción que hay entre más de una de esas características y los efectos o las condiciones que esto implica para el ejercicio de derechos de las personas.

Por ejemplo, ¿qué impacto están teniendo las medidas sanitarias en las adolescentes con discapacidad psicosocial? ¿Cómo está transcurriendo esta situación para personas mayores? ¿Se ha incrementado la situación de violencia para las adolescencias y las juventudes LGBTTTIQA+?

Formulo estas preguntas como ejemplo de los planteamientos de los que debe partir cualquier acción, cualquier política, cualquier medida orientada al respeto, garantía, promoción y protección de derechos humanos y, por tanto, como una forma para avanzar de manera progresiva en la materia.

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Voces n ¿La acción de las organizaciones de la sociedad civil tiene algún efecto si no cuenta con el eco de las autoridades?

Claro. La sociedad civil tiene un papel fundamental en la vida democrática. Si tomamos como ejemplo el camino recorrido por los pueblos indígenas, afromexicanos, mujeres, personas con discapacidad, entre otros, podemos constatar que, en muchos casos o en la mayoría, no se contó con ese eco inicial, sino que la respuesta de las autoridades fue consecuencia de las estrategias emprendidas por esos grupos con motivo de la exigencia de ser reconocidos, de contar con representación social y normativa, de terminar con la invisibilidad, aun cuando ese eco no se reproducía.

En muchos casos, además, la acción de las organizaciones ha continuado a pesar de la ausencia del eco de las autoridades.

Pensemos en la interrupción legal voluntaria del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación, que es una realidad desde hace casi 14 años en la Ciudad de México.

Previamente a su aprobación, el movimiento se enfrentó a una negativa contundente en el ámbito social, político, entre otros.

Posteriormente, esta resistencia fue cambiando sus balances y fue posible la modificación legislativa y la interpretación judicial favorable, entre otras cuestiones.

Entonces, sí, es cierto que la acción de organizaciones y colectivos tiene efecto aun sin el eco de las autoridades y por eso es muy importante. n ¿Qué reflexión haría sobre el derecho humano a la salud en el contexto de la actual pandemia y las medidas que se han implementado para combatirla en México?

En el contexto actual esta pregunta es realmente global. La emergencia sanitaria ha comprometido cada uno de los sistemas nacionales y locales de salud y, sin duda, merece una profunda reflexión sobre los aspectos que contribuyan a que las instituciones sanitarias en términos amplios puedan robustecerse para dar una mejor respuesta y adaptarse a situaciones contingentes.

En ese sentido, es preciso tener en cuenta que los derechos humanos se rigen por principios cuya aplicación concreta evoluciona conforme las necesidades de las personas, las sociedades, los contextos. Esto es lo valioso de un sistema jurídico, del sistema jurídico de derechos humanos en particular, pues debe responder sin perder la guía de lo que protege: la dignidad humana, en el entendido de que la humanidad es profundamente diversa por diferentes causas y razones.

México es un país de más de 120 millones de habitantes que cuenta con una concentración importante de población en sus cuatro principales zonas metropolitanas y con amplios márgenes de desigualdad en la satisfacción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como la educación, el trabajo, la alimentación, entre otros.

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A pesar de que han pasado 31 años desde la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño, falta mucho para que niñas, niños y adolescentes sean considerados verdaderos sujetos de derechos.”

Voces

Cuenta, además, con un sistema federado de salud que marca la pauta para todas las medidas sanitarias, y también es dado reconocer el alto índice de conflictividad social que se vive: migración, delincuencia organizada, desaparición forzada, entre otros factores que la causan.

La satisfacción del derecho humano a la salud en México durante el contexto actual de pandemia se enfrenta, al menos, a esos rubros, y sólo después de pasada esta emergencia es cuando podrá reflexionarse con más profundidad sobre las posibilidades.

Esa reflexión deberá nutrir las acciones de planificación para el desarrollo de infraestructuras sanitarias que puedan responder de mejor manera a contextos como el que vivimos. n Gran parte de su trabajo se ha desarrollado en el ámbito de la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son los principales temas que deben atenderse al respecto?

A pesar de que han pasado 31 años desde la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño, aún es un hecho que falta mucho para que niñas, niños y adolescentes sean considerados verdaderos sujetos de derechos.

Por lo anterior, hay dos aspectos de la Convención que considero de especial relevancia: la satisfacción del interés superior de niñas, niños y adolescentes (como principio, como derecho y como norma de procedimiento) y la satisfacción del principio y derecho a participar y ser escuchados en todo aquello que les afecte.

En el actual contexto de pandemia es de la mayor relevancia visibilizar a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿qué compromete su supervivencia y su desarrollo en el contexto actual?, ¿cómo deben responder las instituciones ante ello?, ¿qué representa para esta generación la disminución de la vacunación básica?, ¿qué impacto tendrá la falta de convivencia entre pares para el desarrollo de niñas y niños en edad preescolar?, ¿qué medidas debemos adoptar frente al innegable aumento en el uso de medios digitales y tecnológicos en niñas, niños y adolescentes?, ¿la precarización económica derivada de esta pandemia tendrá como efecto el aumento de la tasa de trabajo infantil?, ¿qué opinan, cómo se sienten y qué enfrentan niñas, niños y adolescentes, dicho por ellas y ellos mismos?

Todas éstas son preguntas más que relevantes para anticipar y activar líneas de acción institucional orientadas a la protección y a la garantía de derechos de este grupo etario (es decir, enfoque diferencial) que deben analizarse con base en la diversidad de esa población (por género, por identidad étnica, por discapacidad, entre otros factores).

n En los últimos años se han multiplicado los reclamos de las mujeres para ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencia. Sin embargo, las movilizaciones, los posicionamientos y las denuncias en redes sociales no parecen tener ningún efecto. Tan sólo durante este año se calcula que 11 mujeres son asesinadas diariamente por violencia de género en nuestro país. ¿Por dónde debe transitar la solución a este gravísimo problema?

Nuestro país no ha sido la excepción respecto de la manifestación de los reclamos de las mujeres por acciones inmediatas, urgentes y sostenidas que les permitan vivir libres de todo tipo de violencia. En la actualidad, el movimiento de mujeres representa la articulación digital más fuerte a nivel global y nacional. Convoca a una amplia gama generacional de mujeres y queda de manifiesto la diversidad de expresiones feministas.

En este contexto, no puede negarse que las mujeres adolescentes y jóvenes le han inyectado al movimiento por los derechos de las mujeres una voz nueva y recursos que antes no se utilizaban o que ahora se emplean con más fuerza.

Es preciso leer qué nos comunican las mujeres, es preciso leer política y socialmente este movimiento tan diverso que reclama una transformación profunda de las relaciones entre los géneros en todos los ámbitos: domésticos, institucionales, académicos, laborales, todos. Constatar que la desigualdad con base en el género tiene un impacto en todas las mujeres constituye un inicio y un después. Constatar y reconocer que ese impacto es diferenciado en función de categorías como la condición social, la discapacidad, la edad, entre otras cuestiones, es fundamental para la adopción de medidas de prevención, atención y sanción de la violencia.

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Voces Asimismo, el reconocimiento de todas las manifestaciones de violencia es importante: violencia feminicida, violencia sexual, violencia política, digital, institucional, económica, patrimonial, física, psicológica, familiar, simbólica, entre otras. Colocar el género como una categoría analítica que cruza todas las interacciones personales y sociales debe ser resultado de la visibilidad de la violencia de género que motivan las manifestaciones actuales. n Finalmente, me gustaría preguntarle qué expectativa tiene de las abogadas y los abogados en materia de defensa de los derechos humanos.

Para quienes defendemos derechos humanos a partir de sus recursos jurídicos, seamos o no abogadas o abogados, pero especialmente para la profesión jurídica, es preciso asentar dos cuestiones fundamentales.

La primera es que, a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el reconocimiento de las obligaciones, los recursos, los procedimientos, la interpretación convencional y conforme de la Constitución no es una opción sino una obligación; es una cualidad profesional sin la cual se pone en duda la capacidad técnica para el ejercicio de la profesión.

En ese sentido, la incorporación de la perspectiva de género en la práctica profesional, por ejemplo, no es una cuestión facultativa, sino imperiosa. Por eso, una mínima expectativa es este conocimiento teórico y práctico que se traduzca en una efectiva protección de los derechos de las víctimas.

La segunda expectativa, relacionada con la primera, es la familiaridad con las rutas de exigibilidad de derechos y el conocimiento preciso del panorama de recursos para la protección de los derechos humanos. En los últimos años han aumentado las instituciones garantes de la protección de derechos específicos que cruzan procedimientos de diversa naturaleza, jurisdiccionales y no jurisdiccionales: derechos de las víctimas, derecho a ser buscadas, entre otros.

Es preciso recordar que el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos en el país, con casi 30 años de existencia, ha desarrollado un robusto sistema de protección que se vio renovado a partir de la reforma de 2011 y que, de la mano de las nuevas instituciones especializadas, contribuye con recursos efectivos a la protección de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de la población que considera haberlo sido, mediante orientación jurídica y gestión inmediata.

La expectativa es que las y los abogados defensores de derechos humanos puedan hacer uso de estos recursos constitucionales —jurisdiccionales y o jurisdiccionales— a favor de las víctimas. 7

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8M: la valla del Palacio Nacional La instalación de vallas metálicas a lo largo del recorrido de la manifestación constituye una propuesta generada en conjunto entre algunas organizaciones de la sociedad civil, autoridades de gobierno y la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Esa propuesta parte de la convicción de que las vallas son un recurso que puede suplir o limitar la presencia policial y disminuir de ese modo las interacciones conflictivas, al tiempo que su instalación permite a la autoridad no sólo contribuir con el respeto, la garantía y la protección del derecho a la protesta social y a la manifestación sino también al respeto, la garantía y la protección de habitantes, transeúntes y personas que realizan su actividad económica y comercial en una zona determinada, entre otros derechos.

Por lo anterior, creo que las vallas responden a la obligación del Estado de respetar y proteger la diversidad de derechos involucrados tanto para quienes participan en la manifestación como para quienes no lo hacen.

En este caso particular, una vez puesta la valla, algunos grupos, principalmente feministas, intervinieron en el tramo del Zócalo para resignificar esa acción gubernamental en términos de un memorial para las víctimas de la manifestación más extrema de violencia de género en contra de las mujeres: el feminicidio. Estos actos de intervención para resignificar los espacios han sido múltiples y variados en los dos últimos años y también son una expresión legítima. Desde mi perspectiva, es una lástima que otras expresiones durante la manifestación y la protesta hayan derribado este memorial que tuvo un poder simbólico importante y que tiene como efecto hacer un llamado para la necesaria transformación social y cultural del país en materia de derechos de las mujeres y un llamado a las autoridades para alcanzar la justicia y promover acciones efectivas para detener la violencia hacia las mujeres.

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Mónica González Contró

MISOPEDIA EN MÉXICO ALGUNAS CONSIDERACIONES 50

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A 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la autora nos ofrece una reflexión sobre el impacto que dicha reforma ha tenido en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Los derechos humanos: ¿universales?

La universalidad de los derechos humanos y su reconocimiento a las personas durante la minoría de edad tiene tensiones que no han sido abordadas con el rigor necesario para problematizarlas. Con base en la dogmática jurídica se han creado categorías que han intentado dar respuesta a esta situación, pero desde mi punto de vista cada vez son menos convincentes.

Empecemos por el principio.

El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución mexicana establecen que todas las personas gozan de todos los derechos humanos. Esta primera cláusula reconoce una igualdad entre todas las personas en tanto titulares de los derechos. Sin embargo, con base en un examen analítico de las siguientes disposiciones de ambos instrumentos lo anterior no parece tan claro. Hay un grupo de derechos que se entienden restringidos en el caso de las personas menores de edad; por ejemplo, la libertad de información o la libertad de tránsito. En la primera, los sistemas jurídicos admiten una censura previa para efecto de garantizar contenidos que puedan resultar inadecuados para niñas y niños, y la segunda se encuentra supeditada al ejercicio de la patria potestad. Un segundo grupo de derechos humanos está completamente restringido a niñas y niños, como es el caso del derecho al trabajo, o el derecho a formar una familia y decidir el número y el espaciamiento de los hijos. En este caso, se entiende que precisamente hay un derecho a no trabajar y a estar protegido en contra de uniones tempranas. Finalmente, existe un tercer grupo de derechos humanos dirigido privilegiadamente a niñas y niños, como es el caso del derecho a la educación, al juego o a la vacunación oportuna.

Durante muchos años la doctrina distinguió entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Sin embargo, hoy, desde mi punto de vista, esta distinción ya no resulta adecuada y, por el contrario, se usa para evitar una discusión compleja.

Resulta extraño afirmar que tengo un derecho pero que no puedo ejercerlo. En el caso de las personas adultas, esta afirmación resultaría absurda y autoritaria. ¿Por qué deberíamos considerarla apropiada para niñas y niños? No quiero negar con esto que haya que reconocer las diferencias entre personas adultas y no adultas y atender a sus características y a sus necesidades específicas. Lo que afirmo es que no es válido

ahorrarnos la reflexión y la justificación racional. Me parece que no es aceptable, desde una perspectiva de derechos humanos, afirmar de manera dogmática que lo que se ha hecho históricamente es adecuado cuando esto supone limitar los derechos de una persona durante una etapa de su vida.

Lo anterior nos conduce directamente a la reflexión sobre la discriminación en contra de niñas y niños. La discriminación, prohibida en el artículo 1 constitucional, se entiende, según la ley, como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades”, y se señala específicamente como uno de los motivos de discriminación la edad. Sin embargo, esta definición no resulta de mucha ayuda tratándose de la minoría de edad. ¿La restricción a la libertad de tránsito es objetiva, racional y proporcional, en virtud de que restringe un derecho? ¿Qué ocurre con los derechos de participación política o el derecho a trabajar? Estas respuestas, que parecen obvias con base en las representaciones sociales contemporáneas, tienen un origen histórico que, con el paso del tiempo, adquirió tintes de naturalidad. Algo similar ocurrió con los derechos de las mujeres, pues el argumento implícito —y explícito— para negar el derecho al voto se basaba en su falta de capacidad e interés por la vida pública, derivada de su capacidad procreadora natural. Durante muchos años la lucha de las mujeres ha logrado desmentir estos presupuestos.

El tratamiento jurídico hacia las personas en la minoría de edad ha sido heredado y aceptado sin mayor discusión; por eso creo que éste es un buen momento para reflexionar sobre la razonabilidad de sus presupuestos y acerca de la eficacia de los derechos que ya han sido reconocidos por las leyes.

Poniendo nombre a la discriminación: la misopedia Desde hace varios siglos, el derecho ha distinguido entre mayor y menor de edad para reconocer derechos diferenciados. Durante el siglo XX la psicología del desarrollo humano contribuyó al conocimiento de las etapas del pensamiento infantil y adolescente en las cuales se presentan cambios cualitativos.

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Si bien el desarrollo humano proporciona un fundamento para un tratamiento diferenciado durante los primeros años de la vida humana, suponer que éste justifica la incapacidad “natural” que atribuye el Código Civil Federal constituye una falacia. No sólo por lo sospechosa que en sí misma es la categoría “natural”, sino porque de este presupuesto se desprende una serie de limitaciones a los derechos que no tienen una conexión lógica. Llama la atención que, pese a las importantes objeciones a la fundamentación iusnaturalista del derecho, esta clasificación que afecta a personas menores de edad y a otras personas con diferentes condiciones no haya sido cuestionada y permanezca hasta nuestros días en el código federal y en muchos códigos locales.

Lo que subyace a esta invisibilidad, que ha caracterizado a niñas, niños y adolescentes frente al derecho, puede identificarse como misopedia. Este término, que se origina en el campo de la psiquiatría, pretende nombrar un fenómeno de discriminación que requiere hacerse visible y ser nombrado, como ha ocurrido con otros fenómenos discriminatorios similares (por ejemplo, la misoginia o la homofobia).

La misopedia se refiere a una actitud generalizada y culturalmente aceptada que considera a niñas, niños y adolescentes como inferiores. Se expresa en comportamientos sociales permisivos, como el castigo corporal como forma de disciplina, en el andamiaje jurídico y político, así como en expresiones cotidianas como “eres infantil”, “pareces niña” o “las niñas y los niños son el futuro de este país”. Esta última se usa incluso para justificar algunos derechos, como el de la educación, con una visión utilitarista que supone negar la dignidad y el valor presente de la persona y sus derechos, proyectándolos únicamente hacia el futuro y con un fin social. Este tipo de expresiones se consideran adecuadas incluso en el discurso público.

Otras expresiones de la misopedia tienen que ver con la negativa a considerar a esos sujetos como titulares de derechos reconocidos por la ley. En la encuesta “Los mexicanos vistos por sí mismos”, de 2015, a la pregunta “¿Usted cree que los niños deben tener […]?”, 65.9 por ciento respondió: “Los derechos que les da la ley”; 26 por ciento: “Los derechos que sus padres les quieran dar”, y 5.3 por ciento consideró: “Los niños no tienen derechos porque son menores de edad”. De igual manera, podemos encontrar en redes sociales múltiples expresiones que romantizan el maltrato infantil o minimizan a niñas y niños.

Desde luego, las representaciones sociales influyen de manera decisiva en la realización de los derechos de niñas y niños, pues el mismo sistema jurídico está construido con una visión adultocéntrica que hace que las personas menores de edad tengan que recurrir a la mediación adulta en caso de ver vulnerados sus derechos. Aún más, esta representación se atribuye a la patria potestad, bajo la presunción de que quienes la ejercen representan los derechos de sus hijas y sus hijos, cuando no siempre es así. El maltrato se produce en el seno del hogar la mayoría de las veces, pero además las personas adultas

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La misopedia se refiere a una actitud generalizada y culturalmente aceptada que considera a niñas, niños y adolescentes como inferiores. Se expresa en comportamientos sociales permisivos, como el castigo corporal como forma de disciplina, en el andamiaje jurídico y político, así como en expresiones cotidianas como ‘eres infantil’ o ‘pareces niña’.”

tienen intereses propios que no necesariamente coinciden con los de las personas menores de edad.

sistemas fueron reconocidos como un avance por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.

El marco legal en México La evolución de los derechos humanos de niñas niños y adolescentes en nuestro país es un reflejo, en el mejor de los casos, de la inadecuada comprensión de sus alcances, aunque también puede ser resultado de las representaciones sociales sobre la infancia y la adolescencia.

El instrumento más relevante en materia de derechos de niñas y niños es la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por México en 1990. Pese a la pronta adhesión de nuestro país al tratado, la armonización legislativa fue lenta.

En el año 2000 se reformó el artículo 4 constitucional para incorporar algunos de los derechos reconocidos en la Convención —alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral—, pero se quedó muy corto en relación con el amplio catálogo de derechos reconocidos internacionalmente. La siguiente reforma, de 2011, incorpora el principio del interés superior de la niñez, pero nuevamente se quedó muy lejos del desarrollo internacional, ya que el Comité de los Derechos del Niño había reconocido tres principios más: no discriminación; derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y respeto a los puntos de vista del niño. Cabe señalar también que esta modificación al artículo 4 constitucional fue inexplicable, pues unos meses antes se había producido la reforma al artículo 1, lo que hacía innecesario reformar el artículo 4 en virtud de que los derechos de la Convención y los cuatro principios ya estaban integrados a la protección constitucional.

En lo que corresponde a las leyes, el camino también ha sido accidentado. En el año 2000 se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Ante la ineficacia de la legislación, y habiendo sido reformado el artículo 73 en 2011 para atribuir competencia al Congreso federal con el objeto de que legislara en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, se envió una iniciativa preferente que dio origen a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En la ley se contempla el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y sistemas locales, con una secretaría ejecutiva encargada de articular las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tanto la ley como los

Conclusiones Pese a los avances constitucionales y legislativos, la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes siguen siendo una deuda pendiente. Las tensiones con la universalidad de los derechos han sido poco discutidas por los teóricos del derecho y por los constitucionalistas. Una de las causas puede ser la misopedia, que matiza las discusiones sobre los derechos humanos en las que niñas y niños son invisibles. Por lo anterior, es necesario problematizar, desde el punto de vista teórico, los derechos humanos de todas y todos.

Por otra parte, aún falta hacer una revisión de la legislación federal y local, con el propósito de armonizarla con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como hacer un análisis cuidadoso de las visiones sobre la infancia y la adolescencia que prevalecen. En concreto, es urgente la eliminación del concepto de incapacidad natural para incorporar un esquema que permita reconocer la autonomía progresiva que van desarrollando las personas a lo largo de la infancia y la adolescencia.

También es necesario fortalecer el Sipinna y las procuradurías de protección. El desconocimiento de sus atribuciones pone en riesgo lo que se ha logrado hasta ahora, que aún es insuficiente. Especialmente, en el contexto de la actual emergencia sanitaria, existe un grave riesgo de retroceso en la ya de por sí insuficiente garantía de los derechos de niñas y niños.

Otra de las deudas pendientes en la agenda es la garantía del derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes.

Pese a que se han realizado algunos ejercicios —como el parlamento infantil o las consultas infantiles y juveniles—, éstos no satisfacen completamente el derecho.

Aunado a lo anterior, es necesario que, en el cumplimiento de la obligación constitucional de promover los derechos humanos, el Estado realice acciones concretas para cambiar la visión y la actitud social hacia las niñas y los niños para que sean considerados verdaderos titulares de derechos.

Finalmente, es muy importante estar pendientes de las observaciones que realice el Comité de los Derechos del Niño a los informes 6 y 7 combinados presentados hace unos meses por el Estado mexicano. La resolución de este Comité deberá marcar la agenda de los derechos de la infancia y la adolescencia en los siguientes años. 7

Mónica González Contró es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesora de asignatura de la Facultad de Derecho de la UNAM. monica_contro@yahoo.es

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[ El notario responde ]

Amando Mastachi Aguario

Beneficios de otorgar un testamento El momento del fallecimiento de una persona es incierto. Normalmente no estamos preparados para afrontarlo y es imposible prever los escenarios o las situaciones para arreglar todos nuestros asuntos mientras estamos con vida —no sólo los patrimoniales, sino también los de tipo estrictamente personal o familiar, los relativos a los hijos menores de edad o incapaces, todo lo que tiene que ver con medios digitales y redes sociales, etcétera—. En este escenario, otorgar un testamento ayudará a resolver problemas que podrían surgir después de la muerte.

Qué es un testamento?

Es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre mediante el cual el testador dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Se otorga ante un notario y deberíamos hacerlo cuando somos propietarios de un bien inmueble, cuando contamos con un patrimonio que pudiera interesar o beneficiar a alguien o cuando tenemos un hijo, teniendo cuidado de elegir adecuadamente a quienes se encargarán tanto de su persona como de su patrimonio.

El testamento público abierto está blindado, porque se otorga ante un profesional del derecho y orienta al testador acerca de las consecuencias de su decisión. n ¿Por qué debo hacer un testamento?

El testamento es un medio o una forma de resolver los problemas que surgen entre los herederos o legatarios al momento de la distribución de los bienes. El testador decide quiénes y qué deben recibir —y quiénes no deben recibir— el patrimonio como universalidad jurídica que deje a su fallecimiento. Igualmente, puede decidir sobre el patrimonio y la persona de sus hijos menores y/o incapaces.

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n ¿Qué ocurre si no tengo un testamento al momento de mi muerte?

Si no existe un testamento, el Código Civil de cada entidad federativa establecerá las reglas acerca de quién o quiénes serán los beneficiarios. Puede ser que no se entregue precisamente a la persona a la que el de cujus hubiera querido. De hecho, puede dejar en problemas y desprotegidas a determinadas personas. n ¿Todas las personas deben hacer un testamento?

No. Cuando se trata de un niño, un joven o un adulto sin hijos o sin patrimonio, el testamento no es necesario. En la población mexicana existen más de 55 millones de personas en este supuesto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. n ¿Por qué la mayoría de la gente no tiene un testamento?

Porque en México no existe una cultura testamentaria. Sin embargo, a partir de que la Secretaría de Gobernación, en conjunto con el Notariado Nacional, inició el programa “Septiembre, mes del testamento”, la población se ha concientizado y se ha incrementado año con año el otorgamiento de testamentos.

Antes de que se implementara ese programa, la cifra era sólo de 6 por ciento y actualmente es de más de 20 por ciento.

Ante la falta de cultura de previsión o de orden, el otorgamiento del testamento se posterga hasta cuando ya estamos viejos o a punto de morir.

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n ¿Qué vigencia tiene un testamento?

Tiene vigencia durante toda la vida del testador. No caduca.

Se revoca cuando el testador, ante el cambio de circunstancias, decide que es necesario cambiarlo. El último testamento perfecto es el que prevalecerá y es el que los beneficiarios (herederos y legatarios) deben cumplir. n ¿A quién debería considerar como mi beneficiario?

De acuerdo con la cultura de la previsión, el otorgamiento de un testamento debe ser motivo de reflexión, tanto si se cuenta con un patrimonio pequeño, como si se posee uno grande. Beneficiar a alguien puede ser dañino cuando esa persona no está preparada para administrar bienes que no se obtuvieron por esfuerzo o por trabajo. Se puede acabar con un negocio, una empresa o una industria, porque no se tienen los elementos para continuarlos o porque hay falta de interés de un heredero o un legatario. En estos casos el testador debe ir preparando a los eventuales beneficiarios para que se encarguen de la administración del patrimonio o sentar las bases para que quienes lo hagan sean profesionales. n Pero no se me puede obligar a hacer un testamento, ¿o sí?

Una cuestión que generalmente se pasa por alto es la dimensión genuinamente moral de quien otorga un testamento.

Constituye un deber ético del testador. Al declarar su última voluntad y disponer de sus bienes, derechos y obligaciones, para después de su muerte, el testador cumple con un deber de no propiciar gastos innecesarios a sus deudos. Simplifica la impartición de justicia, pues el testador, al haber estipulado su última voluntad, puede evitar disensiones, discordias y dilaciones tras su muerte. Adelantarse a estos problemas es, también, un deber de justicia distributiva. Existe una anticipación de la voluntad —esa testatio mentis como la entendía el jurista romano Servio Sulpicio—, cuando el individuo ya no se encuentre presente. Existe una prudente anticipación, porque la prudencia, una importante virtud moral (la virtud ética por excelencia), de suyo implica la anticipación. n Usted habla de prudencia, moral y ética. Pero yo puedo dejarle mis bienes a quien quiera, aunque mis familiares no estén de acuerdo, ¿no?

Testar entraña de por sí algo que corresponde al entendimiento, al buen juicio y a la buena deliberación, aun antes de disponer la última voluntad. Por eso, la prudencia es la virtud moral por excelencia, pues pertenece al entendimiento, pero también a la voluntad.

La paremiología castellana sostiene que “hombre prevenido vale por dos”. En realidad, “hombre prevenido vale por muchos”, por todos aquellos a quienes su prudente LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ El notario responde ]

anticipación brindará paz, serenidad y certeza cuando ya no esté con nosotros. Y no hay nada más encomiablemente ético que esto.

Por supuesto, la decisión del testador es la suprema voluntad en el testamento. Puede dejar el patrimonio a quien decida. n ¿Qué otras herramientas tengo para que se respete mi voluntad después de mi muerte?

Desde luego que existen otras figuras jurídicas que en la cultura de la previsión permiten cumplir la voluntad de la persona que deja de existir. Por ejemplo, un fideicomiso, que ofrece mayor flexibilidad para cumplirla. Se puede constituir antes o después de la muerte de una persona, cuando así se estableció en el testamento.

Sería interesante que se instituyeran legados consistentes en la titularidad sobre bienes o derechos digitales, como cuentas de correo electrónico, sitios de internet, dominios y direcciones electrónicas de internet, archivos electrónicos de imágenes, fotografías, videos, textos y demás similares que se encuentren alojados en algún equipo de cómputo, servidor, plataforma de resguardo digital, dispositivo electrónico en redes sociales, así como tokens, claves y contraseñas de cuentas bancarias o de valores y de aplicaciones de empresas de tecnología financiera.

n ¿Qué papel desempeñan los notarios? ¿No basta que escriba mi voluntad en una carta?

Cuando una persona fallece sin testamento es necesario abrir una sucesión intestamentaria. Pero si tiene un testamento ante notario se garantiza la rapidez y una adecuada orientación en cuanto al procedimiento y a los beneficios fiscales. Pretender hacer otro tipo de testamento, en el que no intervenga el notario o éste no esté presente, traerá problemas graves. Se trata de evitar dichos problemas, no de agravarlos.

n ¿Puedo hacer mi testamento durante la pandemia?

La pandemia de coronavirus (Covid-19, causada por el virus SarsCoV-2) rompió todos los esquemas, previsiones y planeaciones —estratégicas o no— de personas, familias, empresas y gobiernos.

No existe manera de controlar lo que está pasando.

A raíz de ello, existe un proyecto de reformas al Código Civil, las cuales contemplan el otorgamiento del testamento sin la inmediatez física entre el notario y el testador; éste deberá declarar que se encuentra dentro de la Ciudad de México y deberá firmar el testamento mediante su firma electrónica avanzada.

En caso de extrema urgencia, si el testador está en peligro inminente de muerte por enfermedad grave o contagiosa o por lesiones que pongan en riesgo inmediato la vida, o se encuentra en un lugar al que el notario no puede acceder físicamente, y se tiene posibilidad de establecer comunicación a través de un medio electrónico de manera directa y simultánea —ver, oír y hablar en tiempo real—, se podrá otorgar en el ámbito de la actuación digital del notario.

De aprobarse, esto constituirá un cambio radical en la solemnidad del otorgamiento del testamento. Por supuesto, existe el riesgo de una voluntad viciada.

Finalmente, en este contexto de pandemia, vale la pena comentar que las notarías en el país no han cerrado. La actividad notarial fue declarada esencial. El Notariado de la Ciudad de México ha apoyado a las familias para que se apliquen la reducción de honorarios y los beneficios fiscales, conforme a los programas fiscales anuales o permanentes, y continúa trabajando en los programas “Testamento para adultos mayores”, “Testamento de bajo costo para el resto de la población” y “Septiembre, mes del testamento”. 7

Amando Mastachi Aguario es notario público 121 de la Ciudad de México. amastachi@notaria121cdmx.com

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Escuela judicial Con la Reforma Judicial, el Instituto de la Judicatura se transforma en una auténtica Escuela Judicial, con niveles académicos y profesionales de exelencia.

Las personas juzgadoras, así como los y las defensoras públicas, estarán mejor preparadas para dictar sentencias más sencillas, entendibles para toda la ciudadanía.

Nuevo perfil judicial: juzgadores y juzgadoras sensibles, con vocación de cercanía a las personas.

El mérito como la base de la carrera judicial, y no el favoritismo ni el parentesco.

[ El pasado del presente ]

José Manuel Villalpando

Adolfo López Mateos y la industria eléctrica “Sólo un traidor entrega a su país a los extranjeros... especular sobre la propiedad exclusiva y a perpetuidad de nuestros recursos energéticos es traición a la patria”, afirmó en un discurso triunfal el presidente Adolfo López Mateos, hace poco más de 60 años. Hoy, que estas palabras han sido traídas de nuevo al escenario nacional, vale la pena preguntarnos si la historia es para continuarla o para repetirla.

E

l presidente Adolfo López Mateos estaba realmente furioso. “Es necesario tomar medidas de fondo en el sector eléctrico [...] Es necesario que el Estado mexicano ejerza un control directo sobre la industria eléctrica”, recuerda el que fuera su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, quien escuchaba la justificada ira del primer mandatario, ofendido por los desplantes que en su propio despacho presidencial le había proferido el más alto directivo del Banco Mundial, quien se atrevió a exigirle de manera altanera al presidente liberar las tarifas que las compañías que suministraban energía cobraban a sus clientes en las zonas urbanas del país. La escena, presenciada por el propio Ortiz Mena, había sido terrible, pues ante la falta de tacto y de protocolo del banquero, López Mateos literalmente lo echó de su oficina.

El presidente López Mateos expresó su deseo de expropiar esas compañías extranjeras que abastecían electricidad. Ortiz Mena se atrevió a sugerirle que mejor exploraran otras opciones, porque una medida así de radical y contundente sería mal recibida en el entorno político y financiero internacional: habría parecido que México seguía el ejemplo de Cuba, donde ya Fidel Castro había comenzado las expropiaciones masivas de empresas estadounidenses. Inteligente, López Mateos accedió y le ordenó al secretario de Hacienda que le presentara a la brevedad un plan de acción, el cual tendría como corolario

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abogacía Abril 2021

la reforma constitucional pertinente que asegurara a la nación la atribución exclusiva de generar y distribuir el fluido eléctrico.

Antonio Ortiz Mena, con sus colaboradores de la secretaría y con la ayuda de los funcionarios del Banco de México, encontró la solución: “mexicanizar” la industria eléctrica mediante el sencillo, limpio y pacífico procedimiento de comprar y adquirir para el Estado mexicano a las empresas que la suministraban.

En ese momento, 1960, en México la electricidad era abastecida a través de dos sistemas: el público, a cargo de un ente gubernamental, la Comisión Federal de Electricidad, que tenía a su cargo sobre todo llevar el servicio a las áreas rurales y a las zonas más apartadas —donde por razones de costo y poco rendimiento las compañías extranjeras no incursionaron—, y el privado, en el que destacaban dos grandes corporaciones extranjeras: la Impulsora de Empresas Eléctricas, que distribuía electricidad en la zona norte del país, y la Compañía de Luz y Fuerza Motriz, que hacía lo mismo en el centro y el sur. En ambos casos, los reclamos eran los mismos, pues, por una parte, en efecto, el gobierno mexicano no autorizaba incrementos de las tarifas desde hacía varios años —en uso de las facultades que le confería la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en materia económica— y por eso las mismas corporaciones argumentaban que les era imposible realizar nuevas inversiones y expandirse a otras áreas geográficas, y tampoco podían incrementar los sueldos de sus trabajadores. Ya era

un círculo vicioso que podía romperse fácilmente mediante la compra de esas empresas.

Al presidente Adolfo López Mateos le pareció una estupenda idea y autorizó a Ortiz Mena para que de inmediato la ejecutara. En ese año México conmemoraba el 150 aniversario del inicio de la Independencia y el 50 del comienzo de la Revolución, así que nada mejor para celebrarlo que darle a la patria ese “regalo”: la mexicanización de la industria eléctrica.

Pero, prudentemente, Antonio Ortiz Mena inició la operación reuniéndose con los círculos financieros más influyentes y poderosos del mundo, con banqueros internacionales, con los organismos crediticios para el desarrollo, con las agrupaciones de empresarios estadounidenses; en fin, con todos aquellos factores reales de poder económico cuyo respaldo requería para llevar por buen camino la mexicanización de la industria eléctrica. Los convenció con un argumento definitivo: México no establecía una política “socialista”; al contrario, seguía a pie juntillas el ejemplo de los grandes países capitalistas, porque ya desde los años veinte del siglo XX en Inglaterra se había creado una empresa pública, la Central Electricity Board, que coordinaba todo el sector, mientras que, más recientemente, en Estados Unidos las exitosas experiencias del Tennessee Valley Authority y del Columbia River, que asumieron el control hidráulico y la generación de electricidad, habían conseguido no sólo que no se ahuyentaran los capitales privados, sino que, al contrario, bajo el amparo “eléctrico” del Estado los inversionistas se involucraran en el desarrollo de esas regiones.

Con el visto bueno y la bendición de las cumbres del capitalismo, Ortiz Mena negoció con las empresas eléctricas que operaban en México. Se acercó primero a la Impulsora de Empresas Eléctricas, propiedad de la Electric Bond and Share, con la que luego de varias propuestas y contrapropuestas se acordó la compra del total de sus activos, fijándose el precio en 65 millones de dólares. Hubo un bono adicional: Ortiz Mena logró que la misma empresa aceptara invertir esa cantidad en otras actividades industriales aquí en México. Con la Compañía de Luz y Fuerza Motriz el proceso fue mucho más complejo, debido a que las decenas de miles de acciones que la componían estaban dispersas en todo el mundo, en manos de miles de tenedores anónimos. Es cierto que un paquete accionario importante lo controlaba el grupo belga SOFINA, pero el mayor porcentaje habría que buscarlo mediante ofertas en muchas de las bolsas de valores a nivel internacional. Cada acción de la Compañía de Luz tenía un valor en el mercado de 16 dólares; para volver atractiva la venta, el gobierno mexicano ofreció 20; se consiguió así comprar poco más de 90 por ciento de las acciones, suficiente para adquirir la empresa; México pagó 52 millones de dólares por ellas. El resto de las empresas eléctricas que operaban en México, pequeñas en realidad puesto que suministraban energía sólo a unas cuantas ciudades, como

No es posible averiguar ni asegurar con certeza lo que aconteció o lo que pasó por la mente y el ánimo del presidente. El caso es que, dando un giro de 180 grados, hubo una mutación del discurso presidencial en cuanto a lo que había pasado con la mexicanización de la industria eléctrica.”

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[ El pasado del presente ]

Monterrey y Mazatlán, pronto se avinieron a venderlas sin dificultad y a buen precio.

Hacia finales de agosto de 1960 la operación de compra de las empresas eléctricas estaba terminada. Por eso, con mucho tino y acierto, el presidente Adolfo López Mateos informó al Congreso de la Unión, el 1º de septiembre de ese año, el resultado de la mexicanización de la industria eléctrica. Las palabras textuales que empleó al dar a conocer este proceso, en dos momentos de su discurso, fueron precisas y puntuales: “Hemos adquirido”, y por eso pudo afirmar: “No puedo ocultar la emoción de mexicano y de gobernante al anunciar que, con la compra de las empresas eléctricas y la reforma constitucional que propondré, la nación será la única propietaria de una fuente de energía vital para su futuro desarrollo”.

Y así fue, pues ese mismo día presentó la iniciativa de reforma para adicionar al artículo 27 de la Constitución este párrafo: “Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público”. Impecable tanto en la explicación del procedimiento como en los motivos de su propuesta, López Mateos ya había conseguido un lugar en la historia.

Sin embargo, algo inexplicable sucedió entre ese día 1º de septiembre y el siguiente 27 del mismo mes. El presidente Adolfo López Mateos cambió los términos, los conceptos, las ideas; transformó el mensaje y le dio otro sentido y un significado distinto. No es posible averiguar ni asegurar con certeza lo que aconteció o lo que pasó por la mente y el ánimo del presidente. Quizá, como una primera suposición, quiso sepultar la efeméride de la historia conservadora que consagra ese día 27 a la memoria de Agustín de Iturbide encimándole un nuevo hito patriótico, o bien puede ser que haya querido emular a los grandes presidentes mexicanos que afianzaron su lugar en la historia mexicana con grandes reivindicaciones, como Benito Juárez al nacionalizar los bienes de la Iglesia o Lázaro Cárdenas al expropiar el petróleo, o acaso, como lo ha señalado el historiador Enrique Krauze, se decía que el propio López Mateos afirmaba que el presidente de la República creía ser como una especie de dios tutelar de la patria. El caso es que, dando un giro de 180 grados, hubo una mutación del discurso presidencial en cuanto a lo que había pasado con la mexicanización de la industria eléctrica.

El 27 de septiembre de 1960, después de que por la mañana el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, izara la bandera nacional en el edificio de la Compañía de Luz y Fuerza, tomando posesión de ella, en el zócalo capitalino, la plaza

mayor de la Ciudad de México, desde el balcón central del palacio nacional, ante miles de obreros congregados por la Confederación de Trabajadores de México, el presidente Adolfo López Mateos pronunció un discurso flamígero, con esa fuerza y esa elocuencia que lo caracterizaba, con sus ademanes enfáticos de gran orador, persuasivo, convincente, demagogo quizá, pero de altos vuelos. El presidente, era obvio, se había transfigurado y con sus palabras —luego recogidas en una “Carta al pueblo de México” que al día siguiente publicaron todos los periódicos— había transformado la realidad, cambió la historia de los sucesos y construyó una nueva narrativa de lo que había pasado. Primero, adoptó el tono de un prócer magnánimo: “Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación”. Ambas afirmaciones eran, para los que conocían el proceso, falsas; ni la energía eléctrica había sido nunca propiedad del “pueblo”, ni tampoco en ese momento era propiedad de la nación, pues la reforma constitucional se aprobó hasta diciembre. En efecto, el presidente se había transfigurado.

Y no se detuvo allí, pues hizo un apretado resumen del pasado mexicano y de lo que él estaba haciendo: “Estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que vaciaron al país”. Luego adoptó el tono profético, adivinando el futuro: “No se confíen; en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán de nuevo entregar el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros”. Pero ante esas eventualidades López Mateos, ahora en tono mesiánico, anunció: “Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos”. Y remató con una condena histórica, con un anatema fulminante para el resto de los tiempos: “Sólo un traidor entrega a su país a los extranjeros... especular sobre la propiedad exclusiva y a perpetuidad de nuestros recursos energéticos es traición a la patria”. 7

José Manuel Villalpando es abogado por la Escuela Libre de Derecho y titular de la materia Historia del Derecho en México en dicha institución. Su actividad se ha centrado en la divulgación de la historia mexicana y es autor de 44 libros y centenares de ensayos y artículos en esa especialidad.

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[ Nuevos talentos ]

Santiago Horacio Chouciño Brindis

El derecho de propiedad sobre un cadáver

E

l fin de la vida siempre ha constituido un tema de preocupación para el ser humano y, por lo tanto, ha sido sujeto de reflexión desde ámbitos como la filosofía, la religión, la política y la ciencia, entre muchos otros.

La incertidumbre acerca de si encontraremos vida después de la muerte alimenta la necesidad del ser humano de otorgar sentido a su existencia.

Esta incertidumbre a la que nos referimos ha conllevado la formación de diferentes concepciones sobre el cadáver a lo largo de la historia que, como consecuencia, ha sido venerado y considerado de diferentes formas, además de atribuírsele diversos significados. Desde los entierros de faraones en las impresionantes pirámides egipcias a los ritos de sepultura de las culturas prehispánicas, e incluso hasta las ideas recientes de criogenización, la preservación del cadáver ha sido objeto de las inquietudes del ser humano respecto de qué sucede una vez que fallecemos.

Durante mucho tiempo, la dificultad para determinar si una persona había muerto no permitió la disposición del cadáver y menos la dación de éste. En nuestro país, históricamente el devenir del cadáver ha ido de la mano de los ideales de la religión católica y, por ende, el pensamiento habitual consistía en que las personas debían ser sepultadas en lugares adecuados para el descanso espiritual, ya fuera un cementerio, un nicho familiar o los terrenos de la Iglesia.

A partir de la década de 1960 se introdujeron los trasplantes de órganos dentro de los procedimientos aceptados en la práctica médica, lo que provocó que los cánones establecidos para la disposición del cuerpo humano resultaran cuestionados y, a su vez, motivaran cambios sustanciales en la legislación nacional.

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Los cambios señalados se introdujeron por primera vez en el reglamento del Código Sanitario del 27 de octubre de 1976; posteriormente se ampliaron y se incorporaron a la nueva Ley General de Salud de febrero de 1984 y a la Norma Técnica 323 para la Disposición de Órganos y Tejidos de Seres Humanos con Fines Terapéuticos del 14 de noviembre de 1988; por último, se trasladaron a la vigente Ley General de Salud del 28 de abril de 2000 en su título decimocuarto, “Control sanitario de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos”.

Naturaleza jurídica del cadáver a la luz del derecho mexicano Importancia de la determinación de la naturaleza jurídica del cadáver Es importante distinguir si el cadáver es considerado un bien o una cosa, ya que la legislación mexicana en algunas ocasiones se refiere indistintamente a ambas, atribuyéndoles un mismo significado y confundiendo el régimen aplicable, lo que es incorrecto y puede generar confusiones.

Distinción entre cosa y bien En primer término, debemos entender por cosa, lato sensu, todo aquel ente material que existe en la realidad exterior, que es o no susceptible de apropiación y, en este último caso, que tiene la posibilidad de devenir en el objeto indirecto de un acto jurídico.

Las cosas, stricto sensu, conocidas generalmente como bienes, se distinguen en que tienen la posibilidad de apropiación.

¿Es posible que los familiares de alguien que murió dispongan de su cuerpo, incluso si ésta fue la última voluntad de la persona fallecida? El autor realiza una revisión de los aspectos jurídicos y doctrinales que regulan en nuestro país la disposición del cuerpo humano cuando llega el fin de la vida.

Posibilidad de apropiación y comerciabilidad Como se señaló, para que una cosa adquiera el carácter de bien se requiere que pueda ser sujeto de apropiación, de conformidad con lo señalado en el artículo 747 del Código Civil Federal: “Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio”.

Al término apropiación se le da el significado de que un particular adquiera una cosa que antes no era suya, otorgándole a ese particular la propiedad sobre la misma cosa que adquiere.

La comerciabilidad es el requisito esencial para adquirir la calidad de bienes y consiste en la susceptibilidad de los bienes de ser objetos indirectos de actos jurídicos. Entendido lo anterior, observemos lo dispuesto en los siguientes artículos: “Artículo 748. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por la ley” y “Artículo 749.

Están fuera de comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular”.

Atendiendo los criterios expuestos, y de conformidad con el artículo 346 de la Ley General de Salud, “los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración”.

Lo anterior es relevante porque nos permite establecer que el derecho de la propiedad respecto del cadáver o de sus partes está prohibido por razones ético-religiosas e incluso sociohumanitarias —estas razones parten de la idea central sobre el cuerpo humano en nuestro sistema, que se basa en los principios de respeto, dignidad y consideración—. Asimismo, nos permite establecer la naturaleza del cadáver como una res

nulli comercium y, a su vez, plantea la siguiente cuestión: si no existe el derecho de propiedad, ¿cómo se regula la disposición del cuerpo humano?

El derecho de disposición sobre el cadáver: limitaciones y titulares ¿Existe un derecho de disposición?

Las discusiones acerca del tema han sido innumerables y seguirá debatiéndose respecto de si existen derechos sobre la persona y, en ese caso, la existencia de un derecho subjetivo de disposición que pueda traducirse como derecho personalísimo sobre el propio cuerpo.

Los romanos, en concordancia con el Código Civil Federal, consideraban que el cuerpo humano no podía ser reducido a la propiedad particular y, en ese caso, no podría disponerse de él ni de sus partes. Un pasaje de Ulpiano traducido en el Digesto establece que “el cuerpo de un hombre libre no puede ser objeto de especulación”.1 En la actualidad, de conformidad con algunas teorías más progresivas, “el derecho a disponer del propio cuerpo exige una categoría nueva, y nos vemos inevitablemente condenados a catalogarle dentro de los derechos de la personalidad”.2 Es la posición más aceptable, desde el momento en que la titularidad del derecho sobre el propio cuerpo permite al hombre el goce pacífico de sus facultades corporales y ese goce es la condición indispensable para el desenvolvimiento de su persona. Este derecho se reconoce al individuo con el objetivo de que cumpla con los fines propios de su existencia dentro del orden social.

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Es importante mencionar que esta libertad para disponer del propio cuerpo es del ámbito jurídico y no se reduce al plano natural, pues se encuentra regulado por la ley, misma que permite algunos actos de disposición y constituye la división de los derechos de la personalidad que protegen la integridad física de la persona.

En la actualidad, la legislación mexicana reconoce el derecho a la propia disposición del cuerpo humano, en el artículo 24 del Código Civil Federal, que establece que “el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley”.

Limitaciones al derecho de disposición Es importante señalar que el legislador partió de los conceptos filosóficos elaborados por Immanuel Kant, quien en su obra Metafísica de las costumbres presenta las raíces de su idea de autonomía personal y cómo se deben establecer límites a la misma. El autor encuadra estos conceptos sobre la disposición del propio cuerpo en el suicidio, ejemplificando sus ideas en uno de los supuestos más radicales; citándolo textualmente: El 17 de octubre de 2016, JS, una adoles- “Según el concepto de deber necesario para consigo mismo, habrá cente de 14 años originaria del Reino Unido, de preguntarse, quien ande pensando en el suicidio, si su acción compadecerse con la idea de la humanidad como un fin en falleció a causa del cáncer. Antes de morir, ex- puede sí. Si, para escapar de una situación dolorosa, se destruye él a sí presó su última voluntad: que su cadáver fuera mismo, hace uso de una persona como mero medio para conservar situación tolerable hasta el fin de la vida. Mas el hombre no es congelado por si se descubría en el futuro una una una cosa; no es, pues, algo que pueda usarse como simple medio; cura para su enfermedad. Luego de una intensa debe ser considerado, en todas las acciones, como fin en sí. No pues, disponer del hombre, de mi persona, para mutilarle, polémica, el juez del Alto Tribunal británico puedo, estropearle, matarle (prescindo aquí de una determinación más Peter Jackson le concedió su último deseo —el precisa de este principio, para evitar toda mala inteligencia; por cuerpo se encuentra en el Cryonics Institute de ejemplo, la amputación de los miembros, para conservarme, o el peligro a que expongo mi vida, para conservarla, etcétera). Todo Estados Unidos—, en lo que representó el pri- esto pertenece propiamente a la moral”.3 Consecuentemente, en los casos que nos competen, advertimos mer caso de su tipo en Inglaterra. Actualmente, que en la legislación mexicana existe derecho a la disposición del se estima que hay alrededor de 350 personas propio cuerpo limitado, que se observa en los siguientes supuestos criogenizadas en todo el mundo. En casos como de la Ley General de Salud: “Artículo 320. Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá éstos, surge la pregunta: ¿quién tiene el derecho donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos de propiedad sobre el cadáver? previstos en el presente título”.

“Artículo 321. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes”.

“Artículo 322. La donación expresa constará por escrito y podrá ser amplia, cuando se refiera a la disposición total del cuerpo, o limitada, cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes”.

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones. También el donante podrá expresar las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.

Podemos sintetizar así las limitaciones a la disposición del propio cuerpo:

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• Consentimiento informado del disponente.

• Cuando se trate del trasplante de órganos que comprometan la vida del donante, diagnóstico previo de la pérdida de la vida.

• Fundamento del derecho de disposición y quiénes serán titulares del derecho.

Titulares del derecho de disposición del cuerpo humano En primer lugar, es importante distinguir entre la disposición originaria y la disposición secundaria. En este caso, en términos del reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, el disponente originario es cualquier persona con respecto a su propio cuerpo y los productos del mismo. Y se entiende por disponente secundario aquel que ejerce el derecho de disposición siguiendo el orden de preferencia establecido por la ley.

En este caso, el orden es el siguiente: i) el cónyuge, el concubinario, la concubina, los ascendientes, los descendientes y los parientes colaterales hasta el segundo grado del disponente originario; ii) la autoridad sanitaria competente; iii) el Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones; iv) la autoridad judicial; v) los representantes legales de menores e incapaces, y vi) las instituciones educativas con respecto a los órganos, tejidos y cadáveres que les sean proporcionados para investigación o docencia.

Conclusión Como se habrá dado cuenta el lector, tanto la doctrina como la legislación son unánimes al considerar que el cadáver tiene un carácter extracomercial y que no podrá ser objeto del derecho

Los avances médicos han suscitado reflexiones filosóficas y éticas muy relevantes que tienen impacto en el ámbito jurídico, mismo que deberá ser el punto focal en el que la sociedad tendrá que basar sus criterios. de propiedad; esto es, no es una cosa que pertenecerá al heredero ni será susceptible de apropiación por ninguna otra persona, debido a que los principios más básicos del orden público, la sanidad y la moral están en oposición directa a la propiedad del mismo.

Aunado a lo anterior, coincidimos en que el destino habitual del cuerpo humano tras el fallecimiento consiste en ser dejado en paz para el descanso, según las tradiciones nacionales, bajo la forma que la ley haya fijado.

Sin embargo, aceptamos que deben considerarse válidos los contratos gratuitos (donación), realizados con el consentimiento del disponente y con fines científicos. Por otro lado, rechazamos la idea de que se puedan celebrar contratos de carácter oneroso con el propio cuerpo o con sus partes, por considerarlo contrario a la ley y a las buenas costumbres.

Para finalizar, diremos que la naturaleza del derecho de disposición sobre el cadáver es de carácter familiar, se desplaza de las categorías del derecho común y constituye un derecho sui generis, cuyo contenido es de carácter ético y afectivo, y siempre estará sujeto a los principios de respeto, dignidad y consideración de la persona. 7

Bibliografía: • María de la Luz Casas Martínez, Análisis e implicaciones en la Ley General de Salud mexicana sobre la propiedad del cuerpo en los trasplantes cardiacos.

Aspectos bioéticos de los trasplantes in mortis, p. 3, en http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/4/dtr/dtr1.htm.

• Immanuel Kant, Metafísica de las costumbres, 8ª ed., Madrid, Tecnos, 1989.

• Nicolás Pérez Serrano, Los actos de disposición sobre el propio cuerpo, Escuela Social de Madrid, Madrid, 1946, p. 32.

Santiago Horacio Chouciño Brindis es estudiante de la licenciatura en derecho en la Universidad Panamericana, campus México (Mixcoac).

Nuevos talentos es una sección que ofrece un espacio a la voz y la pluma de los estudiantes de derecho.

En la revista abogacía creemos que es momento de leer no sólo a los abogados “consagrados”, sino también a quienes desde sus años como estudiantes tienen el gusto por la escritura en materia jurídica, ya sea para aventurar nuevas tesis o para plantear cuestionamientos a nuestro ordenamiento legal.

Si te interesa proponer un artículo, envíanoslo a editor@revistaabocacia.com para su evaluación. Si es publicado, tendrás la oportunidad de ser leído por la comunidad jurídica nacional e internacional.

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Derecho&LITERATURA

Oliver Twist:

un acercamiento a las ciencias penales Mateo Mansilla-Moya

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Wikipedia

Este artículo tiene como objeto plantear la lectura de Oliver Twist como una posibilidad para acercarse a diversas perspectivas criminológicas que ayuden a comprender el vínculo entre la pobreza y la delincuencia, y proponerla como una herramienta práctica para que los operadores jurídicos se desprendan de algunas abstracciones planteadas por la teoría.

C

omprender los nexos causales entre los factores pequeño con uno de los carteristas y lo manda arrestar. Poscriminógenos y las conductas delictivas desde las teriormente, tras enterarse de que había cometido un error, diversas corrientes teóricas puede resultar complejo ofrece hacerse cargo de Oliver en su hogar. sin un ejemplo que lo ilustre. En esta tarea puede Fagin, sabiendo que Oliver tenía conocimiento de los delitos jugar un papel muy importante la literatura de ficción. que cometían, envía a Nancy a buscarlo. Nancy es prostituta Entre 1837 y 1839, a través de entregas periódicas a Ben- y amante de Bill Sikes, uno de los trabajadores de Fagin. Exiteley’s Miscellany, Charles Dickens publicó Oliver Twist, una tosamente, ella recupera a Oliver, a quien, después, envían de las novelas que han pasado a formar parte de un breve al campo a realizar un robo, en compañía de otro chico, a la familia Maylie. Ahí es herido con un catálogo de literatura inmortal. Con arma de fuego y retenido. su texto, Dickens creó, además, una gran herramienta para que quienes Monks, uno de los hombres de A los fenómenos delictivos se les operan el derecho puedan acercarse a Fagin, intenta sacar a Oliver de donde han atribuido numerosos factores la criminología de manera que puedan lo tiene la familia Maylie. Nancy se comprender aquellas abstracciones reúne con el señor Brownlow y con a través de la historia; sus causas con que son educados.

Rose Maylie, quien viajó a Londres, han querido ser explicadas desde En su novela, Dickens describió para contarles el plan de Fagin para realísticamente el submundo emporecuperar a Oliver y les habla de la diversas corrientes criminológicas, brecido de Londres e ilustró su idea de posibilidad de frustrar a Monks en su atendiendo fundamentos metafíintento. Sikes se entera de la traición que la pobreza conlleva la delincueny asesina a Nancy; posteriormente se cia.1 Sin narrar elementos que puesicos, como las posesiones demomata a sí mismo por accidente. dan obstruir la lectura de la novela, niacas, y estudios científicos, como veamos algunos acontecimientos de Dice Kate Lohnes, escritora de la su historia: Universidad de Iowa, que Dickens los de César Lombroso con una Oliver es un chico huérfano. Vive, conocía bien el contexto de pobreza perspectiva físico-antropológica, o en compañía de otros niños, en un de Londres, pues después del encarorfanato localizado cerca de Londres. celamiento de su padre por deudas los de la herencia genética basados A causa de los maltratos que recibe él tuvo que trabajar. Oliver Twist fue en los trabajos de Johann Gregor en ese lugar el pequeño Oliver decide escrito después de la entrada en vigor huir con dirección a Londres, donde de la Poor Law de 1834, que detuvo Mendel. Factores individuales y encuentra a Artful Dodger, quien le los pagos del gobierno a los pobres a aislados (como infancias rotas) y menos de que entraran a los asilos.2 recomienda quedarse en la casa de Fagin junto con otros niños, quienes contextos sociales generalizados —como se percata más tarde en la ¿Pobreza y delincuencia? son los elementos que conforman En Oliver Twist el nexo entre pobreza historia— son carteristas.

Conforme avanza la narración, y delincuencia se asoma como una los factores criminógenos según las a Oliver le toca atestiguar un robo obviedad. Los niños huérfanos y distintas posturas teóricas. que los chicos cometen contra el pobres, que huyen de la violencia que señor Brownlow, quien confunde al las instituciones ejercen sobre ellos, LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Derecho&LITERATURA

dependen de algo que les permita aquello a lo que les da acceso el señor Fagin: sobrevivir cuando se está fuera de los márgenes.

La cuestión sobre el vínculo que existe entre la carencia de bienes y la delincuencia, sin embargo, es discutible, más allá de las afirmaciones implícitas en la novela. Hay posturas en la teoría criminológica que defienden, fundamentan y explican el nexo; pero hay otras que lo rechazan y aluden, más bien, a factores individuales de las personas. Nos centraremos en las que lo defienden, donde se encuentra la postura de Charles Dickens; en particular, en la dirección sociológica.

Según esta corriente de la criminología, el ambiente es de gran relevancia y los factores criminógenos son externos; sus teorías tienen como objeto descubrir el fenómeno criminal desde el ámbito social.3 Está compuesta por varias escuelas, entre las que destacan las siguientes: • Las escuelas cartográficas o estadísticas. Entre sus representantes se encuentra Adolfo Quetelet (1796-1874), astrónomo, matemático y demógrafo belga. Esta escuela “puede investigar sistemáticamente expresiones cuantitativas de los hechos sociales, lo que permite a su vez extraer consecuencias cualitativas utilizadas por diversas ciencias que investigan procesos o fenómenos colectivos”.4 • La urbanización y el conflicto de la cultura. Entre sus representantes están Edwin Sutherland, Thursten Sellin y Shaw y McKay. Se desarrolló en Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial. Establece numerosas relaciones entre urbanización y criminalidad, derivadas, entre otros factores, de la vivienda, el transporte, la higiene y el orden público.5 • La escuela antroposocial. También conocida como Escuela de Lyon, estuvo conformada por médicos franceses como Alejandro Laccassagne y Edmond Alexandre Locard. Habla de factores que predisponen y resultan determinantes para la criminalidad, como el daño a la amígdala cerebral.6

Conclusión Acercarse a la literatura de ficción siempre es útil para comprender lo que en la teoría del derecho y en las ciencias penales se mantiene en la abstracción.

La novela de Charles Dickens es un gran instrumento para acercarse a las corrientes sociales de la criminología y comprender, a la luz de un caso práctico, los factores exógenos criminógenos y su vínculo directo con las conductas delictivas; en particular, entre la pobreza y la delincuencia. 7

“La delincuencia se sitúa en contextos específicos y en circunstancias particulares”.

Guerrero Agripino*

Wikipedia

* Wael Sarwat Hikal Carreón, “Revisión teórica de la génesis criminal”, en Revista Electrónica de Psicología Iztacala, vol. 20, núm. 1, marzo de 2017, pp. 186-209.

1 Kathleen Lohnes, “Oliver Twist, Novel by Dickens”, en Encyclopaedia Britannica, consultado en marzo de 2021, en https://www.britannica.com/topic/Oliver-Twist-novel-by-Dickens.

2 Idem.

3 América Plata Luna, Criminología, criminalística y victimología, Oxford University Press, México, 2018, p. 66.

4 Ibidem, p. 67.

5 Ibidem, p. 68.

6 Ibidem, p. 69.

Mateo Mansilla-Moya es egresado del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana y director general de Cardenal Revista Literaria. moya_mansilla

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abogacía Abril 2021

[ Perspectiva económica ]

Ismael Dionisio Valverde Ambriz

Después del Covid-19: ¿es hora de incrementar el gasto público?

L

a crisis por Covid-19 ha creado las condiciones para el reactivar el gasto público y de reconfigurar la participación más desplazamiento de la ortodoxia económica: virar de la activa del Estado en la economía, o lo que en el argot de la idea de que mantener finanzas públicas en equilibrio economía se llama “instrumentar una política fiscal más activa”. debe ser lo primordial y de que la única política pública El segundo aspecto es el social. A raíz de la pandemia por eficiente es la política monetaria (lo que se denomina conser- Covid-19 cada vez mayor cantidad de ciudadanos de todo el vadurismo fiscal) hacia la idea de reconsiderar la importancia mundo han visto el poder del gasto público (de una política fiscal del gasto público y la intervención estatal en la economía. activa) en la tarea de satisfacer sus necesidades económicas: los Hay dos factores que están impulsando este cambio: uno ejemplos claros son los apoyos a negocios y al consumo y los préstamos que se han hecho en Asia, Europa, Estados Unidos, monetario y otro social.

Primero el aspecto monetario. La política monetaria ins- Canadá y América Latina (con la clara y penosa excepción de trumentada por los bancos centrales luego de 2009 tuvo como México). Ya generalizados, este tipo de incentivos a la poblaconsecuencia que las tasas de interés fueran a la baja en gran ción pueden volverse una exigencia recurrente por parte de parte del mundo. Esto, en primera instancia, no parece malo, los ciudadanos. y de hecho las bajas tasas de interés son una de las formas De esta manera, juntos, los aspectos monetario y social, en que el banco central estimula a la economía. El problema están contribuyendo al desplazamiento de la ortodoxia políradica en que, a pesar de tener bajas tasas de interés, el cre- tica y económica, es decir, sacando del mapa de opciones de cimiento económico en todo el mundo ha sido mediocre y, política la idea de la mínima intervención del Estado, la cual ha dominado las políticas públicas durante las últimas cuatro ahora por el Covid-19, abiertamente negativo.

Lo anterior significa que el “poder” de la política monetaria décadas. ha ido en decadencia. Por esta razón los Cambio ideológico gobiernos y los órganos internacionales Será fundamental trastocar las más importantes, como el Fondo MoneLa agitación económica de la década tario Internacional, la Organización para concepciones tradicionales sobre las de 1970, con alta inflación, desempleo la Cooperación y el Desarrollo Económiuna “locura” en los tipos de cambio, cuales el derecho fiscal internacional yhizo que el péndulo de las políticas se cos y el Banco Mundial, entre otros, se han dado cuenta de la importancia de alejara de la intervención estatal a favor se ha basado durante un siglo.

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abogacía Abril 2021

Los profesionales del derecho están obligados a adoptar una visión multidisciplinaria para ofrecer soluciones a las problemáticas que surgen en las sociedades del siglo XXI, para lo cual deben tener cimientos sólidos en cuestiones de economía, relaciones internacionales, tecnología y ciencia política, por mencionar algunas áreas del conocimiento. En esta edición inauguramos la columna sobre derecho y economía, un espacio para la reflexión sobre las políticas económicas, la regulación económica y la evaluación económica de las leyes en México.

Freepik

de la instrumentación de una política monetaria contractiva (es decir, del alza de tipos de interés para reducir la inflación) y de la desintegración de los apoyos fiscales y del gasto público. En ese momento eso contribuyó y tuvo resultados positivos, sin lugar a dudas, en la tarea de reducir la inflación y la locura en los tipos de cambio.

Este viraje hacia la ortodoxia en las políticas correspondió con el cambio ideológico del keynesianismo, con su enfoque en el gasto del gobierno y la intervención estatal en la economía, hacia otros teóricos que delegaban un papel más limitado para el Estado; a saber, el llamado “monetarismo” de Milton Friedman y el “liberalismo” de Friedrich Hayek. La amplia difusión de sus ideas determinó la estructura de la política económica a partir de esos años.

Así, vindicado por los desafíos económicos de la época, el modelo de un gasto fiscal mínimo ha sido extraordinariamente influyente desde la era de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Sin embargo, así como la década de 1970 significó la pérdida ideológica y operativa de la idea de la participación activa del Estado en la economía, la crisis financiera de 2007 y la crisis económica por Covid-19 significan el agotamiento ideológico de la idea de un Estado mínimo en la economía.

Reconfiguración del peso de la política fiscal La reconsideración del peso de la política fiscal se ha dado en dos etapas. La primera comenzó con la crisis financiera de

2008, la cual llevó a los bancos centrales de todo el mundo a implementar políticas para bajar las tasas de interés. El propósito era impulsar el crecimiento, tal como lo indica la teoría económica. El problema es que el resultado no fue el esperado, pues el crecimiento económico no se aceleró.

Lo anterior es importante porque contradijo todo lo que el “sentido común económico” dictaba: bajas tasas de interés ya no conducían a un mayor crecimiento económico. Esto implicaba, en pocas palabras, que se había agotado el alcance de la política monetaria, lo que aumentaba la necesidad de implementar medidas fiscales.

La segunda etapa se dio en la crisis actual por Covid-19, que ha servido como un balde de agua fría para despertar a los hacedores de política, dada la urgencia de implementar una política fiscal más activa. Prácticamente todo el mundo hizo uso de estímulos fiscales y de gasto gubernamental.

Hacerlo significó salvar vidas y empleos, que hubiera comida en las mesas de los ciudadanos... Esto inclusive lo entendieron países históricamente ortodoxos en materia económica, como Alemania y Suiza.

La crisis por Covid-19 significó, tanto para la Reserva Federal como para los bancos centrales prácticamente de todo el orbe —sí, también para el Banco de México, uno de los más ortodoxos del mundo— la necesidad social y económica de priorizar el estímulo fiscal sobre los presupuestos equilibrados y la reducción del déficit. Esto fue lo que señaló Jerome Powell, LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Perspectiva económica ]

presidente de la Reserva Federal, hace unos días, durante el The Wall Street Journal Jobs Summit. El mensaje no es menor: cuando el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y los países más ortodoxos en sentido económico del mundo señalan que es momento de gastar más, es porque realmente estamos en problemas.

Fue así como durante los últimos meses los gobiernos de todo el espectro político han ampliado las prestaciones sociales, han subvencionado los salarios y han inaugurado nuevos servicios públicos. En la historia reciente estas medidas de estímulo a menudo se toparon con una oposición acérrima.

Hoy en día esa oposición es escasa y dispersa, pero al parecer sigue vigente en México con la “austeridad republicana”.

Irónicamente, uno de los gobiernos que se dice más cercano “al pueblo” lleva a cabo una serie de políticas que, ideológica y técnicamente, son mucho más cercanas a las políticas —ahora anacrónicas e ineficientes— de la ortodoxia económica que a las de un gobierno progresista e innovador. Y es que México se ha caracterizado por ser uno de los pocos países en todo el mundo, y en especial en América Latina, en dedicar menos del 1% del producto interno bruto a combatir la crisis por Covid-19. Asimismo, fue uno de los pocos en no solicitar deuda. Finalmente, también aumentó el subejercicio fiscal. Así, a pesar de la continua caída de la economía mexicana desde 2019, este gobierno ha persistido en el apego doctrinario al conservadurismo fiscal.

Tasa de crecimiento del producto interno bruto en México: enero 2017-diciembre 2020 (porcentajes)

Durante los últimos meses los gobiernos de todo el espectro político han ampliado las prestaciones sociales, han subvencionado los salarios y han inaugurado nuevos servicios públicos.

En la historia reciente estas medidas de estímulo a menudo se toparon con una oposición acérrima. Hoy en día esa oposición es escasa y dispersa, pero al parecer sigue vigente en México con la “austeridad republicana”.

Pero ahora las consecuencias económicas del coronavirus han dejado violentamente obsoleto el viejo paradigma del Estado mínimo. La naturaleza del choque económico por Covid-19, junto con la menor efectividad de la política monetaria expansiva desde 2008, han hecho del estímulo fiscal un imperativo económico. Un reequilibrio a favor de un mayor intervencionismo ya no será un “lujo” de elección para los responsables de la formulación de políticas, sino una “necesidad” para la supervivencia de las economías.

El siguiente paso natural de este tipo de políticas consiste en percatarse de los problemas y los retos que presenta la nueva economía global digital para este cambio de paradigma: sería un error querer configurar una “política fiscal más activa” sin comprender los retos que los nuevos modelos de negocio implican para los sistemas tributarios y para la obtención de ingresos públicos: no todo el gasto público puede tener como base la deuda. En esta tarea será fundamental trastocar las concepciones tradicionales sobre las cuales el derecho fiscal internacional se ha basado durante un siglo. Pero esto será el tema de otro artículo. 7

Ismael Dionisio Valverde Ambriz es maestro en economía. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en la CEPAL, el BID y la FAO, entre otros organismos. Es editor exploring-economics.org y miembro del Financial Stability Working Group del Institute for New Economic Thinking. Es articulista en Excélsior. ismael.valverde@comunidad.unam.mx @ivalverdea

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abogacía Abril 2021

PROGRAMAS PROGRAMA Doctorado en Derecho

DOCTORADO

DIRECTOR

Manuel Alexandro Munive Paez

INICIO

Febrero 2022

Todos los cursos se imparten virtualmente en la plataforma zoom.

HORARIO Por investigación

5 semestres

MAESTRÍAS PROGRAMA

COORDINADOR

INICIO

HORARIO

Maestría en Derecho Privado

Juan Pablo Estrada Michel

Agosto 2021

Lunes y miércoles 7:00 a 10:00 hrs.

4 semestres

Maestría en Derecho Constitucional

Ricardo Silva Díaz

Agosto 2021

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

4 semestres

Maestría en Derecho Procesal

Rodolfo Gómez Alcalá

Agosto 2021

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

4 semestres

Maestría en Derecho Laboral

Rafael Sánchez Navarro

Septiembre 2021

C

M

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CM

MY

CY

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Jueves 16:00 a 21:00 hrs. semestres Viernes 8:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 4(1 fin de semana por mes) 21:00 hrs. Sábado 9:00 a 14:00 hrs.

ESPECIALIDADES - CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

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Especialidad en Derecho Tributario

Felipe Garcia Estrada

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad en Derecho Penal

Rafael E. Mateos Poumián

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad/Curso de Actualización en Derecho Mercantil

Gerardo Lozano Alarcón

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad/Curso de Actualización en Derecho Civil

Fernando Cataño Muro Sandoval

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad en Sistema Acusatorio

Rodolfo Félix Cárdenas

Octubre 2021

Jueves o viernes 17:00 a 21:00 hrs. y Sábado 9:00 a 13:00 hrs.

2 semestres

DIPLOMADOS Derecho de la Energía

Israel Hurtado Acosta

Febrero 2022

Protección de Datos Personales

Gustavo Parra Noriega

Abril 2021

Delitos Fiscales

Ambrosio Michel

Febrero 2022

Derecho de la Insolvencia

Cecilia Lizardi Tort

Octubre 2021

Derecho Sanitario

Lisandro Herrera

Octubre 2021

Compliance

Paola Medellín Claudia Villalobos

Octubre 2021

Lunes y miércoles 8:00 a 10:00 hrs.

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

Martes y jueves 8:00 a 10:00 hrs.

Lunes y miércoles 8:00 a 10:00 hrs.

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

Martes y jueves 8:00 a 10:00 hrs.

3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses

Informes: clizardi@eld.edu.mx / msmeke@eld.edu.mx

Pascual Alberto Orozco Garibay

El resurgimiento del autoritarismo en México Cuando se pensaba que los regímenes autoritarios y dictatoriales ya eran cosa del pasado en México, nos encontramos tristemente con manifestaciones concretas de ese resurgimiento. De una de ellas nos habla el autor.

F

ormalmente, nuestra Ley Suprema, en su artículo 49, establece la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; no obstante, al Ejecutivo federal se le ha olvidado y con una actitud prepotente intenta utilizar todo su poder en contra de Juan Pablo Gómez Fierro, un valiente y capaz juez de distrito especializado en competencia económica, que con argumentos jurídicos serios y apuntalados en criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó la suspensión definitiva a dos empresas en contra de la Ley Eléctrica, haciendo extensivos sus efectos de manera general.

Esa ley ha sido cuestionada por los expertos en materia energética, quienes han señalado que privilegia el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad en contra de las energías limpias, que son menos contaminantes y más económicas.

Los asesores del presidente de la República tal vez no le informaron —o éste no quiso escucharlos— que nuestro sistema constitucional no descansa en la voluntad de una persona y que cualquier ley puede ser calificada de inconstitucional porque —entre otras razones— violenta el texto de nuestra Carta Magna o porque transgrede los derechos humanos de los gobernados.

Con una actitud autoritaria el Ejecutivo federal le ordenó al Legislativo “que no le cambiara ni una coma a su proyecto”.

Los legisladores de Morena, que son la mayoría, de manera sumisa y vergonzosa lo aprobaron en sus términos originales.

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Los diputados y los senadores de ese grupo parlamentario actuaron como subordinados del Ejecutivo y no han comprendido que su responsabilidad es con todos los mexicanos.

Deben recordar, tanto ellos como el presidente, que protestaron guardar la Constitución.1 Son poderes constituidos y representantes de todo el pueblo mexicano.

No se debe presentar una iniciativa de ley, ni mucho menos aprobarse, cuando su contenido violenta principios constitucionales y derechos fundamentales, como el cuidado y la conservación del medio ambiente, la libertad económica y la libre competencia, contemplados en los artículos 1º, 4º, 5º, y 25 constitucionales.2 Afortunadamente, nuestro ordenamiento constitucional faculta al Poder Judicial a proteger a los particulares contra las arbitrariedades de los otros poderes, a través del amparo.3 El hecho de que un juez de distrito resolviera —conforme a derecho— en contra de las ideas del presidente fue motivo suficiente para atacarlo y para que se “recomendara” al Consejo de la Judicatura Federal que se le investigara.4 De ese modo el primer mandatario pretendía amedrentar al Poder Judicial.

Ante esa actitud beligerante, varios ilustres juristas y colegios de abogados levantaron la voz para exigir al presidente de la República que respetara la Constitución, no sólo en cuanto a la división de poderes, sino también en cuanto a la importancia del amparo como un mecanismo eficaz para salvaguardar los derechos humanos.5

El actuar intolerante y poco respetuoso en torno de las opiniones contrarias a su manera pensar hizo declarar al primer mandatario que si los jueces resolvían a favor de la inconstitucionalidad de la Ley Eléctrica reformaría la Constitución.

El presidente se ha autoproclamado como el soberano que puede hacer y deshacer las leyes como quiera y cuando quiera. Retoma el pensamiento de Thomas Hobbes, quien para justificar el absolutismo sostenía: “El soberano es el único legislador [...] El soberano de un Estado [...] no está sujeto a las leyes civiles”.6 El Ejecutivo de la Unión quiere ostentarse como el Juez Supremo que determina el criterio que debe prevalecer. El paralelismo de su pensamiento con las tesis de Hobbes es impresionante: “Es inherente a la soberanía el ser juez acerca de qué opiniones y doctrinas son adversas y cuáles conducen a la paz”.7 Es importante recordarle al señor presidente el contenido del artículo 133 constitucional,8 así como las responsabilidades en que puede incurrir el Estado mexicano por incumplir los tratados de libre comercio suscritos por nuestro país, además de las consecuencias económicas que puede acarrear tanto en la inversión extranjera como en la nacional.

Adicionalmente, provocará un mayor estancamiento económico del que ya estamos padeciendo por sus políticas públicas poco viables y costosas, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, así como el rescate de Petróleos Mexicanos, entre otras.

Sus decisiones autoritarias siguen ocasionando desempleo e inseguridad y un preocupante incremento de la pobreza en México. 7 Artículo 128 constitucional.

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.

“Artículo 4°. [...] Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar [...] El daño y el deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque”.

“Artículo 5°. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

“Artículo 25. [...] La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad”.

3 Artículos 103 y 107 constitucionales.

4 El artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece lo siguiente: “Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: […] X. Suspender en sus cargos a los magistrados de circuito y jueces de distrito a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en su contra [...] La suspensión de los magistrados de circuito y jueces de distrito por parte del Consejo de la Judicatura Federal constituye un requisito previo indispensable para su aprehensión y enjuiciamiento”. (Las cursivas son mías.)

5 Entre otros, José Ramón Cossío, Elisur Arteaga, Max Kaiser, Miguel Carbonell, Ricardo Silva y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

6 Thomas Hobbes, Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, trad. de Juan Carlos Garcia Borrón, Sarpe, Madrid, 1984, p. 270.

7 Ibid., p. 185.

8 “Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma [...] serán la Ley Suprema de toda la Unión”.

1 2

Pascual Alberto Orozco Garibay es profesor de derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho.

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IN MEMORIAM RAFAEL MORENO GONZÁLEZ (1931-2021)

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Sergio García Ramírez

n días recientes perdimos a un notable compatriota: Rafael Moreno González. En 1970 asumió la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría del Distrito Federal. Hombre probo y funcionario cabal, inició la tarea que cumpliría a lo largo de su vida fecunda: renovar a fondo la criminalística en México. Se trata de una disciplina al servicio de la verdad y la justicia, cuyos cultivadores deben enfrentar incógnitas, vencer obstáculos, superar adversidades.

Lo hizo Moreno González y mereció el título de “el criminalista mexicano”.

Conocí a Rafael en una etapa de madura juventud de ambos, alumnos de Alfonso Quiroz Cuarón, el ilustre criminólogo. Pronto advertí la maestría, la probidad imbatible, la solvencia científica del joven criminalista. Cuando éste llegó a la Procuraduría del Distrito Federal, invitado por una nueva administración, todavía se aplicaba la famosa “prueba de la parafina” en las investigaciones sobre disparo de armas de fuego.

Moreno González abolió esta prueba precientífica y la sustituyó por métodos modernos. A partir de ese momento comenzó el desarrollo constante y necesario de la criminalística en sus numerosas ramas. Moreno estableció el imperio de la ciencia en este ámbito. Formó varias generaciones de criminalistas, que lo reconocen como jefe de una escuela. Ésa fue su aportación a la procuración y administración de justicia en México.

Médico de formación, Moreno González presidió con gran autoridad la Academia Mexicana de Ciencias Penales. En 1976 figuró entre los fundadores de un organismo de excelencia, prestigiado dentro y fuera de México: el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), siempre amenazado por vientos de fronda, que lo asedian de nuevo. Rafael contribuyó a construirlo, secundando a otro maestro eminente, emérito de nuestra universidad, don Celestino Porte Petit.

Moreno González participó con honradez intelectual, ajeno a las marquesinas y a la voluntad de los poderosos, en investigaciones relevantes de su especialidad. Jamás torció el rumbo

de sus indagaciones, ni ocultó sus resultados, ni cedió ante la presión de quienes pretendieron ejercerla. Se mantuvo firme y erguido en defensa de la verdad. Actuó con probidad —de la que muchos somos testigos— en nuestras procuradurías de justicia. Las batallas que libró no fueron menores. Las ganó a fuerza de ciencia y experiencia, entereza y dignidad.

He dejado por un momento otros temas apremiantes de la vida nacional para recordar la tarea de un mexicano insigne, que los hay, a despecho de tantos que jamás lo serán. También es asunto apremiante rendir tributo a quienes lo merecen, en medio de la batahola en que se ha sumido a la nación. Se dice de nuestros personajes eminentes que pueden ser presentados como modelos de vida y obra a las nuevas generaciones, acaso desalentadas por los aventureros que son ejemplo de frivolidad y deshonestidad. Moreno González debe ser recordado por muchos motivos: es el padre de la nueva era de la criminalística; además, fue un hombre de bien, generoso y laborioso. Sirvió a México con suma devoción. 7

• Médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Miembro fundador, ex presidente y presidente honorario vitalicio de la Academia Mexicana de Criminalística.

• Miembro de número y ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

• Miembro de la Academia Americana de Ciencias Forenses.

• Miembro de la Asociación Americana de Examinadores de Armas de Fuego.

• Miembro de la Asociación Panamericana de Ciencias Forenses.

• Miembro honorario de la Asociación Latinoamericana de Química Forense.

• Medalla al mérito criminológico Alfonso Quiroz Cuarón, otorgada por la Sociedad Mexicana de Criminología.

• Reconocimiento del Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla por sus aportaciones a las ciencias forenses en México.

• Reconocimiento Benjamín Martínez, otorgado por la Academia Mexicana de Criminalística.

• Doctorado honoris causa por el Inacipe.

• Profesor de medicina forense, criminalística y criminología en la Facultad de Derecho de la UNAM. • Profesor de criminalística en el Inacipe.

• Autor de 15 libros, más de 75 artículos publicados en revistas científicas de derecho y ciencias penales, y más de 130 conferencias dictadas en universidades y foros nacionales.

• 56 años en el ejercicio profesional en la criminalística y disciplinas afines.

Sergio García Ramírez es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Artículo publicado el 13 de marzo de 2021 en El Universal con el título “El criminalista mexicano”. Se reproduce con autorización del autor.

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abogacía Abril 2021

IN MEMORIAM

RICARDO MAC KINNEY STEPHENSON

A

(1934-2021)

bogado por la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Mac Kinney Stephenson tuvo una larga trayectoria profesional en Nacional Financiera, S.A., donde desempeñó las funciones de auxiliar de gerencia, asesor jurídico de las gerencias de proyectos internacionales (1973) y de personal (1974), gerente general jurídico (1978), gerente de asuntos jurídicos especiales (1983), coordinador de la gerencia jurídica corporativa desde 1985, subgerente jurídico consultivo y secretario y prosecretario de los consejos de administración y directivos de varias empresas del Grupo Nacional Financiera, hasta su jubilación.

Asimismo, fue asesor jurídico de Alcatel lndetel, S.A. de C.V., y Teletra Industrial, S.A. de C.V.; administrador y gerente de Cesco lnc., de Lake Charles, Los Ángeles; funcionario y asesor de la sucursal en México del First National City Bank de Nueva York, y abogado consultor, gerente general y liquidador de Talon de México, S.A. de C.V., subsidiaria de la Cia. Talon lnc., de Meadville, Pensilvania.

Además, fue asociado en Basham, Ringe y Correa, asesor de la embajada estadounidense en México y ejerció la profesión en su propio despacho.

Dio cátedra en la Universidad Anáhuac, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Panamericano de Humanidades, en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Libre de Derecho.

Fue miembro de la Barra Mexicana, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa —donde fungió como vocal del consejo directivo—, y secretario del patronato de la Fundación Burton Blooms, I. A. P. Descanse en paz. 7

ANTONIO MUÑOZCANO ETERNOD

A

(1949-2021)

ntonio Muñozcano Eternod nació en la Ciudad de México. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México .(UNAM), hizo una especialización en la Universidad de Illinois y estudios de maestría en la Universidad La Salle y en la Universidad de Barcelona, entre otras instituciones. Realizó su doctorado tanto en Barcelona como en su alma mater.

Fue catedrático de derecho familiar, obligaciones, contratos, derecho administrativo y argumentación jurídica en distintas universidades, como la Iberoamericana, la Anáhuac, la Humanitas y la Facultad de Derecho de la UNAM. Su labor docente lo llevó a participar, en distintos niveles, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, impartiendo clases de argumentación y ética judicial, deber jurídico familiar, instrucción magisterial y oratoria jurídica, así como en los cursos de preparación para aspirantes a la judicatura.

Dictó múltiples conferencias y fue autor de diversos títulos especializados. Asimismo, participó en la elaboración del libro Cien casos para el estudio del derecho familiar, editado por Tirant lo Blanch.

Hizo su carrera profesional en el sector público y en el año 2000 se integró al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, primero como director general de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial y luego como director general del Instituto de Estudios Judiciales. Además, era coordinador de Implementación de los Juicios Orales. Desde abril de 2009 fue designado magistrado del Máximo Tribunal de la capital, integrando la cuarta sala familiar.

Jurista comprometido con que “las mejores mujeres y hombres se encarguen de ser jueces”, sus condiscípulos y alumnos lo recordarán “por su labor y entrega a la misión de impartir justicia”. Descanse en paz. 7

Para leer

ESTUDIOS JURÍDICOS DE

MANUEL BORJA MARTÍNEZ Manuel Borja Martínez fue un jurista y notario que se caracterizó por su capacidad de análisis, investigación e innovación en las diversas ramas del derecho privado, así como de la historia jurídica. Debido a su prematura muerte, ocurrida en 1990, a los 57 años, no le fue posible plasmar todas sus investigaciones en algún libro de su autoría. Por ello, con el afán de preservar su memoria intelectual, Ángel Gilberto Adame ha rescatado videoconferencias grabadas entre 1989 y 1990, las cuales se comentan con detalle, así como una serie de artículos que el maestro publicó en revistas especializadas.

Aunque la intención principal era compilar las tesis centrales de su perspectiva jurídica, el libro lleva a cabo una labor de análisis y actualización de los textos para mayor compresión de las nuevas generaciones, con el fin de preservar la esencia de su doctrina a la luz de una legislación vigente.

Los principales temas que contiene este libro mantienen su relevancia para el estudio del derecho: las capitulaciones matrimoniales; representación, poder y mandato, y el contrato atípico: su concepto, clasificación y disciplina jurídica, entre otros.

Además de la importancia que revisten estos textos para la ciencia jurídica, la finalidad de esta edición es rendir un justo homenaje a uno de los intelectuales más importantes del notariado mexicano, quien también fue presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

El pasado 10 de marzo se realizó, precisamente en el auditorio que lleva su nombre en la sede del colegio, la presentación del libro, con la participación de doña María Elena Chico de Borja; María Goerlich, directora editorial de Tirant lo Blanch México, y los notarios Carlos de Pablo Serna, Ángel Gilberto Adame y Ponciano López Juárez.

Doña María Elena Chico habló de Manuel Borja desde la perspectiva de esposo y padre, destacando sus virtudes y sus pasiones, así como del apoyo que le brindó a ella para la realización de sus estudios de historia. Ángel Gilberto Adame relató la forma en que despertó su interés por la obra de Manuel Borja y cuál fue su génesis, mientras curioseaba en el acervo de la biblioteca del colegio. Por su parte, Carlos de Pablo se refirió a los temas que aborda el libro y destacó la actualidad del pensamiento de Manuel Borja Martínez.

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Ángel Gilberto Adame (comp.)

Tirant lo Blanch, 2019 La presentación del libro puede verse en el siguiente enlace:

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abogacía Abril 2021

LEY FEDERAL DEL TRABAJO COMENTADA La Ley Federal del Trabajo rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la Constitución mexicana. En los últimos años ha sido objeto de diversas reformas —1º de mayo de 2019, 4 de junio de 2019, 2 de julio de 2019 y 11 de enero de 2021 en materia de teletrabajo—, las cuales son analizadas en la quinta edición de esta obra, que a su vez repasa los preceptos contenidos en esta ley, además de incluir jurisprudencia de 2019 y 2020, lo que la convierte en una referencia obligada para todos aquellos interesados en el derecho del trabajo.

El autor —quien es coordinador de la Comisión de Derecho de la Empresa del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, abogado general de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado y de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, asesor laboral de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, miembro de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, director general de Revista Laboral y profesor de la Universidad Anáhuac y de la Escuela Libre de Derecho— echa mano de su vasta experiencia en la cátedra y en el ejercicio profesional para ofrecer un material de utilidad para la solución de los conflictos del trabajo en nuestro país.

Recientemente se realizó la presentación del libro en un acto organizado por la Escuela Libre de Derecho, el cual contó con la participación de Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora de la República; Luis M. Díaz Mirón, profesor de derecho laboral de la Escuela Libre de Derecho, donde también se desempeñó como rector; Tereso Medina Ramírez, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México; Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana; Álvaro J. Altamirano, abogado especialista en derecho laboral y ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa; Rafael Sánchez-Navarro Caraza, especialista en derecho del trabajo y recursos humanos y coordinador y profesor en la maestría en derecho laboral y sus transformaciones en la Escuela Libre de Derecho, así como del autor.

_______ Federico Anaya Ojeda Editorial Valdepeña, 2021 La presentación del libro puede verse en el siguiente enlace:

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Humor Usted dijo: “Tráeme la mejor defensa para mi caso, no importa lo que cueste”. Él es Sergio Ramos, del Real Madrid...

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abogacía Abril 2021

Alfonso Orvañanos

Hola, mucho gusto...