Revista "Abogacía", #1, marzo de 2021

abogacía LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

Año 1, núm. 1, marzo de 2021

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$99.00

Justicia con perspectiva de género Ana Margarita Ríos Farjat Yasmín Esquivel Mossa

<Joe Biden y la relación México-Estados Unidos Víctor E. Corzo y Ernesto E. Corzo <Teletrabajo. Claves para su implementación Héctor Cervantes Nieto

<Voluntad anticipada y el derecho a una muerte digna Amando Mastachi Aguario <La responsabilidad penal de las empresas en México Manuel Valadez Díaz

A

Presentación

bogacía, ¿por qué? Respondo en abstracto. En esta época, en la que la realidad ha superado a las pesadillas, en la que reina el dolor, la enfermedad, la intranquilidad, la inseguridad y hasta la muerte, parece un contrasentido dar inicio a una nueva empresa.

Y aunque esta realidad por la que atravesamos pueda arrebatarnos incluso lo más preciado, la vida de nuestros seres queridos, no debe arrebatarnos nunca nuestros sueños e ideales. Nunca. Mientras estemos con vida debemos mantenernos en pie de guerra para realizar nuestra misión como seres humanos: caminar en comunión hacia el bien común, vocación a la que hemos sido convocados en esta existencia.

Es por eso que, como abogados, iniciamos hoy un nuevo proyecto para darle continuidad, con mayor ahínco y desde una nueva trinchera, a nuestra vocación de servicio a México.

Abogacía, ¿para qué? Respondo en concreto. De acuerdo con la información del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, hay en nuestro país cerca de 811,000 profesionistas ocupados en el área del derecho. Asimismo, la matrícula total en programas educativos en esta área asciende a 415,000 estudiantes, desde licenciatura hasta doctorado, en casi 1,500 planteles educativos, según las cifras de la ANUIES. ¿No somos demasiados abogados?

Si ejercer la abogacía sólo se entiende como velar por los intereses de quienes lo necesitan cuando ven atropellados sus derechos, entonces en México sobra campo de acción. Basta echar un vistazo a las estadísticas e índices delictivos para constatarlo.

Pero ¿queremos seguir formando abogados y expidiendo cédulas profesionales para atender la creciente demanda de justicia sin comprometernos a fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho, aunque a largo plazo eso signifique una menor demanda de nuestros servicios?

Retomo la pregunta: Abogacía ¿para qué? Por un lado, para invitar al cuestionamiento sobre el papel que los letrados ejercemos en nuestra sociedad: qué hacemos y qué queremos hacer con las habilidades que hemos adquirido en la formación y desarrollado

en el ejercicio profesional. Al mismo tiempo, responder esta pregunta da la pauta para este nuevo proyecto editorial: una revista mensual de distribución nacional que dará voz a los profesionales del derecho deseosos de compartir sus reflexiones con sus pares y con los aspirantes a serlo, pero también con todos aquellos interesados en construir un país mejor, sin importar su formación.

De la mano de un sólido y plural Consejo Editorial, conformado por reconocidos especialistas en las diferentes ramas del derecho y profesionales de ciencias auxiliares, esta revista dará espacio a las ideas, será voz para estimular el debate, tendrá apetito por el buen uso del lenguaje, motivará la creación de iniciativas y buscará demostrar que la reflexión amplia y respetuosa no está en pugna con la rapidez y la síntesis de la información diaria. De quienes participamos en ella, pero en última instancia de quienes leerán estas páginas, dependerá el resultado de este ejercicio intelectual, cuyo objetivo es ofrecer una referencia permanente para nuestro gremio y para todo interesado en aquello que gira en torno al derecho y su papel como instrumento para preponderar la convivencia de nuestra sociedad.

Cordialmente,

José Ángel Villalobos Magaña Presidente del Consejo de Administración

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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DIRECTORIO

Consejo editorial CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESIDENTE José Ángel Villalobos Magaña

SECRETARIO Ángel Gilberto Adame López

TESORERO

Elisur Arteaga Nava

Miguel Carbonell

Sergio García Ramírez

Mónica González Contró

Jorge López Nepomuceno

CONSEJEROS Amando Mastachi Aguario Alejandro E. Pérez Teuffer Fournier

DIRECTOR EDITORIAL Luis Arturo Pelayo Gutiérrez editor@revistaabogacia.com

DISEÑO EDITORIAL

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Patricio Emilio Marcos Giacoman Ignacio Morales Lechuga

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FOTOGRAFÍA David Uriegas

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SUSCRIPCIONES

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Alfredo Rangel Ortiz

Alfonso Siliceo Aguilar

Francisco Simón Conejos

Juan Velasquez

Édgar Acevedo Pérez suscripciones@revistaabogacia.com

CONTACTO 55-5616-2111 y 55-5131-5163 info@revistaabogacia.com www.revistaabogacia.com Abogacía. La voz y la pluma de los juristas, año 1, núm.

1, marzo de 2021, es una publicación mensual editada por Base Legal, S.A. de C.V., con domicilio en Altavista 28, Col. San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01000. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo y Certificado de Licitud de Título y Contenido en trámite.

Impresa por Fotolitográfica Argo, Bolívar 838, Col. Postal, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03410. Las opiniones expresadas por los articulistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de los editores de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la editorial.

Contenido Marzo 2021

24 VOCES

Justicia con perspectiva de género Ana Margarita Ríos Farjat Yasmín Esquivel Mossa

14 REFLEXIONES

56 REFLEXIONES

Dispositivos de vapeo. ¿Una regulación desproporcionada?

La responsabilidad penal de las empresas en México

Fernando Raúl Murrieta

Manuel Valadez Díaz

06

20

42

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Ante la pandemia, la justicia no se detiene

Redes sociales. Más allá del bien y del mal

Desafíos de la justicia agraria

Repensar el matrimonio tradicional

ACTUALIDAD

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Inicia actividades el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado

10 VISIÓN GLOBAL

Joe Biden y la relación México-Estados Unidos Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

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abogacía Marzo 2021

REFLEXIONES Oliver Galindo Ávila

32 EXPERIENCIAS

Una abogada mexicana en la Gran Manzana

REFLEXIONES

Maribel Concepción Méndez de Lara

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Teletrabajo. Claves para su implementación Héctor Cervantes Nieto

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60 EL NOTARIO RESPONDE

Manuel Jorge Carreón Perea Lesly Fernanda Valencia González

Amando Mastachi Aguario

Iliana García Arellano

¿Otra vez la pena de muerte?

Voluntad anticipada y el derecho a una muerte digna

DERECHO Y CULTURA Mateo Mansilla-Moya

68 IN MEMORIAM

Carlos Daza, Arturo Díaz, Luis Fernández Doblado, Héctor Fix-Zamudio, Carlos Müggenburg, Mario Pérez Salinas y Joaquín Talavera

76 PARA LEER

Actualidad

Ante la pandemia,

la justicia no se detiene

E

l pasado 9 de febrero, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, rindió su primer informe de actividades, correspondiente a 2020, en el Palacio de Justicia de Toluca, sede de las oficinas del Poder Judicial del estado.

El tema central que destacó en su presentación fue el reto que ha representado la impartición de justicia en el marco de la pandemia de Covid-19, que obligó al distanciamiento social y, sin embargo, exigió garantizar el acceso a la justicia, tarea que pudo llevarse a cabo de forma exitosa gracias a la utilización de herramientas tecnológicas innovadoras, la utilización de la firma electrónica judicial (FeJEM), la ampliación de los servicios del Tribunal Electrónico, el cambio de paradigma hacia una justicia digital, el desarrollo de protocolos sanitarios con la adecuación de los procesos y procedimientos para su respectivo cumplimiento, la creación de un Comité para la Prevención de Riesgos Sanitarios y la implementación de una Unidad de Apoyo y Acompañamiento Emocional, entre otras medidas.

Por otro lado, en materia de resolución de conflictos a través del diálogo, el Poder Judicial del Estado de México participó en las Caravanas por la Justicia Cotidiana del Gobierno de Estado de México, con los servicios del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa.

En cuestiones de género, y en coordinación con el Senado de la República y el Congreso local, se emprendieron acciones de análisis y seguimiento a los casos de feminicidio y se estableció la Mesa de Trabajo Interinstitucional sobre Feminicidios, un espacio de análisis y consenso con la participación de diversas instancias —el Consejo de la Judicatura; la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género; la Fiscalía Especializada de Feminicidios; la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIFEM; la Comisión de Atención a Víctimas; la Dirección General de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema Nacional DIF; la Iniciativa Spotlight de ONU Mujeres, y representantes de colectivos de víctimas—, en el que se presentó el Modelo Integral de Atención, Otorgamiento, Implementación y Seguimiento de Órdenes de Protección, enfocado a implementarse en los 11 municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres.

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Consultar el informe completo:

En temas de transparencia, se puso en marcha, en coordinación con la comunidad empresarial, académica, jurídica y sindical, el Observatorio Ciudadano en Favor de la Justicia, con el objetivo de medir la calidad del servicio y detectar áreas de oportunidad para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas.

Finalmente, en cuanto al sistema de justicia en materia Laboral, el Estado de México se ubicó entre las entidades pioneras en la implementación de la reforma, al poner en operación tribunales laborales especializados en Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Texcoco, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

En este acto solemne estuvieron presentes el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; la presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del estado, diputada Anaís Miriam Burgos Hernández; el titular de la Junta de Coordinación Política, diputado Maurilio Hernández González, y el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Asimismo, participó la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a través de un mensaje transmitido durante la sesión, en el que reconoció la ardua labor realizada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para garantizar el acceso a la justicia, una tarea históricamente compleja y más aún en tiempos de pandemia. 7

RICARDO SODI CUELLAR • Abogado por la Escuela Libre de Derecho.

• Maestro en derecho internacional y diplomacia por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

• Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

• Profesor de derecho constitucional en la Universidad Anáhuac, donde también fue director de la Facultad de Derecho.

• Catedrático en las escuelas judiciales de diversos estados del país y capacitador de jueces y magistrados en el nuevo Sistema de Justicia Penal.

• Docente en el Instituto de la Judicatura Federal, en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, en el Colegio de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, Armada de México.

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Actualidad

Inicia actividades

E

el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado

l Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado de la Ciudad de México representa la consolidación de un proyecto anhelado por muchos miembros de dicho colegio, desde hace ya varios años. Nació formalmente con la publicación de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, el 28 de marzo de 2000, y se materializó el 12 de enero de 2021 con el curso “Actualización en materia notarial, legislativa y tributaria”, en el que se abordaron desde temas legislativos hasta económicos, pasando por los derechos humanos, el derecho laboral y diversas reformas al Poder Judicial.

El instituto adopta y parte de los principios por los cuales los notarios deben conducir su actuar, y será un coadyuvante para lograr la excelencia, la especialización y la profesionalización de todos los miembros del gremio, no sólo notarial sino también jurídico.

Con el objetivo de consolidarse como un referente en la investigación, la formación continua y la producción escrita sobre temas jurídicos de actualidad, el instituto realizará cursos, talleres, pláticas, seminarios, conferencias, simposios, mesas redondas y presentaciones de libros sobre temas del derecho, en especial los relacionados con la función notarial. 7

instituto@colegiodenotarios.org.mx

ACTIVIDADES RECIENTES Curso: “Actualización en materia notarial, legislativa y tributaria” Fecha: 12 de enero al 4 de febrero de 2021 Duración: 8 sesiones (20 horas) Modalidad: en línea

Presentación editorial: El Código Civil de 1928. Una reseña histórico-jurídica Autor: Ángel Gilberto Adame Fecha: 10 de febrero de 2021 Disponible en YouTube: Colegio de Notarios de la Ciudad de México

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PRÓXIMAS ACTIVIDADES Curso: “Justicia constitucional y derecho notarial” Fecha: 17 de marzo al 21 de abril de 2021 Horario: lunes y miércoles, de 17:00 a 19:30 horas Modalidad: en línea Registro e informes: instituto@colegiodenotarios.org.mx Teléfono: 55 5511-1819

Presentación editorial: Estudios jurídicos de Manuel Borja Martínez Compiladores: Ma. Elena Chico de Borja, Carlos de Pablo Serna y Ángel Gilberto Adame Fecha: 10 de marzo de 2021 Disponible en YouTube: Colegio de Notarios de la Ciudad de México

Creado en 1792, es uno de los colegios de profesionistas más antiguos de América.

Agremia a los titulares de las 250 notarías que existen en la capital.

Su misión es contribuir al buen desempeño de la función notarial en la Ciudad de México.

Ofrece un servicio de consultoría jurídica gratuita en su sede, ubicada en Río Tigris 63, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Cuenta con un sistema de guardias notariales para atender solicitudes urgentes.

Realiza anualmente la Jornada Notarial,

brindando apoyo para la regularización de la propiedad inmobiliaria mediante reducciones en impuestos, derechos y honorarios.

Durante el mes de septiembre de cada año ofrece descuentos en los

honorarios notariales de los testamentos.

Más información: https://colegiodenotarios.org.mx

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[ Visión global ]

Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo

Joe Biden y la relación MéxicoEstados Unidos “S

iempre se puede confiar en que los estadounidenses harán lo correcto... una vez que se hayan agotado todas las demás posibilidades”.

Esta frase, que se atribuye a Winston Churchill, resuena tras los últimos cuatro años de una administración que parece haberse enfocado en abdicar su liderazgo dentro de la comunidad internacional.

Con Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos surge una pregunta: ¿cuál será el impacto de su llegada en la relación bilateral México-Estados Unidos? Ésta reviste particular importancia, ya que parecería existir una falta de coincidencia ideológica entre el gobierno mexicano y el nuevo gobierno estadounidense.

A pesar de que esta falta de concordancia ideológica también estaba presente con la administración de Trump, hay que recordar que había mayores coincidencias, tal y como lo reconoció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su carta del 12 de julio de 2018, en la que señaló que tanto él como Trump “sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment o régimen predominante”. Trump coincidió en el mensaje, indicando que “ambos alcanzamos el triunfo electoral al proveer una visión clara para hacer nuestros países más fuertes y mejores”.

Si bien se dieron enfrentamientos como la construcción del muro, la cancelación del programa DACA, la terminación del TLCAN o la amenaza constante de imposición de aranceles si no se detenía la migración irregular proveniente de Centroamérica, entre otros, al final el gobierno de México logró identificar la estrategia de fondo que meramente buscaba adoptar medidas “llamativas” que apelaran a la base electoral que apoyaba a Trump.

Es altamente probable que el contraste ideológico de ambos gobiernos se encarrile a un choque, posiblemente irremediable.”

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¿Qué efectos producirá la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en la relación con nuestro país y cómo se diferenciará de la administración de su predecesor? En el presente artículo se analiza esta trascendental cuestión que, sin duda, impactará el futuro económico y político de nuestro país.

Justamente, la principal característica que presumía la administración Trump de ser anti-establishment fue precisamente la que permitió la contención de sus propios intentos de implementar medidas radicales. En otras palabras, gracias a que su operar principal se mantuvo en un círculo cercano, se abrió una ventana de oportunidad para eludir el tradicional sistema de pesos y contrapesos institucionales a través de los cuales habitualmente los expertos en el tema son los que negocian los temas. Así, se identificó que la mejor manera de contener a la administración de Trump era hacerle creer que había ganado la negociación, permitir que saliera a medios de comunicación a anunciar su logro, y finalmente, en la etapa de implementación del acuerdo, se buscara diluir las medidas radicales que Trump intentaba implementar, intercambiando obligaciones de fin por obligaciones de medios. En vez de materializar lo negociado, simplemente se desplegaban acciones para argüir que se estaban realizando todos los esfuerzos posibles para lograrlo, aunque en realidad no fuera así.

Al haberle tomado la medida a la administración Trump, se entiende el desdén del gobierno mexicano ante declaraciones cada vez más agresivas, radicales y que buscaban la confrontación del entonces presidente de Estados Unidos.

Wikipedia

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[ Visión global ]

De esta manera, la relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump queda perfectamente descrita en las palabras que el presidente de México le dedicó al mandatario estadounidense durante su visita a Washington, el año pasado: “Quiero agradecer una vez más al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump, por su trato respetuoso, cordial, hacia nosotros, y lo que es más importante: hacia nuestro pueblo”.

Por más fuera de la realidad que parecieran dichas palabras, éstas reflejan el acotamiento de los supuestos enfrentamientos entre ambos países a un puñado de temas que resultaban de relevancia para el exmandatario estadounidense. Fuera de tal microuniverso, el grueso de la relación bilateral fluía sin problema, y la estrategia mexicana de contención permitió que al final de la administración de Trump el gobierno de México tuviera amplio margen de acción para esquivar cualquier condena a las nuevas políticas mexicanas en contra de los acuerdos pactados en el TMEC en materia energética, las restricciones a las actividades de los agentes extranjeros acreditados en México en materia de procuración de justicia y persecución del delito, o la determinación de no ejercer la acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos.

A pesar de que la falta de una reacción más fuerte por parte del gobierno estadounidense a estas acciones implementadas en México también se debe a la coyuntura propia de la transición entre la administración Trump y Biden, la indiferencia de la administración de Trump le sustrajo la capacidad de capitalizar alguna reacción a favor de Estados Unidos por la derrota electoral.

De ahí que las reacciones moderadas estadounidenses —a las acciones mexicanas— se dieran más por inercia institucional y con tan bajo perfil que casi pasaron desapercibidas.

Ante la llegada de Joe Biden, sí se espera un cambio en la relación bilateral, encauzándola nuevamente a los canales institucionales tradicionales, donde difícilmente se podrá mantener la interlocución con un puñado específico de personas, como sucedía con la administración de Trump. En otras palabras, el presidente anti-establishment se ha ido y es sustituido precisamente por alguien diametralmente opuesto, alguien que ha desarrollado toda su carrera política en el régimen político predominante.

Por estos factores es altamente probable que el contraste ideológico de ambos gobiernos se encarrile a un choque, posiblemente irremediable, pero que regresando a las formas de antaño será resuelto tras bambalinas, no con tuits o de forma pública, como se ventilaba con Donald Trump. Quizás durante el primer año de la administración Biden no se vea mucho este choque de trenes, ya que la prioridad sin duda alguna seguirá siendo

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La relación bilateral continuará, tal cual, con los procesos de integración que se echaron a andar décadas atrás, pero con el galimatías de justificar ideológicamente dicho proceso.”

la atención a la pandemia del Covid-19, el aminoramiento del daño económico que está causando y el suministro de la vacuna a la población civil.

Sin lugar a duda, la era de Trump está siendo borrada desde los primeros días de la administración de Biden, dejando sin efectos las medidas ejecutivas más polémicas y que ocuparon los reflectores en la relación bilateral: se detuvo la construcción del muro fronterizo; se dio marcha atrás a la cancelación del programa DACA; se cancelaron los Protocolos de Protección a Migrantes, que obligaban a los peticionarios de asilo a permanecer en México hasta la resolución de su petición; nuevamente se han vuelto a reinstaurar las prioridades de deportación, quitando así de la mira a miles de migrantes que no tienen antecedentes penales y llevan una vida ordinaria en territorio estadounidense, y el gobierno de Estados Unidos ha declarado que colaborará con los países centroamericanos para atajar de origen las razones por las cuales las personas migran.

Si bien este cambio de política y retórica de Estados Unidos, en conjunción con el retorno a la esfera multilateral, debe verse como un signo positivo, es importante reconocer que hasta este momento todos estos cambios solamente responden a acciones que marcan el parteaguas entre una administración y otra. El hecho que Joe Biden no sea visto como un político impredecible, como lo era Donald Trump, no debe confundirse con una administración laxa o débil. El regreso a la institucionalidad significa que habrá continuidad con las políticas tradicionales de Estados Unidos, donde muchas de las acciones que hoy en día se han implementado en México no son compatibles.

Es altamente probable que la asimetría que existe entre ambos países sea más palpable que antes, aunque los diferendos parezcan ser menores y no vayan a ser resueltos ante la opinión pública, sino tras bambalinas, con la diplomacia a puerta cerrada. El regreso a la posición tradicional de Estados Unidos significará para el gobierno de México un menor margen de acción que el tolerado por la administración de Trump. Esto, sin duda, significará un mayor empleo de falacias nominales, como el concepto romántico de

soberanía, la protección de los recursos nacionales y la estigmatización de la inversión extranjera para justificar las acciones mexicanas no compatibles con la visión regional de América del Norte.

De ahora en adelante, la realidad de la relación bilateral será más difícil de leer por la discreción diplomática en la que se desarrollará. Sin embargo, podremos darnos cuenta de dónde nos encontraremos situados por los posibles litigios internacionales que se instauren por violaciones a los intereses de ambos Estados o sus nacionales, así como por el intento de alguno de los dos Estados por ganar la retórica de la diplomacia pública. Innegablemente, la realidad que viven ambas naciones obliga a las autoridades de los dos países a trabajar hombro con hombro para enfrentar los retos trasnacionales que impactan a sus sociedades. La relación bilateral continuará, tal cual, con los procesos de integración que se echaron a andar décadas atrás, pero con el galimatías de justificar ideológicamente dicho proceso bajo etiquetas no compatibles con el proceso de integración y coordinación regional. 7

Víctor Emilio Corzo es doctor en derecho y diplomático de carrera experto en derecho internacional.

@VE_Corzo

Ernesto Eduardo Corzo es experto en arbitraje internacional, acreditado para ejercer en México y en Estados Unidos.

@EE_Corzo

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Fernando Raúl Murrieta y de la Brena Dávila

DISPOSITIVOS DE

VAPEO

¿Una regulación desproporcionada?

En los últimos años se ha difundido ampliamente el uso de dispositivos electrónicos que permiten inhalar el vapor que producen —acción a la que comúnmente se le denomina “vapear”—, simulando los cigarrillos tradicionales. La comercialización de estos productos no ha estado exenta de polémica, por los riesgos para la salud que se asocian a la exposición a los compuestos químicos que producen. El autor analiza si la regulación existente en esta materia es adecuada.

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Pixabay

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n 1963, el inventor Herbert A. Gilbert obtuvo una patente en Estados Unidos a la que llamó smokeless non-tobacco cigarette (cigarrillo sin tabaco y libre de humo).1 En dicha patente se indicó lo siguiente: “[…] un cigarrillo sin tabaco y libre de humo que incluye: a) un tubo externo con porciones interiores y exteriores, b) un cartucho de sabor en la porción del extremo exterior, c) calefacción en el tubo, d) un recubrimiento tubular también en el tubo, que lo rodea al menos parcialmente y está separado de los medios de calefacción, y e) una pared interna diseñada para producir turbulencia en la corriente de aire a través del espacio entre los medios de calefacción y el revestimiento tubular […]”.2 En ese tenor, ya desde sus inicios el vapeador o cigarro electrónico no tenía como objeto la administración de nicotina, tabaco o alguna sustancia ajena al vapor saborizado. Inclusive, su uso se concibió como coagente administrador de medicamentos para tratar enfermedades o padecimientos respiratorios: “La presente invención [...] tiene por objeto proporcionar un medio y un método seguros e inofensivos para fumar mediante la sustitución del tabaco y el papel quemados por aire caliente, húmedo y aromatizado, o inhalar medicamentos tibios hacia los pulmones en caso de una enfermedad respiratoria y bajo la dirección de un médico.”3 Para concluir el prolegómeno del presente artículo, no siempre el uso de las invenciones sigue su mismo encauzamiento.

Tal es el caso del vapeador, que si bien es cierto puede ser usado en su forma inocua para el agente que inhala el producto, también puede ser usado indebidamente, como elemento suministrador de sustancias nocivas.

Los dispositivos de “vapeo” han sido denominados de muchas formas y contienen diversos elementos que los diferencian. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) los ha denominado “sistemas electrónicos de administración de nicotina” (SEAN).4 Los SEAN son artefactos que pueden alojar diversas sustancias, desde fórmulas saborizadas para inhalar a través de un procedimiento de vaporización, hasta sustancias dañinas, como ha sucedido en los recientes casos de uso incorrecto con tetrahidrocannabinol (THC), el principal constituyente psicoactivo del cannabis. (Hay que aclarar que el adjetivo “incorrecto” no implica un juicio sobre el consumo de dicha sustancia, sino que hace referencia a la inadecuada preparación o adaptación para los SEAN.) Debemos tener claro, y como una premisa constante a lo largo de la lectura de este artículo, que los SEAN son sólo un artículo de almacenamiento para su eventual y futuro suministro; es decir, por sí solos no administran sustancias prohibidas.

Un estudio —aún en proceso— sobre lesiones pulmonares asociado al uso de productos de cigarrillos electrónicos o vapeo, realizado por los Centros para el Control y la Prevención

Pixabay

de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA),5 ha determinado lo siguiente: • Las visitas a la sala de emergencias relacionadas con los productos de cigarrillos electrónicos o vapeo siguen disminuyendo, después de aumentar considerablemente en agosto de 2019 y alcanzar su punto máximo en septiembre del mismo año.

• Los datos a nivel nacional y estatal provenientes de informes de pacientes y de análisis de muestras de productos indican que los productos de cigarrillos electrónicos o vapeo que contienen THC, en particular aquellos obtenidos de fuentes informales, como amigos o familiares, o de vendedores en persona o en línea, están vinculados a la mayoría de los casos y tienen un papel significativo en el brote.

• 2022 pacientes hospitalizados tenían datos sobre uso de sustancias, y de éstos (hasta el 14 de enero de 2020) el 82% reportó usar productos que contenían THC; el 33% reportó uso exclusivo de productos que contenían THC; el 57% reportó usar productos que contenían nicotina, y el 14% reportó uso exclusivo de productos que contenían nicotina.

En ese entendido, no debe estigmatizarse por completo y con severidad a los SEAN, ya que dada su naturaleza (administración de nicotina) no son esos dispositivos los responsables de que los usuarios los utilicen para suministrar sustancias dañinas como el THC.6 Hasta ahora se puede concluir que los artículos cuya naturaleza es administrar diversas sustancias no pueden ser considerados nocivos per se; por ejemplo; el que las jeringas médicas se puedan usar como medios de suministro de diversas drogas no justifica la prohibición de las jeringas, ya que si bien éstas pueden ser un medio para el suministro de sustancias (como un SEAN), per se no representan un riesgo sanitario que justifique su prohibición total.

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Regulación del vapeo La regulación actual que le es aplicable a los SEAN parte de la Ley General para el Control de Tabaco. El artículo 2º de la misma señala: “Artículo 2. La presente ley se aplicará a las siguientes materias: ”I. Control sanitario de los productos del tabaco, así como su importación, y ”II. La protección contra la exposición al humo de tabaco.”

Como se advierte, los SEAN no se encuentran contemplados en las materias aplicables a dicha ley; no obstante, el diverso 16, fracción VI, de la ley en cita dispone lo siguiente: “Artículo 16. Se prohíbe: ”[…] ”VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco.”

Es aquí donde encontramos el quid de nuestra aportación.

Pero antes de explorar a fondo dicha norma, retomemos su génesis, misma que, en su exposición de motivos, hizo patente el espíritu de su tutela.7 Tanto en su artículo 2º como a lo largo de su exposición de motivos se advierte que su tutela nodal es la protección contra el consumo del tabaco y a su exposición, resultando inconcuso que la protección contra el tabaco es el cometido de la expresión legislativa planteada en la Ley General para el Control del Tabaco. No obstante, el capítulo único del título segundo de dicha ley dicta: “Artículo 14. Todo establecimiento que produzca, fabrique o importe productos del tabaco requerirá licencia sanitaria, de acuerdo con los requisitos que establezca esta ley y demás disposiciones aplicables. ”Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del tabaco tendrá las siguientes obligaciones [...]”.

Ahora bien, siguiendo a Meehan, es necesario mencionar que la técnica legislativa exige que las disposiciones tengan los siguientes elementos:8 a) Integralidad. b) Irreductibilidad. c) Coherencia (no deben presentar contradicciones o inarmonías, o soluciones diferentes para iguales supuestos). d) Correspondencia. e) Realismo. ¿Resulta discordante que el objetivo y la exposición de motivos coincidan en que el tabaco es un amago para el derecho a la salud, consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que la misma legislación que abandera dicha tutela permita y regule el

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El derecho de igualdad se trastoca con la norma que prohíbe tajantemente los productos que emulen o imiten productos del tabaco, mientras son permisibles los productos cuya sustancia es precisamente lo que el espíritu y objeto de la ley pretende erradicar.”

consumo? Dejando este debate para otra ocasión, volvamos al tema de la regulación del vapeo. Recordando el axioma del principio de igualdad que toda regulación debe observar, a efecto de no contrariar lo dispuesto por la norma fundamental,9 debemos decir que los SEAN no están considerados como artículos del tabaco; tan es así, que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha descartado otorgar avisos de funcionamiento para los SEAN, a diferencia de los cigarrillos de tabaco, ya que estos productos sí pueden ser objeto de licencia sanitaria y de aviso de funcionamiento.10 El derecho de igualdad se trastoca con la norma que prohíbe tajantemente los productos que emulen o imiten productos del tabaco,11 mientras son permisibles12 los productos cuya sustancia es precisamente lo que el espíritu13 y objeto de la ley pretende erradicar.

Así lo expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos en revisión 513/2015 y 762/2017: “[...] contrariamente a lo sostenido por la autoridad recurrente, esta Segunda Sala considera que la distinción introducida por el legislador en el artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, en el sentido de prohibir la comercialización, venta, distribución,

exhibición, promoción o producción de cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, constituye una medida desproporcional, toda vez que no es la menos restrictiva para garantizar otros derechos constitucional y convencionalmente protegidos, pues, por una parte, se busca lograr la protección del derecho a la salud de las personas, pero a costa de prohibir por completo las actividades comerciales de venta, distribución, producción, etcétera, de productos que no son del tabaco; mientras que, como quedó precisado en párrafos anteriores, la comercialización de productos del tabaco se encuentra permitida y regulada bajo condiciones específicas”.14 En ese tenor, la porción normativa que prohíbe de forma restrictiva en extremo productos como los SEAN violenta el derecho a la igualdad ante la ley, ya que aun cuando los SEAN puedan contener sustancias como la nicotina o algunas otras dañinas, de lo cual no se han obtenido estudios concluyentes, esto no justifica darles un trato más restrictivo que a los productos de tabaco, los cuales se encuentran permitidos por la misma legislación cuyo espíritu es proteger a los ciudadanos de los efectos de las sustancias que emiten.15 7

https://patents.google.com/patent/US3200819A/en? inventor=Herbert+A+Gilbert.

Idem.

3 Idem.

4 https://www.who.int/tobacco/communications/statements/eletronic_cigarettes/es/.

5 https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/spanish/enfermedad-pulmonar-grave/index.html.

6 El Δ-9-Tetrahidrocannabinol, comúnmente conocido como THC, es el componente psicoactivo (alteración de la percepción y modificación del estado de ánimo) de la planta de cannabis más importante y abundante en las variedades clasificadas precisamente como psicoactivas. Las no psicoactivas conocidas como cáñamo deben tener, por normativa internacional, menos del 1% de THC. 7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lx/087_DOF_30may08.pdf. Tanto en México como en el mundo, la exposición al humo de tabaco es una epidemia de carácter grave que representa una de las principales causas de enfermedad, muerte y discapacidad evitables. A nivel mundial, 4.9 millones de muertes anuales son atribuidas al tabaco por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y para el año 2030 se espera que la cifra exceda los 10 millones (Peto, 2001). En México, la prevalencia de fumadores activos es del 26.4% en personas del área urbana entre 12 y 65 años de edad. En adolescentes urbanos, 10.1% de los jóvenes entre 12 y 17 años son fumadores, con una mayor prevalencia en hombres que en mujeres, con 15.4% y 4.8% respectivamente. La edad de inicio de este pernicioso hábito muestra una tendencia creciente entre los años 1988, 1993 y 1998, con 52.2%, 56.8% y 61.4%, respectivamente.

8 http://biblioteca.corteidh.or.cr:8070/alipac/GJAJPXBFYOHHSNKHDGVA-00083/full-set?RES=2819&NUM=9.

9 Época: novena; registro: 174247; instancia: Primera Sala; tipo de tesis: jurisprudencia; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, septiembre de 2006; materia(s): constitucional; tesis: 1a./J. 55/2006; página: 75. igualdad. criterios para deter1 2

minar si el legislador respeta ese principio constitucional.

http://tramiteselectronicos01.cofepris.gob.mx/AvisoFuncionamiento/Default.aspx?ReturnUrl=%2fAvisoFuncionamiento%2f.

Artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco.

12 Artículos 14 y 15 de la Ley General para el Control del Tabaco.

13 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lx/087_DOF_30may08.pdf 14 Ver párrafo 38 de la resolución del amparo en revisión 762/2017, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

15 Ibid., párrafo 43.

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Fernando Raúl Murrieta y de la Brena Dávila es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, certificado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es socio fundador del despacho Legal Enterprise Firm. raul.murrieta@legalenterprisefirm.com

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Oliver Galindo Ávila

REDES SOCIALES

Más allá del bien y del mal A partir de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para regular la actuación de los proveedores de servicios de redes sociales, presentada recientemente por el senador Ricardo Monreal, el autor reflexiona sobre la complejidad que conllevaría su implementación y señala cuál es, en su opinión, el camino para acotar la influencia de dichas transnacionales: la regulación de datos personales.

L

a inhabilitación de los perfiles de Donald Trump durante los disturbios postelectorales en Estados Unidos dejó de manifiesto la enorme influencia que ejercen las redes sociales en la opinión pública. Hace cuatro años, Facebook y Twitter jugaron un papel fundamental para llevar a Trump al poder. Terminada la luna de miel, esas mismas plataformas se encargaron de sepultar su discurso.

Me inquieta que entidades privadas ostenten semejante poder, pero me preocupa aún más que algunos legisladores de MORENA se hayan dado a la tarea de “regularlas” sin tener un entendimiento claro sobre el reto que ello supone.

Tras leer la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, difundida por el senador Ricardo Monreal, cuya finalidad es “regular la actuación de los proveedores de servicios de redes sociales”, tuve la sensación de que no es seria y, más bien, se trata de una estrategia para distraer la atención del público ante la crisis por la pandemia de Covid-19.

Entre otras cosas, propone que las redes sociales deberán obtener autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para operar en México, lo que estaría

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abogacía Marzo 2021

condicionado a la aprobación de sus términos y condiciones de servicio. No deja claro qué sucedería si las compañías se rehúsan a tramitar la autorización del gobierno, pero supongo que eventualmente tendría que venir un bloqueo al estilo de los que se aplican en China, Rusia o Venezuela.

Twitter y Facebook no son canales de televisión concesionados que van a temblar ante las amenazas del Poder Ejecutivo mexicano. Mark Zuckerberg jamás comparecerá ante el IFT para explicar los términos y condiciones de su servicio.

Suponiendo que la iniciativa no sea un simple distractor, debemos asumir que el senador Monreal no comprende las dificultades que implica ejecutar una regulación de esta naturaleza.

Para empezar, existe la problemática de la jurisdicción y el derecho aplicable. Estas empresas se han construido un caparazón que las protege en contra de los embates de leyes extranjeras. Google, Facebook, Twitter y Apple, por mencionar tan sólo unos ejemplos, tienen su asiento corporativo en el estado de California, sus servidores están distribuidos en varios sitios de la Unión Americana y los términos y condiciones de servicio que firman sus usuarios son sometidos, en exclusiva, a las leyes y jurisdicción de California.

Pixabay

Desde hace al menos cinco años, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha tratado, en vano, de ejercer su competencia sobre Google para estudiar los reclamos de varias personas que deseaban oponerse a la utilización de sus datos personales, con fundamento en las leyes mexicanas. El caso llegó a los tribunales colegiados de circuito, donde originalmente se reconoció la competencia del INAI, pero tras la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso dio la vuelta y al final se resolvió que la filial mexicana de Google no es quien posee ni maneja los datos personales de los usuarios. Si alguien desea demandar a la matriz Google, Inc., deberá hacerlo en California y bajo las leyes estadounidenses.

La coraza jurisdiccional está bien diseñada, pero no sería el único ni el mayor obstáculo para someter a estas redes a los designios de la Cuarta Transformación.

Compañías como Google, Facebook o Twitter son de vital importancia para el gobierno de los Estados Unidos de América, en parte debido a la enorme cantidad de empleos e ingresos que generan para la economía estadounidense, pero también por la valiosa información que recaban día con día.

Si México amagara con desconectar a estas grandes redes, seguramente vendrían procedimientos arbitrales por la imposición de “barreras técnicas al comercio”, además de reclamos a nivel político por parte de nuestro vecino del norte. El horno no está para bollos, la relación con el nuevo gobierno de Joe Biden no es buena y esto podría empeorarla.

Finalmente, habría que preguntarnos qué opina la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta regulación. En un caso reciente, desfavoreció a quienes buscaban la desconexión total de un sitio web, incluso cuando se utilizaba predominantemente para violar derechos de autor (amparo en revisión 1/2017, Segunda Sala de la Suprema Corte).

Me parece que el bloqueo total de Twitter y Facebook, por negarse a obtener el aval del IFT, sería desproporcional y afectaría en grado superlativo la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos; es decir, el remedio sería peor que la enfermedad.

Es cierto que en otros países se han adoptado medidas para acotar o incluso neutralizar el poder de estos gigantes tecnológicos, pero se trata de economías mucho más poderosas, con un nivel de interdependencia menor al que sufrimos nosotros.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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En 2015, Europa comenzó a emitir una serie de resoluciones judiciales que protegían los derechos de privacidad de sus ciudadanos en contra de las grandes firmas estadounidenses. El presidente Barack Obama reaccionó de inmediato, acusando a los gobiernos europeos de bloquear a las empresas americanas simplemente porque “no podían competir” con sus tecnologías.

Si México aspira a moderar el poder que ejercen las redes sociales extranjeras, debe empezar por entender cómo funcionan y cuál es su verdadera trascendencia. En su libro Los cuatro (The Four), el autor estadounidense Scott Galloway desmenuza las complejidades del poder detrás de Facebook, Google, Amazon y Apple. Estas firmas han aumentado vertiginosamente sus ganancias gracias a que operan en forma totalmente distinta a las empresas tradicionales.

Los activos más valiosos para estos gigantes son los datos y se han vuelto expertos en recopilarlos. Los recaban segundo a segundo, en cantidades imposibles de comprender para un ser humano. Sólo la inteligencia artificial y los algoritmos desarrollados por sus ingenieros pueden procesar e interpretar la información que diariamente fluye por sus servidores.

Partiendo de ese punto de vista, entenderemos que estas grandes firmas nunca serán aliadas de MORENA ni de sus adversarios; están más allá de ese discurso, su negocio no es influir en las candidaturas ni pelear una plurinominal, y son brazos tecnológicos que forman parte de una estructura mucho más relevante.

El camino para acotar la influencia de estas transnacionales pasa necesariamente por la regulación de datos personales. Ése es el aspecto de mayor importancia para ellas y donde realmente se produce una afectación para la mayoría de los mexicanos. Difícilmente se logrará que admitan plenamente la competencia del INAI para sancionar y vigilar el manejo de los datos personales, pero mediante buenos oficios se puede buscar que suscriban convenios para respetar nuestros derechos bajo estándares similares a los europeos.

A diferencia de lo que han expresado algunas otras voces que se oponen a la iniciativa, yo no creo que las redes sociales deban considerarse meros “clubes privados”, donde invariablemente los usuarios se someten a los términos y condiciones del servicio. Existen derechos humanos fundamentales irrenunciables que están por encima de los contratos privados. Sin embargo, regular las actividades de estas empresas es un reto mayúsculo que debe abordarse con toda seriedad y profesionalismo. Hago votos porque la iniciativa se considere simplemente como una idea incipiente que habrá de nutrirse con las opiniones de muchos expertos en nuestro país. 7

Difícilmente se logrará que empresas como Facebook y Google admitan plenamente la competencia del INAI para sancionar y vigilar el manejo de los datos personales, pero mediante buenos oficios se puede buscar que suscriban convenios para respetar nuestros derechos bajo estándares similares a los europeos.”

Oliver Galindo Ávila es licenciado en derecho por la Universidad Panamericana y maestro por la Universidad de Kyushu en Japón y el Centro de Derecho de Propiedad Intelectual de Munich. @oligalindo

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Justicia con perspectiva de género Ana Margarita Ríos Farjat Yasmín Esquivel Mossa Ángel Gilberto Adame

El mes en que se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconoci-

miento y ejercicio efectivo de sus derechos, coincide con el hecho de que, por primera vez en la historia de México, las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son presididas por dos

destacadas abogadas. En nuestra edición inaugural, entrevistamos a las ministras que las encabezan para conocer su visión sobre el papel y la participación de las mujeres en nuestra sociedad y, de forma concreta, en el ámbito del derecho.

El nombramiento no es casual. La ministra Esquivel Mossa, con amplia formación académica y más de

20 años de trayectoria jurisdiccional, es reconocida por su permanente interés en difundir la cultura jurídica que tutela los derechos humanos de las personas. Por su parte, la ministra Ríos Farjat, de sólida

trayectoria profesional y reconocida por su actividad en pro de la transparencia y el buen gobierno, así como en materia anticorrupción, es una apasionada del derecho fiscal, que disfruta leer y escribir poesía; incluso, su primer poemario fue prologado por Álvaro Mutis, ganador del Premio Cervantes.

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D

Voces

esde la reforma al Poder Judicial de la Federación de 1994-1995, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha contado con sólo cinco ministras. ¿Cuál es su perspectiva en el avance de las mujeres dentro de dicho poder?

YEM. Ha sido sumamente lento. Hasta ahora sólo 13 mujeres, entre más de 500 hombres, hemos alcanzado esta posición. En la judicatura federal, aun con el impulso que desde la Presidencia de la Corte se ha dado a concursos exclusivos para mujeres como una acción afirmativa, el porcentaje de juezas de Distrito y de magistradas de Circuito apenas alcanza el 25% y el 19%, respectivamente. Es necesario continuar promoviendo su formación y participación desde los primeros escaños de la carrera judicial, así como allanar los obstáculos que enfrentan, algunos de los cuales ya se han detectado, disponiendo, por ejemplo, medidas pertinentes en las bases de las convocatorias de los concursos que menciono.

AMRF. El contraste es dramático si se considera que, entre 1917 y 1994, de 191 integrantes de la Suprema Corte sólo siete fueron mujeres: el saldo de esos 77 años es de apenas un 4%. De 1995 para acá, cinco mujeres sumamos casi 20%.

Por primera vez en su historia, el Pleno está integrado por tres mujeres. Además, coincide con un momento de varias políticas, cursos y protocolos pro género en la Corte, así que la tendencia es y debe ser irreversible.

Como país, deberíamos estar ya en una etapa donde sean impensables las instituciones, órganos, ramos y empresas que no estén integradas en la misma proporción por mujeres y hombres. Pero hay al menos tres problemas asociados a esto.

El primero es el de los espacios: es necesario romper sofisticados estereotipos que funcionan como justificaciones “razonables” de por qué hay más hombres. No son razonables porque no es lo normal, punto. El segundo problema es la geometría de la equidad: debe ser horizontal, no piramidal, no vertical.

El tercer problema es asociar temas inherentes a las mujeres: “Las mujeres van a aportar tal visión”. Sí claro, en el corto plazo es así porque cuando estás abriendo una caverna entran nuevas ideas. Como dice el verso de Leonard Cohen: “Hay una grieta en todo, sólo así entra la luz”. Necesariamente habrá cambios, pero no porque la mujer tenga que estar asociada a ciertos temas; eso sigue siendo un estereotipo. No. Se trata de que estemos, como seres humanos que somos. n A pesar de este contraste, hoy las dos Salas de la Corte son presididas por mujeres. ¿Qué impacto tendrá este hecho al darle forma a la interpretación constitucional en nuestro país?

AMRF. ¿Qué mayor impacto que no sea una actividad preponderantemente masculina? ¿No es algo verdaderamente

constitucional? Es prometedora la brecha abierta, no sólo para las niñas y las mujeres, sino para la sociedad y la justicia.

YEM. Este hecho inédito es un reconocimiento a la labor que desempeñamos y al hecho de que podemos ejercer a plenitud un liderazgo en cualquier ámbito. Por otra parte, nuestro papel hoy es fundamental. En la interpretación constitucional tenemos una nueva visión que aportar, en nuestra condición de mujeres. Las lecturas de las normas o de los hechos sobre los que nos pronunciamos a la luz de la Constitución pueden ser diversas y aun así válidas. Podemos incidir con una perspectiva que ensanche el horizonte para el examen de cada asunto.

La pluralidad que aportamos dentro de un cuerpo colegiado no es otra que la pluralidad misma en la composición de la sociedad, y ese abanico de intereses merece ser tomado en cuenta. n En asuntos relacionados con la dinámica propia de la Corte, ¿cuáles son los temas más importantes de los que se está ocupando la Primera Sala?

AMRF. Por la esencia de sus materias —civil y penal—, la Primera Sala resuelve sobre los derechos más íntimos de la gente. La libertad, la filiación, el nombre, la familia, las propiedades...

Se trata de temas muy sensibles. En estos días estamos trabajando varios que involucran a víctimas de la Guardería ABC y los Avispones, que fue otra de las tragedias de Ayotzinapa. Hay otros temas relacionados con el libre desarrollo de la personalidad, con el interés superior de la infancia, casos de guarda, custodia y restitución de menores.

Por otra parte, con la transformación en materia penal que inició en 2008 y que ha seguido generando nuevas leyes, aún hay muchos aspectos estructurales del sistema que no han quedado dilucidados. Eso queda claro por la gran cantidad de amparos y contradicciones de tesis que nos llegan. Toda gran reforma conlleva muchas aristas y no sólo esperanzas, que es lo que abunda cuando se legisla y se aprueba, y la realidad se encarga de evidenciarlas.

Otro tema lo asocio a una especie de “reforma” no legislativa sino judicial, y que ha sido el reordenar el sistema de reparación del daño a partir de cuestionar el paradigma de la responsabilidad: quién es responsable de qué y cómo debe reparar. Aún hay desarreglos en la sociedad y debe intervenir la justicia. Yo aquí diría a quienes estén en alguna situación de ventaja, cualquiera que ésta sea, que no se confíen si causan un daño.

Finalmente, observaría otro conjunto de temas que identifico como aquellos que no encuentran eco en otro foro y terminan judicializados para tratar de lograr avances al menos desde ese flanco. Ahí ubicaría desde los operativos de “mochila segura” y el asunto del aborto hasta los litigios estratégicos relacionados con la cocaína, el LSD y los hongos alucinógenos.

Con independencia de lo que se decida, en mis reflexiones percibo una impaciencia social que, en ocasiones, se vuelca hacia LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Voces la Corte como último recurso. Creo que hay temas que requieren ser discutidos amplia y libremente por toda la sociedad, en foros, congresos y, especialmente, en sede parlamentaria. Sin embargo, por lo que toca al Poder Judicial, cuando el planteamiento de los justiciables es sólido y esmerado técnicamente, genera el viento bajo las alas de algunas importantes decisiones judiciales, si me permite la metáfora. n ¿Y cuáles son los principales temas de la Segunda Sala?

YEM. Como saben, la Segunda Sala conoce de asuntos en materia administrativa, laboral y agraria. El espectro de los asuntos que conocemos es muy amplio. Recientemente, por ejemplo, en materia de pensiones resolvimos que su tope debe cuantificarse en Unidades de Medida y Actualización. También resolvimos otros asuntos que involucran aplicar la perspectiva de género. En uno de ellos se debatió sobre la validez de las normas que condicionan la pensión de viudez a que la mujer no contraiga un nuevo matrimonio. En otro, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en un caso en que a una mujer en labores de parto se le aplicó un método anticonceptivo definitivo, la salpingoclasia. Aquí el análisis versa sobre la validez de ese consentimiento, precisamente por la situación de vulnerabilidad en que se otorgó. n ¿Cuál ha sido el caso más relevante que les ha tocado resolver y por qué?

El hecho inédito de que ambas Salas estén presididas por mujeres es un reconocimiento a la labor que desempeñamos y al hecho de que podemos ejercer a plenitud un liderazgo en cualquier ámbito.”

Yasmín Esquivel Mossa

YEM. Todos han sido relevantes. Puedo citar, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad en materia penal, en la que estaban en juego, por una parte, el principio de taxatividad de la norma penal y, por la otra, los derechos de menores o personas con discapacidad. En este caso, aunque no fue la posición que prevaleció, me decanté por establecer una interpretación con la que, en mi opinión jurídica, se tutelaban los derechos de menores y personas con discapacidad, más allá de un aspecto técnico. Otros asuntos relevantes fueron los relativos a las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para auditar al Infonavit; la suspensión contra el acuerdo que le restaba atribuciones al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones para nombrar funcionarios superiores del organismo; otro en materia laboral sobre la renuncia ilegal de trabajadoras embarazadas, y uno más en materia ambiental, sobre la contaminación de ríos por empresas mineras.

AMRF. La “relevancia” es algo relativo. Puede ser un asunto que me deje huella, que incluso me haya dolido por la historia que hay detrás de él o por lo que no está en mis atribuciones hacer. Esos son relevantes para mí. Son historias vivas.

Si la pregunta va en el sentido de qué asunto que me haya tocado proponer considero relevante como precedente,

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Voces pienso en uno que fortalece la transparencia en la contratación pública y las facultades de la Auditoría Superior (que es un tema que impulsé desde el SAT), y otros en materia de reparación del daño. Uno, en especial, es una contradicción de tesis donde determinamos que la víctima y la parte ofendida sí están legitimadas para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso de un imputado. El auto de no vinculación a proceso implica la inmediata libertad y revoca las providencias precautorias y las medidas cautelares, y esto puede impactar en la reparación del daño de las víctimas u ofendidos. Me parece que eso les genera el interés de asegurarse que dicha decisión sea correcta (para eso son las apelaciones). n ¿Cuál es su posición frente a la reciente iniciativa de reforma al Poder Judicial? ¿Cuáles consideran que son sus mayores virtudes y cuáles sus áreas de oportunidad?

AMRF. La reforma tiene muchas implicaciones institucionales, por eso será determinante cómo se va a desdoblar en las leyes secundarias, especialmente respecto a la carrera judicial, para que realmente se fortalezca sin generar incertidumbre en proyectos de vida de jueces y magistrados. Pero me quiero centrar en su impacto en nuestro quehacer jurisdiccional. En ese punto, es inverosímil la cantidad de trabajo de la Corte mexicana. La de Estados Unidos recibe alrededor de siete mil solicitudes de revisión; la última semana de septiembre depuran los casos y descartan el 85%, y el 15% restante lo someten a votación para seguir descartando. Es necesario transitar hacia algo similar. En este sentido, es muy positivo que la reforma apueste a una depuración, aunque tengo dudas sobre algunos puntos. Por ejemplo, ya no conocer de algunas decisiones del Consejo de la Judicatura, porque no me acaba de convencer la idea de un órgano que tome decisiones de impacto jurisdiccional sin control del tribunal constitucional.

Luego, como creyente en el federalismo, no me entusiasma que ciertos temas hacendarios se consideren de mera legalidad y no de constitucionalidad, y que por eso ya no resolvamos al respecto. Regresarán a la arena política, de la que habían salido en 1995, en perjuicio de los municipios y hasta de los Estados.

En fin, es una reforma interesante. El sistema de precedentes implica todo un cambio de tradición jurídica. Además, tendremos que conciliar la visión de la reforma de atraer más casos, de soltar más el brazo en la facultad de atracción, y al mismo tiempo sujetarnos a su objetivo de evitar asuntos de mera legalidad. Eso requerirá creatividad, implicará modificar jurisprudencia.

Como país, deberíamos estar ya en una etapa donde sean impensables las instituciones, órganos, ramos y empresas que no estén integradas en la misma proporción por mujeres y hombres.”

Ana Margarita Ríos Farjat

YEM. Considero que es una excelente y muy oportuna iniciativa, que prácticamente fue acogida en sus términos por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, con una amplia LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Voces

Toda gran reforma conlleva muchas aristas y no sólo esperanzas, que es lo que abunda cuando se legisla y se aprueba, y la realidad se encarga de evidenciarlas.”

Ana Margarita Ríos Farjat

consulta en parlamento abierto. Como ustedes saben, emanó del propio Poder Judicial, en un esfuerzo que encabezó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte. Por eso se nutre de la experiencia que se vive en su interior y desde donde se perciben de mejor manera los cambios que se requieren para un diseño institucional que redunde en su mejor funcionamiento.

Sus virtudes son varias: el fortalecimiento de la carrera judicial; que el acceso en cualquier nivel sea por concurso de oposición —lo cual es fundamental para lograr una mejor impartición de justicia en nuestro país—; el proceso de capacitación y profesionalización permanente, que atiende a un perfil de las personas juzgadoras que se requieren; el impulso a la paridad de género —un aspecto de la mayor importancia—, que se eleva a rango constitucional como principio de la carrera judicial, en congruencia con la reforma de junio de 2019; el fortalecimiento a la Defensoría de Oficio, y el robustecimiento de la Corte en su papel de Tribunal Constitucional.

Sin duda, también hay ventanas de oportunidad. Este apuntalamiento de la justicia federal también debe llevarse a la justicia local, aquella que conoce de los asuntos cotidianos a los que se enfrentan las personas en materia de familia, de alimentos, de violencia intrafamiliar, de adopción, etcétera. n En este momento, la Suprema Corte tiene pendiente de resolver numerosas acciones y controversias constitucionales sobre leyes promulgadas por el gobierno federal.

Hay voces que afirman que no existe una real independencia de la Corte y ésta es incapaz de hacer un contrapeso al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿A qué obedece esta dilación?

YEM. En la Suprema Corte resolvemos cada asunto de cara a la sociedad. El voto que emite cada uno de sus integrantes

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está a la vista —el público puede conocer nuestra opinión jurídica, sus fundamentos y motivaciones— y es el de la mayoría el que prevalece en la resolución. Existen, desde luego, asuntos que requieren un mayor estudio, un análisis concienzudo para examinar sus múltiples aristas y vertientes de solución, sopesando unas y otras, en todas sus implicaciones.

Estimo que circunstancias como éstas no deben tener otra lectura más que ésa. Somos un poder independiente y así lo asumimos, con el peso y la responsabilidad que corresponde a nuestra misión constitucional.

AMRF. Sobre los temas que tenemos pendientes de resolver, me parece que aunque no puede culparse de todo a la pandemia, tampoco se le puede ignorar. Los primeros meses de encierro fueron caóticos para todos, se detuvieron instituciones y plazos, y además hubo una incertidumbre generalizada que complicaba el trabajo. Nos fuimos acoplando a una nueva realidad, aunque muy gradualmente. Se fue generando la normativa que permite trabajar en estas circunstancias, que valida el trabajo a distancia y el envío electrónico de documentos. Cada poder del Estado, cada institución, cada órgano, se adaptó según sus particularidades, pero no fue simultáneo, y esto tuvo un importante impacto procesal.

El año pasado batallamos para finalizar la instrucción de muchos asuntos, incluso los electorales o de impacto fiscal, cuya vigencia es anual y tienen preferencia. Aún tenemos varios por cerrar antes de que puedan pasar a estudio.

Me parece, y lo digo con mucha sinceridad y respeto, que es incorrecto asociar estas demoras a una falta de independencia de la Corte. n ¿Cómo creen que salió la Corte después de resolver sobre la consulta popular para “enjuiciar a los expresidentes”? ¿Qué debería hacer nuestro Máximo Tribunal

Voces

Mientras la Constitución prevalezca, el orden y la seguridad jurídica prevalecerán. Ésas son las mayores garantías para la estabilidad social, y ése es el papel del Máximo Tribunal de la nación.”

Yasmín Esquivel Mossa

cuando es llamado a arbitrar temas tan controversiales de la arena política?

AMRF. Tan mala es una Corte sometida al poder político como una sometida a la popularidad. En su libro de homenaje, Ruth Bader Ginsburg cita un par de veces una frase de William Rehnquist que me gusta. La traduzco más o menos así: “La Constitución ha colocado al Poder Judicial en una posición similar a la de un réferi de basquetbol que tiene que marcar una falta contra el equipo local en un momento crítico: ese árbitro va a ser sonoramente abucheado, pero está obligado de todas formas a marcar lo que ve, no a complacer a la multitud que quiere que determine algo en particular”.

Nunca me gustó el diseño de las consultas populares, precisamente por atravesar a la Corte, pero si ahí están, que se usen. Que se consulte con orden y en marcos de seguridad jurídica y legalidad. En este caso se trató de orientar, como en otras partes del mundo, una vertiente del derecho constitucional hacia procesos y mecanismos asociados con la justicia transicional, que son esos intentos sociales por asimilar lo que se percibe como un pasado de abusos y sin rendición de cuentas.

Los mecanismos formales no parecen viables y se va generando rencor e impotencia, heridas que lastiman colectivamente.

Estos procesos ayudan a que la sociedad se reconcilie con su dignidad. Puede abrirnos a nuevas posibilidades sociológicas y jurídicas en un marco de legalidad. Es una decisión que no lesiona los derechos de nadie, aunque se puede politizar, por supuesto, para cualquier lado, pero eso no depende de nosotros sino de los jugadores de la arena política.

YEM. Como en toda democracia, sabemos que estamos sujetos al escrutinio público. Lo ideal es que las opiniones que se emitan estén sustentadas en información veraz y que se transmitan también con veracidad, para que se puedan ponderar

en sus méritos o en sus deficiencias. El debate fue público y el resultado se dio con una votación cerrada, en la que determinamos modificar la pregunta que se planteó. Cuando el Constituyente Permanente incorporó este mecanismo de participación ciudadana, dio intervención a la Suprema Corte, en un aspecto que le es propio, al precisar que le corresponde resolver, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia. Este tema, como otros, puede resultar controversial y nuestro papel ha de acotarse a definir su apego o no a la ley fundamental, a los principios y valores que en ella están inmersos. n ¿Creen que la mejor forma de arbitrar los diferendos políticos es mediante una estricta interpretación jurídica o se debe dar cabida a las sensibilidades políticas y sociales?

YEM. En la Suprema Corte no resolvemos diferendos políticos.

Algún asunto puede dar lugar o tener incidencia en este ámbito, dar pauta al debate político. En esos casos, la interpretación jurídica no debe darse al margen del contexto social o político, pero no son éstas las razones que deben de prevalecer, aunque sí deben tomarse en consideración. La norma jurídica es una abstracción como tal, pero su aplicación se da a un caso concreto, e incide en un determinado tiempo y espacio.

Los asuntos que resolvemos impactan, por su trascendencia, en la sociedad y no podemos estar ajenos a esos factores que en un momento dado influyen en la aplicación de la norma.

AMRF. Por definición, la política implica permitir espacio a otras sensibilidades porque parte de la búsqueda del entendimiento, y no entendemos al otro a partir de interpretaciones jurídicas estrictas. Eso más bien corresponde a otros canales, como los judiciales, por ejemplo. Quienes juzgamos no estaLA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Voces

los límites a cada uno de los poderes y de éstos frente a las personas. Mientras la Constitución prevalezca, el orden y la seguridad jurídica prevalecerán. Ésas son las mayores garantías para la estabilidad social, y ése es el papel del Máximo Tribunal de la nación. n ¿Cómo les gustaría que se recordara su gestión como ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Fotografía: cortesía de la SCJN

mos para arbitrar diferendos políticos sino jurídicos, o diferendos políticos pero traducidos a conflictos jurídicos.

Por otra parte, si sugerimos que la interpretación constitucional es una forma de arbitrar esos diferendos, entonces conviene recordar que la ley fundamental se integra por elementos que nunca son exclusivamente jurídicos, sino axiológicos, sociales, políticos, económicos. Se requiere una metodología jurídica, claro, pero no confundamos dicha metodología con la naturaleza de la materia en que se aplica, que posee todas estas implicaciones adicionales. n ¿Hacia dónde debe transitar nuestra Suprema Corte? ¿Qué papel debe asumir en el contexto actual que vive nuestro país, marcado fuertemente por la polarización política?

AMRF. Me la imagino sensible y dispuesta, pero no protagónica. Muy atenta al entorno para poder entresacar la correcta interpretación constitucional de cada realidad. Pero también ha de ser un monolito frente a las contiendas políticas, no amedrentada por el poder político, ni por el poder económico, ni por la opinión pública, ya sea para encomiar o para criticar. Su liderazgo debe ser, me parece, tan serio y solemne como la toga, guste o no. Y al interior la vislumbro creativa, amable e ilusionada, porque así debe ser trabajar para la justicia.

YEM. Desde mi perspectiva, la Corte se fortalece como Tribunal Constitucional y es ahí hacia donde debe caminar. En el ámbito de sus atribuciones debe ser —de hecho, es— un catalizador, resolviendo las controversias que son de su conocimiento, teniendo como parámetro nuestra Constitución, velando por su defensa y por el respeto a los fallos que pronuncia; garantizando el respeto a los derechos humanos de las personas y el acceso a la justicia como la vía para su eficaz tutela. Es en nuestra Constitución donde están marcados

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AMRF. Como la gestión de una mujer de trabajo, compromiso y responsabilidad. De amor y lealtad a México, que ha trabajado por la justicia desde los distintos ámbitos en donde ha estado.

YEM. Primero, como una mujer que labró una trayectoria con base en la tenacidad, el esfuerzo y la preparación, gracias a lo cual fue posible acceder a una posición en el Alto Tribunal y abrir camino a otras mujeres. En segundo lugar, como una jurista que desempeñó su papel, su misión constitucional, con la mayor responsabilidad y convicción.

Y, finalmente, como una mexicana empeñada en contribuir al engrandecimiento de su país. Que desde la función que me tocó cumplir, no escatimé esfuerzo alguno por abatir las grandes desigualdades que hoy prevalecen, que miré en todo momento por la defensa de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, por las mujeres, niñas y adolescentes que hoy tienen un presente desolador, para que puedan alcanzar un futuro más promisorio en el que se puedan desenvolver con mayores oportunidades. n ¿Cuál sería su mensaje final para quienes ejercen el derecho motivados por la convicción de impulsar la justicia, pero a diario conviven con ejemplos de falta de probidad y ética en el ejercicio profesional?

YEM. Que no abandonen los ideales que los impulsan, que no se desalienten por esos ejemplos; antes bien, que los combatan siendo mujeres y hombres probos, honorables, rectos, que se distingan por un ejercicio ético de la profesión. Que hagan de su ejercicio profesional y del anhelo por un México mejor su pasión y se entreguen a ella.

AMRF. Que no se pierdan a sí mismos. La integridad y el aplomo son frutos de mantenernos firmes en situaciones difíciles, así que qué bueno que sepan convivir con malos ejemplos sin contaminarse; servirán mucho mejor a la justicia el día de mañana. Busquen la excelencia, que no es un camino cómodo, pero es el único que vale la pena. Manténganse ligeros de equipaje: no acusen recibo de agravios, dejen ir. Y confíen en el porvenir, que nunca hay mal que por bien no venga. 7

[ Experiencias ]

Iliana García Arellano

Una abogada mexicana en la Gran Manzana El mes de marzo, con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, representa la ocasión ideal para recordar, como hace la autora al relatar esta experiencia, que el desarrollo personal y profesional no debe estar condicionado por las circunstancias o estigmas sociales y culturales, ni tampoco por la ideología o el género de una persona. Más bien, debe darse como una consecuencia del trabajo arduo, la honestidad y el respeto.

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V

ivimos en un momento sin precedentes en el que la desesperanza y la frustración se han vuelto una constante entre el caos y el aburrimiento. Pero es precisamente en estos momentos en los que hago una pausa para apreciar lo afortunada que soy y el increíble viaje que hasta ahora he vivido, tanto personal como profesionalmente.

Mi buena suerte empieza con mi familia. Mi felicidad y éxito no serían posibles sin mis padres, mi hermana y mi abuela materna. Son ellos las primeras y más fuertes influencias que han marcado mi vida.

Mi padre no lo sabe, y tal vez al día de hoy no lo reconozca, pero él se convirtió en un feminista cuando nacimos mi hermana y yo. Ante sus ojos, sus pequeñas niñas pueden lograrlo todo. Ser mujeres nunca fue ni será una limitante en mi familia. Él nos inculco desde el principio que, a través del trabajo arduo, la honestidad y el respeto, podemos alcanzar cualquier meta. Por su parte, mi madre siempre me brindó su apoyo en todas y cada una de mis locuras.

Su amor incondicional, combinado con su perspectiva directa y objetiva de ver las cosas, no me han permitido perder el tiempo en la autocompasión. Ella siempre ha tenido la respuesta correcta ante los problemas, haciéndome sentir segura en todo momento. A su vez, mi hermana Diana ha tenido un don único y maravilloso: hacerme reír aun en el peor de los momentos y, al mismo tiempo, asegurarse de que yo mantenga los pies en la tierra. Finalmente, está la influencia de mi abuela, con su voluntad de acero, su risa contagiosa y su fe y amor ilimitados hacia mí, que siempre me han hecho sentir fuerte.

Desde niña me gustó estudiar, por lo que sacar buenas calificaciones fue relativamente sencillo. Estudié la carrera de derecho en la Universidad Panamericana, acontecimiento que marcó mi vida por dos razones: la primera, que en ese periodo conocí a la mayoría de mis más cercanos amigos, quienes se volvieron mis hermanos por elección, y a pesar de los años y la distancia, han estado siempre conmigo, en las buenas y las malas; la segunda, que aunque la preparación académica fue importante, lo realmente valioso fue el desarrollo de mi inteligencia emocional, persistencia y seguridad en mí misma, como resultado de los exámenes orales que presenté en la Universidad Panamericana, los cuales me prepararon para los retos laborales y profesionales que vendrían. Hasta el día hoy, casi 20 años después, no me he enfrentado a algo más difícil y estresante que esos exámenes, en los que la calificación de todo un semestre dependía de esos minutos, que parecían eternos, en los que los sinodales podían preguntar cualquier cosa (dentro o fuera del programa del curso) e implicaban, en algunas ocasiones, competir directamente contra compañeros y amigos.

“Mi padre no lo sabe, y tal vez no lo reconozca, pero él se convirtió en un feminista cuando nacimos mi hermana y yo. Ante sus ojos, sus pequeñas niñas pueden lograrlo todo.

Ser mujeres nunca fue ni será una limitante en mi familia.”

Con este bagaje cultural y familiar, salí al mundo laboral con una actitud ganadora, sintiéndome invencible. Durante el último año de la carrera inicié una pasantía de seis meses en el área legal de una institución financiera multinacional.

Me sentí realizada, porque siempre quise trabajar ahí, y estaba dispuesta a quedarme más allá de esos seis meses. Al final lo logré, con mucho esfuerzo y dedicación, y me quedé por siete años. Michel, mi jefe en esa empresa, fue una de mis primeras influencias laborales. Se tomó el tiempo de “enseñarme a ser abogada”. Si bien es cierto que aprendí la parte “técnica” en la escuela, entender las necesidades del negocio es algo muy diferente. Aprendí a construir credibilidad en mi trabajo para influir en las decisiones del día a día, evitando riesgos legales y, al mismo tiempo, permitiendo a la empresa generar utilidades. Estas enseñanzas se volvieron indispensables, sin importar la institución, la función o el país en los que he trabajado.

El reto Un buen día, y sin buscarlo, me enteré de una posición en el área legal de la empresa matriz, en Nueva York. No se requería la admisión a la barra de abogados del estado. Aunque me llamó la atención, al mismo tiempo me aterró la idea de dejar a mi familia y a mis amigos. Sin embargo, gracias al apoyo y consejo de una de mis “hermanas por elección”, me armé de valor y envié mi solicitud. Para mi sorpresa, uno de los líderes del área legal en Nueva York, que conocí en mis primeros años, me apoyó completamente y me recomendó con quien posteriormente sería mi jefe. El proceso de entrevistas parecía intimidante: dos días en Nueva York, donde sería entrevistada por nueve personas. Pero un amigo me recordó que no sólo era cuestión de impresionar a los entrevistadores; al mismo tiempo, ellos debían convencerme de que el puesto valía la pena para dejar mi país y mi gente. A partir de ese momento, me sentí nuevamente invencible y lista para el reto. Al final de los dos días me contrataron; incluso me ofrecieron una segunda posición en otro equipo. He de confesar que mi ego no cabía en aquella torre de cincuenta pisos.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Experiencias ]

“No se puede planear cada paso del camino y muchas veces las cosas no resultan como uno imagina.

A veces es lo mejor, pero eso sólo se puede reconocer con la sabiduría que da el tiempo.”

Había tenido la oportunidad de visitar Nueva York como turista y me parecía una ciudad fascinante y hermosa, pero ahora me convertiría en una de sus residentes. Demasiadas emociones juntas llenaban mis días: ilusión, curiosidad, miedo, felicidad, nostalgia y un antojo insaciable de auténticos tacos al pastor. Me mudé en mayo del 2010, un mes en que el clima es ideal. La gente y la cultura me parecieron fenomenales, encontré conciertos gratis por toda la ciudad, comida deliciosa y diversa... Me sentía en mi segunda casa.

El shock cultural comenzó cuando gradualmente fui descubriendo y tratando de asimilar las grandes diferencias entre el derecho civil en México y el derecho común en Estados Unidos. Los primeros meses me sentí completamente neófita. Todo era tan diferente. Y aunque tenía cierta práctica en redactar y negociar contratos en inglés, hay una gran diferencia con hablar y escribir en otro idioma permanentemente.

Nuevamente la vida me presentaba una oportunidad invaluable: mi jefe, George, se convirtió en un mentor para mí. Muchas veces dedicó su tiempo, hasta altas horas de la noche, para explicarme conceptos contractuales y legales de una forma sencilla y práctica. Su apoyo y paciencia me impulsaron a mejorar cada día y, para mi sorpresa, él consideraba que mi desempeño era extraordinario.

Creo que el escepticismo sobre nuestra propia persona se debe a que, en muchas ocasiones, no tenemos la habilidad para reconocer nuestras fortalezas y triunfos. Joyce Roche le llama a esto Síndrome del Impostor.1 Demasiadas personas, hombres y mujeres, lo sentimos en algún momento de

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nuestras carreras profesionales. Sin embargo, he intentado utilizar este síndrome en mi beneficio, porque me mantiene alerta y me ayuda a perfeccionar mi trabajo día con día.

Una vez más, me dediqué al cien por ciento a triunfar en este nuevo reto. Compré varios libros de derecho americano y me inscribí en una maestría en derecho financiero, bancario y corporativo. Los días eran intensos. Trabajaba durante todo el día y por las tardes asistía a la universidad, hasta las diez de la noche, quedándome en muchas ocasiones en la biblioteca a hacer trabajos o a estudiar para los exámenes, que palidecían en comparación con los exámenes de la universidad en México. Tenía la firme intención de ser admitida a la barra de abogados de Nueva York y ser reconocida oficialmente como abogada en esa gloriosa ciudad. Pero eso no sucedió. No se puede planear cada paso del camino y muchas veces las cosas no resultan como uno imagina. A veces es lo mejor, pero eso sólo se puede reconocer con la sabiduría que da el tiempo.

Una perspectiva más allá de los limites George dejó la empresa para trabajar en otro banco. Para mí fue devastador, pero mantuvimos nuestra amistad y él continuó siendo mi mentor. Sin saberlo, más adelante este cambio en su carrera abriría nuevas puertas en la mía. Después de tres años de haber llegado a Nueva York, empecé a sentirme “demasiado cómoda”. Mi amor por Nueva York seguía creciendo, había pasado ya tres inviernos ahí, dominaba el metro y tenía mis restaurantes, cafés y bares favoritos. Pero el reto mental del trabajo se había desvanecido. El departamen-

to legal de mi empresa era muy grande y sus funciones muy especializadas, por lo que yo sólo me dedicaba a negociar contratos muy específicos. Así que decidí inscribirme al examen de la barra de abogados. Había que pasar por un proceso burocrático muy tedioso y cometí el error de no enviar una traducción apostillada de mi cedula profesional mexicana. Irónicamente, ese descuido, que no me permitió tomar el examen, implicaba que no me reconocieran como abogada, por lo que tendría que esperar seis meses más para enviar una nueva solicitud. Esa espera significaba un retraso en mis posibilidades de ser promovida o de buscar otro puesto dentro de la misma empresa. Otro tema complicado era el de los ingresos. A diferencia de muchos mexicanos que emigran a Estados Unidos, yo ganaba más en México que en Nueva York, donde el costo de vida y los impuestos son muy elevados. Por si esto no fuera suficiente, ese momento coincidió con el fin de una relación de varios años con mi novio.

Me sentía decepcionada y frustrada. La sensación de invencibilidad se había disipado y extrañaba México más que nunca. Regresé para pasar la Navidad con mi familia.

Como siempre, ella y mis amigos cercanos me apoyaban, cuidaban y guiaban. Mi padre me ayudó a pensar diferente, más allá de los limites evidentes; a reconsiderar las cosas y a encontrar soluciones, en lugar de dejarme vencer por las adversidades.

Al regresar a Nueva York, Vivian, una de las vicepresidentas con las que trabajaba constantemente, me ofreció una posición en el área de compliance, para la cual no necesitaba ser admitida a la barra de abogados. Al principio dudé en aceptar, porque ya no sería “abogada”, aunque oficialmente nunca lo fui en Estados Unidos. Sin embargo, decidí aceptar, principalmente porque admiraba a esta mujer profundamente: me parecía brillante, auténtica, una madre de cuatro niños cariñosa, dedicada, exitosa y que siempre lucía “perfecta”.

Tomar esta posición fue una de las mejores decisiones de mi carrera. Aprendí a pensar diferente, a ampliar mi perspectiva, a entender el negocio mucho más a fondo, a analizar los riesgos regulatorios desde un punto de vista operativo. Vivian se convirtió en una influencia muy importante para mí. Aprendí muchísimo de ella desde un punto de vista profesional y personal, observándola como madre y alta ejecutiva.

Mi trabajo y esfuerzo en esta posición pronto fueron reconocidos y fui promovida en un par de ocasiones, convirtiéndome en vicepresidenta, lo que también implicó beneficios en mi salario, que se triplicó durante mi tiempo

en esa área. Asimismo, trabajar en compliance me abrió la puerta a mejores oportunidades que, diez años atrás, hubieran parecido inimaginables. George me recomendó para una posición en el área de cumplimiento del banco en el que él trabajaba y, una vez más, tuve que salir de mi zona de confort en busca de nuevos retos. En esta institución tuve que crear otra vez mi “marca personal”, desarrollar nuevas relaciones y aprender una cultura y un negocio diferentes.

He encontrado retos intelectuales, he vencido miedos y he crecido profesionalmente.

Mi trabajo más importante En 2013, durante una tarde soleada y con un clima inusualmente agradable para marzo, conocí al amor de mi vida, Tony. La conexión con él fue inmediata. Me entiende mejor que nadie, me apoya y me protege en todos los sentidos. Poco tiempo después de conocernos, nos casamos y formamos una familia maravillosa. Primero llegó Sophia, una hermosa e intrépida niña, y luego David, un niño tierno y risueño. Ellos han cambiado mi mundo y mi perspectiva de la vida por completo, y redefinieron mis prioridades.

Ser madre nunca estuvo en mis planes. Considero que implica una responsabilidad enorme, para la que nunca me sentí preparada. Sin embargo, Tony me demostró que es posible ser madre y profesionista de tiempo completo en una posición demandante. Desde luego, no ha sido fácil y en muchas ocasiones he experimentado sentimientos de culpa por no poder pasar más tiempo con mis niños o por depender de su nana, quien se ha vuelto parte de la familia. También llegan días en los que, concentrada en un proyecto de trabajo, quisiera dedicarle más tiempo, lo que implicaría llegar tarde a casa y pasar menos tiempo con ellos. No tengo una solución definitiva a estos problemas; no obstante, cada día busco un balance. Cuando estoy con Sophia y David, procuro dedicarles toda mi atención, buscando actividades específicas para hacer con cada uno de ellos, para fomentar nuestro lazo afectivo. Y mantenemos rutinas que les dan la confianza de tener a su mamá a su lado. Cuando estoy trabajando, confío en nuestra nana y, con la tranquilidad de saber que están en buenas manos, me enfoco en el trabajo. Mantener este balance es la actividad más importante para mí.

El mejor ejemplo que puedo dar a mis hijos es disfrutar lo que hago y cumplir mis metas a través de un arduo trabajo y, sí, un poco de suerte. Parte de la responsabilidad enorme que llevo a cuestas es inspirarlos a buscar sus propios caminos, a dominar sus miedos y, al mismo tiempo, a gozar el proceso sin remordimientos.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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[ Experiencias ]

“Estos meses de confinamiento por la pandemia, las pérdidas irreparables de tantas vidas, así como las desgracias económicas y sociales del último año, han significado oportunidades para valorar lo realmente importante en la vida.”

El aprendizaje Escribir estas líneas ha representado un recordatorio de la importancia de superar miedos e inseguridades para descubrir sendas inesperadas. Sin duda, he tenido mucha suerte de encontrar gente maravillosa en mi camino. Por supuesto, también me he topado con detractores. Sin embargo, lo importante ha sido mi determinación por lograr mis objetivos, los cuales —así lo he aprendido— deben ser flexibles, fluir. Tengo una constante curiosidad intelectual y una sana ambición por ser mejor que ayer; por lo mismo, no me permito permanecer en mi zona de confort por mucho tiempo. Eso me lleva a buscar nuevos retos, que me hacen crecer profesional y personalmente. Creo que es fundamental mantener una mente abierta para modificar las metas y adaptar las actitudes, acciones y conocimientos conforme a nuestra propia evolución individual.

Durante estos meses de confinamiento por la pandemia, las pérdidas irreparables de tantas vidas, así como las desgracias económicas y sociales del último año, han significado oportunidades para valorar lo realmente importante en la vida: la salud de nuestros seres queridos, los innumerables momentos de felicidad que se encuentran en las pequeñas cosas del día a día, y la resiliencia que como seres humanos tenemos. Todo ello nos debe impulsar a salir adelante y a ser mejores cada día. Y en esta misión, no importa si se es hombre o mujer. 7

1

Joyce Roche, The Empress Has No Clothes: Conquering Self-Doubt to Embrace Success, Berret-Koehler Publisher, 2013.

Iliana García Arellano se desempeña como directora ejecutiva en el área de compliance en JPMorgan Chase desde 2016.

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PROGRAMAS DOCTORADO

PROGRAMA Doctorado en Derecho

DIRECTOR

INICIO

Manuel Alexandro Munive Paez

Febrero 2021

HORARIO Por investigación 5 semestres

MAESTRÍAS PROGRAMA

C

COORDINADOR

INICIO

Maestría en Derecho Privado

Juan Pablo Estrada Michel

Agosto 2021

Lunes y miércoles 7:00 a 10:00 hrs.

4 semestres

Maestría en Derecho Constitucional

Ricardo Silva Díaz

Agosto 2021

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

4 semestres

Maestría en Derecho Procesal

Rodolfo Gómez Alcalá

Agosto 2021

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

4 semestres

Maestría en Derecho Laboral

Rafael Sánchez Navarro

Septiembre 2021

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HORARIO

Jueves 17:00 a 21:00 hrs. 4 semestres Viernes 8:00 a 10:00 hrs. y 17:00 a 21:00 hrs.

Sábado 9:00 a 14:00 hrs.

ESPECIALIDADES - CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Especialidad en Derecho Tributario

Felipe Garcia Estrada

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad en Derecho Penal

Rafael E. Mateos Poumián

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad/Curso de Actualización en Derecho Mercantil

Gerardo Lozano Alarcón

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad/Curso de Actualización en Derecho Civil

Fernando Cataño Muro Sandoval

Agosto 2021

Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 10:00 hrs.

2 semestres

Especialidad en Sistema Acusatorio

Rodolfo Félix Cárdenas

Octubre 2021

Jueves o viernes 17:00 a 21:00 hrs. y Sábado 9:00 a 13:00 hrs.

2 semestres

DIPLOMADOS Derecho de la Energía

Israel Hurtado Acosta

Febrero 2021

Protección de Datos Personales

Gustavo Parra Noriega

Abril 2021

Delitos Fiscales

Ambrosio Michel

Febrero 2021

Derecho de la Insolvencia

Cecilia Lizardi Tort

Abril 2021

Derecho Sanitario

Lisandro Herrera

Octubre 2021

Compliance

Paola Medellín Claudia Villalobos

Octubre 2021

Informes: clizardi@eld.edu.mx / msmeke@eld.edu.mx

Lunes y miércoles 8:00 a 10:00 hrs.

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

Martes y jueves 8:00 a 10:00 hrs.

Lunes y miércoles 8:00 a 10:00 hrs.

Lunes y miércoles 18:00 a 21:00 hrs.

Martes y jueves 8:00 a 10:00 hrs.

3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses

Manuel Jorge Carreón Perea Lesly Fernanda Valencia González

¿Otra vez la

pena de muerte?

Aunque el artículo 22 de nuestra Constitución establece que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie, de tiempo en tiempo resurge el debate sobre la implementación de la pena de muerte, especialmente en periodos electorales y en el contexto de los altos índices de impunidad que experimenta nuestro país. ¿Tiene sentido abrir esta discusión o se trata de un tema que debemos superar de una vez por todas?

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E

n un artículo titulado “Sobre el eterno retorno de la pena de muerte y otros intentos de usar políticamente al derecho penal”, Alejandro Nava Tovar escribe: “[...] la pena de muerte permanecerá como un eterno retorno de la demagogia político-criminal”, idea que resume la vigencia que tiene el debate sobre implementar o abolir la pena capital en los Estados Constitucionales de Derecho.

Las voces a favor claman su aplicación en aquellos delitos que se consideran atroces y perversos. El bando opuesto apela a que su instauración contraviene la dignidad humana y se contrapone con el avance logrado en los últimos 30 años en materia de derechos humanos.

Sea a favor o en contra, existen políticos y activistas que se valdrán de la polémica que genera el tema para granjearse adeptos, siendo los promotores de su aplicación los más enérgicos e insistentes. A estos últimos se les podría catalogar como populistas penales, porque formulan propuestas de reformas al Código Penal para incrementar las penas y las medidas de seguridad con el propósito de contar con el favor ciudadano. Como ejemplos de esta situación podemos mencionar a gobernadores y partidos políticos, que desde 2009 propusieron en México la reincorporación de la pena de muerte en la Constitución.

Más allá de analizar las razones de por qué persiste una tendencia (aunque sea de manera mínima) hacia su instauración en México, este artículo tiene como propósito señalar las razones por las cuales la pena de muerte no debería instaurase nuevamente en nuestro país ni en ningún otro.

No entraremos al análisis de la viabilidad de su reincorporación en el ordenamiento jurídico mexicano, situación que tiene pocas posibilidades de ocurrir dado el largo proceso legislativo que implicaría, la denuncia a diversos tratados internacionales ratificados por México y la flagrante violación al principio de progresividad que rige a los derechos humanos.

Aplicación en descenso La tendencia internacional sobre la aplicación de la pena de muerte va a la baja. De acuerdo con Amnistía Internacional, se encuentra en retroceso, ya que actualmente un total de 142 países la han abolido en la ley o en la práctica.

En 2019, en Gambia, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, República Centroafricana y Zimbabue se emitieron declaraciones que podrían encaminarse a su abolición. En México, en 2005 se eliminó la pena de muerte del Código Penal Militar y de manera definitiva se prohibió expresamente la pena capital, mediante la reforma a los artículos 14 y 22 constitucionales ese mismo año, con la finalidad de armonizar nuestra legislación al nuevo panorama de los derechos humanos.

Asimismo, en 2019 se presentó un 5% menos de casos de esta pena en el mundo, en comparación con 2018. En Estados Unidos, país que se toma como referente cuando se habla sobre la pena de muerte en el hemisferio occidental, se llevaron a cabo 1,526 ejecuciones del 17 de enero de 1977 al 24 de septiembre de 2020. De este total, en 2020 se aplicaron 14 ejecuciones, 22 en 2019 y 25 en 2018, cifras considerablemente menores a las de 1997 (74), 1998 (68) y 1999 (98). Los números no mienten: la pena de muerte cada vez se aplica menos.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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El costo de la pena de muerte Existen posiciones que señalan que la pena de muerte es menos costosa que, por ejemplo, una cadena perpetua. De acuerdo con el Death Penalty Information Center, en 38 años (de 1973 a 2011) el costo de la pena de muerte ascendió a 25 billones (considerando la equivalencia de un billón en inglés a mil millones en español). Si se divide ese costo por ejecución, cada una cuesta 20 millones de dólares. Con esos 20 millones de dólares se podría haber pagado un salario de 75,000 dólares por año a 250 policías o maestros. ¿A qué se debe este alto costo? Para responder esta pregunta es necesario considerar tres categorías: 1) costos del juicio, 2) costos de las apelaciones y 3) costos de internamiento.

Por lo tanto, lejos de la idea de la pena de muerte como una solución económica, ésta se presenta como una medida más costosa que otras.

Ineficacia como medida disuasoria Tomando nuevamente como parámetro a los Estados Unidos de América, dada la información estadística fiable provista por el Death Penalty Information Center, observamos que, en los últimos 28 años, en los estados que no contemplan la pena de muerte en su legislación, el número de homicidios que se cometen es menor que en aquellos en los cuales sí se aplica, existiendo diferencia de casi un 40% en algunas entidades de la Unión Americana.

Esta cifra nos lleva a considerar que no existe garantía de que la aplicación o mantenimiento de la pena de muerte mitigue o disminuya el número de homicidios; es decir, no se vuelve una pena ejemplar que ayude a disminuir o inhibir la comisión de delitos.

En ese mismo orden de ideas, Beccaria —autor de De los delitos y las penas—, basado en los principios humanistas de la Ilustración, afirmó que la pena de muerte carece de sentido y que no es verdaderamente útil, ni justa, en un Estado realmente organizado.

Imposibilidad de reparar el error judicial Los sistemas jurídicos son perfectibles, lo que implica un nivel (mayor o menor) de dar cabida al error judicial. Si se instaura la pena de muerte y se ejecuta a una persona que posteriormente resulte ser inocente, estaríamos ante la presencia de un error insalvable, que no puede ser reparado bajo ninguna circunstancia.

De acuerdo con Amnistía Internacional, de 1973 a la fecha, 160 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas o liberadas. No existe certeza de que se esté condenando a una persona culpable de la comisión de un delito.

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En Estados Unidos, cada ejecución tiene un costo de 20 millones de dólares, cantidad suficiente para pagar un salario de 75,000 dólares por año a 250 maestros.”

Los casos no son aislados, aun en sistemas jurídicos que han mantenido efectiva y vigente la pena de muerte. Por ejemplo, en Estados Unidos, de 1976 a la fecha, se han presentado 18 casos de personas ejecutadas en los que se presume su inocencia dada la evidencia con la que se cuenta (como pruebas de ADN).

Al respecto, apunta Michel Howard: “Los errores judiciales son una mancha en la sociedad civilizada. Que alguien pase años en prisión por un delito que no ha cometido es algo terrible que no se compensa con la puesta en libertad ni con una indemnización económica. Pero ni siquiera esa injusticia puede ser comparada con el frío consuelo de un perdón póstumo.”

La pena de muerte no termina con la impunidad En su Discurso sobre las penas, Manuel Lardizábal asevera: “[...] no bastará la prontitud en la pena para que produzca buenos efectos, si al mismo tiempo no es irremisible, que es la otra cualidad que debe tener. La ciencia cierta de que el que comete un delito ha de ser infaliblemente castigado es un freno muy poderoso para contener, aun cuando las penas sean moderadas. Por el contrario, la esperanza de la impunidad es un incentivo para el delito, y hace despreciar aun las más rigurosas penas”.

La impunidad es una de las principales problemáticas que enfrentan los sistemas de justicia penal. En algunos casos, como México, la cifra de delitos que quedan impunes es alarmante. De acuerdo con el informe Hallazgos 2019, la impunidad en nuestro país alcanza una media nacional de 92.4%.

En algunas entidades federativas la cifra es cercana del 100%: en Sinaloa es de 99%, en Guerrero del 98.4% y en San Luis Potosí del 97.8%. Por esta razón, la población percibe que las políticas públicas adoptadas para inhibir la comisión de delitos han sido ineficaces y, por lo tanto, la pena de muerte podría ser una opción.

Al respecto, resulta necesario señalar que los altos índices de impunidad son reflejo de una problemática que no debemos pasar por alto y que exige adoptar medidas inmediatas para contrarrestarla. Sin embargo, la pena de muerte no puede ser la solución a la impunidad, ya que ésta no provocará que se investiguen los delitos, no propiciará mejores actuaciones de las autoridades, ni asegurará la reparación del daño.

Finalmente, y como hemos apuntado, no contribuye a que se cometan menos delitos; al contrario, puede propiciar que se presenten más crímenes y con mayor violencia.7

142 países (más de dos tercios del total en el mundo) han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.

26,604

personas permanecen condenadas a muerte en todo el mundo.

Se aplica de forma : si se es pobre o miembro de una minoría racial, étnica o religiosa existen mayores probabilidades de ser condenado a muerte.

discriminatoria

Se usa como

herramienta política:

diversas autoridades usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos.

En 2019 se llevaron a cabo al ejecuciones. menos

657 Los métodos de ejecución empleados fueron: decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y arma de fuego.

Fuente: Amnistía Internacional España.

Manuel Jorge Carreón es consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. @MJorgeCP Lesly Fernanda Valencia González es estudiante de la licenciatura en derecho en la Universidad Panamericana.

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Maribel Concepción Méndez de Lara

Desafíos de la justicia agraria

Pixabay

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En la historia de la humanidad, la lucha por la tierra ha sido una constante. En nuestro país, el reparto de tierras, que surgió del reclamo campesino de 1910 y en buena medida impulsó el movimiento revolucionario, concluyó con la reforma al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, al no haber más tierras que repartir y alcanzar sus límites jurídicos. Sin embargo, no se han acabado las controversias: surgen nuevas y otras se transforman.

Hoy éstas persisten por derechos colectivos entre ejidos y comunidades, y por derechos individuales entre familiares por la sucesión de los derechos agrarios. ¿Cómo se resuelven actualmente estos reclamos de justicia? La magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario nos ofrece un acercamiento al tema.

LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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E

l mayor desafío de la justicia agraria es cumplir con el principio de celeridad, materializado en agilidad para la admisión de las demandas, el emplazamiento, el desahogo de la audiencia de ley, los alegatos, la emisión de la sentencia y su ejecución, cuando así corresponda, en todos sus términos.

Es indispensable crear un sentido de urgencia para resolver el fondo de las controversias de mayor complejidad: las que afectan al tejido social de la vida colectiva, las de mayor antigüedad, las que traspasan generaciones (algunas incluso derivan del reparto de tierras de 1915 a 1992), las que afectan a la integración familiar, las vinculadas al desarrollo agrario-urbano derivado de la ocupación de tierras ejidales o comunales por asentamientos humanos, las relativas a nulidades de contratos de enajenación de derechos parcelarios, etcétera.

En ellas se ponen en juego derechos humanos a la propiedad de la tierra, a un medio ambiente sano, al agua y a la vivienda, lo que hace necesario en muchos casos la ponderación de derechos.

En este escenario, ¿por qué es tan importante el principio de celeridad en la impartición de justicia? La respuesta es simple: una justicia tardía tiene costos sociales, prolonga el conflicto, profundiza la incertidumbre en los derechos de propiedad de la tierra, tiene costos económicos, inhibe la inversión y la productividad, y crea incentivos para la corrupción.

Una impartición de justicia oportuna, que defina los derechos de propiedad de forma clara, con la ejecución de las sentencias, contribuye a consolidar el Estado de Derecho, la paz social, la gobernabilidad y genera confianza y credibilidad en las instituciones.

Marco jurídico de los tribunales agrarios El marco jurídico que regula a los tribunales agrarios tiene su fundamento en el artículo 27 constitucional, fracción XIX, reformado el 6 de enero de 1992, que establece la obligación de crear tribunales agrarios para la impartición de justicia pronta y honesta, junto con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de febrero de 1992, de la Ley Agraria y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, su reglamento interior y los acuerdos del Tribunal Superior Agrario.

Para que la justicia agraria sea ágil, dentro del marco jurídico que rige la actuación de los tribunales agrarios, hay tres medios fundamentales: • Justicia agraria sujeta al principio de oralidad. La oralidad, principio que rige el juicio agrario, requiere ampliarse en diversas actuaciones, como una de las vías para simplificar el proceso, e implica una forma mixta del proceso, oral y escrita, para celebrar una audiencia oral, videograbada, con una fijación clara y precisa de la litis, la admisión únicamente de las pruebas idóneas y la presencia en la audiencia de la

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Una justicia tardía tiene costos sociales, prolonga el conflicto, profundiza la incertidumbre en los derechos de propiedad de la tierra, tiene costos económicos, inhibe la inversión y la productividad, y crea incentivos para la corrupción.”

magistrada o el magistrado agrario, y dictar en ésta su sentencia, lo que contribuirá a reducir los tiempos en el desahogo de los juicios agrarios.

• Justicia agraria y tecnologías de la información y la comunicación. Las tecnologías de la información están cambiando la forma de relacionarnos y comunicarnos, proceso que se aceleró con la pandemia del Covid-19. Por ello, es importante la emisión de acuerdos generales que incluyan un proceso en línea como una opción para los justiciables que así lo deseen, promover un equipamiento tecnológico robusto en capacidad y velocidad, y capacitar al personal de los tribunales agrarios y a los usuarios en el manejo y utilización de estas tecnologías. No debe pasar desapercibido el hecho de que en el medio rural hay una brecha para cumplir con el derecho humano de acceso universal a internet y banda ancha, consagrado en el artículo 6 de la Constitución. En este sentido, se trabaja en dos etapas: la primera, con el actual marco jurídico, para regular desde el Tribunal Superior Agrario las actuaciones que puedan celebrarse vía remota —como la audiencia de ley— y las notificaciones que por su naturaleza lo permitan, e impulsar la interconexión con el Poder Judicial Federal, así como con las autoridades administrativas en materia agraria; y la segunda, para promover el juicio agrario en línea como una opción para justiciables que así lo deseen, proponiendo al Poder Legislativo las reformas necesarias para lograrlo.

• Justicia agraria y amigable composición. Todos hemos escuchado que “más vale un mal arreglo que un buen pleito”, lo cual es hoy más vigente que nunca. La Ley Agraria, en su artículo 185, establece que la magistrada o el magistrado deben promover la amigable composición para la solución de la controversia sometida a su jurisdicción, y en el diverso 191 se señala que también debe promoverse una vez dictada la sentencia, para acordar la forma y los términos de la ejecución. Esto reduce la litigiosidad del asunto en otras instancias, simplifica el desahogo de las pruebas y facilita la ejecución. Se trata de una conciliación basada en que una parte no gana todo y la otra parte no pierde todo.

Integración de los tribunales agrarios Los tribunales agrarios se integran por un Tribunal Superior Agrario, 56 tribunales unitarios agrarios y una sede alterna.

Las y los magistrados agrarios son propuestos por el presidente de la República al Senado —en sus recesos, a la Comisión Permanente—.

El personal de los tribunales agrarios forma parte de la carrera judicial, por lo que los factores esenciales para el

ascenso son el mérito y el cumplimiento de los principios de la ética judicial.

Además, se cuenta con el equivalente de una escuela judicial, el Centro de Justicia Agraria, que promueve la capacitación y actualización permanente de los servidores de los tribunales agrarios, así como la investigación sobre las causas de las controversias agrarias, con el fin de proponer medidas para su prevención.

Competencia de los tribunales agrarios El artículo 27 constitucional establece que las controversias agrarias son de jurisdicción federal. Los tribunales agrarios son competentes para resolver las controversias que se suscitan con la aplicación de la Ley Agraria en la propiedad ejidal y comunal, que comprende 32,194 núcleos agrarios,1 propietarios de 99.8 millones de hectáreas, que significan el 51% del territorio nacional. Además, conocen de las controversias en materia de investigación, deslinde, declaración y, en su caso, titulación de terrenos nacionales y colonias agrícolas y ganaderas.

Las competencias de los tribunales unitarios agrarios están contenidas en el artículo 18 de la Ley Orgánica. Dentro de éstas encontramos, por mencionar algunas, resolver las siguientes situaciones: • Conflictos de límites entre núcleos agrarios —sean ejidos o comunidades—, entre sí o con pequeños propietarios, sociedades propietarias de tierras o propiedad pública.

• Restitución de tierras ejercida por los ejidos o comunidades cuando estimen han sido privados ilegalmente de su propiedad por parte de particulares, autoridades administrativas o jurisdiccionales fuera de juicio.

• Reconocimiento del régimen comunal para quienes guarden el estado comunal.

• Nulidades de actos de autoridad administrativa que creen, modifiquen o extingan derechos y obligaciones.

• Controversias por sucesión de derechos agrarios.

• Controversias entre integrantes de los ejidos y comunidades, entre sí o con los órganos del núcleo agrarios.

• Controversias por celebración de convenios que impliquen el aprovechamiento por terceros de tierras ejidales o comunales.

Por su parte, el Tribunal Superior Agrario, órgano máximo de la justicia agraria, está integrado por cinco magistraturas numerarias y una supernumeraria, y su competencia ordinaria es la resolución de los recursos de revisión interpuestos contra sentencias de los tribunales unitarios agrarios, además de excusas, conflictos competenciales, quejas, incidentes y, de forma transitoria y excepcional, en cumplimiento de ejecutorias, acciones de dotación, ampliación o nuevos centros de población.

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El Tribunal Superior Agrario es competente para emitir jurisprudencias y para ejercer la facultad de atracción, bien sea a solicitud del procurador agrario o de alguno de los miembros del Pleno, y ejerce funciones equivalentes a un Consejo de la Judicatura.

El proceso del juicio agrario El proceso del juicio agrario está regulado en el título décimo de la Ley Agraria, artículos 163 a 200, sujeto a los principios de oralidad, celeridad, concentración, publicidad e inmediatez. Opera la suplencia en la deficiencia de los planteamientos de derecho para ejidos, comunidades y sus integrantes, con la obligación de otorgar asesoría en su lengua y en su cultura a justiciables que, en términos del artículo 2 de la Carta Magna, se autoadscriban como pertenecientes a un pueblo indígena. El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria.

El juicio agrario es uniinstancial. Excepcionalmente, en la vía ordinaria las sentencias de los tribunales unitarios agrarios admiten recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario. Esto sucede en tres circunstancias: conflicto de límites, restitución y nulidades de actos de autoridad en materia administrativa que creen, modifiquen o extingan derechos y obligaciones.

Políticas jurisdiccionales • Lograr el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad. La justicia agraria tiene, entre los sujetos de atención, a grupos vulnerables; de forma mayoritaria, adultos mayores, mujeres y población indígena, cuyo acceso efectivo a la tutela judicial es prioritario. La justicia agraria ofrece justicia itinerante, indispensable para llegar a lugares remotos, a la población indígena y a la de menores recursos económicos y de edad avanzada.

• Aplicar el principio de máxima publicidad y rendición de cuentas a la sociedad. Los órganos con funciones formal o materialmente jurisdiccionales no pueden abstraerse de la rendición de cuentas a la sociedad. Uno de varios instrumentos que contribuyen a ello es la difusión de las versiones públicas de sentencias, con las cuales los justiciables podrán analizar y observar si se cumple el principio de previsibilidad, que consiste en que, ante hechos iguales en contextos similares, se apliquen los mismos criterios.

• Aplicar la ética judicial en la justicia agraria. Los principios contenidos en el Código de Ética de los Tribunales Agrarios requieren materializarse a los ojos de cualquier observador razonable. Tales son la independencia, la imparcialidad y la objetividad, y sobre todo que quien obtenga una resolución contraria conozca de forma comprensible por qué, y quien obtiene una resolución que le favorece también sepa por qué, a partir del conocimiento de la verdad y de una robusta argumentación jurídica.

• Justicia agraria con perspectiva de género. Las mujeres rurales representan un gran potencial para el desarrollo de México (son alrededor de 14 millones, según el Conteo Intercensal de 2015). En la impartición de justicia agraria es fundamental respetar sus derechos humanos, dejando atrás estereotipos que pudieran constituir una forma de discriminación.

1

El horizonte de la justicia agraria La justicia agraria, a 29 años de creación de los Tribunales Agrarios, requiere un profundo proceso de análisis en el que participen los usuarios, las instituciones en la esfera administrativa, la abogacía, las y los magistrados de los tribunales unitarios agrarios que a diario atienden a las partes y a sus representantes legales, el Tribunal Superior Agrario y sus integrantes, y, desde luego, el Poder Legislativo.

Estimo que el propósito que debe orientar los cambios de la actualización del modelo de justicia agraria es el de contar con reglas procesales más sencillas, que potencien el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de contribuir a derribar barreras económicas, geográficas y legales de acceso a la justicia a grupos en situación de vulnerabilidad, y la rendición de cuentas a la sociedad, garantía de un estado constitucional y democrático para impartir una justicia agraria pronta y honesta como lo mandata la Constitución.7

Datos del Registro Agrario Nacional, diciembre de 2019.

Maribel Concepción Méndez de Lara es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con maestría en gestión pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y es doctoranda en administración del Poder Judicial. Cuenta con más de 28 años de experiencia en materia agraria, tanto en el ámbito administrativo como en tareas jurisdiccionales. @Maribelmendezd3

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Héctor Cervantes Nieto

TELETRABAJO Claves para su implementación

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El confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de regular el teletrabajo, al que la legislación laboral mexicana define como “el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo esta modalidad en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación”. El autor de estas líneas analiza las novedades que introduce la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo a distancia y ofrece algunas claves para su correcta implementación.

E

n algunos países el teletrabajo se viene utilizando cada vez con mayor frecuencia, dados los grandes beneficios que reporta. En México el uso de esta figura se había visto como algo muy remoto. Se le pretendió regular, de una manera muy confusa y débil, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) del 30 de noviembre de 2012, cuando se agregó al artículo 311, que define el trabajo a domicilio —una figura muy diferente al teletrabajo— de la siguiente forma: “Será considerado como trabajo a

domicilio el que se realiza a distancia, utilizando tecnologías de la información y la comunicación”.

Mencionar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, herramientas que caracterizan al teletrabajo y son necesarias para su ejecución, podría significar que se pretendía unificar el trabajo a domicilio y el teletrabajo en una sola figura, lo cual resulta improcedente en virtud de que cada una de ellas tiene características totalmente diferentes, como a continuación se señala:

TRABAJO A DOMICILIO

TELETRABAJO

Se ejecuta en el domicilio del trabajador o en un lugar libremente elegido por él.

En términos del artículo 25 de la LFT, se debe señalar el lugar de prestación del servicio, diferente al centro de trabajo.

No hay vigilancia ni dirección inmediata del patrón.

Es una organización laboral subordinada.

El patrón vende la materia prima u objetos al trabajador, quien los transforma, confecciona y posteriormente vende al mismo patrón o en pago de salarios.

Existe la obligación de pagar salarios.

El trabajador ejecuta personalmente el trabajo o con ayuda de miembros de su familia.

El trabajo tiene que ser ejecutado personalmente por el trabajador.

Los patrones deberán registrarse en el Registro de patrones de trabajo a domicilio.

Los patrones no tienen la obligación de registrarse.

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Con motivo de la pandemia derivada del Covid-19, de la suspensión de actividades no esenciales, de la falta de aplicación correcta de la LFT —en especial de los artículos 42 bis y 429, fracción IV— y de una indebida reglamentación y organización, muchos patrones decidieron que sus empleados continuaran laborando desde sus domicilios para generar ingresos y poder seguir pagando salarios, así como para evitar la desaparición de la fuente de trabajo. Esta forma de trabajo no estaba regulada y cada patrón estableció las bases para continuar la relación de trabajo bajo esta modalidad.

Con motivo de lo anterior, y considerando el uso cada vez más frecuente del teletrabajo, los beneficios que éste reporta y la expectativa de los patrones de continuar con esta modalidad una vez que las actividades regresen a la normalidad, el 11 de enero pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto a través del cual se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII bis de la LFT en materia de teletrabajo, con los artículos del 330 A al 330 K, del título sexto, relativo a los trabajos especiales. Al artículo 311 se le derogó el párrafo que se agregó en la reforma de 2012 y que ya se mencionó al inicio del presente artículo —reforma que considero muy limitada y poco clara en algunos conceptos, como el relativo a la desconexión digital, el pago de servicios y cuestiones colectivas, entre otros temas a los que más adelante haré referencia—.

Regulación del teletrabajo Entrando al estudio de la regulación del teletrabajo, el articulo 330 A de la LFT define este concepto como “una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón”.

Desde mi punto de vista, hicieron falta algunos elementos que se manejan en artículos posteriores. Siguiendo el contenido de la reforma, considero que el teletrabajo consiste en: • Una forma de organización laboral subordinada.

• Una actividad remunerada.

• Se desempeña en lugares distintos al establecimiento del empleador.

• No se requiere la presencia física del trabajador, aunque puede ser mixto —algunos días u horas en el lugar destinado para tal efecto y algunos otros en el domicilio del trabajador—.

• Para que se considere teletrabajo, se requiere que la prestación del servicio se realice por lo menos un 40% del tiempo en el domicilio del trabajador.

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• No se considerará teletrabajo el que se realice de forma ocasional o esporádica.

• Se utilizan primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto y mando entre empleador y trabajador.

• El teletrabajo tiene que ser voluntario y reversible, salvo causas de fuerza mayor debidamente acreditadas.

Como señalé anteriormente, la implementación del teletrabajo puede constituir una muy buena decisión que aumente la productividad y el nivel de vida de los trabajadores, y a la vez genere grandes ahorros a ambas partes. Sin embargo, es conveniente que el patrón efectúe un minucioso estudio antes de implementarlo para saber si el trabajador cumple con el perfil para poder laborar a distancia.

Aspectos que el empleador deberá de tomar en cuenta para determinar si el trabajador tiene las condiciones para desempeñarse vía teletrabajo: Que cuente con un sitio apropiado para tal efecto: • Libre de distracciones.

• Cómodo, iluminado y ventilado.

• Con la infraestructura para conectar los medios de información y comunicación.

• Que cumpla con las cuestiones de seguridad y salud relacionadas con el trabajo.

Que tenga la capacidad para: • • • •

Trabajar sin dirección y supervisión inmediatas.

Ser autónomo y proactivo.

Adaptarse al cambio.

Administrar y planificar su tiempo y separar la vida familiar de la laboral.

• Estar orientado al trabajo por resultados y no al cumplimiento de un horario.

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación.

• Tomar decisiones y ofrecer soluciones.

Asimismo, previamente a la implementación del teletrabajo, el patrón tendrá que efectuar un diagnóstico y evaluar qué actividades, funciones y procesos se pueden realizar a distancia, y determinar qué trabajadores tienen la capacidad y aptitud para desempeñarlos, tomando en cuenta su competencia laboral. Además, deberá establecer de manera clara y precisa —por escrito y de preferencia en el contrato individual de trabajo— los términos en que funcionará esta modalidad y la forma en que se dará la comunicación entre las partes y terceros —a través de correos electrónicos, videoconferencias, reuniones eventuales, teléfono, WhatsApp, entre otras herramientas— y, por último, si tiene la capacidad de entregar a todos los teletrabajadores los instrumentos o herramientas de trabajo, así como los insumos necesarios para que se pueda desempeñar correcta y eficientemente la actividad, en la inteligencia que entre mejores sean éstos, mejores serán los resultados.

Una vez determinado si el trabajador cumple con el perfil para desempeñar el trabajo a distancia, es necesario, y de acuerdo con el artículo 330 B, establecer las condiciones de trabajo en un contrato y, en caso de que se vaya a modificar la forma de trabajar de una manera presencial de la fuente de trabajo a una vía remota, se deberá de celebrar el convenio correspondiente.

Condiciones de trabajo Dichos documentos, además de cumplir con los requisitos que se señalan el artículo 25 de la LFT, que establecen el contenido que deberá tener el documento en el que consten las condiciones de trabajo, deberá incluir los siguientes aspectos: I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes, independientemente de que dichos datos también se establecen en la fracción I del citado artículo 25, el cual además incluye el RFC y la CURP. II. Naturaleza y características del trabajo, el cual, desde luego, será teletrabajo. Sin embargo, la fracción III del artículo 25 requiere que se señalen los servicios que se van a prestar, y expresamente señala que “se deberán determinar con la mayor precisión posible”. Este aspecto es de suma importancia, ya que si por cualquier circunstancia se desea rescindir el contrato en términos del artículo 47 de la multicitada ley, y en especial de conformidad con la fracción IX por desobediencia de órdenes, es muy importante que todas y cada una de las órdenes que se deban cumplir estén perfectamente señaladas en el contrato, ya que en caso contrario no será posible rescindir el contrato si no quedó establecido que el trabajador debía cumplir dicha orden.

III. Monto del salario, fecha y lugar o forma de pago, requisito también establecido en la fracción VI del citado artículo, el cual puede ser por unidad de tiempo, de obra, comisión, etcétera.

IV. El equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregarán

Antes de implementar la modalidad de teletrabajo, es conveniente que el patrón efectúe un minucioso estudio para saber si el trabajador cumple con el perfil para poder laborar a distancia.”

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al teletrabajador, en la inteligencia que el artículo segundo transitorio establece que el Poder Ejecutivo federal dispondrá de un plazo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto comentado, para publicar una Norma Oficial Mexicana que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, la cual deberá considerar los factores ergonómicos y psicosociales, así como otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, la integridad física o la salud de los teletrabajadores.

V. La descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionado con el trabajo. Este punto es muy ambiguo, ya que no se define de manera clara y precisa cuáles son esos servicios, como podría ser el pago de una renta por el lugar que ocupa el teletrabajador en su domicilio para prestar sus servicios. Sin embargo, la fracción III del artículo 330 E establece que el patrón asumirá los costos del trabajo a través de esta modalidad, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad —en principio, considero que el pago de dichos servicios en los términos establecidos es lo único que el patrón tendría que pagar o reembolsar con motivo del teletrabajo—.

VI. Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de los horarios, siempre que no excedan los máximos legales.

VII. Las demás estipulaciones que convengan las partes.

Obligaciones del patrón Asimismo, el artículo 330 E establece las obligaciones especiales que el patrón tendrá que cumplir en la modalidad de teletrabajo, que son las siguientes: I. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el trabajo, como equipo de cómputo, sillas ergonómicas e impresoras, entre otros.

Entregar los insumos para que éstos puedan funcionar correctamente, como programas de cómputo, tinta para las impresoras, etcétera.

II. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas.

III. Asumir los costos derivados del trabajo a través de esta modalidad, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.

IV. Llevar el registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras en cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

V. Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad del teletrabajo.

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Una de las principales características para que esta figura pueda implementarse correctamente consiste en que exista confianza entre ambas partes y un objetivo común de lograr resultados.”

VI. Respetar el derecho a la desconexión de las personas teletrabajadoras al término de la jornada laboral.

VII. Inscribir a las personas teletrabajadoras al régimen obligatorio de la seguridad social.

VIII. Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, el aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información, con especial énfasis en aquellas que cambien de modalidad presencial a teletrabajo.

Obligaciones de los trabajadores De igual manera, el artículo 330 F señala las obligaciones que deberán de cumplir los teletrabajadores: I. Tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón.

II. Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicación y el consumo de electricidad derivados del trabajo.

III. Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

IV. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades —los cuales, considero, deben quedar debidamente establecidos en el contrato individual de trabajo—.

V. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como sus restricciones sobre su uso y almacenamiento.

Otras obligaciones que pueden establecerse en el contrato individual de trabajo son el uso de la computadora única y exclusivamente para el trabajo para el que fue contratado el teletrabajador, establecer claves de ingreso a la computadora, no usarla en un lugar diferente al lugar donde se desempeña el teletrabajo y la prohibición expresa de conectarse a internet en lugares públicos.

Otras consideraciones relevantes Una vez señalado el contenido del contrato individual de trabajo y las obligaciones del patrón y teletrabajador, es importante destacar otros aspectos importantes que derivan de las mismas.

Pago de servicios Si bien es cierto que los preceptos señalados con anterioridad establecen de una manera vaga, oscura y muy amplia la obligación de pago de los servicios en el domicilio relacionados con el teletrabajo, así como el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad, se deja en un abismo muy profundo el impacto que éstos tendrán; por ejemplo, si dichos pagos pueden ser deducibles de impuestos, si los mismos no integran el salario base de cotización para

efectos del IMSS e INFONAVIT, y si estos pagos que recibe el trabajador integran el salario en términos de los artículos 84 y 89 relativos al pago de indemnizaciones.

Al respecto, cabe señalar que en Argentina también se reguló el teletrabajo, estableciéndose expresamente en la ley que dichos conceptos no integran el salario, lo que no sucede en nuestra legislación.

Desde mi punto de vista, es conveniente que los patrones contraten la señal de internet directamente con la empresa proveedora del servicio y que realicen el pago por su cuenta, evitando efectos en cuanto a la integración del salario para los supuestos antes mencionados, máxime que dicha cantidad no será recibida directamente por el trabajador ni podrá disponer libremente de la misma.

En caso de que no sea posible llevar a cabo la contratación del internet en los términos señalados y que el patrón tenga que cubrir este costo, o más bien reembolsar al trabajador el pago que éste efectúe por el pago de los servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad, esto deberá hacerse a través del recibo de nómina bajo el concepto de “reembolso” de dichos gastos, para poder hacerlo deducible, con el riesgo de que en caso de una auditoría, dichos pagos no se podrían considerar como deducibles, ya que el comprobante que se dé por el pago de dichos servicios se emitirá a nombre del trabajador y no del patrón, con lo que se podría perder la deducibilidad. Sin embargo, considero que existen elementos suficientes para su impugnación, ya que ese pago se hace en cumplimiento a una disposición legal expresa.

Asimismo, existe otro gran problema en cuanto al pago de dichos servicios a través de la nómina vía reembolso de gastos: las autoridades podrían considerar que dichas cantidades forman parte del salario o representan un ingreso, e incluso que se tendrían que pagar las cuotas obreras y los impuestos por dichos pagos, los cuales, si se descuentan de la cantidad pactada, implicarían que el trabajador estaría recibiendo una cantidad inferior una vez efectuados los descuentos por concepto de contribuciones e impuestos, por lo que, en todo caso, dicha cantidad se tendría que piramidar o incrementar, para que una vez efectuados los descuentos por dichos conceptos, la cantidad neta que reciba el teletrabajador sea la que el patrón vaya a reembolsar por los servicios que pague con motivo de la ejecución del trabajo en el domicilio del teletrabajador.

Una vez expuestas las posibles implicaciones del pago de los servicios por el teletrabajo, considero que dichos pagos no se deberían gravar por ningún concepto y deberían ser totalmente deducibles para el patrón bajo el pago de los mismos a través del recibo de salarios, con el concepto de “reembolso de gastos con motivo del teletrabajo”, ya que, como su nombre lo indica, se trata del reembolso de un gasto derivado del cumplimiento de una obligación legal.

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Desconexión digital Como ya se señaló, el artículo 330 E, fracción VI, establece como una obligación patronal “respetar el derecho a la desconexión de las personas teletrabajadoras al término de la jornada laboral”. La primera pregunta consistiría en definir en qué consiste dicha desconexión, lo que no resulta claro en términos del decreto que implementa el teletrabajo.

Jurídicamente y en materia laboral, esta figura se conoce como desconexión digital, la cual a su vez tiene diversas acepciones. Una de ellas consiste en el derecho del teletrabajador para desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicación y análogos utilizados para la prestación de sus servicios cuando se encuentre fuera de su jornada de trabajo y durante los días de descanso.

También se puede entender como el derecho de los teletrabajadores a no responder llamadas, correos o mensajes de cualquier tipo relacionados con el trabajo fuera de su horario laboral, así como durante sus días de descanso.

Este aspecto está relacionado con lo dispuesto en el artículo 330 I, el cual establece que el uso de los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología empleada para supervisar el teletrabajo deberá ser proporcional a su objetivo, garantizando el derecho a la intimidad del teletrabajador y respetando el marco jurídico en materia de datos personales.

Asimismo, dicho artículo establece que solamente se podrán utilizar cámaras de video y micrófonos para supervisar el trabajo de manera extraordinaria, o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por el teletrabajador lo requiera.

Estos dos temas son de suma trascendencia para el teletrabajo y respeto a la jornada de trabajo, descanso, intimidad y vida personal del trabajador. En efecto, por jornada de trabajo, y en términos del artículo 58 de la LFT, se entiende que es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. En consecuencia, considero muy atinada la obligación para el patrón de respetar la desconexión digital, así como la regulación de la supervisión y vigilancia una vez concluida la jornada de trabajo.

Sin embargo, resulta necesario determinar cuál sería la consecuencia de la violación al derecho a la desconexión. Una de ellas podría ser la rescisión del contrato por causas imputables al patrón, en términos del artículo 51, fracción II, que consiste en que el patrón, sus familiares o cualquiera de sus

representantes, dentro del servicio, incurran en faltas de probidad y honradez, así como la fracción X de dicho artículo, que establece causas análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, igualmente graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere.

Al respecto me permito mencionar que, por lo que respecta a la fracción II, la falta de probidad y honradez consiste en dejar de actuar de acuerdo a un recto proceder, por lo que considero que esa actuación no necesariamente debe darse dentro de la jornada de trabajo. En todo caso, así se debería establecer expresamente, y que el hecho de que esta conducta suceda dentro del servicio se refiere a que la misma derive de la relación o el contrato de trabajo, lo cual considero que, en términos de la fracción X, tiene consecuencias graves.

En caso de que el actor lleve la rescisión por dicha causa, tendría que acreditar la procedencia de la misma, lo cual podría hacer fácilmente mediante correos electrónicos, mensajes o llamadas efectuadas por el patrón, lo que tendría como consecuencia el derecho a recibir el pago de la indemnización equivalente al importe de tres meses de salario, veinte días por año —que en este caso procederían automáticamente— y salarios vencidos hasta por el término de un año, los cuales tendrían que ser cubiertos conforme al salario vigente al momento de pago y sobre salario diario integrado, así como la prima de antigüedad y las partes proporcionales de las prestaciones devengadas.

De igual manera, en caso de que el patrón no respetara la desconexión o la vigilancia al trabajador, éste también podría acudir a las autoridades de trabajo, a efecto de denunciar dichos actos, incluso generar una inspección para comprobar las violaciones en esta materia y, con las pruebas aportadas por el teletrabajador, generar una multa por cada violación y por cada trabajador de cincuenta unidades de medida de actualización y hasta cinco mil.

También es importante recordar que el teletrabajo puede ser impuesto de manera voluntaria siempre y cuando el trabajador y empleador estén de acuerdo o así se derive de una causa de fuerza mayor debidamente comprobada, como el caso actual de la pandemia por Covid-19.

Finalmente, no me resta sino señalar que una de las principales características para que esta figura pueda implementarse correctamente consiste en que exista confianza entre ambas partes y un objetivo común de lograr resultados. 7

Héctor Cervantes Nieto es licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el medio laboral y es consultor en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social. hcn.abogado@cerni.com.mx

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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS EN MÉXICO Entre la omisión, la impunidad y la insuficiente regulación

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Aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce la posibilidad de que las personas jurídicas puedan cometer un hecho delictivo, el procesamiento penal de la empresa no ha logrado consolidarse en México debido a la omisión de la mayoría de los poderes legislativos del país para regular los delitos por los cuales se podrá procesar penalmente a una empresa.

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on la publicación y entrada en vigor en nuestro país del Código Nacional de Procedimientos Penales, en 2014, el legislador mexicano reconoció la posibilidad de que una empresa pueda cometer un hecho delictivo que logre lesionar o poner en peligro un determinado bien jurídico, lo cual permitirá considerar a la empresa como imputada en un proceso penal, en igual condición a como si se tratara de una persona física, por lo que en el desarrollo de dicho procedimiento se le podrá encontrar culpable o inocente del hecho imputado, así como permitirle acceder a cualquier salida alterna o forma de terminación anticipada del proceso. De ahí que se afirme que las personas jurídicas sí pueden ser penalmente responsables de cometer delitos.

Este nuevo panorama para el derecho penal en México no resulta sencillo, pues el proceso penal ha sido concebido en nuestro país en relación con la persona física, con base en una visión antropocéntrica o fundada en el ser humano como individuo y no en las personas jurídicas como creaciones del sistema jurídico. De ahí que para el procesamiento penal de una empresa se deban realizar ajustes o considerar la creación de actos equivalentes por parte del operador del derecho.

Lo anterior no ha representado un escenario tranquilo en nuestro país, pues cabe decir, sin que sea el objetivo de este artículo, que el enjuiciamiento criminal de la empresa ha transitado —desde la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en marzo de 2014— de un modelo de imputación vicarial o de transferencia indirecta de la responsabilidad penal de la persona física a la jurídica, hacia otro, a partir de junio de 2016, de imputación directa o basado en la obligación de autorregulación de la empresa, situación que tiene importantes consecuencias en relación con la posibilidad real del enjuiciamiento de la empresa.

Debe decirse que la imputación de responsabilidad penal a una empresa enfrenta retos no solamente en el ámbito del derecho procesal, sino incluso en el campo del derecho sustantivo, siendo ejemplo de lo primero, entre otros temas, la forma de conducción de la empresa al proceso, la manera en que las personas jurídicas podrán rendir su declaración, las medidas cautelares que se les pueda imponer a las personas morales o los actos de investigación que se puedan realizar en su contra; en tanto que de lo segundo, la forma en que las personas jurídicas reflejan su capacidad de acción —a diferencia de las personas físicas—, el significado del adecuado control de la organización de la empresa y el defecto en la misma como elemento objetivo del tipo penal en cuestión, las posibles causas de justificación aplicables a la empresa, así como la conformación de la categoría de la culpabilidad en relación con éstas.

Sin embargo, dichos temas aún se ven lejanos en cuanto a convertirse en el centro de atención de la mayoría de los juristas,1 pues el procesamiento penal de la empresa aún no ha logrado

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El legislador estatal prácticamente ha convertido en letra muerta el enjuiciamiento criminal de la empresa.”

consolidarse en México debido a la omisión de la mayoría de los poderes legislativos del país para regular los delitos por los cuales se podrá procesar penalmente a una empresa, lo cual, desde luego, genera impunidad y una impartición de justicia diferenciada en el país —lo que consideramos abona a la necesidad de un Código Penal Único—. Asimismo, la regulación en relación con la existencia de un programa de cumplimiento preventivo del delito —compliance program— al menos se antoja insuficiente, pues en el Código Nacional de Procedimientos Penales tan sólo se le considera como una posible atenuante de la culpabilidad, mas no como una causa de exclusión de la misma, lo que sin duda no genera una motivación suficiente para su observancia por parte de los empresarios en México.

Al desarrollar lo anterior, se destaca la omisión en que ha incurrido la mayoría de los congresos locales del país al no haber cumplido con su obligación de legislar, a manera de sistema cerrado, o numerus clausus, respecto de los delitos por los que en cada entidad federativa se podrá imputar penalmente a una empresa. En efecto, en la reforma comúnmente denominada Miscelánea penal, del 17 de junio de 2016, se precisó, en el sexto párrafo del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que “las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la Federación y de las entidades federativas”. Lo anterior no resulta gratuito, pues implica la obligación de los congresos estatales y de la Federación de crear un catálogo de aquellos delitos por los que se podrá procesar penalmente a una empresa, de manera que si dicho catálogo no existe, por respeto al principio de exacta aplicación de la ley penal, simplemente no se podrá iniciar proceso penal alguno contra una empresa, aun cuando el hecho delictivo sea nítidamente causado por su responsabilidad, pues a la fecha son muy pocos los estados que han cumplido con esa obligación, siendo el caso de la Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco, a los que se debe añadir a la propia Federación.

De ahí que en el resto del país el enjuiciamiento criminal de la empresa se encuentre en una total penumbra, pues el legislador estatal prácticamente lo ha convertido en letra muerta, ya que su aplicación depende de la existencia de un catálogo de delitos perseguibles en relación con la empresa, que en los hechos no existe en la mayor parte del país.

Véase que la omisión legislativa sobre el catálogo de delitos respecto de los cuales se pueda procesar penalmente a una empresa no sólo genera la total inaplicación del enjuiciamiento criminal de las personas jurídicas en la entidad federativa de que se trate, sino que provoca la impunidad de las mismas. Es decir, la posibilidad de que se cometa un delito, se lesione o se ponga en peligro un determinado bien jurídico, exista una víctima u ofendido plenamente identificables, pero que, por la inexistencia de la regulación necesaria, no se pueda condenar al responsable ni reparar el daño a la víctima, sin duda afecta la expectativa de la sociedad en cuanto a la adecuada procuración e impartición de justicia en protección de su derecho, así como la adecuada sanción respecto de aquellas personas que los lesionan o los ponen en peligro.

A todo lo anterior se debe añadir la escasa regulación sobre los temas torales del enjuiciamiento criminal de la empresa, ya que si bien es cierto que, desde un punto de vista mercadológico o de difusión masiva de este tema, se ha tratado en distintos foros acerca de los programas de cumplimiento y prevención del delito —compliance program— y de lo importante que resulta que los empresarios cuenten con un modelo específico de prevención del delito en su empresa, lo cierto es que en la mayor parte del país, como ya se expuso, las personas jurídicas se encuentran en total impunidad y, por ello, sin interés de cumplir con esa expectativa de apego a la ley. A esto se debe añadir que, salvo lo que puedan regular los códigos penales respectivos con mayor impacto, desde el horizonte del Código Nacional de Procedimientos Penales,2 la existencia de un programa preventivo del delito en la empresa sólo servirá para atenuar la culpabilidad de la persona moral al momento de individualizar su sanción, mas no para excluir la misma, de manera que, aun existiendo el programa preventivo en la empresa, ésta no se verá excluida de su responsabilidad, lo cual no motiva suficientemente el cumplimiento de las empresas sobre este tema. Se debe añadir que la legislación —con excepción de la de Quintana Roo— tampoco ha definido los elementos que deben integrar dicho programa de cumplimiento para que el órgano jurisdiccional les otorgue validez, lo que puede provocar, en la especie, que la empresa cuente con un programa preventivo, pero éste no sea de utilidad para atenuarle la pena. 7

Con excepción de Rubén Quintino Zepeda, quien ha abierto la discusión sobre el tema en un interesante libro publicado en el Centro Carbonell titulado Responsabilidad penal de las empresas en México.

2 Véase el artículo 422, inciso a, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

1

Manuel Valadez Díaz es doctor en derecho por la Universidad Juárez de Durango. Se desempeña como juez de control y enjuiciamiento en el estado de Durango. valadezdiaz@hotmail.com

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[ El notario responde ]

Amando Mastachi Aguario

Voluntad anticipada y el derecho a una muerte digna Qué es la voluntad anticipada?

La noción de voluntad anticipada alude a la decisión que toma una persona con capacidad de ejercicio para ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar artificialmente su vida cuando sufra una enfermedad en etapa terminal, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona.

La Organización Mundial de la Salud define la enfermedad en etapa terminal como la que carece de un tratamiento específico curativo o capaz de retrasar su evolución. Por ende, implica la muerte del individuo en un tiempo variable, frecuentemente menos de seis meses.

Si se mantiene la vida de una persona articifialmente, ¿se respeta su dignidad?

No, ya que son otras las personas quienes toman las decisiones acerca de su vida, pues ya no puede expresar su voluntad. ¿Es legal tomar esta decisión?

En México hay una ausencia impresionante de interés por parte de los gobiernos estatales por regularla. Sólo 14 estados de la República han publicado leyes sobre esta materia: Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán. En las demás entidades, la voluntad anticipada es ilegal.

En América Latina, los únicos países que lo regulan son Puerto Rico, Argentina, Uruguay, Colombia y Brasil.

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¿El derecho a una muerte digna es lo mismo que la eutanasia?

En primer lugar, la voluntad anticipada no supone la reducción ni la prolongación de la vida del individuo, pues se respeta en todo momento el acaecimiento de la muerte natural. Lo que se busca es la procuración de medidas paliativas al término del ciclo vital de la persona en fase terminal, así como brindarle acompañamiento si opta por no someterse (o no someterse más) a los procedimientos médicos para preservar la vida.

En segundo lugar, el concepto a veces induce a confundirlo con el de eutanasia, que significa “buena muerte” o “muerte dulce” y es un término acuñado por primera vez en 1606 para dar a entender la “acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte, con su consentimiento o sin él”. La voluntad anticipada, en rigor, no supone acelerar nada; antes bien, regula los procedimientos para una ortotanasia, es decir, el correcto proceder o actuar ante la muerte por aquellos que tienen a su cuidado a quienes padecen una enfermedad en fase terminal. Nuestra legislación no contempla la eutanasia por cuanto ésta consiste en un acto deliberado para terminar con la vida de alguien, así sea sin sufrimiento físico. ¿Qué dice la boética al respecto?

Dentro de los principios de la bioética, la voluntad anticipada se encuentra contemplada en el principio de autonomía, ya que es el paciente quien toma la dirección y decisión sobre

Muy pocas personas en nuestro país están conscientes de la importancia de dejar por escrito su voluntad respecto de cómo quieren pasar los últimos momentos de su vida en caso de sufrir un padecimiento que los incapacite para tomar esa decisión. Hoy en día es posible suscribir un formato de voluntad anticipada, que precisamente atiende estas cuestiones. En esta edición, el notario Amando Mastachi responde las preguntas más comunes sobre este tema.

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su vida. La decisión es razonada y consciente, mientras que la familia del enfermo no puede oponerse a la voluntad de éste, pues tiene la obligación de respetarla, por ser el enfermo en quien va a recaer el tratamiento respectivo. ¿Son relevantes las creencias morales o religiosas del médico tratante?

Por sus creencias religiosas o convicción personal, el médico tratante y, en general, el personal médico, pueden ser objetores de conciencia y negarse o excusarse en la aplicación de las medidas ordenadas por el enfermo que suscribió el documento o el formato de voluntad anticipada. Por eso, no debe ser el médico quien, de manera paternalista, decida el futuro de la vida del paciente (en bioética, a esto se le conoce como principio de beneficencia, aunque desde luego el principio no se reduce al paternalismo). ¿Cuál ha sido el resultado de esta regulación en México?

En los países desarrollados este tema tiene varias décadas de tratamiento y regulación. Pero en el corazón de nuestro país, apenas tiene un poco más de una década. El 7 de enero de 2008 se publicó en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) la primera Ley de Voluntad Anticipada.

En todo el país se han otorgado un poco más de 14,000 documentos y formatos de voluntad anticipada, de los cuáles el 75 por ciento, aproximadamente, se otorga ante un notario. El 25 por ciento restante se otorga ante la autoridad sanitaria, en el denominado formato anticipada.

Al tomar la decisión, de una manera de voluntad La cifra total representa un poco más del 0.01% de la población toconsciente e informada, respecto de cómo tal del país, de los cuáles 64% lo otorgan mujeres y 36% hombres. Un más del 65% son casados. Las mujeres y los casados son más consse quieren pasar los últimos instantes de poco cientes de la importancia de una decisión de esta naturaleza.

vida cuando se es sujeto de una enfermedad que nos dejará postrados en cama y sin la capacidad para comunicar el dolor y sufrimiento que los tratamientos ocasionan, se dignifica también la muerte.

¿Qué formalidades involucra el documento?

Dependiendo del estado, hay ciertas diferencias en cuanto a la formalidad que debe revestir el documento. Los principales aspectos que se contemplan son: la edad para otorgarlo, la toma de dicha decisión en menores de edad, la persona encargada de hacer valer la voluntad, la prohibición de la eutanasia e incluso el uso de medicamentos opioides.

¿Cuáles son los beneficios de ejercer la voluntad anticipada?

Con el otorgamiento de este documento se evitan sufrimientos innecesarios al paciente y a la familia. Por supuesto, los gastos médicos, de medicinas y de hospitalización son infinitamente menores a los que se tendrían si se prolonga artificialmente la vida. Así pues, existe un ahorro considerable para el erario público y para la población en general, para los pacientes que son atendidos tanto en instituciones públicas como privadas.

La importancia de otorgar un documento de voluntad anticipada es el beneficio de tener un “bien morir”, con la mayor ausencia de dolor posible, principalmente. Se trata de no dejar esa decisión a la familia, que por obvias razones se esforzará por que la persona querida permanezca con signos vitales, sin considerar los tratamientos, en ocasiones dolorosos y costosos, a los que se someterá al paciente. ¿Cuál es la diferencia entre un documento de voluntad anticipada y un testamento?

Con el testamento se decide el destino del patrimonio de una persona, mientras que el documento de voluntad anticipada se refiere a la calidad de vida en los momentos más cercanos a la muerte. Se trata de bienes de distinta naturaleza: los materiales y la vida, y en ambos casos es determinante la voluntad del titular de los mismos. 7 Amando Mastachi Aguario es notario público 121 de la Ciudad de México. contacto@notaria121cdmx.com

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Derecho&cultura

Repensar el matrimonio tradicional Mateo Mansilla-Moya

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El autor nos invita a pensar el derecho a partir de la literatura de ficción.

Para ello, aborda en este artículo la cuestión del matrimonio tradicional en la Inglaterra decimonónica al hilo de Janet Doncaster, novela de la escritora feminista Millicent Garrett Fawcett.

E

l vínculo que existe entre el derecho y la literatura es más estrecho de lo que parece. Durante la segunda mitad del siglo pasado, en el mundo angloamericano surgió un movimiento denominado “derecho y literatura”1 que hasta la fecha ha tenido como objeto establecer en qué forma(s) se interrelacionan ambas disciplinas. Muchas han sido las opiniones que las personas han esgrimido y tan extensa ha sido la discusión sobre el tema que el interés por su estudio ha traspasado fronteras.

En su texto Derecho y literatura: en la frontera entre los imaginarios jurídico y literario, François Ost analiza las maneras en que este vínculo puede establecerse y —de entre las diversas categorías que se han creado para concretar dichas relaciones— dice del derecho en la literatura que “[...] la literatura contribuye directamente a la formulación y la elucidación de cuestiones importantes relativas a la justicia, la ley y el poder”.2 Pensar este cruce interdisciplinario necesariamente genera espacios críticos en los que “se pueden cuestionar presupuestos, fundamentos, legitimidades, funcionamientos, etcétera”.3 En la literatura, además de que cada texto proviene de un espacio de enunciación particular desde el que se pueden cuestionar valores sociales que importan al derecho, se pueden plantear escenarios posibles que inviten a las personas lectoras a repensar el mundo desde la perspectiva de quien escribe (teoría de los mundos posibles). Así, muchos cuentos y novelas han servido como críticas a los sistemas jurídicos y sus características. Piénsese, por ejemplo, en la novela del marinero Billy Budd —de Herman Melville— en la que se plantea el dilema moral que existe entre la aplicación estricta del derecho y la satisfacción de la justicia (aunque esta implique no aplicar las leyes

al pie de la letra),4 y que pone en duda al riguroso formalismo jurídico que termina con la vida del joven Billy.

Para quienes operan el derecho en un contexto particular, un texto de ficción que presente nuevas narrativas sobre experiencias sociales y que cuestione los valores relevantes para el derecho puede generar un espacio crítico que les permita reflexionar sobre la forma en que han operado las instituciones jurídicas y, además, servir como una invitación a repensarlas/replantearlas. Un ejemplo de este tipo de ficción es la novela objeto de este artículo: Janet Doncaster.

Millicent Garrett Fawcett y Janet Doncaster En 1875, Millicent Garrett Fawcett publicó Janet Doncaster, una novela que ilustra, a través de la experiencia de la joven Janet, la forma en que se concebía al matrimonio en la Inglaterra del siglo XIX y lo frustrante que podía resultar para una mujer adoptar el papel que de ella se esperaba en la relación. La historia de la joven que vive en un pequeño pueblo conservador y que se separa e independiza de su esposo alcohólico, a pesar de que la ley le impida disolver su matrimonio y contraer uno nuevo —una narrativa que cuestiona la concepción del matrimonio y los valores sociales en torno a éste—, puede considerarse como una invitación a repensar el derecho (en lo relativo al matrimonio) en la actualidad.

Millicent Garrett Fawcett nació el 11 de junio de 1847 en el condado de Suffolk, en Inglaterra. Fue hija de Louisa y Newson Garret, un mercader y político radical,5 por quienes siempre despreció la ideología dominante de la supremacía masculina.6 En 1867, Millicent fue invitada a pertenecer al Comité Ejecutivo en Londres de la Sociedad Nacional para el Sufragio de las Mujeres; LA VOZ Y LA PLUMA DE LOS JURISTAS

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Derecho&cultura

“Leer los textos redactados por mujeres es conocer nuestra historia de otra manera; es reconstruir nuestro pasado para pensar un porvenir mejor, un porvenir habitable.”

Melissa del Mar

siete años después, se unió al Comité Central para el Sufragio de las Mujeres; de 1907 a 1919 presidió la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino. Durante la Primera Guerra Mundial, Fawcett se involucró con los problemas sociales, políticos y educativos que enfrentaban las mujeres en la India.7 Entre 1870 y 1927, Millicent Fawcett escribió 13 libros (de temas sociales, económicos, políticos, biográficos e históricos), decenas de artículos para publicaciones periódicas y la introducción de La vindicación de los derechos de las mujeres de Mary Wollstonecraft. En 1875, desde su particular espacio de enunciación (mujer y feminista), publicó, bajo el sello editorial Smith, Elder, & Co., su novela Janet Doncaster.

La novela se desarrolla en el pequeño pueblo costero de Norborough. Al lugar, habitado principalmente por familias de clase media y baja, llega a asentarse la familia Leighton, nobles de Leighton Court. En su búsqueda de una cura para el alcoholismo de Charlie, su tía, Lady Ann, decide conseguir que se enamore de alguien, pensando que en una relación estará la salvación del joven varón. A Charlie lo cuida el señor Forsyth, quien, además de acompañarlo siempre en sus viajes, lo mantiene lejos de las bebidas alcohólicas.

Tras su llegada a Norborough, Lady Ann conoce a la joven Janet y, por su forma de ser, decide que es ella el partido que su sobrino necesita para superar su enfermedad. A través de engaños, y aprovechando el conservadurismo de la sociedad y su estatus económico para presionar a Janet, arregla entre la chica y su sobrino numerosos encuentros. A él, en quien

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su tía ha notado cierto interés por la chica, Lady Ann lo convence de pedirle matrimonio manteniendo siempre en secreto su problema de salud.

Janet, a pesar de tener una madre conservadora, no ha sido criada con base en los convencionalismos sociales que determinan el papel que ella debe jugar en sociedad. Esto permite analizar críticamente, desde la abstracción, lo que en una sociedad se consideraría normal. Así, cuando su madre insiste en que acepte la propuesta de matrimonio de Charlie bajo la premisa de que la esfera de existencia de toda mujer es el matrimonio, Janet se niega; no sólo la caballerosidad de Charlie le parece irrespetuosa y opresiva, sino que, a pesar de que se le ofrece dinero por parte de la familia Leighton, a ella no le interesa que en su persona se repita lo que la familia de su padre pretendió con su madre: que se le dé dinero únicamente para comprar ropa y que pase a ser parte de la decoración de la casa.

Al final, aunque repitiéndose que es a sí misma a la única a quien debe complacer, Janet cede a aceptar la petición, pues su circunstancia de dependencia económica —aunada al fallecimiento de su madre— le dificulta negar el matrimonio a Charlie.

Durante su luna de miel, Janet se percata que su esposo es alcohólico y que el plan que tenía Lady Ann era utilizarla a ella para salvar a su sobrino, por lo que decide, en contra de la ley y de las críticas de toda la gente de Norborough, separarse de él, irse a vivir sola y sobrellevar su vida como traductora de textos religiosos y científicos. Después del fallecimiento de Charlie —con la extinción de su matrimonio civil—, Janet se casa con el señor Forsyth, quien representa los valores contrarios a los del conjunto social.

El matrimonio de Janet en el México actual En el contexto del México contemporáneo, en el que la institución del matrimonio sigue rigiéndose por valores similares a aquellos con los que la sociedad de Norborough lo concebía, y en el que los índices de violencia (física, sexual o psicológica) infligida contra las mujeres por un compañero íntimo no disminuyen (y que en el contexto pandémico tienden a aumentar),8 prestar los oídos a estas voces que desde hace mucho se han quejado por lo mismo, como la de Garrett Fawcett, es esencial para que el derecho pueda concretar la justica.

Aunque ya está regulada en las legislaciones civiles mexicanas la disolución del matrimonio sin expresión de causa, los códigos civiles y las leyes para el divorcio de muchos otros estados en México (como Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, etcétera) siguen estableciendo una lista de causales que las y los cónyuges tienen que acreditar para poder romper su vínculo matrimonial, dificultando la separación de las personas y propiciando

la perpetuación de la violencia que se ejerce contra quienes no asumen el rol que socialmente les ha sido otorgado en la relación.9 Janet Doncaster nos invita, desde un universo paralelo al mexicano, a repensar esta institución que en algunos estados de la República sigue siendo —jurídica y socialmente— igual de opresiva que aquella de la que Janet logró desprenderse.

Conclusiones Si bien es cierto que la existencia de cada individuo se encuentra atravesada por innumerables experiencias que hacen de su vida algo único e irrepetible, es innegable que también existen experiencias que son compartidas y con las que las personas, en distintos lugares y tiempos, pueden relacionarse.

La literatura de ficción es un espacio en el que pueden plantearse experiencias con las que personas distintas a la escritora pueden empatizar; a veces, cuestiona fundamentos, legitimidades, funcionamientos en relación con temas que importan al derecho, e invita a repensar/replantear sus instituciones.

La importancia de atender a la novela de Millicent Garrett Fawcett en el México actual, en el que el matrimonio se concibe —incluso en lo jurídico— como se concebía en el pueblo de Janet Doncaster, y que deriva en la violencia que ejercen sobre las mujeres sus parejas, “es reconstruir nuestro pasado para pensar un porvenir mejor, un porvenir habitable”,10 como dice Melissa del Mar. 7

María Jimena Sáenz, “Derecho y literatura” en Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 16, abril-septiembre, 2019, pp. 273-282.

François Ost, “Derecho y literatura: en la frontera entre los imaginarios jurídico y literario” en Derecho y literatura. El derecho en la literatura, Editorial Libitum, México, 2017, p. 30.

3 André Karam Trindade y Roberta Magalhães Gubert, “Derecho y literatura. Acercamientos y perspectivas para repensar el derecho” en Revista electrónica del Instituto de Investigaciones “Ambrosio L. Gioja”, año III, núm. 4, 2009.

4 Referencia tomada de Manuel Atienza, Podemos hacer más. Otra forma de pensar el derecho, Editorial Pasos Perdidos, 2013, p. 20.

5 “Dame Millicent Garrett Fawcett. British suffragist” en Encyclopædia Britannica, consultado en www.britannica.com/biography/Millicent-Fawcett.

6 Janet Copeland, “Millicent Garrett Fawcett” en History Review, núm. 58, septiembre de 2007, consultado en www.historytoday.com/archive/ millicent-garrett-fawcett.

7 “Millicent Fawcett” en The Open University. The Women’s Library, London Metropolitan University, consultado en http://www.open.ac.uk/researchprojects/ makingbritain/content/millicent-fawcett.

8 Según las estadísticas del INEGI en relación con el Objetivo para el Desarrollo Sostenible 5 (igualdad de género) de la Agenda 2030, consultadas en http://agenda2030.mx/index.html?lang=es#/home.

9 Este rol puede aún leerse en algunos códigos civiles que definen al matrimonio, desde un discurso determinista, como la unión entre hombre y mujer para realizar los fines esenciales del matrimonio. También se manifiesta en chistes populares que tienden a normalizar la violencia, como: “Pégale si no te obedece” (para una ilustración más clara de este ejemplo, se recomienda la narración popular recogida por B. Travens en Canasta de Cuentos Populares, intitulada “La tigresa”: “¿Por qué las mujeres se casan de blanco? Porque así hacen juego con la cocina, la lavadora y el frigorífico”; “¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Turismo”, etcétera).

10 Melissa del Mar, “Todos los nombres que soy: sororidad con la palabra” en Revista cultural Ululayu, consultado en http://ululayu.com/ todos-los-nombres-que-soy-sororidad-con-la-palabra.

1

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Mateo Mansilla-Moya es egresado de la licenciatura en derecho del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es director general de Cardenal Revista Literaria. @moya_mansilla

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IN MEMORIAM

Sergio García Ramírez

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

H

(1924-2021)

ay presencias luminosas en el paisaje sombrío.

Mencionaré una: Héctor Fix-Zamudio, el jurista mexicano más notable del último medio siglo.

Falleció hace unos días, serenamente. Y llevó consigo el afecto, el respeto y la gratitud de una legión de alumnos, colegas, seguidores, admiradores de su obra. Me refiero a él más allá de una amistad de toda la vida; lo menciono en mérito de quien ha honrado a México dentro y fuera de nuestras fronteras.

Con Fix-Zamudio se abrió una etapa fecunda en el estudio del derecho constitucional y su herramienta más notable: el juicio de amparo. Antes hubo eminentes que labraron el progreso de estas disciplinas. Pero Fix-Zamudio les dio un aire de modernidad que merece reconocimiento. Con él se forjó una escuela de juristas en la que figuran muchos de los investigadores y catedráticos más notables de nuestra hora.

Lo hizo aquí y en otros países, donde se le conoce y respeta.

Permítame el lector una licencia movida por la nostalgia.

Conocí a don Héctor hace más de sesenta años, a la vera de un maestro común, migrante generoso, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. Héctor descolló al lado del maestro. Andando el tiempo, Fix-Zamudio tendría millares de discípulos.

Uno de ellos fue su hijo Héctor Fix-Fierro, que también figura en el panteón de los juristas mexicanos.

Fix-Zamudio conocía la justicia federal, a la que sirvió con integridad y talento. Luego se entregó a la docencia y a la investigación. Declinó invitaciones para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Me consta, porque fui conducto para una de ellas. Su vocación académica era inquebrantable, para bien de la ciencia jurídica y de nuestra casa común, la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fix-Zamudio fue director-renovador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como integrante de la Subcomisión

de Naciones Unidas de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, se distinguió en la tutela de los derechos humanos. Tiempo después sería juez de la Corte Interamericana, a lo largo de doce años. La presidió con inmenso acierto y prestigio. Recuerdo el homenaje que se le hizo en la sala magna de la Organización de los Estados Americanos. Un homenaje entre decenas que le rindieron universidades, tribunales, sociedades de abogados, organismos de la sociedad civil. Recibió la medalla Belisario Domínguez, fue miembro de El Colegio Nacional y contó con numerosos doctorados honoris causa. Y mucho más.

En medio de tantos lauros, hay algo que quiero destacar en mi ilustre amigo. Fue un protagonista en la historia reciente del derecho en México. Inspiró normas renovadoras. Alentó el desarrollo de instituciones fundamentales para la libertad, la justicia y la democracia. Ilustró en la cátedra a millares de alumnos ávidos de recibir su enseñanza. Provisto de tantos méritos, jamás incurrió en vanagloria o altisonancia. Fue afable y generoso en el trato a sus colegas y discípulos. No incurrió en el impulso protagónico de quien busca el abrigo de las candilejas. Ni lo procuró, ni lo necesitó. En cambio, ejerció la bonhomía, la sencillez, la discreción genuina. ¿Son signos de la auténtica grandeza?

El legado de su magisterio, un patrimonio intelectual y moral formado con desvelo, es lo que don Héctor ha dejado a los juristas de México. Hoy que padecemos tantas dolencias materiales y morales, y observamos ejemplos deplorables de frivolidad y bajeza, también hay espacio y voluntad para exaltar a personajes de gran prestancia como Héctor Fix-Zamudio. En verdad contamos con presencias luminosas en el paisaje sombrío.

Sergio García Ramírez es profesor emérito de la UNAM. Artículo publicado el 30 de enero de 2021 en El Universal con el título “Una presencia luminosa”. Se reproduce con autorización de su autor.

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21 libros publicados.

+350 artículos y capítulos de libros.

Temas: derecho procesal, constitucional, internacional de los derechos humanos, procesal constitucional, administrativo y comparado.

1924 Nace Héctor Fix-Zamudio en México, Distrito Federal.

1942-1949 Licenciatura en derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

1945 Ingreso al Poder Judicial de la Federación.

1956 Examen profesional con mención honorífica.

1958-1964 Secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1962 Miembro de la Academia de la Investigación Científica (actualmente Academia Mexicana de Ciencias).

1964 Investigador de tiempo completo del Instituto de Derecho Comparado de la UNAM (actualmente Instituto de Investigaciones Jurídicas).

1964 Miembro del Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato.

1964-1965 Estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. 1965 Miembro honorario del Instituto Español de Derecho Procesal.

1966-1978 Director del Instituto de Derecho Comparado de la UNAM. 1970 Socio numerario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

1972 Examen de doctorado con mención magna cum laude.

1974 Miembro de El Colegio Nacional.

1977 Miembro correspondiente de la Academia Brasileira de Ciencias Jurídicas.

1981-1988 Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. 1982 Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.

1984 Investigador nacional nivel III. 1986 Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1986 Premio internacional de la UNESCO a la enseñanza de los derechos humanos.

1988 Miembro de la Subcomisión para la Prevención de Discriminaciones y la Protección de Minorías de la ONU. 1994 Miembro titular de la Academia Internacional de Derecho Comparado.

1994 Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

1996 Investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores.

2002 Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República.

2003 Presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.

2006 Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina.

LUIS FERNÁNDEZ DOBLADO (1925-2021)

L

uis Fernández Doblado, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inició su carrera judicial en 1958 como secretario de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Fue profesor titular de derecho penal, por oposición, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de conferencista sobre temas jurídico-penales y de amparo. Fue miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales; miembro del grupo de México de la Asociación Internacional de Derecho Penal y de otras muchas asociaciones científicas de México y de otros países; miembro de la Comisión Redactora del Proyecto del Código Penal Tipo para Iberoamérica; asesor externo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los trabajos preparatorios de la Corte Penal Internacional; director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Descanse en paz.

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IN MEMORIAM JOAQUÍN TALAVERA SÁNCHEZ (1931-2020)

J

oaquín Talavera Sánchez nació en Córdoba, Veracruz, el 9 de febrero de 1931. Fue el hijo primogénito de don Joaquín Talavera Peña y doña María Esther Sánchez Fernández de Castro. Durante 55 años como notario participó en diversas ocasiones como consejero del Colegio de Notarios de la hoy Ciudad de México. En 1989, el presidente François Mitterrand le concedió la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito en Grado de Oficial, en reconocimiento a su gran labor y acción al servicio de la amistad entre la República Mexicana y la República Francesa. Su mayor pasión fue su trabajo a cargo de la notaría 50 de la Ciudad de México, que le brindaba la oportunidad de estar al servicio de la gente, a quien le encantaba escuchar y aconsejar. Lo recordaremos como un ser honesto, alegre, sencillo y generoso. Descanse en paz.

1950 Llega a la Ciudad de México para estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1955 Se recibe con la tesis Ensayo sobre la participación en el delito, bajo la dirección de Celestino Porte Petit.

1955 Obtiene una beca por dos años para estudiar en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po).

1960-1965 Realiza sus prácticas notariales bajo la supervisión de los notarios Alfonso y Heriberto Román Talavera, titulares de las notarías 134 y 62 de la Ciudad de México, respectivamente.

1965 Obtiene la patente de la notaría 50 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Ejerció como titular de la misma hasta el pasado 25 de diciembre de 2020, fecha en que falleció.

CARLOS DAZA GÓMEZ

C

(1957-2021)

arlos Juan Manuel Daza Gómez nació en México, Distrito Federal. Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Obtuvo un segundo doctorado en la Universidad de Sevilla, España, y realizó estudios de posdoctorado en la Universidad de Salamanca, España. Fue profesor de derecho penal en la UNAM, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), en la Universidad Panamericana y en la Universidad Iberoamericana, y conferencista en numerosas instituciones, como las universidades de Zaragoza, Madrid, Salamanca, Sevilla, Huelva, Zamora y Buenos Aires. Fue galardonado con la presea Cruz Kennedy de la Universidad John F. Kennedy de Buenos Aires, por su destacada contribución a la ciencia penal, y con la Cátedra Extraordinaria

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Luis Garrido de la Facultad de Derecho de la UNAM, en reconocimiento a su alto desempeño académico, profunda responsabilidad profesional y valiosa aportación a la ciencia jurídica. La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor, reconoció su labor intelectual y su aportación a la cultura jurídica de nuestro país por su obra escrita. Fue miembro del Consejo Nacional de Posgrado en Derecho, de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, del Colegio de Profesores de Ciencias Penales de la UNAM y de la Asociación Internacional de Derecho Penal. También fue presidente fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal y presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Descanse en paz.

IN MEMORIAM

MARIO PÉREZ SALINAS

M

(1953-2021)

ario Pérez Salinas nació en la Ciudad de México, donde realizó sus estudios y obtuvo el título de licenciado en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una tesis profesional sobre las causas y consecuencias de la extinción del fideicomiso, recibiendo una felicitación especial por el examen sustentado. En 1981 obtuvo la patente de aspirante a notario por acuerdo del entonces presidente de México, y el 17 de agosto de 1982 obtuvo la patente de notario 170 de la Ciudad de México, en virtud de haber triunfado en el correspondiente examen de oposición.

Por más de veinte años fue profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Universidad Panamericana, en el ITAM, en la Universidad Autónoma de Veracruz Villa Rica y en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y fue expositor en la Escuela Libre de Derecho y conferencista en múltiples foros sobre diferentes tópicos jurídicos, principalmente en materia civil, mercantil, notarial, registral y fiscal. Asimismo, fue académico de número de la Academia Mexicana de Derecho Notarial, coautor de la parte relativa a derecho registral del material didáctico para el Diplomado de Derecho Notarial, impartido por la División de Estudios Superiores de la UNAM, así como de la ponencia “La influencia del derecho público en el derecho inmobiliario”, presentada por el Notariado Mexicano en Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino, celebrado en Montreal, Canadá. Fue autor de La fuerza probatoria del documento notarial ante el Poder Judicial y La deshumanización de la persona: aborto, Ley del Voluntad Anticipada, ortotanasia, Ley de Sociedades de Convivencia, mutación de género y matrimonio entre personas del mismo sexo, obra que quedó en proceso de revisión e impresión.

Fue un hombre justo, trabajador, honesto, recto, apasionado, generoso y de gran amor por el notariado, pasión que logró trasmitir a dos de sus hijos que, bajo su dirección, triunfaron en los correspondientes exámenes de oposición para ingresar, al servicio de la ciudadanía, a la noble profesión del notariado. Descanse en paz.

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1982-2012 Miembro de diversas comisiones del Colegio de Notarios de la Ciudad de México y conferencista permanente del propio colegio.

1984 Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal.

1987-1988 Miembro del Consejo del Colegio de Notarios, con una participación activa en diversas comisiones.

1990-1991 Secretario y coordinador del mismo órgano colegiado.

1993 Miembro de la comisión redactora de la nueva Ley del Notariado.

1994-1995 Secretario del mencionado consejo, por segunda ocasión.

1998-1999 Presidente del Colegio de Notarios, lapso en el que colaboró intensamente en la modernización del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y la expedición de una nueva Ley del Notariado, así como en la defensa del notariado.

2000-2003 Decano secretario en la Junta de Decanos del colegio y presidente e integrante de diversas comisiones.

2008 Miembro de la comisión redactora del proyecto de Ley de Voluntad Anticipada.

2008-2010 Secretario de Estudio para la Integración en la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado.

2012 Permuta su notaría, la 170, por la 149, quedando la 170 a cargo de su actual titular.

Instituto Federal de Defensoría Pública El Instituto Federal de Defensoría Pública se fortalece para brindar a la gente el acceso a abogadas y abogados de calidad, con la finalidad de:

Igualar la cancha para la gente que no tiene recursos tenga un defensa de calidad.

Consolidar un perfil de abogadas y abogados públicos con vocación de servicio y cercanía.

Llegar a todos los rincones del país, con abogadas y abogados de oficio para que la gente más olvidada, pobre, humilde y discriminada del país pueda tener una defensa gratuita de calidad. www.ifdp.cjf.gob.mx Defensatel 800 22 42 426 @defensoriafdpa

Defensoría Pública

defensoría.ifdp

IN MEMORIAM

Leticia Ochoa

ARTURO DÍAZ JIMÉNEZ (1957-2020)

A

rturo Luis Antonio Díaz Jiménez nació el 27 de febrero de 1957 en la Ciudad de México. Estudió la preparatoria en el Centro Universitario México, alcanzando el mejor promedio de su generación, y realizó la licenciatura en derecho en la Escuela Libre de Derecho, obteniendo el título de abogado el 9 de diciembre de 1982.

Desde sus primeros años como estudiante de derecho trabajó en un despacho de derecho laboral, con lo cual tuvo experiencia con diferentes sindicatos y en las juntas de Conciliación y Arbitraje. Posteriormente, se incorporó como pasante en una notaría, hasta que obtuvo el título de abogado.

Sus actividades se desarrollaron en diversas áreas, tanto del sector público como del sector privado. Fue subgerente jurídico en instituciones como Multibanco Comermex, Teléfonos de México e Infonavit, y colaboró en diversos bufetes jurídicos, incorporándose nuevamente al área notarial en 1987.

Obtuvo la patente de aspirante al ejercicio notarial el 2 de febrero de 1988 y la patente de notario público número 46 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) el 8 de agosto de 1988, a los 31 años de edad.

Durante sus 32 años de ejercicio notarial procuró, al dar fe de algo, estar al tanto de la verdad de los hechos, para autentificar conforme a las leyes y ejercitar esa fe pública extrajudicial del ejercicio notarial. Nunca se rindió para saber, indagar, cuestionar

y cuestionarse; para explicar, como los antiguos sabios, hasta setenta veces algo —si fuera necesario— a quien necesitara comprender, y para encontrar la solución más adecuada en la compleja, y muchas veces sinuosa, madeja de las relaciones humanas y sus intercambios.

Res non verba (“hechos, no palabras”) era la máxima que parecía estar siempre presente en sus ojos vivaces y penetrantes, no sólo porque conocía los vericuetos profundos de la condición humana per se y en comunidad, sino porque entendía a fondo que nadie, como dice la máxima latina, puede transmitir a otro más derecho del que tuviere: Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet. Su sentido de justicia, de armonía, brotaba siempre. Respaldaba a todos por igual y su conciencia era universal. Desde que fue estudiante de derecho hasta el final de su vida conservó su emoción por el conocimiento, no sólo jurídico sino literario, filosófico, lingüístico y artístico. Usaba el latín y el griego sin desperdicio para argumentar cuando era pertinente, y siempre mantuvo un profundo interés por la historia universal y de México.

Arturo Luis Antonio Díaz Jiménez fue un hombre de carácter fuerte y sensible al humor y a la ironía con chispa, otras dos virtudes esenciales para lograr, con humanidad y profesionalismo, un ejercicio laboral tan complejo. A pesar de la enfermedad de fibrosis pulmonar que padeció durante sus últimos cinco años de vida, escondida detrás de la faz de un hombre invencible, siguió ejerciendo su oficio como un verdadero guerrero hasta el día de su fallecimiento. Descanse en paz.

CARLOS MÜGGENBURG RODRÍGUEZ VIGIL (1951-2020)

L

a desaparición física de Carlos Müggenburg Rodríguez Vigil, fallecido el pasado año, representa una gran pérdida tanto para el foro mexicano como para la enseñanza del derecho. Su prestigio como especialista jurídico en temas corporativos y empresariales, así como su entrega apasionada a la docencia, le merecieron el respeto y admiración de sus colegas, clientes y alumnos.

Egresado con honores de la Escuela Libre de Derecho, donde obtuvo los mejores lugares en su generación por su aprovechamiento, muy pronto se incorporó a uno de los despachos más importantes del país, donde su acertada colaboración le permitió alcanzar la experiencia necesaria y el renombre suficiente para emprender su propia firma, la que se convertiría en un referente obligado entre los expertos en cuestiones de propiedad industrial e intelectual, lo cual redundó en beneficio de su clientela, que siempre obtuvo de él no sólo un servicio de

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alta calidad, sino también un trato afectuoso y consejo preciso.

También, desde muy temprano, demostró su vocación de educador, comprometido con la enseñanza del derecho precisamente en su alma mater, donde impartió por más de cuarenta años la materia Introducción al Estudio del Derecho, luego trasformada en Teoría del Derecho.

En el ejercicio de la cátedra desplegó sus virtudes y cualidades para poder iniciar en la abogacía a la juventud estudiosa que arribaba al primer año de la licenciatura, reto difícil para el cual demostró poseer la habilidad amorosa y entusiasta que caracteriza a los grandes maestros. Y lo consiguió con su paciencia, claridad y metódica forma para explicar conceptos complejos y desentrañar los principios lógicos y normativos de la ciencia jurídica. Esta labor se complementó con su participación en el Comité Editorial y en la Junta Directiva de la Escuela, como vocal.

Carlos Müggenburg fue un abogado conocedor, íntegro y confiable; un maestro dedicado, respetuoso y bondadoso; pero, sobre todo, un hombre amable, bueno y muy querido por su familia, amigos, clientes, colegas y alumnos. Descanse en paz.

Para leer ARGUMENTACIÓN JURÍDICA La argumentación es un tema de suma relevancia en las múltiples disciplinas que construyen nuestro mundo. En el derecho, en particular, da certeza de que las decisiones jurídicas que se toman, y que afectan la vida de las personas, siguen la línea lógica del pensamiento racional y no atienden a la discrecionalidad de quien las toma, pues tienen que estar debidamente fundadas y motivadas.

Este libro se adentra en la complejidad que encierra el tema de la argumentación jurídica a partir de las dudas y propuestas de los alumnos de la clase de argumentación jurídica que el autor imparte en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. De esta forma, el libro no se mantiene en el espacio de las abstracciones ni se sitúa en el extremo contrario, el de la práctica.

Conforman la obra seis capítulos: “Introducción a la argumentación jurídica”, “La argumentación práctica como fundamento de la argumentación jurídica”, “Los elementos de la argumentación jurídica”, “La naturaleza y alcance del examen de proporcionalidad”, “Falacias y razonamiento jurídico” y “Redacción y argumentación jurídica”.

Sirvan como una invitación a la lectura las palabras de Manuel Carreón, director de Investigaciones del INACIPE: “La persona lectora se encontrará con una obra en materia de argumentación jurídica que se encuentra muy por encima de otras que han sido trabajadas en los últimos años en virtud de su claridad, precisión y rigurosidad en cada tema que expone”. _______ Alejandro Nava Tovar INACIPE 2020

PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO El origen del Código Civil para el Distrito Federal se remonta a los años veinte del siglo pasado, mientras que su denominación actual data de inicios de este siglo. A lo largo de los años ha experimentado numerosas reformas que, si bien han sido necesarias, dado el carácter casi centenario del documento, han pasado por alto la integralidad del texto. En consideración de lo anterior, un grupo de reconocidos civilistas —quienes además se desempeñan como catedráticos y profesionales de la abogacía y del notariado— se dio a la tarea de concebir un nuevo Código Civil para la ahora Ciudad de México. El proyecto partió del mantenimiento de la orientación y el contenido originales; asimismo, se conservó la tradicional integración del derecho de familia y el derecho civil, y se buscó dirección en codificaciones civiles foráneas —como la napoleónica, la argentina, la española, la alemana y la brasileña— y de distintas entidades de la república, esfuerzo cuyo producto se verá coronado con su adopción como cuerpo legal definitivo.

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Jorge Alfredo Domínguez Martínez (coord.)

Porrúa 2020

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RECOMENDACIONES EDITORIALES Liderazgo, emprendimiento y género. Motores de la transformación

Autoría: José Carlos Vázquez Parra Claudia M. Félix Sandoval Jesús Meza Lueza

Fiscalidad y sesgos de género Coordinadora: María del Mar Soto Moya

El Derecho desde una perspectiva de género Autoría: Claudia Elena de Buen Unna José Mario de la Garza Marroquín

Derechos humanos de las mujeres y niñas: estudios de igualdad de género Coordinadora: Laura G. Zaragoza Contreras

Encuéntralos en: editorial.tirant.com/mex/

Para leer

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LA LUZ DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN El derecho administrativo es, posiblemente, una de las materias jurídicas menos abordadas y trabajadas en la literatura académica especializada.

Existen pocas obras que lo aborden y las que podemos encontrar en librerías poseen un lenguaje árido y poco amigable para su lectura.

Afortunadamente comienzan a surgir abogadas y abogados que desarrollan estudios novedosos en la rama administrativa del derecho, poseyendo además una redacción clara, ordenada y concisa. Uno de ellos es Óscar Leonardo Ríos García que, desde la península, presenta este libro. ¿Qué hace especial a esta obra? Primero, aborda un tema actual y de interés nacional. Segundo, la exposición de los temas posee un hilo conductor nítido y permite el acercamiento de cualquier persona a un tema que de primera mano parece complejo. Tercero, desarrolla algunos puntos principales sobre los que se sustenta el derecho administrativo mexicano.

El libro se divide en tres capítulos. En el que da inicio a la obra, Ríos García expone una visión histórica sobre el surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, para, acto seguido, delimitar las bases y funciones que tiene dicho sistema, así como su estructura orgánica. En el segundo capítulo se expone el tema principal de la obra: el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. De los diversos temas que aborda este apartado, dos llaman la atención: 1) la diferencia que existe entre los nominativos servidor y funcionario público, y 2) la descripción y clasificación de las faltas administrativas, refiriendo los sujetos que se ven afectados por éstas. El último apartado se dedica a tratar un punto medular: la responsabilidad política a partir del análisis de los sujetos que pueden ser objeto de un juicio político.

En un contexto político y jurídico en donde el combate a la corrupción es una de las prioridades de los actores públicos, libros como éste se convierten en lecturas obligadas no sólo para las y los abogados, sino para todos los que intervenimos en el espacio público.

Manuel Jorge Carreón Perea

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Óscar Leonardo Ríos García Tirant lo Blanch 2020

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“En un contexto político y jurídico en donde el combate a la corrupción es una de las prioridades de los actores públicos, libros como éste se convierten en lecturas obligadas.”

EDUCACIÓN PARA LA VIDA

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Para leer

FEMINICIDIO El concepto feminicidio es relativamente nuevo, incluso en nuestro vocabulario. La Real Academia de la Lengua Española recién lo incluyó en su Diccionario en octubre de 2014, habiéndose tipificado la conducta en nuestro país a partir de 2011. Hasta la fecha subsiste la polémica sobre si era necesario incluir un nuevo tipo en el Código Penal (ya sea federal o de las entidades federativas) o si el bien jurídico “vida” se encontraba suficientemente tutelado con el homicidio y sus calificativas. El argumento principal, en ese sentido, es que el exceso de conductas tipificadas, más que lograr el orden social, lo contraría. ¿Es esto cierto? ¿Realmente es el mismo bien jurídico el tutelado por el homicidio que por el feminicidio? ¿Es necesaria la tipificación de una conducta adicional?

La autora de este libro, especialista en temas de género y jueza de control del sistema procesal penal, pretende responder estas cuestiones. Para ello, parte del concepto de género, analiza el de feminicidio, distinguiéndolo del femicidio, y expone las características de ambos. Con este marco teórico, estudia el tipo penal de feminicidio en la Ciudad de México, que fue una de las primeras en incluirlo en el Código Penal, para después hacerlo respecto de la tipificación federal.

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Ma. Rocío Morales Hernández Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 2020

EL OUTSOURCING, TERCERIZACIÓN O SUBCONTRATACIÓN LABORAL La figura del outsourcing, tercerización o subcontratación, surge como el acto mediante el cual una organización contrata a un tercero para que realice un trabajo en el cual está especializado, con los objetivos de reducir costos y evitar a la empresa la adquisición de una infraestructura propia. Además, se ha desarrollado como respuesta a las nuevas necesidades empresariales para disminuir costos, aumentar la eficiencia en el mercado como un todo y, con ello, incrementar los beneficios de las empresas contratantes. Lamentablemente, la experiencia y los hechos demuestran que se ha abusado de esta figura en perjuicio del fisco federal y de los derechos de los trabajadores en México.

Por esa razón, el 12 de noviembre de 2020, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció el envío de una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia de subcontratación, en beneficio a la Hacienda Pública y para la protección y defensa de los derechos de los trabajadores en México, tema que, por su trascendencia, ocupa la parte principal de este estudio.

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Carlos Romero Aranda Thomson Reuters 2021

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