La institucionalización del agrarismo en Nuevo León // José Manuel Hernández Zamora

EL 6 DE ENERO de 1915 se promulgaba la primera ley en materia agraria de México. El país convulsionaba en medio de la guerra civil, derivado del enfrentamiento entre los ejércitos populares vencedores. Un paso titubeante en materia agrarista que no pudo entrar en vigor en sus primeros meses debido a la inestabilidad del país. Por otro lado, esta apuesta fue un gran acierto del carrancismo, siendo la primera facción en definir claramente todo un proyecto agrarista argumentado en una ley y la cual le granjeó en buena parte una mejor aceptación entre el campesinado de las regiones que dominaba o que luego logró dominar. De igual forma, terminada la lucha, esta ley se convirtió en el parámetro en materia agraria para el país.

En el caso del estado de Nuevo León, desde muy temprano se quiso implementar una reforma agraria del tipo estatal. Tras la derrota del huertismo a principios de 1914, los carrancistas de Pablo González Garza ocuparon plenamente el estado. Para tomar las riendas del ejecutivo estatal era necesario designar un gobernador militar, cargo que recayó en el maestro y exmagonista general Antonio I. Villarreal[1]. Durante su gobierno, un grupo de partidarios trataron de organizar la primera comisión agraria estatal, sin embargo, el curso de la guerra y otros factores propiciaron que la iniciativa solo fuera un eventual espejismo.

El presente artículo trata del proceso de formación de dicha institución, de sus funciones y obstáculos. Del porqué no se logró consolidar una reforma agraria temprana en el estado, del gobierno estatal y las nuevas políticas en materia agrarista. El análisis tiene un linde temporal de nueve años, que van de la formación de la primera comisión a finales de 1914 a la reorganización de la Comisión Local Agraria (CLA) en 1923. Coincide con el surgimiento del movimiento agrarista y de la formación de sindicatos campesinos.

Este contexto temporal nos permite reflexionar sobre los problemas que los gobiernos posrevolucionarios tuvieron que enfrentar en sus administraciones. Sobre la inestabilidad política que no permitió la implementación plena de políticas públicas en materia agraria o social. Y, por último, en la conformación de nuevas figuras políticas y su lucha constante por el poder.

Estos años posrevolucionarios fueron turbulentos, debido a que se gobernaba con el miedo de cualquier nuevo levantamiento y con la existencia de brotes agraristas radicales en otras partes del país, como Veracruz y Morelos. Pero también es la etapa de conformación de nuevas instituciones agrarias como la Comisión Nacional Agraria (CNA), la Liga de Comunidades Rurales, la Procuraduría de Pueblos, las delegaciones de la CNA y la CLA a nivel estatal.

La primera comisión agraria La primera Comisión Agraria en el estado vio la luz en un contexto violento y precipitado. Corría la segunda mitad de 1914, el huertismo había sido derrotado y el ejército federal habría desaparecido. Las tres grandes facciones mediante sus jefes principales trataron de llegar a un acuerdo de quien tomaría las riendas del ejecutivo nacional. La gran reunión de representantes llamada convención solo logró desatar las pasiones negativas de los líderes revolucionarios. Para diciembre de ese año, los villistas y zapatistas eran enemigos jurados del carrancismo, el cual estaba reducido a la parte sur del país, principalmente al estado de Veracruz [2] .

En abril, las divisiones del Ejército del Noreste habían logrado vencer en Nuevo León a los huertistas. Existía desorganización administrativa y social. Había incursiones de bandoleros, abigeato, campos y fincas abandonadas, constante desplazamiento de tropas y población civil. El problema agrario era más que evidente, inclusive se trató de dar concesiones de las tierras ociosas a particulares, iniciativa que no se logró concretar. De allí la necesidad de crear un organismo institucional que atendiera el problema. Cabe mencionar que dicha acción no fue la primera a nivel nacional, en Guanajuato, Michoacán y Tabasco se hicieron repartos agrarios entre 1913 y 1915[3] .

En ese contexto, el general Francisco Cosío Robles propuso formar la primera “Comisión Agraria del Estado” o “Comisión Agraria Central”. Para lo cual se hizo la invitación a varios personajes locales adeptos y cercanos a Villarreal para que asistieran a la reunión previa[4]. La comisión estaría formada por un presidente, un secretario, apoyados en 14 secretarios vocales. Los elegidos para ser la cabeza de la nueva institución fueron los licenciados Eulalio Sanmiguel y Faustino Roel, exmiembros del Partido Liberal de Nuevo León —que encabezará el viejo caudillo Gerónimo Treviño— y personajes vinculados socialmente con la élite política y económica de Monterrey[5] .

Otra de las características poco usuales para la formación de la comisión es que no se tomó en cuenta a los revolucionarios de estirpe agrarista. Si bien es cierto, que se invitó a algunos “mayores” a formar parte de la comisión como secretarios, estos no provenían de la Brigada Lucio Blanco. Tal vez, Villarreal quiso evitar un agrarismo radical en la entidad como sucedió en la Hacienda de los Borregos, Tamaulipas[6]. Las diferencias no se hicieron esperar, los primeros en abandonar fueron los revolucionarios natos o participantes. Acusaron a la nueva institución de perder el tiempo en palabrerías y no utilizar los métodos de la revolución[7] .

Los problemas suscitados al calor de la refriega en la región y la nula existencia de una legislación agraria retardaron aún más los trabajos de la comisión. Los integrantes invirtieron el tiempo en palabrerías y formalidades, hasta que formaron una comisión que recabaría los datos sobre la situación del campo en cada municipalidad. Esos datos servirían para formular propuestas de ley encaminadas a solucionar las añejas problemáticas agrícolas. El primer y único proyecto de ley de esta etapa fue presentado por el licenciado Faustino Roel, que trataba sobre la regularización de las comunidades rurales. El resto de las actividades se limitaban a soluciones de litigios de propiedad, destrucción de cultivos por la tropa y mercedes de agua.

Se intentó crear comités particulares agrarios con la finalidad de agilizar los trámites. Estas unidades servirían de enlace en cada municipalidad entre los campesinos y la Comisión Central. Estarían integradas por un presidente, secretario y tesorero. Se preveía que los que integraran dichos comités tuvieran conocimientos en los trabajos agrícolas, de ser posible, agrónomos. Sin embargo, estos comités no fueron funcionales, debido a que quienes los integraron fueron los mismos terratenientes o sus hijos, inclusive en algunas municipalidades ni se lograron conformar. Esta primera comisión funcionó hasta finales de 1914 disolviéndose a causa de la guerra civil.[8]

En septiembre de 1917 se organizó la CLA. Esta nueva institución nació sostenida en una plataforma jurídica y política establecida previamente en la ley del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 constitucional[9]. Los años que van entre 1917 y 1920 la CLA siguió con las actividades de su antecesora. Esos años también fueron de conflictos obreros y empresariales, por lo que las autoridades del estado centraron su atención en solucionarlos. Su primera aportación como institución se dio en 1921 cuando propone y expide la Ley de Disolución de Comunidades Rurales con la finalidad de atacar el problema agrario. Según la CLA, gran parte del problema de la tierra del estado se debía a la mala distribución de las tierras comunales.

Sin embargo, no puede ejecutarse de forma correcta, debido a la inestabilidad política del estado. La ley establecía que debían formarse las mesas de trabajo en cada comunidad para que en un año se procediera al apeo y deslinde. Pocos hicieron caso, y los que quisieron iniciar el deslinde se encontraron con impedimentos como litigios por los derechos o falta de documentación para acreditarlos. En agosto de 1923 el gobernador Porfirio G. González prorrogó la ley hasta junio de 1924, no obstante, no se logró cumplir el objetivo. Y, por último, se expidió el decreto número 14 en 1924 prorrogando nuevamente hasta febrero del 1925. Sin embargo, los litigios comunales se extendieron hasta el cardenismo, llevándose al mismo tiempo que el agrarismo campesino.

La CLA entró en problemas de fondos para los trabajos y sueldos, por lo que eventualmente se disolvió. El 23 de agosto de 1922 se reorganizó una nueva CLA integrada por cinco miembros.

La primera acción que realizó, fue exhortar a cada municipio para que integrarán los comités ejecutivos respectivos. Estos comités servirían de enlace con la CLA para agilizar la implementación de las políticas, solicitudes y trámites, tal cual se había previsto años antes. La nueva comisión también tuvo la encomienda de crear el andamiaje para promover el agrarismo en el estado.

La mesa directiva quedó integrada por el licenciado Pedro Guajardo como presidente; vicepresidente ingeniero Lauro Martínez Carranza; secretario licenciado Francisco Ramírez Villarreal; prosecretario ingeniero Rodolfo González; único vocal coronel Enrique Ramírez. Cabe señalar que solo un militar fue requerido en la nueva comisión, una vez realizados los nombramientos se dio por terminada la primera sesión. En la siguiente sesión los acuerdos más relevantes fueron: mandar a imprimir la ley del 6 de enero para que todos los alcaldes la tuvieran y se exhortó nuevamente a las autoridades locales para formar sus comités ejecutivos.

En la tercera sesión se discutió la formulación de un reglamento para la CLA, partiendo de los existentes en otros estados. De igual forma, el licenciado Francisco Ramírez Villarreal expresó su total desacuerdo con la existencia de la Ley de Comunidades Rurales, señalándola de inconstitucional[10] . La mencionada ley, en principio, atentaba contra la tenencia de la tierra comunal, es decir, contra la existencia de las comunidades, lo que en parte se anteponía a las nuevas legislaciones. Incluyendo en ella el término "disolución", haciendo referencia a la división de los terrenos, de manera que todos los accionistas tuvieran certeza legal de su patrimonio en vez de quitarles las tierras a los campesinos como supuso Ramírez. En las comunidades rurales la compraventa de derechos era una práctica común, no había restricciones. Por lo tanto, quien quisiera deshacerse de su patrimonio lo haría por iniciativa y de forma consciente. La propuesta de impugnar la ley no progresó.

En el resto del año, la CLA solo recibió dos solicitudes de restitución. En octubre, del pueblo de Hualahuises a través de su apoderado general, Dionisio Loyola, solicitaron la restitución de tierras de ejidos. Por esa misma fecha los vecinos de Agualeguas por conducto de su alcalde realizaron la misma gestión.[11] Una de las iniciativas rescatables de esa comisión fue el señalamiento realizado al gobernador Porfirio G. González para que se apegará a la ley y resolviera en tiempo los expedientes existentes en la CLA. Lo anterior fue argumentado de acuerdo a las tres legislaciones existentes en materia agrarista: la ley del 6 de enero de 1915, el artículo 27 constitucional y el reglamento agrario del 10 de abril de 1922[12] .

Sin embargo, la presión ejercida sobre el gobernador no tuvo los resultados esperados. El multifacético gobernador, general Porfirio G. González, suspendió las actividades de la CLA a principios de 1923 bajo el argumento de insuficiencia presupuestaria. Cuestión que fue avalada por el Congreso local, deslindándose el gobernador de las responsabilidades implícitas derivadas de la clausura. El presidente, Pedro Guajardo, envió un telegrama a la CNA informando de la situación y solicitando indicaciones, pero la respuesta fue irrelevante y la comisión suspendió los trabajos[13] .

Poco después, los trabajos de la CLA fueron canalizados a la delegación de la CNA en el estado, fungiendo el delegado de la CNA como presidente de la CLA. Aquí se empezó a gestionar una nueva etapa en la institución agraria del estado. Debido a que no dependía del gobierno del estado, pudo realizar mayor presión al gobernador para que revisará los expedientes. El ingeniero Luis Aldaco fue el encargado de los trabajos, la primera acción fue realizar un exhorto muy severo al gobernador sobre la resolución del problema agrario, en el que hace alusión de estar entorpeciendo los trabajos de la delegación de la CNA y de la recién formada Procuraduría de Pueblos[14].

Debido a la constante presión desde la CNA, el gobernador aceptó nuevamente reorganizar la CLA. El 1º de marzo de 1923 se inauguró la nueva presidencia a cargo del ingeniero Lauro Martínez Carranza. Sus trabajos consistieron en revisar todos los expedientes existentes en el archivo y en caso de que estuvieran incompletos deberían realizar los trabajos correspondientes, de manera que a todos se les debería dar solución en la brevedad posible[15]. La nueva presidencia de la CLA encontró problemas de falta de recursos, de ingenieros y materiales. Para dar solución a la problemática, temporalmente la Delegación prestó un ingeniero y les facilitó los formatos para la formación de expedientes, censos agrarios y planos.

El año de 1923 es importante por la reorganización de las instituciones agrarias del estado. En primer lugar, porque hay una coyuntura al no depender del gobernador, esto le da a la CLA amplias facultades para realizar presión al gobernador ante autoridades de mayor envergadura como la CNA y la recién formada Confederación Nacional Agraria. Los integrantes si tienen conocimientos y experiencia previa sobre el procedimiento burocrático que la CLA debía realizar. Además, el campo nuevoleonés entra en un proceso de adoctrinamiento de izquierda formándose en este año los primeros sindicatos campesinos.

Como puede observarse, el inicio tardío de la reforma agraria en el estado se debió a la inestabilidad política que se vivió en esos años. Al depender la CLA del gobierno del estado, se tenía que subordinar a los dictámenes y políticas de este último. El resultado de ese ajetreo político fue la del retardo del proceso agrario en el estado y de la organización campesina. La estabilidad posterior a 1923 garantizó el funcionamiento de la CLA o por lo menos, no entorpeció los trabajos de dicha institución.

1 Para el contexto político de esos años véase a Flores Torres, Óscar. Monterrey en la Revolución, p. 73,74.

2 Knigth, Alan. La Revolución Mexicana, pp. 910 – 920.

3 Knigth, Alan. La Revolución Mexicana, p. 853.

4 Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL) . . Comisión Agraria. Caja 2. 18 de mayo de 1914.

5 El Renacimiento, Núm. 1. 15 de agosto de 1911.

6 Rendón de la Garza, Clemente. General Lucio BlancoFuentes, pp. 73, 74.

7 AGENL. Comisión Agraria. Caja 2. 1 de junio de1914.

8 AGENL. Comisión Agraria. Caja 2. 1916.

9 Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Núm. 73. 12de septiembre 1917.

10 AGENL. Comisión Agraria. Caja 5. 26 de septiembrede 1922.

11 AGENL. Comisión Agraria. Caja 5. 24 de octubrede 1922.

12 AGENL. Comisión Agraria. Caja 5. 14 de septiembrede 1922.

13 AGENL. Comisión Agraria. Caja 5. 12 de enero de1923.

14 AGENL. Comisión Agraria. Caja 5. 27 de junio de1923.

15 AGENL. Comisión Agraria. Caja 6. 1 de marzo de1923.

Pág.3 Info 7 (Junio 2013) / Fotografía tomada de: http://info7.mx/locales/propone-udem-impulsar-turismo-accesible-en-el-estado/664889

Pág. 3 Freepik / Fotografía tomada de: https:// www.freepik.es/foto-gratis/ganado-pastando-prado_919833.htm#page=2&query=campo&position=47

Pág. 3 Biofertix (2019) Fotografía tomada de: https://biofertix.com.mx/

Pág. 4 Wikipedia / Fotografía tomada de: https:// es.m.wikipedia.org/wiki/Antonio_I._Villarreal

Pág. 5 Minateca INAH (1914) / Fotografía tomada de: http://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/ islandora/object/fotografia%3A448065

Pág. 6 Diario Cultura (Noviembre 2012 ) / Fotografía tomada de: https://diariocultura.mx/2012/11/monterrey-fue-capital-de-mexico/#prettyPhoto

Pág. 7 México es Cultura / Fotografía tomada de: https://www.mexicoescultura.com/actividad/179580/9-de-octubre-de-1917-reparto-de-tierras-en-el-estado-de-michoacan.html#prettyPhoto

Archivo General del Estado de Nuevo León [AGENL].

Flores Torres, Óscar. (2010) Monterrey en la Revolución. 1909-1923. Monterrey: UDEM.

Periódico El Renacimiento.

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Rendon de la Garza, Clemente. (2014). Gral Lucio Blanco Fuentes (1879 - 1922). De la hacienda de Guadalupe a Matamoros. Triunfo de la Revolución Constitucionalista. Revista Coahuilense de Historia, Núm.104, pp.65-77.