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Ciudad de México.Guadalupe Oyervides Valdez, representante por Coahuila, se reunió con el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, a quien le presentó proyectos de infraestructura del ramo para nuestro estado, acompañada por el Presidente Nacional de la CANIRAC Francisco Fernández Alonso, y Favio Gentilone, su versión estatal.
La delegación acudió como un frente común (Gobierno e Iniciativa Privada) de la cadena de valor del turismo, para juntos conseguir recursos y obras para la entidad.

El encuentro se realizó en un ambiente positivo, resultado del respeto institucional y trabajo coordinado del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís con el Gobierno Federal, que hoy a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, a cargo de Oyervides Valdez, le abre las puertas a nuestro estado para escuchar sus propuestas.
La Secretaria coahuilense señaló que a Torruco se le plantearon proyectos de infraestructura para los siete Pueblos Mágicos y para los municipios con vocación turística de nuestro estado.
Además, detalló, se le invitó al inicio del Operativo Semana Santa y a visitar el estand que instalará Turismo estatal en el Tianguis Turístico 2019.
También CANIRAC hizo la solicitud de los diferentes eventos abriendo la puerta de Coahuila.
“Acudimos empresarios y Gobierno porque sólo así,
unidos, podremos alcanzar los objetivos comunes que nos hemos planteado para consolidar a Coahuila como el mejor destino turístico del norte de México”, estableció.
“Hemos adoptado la estrategia federal y colaborado de manera conjunta”, añadió.
“Implementamos estrategias con esquemas diferentes ante el recorte presupuestal de la Federación, y lo hicimos de manera responsable y creativa”.
En ese sentido, la Secretaria de Turismo del Estado indicó que se gestionaron bolsas para Coahuila a fin de realizar más obras del ramo, independientemente de los recursos que se aplicarán en los Pueblos Mágicos, que se obtendrán del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), como lo anunció en días pasados el Gobernador Riquelme.
“Tenemos muchas fortalezas en nuestro estado: Las rutas del vino, gastronómica y paleontológica; seguridad, estabilidad e infraestructura para llevar a cabo grandes eventos y recibir al turismo local, nacional e internacional”, subrayó.

La presidenta municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, recibió a la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango, Velia Patricia Silva Delfín, a fin de estrechar lazos de coordinación y cooperación interinstitucional, así como para ser partícipe de un anuncio muy positivo como es la creación de una Clínica de Neonatología en esta ciudad.
El pueblo de Gómez Palacio requiere unidades médicas equipadas para atender sus asuntos de salud y en consideración a esas necesidades, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado ya los estudios pertinentes para la creación y equipamiento de una nueva Unidad Especializada de Neonatología en este municipio.
Con la finalidad de estrechar lazos de coordinación y hacer el anuncio de una nueva inversión del IMSS en el municipio de Gómez Palacio, la doctora Velia Patricia Silva Delfín, delegada de la dependencia federal en Durango realizó
una visita de cortesía a la presidenta municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale.
Destacó que dicha inversión, se realizará en el Hospital de Zona Número 46 del Seguro Social en Gómez Palacio, tratándose de un área con la que no se cuenta en la Laguna de Durango.
Por lo cual, la alcaldesa gomezpalatina Leticia Herrera Ale, celebró la decisión del IMSS de invertir en un mejor equipamiento de sus unidades médicas y brindar a los derechohabientes una mayor cantidad de servicios especializados que seguramente aumentarán el nivel de calidad también.
De la misma forma, señaló la presidenta municipal que de parte de la administración que encabeza, se tendrán las facilidades necesarias para la construcción y las inversiones que haga el IMSS en Gómez Palacio, a fin de mejorar los servicios médicos y de seguridad social que requieren los ciudadanos.













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En México tenemos un problema muy serio de planeación urbana y en general de planeación del desarrollo.
Esto se da primero en los tres niveles de gobierno y después en quienes son los principales propietarios del capital, quienes toman muchas de sus decisiones de inversión sin seguir una reglamentación y sin visión a futuro.
Esta ausencia de planeación nos hace caminar dando tumbos y muchas veces inclusive retrocediendo o tomando decisiones que van a tener malas consecuencias por décadas o, lo que es peor, por un tiempo indefinido.
El tema de la movilidad urbana en la zona metropolitana de La Laguna es un caso crítico.
Siendo originalmente una ciudad con una buena planeación urbana y con grandes ventajas para contar con una infraestructura de movilidad privilegiada, Torreón primero se estancó y al menos de dos décadas a la fecha ha venido retrocediendo, para convertirse en una ciudad con una deficiente movilidad urbana.
No hemos tenido hace mucho tiempo un alcalde que proponga como proyecto y compromiso de gobierno el reestructurar y modernizar todo el servicio de transporte urbano.
En el gobierno municipal anterior finalmente se lanzó un proyecto en este sentido con el metrobús, pero estas obras han tenido que avanzar dificultosamente, ante la falta de suficiente presupuesto y el total desinterés del actual gobierno municipal, que no ha querido invertir en movilidad urbana ni un solo peso de todo su presupuesto.
Finalmente las obras, en su primera etapa, tendrán que ser terminadas, con la resistencia de un gremio transportista totalmente obsoleto, vicioso y cínico en sus intereses comerciales, pero hay una gran indiferencia de parte de los sectores de clase media, de los empresarios particulares e inclusive del comercio organizado.
El uso del automóvil ha crecido de manera sumamente agresiva; la contaminación ha aumentado; los tiempos de traslado también han subido, lo mismo que las complicaciones de tráfico y los costos de las gasolinas.
Tener un buen transporte público beneficia a todo mundo, de una forma u otra, pero por esa mala cultura de la planeación, los nuevos gobiernos creen que llegan a inventar la ciudad y no, como se debe, a darle continuidad a aquellos proyectos que son prioritarios y que no tienen nada que ver con qué partido ocupe el palacio municipal, sino con el bienestar actual y futuro de la región.

por: Gerardo Lozano

La deuda del gobierno estatal de Coahuila es un problema grave que, desde hace siete años ha saturado la agenda política y ha motivado una discusión tras otra, dentro y fuera de los procesos electorales. El problema es que viéndolo desde un punto de vista técnico no se le ve al asunto una salida, por lo menos no al corto y mediano plazo, menos ahora que hemos entrado en un nuevo gobierno con características tan especiales.
Esta madeja enredada en la que se ha convertido la deuda tiene demasiados hilos.
El primero de ellos es el financiero. Se le deben algo más de 36 mil millones de pesos a un grupo de bancos privados. Esa deuda está documentada, lo que significa que se formalizó legalmente y ha sido reestructurada hasta en tres ocasiones, para tratar de bajar intereses y aumentar los plazos de pago.
Aquí surge el primer problema y el más grande. Originalmente la deuda fue ocultada, pues estalla el escándalo hasta el 2012, cuando ya había logrado librar la elección Rubén Moreira, pero el inicio del endeudamiento databa desde hacía por lo menos tres años.
Antes de terminar su gobierno interino, Jorge Torres López, realizó toda una operación de encubrimiento y de sustracción de documentos, que sólo él y el extesorero Javier Villarreal conocen y han revelado solamente lo que se les descubre, porque los 2.7 millones de dólares que se le imputan en las cortes de Texas a Jorge Torres es casi algo simbólico si
Se ha reactivado el caso contra
Humberto Moreira en las cortes española y estadunidense: han extraditado a “El Mono” Muñoz del país ibérico a Estados Unidos y la extradición de Jorge Torres López a Texas es latente, dos implicados que darían información primordial para el juicio del exgobernador.
Sin embargo, ¿podría la economía coahuilense recuperarse pronto del desfalco y la deuda que dejó el primero gobierno de los Moreira?
se considera que están perdidos, por lo menos, cerca de 18 mil millones de pesos.
Al asumir su gobierno, Rubén Moreira pudo, además de pelearse a nivel personal con su hermano, haber emprendido acciones legales y tener una negociación muy dura con los bancos, en aquellos casos en que los endeudamientos fueron realizados con documentos falsificados, sin autorización del Congreso del Estado.
Era, podríamos decirlo así, el momento. Por lo menos 5 mil 300 millones de pesos de deuda habían sido contraídos con documentos falsificados y un total de 18 mil millones de pesos no habían pasado por la autorización del Congreso del Estado.
Si hubiera emprendido acciones legales se tendría que haber enfrentado al gobierno de Enrique Peña Nieto, que, desde el principio, protegió a Humberto Moreira y a Jorge Torres, que son, para efectos prácticos, la misma cosa.
Si entraba en una negociación dura con los bancos tenía que abrir toda la información y se hubiera tenido que enfrentar no sólo a los bancos, sino también al mismo gobierno de Peña Nieto, porque el principal tenedor de la deuda son los grupos Interacciones y Banorte, propiedad mayoritariamente de Carlos Hank Rhon, cabeza de la dinastía Hank, una de las familias más acaudaladas de México, pero también el más poderoso clan político-empresarial en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Siendo él mismo un gobernador del PRI y sin un apoyo político de alcance nacional, Rubén Moreira no tenía,

Jorge Torres López conoce el destino de toda la deuda de Coahuila, pues fue primero tesorero estatal, enseguida de desarrollo social y posteriormente gobernador interino. Si se da su extradición, habrá nuevos implicados, en automático, porque negociaría su condena a cambio de información y de testificación. Debe ser extraditado, para eso lo detuvieron, pero la familia López está cabildeando con todos los medios a su alcance para que Jorge Torres no vaya a EU.
en términos pragmáticos, más posibilidad que abrir el asunto, generar un escándalo mediático nacional sin precedentes y luego ver qué podía negociar y recuperar, pero eso jamás lo iba a realizar.
El Congreso del Estado, por indicaciones de Rubén Moreira, legalizó el total de la deuda y sólo se logró negociar algunos términos de plazos e intereses, pero ni por aproximación lo que se hubiera podido lograr en una negociación dura.
Nunca se rindió información clara y precisa, ni por parte del Congreso del Estado, menos aún por parte del gobierno de Rubén Moreira.
A partir de ahí las posibilidades de que los términos del endeudamiento cambiaran se volvieron mínimas, lo cual puede ser confirmado por cualquier persona experta en finanzas y en derecho.
Todo lo que ha seguido después ha sido tratar de renegociar para comprar tiempo, reducir en algo los costos de los intereses, lo cual, como se vio, era posible en el gobierno
de Peña Nieto, porque el gobierno estatal tenía la posibilidad de buscar recursos adicionales en el ramo 23 y en el 33, además de otros apoyos del gobierno federal.
Ese escenario hubiera hecho operable el gobierno de Miguel Riquelme, pero al momento en que gana la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador, el panorama se volvió especialmente crítico: la noche coahuilense se vino encima y Rubén Moreira había terminado su último año de gobierno registrando cuando mucho la mitad de la deuda con proveedores, además de retrasar la entrega de participaciones y recursos a diversas instituciones públicas.
Antes de irse Rubén Moreira del poder, la información sobre la deuda, que ya había sido manipulada en varias ocasiones, sufre todavía otra capa oscura más, para protegerse a sí mismo e, inclusive, pretender continuar su carrera política al convertirse en diputado federal plurinominal.
¿Qué se puede hacer hoy que no vuelva inoperable el funcionamiento del gobierno estatal?
Después del indebido recorte de recursos a muchos de los gobiernos estatales por parte del nuevo gobierno federal, entre ellos Coahuila, el margen de maniobra financiera se redujo aún más. Los diputados panistas proponen que el gobierno estatal recorte casi al mínimo su presupuesto operativo para abonarle al capital de la deuda y reducir su monto, lo cual, con el recorte federal que ya sufrió, secaría por completo el presupuesto para obras y servicios del gobierno estatal, lo cual dañaría al estado entero, entre ellos los propios municipios que gobierna el PAN, como Torreón y Monclova, entre otros.
En su sexenio, Rubén Moreira tenía los argumentos políticos para buscar al menos un rescate financiero parcial en torno a esta deuda, pero, enfrentado a nivel personal con el hermano, que se ha dedicado a defenderse a sí mismo e inclusive demandar a los periodistas que le han señalado de manera directa, nunca se llevó a cabo una negociación que concretara algún tipo de rescate financiero para bajar la presión, pues además el problema de los altos endeudamientos es compartido por varios estados de la república.
Si Peña Nieto no apoyó a Rubén Moreira, pensar en la posibilidad de que lo haga Andrés Manuel López Obrador es nula.
Humberto Moreira podría estar ante dos frentes: las autoridades españolas, ahora con nueva información, y las autoridades estadunidenses, quienes entrarían en la etapa culminante de todo el proceso que han preparado desde la detención del extesorero de Coahuila, Javier Villarreal
Otro planteamiento es buscar fincarle un proceso judicial a Humberto Moreira para hacer un poco de justicia, como el que se le está fincando a Jorge Torres en Texas. Ése sería el plato de sangre para compensar el agravio de los coahuilenses, pero el problema es si esto resuelve el problema de la deuda. ¿Existen hoy, después de todo lo que ha sucedido, los argumentos legales para fincar un proceso judicial desde México en contra de Humberto Moreira? Hay indicios de que hubo tal manipulación documental que resulta muy difícil, en términos legales, fincar un proceso sólido, más tomando en cuenta que el nuevo gobierno federal ha manifestado abiertamente que no va a ir tras los personajes claves del sexenio anterior, ni siquiera los de segundo nivel, como hasta la fecha se puede confirmar.
Los casos de varios ex gobernadores que se encuentran procesados por deudas aún mayores y por delitos comprobados, han caminado dificultosamente y, al menos en el caso del ex gobernador César Duarte, donde su sucesor panista Javier Corral ha buscado por todos los medios procesarlo, son bastante desalentadores.
En casos como el de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, podría terminar en sentencias importantes por los varios delitos que finalmente le comprueben, pero no habrá una recuperación siquiera significativa de toda la pérdida financiera que sufrió este estado.

habrá que ver lo que sucede con el cabildeo que lleva a cabo su influyente familia.
No obstante, sí existe una posibilidad de que el ex gobernador Humberto Moreira sea implicado en un nuevo proceso judicial, después de que fue absuelto de todos los cargos por la fiscalía española, que le ha reabierto el proceso, una vez que cuenta con elementos nuevos.
Además de la reapertura del caso en España, en esta ocasión la apertura de un segundo proceso judicial en contra de Humberto Moreira podría venir del vecino estado de Texas. Existen elementos que se están acomodando en ese sentido.
Si se da la extradición de Jorge Torres, habrá nuevos implicados, en automático, porque Torres López negociaría su condena a cambio de información y de testificación, pero la familia López está cabildeando con todos los medios a su alcance para que Jorge Torres no sea extraditado.
Debe ser extraditado, para eso lo detuvieron, pero
Jorge Torres es miembro de la familia López del Bosque, que además de ser poseedora del holding empresarial de capital mexicano más importante del sureste de Coahuila, controla en la región al Partido Acción Nacional. Él ha vivido siempre dentro de un medio de clase alta y no tiene ni la formación ni el carácter para soportar interrogatorios de carácter judicial, pero además en apariencia sufre de una afección cardiaca, lo que le vuelve aún más vulnerable ante las presiones.
Jorge Torres conoce el destino de toda la deuda de Coahuila, pues fue primero tesorero estatal, enseguida de desarrollo social (se argumenta que buena parte de la deuda se ha tratado de justificar a través de los programas asistencialistas) y posteriormente gobernador interino.


En el presente año todo este entramado de corrupción en torno a las finanzas del estado sufrió un giro muy importante.
Las autoridades judiciales españolas extraditaron a Estados Unidos a Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, un personaje clave sobre la operación del crimen organizado durante el periodo de gobierno de Humberto Moreira y Jorge Torres.
Su detención se dio en marzo de 2016, acompañada de toda una serie de documentos, grabaciones y pruebas que podrían implicar de manera directa a funcionarios públicos y políticos de Coahuila.
Luego de que la Fiscalía Antidrogas estadunidense lo entrevistara en la prisión española, se acordó su extradición para ser procesado en un juzgado del estado de Texas, donde se sigue todo el proceso del caso Coahuila y se han acumulado los testimonios y declaraciones de varios testigos.
Antes de la extradición de “El Mono” Muñoz, el juez español Santiago Pedraz, el mismo que exonerara a Humberto Moreira hace dos años al no contar con las pruebas suficientes, porque nunca fue apoyado por la PGR en México, ha reabierto el caso en contra del exgobernador al contar con nuevas pruebas incriminatorias, lo que ha propiciado que Moreira se encuentre amparado como una medida preventiva promovida por sus abogados.
El proceso en Texas en contra de Juan Manuel Muñoz
“El Mono” Muñoz, el juez español Santiago Pedraz, el mismo
que exonerara a Humberto Moreira hace dos años al no contar con las pruebas suficientes, porque nunca fue apoyado por la PGR en México, ha reabierto el caso en contra del exgobernador al contar con nuevas pruebas incriminatorias.
y la extradición del exgobernador interino Jorge Torres, pueden cerrar un círculo de investigaciones judiciales que tiene años preparándose en Estados Unidos.
Hay indicios bien fundados de que tanto las autoridades judiciales españolas como las norteamericanas esperaron la terminación del gobierno de Enrique Peña Nieto para darle continuidad al juicio.
Lo anterior hace prever que, en caso de estar implicado en ilícitos que se desprendan de toda esta conjunción de personajes detenidos y procesados, el ex gobernador Humberto Moreira podría estar ante dos frentes: las autoridades españolas, ahora con nueva información, y las autoridades norteamericanas, quienes entrarían en la etapa culminante de todo el proceso que han preparado desde la detención del extesorero de Coahuila, Javier Villarreal, entre otros detenidos clave que ya han emitido declaraciones y aportado información muy delicada.
La extradición de “El Mono” Muñoz a Estados Unidos se dio a través de un convenio con las autoridades judiciales españolas, cuyos términos específicos hasta hoy se desconocen, pero que implican un compromiso de las autoridades judiciales estadunidenses para emplear todas las pruebas periciales que le han sido proporcionadas en contra de los implicados.
Esta etapa final del proceso implicará, además de condenas y nuevas órdenes de aprehensión a través de la Interpol, la confiscación de bienes y cuentas de los implicados, pero nada de ese dinero regresará a México y menos a Coahuila.
La única alternativa financiera para el actual gobierno estatal de Coahuila parece ser la de establecer una disciplina administrativa férrea; disminuir en todo lo posible el gasto corriente que no sea indispensable y productivo y, algo que ya está haciendo, enfocar a obras prioritarias lo poco que se dispone para inversión en obra pública, bajo el esquema que ya está operando de peso por peso con los 38 municipios, o al menos con los que pueden.
Al corto y mediano plazo el nuevo gobierno federal estará canalizando todos los recursos a sus proyectos asistencialistas, a las obras que comprometió en campaña y a los estados del sureste del país, además de aquellos estados donde vayan dándose elecciones, en los cuales el nuevo partido oficial (Morena) desea hacerse del poder.
Eso pareciera ser todo lo que hay: la posibilidad de obtener un poco de justicia por la vía judicial, pero no la solución financiera a corto y mediano plazo de la deuda pública de Coahuila.
Lo demás no es sino manoseo político del tema.

por: Eduardo Rodríguez

Tener popularidad y fomentarla es un arte que se le da muy bien a López Obrador, pero que no tiene nada qué ver con la capacidad de cumplir con las enormes expectativas que ha prometido y sigue prometiendo todos los días.
El problema no es si hay “conservadores” y “neoliberales” que dejaron un sistema político corrompido hasta los huesos; eso es algo que ya se sabía y es por ello que López Obrador llegó a la presidencia de la república.
Tampoco el problema es que tengamos un nivel de inseguridad terrible en muchas regiones del país, eso se da por sentado y se sufre todos los días, también por ello llegó a presidente López Obrador.
El asunto es que ya se terminaron las campañas electorales, él gano ampliamente y prometió mucho: terminar con la corrupción de todo el sistema político, con la inseguridad e impulsar el crecimiento económico del país para sacar de la pobreza a la mitad de la población.
El tiempo de los rankings de popularidad ya se terminó, pero el presidente parece cada día más enamorado de su voz y más ávido de popularidad, hablando de todo y de nada durante una a dos horas diarias que van a terminar por cansar a la audiencia y a todo mundo.
Aunque se le dé la verbosidad y tenga un indudable carisma y habilidad para alimentar su imagen mediática, un país no come de la verbosidad de su gobernante, ni tampoco elimina una subcultura arraigadísima de corrupción pública y privada, mucho menos recupera su tranquilidad y suprime el hecho de ser uno de los países más violentos del mundo.
Pero pongamos por un momento en la sala de espera la inseguridad y la corrupción, para analizar lo que sí ya se puede hacer a 100 días de haber iniciado formalmente el nuevo gobierno, pero a casi nueve meses de que López Obrador asumiera, de facto, el poder, aunque no estuviese sentado en el sillón presidencial.
La ideología, las tendencias y las políticas económicas que marcaran a este gobierno en la conducción económica ya están sobre la mesa y están boca arriba; se pueden leer perfectamente y lo que dicen es inquietante, ya sea que se haya votado o no por López Obrador, ya sea que se pertenezca a un medio popular o al más alto nivel socio-económico. La buena o la mala marcha de la economía

va para todos por igual.
Mientras
las encuestas muestran que han aumentado hasta niveles muy altos la confianza y el optimismo de los consumidores mexicanos, la economía del país muestra signos preocupantes, no sólo en la opinión de los especialistas y las calificadoras internacionales, sino de los empresarios e inversionistas en general, quienes muestran fuertes reservas sobre la capacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de conducir acertadamente la economía, mucho menos de alcanzar los niveles de crecimiento de hasta un 4%, algo que no se ha dado hace ya décadas en el país.
El primer signo lo puso sobre la mesa el Banco de México: el pronóstico de crecimiento para este primer año de 2019 estará entre el 1.1 y el 2.1%. En un escenario pesimista el crecimiento caería a la mitad de lo que venía reportando y que se consideraba mediocre (un 2.2% en promedio) y, en el escenario más optimista, estaría todavía por debajo de lo que sucedió en los tres sexenios anteriores.
Para el próximo año de 2020 el pronóstico de BANXICO también es desalentador, pues es de 1.7% a un 2.7%, en el mejor de los casos.
Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado desde su salida del PRI, y aún antes, como un hombre de izquierda, lo que se traduce como creyente del modelo socialista, lo cual no es ningún problema e inclusive puede ser sano para el país, pero en su caso su idea del socialismo no corresponde a corrientes modernas y progresistas, como la que en su momento tuvo España a la salida del franquismo o los países escandinavos, cuyo modelo parece incluso admirar.
En su caso predomina la vieja y obsoleta idea de una economía de estado, donde el capital privado juega un papel secundario e inclusive no debe tener propiedad ni injerencia en ciertas áreas que se consideran como “estratégicas”, a criterio del propio estado. Ese modelo se impuso en todo el bloque socialista a partir de la segunda guerra mundial y terminó derrumbándose estrepitosamente por su misma inviabilidad, dejando detrás países pobres que podían ser ricos y, una vez que se han abandonado ese modelo, comenzaron a prosperar.
López Obrador ha retrocedido a las décadas de los años treinta y cuarenta del siglo pasado, donde operaba una economía de Estado que se reserva áreas como la energética, declarándola un bien de la nación, o la tierra y los litorales, que se consideran también un bien nacional, aunque sea entregada a los campesinos en forma de ejidos, un modelo de producción agrícola que ha sido un completo fracaso.
A la economía del estado hegemónico y rector se suma la idea del nacionalismo, con un Lázaro Cárdenas del Río con el lema sexenal de “México para los mexicanos” y el de Manuel Ávila Camacho de “Produzca lo que el país consume y consuma lo que el país produce”.
El país dependió, por muchas décadas, de hecho hasta ya entrados los ochenta, de su renta petrolera, la cual va a dar directamente
a las arcas estatales y es administrada de forma improductiva. México no vendía al mundo ninguna otra cosa que no fuera petróleo, pero además era una economía cerrada al mundo, como lo eran una gran cantidad de países.
El problema es que la economía internacional de hoy es completamente diferente y, en consecuencia, el negocio petrolero se maneja también con criterios no nacionalistas sino de rentabilidad; del mejor rendimiento posible, cuando su ciclo como energía principal para mover las economías ha entrado en lo que será su fase terminal, para dar paso a nuevas energías limpias, de tecnología avanzada.
López Obrador plantea de nuevo el nacionalismo y retoma esos dos lemas: recuperar la “grandeza” de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad y producir lo que el país consume, evitando todas las importaciones posibles; una política que ya había retomado José López Portillo, con un gran fracaso.
Pero hay dos aspectos muy críticos: López Obrador no tiene la más elemental formación en economía; sencillamente no sabe cómo conducir una economía en el nuevo entorno económico internacional y en el ámbito interno de la microeconomía, pero además de creer que la economía debe subordinarse a la política, va más allá: la economía debe subordinarse a una ideología: la suya y la de una parte de ese conglomerado informe de personajes que integran su gobierno, donde la contradicción de las ideas y de las decisiones es ya la tendencia principal.
La verbosidad, el carisma y todo el manejo de imagen presidencial no pueden ocultar tampoco otra tendencia que ya es manifiesta: el autoritarismo; un hombre que pretende que el país entero gire en torno a él en todo sentido. Es amable, simpático y paternal si se hace su voluntad y se piensa como él, pero se convierte en intolerante e inclusive visceral si se le cuestiona.
Como consecuencia no hace equipo para el análisis de los problemas y la toma de decisiones. Carlos Manuel Urzúa Macías, su Secretario de Hacienda, sabe lo que se tiene que hacer y conoce a fondo el oficio de economista, pero finalmente se tiene que subordinar a las decisiones presidenciales, lo que es sumamente delicado para el adecuado manejo de la economía.
Las recomendaciones del Banco de México, que conserva su autonomía, son también descalificadas en la práctica.
Hay secretarios de Estado en posiciones estratégicas, como Rocío Nahle, quienes están manejando la dependencia no con un criterio económico sino ideológico, lo que hará mucho daño, porque finalmente tiene la disposición de seguir hasta sus últimas consecuencias las decisiones de López Obrador aunque estas sean inviables. De paso ha entrado en conflicto con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien es ingeniero agrónomo y desconoce por completo cómo es que funciona el negocio petrolero.
Otro funcionario que puede causar o más bien ya está

causando un gran daño es Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien está secundando a López Obrador en tomas de decisiones que han representado un mal inicio del sexenio en materia económica, como la inexplicable cancelación del aeropuerto internacional en Texcoco y lo que viene, como el llamado Tren Maya, que puede convertirse en un problema de dimensiones enormes.
Jiménez Espriú es un anciano de 81 años que debería estar gozando de su retiro. Su tiempo como profesional hace ya al menos una década que está terminado.
La austeridad en el gasto corriente del Estado es una excelente decisión y la lucha en contra de la corrupción del aparato gubernamental es indispensable para avanzar como país, de hecho fue el lema principal que llevó a López Obrador a la presidencia.
La decisión más importante en economía es dónde poner el dinero, lo cual vale tanto para una persona física como para una empresa y para un gobierno.
Si impones normas de austeridad, aunque algunas de ellas sean más bien teatrales y tengan un propósito de imagen política, y estás tratando de limpiar de corrupción todo el aparato gubernamental, el siguiente paso es declarar hacia dónde se va a dirigir el gasto público y en qué proporción.
Si se ahorran 50 mil o 100 mil millones de pesos, necesariamente lo que sigue es anunciar cómo los inviertes en una determinada secretaría de Estado para que se vuelva más eficiente, o los destinas a un programa que beneficie de manera real a la población en su ingreso y su capacidad de consumo, para que mejore el nivel de vida.
Meter la tijera para recortar ciertos gastos de la burocracia federal, incluido el despido de decenas de miles de burócratas es relativamente fácil, pero saber cómo eliminar inteligentemente la corrupción es algo ya mucho más complicado, porque la corrupción es un delito que debe tener consecuencias de carácter judicial, además de que hace un daño mucho más profundo que un simple exceso de gasto corriente por parte de la burocracia.
Para el estado mexicano el problema económico principal
se llama PEMEX y, en menor proporción, CFE.
La razón es bastante simple: PEMEX está quebrado financieramente y tiene una gigantesca deuda de 104 mil millones de dólares, lo que equivale a cerca de dos billones de pesos; el cuarenta por ciento de todo el presupuesto de la federación.
Esta enorme deuda está generando intereses en dólares. Al cierre de 2017 la deuda pública de México había alcanzado su nivel histórico más alto, al ubicarse en 10.88 billones de pesos, equivalente, en números cerrados, al 50% del Producto Interno Bruto del País, con un enorme pago de intereses que ascendían a 533 mil 351 millones de pesos; el 10% de todo el presupuesto de la federación.
La casi totalidad de esta deuda está generada por las llamadas “empresas productivas del Estado”, como PEMEX y CFE, la banca de desarrollo y los créditos contraídos por los gobiernos anteriores, que se dispararon en los últimos dos sexenios, especialmente en el de Enrique Peña Nieto y, como factor importante, la caída del peso frente al dólar.
Ganase quien ganase la elección de 2018, el nuevo gobierno estaba obligado a realizar una restructuración del gasto público, pero además una reforma fiscal, ante la insuficiencia y las limitaciones de la reforma fiscal del gobierno peñista, que no dejó satisfecho a nadie. Ya sea que se llame o no republicana, la austeridad era obligada, pero también el cuidado de la inversión pública y ahí es donde parece estar el problema medular de López Obrador: en su manejo de la economía ha prometido que no habrá más deuda, pero su estrategia de restructuración está siendo duramente criticada por los expertos, no sólo en México sino en el extranjero.
Hay que considerar que el 52% de los tenedores de la deuda pública mexicana son extranjeros y la mayor parte del endeudamiento está nominado en dólares, por lo que la paridad cambiaria es un tema muy delicado. Parte del incremento tan fuerte de la deuda se debe a este aspecto, al caer el peso frente al dólar hasta niveles cercanos a los 20 pesos por cada dólar. Aunque ha bajado en los últimos días, esto se debe a factores externos, que pueden cambiar.
Con el antecedente es vital entender cómo operan los mercados de dinero a nivel internacional y cómo actuar en consecuencia. El gobierno de López Obrador y su equipo político han cometido varios errores importantes en apenas los primeros 100 días formales de gestión. Sin el secretario de Hacienda haciendo de bombero, ya tendríamos fuertes problemas.
La restructuración del gasto público implica necesariamente la eliminación de programas y dependencias que no sean estratégicas, pero además el fortalecimiento de los sectores de la economía que son los más productivos, así como el fomento de sectores que están teniendo un gran despegue a nivel internacional, como todas las nuevas tecnologías.

El primer paso obligado de la restructuración del gasto público era el diseño de un plan de negocios para PEMEX, adoptando medidas sin contemplaciones, para reducir drásticamente su gasto operativo, enfocarse a sus áreas más rentables, salirse de aquellas que no son negocio, reducir casi a la tercera parte su planta laboral y en consecuencia su enorme pasivo por el fondo desproporcionado de pensiones.
Atacar acertadamente el problema de PEMEX le daba a López Obrador el plus de atacar al mismo tiempo la corrupción gubernamental, lo que ha hecho con el combate al gigantesco negocio del “huachicoleo”, pero sólo a medias.
Todos los expertos coinciden en que el plan de negocios que ha dispuesto López Obrador para PEMEX no sólo es desacertado sino que puede traer serios problemas a la economía del país.
La agencia internacional calificadora de riesgo Fitch Ratings casi de inmediato le bajó la calificación a PEMEX, considerando que son insuficientes las medidas del gobierno de México para rescatar a PEMEX y señaló que éstas no bastaban para prevenir el deterioro de la calidad crediticia de la empresa paraestatal.
La respuesta del propio López Obrador fue de lo más desacertado al descalificar a todas las calificadoras internacionales de riesgo, lo que fue secundado por el grupo parlamentario de Morena, quien propuso la suspensión de las mismas para operar en México. Al darse cuenta de las implicaciones de lo dicho, vino la retractación, un comportamiento que se ha vuelto una constante.
Pero aún con la baja de calificación a PEMEX, el plan de negocios no se modificó en lo sustancial: invertir dinero público para recuperar su “grandeza”; sostener, contra todas las opiniones, el proyecto de construir una refinadora en Dos Bocas, Tabasco, y bloquear la inversión extranjera en zonas donde México no tiene ni la capacidad tecnológica ni financiera para hacerlo por su cuenta.
El sindicato petrolero sigue intacto, incluidas sus enormes canonjías; tampoco han sido tocados sus enormes gastos fijos.
Producir gasolinas, bajo el esquema actual, es un pésimo negocio para PEMEX y para el país.
En contraste México entró hace dos años en el ranking de los diez países turísticamente más importantes del mundo. El sentido común indica que es un sector de la economía al que se le debe de invertir y cuidar con un buen plan de negocios.
Contradictoriamente, es un sector que va a nadar a contracorriente de las políticas económicas del nuevo gobierno. La cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco fue un duro golpe al sector. El fondo de promoción turística fue eliminado de un plumazo, sin dejar un solo peso, para destinar el dinero al proyecto del denominado Tren Maya, que puede convertirse en el proyecto más costoso del sexenio, pero ni siquiera ha sido consultado con los expertos, incluido todo el medio empresarial-turístico.
En resumen, la economía del país está siendo manejada por un presidente que no sabe de economía y además no admite el consejo de sus colaboradores que sí saben de ello, quienes tienen que estar apagando los fuegos que enciende el propio López Obrador y el ala radical de su grupo político, quienes se han dedicado, principalmente, a sembrar incertidumbre y hoy, ya algo pasados los 100 días, no tenemos una idea clara de hacia dónde van exactamente.
PEMEX y el sector turístico son los dos ejemplos máximos del desacierto, pero lamentablemente no son casos aislados sino una constante de nuevo estilo de gobernar.
En su última evaluación de finales de marzo, Fitch Ratings redujo su pronóstico de crecimiento para México en 2019 a un 1.6 por ciento, desde un previo de 2.1 por ciento que había proyectado en diciembre, porque desde el cuarto trimestre la economía mexicana ha entrado en una desaceleración, debido a varios factores internos, la mayoría de los cuales tienen que ver con el nuevo gobierno.
Habrá que ver cuáles son las cifras que arroja el primer trimestre de este 2019.


por: Marcela Valles

Era inexplicable el por qué el director de tránsito y vialidad, Pedro Luis Bernal, ha sido ratificado en su cargo no obstante las continuas quejas de corrupción.
La razón parece bien simple: a cambio de dejarlo hacer, el corrupto funcionario ha propuesto convertir su dirección en uno de las generadoras de ingresos más importante del gobierno municipal de Torreón.
Los hechos no engañan, pero los números los cuantifican y lo reconfirman: en los primeros dos meses de 2019, los ingresos del ayuntamiento de Torreón pasaron de 3 millones 302 mil pesos a 7 millones 228 mil pesos en relación
al mismo periodo de 2018, cuando Jorge Zermeño estaba en precampaña para buscar su reelección.
A ese ritmo, la dirección de tránsito y vialidad puede dejar a las arcas municipales alrededor de 40 millones de pesos anuales, algo que nunca ha sucedido con anterioridad en ningún gobierno municipal.
En dos meses los agentes de tránsito le han impuesto a la ciudadanía nada menos que 28 mil 503 multas por violar el Reglamento de Movilidad Urbana. La mayor parte de esta enorme cantidad de multas (casi 500 multas diarias en promedio) se deben a estacionarse de manera indebida, no a faltas consideradas como graves.
El propósito recaudatorio es evidente. En el primer

“Al final, el agente aceptó multar llevándose una placa, luego de que el conductor no siguiera el juego verbal eufemístico de quien pide un soborno. Julio declara que el agente confesó que por cada multa extendida, a él le daban una pequeña comisión.”
y segundo cuadro de la ciudad se han destacado cuadrillas de agentes que recorren a pie cuadra por cuadra, buscando vehículos mal estacionados para colocarles la infracción y quitarles una placa, lo que implica, además de la multa, tener que perder media mañana en acudir hasta la presidencia municipal para hacer el pago correspondiente.
Pero la aplicación del criterio es discrecional. Un vecino de la calle Comonfort se queja de haber sido multado porque se encontraba estacionado “obstruyendo el paso peatonal”, debido a que estacionó su vehículo cerca de la esquina, pues gran parte de la cuadra es ocupada por los vehículos que coloca en ella un taller mecánico, el cual inclusive pinta vehículos en plena calle, colocándolos sobre la banqueta, con las molestias que ello implica.
El vecino fue multado porque estaba en su casa cuando pasó el agente de tránsito, pero el taller mecánico no fue molestado porque “se mochó” con el agente, al cual le dio un soborno de 100 pesos.
Otra mujer se queja de haber sido multada frente al Museo Regional de La Laguna, sobre la calle Juárez, debido a que su vehículo invadía un poco un rayado de paso peatonal que está colocado frente a este museo y, debido a la baja calidad de la pintura, casi se encuentra borrado. Eran las ocho
de la noche.
Una pareja sale a las dos de la mañana de un antro del Distrito Colón al cual asiste con cierta frecuencia, para encontrarse con que ha sido multada por estacionar su vehículo en el lugar en que lo estaciona habitualmente. La multa fue levantada a las 11:45 de la noche. El vehículo estaba estacionado al frente de una finca que se encuentra en ruinas.
Todo ese sector está siendo asediado por una cuadrilla de agentes, cuya consigna es colocar la mayor cantidad posible de infracciones a altas horas de la noche.
Eduardo adquirió una camioneta nueva e hizo cita para tramitar sus placas, pero por su trabajo tuvo que circular sin placas tres días, debido a que hasta el cuarto día tenía su cita. En el segundo día, después de haber asistido a una comida, en el boulevard Diagonal Reforma, un agente de tránsito le marcó el alto; le indicó que estaba circulando sin placas y eso era motivo de infracción, él le indicó que tenía la cita en dos días más y le mostro el comprobante, pero el agente se empecinaba en que debía de sacar un permiso en la presidencia municipal. Enseguida le pidió sus documentos y le solicitó que le soplara para verificar si no traía aliento alcohólico. Eduardo perdió la paciencia y le increpó al agente que no podía estar pidiendo que se le soplara porque sencillamente no era parte de un operativo de alcoholímetro y no tenía ningún aparato consigo. Discutieron y finalmente el agente desistió de imponer la multa, pero argumento que su “supervisor” lo podía sancionar por no imponer multa.
Julio transitaba en la noche por Torreón, con placas vencidas del estado de Durango. Una patrulla de Vialidad le hizo la parada y Julio se estacionó sobre el acotamiento de Diagonal Reforma. El agente indicó el motivo y le pidió que le echara el aliento en la cara, acción sumamente informal a la que los agentes creen poder obligar a cualquier conductor y que no deja a nadie con la dignidad intacta. Julio no había bebido, pero su licencia también estaba vencida. El agente avisó que debía consignar el automóvil por circular con las placas vencidas, pues retirar una de ellas ya no era garantía; declaración falsa e intimidatoria. Al final, el hombre aceptó multar llevándose una placa, luego de que el conductor no siguiera el juego verbal eufemístico de quien pide un soborno. Julio declara que el agente confesó que por cada multa extendida, a él le daban una pequeña comisión.
Si Pedro Luis Bernal le ha impuesto a los agentes la consigna de generar infracciones y convertirse en una fuente recaudatoria, los agentes cumplen con la consigna pero además deben de entregar una cuota diaria que va de los 500 a los 200 pesos.
Si el director de tránsito y vialidad le ha impuesto a los agentes la consigna de generar infracciones y convertirse en una fuente recaudatoria, los agentes cumplen con la consigna pero además deben de entregar una cuota diaria que va de los 500 a los 200 pesos, dependiendo de si se trae vehículo, motocicleta o se trabaja a pie.
Por lo menos los días jueves, viernes y sábados, un agente ordinario obtiene para él otro tanto de lo que entrega “al jefe”.
Hay multas altísimas, como la de hablar por teléfono celular mientras se maneja, por lo que muchos de los automovilistas ponen su teléfono en altavoz si su auto no cuenta con el dispositivo electrónico de transferir sus llamadas a la computadora del tablero.
Aun en altavoz hay que tomar el teléfono y apretar el botón para el ingreso de la llamada. Ana María no sabía que el sólo llevar en las manos el celular es motivo de infracción, lo que le costó una “mordida” de 100 pesos, para evitar la enorme multa, pues aunque hablaba en altavoz y llevaba su vista al frente tuvo el descuido de no colocar el teléfono en la consola del auto.
El alcoholímetro se ha convertido en un gran negocio, tanto para los agentes de tránsito como para el gobierno municipal. La multa por manejar alcoholizado es de 3 mil 450 pesos, más 2 mil de fianza ante el ministerio público, porque además de infracción es un delito, más 600 de la grúa, más 60 pesos diarios de corralón, lo que puede hacer al menos un total de 7 mil pesos. Lo delicado para un automovilista es que sin conducir en estado de ebriedad pueda marcar más allá de la norma establecida, que se puede sobrepasar con tan solo haber cenado con vino o tomado tres bebidas.
Antes que pagar 7 mil pesos y ser detenidos, muchos automovilistas, la mayoría de los que registran encima del límite, pueden pagar mil pesos o aún más de “mordida” a los
agentes de tránsito, a menos que sea funcionario del propio ayuntamiento, en cuyo caso hasta el llamado “croquis” y el reporte vial se “extravían”. Esto considerando que el agente lleve consigo el aparato medidor, pues contra toda formalidad y dignidad siguen pidiendo que se les sople en la cara; asunto lastimoso y bastante cuestionable para cualquier Dirección de Vialidad que presuma operar bajo una normativa legal.
En los dos primeros meses de 2019 el gobierno municipal ha obtenido un millón 62 mil pesos, por 308 infracciones a conductores con “aliento alcohólico”, una parte de los cuales no iba en estado de ebriedad, solo venía de una cena o fiesta. De seguir esta tendencia se ingresarán anualmente más de 6 millones de pesos tan solo por este tipo de infracción.
Por cada uno que es infraccionado, por lo menos otro ciudadano es extorsionado por medio del alcoholímetro, en una estimación muy conservadora.
Nadie está contra la ley y el orden, como tampoco lo está contra el cumplimiento con el reglamento de vialidad y más por evitar cualquier tipo de accidente, pero de eso a utilizar ese reglamento como una fuente de recaudación es algo que atenta contra los derechos de los ciudadanos, además de la corrupción que se ha vuelto evidente en la dirección de tránsito y vialidad municipal.



por: Álvaro González
La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, está librando, literalmente, una contienda en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que se ha convertido en un grave problema para poder mantener financieramente el abasto de agua potable del municipio.
Como monopolio que es, la CFE se está comportando con una prepotencia como nunca antes se había visto, al extremo de cortar el suministro de luz a las bombas que hacen funcionar los pozos de extracción de agua, lo que deja sin el servicio a miles de ciudadanos.
Inicialmente las medidas de la CFE se limitaban a cortar el suministro de luz a las oficinas del SAPAL, lo que ya era algo muy agresivo, pero comenzaron a ir más lejos y cortar la luz a las bombas de los pozos.
Todo se originó en el crecimiento de los adeudos debido a un incremento desproporcionado de las tarifas eléctricas, lo que vuelve inmanejable las finanzas de los organismos operadores de agua potable.
Aunque abonó a la deuda, Leticia Herrera decidió enfrentar a la CFE cortándole el suministro de agua y el servicio de drenaje, debido a que había adeudos no cubiertos, además de advertir que no le permitirá a la Comisión el cortar la luz a los pozos que abastecen a las colonias, aunque tenga que utilizar para ello a la fuerza pública.
La postura de Leticia Herrera pareciera extremosa a ciertos medios políticos y a otros presidentes municipales de la zona metropolitana, como Jorge Zermeño, quien se queja sólo verbalmente, pero al momento de la verdad está dispuesto a pagar hasta 30 millones de pesos a la CFE, aunque saque, indebidamente, dinero de la tesorería municipal, lo que es muy cuestionable y va en contra de los intereses del municipio.
Los empresarios, por su parte, también se han manejado con una postura más bien timorata, porque hay antecedentes como el de los grandes agricultores, quienes se ampararon en contra de ciertas tarifas eléctricas y por años no pagaron luz aun cuando son ellos los principales extractores de agua de la región, para al final llegar a un arreglo que les benefició enormemente.
Sobre este asunto la sociedad civil de la región, hasta ahora, no ha manifestado su apoyo en actos públicos, aunque sufre de igual manera las tarifas excesivas de un monopolio gubernamental ineficiente.
El asunto es si en la próxima elección de Gómez Palacio y Lerdo este asunto de los abusos tan agresivos de la CFE va a tener repercusiones sobre el nuevo partido oficial.
Hay que recordar que en Tabasco, una buena parte de la población no paga el servicio de luz desde que Andrés Manuel López Obrador perdió la elección para gobernador, lo que hace ya muchos años y, ahí sí, la CFE no hace absolutamente nada y asume todas las pérdidas, porque sigue prestando el servicio.
¿No sería bueno que al menos todos coludos o todos rabones, como en el dicho ranchero?


¿Qué hacer con laCFE?

por: Álvaro González

El IMPLAN, Instituto Municipal de Planeación, considera que el llamado metrobús, el cual se encuentra en proceso de construcción, es la obra más estratégica e importante de movilidad urbana para la zona metropolitana de La Laguna, de acuerdo al Plan de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), elaborado por el mismo organismo.
No obstante la importancia estratégica de este proyecto, que fue iniciado por el gobierno municipal anterior, las obras han ido avanzando con dificultad por la limitación de los recursos federales y estatales, pero además por la ineficiencia del gobierno estatal de Durango, que desvió los fondos destinados al proyecto y la resistencia del gremio camionero, que pese a su obsolescencia es un gremio amafiado en sindicatos, donde conviven intereses mezquinos de los propios camioneros y la corrupción de funcionarios públicos.
El actual gobierno municipal de Torreón, desde que asumió su primer periodo en 2018, se ha desvinculado completamente del proyecto y no ha destinado un solo peso al mismo, siendo que sí utilizó una buena parte del presupuesto de obras públicas en pintar y decorar plazas y ciertas vías de comunicación, la mayoría de las cuales no eran prioritarias.
Lejos de apoyar el proyecto del metrobús, el alcalde Jorge
Zermeño apoyó abiertamente el incremento al transporte público para que pase de 11 hasta 13 pesos, lo que representó un duro golpe a los sectores más pobres de la zona metropolitana.
Originalmente Zermeño Infante estaba apoyando a los camioneros para que el incremento a la tarifa fuera hasta de 15 pesos, pero debido a la resistencia ciudadana el incremento quedó en 13 pesos, lo que se les hizo “poco” a los concesionarios.
No sólo se apoyó el incremento, sino que se hizo sin plantear ninguna contraprestación por parte del sistema de transporte público, el cual maneja, de acuerdo a sus intereses, las rutas; emplea inexplicablemente una cantidad importante de vehículos chatarra; genera una parte importante de la contaminación por CO2, y es tratado con absoluta tolerancia en las malas prácticas de servicio hacia los usuarios.
Los sectores de clase media, que se trasladan en automóvil, se han mostrado hasta ahora indiferentes ante el proyecto del metrobús, sin considerar la importancia que representa para la calidad de vida y el bienestar de la población, en tanto que los empresarios han mostrado la misma apatía, pese a que la movilidad es un factor muy importante para los obreros y repercute en su economía.
En datos del mismo IMPLAN, un 48% de los torreonenses que trabajan fuera de su municipio lo hacen en Gómez Palacio y un
Mientras se concluyen las obras del metrobús, el servicio de transporte urbano en Torreón es deplorable y su costo es sumamente desproporcionado para la economía de la región; lo era ya mucho antes
del nuevo incremento al pasaje. De la misma manera, el servicio de taxis es caro, carece de verdaderos requisitos de calidad y no es considerado como seguro.
¿Alguien realmente está pensando en el beneficio de la ciudadanía?
45% de los gomezpalatinos que trabajan fuera de su municipio lo hacen en Torreón, lo que significa, en términos de transporte y debido a las distancias, que una buena parte de los trabajadores y empleados tengan que tomar al menos dos autobuses de ida y dos de vuelta, pero otra parte tiene que abordar hasta tres autobuses de ida y tres de vuelta si, por ejemplo, vive en el oriente de Torreón y trabaja en la zona industrial de Gómez Palacio o bien, si vive en el poniente de Gómez Palacio y trabaja en alguno de los parques industriales de Torreón.
El IMPLAN es un organismo que funciona desde hace algunos años y, en teoría, aporta la planeación básica que necesita el municipio de Torreón y la zona conurbada en todos sus aspectos básicos, que incluyen movilidad, servicios, vivienda; sustentabilidad y calidad de vida en general, el problema es que ese organismo es un grupo de empleados gubernamentales que trabajan, cómodamente, en oficinas equipadas y con aire acondicionado, pero además son un organismo descentralizado al cual los gobiernos le hacen caso si lo desean o, para ser más coloquiales, si les viene en gana.
Los partidos políticos tampoco toman en cuenta la información que aporta el IMPLAN para realizar sus propuestas y compromisos de campaña, en el caso de que los cumplieran. Son como decían los viejos sobre las campanas del templo: todos las pueden escuchar pero sólo el que quiere va a misa.
El IMPLAN tampoco puede ser una voz crítica que señale el mal manejo de aplicación de políticas públicas, la ineficiencia de dependencias estratégicas y, mucho menos, señalar cuando los intereses de algunos particulares estén yendo en contra del desarrollo sustentable de la sociedad en general.
Hay intereses mucho más poderosos que están en movimiento en contra del llamado Plan de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), a los cuales ha tenido que estarse enfrentando este proyecto del metrobús.
Sólo los cientos de miles de laguneros que se desplazan diariamente en autobús saben lo que esto significa.
Ya sea en el frío del invierno o a 44 grados centígrados en el verano, Ana tiene que esperar, a la altura del Bosque Venustiano Carranza, hasta una hora para abordar un autobús medio destartalado que la lleve a la altura del fraccionamiento La Amistad, en el oriente de Torreón, de donde todavía recorre al menos diez cuadras a pie para llegar a su casa, lo que le toma otra hora. Dos horas diarias para ir a su trabajo y dos horas para regresar; el equivalente a la mitad de su jornada de trabajo, lo que deteriora seriamente su vida familiar y, además, le implicará ahora un gasto de 52 pesos diarios, por 24 días al mes, lo que suma mil 248 pesos mensuales.
Al haber un incremento a 13 pesos, su gasto en transporte exige la quinta parte de su sueldo.
¿Cómo es posible que esto suceda en una ciudad apenas de
tamaño mediano? El pésimo diseño del sistema de movilidad urbana lo explica todo, pero detrás de él están políticos corruptos que jamás en su vida han empleado un autobús para transportarse.
El propio IMPLAN se ha encargado de recabar alguna información que es muy relevante en torno a cómo es que se da la movilidad de los habitantes de la zona metropolitana de La Laguna, aunque una parte de esta información tiene una metodología de recopilación que puede ser discutible.
Un dato que sí es comprobable con base en registros oficiales es que del año 2000 a 2014 aumentó en un 100% el número de vehículos registrados, con lo cual existen, a partir de ese año, 226 vehículos por cada 1000 habitantes y, en lo que es un pronóstico que resulta sumamente inquietante y sería deseable que no se cumpliera, para el año 2030 tendríamos en la zona metropolitana circulando 501 vehículos por cada mil habitantes.
La estadística actual es que hay 4.42 habitantes por cada vehículo, pero no existe algún método confiable para determinar qué porcentaje de la población realiza sus viajes en automóvil, ya que el número de personas por viaje por vehículo es variable, yendo de uno, que es lo más común, hasta cinco.
Textualmente los datos del IMPLAN señalan que diariamente en la zona metropolitana se realizan 2 millones 669 mil 464 viajes, “casi la mitad de ellos en automóvil y solo 30% en transporte público”.
En datos más precisos, un 49% se transporta en automóvil particular; 30% en transporte público; 19% a pie y solamente un 2% en bicicleta.
Como se mencionó la precisión de estos datos es discutible y el porcentaje de la población que se desplaza en transporte público puede ser más alta; en consecuencia más baja la que se transporta en vehículo privado.
Añade que de los torreonenses que trabajan fuera de su municipio un 48% lo hace en Gómez Palacio y un 45% de los gomezpalatinos que trabajan fuera de su municipio lo hace en Torreón, lo que da una idea de la intensa movilidad que se da en la zona metropolitana. Estos datos son más confiables, debido a que hay procedimientos para medirlos con mayor precisión.
El problema es que no se ha dado a conocer información precisa de cómo es que está conformado el sistema de transporte público: cuántos autobuses operan diariamente por ruta y cuál es el aforo real de pasajeros por ruta; cuáles son las horas pico; no se conoce la duración de los recorridos ni la frecuencia con que se ofrecen los mismos, en lo que debería de ser un sistema perfectamente sincronizado para el adecuado servicio al usuario.
Los gremios de transportistas suelen alterar cuál es el aforo real de usuarios y los funcionarios encargados de la supervisión y regulación del autotransporte se han caracterizado, no importa el partido al que pertenezcan, por la corrupción y los arreglos, lo que

incluye a venta de concesiones, la nula supervisión para checar la normatividad de operación y, en consecuencia, la inexistencia de sanciones y la circulación de una gran cantidad de vehículo que, por ley, ya no deberían estar circulando; verdadera chatarra que sale y vuelve a entrar al servicio con la complacencia de los gobiernos municipales y, en el caso de La Laguna de Durango, del gobierno estatal.
Leobardo Flores, quien fue por más de cincuenta años el líder de la CTM en Torreón y por más de 20 el líder estatal de ésta, que fue por décadas la central obrera más importante, dejó el cargo hasta su muerte (102 años), cuando ya era el líder sindical en activo más longevo del mundo. Siempre afirmaba: “Yo vivo de un camioncito que tengo trabajando en Torreón”.
Líderes transportistas viejos, como un Antonio Santillana, controlan más de 100 concesiones y condicionaban a los propios gobiernos. Si ellos no lo decidían, las rutas no se modificaban, aun cuando la ciudad estaba cambiando en su número de colonias y en la movilidad que obviamente necesitaba.
La vieja consigna, ya increíble, es que “el transporte no es negocio”, cuando sus propietarios han vivido y progresado de él por décadas y décadas.
El sistema de transporte urbano, aun cuando la zona metropolitana era la mitad de lo que ahora es, siempre ha sido un problema, motivado principalmente por la corrupción de los políticos y funcionarios públicos.
Los gremios camioneros se mantienen afiliados a centrales obreras, lo que es una completa contradicción, ya que los trabajadores son los que sufren tradicionalmente el problema de la ineficiencia del transporte público.
Hay gobiernos, pocos, que han sido de mano más dura y han presionado a los gremios de transportistas a actualizar sus unidades y un poco el servicio, pero otros gobiernos, como el actual de Jorge Zermeño Infante, están concediendo aumentos tantos a los autobuses como a los taxis sin tener siquiera una negociación enérgica.
El metrobús se construye ahora en lo que sería su línea
troncal, que partirá de la terminal que se ubicaba justo a la entrada de Torreón, junto al llamado “puente plateado”, recorrerá la calle Múzquiz y todo el boulevard Revolución para tomar la carretera Torreón-Matamoros y atravesar esta población, de ida y vuelta.
La longitud proyectada es de 24.8 kilómetros, utilizando autobuses extralargos, con una capacidad para 100 pasajeros, pero no del tipo “oruga”, que es el que más comúnmente se emplea en otros sistemas de metrobús, circulando sobre un carril especial y con terminales para el abordaje y descenso de los usuarios. El costo del boleto aún no ha sido determinado; tampoco cuáles serían las rutas alimentadoras con un sistema semejante de metrobús, no de las líneas que actualmente operan de manera tradicional.
El por qué no emplearán camiones “oruga” no se ha explicado del todo.
Ecológicamente, la entrada en operación de un sistema de metrobús representará, en caso de que se cambie los actuales autobuses por unidades nuevas extralargas, la eliminación de 21 mil toneladas de CO2, ya que la actual flotilla de autobuses que circulan en la zona conurbada son una de las principales fuentes de contaminación ambiental.
La terminación de la línea troncan que actualmente se construye se ha retardado por la falta de recursos, pero siguen los trabajos y se espera que pudiera entrar en funcionamiento a finales del presente año o principios del 2020. El resto de un sistema completo de metrobús para toda la zona metropolitana se ve como un proyecto a mediano y largo plazo, si existen los presupuestos públicos necesarios.
La única inversión en infraestructura que ha comprometido el entrante gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son precisamente 450 millones de pesos para concluir esta primera etapa del metrobús, pero el problema es cuando estarán disponibles dichos recursos, si la dependencias federales terminarán de reestructurarse hasta mediados de año, aunque eso es solo una estimación aproximada. En la opinión del IMPLAN, Torreón se encuentra en la posición 48 entre las principales ciudades del país en cuanto a movilidad urbana. El metrobús permitiría avanzar 10 o 12 posiciones.
Hasta ahora, los estudios como la realización del proyecto del metrobús en la parte de Coahuila (Torreón-Matamoros) han sido posibles gracias a la atracción de recursos de tipo federal, principalmente del llamado Fondo Metropolitano, que formaban parte del ramo 23, el cual ha sido prácticamente desaparecido por el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador.
Además de los recursos federales, se ha logrado canalizar recursos estatales, pero en la parte de La laguna de Durango (LerdoGómez Palacio) el proyecto del metrobús ha sido un desastre.
La totalidad de los fondos que debieron de ser dispuestos al mismo fueron desviados por el gobierno estatal anterior, a cargo del ex gobernador Jorge Herrera Caldera, pero con el nuevo gobernador, José Rosas Aispuro, de extracción panista, aunque realmente es un político renegado del PRI, las cosas han ido igual o peor.
La venta de concesiones de taxi o el regalo de las mismas a políticos, funcionarios y parientes de éstos se volvió una práctica de lo más común, dada su alta rentabilidad, lo que explica en buena parte su proliferación; un servicio de baja calidad con bastantes unidades sucias y en mal estado, choferes de caracter muy variable y severas irregularidades en el uso del taxímetro.

La razón principal es que el autotransporte de los municipios conurbados de La Laguna de Durango es manejado por el gobierno estatal, donde existen poderosos intereses del gremio camionero, el cual es manejado por políticos afiliados a centrales obreras como la CTM.
No ha habido tan siquiera un acuerdo sobre la ruta que debe seguir el metrobús en Gómez Palacio y Lerdo, mucho menos el proyecto ejecutivo, la canalización de recursos y el inicio de las obras. A la fecha no se ha hecho absolutamente nada y no hay indicios de que se vaya a realizar algo, a menos que una parte de los 450 millones prometidos, cuando finalmente lleguen, sean destinados en una parte para comenzar el proyecto en Lerdo y Gómez Palacio.
José Rosas Aispuro está tratando de rescatar “al menos la mitad” de una bolsa de 400 millones de pesos de recursos federales que debieron llegar en 2018, pero que hasta la fecha no han llegado.
La incompetencia del actual gobierno de Durango para atraer recursos federales para infraestructura ha sido una de las peores gestiones a nivel nacional. El gobierno está ya por su tercer año y la inversión pública registra uno de sus peores niveles en décadas.
La otra alternativa de transporte urbano son los taxis, cuyo servicio ha tenido una muy agresiva expansión en los últimos gobiernos, pero representa otro pozo de corrupción para los políticos y funcionarios públicos.
La venta de concesiones o el regalo de las mismas a políticos, funcionarios y parientes de estos, se volvió una práctica de lo más común, lo que explica en buena parte su proliferación.
La persona que adquiere las concesiones, que pueden ir
desde tres o cuatro hasta decenas, adquiere vehículos compactos con un consumo bajo de energía y mantenimiento barato, poniéndolos a trabajar bajo un sistema de arrendamiento.
Una persona necesitada de trabajo arrenda un taxi por 300 pesos diarios de renta o más y le dan de gracia sólo el domingo, lo que significa para el dueño de la concesión y del automóvil un ingreso mensual aproximado de 7 mil 800 pesos, con lo cual se paga el propio vehículo, su mantenimiento y queda una ganancia muy considerable, tomando en cuenta que el crédito del automóvil se paga en pocos años, si es que fue adquirido de esta manera.
Con el incremento recién autorizado, el banderazo de salida será ahora de 10 pesos y el “salto” cada 200 metros; el tiempo muerto pasó de $ 1.40 a $ 1.60, lo que significa un incremento del 14%, más tres veces el índice de inflación oficial de 2018, lo que convierte en caro este medio de transporte para el ciudadano común y lo saca de las proporciones de inflación nacionales.
Andrea, quien trabaja en el hospital del ISSSTE, ubicado frente a la Alameda Zaragoza en Torreón, vive en la colonia Las Dalias, al oriente de Torreón. Estaba pagando 140 pesos del hospital a su casa, cuando por alguna razón no puede trasladarse en autobús, pero ahora el costo subirá a 160 pesos, lo que ya es prohibitivo.
Un viaje en taxi de la Alameda Zaragoza al Hospital Los Ángeles, ubicado también en el oriente de Torreón ya era de 65 pesos sin tráfico pesado, pero ahora será de 75; 150 pesos ida y vuelta, algo que hace con frecuencia Antonio, quien es técnico en el mencionado hospital del ISSSTE en Torreón.
El incremento al pasaje de autobús fue de un 18%, lo que es una agresión a la economía popular, pero los políticos no viajan en autobús, menos el alcalde, quien jamás en su vida lo ha hecho.

Análisis político
por: Álvaro González

Ante la protesta y la denuncia ciudadana, el gobierno municipal de Torreón huye de los problemas y protege a funcionarios corruptos e ineficientes.
El incremento al transporte público de pasajeros hasta en un 18% por parte del ayuntamiento de Torreón encendió la protesta ciudadana, tanto entre el medio universitario como entre el resto de usuarios y ciudadanía en general, quienes se unieron en una manifestación para impugnar dicho incremento, el cual nunca fue consultado y mucho menos negociado, sino impuesto a través de una decisión autoritaria de la mayoría panista que conforma el cabildo de la ciudad.
El viernes 22, un numeroso contingente, compuesto por cientos de estudiantes y de ciudadanos, recorrió las calles del centro de la ciudad y se manifestó frente al edificio de la presidencia municipal, ubicado en la Plaza Mayor de Torreón.
Su propósito era pedir una explicación a las autoridades del porqué no fue tomado en cuenta el estudio realizado por un grupo de universitarios; exigir la presentación de dos estudios que dice haber realizado la Dirección de Movilidad Urbana municipal y un estudio más que afirman haber realizado los transportistas concesionarios.
Exigen un descuento del 50% en el costo del pasaje a estudiantes y personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, así como la destitución de Ana María Betancourt, regidora responsable de la Comisión de Autotransporte, quien encabezó la aprobación del incremento al interior de cabildo, donde los regidores de los diferentes partidos de la oposición se opusieron e incluso interpondrán recursos en contra de la medida.
El pliego petitorio, compuesto de 12 puntos, fue motivado principalmente por la postura de la mayoría panista del cabildo de no darle cabida al estudio que habían realizado los universitarios y a la opinión ciudadana.
La respuesta del gobierno municipal fue sorpresiva: salir corriendo masivamente del edificio de la presidencia municipal y cerrarlo a las dos de la tarde; dos horas antes del horario oficial de trabajo, para concentrarse, los principales funcionarios y miembros del cabildo, en un conocido y lujoso hotel del boulevard Independencia.
La intención de los manifestantes era la de dialogar con las autoridades y exigir que dé marcha atrás al incremento de las tarifas; que se mejore la deplorable calidad del servicio y que se den los descuentos preferenciales que no fueron considerados, como sí se hizo en el resto de los municipios del

Un
trabajador madrileño que gana el mínimo y toma cuatro autobuses diarios gasta el 5.8% de su ingreso en transporte, mientras
que uno con las mismas
características en Torreón gasta el 48%. Para equipararse a Madrid, ese trabajador torreonense debería pagar solamente 1.86 pesos por pasaje.
estado donde hubo incrementos al transporte.
Mientras la ciudadanía manifestante se encontró con un edificio de la presidencia municipal desalojado y cerrado, como si hubiese sucedido un siniestro, un grupo de agentes de tránsito y vialidad, compuesto principalmente por mujeres, denunció abusos de autoridad, un mal trato laboral e inclusive agresiones con implicaciones sexuales y de discriminación de género en contra de Pedro Luis Bernal, director de Tránsito y Movilidad del municipio, sobre quien ya existían múltiples quejas de abusos por parte de ciudadanos acosados con multas injustificadas, pero además por agentes hombres que también son sujetos a un mal trato laboral.
Una de las agentes formalizó su denuncia el pasado 15 de febrero ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ha sido secundada por la mayor parte del personal femenino que labora en la dependencia, así como otros agentes.
Ya anteriormente Pedro Luis Bernal sólo había recibido un “apercibimiento” por abusos de autoridad cometidos en contra de una ciudadana.
Si se consideran las condiciones en que se presta el servicio de transporte público en Torreón, el incremento de un 18 y un 14% en el mismo es muy difícil de justificar, aun considerando el incremento en el precio de las gasolinas, que ha sido poco en el transcurso del último año.
Como a Jorge Zermeño Infante le gusta mucho hacer referencia al hecho de haber ocupado la embajada de México en España, un nombramiento que el servicio diplomático de carrera calificó como tráfico de influencias, pues el actual alcalde de Torreón no tienen formación diplomática alguna y jamás había ocupado un cargo dentro de la diplomacia, el hecho es que tal nombramiento le permitió vivir en la ciudad de Madrid con un nivel de lujos propios de la realeza española, como se puede observar todavía en videos que permanecen en YouTube, realizados a petición de Astrid Casale, esposa de Zermeño Infante, que también se encargó de exhibir la ostentosa forma de vida del embajador en revistas tan difundidas como Hola, cuyas ediciones siguen a disposición de cualquier lector que deseé revisarlas.
Casale posó incluso con ropa y calzado de marcas renombradas y sus especificaciones correspondientes en los créditos del trabajo realizado por Hola, considerada como la revista más importante de temas de sociales en habla hispana. Será pertinente entonces hacer una comparativa de la calidad y costos del transporte urbano entre Torreón y Madrid. Alfredo Álvarez, licenciado en administración de empresas lagunero que desde hace un par de años radica en Madrid, nos relató su experiencia con el servicio e hizo un desglose del costo que representa para la ciudadanía en la capital española. Es obligatorio tomar en cuenta que esta capital internacional tiene el mayor ingreso per cápita de España, y Torreón es una ciudad media y barata del norte de México. En Madrid la ciudadanía puede adquirir un bono mensual de transporte que cuesta 53 euros, costo cercano a los 1’140 pesos mexicanos, según el tipo de cambio. Suponiendo que se toman cuatro autobuses diarios seis veces a la semana, como lo hace gran parte de la clase trabajadora torreonense, hablamos de 96 pasajes al mes, el costo del pasaje (sólo por razones laborales) para un madrileño equivale a poco menos de 12 pesos. Una persona en Torreón gastará en esos 96 viajes la suma de 1’248 pesos. En Madrid este bono puede ser utilizado indiferentemente a lo largo del mes, así que la inversión abarca también el uso del servicio los fines de semana o con cualquier otro fin extra al laboral, porque el bono incluso cubre el transporte en tren y metro. Se deben tomar en cuenta además otros aspectos. El salario mínimo en Madrid es de 900 euros al mes, es decir, 19’350 pesos; el salario mínimo en esta zona de México es de 3’080.4 pesos. Un trabajador de madrileño con el sueldo más bajo que toma cuatro autobuses diarios gasta el 5.8% de su ingreso en transporte, mientras que uno con las mismas características en Torreón gasta el desorbitado e incongruente 48%. Para equipararse a Madrid, ese trabajador torreonense debería pagar solamente 1.86 pesos por pasaje, cifra que se mantiene si hablamos de trabajadores que toman sólo dos autobuses al día, gastando el mexicano 24% de su salario, sólo en sí mismo, pues debe también entrar a la ecuación el gasto de otros miembros de la familia que dependen del mismo ingreso. Además, no es lo mismo el transporte urbano en Torreón que en Madrid. Según nos narra Alfredo Álvarez y se puede constatar fácilmente, todos los autobuses urbanos en Madrid son unidades modernas (con rampas para silla de ruedas, asientos especiales y zonas reservadas para carriolas), limpias, puntuales, con choferes altamente capacitados, con rutas y paradas bien establecidas y consultables, condiciones que en México no cumplen ni los autobuses de las líneas nacionales, mucho menos pueden ser comparadas con las del servicio de camiones de ruta en Torreón, y aun así nos resulta mucho más caro.

Análisis político
por: Marcela Valles

segunda parte
Nuestra memoria política suele ser muy corta, de ahí que los políticos puedan hacer todo lo que hacen y a la vuelta de pocos años las cosas quedan en el olvido, lo que les permite seguir con sus carreras e inclusive regresar a cargos públicos. Revisando la hemeroteca de Revista de Coahuila, se llega inevitablemente a la conclusión de que las capacidades para el ejercicio gubernamental de Jorge Zermeño Infante caen apenas dentro de la medianía, pero considerando que cuando ocupó por primera vez el gobierno municipal, de 1997 a 1999, hace 20 años, era un hombre en plenitud de facultades y hoy tiene 70 años, en apariencia no muy bien llevados.
Hoy es un hombre con un cierto dejo amargo que no le abandona nunca, una actitud cada vez más frecuente de arrogancia y una capacidad de adaptación y cambio severamente mermada. No parecen correr por él mayores emociones vitales,
por lo menos eso transmite cuando se le trata en corto durante las conferencias de prensa que ofrece o cuando se le observa en las sesiones de cabildo.
Después de haber concluido su primer año de gobierno e iniciar, por lo menos en el papel, un nuevo gobierno, era obligado que hiciera una evaluación sobre las cosas que iban bien y las que iban mal; sobre qué funcionarios estaban haciendo bien su trabajo y quiénes era necesario removerlos de sus cargos. Nada de eso, todo siguió exactamente igual.
Sólo en apariencia, porque al lograr la reelección e iniciar su segundo gobierno que será de tres años y representará la culminación de su carrera política, acentúo su arrogancia y comenzó a mostrar que no le importa ni la opinión de los medios ni la de sus opositores legítimos, pero tampoco le importa mucho lo que opine la sociedad civil, inclusive la parte de ella que le llevó al poder.
No se trata de hechos aislados, sino de un comportamiento y un estilo muy definido de gobernar.

En enero el grueso de las organizaciones ambientalistas más reconocidas en la región abandonó el Consejo Municipal del Medio Ambiente de Torreón, por considerar que la postura del gobierno municipal no tiene ningún interés en comprometerse en la protección del medio ambiente, por el contrario, defiende a las principales emisoras de contaminación de la región.
El director municipal del medio ambiente, Felipe de Jesús Vallejo López, se quedó socialmente solo, sin ningún apoyo ciudadano. Zermeño Infante reaccionó mencionando que los ecologistas estaban en todo su derecho de tomar la decisión que quisieran. No medió, ni buscó conciliación con ellos, sencillamente el mensaje fue: “si se van, no importa; que se vayan”.
Dos meses después, sin volver a consultar a nadie, implementaron la verificación vehicular, pero con fallas operativas constantes y con el rechazo ciudadano, que parece tampoco importarle en lo más mínimo.
Al elaborar su propuesta de ley de ingresos, Zermeño Infante mandó al Congreso del Estado un proyecto que
Jorge Zermeño, un hombre en el que la ciudadanía torreonense ha puesto su confianza electoral en tres ocasiones, hoy desdeña con una preocupante facilidad apática las denuncias por corrupción que hacen sus propios funcionarios, a los medios de comunicación, a sus opositores políticos y, lo que parece ser más grave, la opinión y el enojo de la sociedad civil, todo dentro de un gobierno municipal que ha comprobado ser altamente ineficiente y estar sumido en la falta de transparencia.
implicaba un incremento al impuesto predial enorme, tanto que los propios diputados del PAN consideraron que era imprudente e iba a levantar la irritación ciudadana, por lo que finalmente sólo le autorizaron un 16% de incremento en promedio general, más de tres veces el índice inflacionario anual de 2018.
En esta ocasión Zermeño Infante cargó con todo en contra de la clase media y media alta, donde el PAN tiene su clientela más fiel, de ahí que Marcelo Torres Cofiño, quien dirige a la bancada panista ante el Congreso del Estado, tuvo que parar la pretensión de disparar el cobro del impuesto predial, aunque accedió al 16%: el incremento más alto entre los 38 municipios de Coahuila.
En febrero se destapa un escándalo de corrupción en la Dirección General de Desarrollo Económico, con la renuncia de Andrea Salmón. Zermeño se niega a declarar al respecto, se limita a enviar un escueto comunicado, donde se anuncia que se fusionan las Dirección de Desarrollo Institucional y la de Desarrollo Económico, bajo el mando de Francisco Jaime Acosta, pero no se corrige la eliminación del presupuesto ni se toma medida alguna en contra de la corrupción.
Los empresarios, a través de las cámaras y organismo, han propuesto que no sólo se restablezca la Dirección General de Desarrollo Económico, sino que el municipio requiere crear una dependencia de fomento económico fuerte y con un presupuesto adecuado. Proponen inclusive a algunas personas que reúnen bien el perfil. La respuesta de Zermeño Infante es el silencio.
El Consejo del SIMAS le expone en corto al alcalde que el manejo financiero y operativo del organismo descentralizado deja mucho qué desear y se requieren cambios urgentes. En particular el manejo financiero es muy poco trasparente y se requiere de una auditoria a fondo.
La respuesta es la intensión de Zermeño Infante de retirar del consejo a los representantes del medio empresarial, que se han vuelto incómodos, para sustituirlos por ciudadanos, en lo que sería un consejo todavía más a modo.
Ante sus abusos, a la CFE no la enfrenta ni negocia con la dureza con que trata otras demandas, sino que accede a

pagar casi 30 millones de pesos, de los cuales 20 millones se toman del presupuesto municipal. Ante el cabildo se comporta nuevamente con arrogancia y manifiesta que está en lo correcto, no le importa lo que piensen los opositores y los medios, ni lo que sucede en el vecino municipio de Gómez Palacio. No tiene energía para una confrontación y toma el dinero de la tesorería municipal para hacer el pago de los adeudos del SIMAS, cuando el sistema es un organismo descentralizado, autónomo y autosuficiente.
En marzo tiene otra cita con los intereses de la ciudadanía, en este caso con los sectores populares del municipio: la pretensión del incremento al costo del transporte público.
Otra vez la arrogancia: “todo ha subido, ustedes también (refiriéndose a los reporteros que cubren la fuente) cobran más cara la publicidad”. Justifica que el pasaje del transporte urbano suba de 11 hasta 15 pesos, pero de inmediato viene una reacción de protesta ciudadana.
Sin hacer caso a la misma y utilizando la amplia mayoría que controla en el cabildo, Zermeño Infante autoriza un incremento del 18% a los autobuses y un 14% a los taxis. Le esperan protestas ciudadanas, pero los transportistas se han tratado de adelantar argumentando que el incremento no sólo es excesivo sino que se quedó cortó, que están inclusive perdiendo, más que tener un negocio rentable, lo que es el planteamiento cínico de siempre.
Para él lo fundamental se ha vuelto el obtener recursos económicos, utilizando todos los medios a su alcance, pero debido a que el gobierno del estado ha planteado la orientación del gasto público a drenaje y pavimentación (200 millones del gobierno estatal y 200 millones del gobierno municipal), Zermeño infante desea tener recursos para seguir haciendo obras como las que realizó en 2018: hermoseamientos, mantenimiento urbano, etc., en las cuales se invierten cantidades importantes de dinero sin ninguna licitación formal y sin ningún rendimiento de cuentas.
Los comerciantes del Centro Histórico, por citar sólo un ejemplo, están demostrando documentalmente que el dinero etiquetado para el mejoramiento de esta zona de la ciudad, el cual se cobra junto con el impuesto predial, fue desviado a una serie de gastos muy diversos, donde las cuentas no concuerdan. Hay desorden en la cadena de mando en la estructura del gobierno municipal pero lo más delicado es que cada vez existen más filtraciones de que gente muy cercana al alcalde está interviniendo desde fuera en la asignación de contratos y en la asignación de obras. Esto se está volviendo cada vez más difícil de ocultar y es cosa de tiempo para que comience a trascender a la opinión pública.



#330 marzo de 2019
Vistas desde enero, las elecciones para renovar los 39 ayuntamientos de Durango se veía como un pan comido para MORENA, el partido oficial, pero a punto de que inicie formalmente el proceso las cosas se ven distintas y, los hechos muestran que el asunto no va a ser como las fiestas de Alonso: puro comer, bailar y cantar para los morenistas. El problema más peliagudo que tendrán que librar está dentro del mismo movimiento, donde la Torre de Babel se queda cortísima ante las luchas internas de quién sabe cuántas facciones y quién sabe cuántos precandidatos para, finalmente, tener listos a quienes competirán por Gómez Palacio y Lerdo. Existe una enorme confusión y una cosa es la popularidad presidencial, que ciertamente está por las nubes, y otra puede ser unas elecciones municipales. Para ejemplo está el caso de Coahuila, donde el año pasado en las elecciones municipales MORENA no pudo llevarse sino algunos municipios chicos y uno mediando (Piedras Negras), porque en todos los demás o ganó el PAN o, cosa que pareciera exótica, ganó el PRI, como fue el caso de Saltillo, la capital.
Una cosa nueva es que los partidos políticos que ahora son oposición o son contrarios a MORENA, es que ya entendieron que más vale perder una alcaldía ante un contrincante conocido que hacerlo contra MORENA, porque saben que quedarán sujetos a pan y agua y les ningunearán como se le antoje a los “superdelegados” o a políticos y funcionarios que ni siquiera conocen. Así que estamos ante tres factores inesperados para las elecciones de Durango que están en puerta: la enorme división interna de MORENA; el hecho de que serán elecciones locales donde los candidatos cuentan más que los partidos y, tercero, la oposición están haciendo en la práctica un frente común para contener a MORENA y a el PT, que es el partido que está pidiendo para sí el estado de Durango, como si fuera una prebenda política que le deben.
Por lo que se ha visto, una cosa son las elecciones de diputados locales, federales y senadores cuando coinciden con la elección presidencial (de ahí la mañosa propuesta de ratificación de mandato de AMLO se quiera empatar con las elecciones de diputados federales y senadores), pero otra cosa muy distinta son las elecciones municipales cuando van solas, como es el caso de Durango. En esta ocasión todo el aparato publicitario nacional de MORENA no va a poder acudir a lograr que candidatos que nadie conoce ganen diputaciones y senadurías, porque se cruza la boleta en automático guiándose por la simpatía hacia el candidato presidencial. Ahora los candidatos, aunque vayan bajo las siglas de MORENA tienen que librar la elección por sí mismos, pues el factor más determinante es quién es el candidato. La única marca que tiene problemas de rechazo muy fuerte es el PRI, por razones bastante obvias, pero por ejemplo el PT es una marca que no le dice casi nada a la mayoría de los electores y esa marca puede ser la que avale a varios de los candidatos a alcaldes.


por:Marcela Valles Análisis
La principal obra turística construida en Torreón en los últimos años pasó de ser recipiente de duras críticas a tener una concurrencia de casi 5 mil personas cada fin de semana.


Decía don Luis González, nuestro máximo microhistoriador, que todos creemos que nuestro terruño (él le decía nuestra “matria”) es el lugar donde se dan las tardes más hermosas, la comida más sabrosa, los mejores amigos… Es el lugar donde nacimos y crecimos; nuestra “matria”, muy diferente a la patria, que es sólo un concepto y, para propósitos prácticos y afectivos, puede ser bastante difuso y distante. ¿Quién de Mérida ama a Querétaro o a Saltillo?
En la realidad nuestra “matria” puede ser, objetivamente, un pueblo o ciudad bastante feo, sin mayores gracias si se le compara con otros lugares mucho más hermosos, pero ahí está nuestro ombligo vital y es, en muchos sentidos, como una madre, y ya se sabe la adoración que le profesamos los mexicanos a quien nos parió y amamantó.
El problema es cuando quieres que otros que vienen de fuera vean a tu “matria” como tú la ves o, cosa más difícil, ver de nuevo a tu ciudad cuando llegas de un viaje donde has visto lugares mucho más hermosos y atractivos.
Hace algo más de un año se inauguró en Torreón el teleférico, con una inversión de 169 millones de pesos que aportó el gobierno federal.
Desde el anuncio de la obra todo se fue en críticas. ¿Cómo gastar esa cantidad de dinero en un teleférico en Torreón? ¿Para qué quieres un teleférico en Torreón? Y de ahí hasta las descalificaciones más hirientes posibles. Era cierto, había otras necesidades para invertir en ellas 169 millones de pesos, pero finalmente la versión oficial era cierta: se trataba de un dinero etiquetado expresamente para utilizarse en un teleférico. Si no se hacía, el dinero se iba y si se empleaba en otra cosa, era desviación de recursos federales, un problema en el que nadie se iba a meter.
En diciembre pasado llegaron los parientes y había que sacarlos a pasear. Un restaurante nuevo, sí, porque hay muchos; un bar o café, sí, porque hay muchos nuevos; una nieve de Chepo, sí, es como de obligación. ¿Y luego? Pues un paseo por la Morelos, que también es algo nuevo; una entrada


al Museo Arocena, que tenía una exposición de muy discutible arte contemporáneo, que no gustó a la mayoría del grupo y luego vino la idea de subir al teleférico, para aprovechar la tarde que, en diciembre, ofrecía un clima muy agradable.
El problema fue que al llegar a la entrada del teleférico había una “cola” de alrededor de 200 personas y una espera calculada en no menos de una hora y media.
Difícil imaginarlo, pero entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero 18 mil personas subieron al teleférico, de acuerdo a los registros de la propia taquilla.
En un fin de semana ordinario, que incluye sábado y domingo, utilizan el teleférico un promedio de 4 mil 800 personas; 2 mil 400 por día, lo que se ha ido incrementando a lo largo de todo el 2018 y lo que va de 2019, según lo confirma José Antonio Olivas Muruaga, encargado del teleférico.
Son nueve góndolas, con capacidad para 7 u 8 personas cada una de ellas, pero se tiene contemplado agregar nueve góndolas más, dependerá de que se dispongan de los recursos para ello en este año de 2019.
El equipo es de procedencia italiana y el mantenimiento lo realiza cada año un equipo de ingenieros colombianos. Salvo dos o tres incidentes de atasque, hasta la fecha ha funcionado
con toda normalidad y un muy alto índice de seguridad.
La administración y manejo del teleférico está a cargo del gobierno estatal. De los ingresos recabados, un 20% es para la iglesia católica, con el fin de que lo destine al mantenimiento y mejoras del Santuario del Cristo de las Noas, esto por un periodo de tiempo transitorio, y otro 10% se destina al DIF de Torreón para asistencia social, por tiempo indefinido.
Este año el DIF municipal recibió un cheque por 400 mil pesos, correspondiente a la aportación de 2018.
Teniendo Torreón y en general la zona conurbada tan pocos atractivos turísticos, el teleférico se ha convertido en uno de ellos.
El paseo es atractivo, tanto para los adultos como para los menores; para los laguneros, que comprenden un 60% de los usuarios, como para los turistas que acuden a la región.
Las góndolas van del centro de la ciudad al santuario del Cristo de las Noas, donde el mayor atractivo es el mirador escénico de la zona metropolitana, que resulta especialmente agradable durante la tarde y las primeras horas de la noche.
Enseguida está el santuario religioso como tal y el paseo en sí mismo de viajar en las góndolas sobre la ciudad.
Mateo Dávila, quien es acompañado por su esposa, dos hijos y tres nietos, quienes radican en un condado cercano a la ciudad norteamericana de Chicago, manifiestan a esta periodista que es muy agradable regresar a Torreón y encontrarse con lugares nuevos, como la Plaza Mayor, el paseo Colón y el teleférico.
“Qué bueno que haya cosas nuevas y que Torreón


progrese” comenta doña Otilia, su esposa. “Vamos a aprovechar el paseo aquí en el teleférico para darle gracias a diosito que nos permite visitar de nuevo nuestra tierra y que venimos con bien. Es un paseo muy bonito y mire, en diciembre y yo ni frio siento, allá ahorita se pone feísimo el frío y uno extraña pues el lugar donde vivimos gran parte de nuestra vida; nos fuimos hace ya 15 años y hace más de cinco que no habíamos podido venir”. El teleférico sigue siendo un reto, pues aún no es autosuficiente, pero se espera que pronto alcance ese primer propósito.
“Ya en lo básico sí se cubren los gastos” expone José Antonio Olivas, “pero todavía se requiere de apoyo de la Secretaría de Infraestructura, como organismo descentralizado que somos. Lo más caro es el cobro de la CFE, que se ha incrementado mucho. Usamos un motor de 200 caballos, de 400 volts, que tiene que estar prendido al menos 8 horas diarias continuas, pero yo creo que si seguimos con esta tendencia como la de 2018, el teleférico va a ser autosuficiente en todos sus gastos”.
Existe el proyecto de la construcción de un parque ecológico en la parte más baja del cerro de las Noas, a base de terrazas, el cual ya se encuentra en su primera fase, pero las dificultades económicas que se han presentado en el presente año de 2019, podrían retrasar la construcción de dicha atracción.
Por su parte, el obispado, que originalmente había rechazado el apoyo del 20% de los ingresos del teleférico, luego del ambiente de crítica que se generara en el año de 2017, ahora ha pedido ese apoyo para el mantenimiento del santuario. Es un 20% que ayudará a terminar algunas capillas y realizar trabajos de pavimentación, además del mantenimiento.
El gran salón, que originalmente se contemplara como un restaurante, está teniendo atractivo para la realización de ciertos eventos, como bodas y algunos otros eventos muy diversos, debido a la facilidad y seguridad que ahora brinda el servicio del teleférico.
Tener una boda en un lugar que cobra proporcionalmente barato en relación a los casinos de la ciudad, con un escenario nocturno como el mirador escénico y su explanada, definitivamente es algo muy atractivo que el obispado debería estar promoviendo, lo mismo que otros eventos.



Como gran parte de los actuales funcionarios de primer nivel del gobierno municipal que preside Jorge Zermeño Infante, Francisco Jaime Acosta, quien en su currículum se presenta como consultor en economía, negocios y desarrollo institucional, fue colocado como Director General de Desarrollo Institucional, por la principal y única razón de ser amigo de Zermeño Infante, al menos desde que formó parte de su primer gobierno hace 20 años. Después del escándalo suscitado en torno a la Dirección General de Desarrollo Económico, donde se evidenciaron graves anomalías, denunciada por su propia titular, Andrea Salmón, quien renunció públicamente al cargo, el alcalde determinó fusionar la Dirección General de Desarrollo Institucional, que por cierto tiene funciones y una utilidad muy difusa, con la Dirección de Desarrollo Económico, ambas bajo la dirección del mencionado Francisco Jaime Acosta.
En su edición 24, la de septiembre de 1992, Revista de Coahuila denunció la corrupción y la deshonestidad intelectual de Francisco Jaime (en contubernio con Alberto González Domene, entonces funcionario con un puesto equivalente al de Director del IMCE), quien comenzaba a venderse en el medio como intelectual y experto en temas de economía y desarrollo institucional.
Sin importar tales antecedentes, cinco años después fue llamado por Zermeño Infante para formar parte de su gobierno y, en 2018, lo llama nuevamente para ocupar un dirección que parece creada a modo para el personaje, quien ahora se ocupará además de la Dirección General de Desarrollo Económico.
En pocas palabras, para limpiar la corrupción se ha colocado en Desarrollo Económico a un personaje probadamente corrupto y deshonesto.
Con la reedición que el tiempo amerita, reproducimos aquí aquel análisis de la ética literaria de Acosta, escrito en 1992 por Gerardo García, académico e investigador, y que expone, de forma contundente, quién es, intelectualmente, Francisco Jaime Acosta.
*crítica cultural publicada en nuestra edición #24, en septiembre de 1992
El libro Miradas para un fin de siglo, de Francisco Jaime Acosta, recopilación de artículos periodísticos, editado por el Ayuntamiento de Torreón, bajo el sello de ENORME, constituye, sin duda, el más escandaloso fraude cometido en la historia de la cultura lagunera.
El autor del ilícito, dotado de una proclividad natural para la usurpación de textos ajenos, delito que demostraremos con pruebas irrefutables, pretende engañar a los lectores comarcanos escudándose en una falsa erudición que lo envalentona para pontificar sobre temas como “política mexicana, economía y empresa, panorama internacional, sociedad y estado, filosofía y religión, arte y literatura”, según lo afirma el anónimo autor de la cuarta de forros de “Miradas…”. Tales palabras hacen pensar que somos unos suertudos, pues habita en nuestro medio un portentoso intelectual que posee las virtudes de Gabriel Zaid, Luis Villoro, Enrique Krauze, Luis Cardoza y Aragón y Octavio Paz. Por desgracia, el examen del libro arroja un resultado deprimente: Jaime Acosta es un simple robasolapas, un plagiante cuartaforrero. Además, cuando se atreve a practicar la honestidad, emite opiniones errabundas que denuncian el conocimiento erróneo de los asuntos tratados. Procedamos con los hechos.
El texto “Dos alternativas políticas” es claro ejemplo del torpe método empleado por el autor; únicamente se dedica a reproducir fragmentos de una entrevista a Octavio Paz publicada en “El Ogro Filantrópico”, en la cual el poeta afirma que las únicas alternativas políticas, luego de la matanza de “Los Halcones”, son la democracia y la dictadura. Tras llenar dos páginas en que abundan las comillas, el irritila, en vez de arriesgarse a establecer un juicio crítico, recurre a formular un incensario elogio: “La reflexión arriba citada muestra la gran acidez, clarividencia, inteligencia, ingenio del gran poeta mexicano que se revela también como uno de los grandes pensadores contemporáneos.” (p.35)
Por supuesto: ante la incapacidad intelectual para interpretar las ideas ajenas, resulta más fácil, repartir elogios vacíos de significado, pues ahorra los contratiempos que implica el pensar. Este fácil recurso lo empleará en repetidas ocasiones, como será visto después.
por:
Gerardo García
“Dinero y felicidad” manifiesta, de manera indubitable, las creencias bioeconómicas de Jaime Acosta: así, preocupado por la miseria humana, se plantea la siguiente interrogante existencial: ¿Significa el dinero felicidad? ¿Qué tan importante es el bienestar material?” (p.199). Para responder a ese insondable acertijo, recurre a la dudosa autoridad de una encuesta efectuada en Estados Unidos; la conclusión a la que llega es iluminadora: merece citarse íntegra.
«Es por lo tanto erróneo afirmar que el ingreso por sí mismo conduce a la felicidad; es lo que el ingreso compra lo que puede causar que los individuos respondan que son más felices cuando tienen altos niveles de ingreso.» (p.200)
Por lo tanto para determinar la amargura provocada por los problemas de la mugrosa vida, tendremos que acudir a Hipermart y comprar, si el billete alcanza, diez kilos de filete marca Felicidad: el epílogo riñe, en profundidad metafísica, con las teorías de Ana María Rabaté: “Por lo menos, podemos estar seguros que el bienestar material juega un importante papel en la felicidad de los individuos” (p.201). Og Mandino, José López Portillo y Pablo Escobar Gaviria avalarían tan sentencioso apotegma.
“El concepto filosófico del hombre” (vaya título para un artículo periodístico) pretende desentrañar la esencia de la naturaleza humana. Perogrullo, Jaime Acosta nos sorprende con una enceguecedora obviedad: “el hombre es un animal, primeramente; y, en segundo lugar, el hombre es un animal raro, de especie única.” (p.201) Pero no es todo; orondo por sus geniales dotes pseudofilosóficas, se desata en una insultante orgía de verdades archisobadas: “El hombre, con toda su debilidad, posee una arma terrible: la inteligencia.” (pp.201-202); “El hombres es -acaso sobre todo- capaz de reflexión (…) Puede pensar en sí mismo, se preocupa de sí mismo, se pregunta por


el sentido de su propia vida.” (p.202); “El hombre descuella por encima de toda la naturaleza.” (p.202) “también parece ser el único animal que tiene clara conciencia de que ha de morir.” (p.202) En suma, el tautológico texto es un resumen escolar que, con lastimera audacia, ambiciona condensar, en dos ridículas páginas, veinticinco siglos de filosofía occidental. Tan grotesca osadía sólo es superada por el obsceno manual “Metafísica en 40 lecciones”. Otro suculento entremés: “La misión del hombre” nos concede paladear varias frase deliciosas: “No se puede ir imprudentemente en contra del destino que Dios ha inscrito en lo más íntimo de nuestro ser.” (p.210); imposible expresar, de manera más concisa, el determinismo religioso que niega el libre albedrio, uno de los puntos axiales del cristianismo. Enseguida transcribo un párrafo digno de Fulton J. Sheen, El Hermano Galván, y Jimmy Swaggart:
«Los hombres no tendrán reposo hasta el día en que hayan comprendido por qué razón han de vivir y morir. Ese día habrán afianzado en su existencia una corriente irresistible de fe y de certidumbre que les permitirá entregarse alegremente a la tarea de vivir.» (p.210)
¡Bendito seas, santo apóstol del optimismo, por habernos revelado el sentido de mi gris existencia! A partir de hoy, mis lecturas favoritas, las obras de San Agustín, Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, serán sustituidas por tus páginas rebosantes de misticismo chatarra. También los artículos “La Puerta angosta”, “Iglesia y Estado” no le van a la zaga a los dos mencionados. En realidad, tales divagaciones encajan mejor en publicaciones ad hoc como son: Esquila misional, La familia cristiana, Aguiluchos o de perdida en las memorias del Movimiento Cursillista.
La sección final del libro fiscalizado ostenta el temerario título “Arte y literatura”; lo más risible es que todos los escritos que conforman este apartado hablan de literatura, pero ninguno de arte. Si el lector piensa encontrar alguna opinión sobre pintura, música, escultura, su búsqueda será vana. No hay duda: preferible ser modesto a caer en pomposidades innecesarias que sólo confirman una enconada ignorancia. “Realismo mágico” ejemplifica el desconocimiento sobre dicho movimiento, pues Jaime Acosta comete varias omisiones y un gran desliz. Veamos las pruebas.
«El boom es un movimiento literario que surge en toda América Latina representando otro tipo de realidad. Fue un florecimiento de la literatura que muestra la realidad social y la explica a través del método (sic) conocido como “realismo mágico”.» (p.232)
El boom fue, principalmente, un movimiento literario apoyado por el órgano cultural de la triunfante Revolución Cubana, la prestigiada Casa de las Américas, que impulsó la publicación de autores simpatizantes, en ese tiempo, con el régimen castrista: Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, por nombrar a los más connotados. Además también influyó la gran difusión que significó publicar en la importante editorial española Seix Barral, lo que permitió que la narrativa latinoamericana alcanzara nombradía transcontinental.
El desliz perpetrado por Jaime Acosta consiste en bautizar al “realismo mágico” de método; si en eso consistiera, cualquiera podría, mediante meras recetas, crear obras excelentes como Cien años de soledad, El siglo de las luces, La casa verde. Tales fórmulas serían más codiciables que la piedra filosofal. Por último, el término “realismo mágico” no fue inventado por ningún miembro del boom. Su creador fue el ensayista peruano José Carlos Mariátegui, quien lo acuñó en 1928 al reseñar el libro “Nadja” de André Bretón.
Llegamos, por fin, a la parte espinosa de nuestra acusación. Señalaremos los lugares en que sorprendimos al responsable de “Miradas…” en flagrante latrocinio.
a) En “El Nobel y Octavio Paz”, fechado en diciembre de 1985, Acosta se indigna por el premio conferido al escritor francés Claude Simon, aunque sospechamos que desconoce la obra del autor galo. Para reparar el supuesto atropello, trata de justificar la calidad literaria de Octavio Paz, pero en vez
«Jaime Acosta es un simple robasolapas, un plagiante cuartaforrero. Además, cuando se atreve a practicar la honestidad, emite opiniones errabundas que denuncian el conocimiento erróneo de los asuntos tratados.»
de esforzarse por dar un juicio sobre su admirado poeta, comete un acto que, lo confieso, me parece repugnante: transcribe el texto íntegro de la cuarta de forros de “El laberinto de la soledad” sin molestarse por mencionar la fuente de donde la obtuvo, con la evidente y aviesa intención de hacerlo pasar, ante los ojos del engañado lector, como suyo; en poca palabras, Francisco Jaime Acosta ha cometido un descarado plagio. El que desee corroborarlo, coteje la página 224 de Miradas… con el susodicho texto.
b) En el mismo artículo, en la página 235, de nuevo se atribuye un texto ajeno pero ahora de la cuarta de forros de Corriente Alterna, publicado por Siglo XXI. Aunque en descargo del Raffles lagunero, en este caso fue mesurado: sólo se agenció la mitad del texto.
c) El modus operandi se repite en “Carlos Fuentes: lo nuestro”; tras una marejada de halagos al autor de Zona sagrada, única virtud que posee el irritila, detectamos otra anexión:
«El repertorio de referencias culturales de una de las últimas novelas de Carlos Fuentes, Terra Nostra, no se limita a abarcar la totalidad de los códices literarios de nuestro tiempo: incluye asimismo en prodigiosa síntesis, historia y pintura, lingüística, mitología, poética. Es para algunos paradigma fecundo de la escritura, de saqueo cultural de todo el ámbito de la lengua española, no es sólo la obra mayor de Carlos Fuentes, constituye también, sin lugar a dudas, uno de los grandes monumentos de la novelística escrita en nuestro idioma.» (p.241)

Sin embargo, en este caso el plagio presenta una nueva modalidad: el párrafo anterior es un resumen, no de la cuarta de forros, sino de la solapa del libro Terra Nostra, editado por Joaquín Mortiz. El Comandante Xerox ha perfeccionado sus perversos métodos: se “fusiló” sólo el inicio (desde “El repertorio de”, hasta donde leemos “mitología, poética”) y el final de la solapa (a partir de “Es para algunos paradigma…”) Tal vez creyó que así embozaría el hurto. El texto “saqueado” pertenece al escritor español Juan Goytisolo.
d) El zalamero artículo “Fernando del Paso: nuevo gigante de las letras” es signo inequívoco de la nula capacidad crítica exhibida por el usurpador en cuestiones literarias. Así,
entusiasmado por la novela Noticias del Imperio, articula un descomunal juicio: “Del Paso es sin duda alguna el nuevo gigante de las Letras Mexicanas. Enseguida algunas razones que apoyan lo anterior.” (p.251) Pero en vez de apoyar su torpe aseveración en criterios contundentes, se limita a transcribir -de nuevo el evidente plagio- la ficha biográfica de Del Paso que aparece en la citada novela. Después el impostor afirma: “Habiendo leído únicamente la más reciente de sus obras, le dedicaremos un espacio mayor. Para las dos primeras recurriremos a las opiniones orientadoras de dos especialistas.” (p.252) ¿Cómo es posible que alguien pretenda instaurarse en conocedor supremo de la producción literaria mexicana, si ni siquiera ha leído toda la obra de su ensalzado? El resto del lamentable artículo es una reseña de las opiniones, estas sí originales, de Sara Sefchovich y Fábienne Bradu. Pero, ya aclimatado en las faenas anexionistas, se adjudica parte del texto de su manoseada cuarta de forros de Noticias del Imperio (segundo párrafo de la página 253 de Miradas…).
e) Prueba palmaria de que Francisco Jaime pasa por escritor a costa de los demás, la encontramos en “Juan Rulfo:

narrador excepcional”, donde impúdicamente reincide en su manía cuartaforrera; con singular destreza, hurta sólo la porción del texto que, al mismo tiempo lo acredite de profundo conocedor de “El llano en llamas” y no lo ponga en vergonzosa evidencia. Invito al lector a que revise la edición del libro mencionado con fecha de 1985, impreso por el Fondo de Cultura Económica, en su “Colección Popular” y lo compare con la página 237 segundo párrafo de “Miradas…” si usted tiene la suficiente curiosidad, hará el siguiente hallazgo: el burdo señor Astrain omitió las líneas que lo hubieran desenmascarado: “El propio Rulfo ha dispuesto el orden de los cuentos en esta edición y entre ellos reaparece, tras larga ausencia, ‘Paso del Norte’. También ha corregido, mínimamente, los textos.”

Andrea Salmón renunció públicamente a la Dirección General de Desarrollo Económico denunciando una grave corrupción. El alcalde determinó fusionar la instancia con la Dirección General de Desarrollo Institucional, que por cierto tiene funciones y una utilidad muy difusa, ambas bajo la dirección del mencionado Francisco Jaime Acosta.
¿Cómo es posible que un libro tan deleznable como “Miradas para un fin de siglo” haya encontrado editor, y lo más condenable, que con los impuestos de los torreonenses se promueva la piratería intelectual? La razón es sencilla: La Comisión de Arte y Cultura del Ayuntamiento es regenteada por el ubicuo Alberto González Domene, miembro de “la cofradía de la mesa sabatina de los manteles amarillos” a la cual también pertenece Francisco Jaime Acosta, como éste lo confiesa (p.204).
En conclusión, Francisco Jaime Acosta actúo con todas las agravantes, sabía perfectamente que su única posibilidad para ingresar al gremio de los escritores era cometer la máxima abyección, la peor deshonestidad: el plagio.
Incluso el inculpado le dedica un encomio inaudito: “Alberto González Domene: artífice de la palabra”. Donde lo compara, sin ruborizarse, con ¡Mallarmé, Rimbaud, Válery Paz y Borges! A propósito de “Monadas Metáforas”, simpática plaqueta que la Universidad Autónoma de Zacatecas editó en un acto de altruismo e ingenuidad. Claro que los elogios tienen un precio; Jaime Acosta se los cobró a su cuate Domene y éste, para esos son los puestos burocráticos, cargó la cuenta al erario municipal. Todo queda en familia. En el número anterior de Revista de Coahuila (25, agosto de 1992) fue criticado otro esperpéntico bodrio y ENORME engendro: “Caminos de ayer”, cuyo autor también es amigo del parcial Domene. Entonces comprendemos que la política editorial del Ayuntamiento se rige por criterios ajenos a la calidad requerida para que una obra merezca ser publicada. Lo único importante es ser miembro de la corte presidida por el Zar de la cultura lagunera. Sin embargo, como hemos visto, los resultados han sido desastrosos. En cambio el proyecto editorial del Patronato del Teatro Isauro Martínez ha editado obra de escritores profesionales: Manuel Plana, Saúl Rosales, Salomón Atiyeh, Jaime Muñoz, entre otros; todos ellos comprometidos con el oficio escritural, que han dedicado un largo tiempo a crear una obra propia, original, sin necesidad de recurrir a medios condenables. Cualquier escritor, así sea el poeta ultracursi o el cuentista poco talentoso producen una obra de mayor valía por auténtica, pues tienen el valor de publicar, con su firma, sus propios trabajos. Sin duda, Francisco Jaime Acosta y su cómplice Domene creyeron que el peculado pasaría inadvertido, pues ya que los torreonenses leen poco, nadie detectaría sus turbias maniobras. Estamos seguros de que nuestra labor profiláctica detendrá posteriores brotes de plagiofilia.

¿Cómo es posible que un libro tan deleznable como “Miradas para un fin de siglo” haya encontrado editor, y lo más condenable, que con los impuestos de los torreonenses se promueva la piratería intelectual? (En foto: González Domene. El Siglo de Torreón)


Por: Lucila Navarrete Turrent
Doctora en Estudios Latinoamericanos
Universidad Nacional Autónoma de México Periodista e investigadora torreonense

Sobre Lasbuscadoras(2019), de Érika Soto y Walter Salazar
Las mujeres suelen resistir mejor al deseo de autodestruirse ante experiencias traumáticas.
Algo así leí hace años en un precioso trabajo de Elizabeth Jelin. El cautiverio o la pérdida de un ser querido prueban al “yo” porque “sus egos no están centrados en sí mismas”, dice Jelin: se dirigen hacia su entorno más próximo, que coincide con el hogar y la familia. Quizás sea esta premisa la que mejor define al más reciente trabajo sociológico de Érika Soto y Walter Salazar, Lasbuscadoras(Secretaría de Cultura / FONCA), un libro contundente sobre las mujeres laguneras que han revirado su vida hacia la búsqueda de sus desaparecidos, ante un Estado que las ha violentado y abandonado.


Se trata de un pequeño y generoso libro de circulación gratuita y con licencia de Creative Commons, que constituye una de las primeras investigaciones en la región sobre el papel de las mujeres (madres, esposas y hermanas) en la lucha por la búsqueda de familiares desaparecidos en el contexto de la llamada “Guerra contra el Narco”, abiertamente declarada en el 2006 por el entonces presidente de la república, Felipe Calderón. Ésta ha cobrado la vida de cerca de 4,500 personas en la zona metropolitana de La Laguna, entre los años 2006 y 2017, según cifras oficiales del INEGI, y desaparecido a más de 500 en el mismo periodo, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas (RNPED).
“Ser mujer” y familiar de un desaparecido
El “ser” de las mujeres, dicen los autores, siguiendo a Simone de Beauvoir, se define “más allá de la condición biológica y capacidad reproductiva, como una posición en el mundo social del cual forma parte y contribuye a producir”. Su representación social está condicionada por la dependencia y cuidado de “los otros”: el esposo, los hijos, los padres, los nietos. Pero, ¿qué sucede si este “ser
para y de otros” femenino se ve fracturado cuando desaparece uno de los suyos? Los autores responden que la normalización de la violencia y el terrorismo impuesto sobre las vidas de estas “buscadoras”, trastoca el mandato de “ser mujer” para transformarse en un “ser para el ausente”. “La búsqueda se convierte en proyecto de vida”, dicen Soto y Salazar: “con el pensamiento centrado en la ausencia, las mujeres se olvidan de sí mismas y de quienes las rodean” porque se politizan, se vuelven activistas. De ahí que el subtítulo del libro sea “la lucha de las mujeres laguneras por la verdad, la justicia y la memoria de los desaparecidos”.
La sección neurálgica del trabajo recae en los testimonios de siete mujeres laguneras, a quienes entre el 2004 y el 2015 les desaparecieron un familiar, muchas veces en complicidad con las autoridades.
Guadalupe Menchaca Soto, Rosa María Flores García, Sonia Castañeda Magallanes, Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, Rosa Albina Zapata Contreras, Ixchel y María de la Luz López Castruita transitaron del insomnio, la angustia y la falta de apetito, al activismo en organizaciones como la Asociación Internacional de Búsquedas de Personas en México (ASINBUDES), el grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA) y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), llegando incluso a promover la creación de leyes para la tipificación del delito por “desaparición”.

El testimonio y su valor político en el marco de la “guerra contra el narco”
Lo anterior me hace pensar en el valor del testimonio, un género que en el contexto latinoamericano de los años sesenta comenzó a tener un fuerte cariz político y contrahegemónico. El ascenso e instauración de gobiernos autoritarios y dictaduras en las que intervino Estados Unidos detonaron la proliferación de este importante género político. El testimonio tiene la virtud de restituirle la voz a las víctimas, desestabilizar las verdades oficiales y vehicular la memoria de aquellos a los que les está vedada la justicia y su participación en la Historia. En el proceso de “dar voz” a las “enmudecidas”, a las buscadoras, se transforma el sentido del pasado y se redefine a profundidad la relevancia de la historia. La “memoria” en estas mujeres de a pie tiene el potencial para desestabilizar y resistir a las “verdades oficiales”, pero sobre todo, confrontar la endeblez de un Estado servil a los intereses del crimen organizado.
En entrevista para este espacio, Soto y Salazar señalan que “es en el proceso de búsqueda [de estas mujeres] donde los sentimientos se van transformando. Conscientes de la gran corrupción del sistema político, acuden a interponer sus denuncias y se encuentran con autoridades omisas, que las revictimizan, que criminalizan a sus familiares para evitar las denuncias y que, una vez que lo hacen, no realizan investigaciones para dar con su paradero. Ahí identificamos la ruptura con el Estado y sus instituciones, las cuales no sólo les han fallado como garantes de la seguridad de sus seres queridos, sino que además tampoco trabaja para brindarles verdad y justicia”.
“Montes es… era el policía ministerial, nunca supe su nombre, nada más Montes y Montes… y fue tan duro conmigo que… me hacía sentir culpable, me hacía sentir la peor de las madres”, denuncia Lucy López Castruita en Las buscadoras Su hija Claribel Lamas López, de 17 años, desapareció en
el verano del 2008. “Me hacía sentir lo peor y… como que él no tenía la obligación de buscar a una desaparecida ¿no?, su trabajo era otro (…). Y ya cuando yo le decía que le llevaba pruebas, de hecho un día le dije… ya estuve en el salón de mi hija, en la escuela de mi hija y los muchachitos me están diciendo que la pretendía mucho un tal... o sea yo quería agotar todo, pero era yo la de las investigaciones, no ellos, jamás fueron ellos. La pretendía mucho un tal Jorge Ramírez, del yonke Los Ramírez, que estaba atrás de la escuela donde mi hija estudiaba, entonces me dijo, «ah, pues usted es la madre, señora, usted vaya y pregúnteles porque yo no me voy a arriesgar, esa gente es muy pesada y yo tengo hijos, dijo, pero pues si a usted le puede su hija, vaya y pregúnteles a los del yonke».”
Los autores puntualizaron en entrevista que “en la experiencia colectiva de estas mujeres, y de su relación con organizaciones y colectivos de otros estados que las mujeres van descubriendo la complicidad y/o aquiescencia del Estado en las desapariciones y dejan de creerles”.
El proyecto comenzó a mediados del 2017 cuando Soto y Salazar ingresaron una propuesta al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en la categoría de Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales. Se trata de un trabajo ejecutado a lo largo del 2018, que da continuidad a otras investigaciones que han desarrollado “desde hace años para conocer y visibilizad las implicaciones sociales de la violencia vinculada con el narcotráfico en La Laguna”. Al presente le anteceden Socio-historias del Barrio y sus violencias (2013) y Levantar el Poniente (2015). Y es que para los autores “la investigación social conlleva un fuerte sentido ético y político”, cuyo horizonte es “la transformación social, visibilizar, comprender y participar en la acción de la población organizada contra las dinámicas de opresión capitalista, patriarcal y estatal que configuran la organización social en la actualidad”, según enfatizaron para este espacio.
La metodología desde la que reverbera el trabajo es etnográfica. Y aunque el núcleo recae en la restitución de la memoria y la voz de las víctimas, Las buscadoras constituye también un examen puntilloso sobre la relación entre narcotráfico y poder político, así como entre violencia y desaparición en

la Zona Metropolitana de La Laguna. Al respecto, es destacable la directriz que recupera del sociólogo Fernando Escalante Gonzalbo, quien demuestra que el incremento de la violencia está directamente relacionado con el despliegue de las fuerzas de seguridad (locales, estatales y federales), y la intervención del Ejército en múltiples zonas que incluso no coinciden con la “geografía del narcotráfico”. En este tenor, sorprende que los índices de violencia y homicidios en el país eran bajos antes del 2007, como afirman Soto y Salazar. La estrategia contra el narcotráfico de los últimos dos sexenios no ha hecho más que propiciar “el escenario perfecto para la implementación de reformas estructurales, inversión extranjera, el despojo de territorios para la explotación de sus recursos naturales, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de armas y drogas, entre muchos otros negocios ilícitos, en detrimento de la población”, puntualizan los autores, apoyándose en investigaciones de la periodista y académica Dawn Marie Paley.
“El tema es amplio y multifactorial”, aclararon Soto y Salazar, por lo que Las buscadoras es “una suerte de aproximación que abona a comprender algunas partes de la tragedia y el dolor que aún se viven en La Laguna”. Ixchel, una de “las buscadoras” señala en este sentido que “la otra Ixchel” le caía bien, pero que “esta Ixchel me cae mejor”, porque está sola “porque realmente hoy estoy más sola que nunca, pero al mismo tiempo estoy más rica que nunca, ninguna autoridad me puede callar, soy más empática con la gente que sufre”.
Los también autores de Levantar el poniente manifestaron para Revista de Coahuila que en la región “sobresale la lucha que han emprendido las mujeres por encontrar a sus familiares desaparecidos a partir de la organización en colectivos de búsqueda, mediante los cuales fortalecen sus exigencias y emprenden acciones para buscar en vida, buscar restos y trabajar en legislaciones que den certeza jurídica a las víctimas directas e indirectas”.
Alguna vez le leí a la feminista norteamricana Johanna Hedva que no hay nada más anticapitalista que encargarse de las vidas de otras personas. Y es que, como establece la autora de Teoría de la mujer enferma, la mente y el cuerpo son receptáculos de los sistemas de opresión. Cierro esta idea citando a una de “las buscadoras”: “Yo llegué a la clínica del magisterio, me recibió el médico general, no me dejó salir, mandaron traer al
psiquiatra y el psiquiatra dijo, no, estás en estado psicótico. (…)Yo llegué diciéndoles, yo necesito que me dejen salir yo vine nada más porque me estoy muriendo, yo necesito que me den algo, una pastilla o algo para vivir porque necesito seguir buscando a mi marido, necesito trabajar, necesito cuidar a mi hija y hacer todo lo que tengo que hacer y no puedo porque me estoy muriendo. Me preguntaron si me quería suicidar, y yo, no, me estoy muriendo”.
¿No será que el antiguo mito griego de Antígona se reescriba en cada una de las mujeres que en contextos de autoritarismo y represión han padecido la desaparición de algún ser querido; en cada una de las mujeres laguneras que se han atrevido a desafiar a la autoridad para darle sepultura a los suyos y honrar su memoria? La Antígona de la mitología griega fue castigada –asesinada- por haber transgredido el mandato del rey de Tebas, Creonte, que le impedía enterrar a su hermano Polínices porque éste había “traicionado” al reino en su lucha por un trono que le correspondía, pero se le negó. ¿Acaso no, “las buscadoras” son nuestras Antígonas, las Antígonas laguneras del 2019, que luchan sin tregua contra un gigante?



Por: Daniel Herrera
Escritor y músico lagunero
twitter: @puratolvanera
Hace unos días renunció a su puesto como director del Fonca, el escritor Mario Bellatín. Después de unos meses complicados, el autor pasó de ser el hombre que transformaría el fondo, para luego ser el encargado de correr a algunas personas que llevaban años trabajando en el lugar, y al final convertirse en el destinatario de múltiples críticas más que insidiosas al no presentarse en el encuentro con artistas y creadores que el mismo Fonca convocó.
Más allá de la noticia y todo lo que ha rodeado al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes desde que la administración de López Obrador comenzó en este año, la situación me ha llevado a preguntarme si es posible que un escritor se convierta en un funcionario que funcione.
Quiero decir que me pregunto no sólo si es posible, sino incluso si es deseable. Desde este pequeño espacio tengo muchas reservas sobre la combinación, y mis razonamientos me llevan a pensar que los escritores no deberían ser nunca funcionarios. Qué manía es ésta de pensar que los escritores sabemos de todos los temas y que podemos solucionar cualquier problema humano. Es momento de dejar de opinar de todo, eso sólo nos ha llevado a ver a escritores convertirse en funcionarios y fracasar en el intento.
Antes de que el lector levante la ceja pensando en todos los múltiples autores que también han trabajado como funcionarios, deseo establecer algunas de las razones por las que pienso esto.

Por un lado, la obra sufre. Cuando un escritor se dedica a otras actividades que no son la escritura, sus horas dedicadas a esta necesariamente se ven disminuidas. Y por más estúpido que suene, si te haces llamar escritor, pues escribes.
Me queda claro que muchos hacemos múltiples actividades para sobrevivir. Pero la intención siempre es disminuir esas actividades tanto como se pueda para dedicarse a escribir.
Los funcionarios necesitan serlo durante todo el día, no es un trabajo de medio tiempo. Las responsabilidades son muchísimo más grandes e importantes que las de alguien dedicado a dar unos cuantos talleres o manejar un taxi. No estoy demeritando ningún oficio, sólo que el funcionario trabaja con dinero público y se encuentra dividido entre deberse a la comunidad y al gobierno en turno.
En cambio, un escritor no puede darse ese lujo. El autor se compromete con su obra y ya es bastante responsabilidad como para además agregar unas cuantas más.
Mi segundo argumento, el cual creo definitivo, es que el escritor, por naturaleza, es un crítico constante de lo que sucede a su alrededor, sobre todo y especialmente, respecto a las formas en que opera el poder. Necesita libertad para ejercer esta crítica y pertenecer a la misma estructura que maneja el poder le impide observar todas las aristas de este.
No me venga nadie con la idea de que hay forma de quitarse y ponerse el disfraz de escritor. Si le debes la quincena al gobernante en turno es probable que debas modular el discurso que late adentro. O tal vez no, entonces es probable que el funcionario-escritor pronto abandone su puesto dentro de la administración pública.
Aunque siempre existirán ejemplos que pueden destruir esta serie de razonamientos.
Ahí está Octavio Paz, por supuesto, quien fue funcionario mientras escribía, aunque tuvo que renunciar ante el salvajismo del sistema encarnado en Díaz Ordaz en octubre del 68. O el todo terreno Jorge Volpi, que no le tiembla ni la escritura ni las habilidades político-administrativas. También, por supuesto, Rulfo, aunque casi hay una coincidencia cronológica entre el final de su vida como escritor y el resto de su vida como funcionario. Y qué decir de su paisano Agustín Yáñez, quien navegó con facilidad las aguas de la administración pública hasta que estuvo bajo el férreo control de Díaz Ordaz y fue humillado por él cuando intentó renunciar a la SEP, según cuenta Ricardo Garibay. Es seguro que existen montones de autores menos conocidos que sobreviven como funcionarios. ¿Cuántos de ellos pensaron en algún momento en abandonar el salario seguro por una vida como escritor? Creo que no demasiados. A lo mejor es momento de reconocer que un buen escritor no suele necesitar ese tipo de puestos, que,
eventualmente, sus habilidades literarias le permitirán vivir de la escritura y oficios relacionados.
Porque eso se debe entender, el trabajo en la administración pública está bastante lejos de la obra literaria. No veo la forma en que la escritura tenga cercanía con el manejo de presupuestos, la organización de cualquier evento oficial, las juntas con gobernantes o la asistencia a distintas actividades distantes, muy distantes, al arte en general.
Tal vez es momento de reconocer que la mayoría de los escritores no podemos ocupar un puesto semejante. Que estamos lejos de tener las habilidades para soportar el golpeteo político y que nuestro lugar es del otro lado. Nos toca observar con escepticismo las aspiraciones políticas y los logros sociales que todo gobierno se dedica a cacarear para, de alguna manera, transformar la realidad, esa maldita necia que se niega a obedecer las órdenes del gobierno en turno.
En todo caso, pienso que un escritor debe ser un tipo de consejero, un duro crítico que pueda decirle de frente al gobernante y sus funcionarios en dónde se están equivocando. Puede trabajar con ellos, pero no para ellos. Por eso, insisto en que las becas y un mercado saludable, son la respuesta a las complicaciones económicas de los artistas en general y de los escritores muy particularmente. En fin, es probable que me equivoque, tal vez la administración pública es el lugar ideal de los escritores y resulta que podemos hacer de todo y no lo había descubierto. Por lo pronto, seguiré creyendo que los escritores no servimos para ser funcionarios, aunque tal vez todos deberíamos experimentarlo para regresar siempre, con la cola entre las patas, a los libros y el teclado.





Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- En Coahuila se destinan más de mil millones de pesos a obras de inversión pública, con el objetivo de crear opciones de desarrollo en todas las regiones y no detener el crecimiento económico, declaró el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
“El estado trae buena derrama económica. Es lo que yo buscaba, que no se detuviera por ningún motivo la inversión en cada una de las regiones, y en unos 15 días más estaremos dando arranque al Programa “Vamos a Michas” en cada uno de los municipios, que provocará otra derrama económica adicional”, declaró.
Informó que en todo el estado se trabaja en obras de rehabilitación, modernización de carreteras, construcción y mantenimiento de puentes, culminación de libramientos y caminos rurales, carreteras alimentadoras, así como el avance en espacios de esparcimiento, deportivos y de salud.
Acompañado del Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, realizó un recorrido de supervisión de obras de la modernización de las vialidades del bulevar José Narro Robles (antes Los Rodríguez), Los Pastores, Los Valdez y la
prolongación Otilio González, donde se invierten cerca de 400 millones de pesos.
Expuso que para este año, con otra inversión superior a 800 millones de pesos, se realizará la modernización de otras vías de comunicación entre las que destacan la ampliación de la carretera a Zacatecas, la construcción del bulevar Derramadero (en la zona industrial), el nuevo Centro de Gobierno y el Centro de Convenciones en Saltillo.
En un trabajo coordinado con el municipio de Saltillo, también destacó que se realizan tres grandes proyectos: el Centro Deportivo y Cultural Saltillo Sur; un Parque Lineal Deportivo y Cultural.
En obras de infraestructura en materia de seguridad, expuso que se trabaja en la construcción del Cuartel de Jiménez, así como en definir el Regimiento Militar de Acuña, que se realizará en conjunto con la Federación y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se tiene proyectada una inversión por alrededor de 3 mil 500 millones de pesos en infraestructura para las cinco regiones del estado.


