Sobrevivirá el PRI a este sexenio?

por: Rodrigo Tejeda

Desde el punto de vista político-electoral, hasta ahora el gran perdedor de este sexenio es el PRI, que ha perdido, elección tras elección, casi todas las gubernaturas, hasta quedarse con tan solo tres: Estado de México, Coahuila y, ganada como excepción, Durango, pero en 2023 habrá elecciones en el Estado de México y Coahuila y, por lo menos en el primero, el más poblado del país, la situación se ve complicada para el viejo partido.

Visto desde hoy, hay dos escenarios posibles: el primero es que el PRI pierda el Estado de México y conserve Coahuila; el segundo es que perdiera los dos estados, lo que le dejaría en la mera sobrevivencia o, más bien, en vías de extinción. De acuerdo a los diversos sondeos de opinión, que pueden considerarse relativos puesto que aún no se designa a los candidatos y aún no han comenzado las campañas electorales, el PRI se muestra como primera fuerza en Coahuila, pero ocupa un segundo lugar en el Estado de México. De continuarse esta tendencia, el PRI podría solo conservar Coahuila, con lo que se quedaría con este estado y con Durango, que ganó en alianza en este año. El problema con Durango es que el gobernador priista, Esteban Villegas, ha recibido un estado con una deuda enorme para el tamaño de su economía (es el estado más pobre del norte de México) y un desastre financiero, al grado de tener problemas hasta para el pago de la nómina gubernamental. Coahuila es un caso de excepción, debido a que el priismo tiene la plataforma político-electoral más fuerte: controla la mayoría de los gobiernos municipales más importantes y tiene un gobierno estatal con un nivel de aprobación alto; mientras que Morena está, literalmente, inventando un candidato desde la Ciudad de México y puede tener una gran división interna. Pero aun en el escenario donde conserva los estados de Coahuila y Durango, la situación del PRI para la elección de 2024 se aprecia sumamente complicada. Acudir a la elección presidencial del 2 de junio de 2024 con el respaldo de tan solo dos gubernaturas es algo que jamás le había sucedido al PRI, que, además, en caso de ir en alianza con el PAN y el PRD no tendría ni un candidato propio, pues sería el PAN quien lleve la mano. Con una plataforma tan pobre tendría que enfrentar también las elecciones de diputados federales y senadores. Hoy el PRI tiene 70 diputados federales y tan solo 13 senadores, pero podría caer aún más, hasta quedar en el nivel de partidos como el PVEM o, todavía más, de Movimiento Ciudadano, que es uno de los partidos que pueden crecer en esa elección. Ante la opinión pública nacional, y debido a los escándalos que ha dado su actual dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, y los chantajes que ha enfrentado por sus antecedentes de corrupción, el PRI es el partido político con el descenso más importante en las preferencias electorales. La intención manifiesta de Andrés Manuel López Obrador es liquidar al PRI antes de entregar la presidencia a su sucesor, después de haber ya casi liquidado al PRD, que se encuentra hoy en estado de mera sobrevivencia y también puede desaparecer en la elección del 2 de junio de 2024.

NO SUPO LEER LOS TIEMPOS

El derrumbe del PRI comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de los presidentes más incompetentes políticamente que hayan surgido de este partido, en cuyo periodo se destaparon varios escándalos de corrupción verdaderamente aberrantes, por parte de gobernadores de extracción priista. Se dio en este periodo la llamada “generación podrida”, protagonizada por políticos jóvenes que habían sido denominados como “el nuevo PRI”, entre los que se encontraban Tomás Yarrington (Tamaulipas), Rodrigo Medina (Nuevo León), Cesar Duarte (Chihuahua), Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), Miguel Alonso Reyes (Zacatecas), Roberto Borge (Quintana Roo), Fernando Ortega (Campeche) y Humberto Moreira (Coahuila), además de otros políticos ya viejos que fueron gobernadores y enfrentaron grandes escándalos, como Arturo Montiel Rojas, del Estado de México. Varios de ellos fueron detenidos en el extranjero, en países como Italia, España y Estados Unidos, ante la tibieza de Peña Nieto para aplicar la justicia. Los delitos que se les atribuyeron a varios de ellos no fueron la tradicional y viejísima corrupción o el enriquecimiento, sino que se pasó a delitos más graves, como el lavado de dinero, nexos con el narcotráfico y delincuencia

organizada, entre otros. En una decisión desastrosa, la dirigencia nacional del PRI se resistió varias veces a expulsar de sus filas a estos exgobernadores, lo que se sumó al agravio general que fueron provocando los diferentes casos, lo que minó gradualmente la imagen del PRI e hizo disminuir cada vez más sus clientelas. Dados a la fuga, fueron procesados en países extranjeros, pero sin la colaboración del gobierno de Enrique Peña Nieto. Al final del sexenio la imagen presidencial de Peña Nieto se había desplomado a niveles bajísimos, pero éste tenía como principal prioridad pactar su propia impunidad y la de su camarilla más cercana. Fue así que estableció un pacto no escrito con Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2018.

José Antonio Meade fue el peor de los candidatos posibles del PRI, y esto no fue una casualidad. El PRI quedó a su suerte, cargando todo el desprestigio acumulado en el sexenio peñista, y AMLO pudo operar electoralmente a placer. El resultado ya es bien conocido: el PRI cayó hasta la tercera posición en la elección presidencial. De las elecciones de 2018 el PRI salió directo a la sala de terapia intensiva. José Antonio Meade obtuvo apenas el 16.40% del total de los votos, la votación más baja en una elección presidencial del PRI en toda su historia. De los 300 distritos federales en juego, el PRI no ganó uno solo. Al final se quedó apenas con 45 diputados federales plurinominales y sólo 13 senadores de la república. No podía haber sido peor la derrota, pero todavía Peña Nieto se encargó de hacerle algunos favores a AMLO, al atacar al candidato panista, Ricardo Anaya, quien hasta la fecha vive en el extranjero, como el propio Peña Nieto.

LA IMPUNIDAD DE PEÑA NIETO

En agradecimiento, López Obrador, quien iba a ganar la elección indiscutiblemente, pero no con un aplastante 53.19%, le ha otorgado la impunidad a Enrique Peña Nieto y a todo su equipo más cercano. AMLO, que ataca todo lo que se mueve, no sólo ha evitado hacer una sola referencia negativa sobre Peña Nieto, sino que lo ha elogiado, pero además ha evitado que se le involucre al expresidente en el más mínimo proceso de investigación. Como él lo dice: “amor con amor se paga”. Es casi increíble cómo un partido que estuvo en el poder por casi un siglo, que emanó de una revolución que es referente del siglo XX a nivel mundial, no supo leer los tiempos después del desastre de 2018. El PRI debió ser refundado, mediante una reforma de cirugía mayor, pero lejos de ello Claudia Ruiz Massieu Salinas, que había sido la artífice de las decisiones de Peña Nieto, le entregó el partido a otro exgobernador de la generación podrida: Alejandro “Alito” Moreno, de Campeche, quien se ha encargado, desde el 18 de agosto de 2019, de perder casi todas las gubernaturas que estaban gobernadas por el PRI, las cuales eran muchas, y, con una irresponsabilidad absoluta, ha secuestrado al partido, negándose a dejar la dirigencia para protegerse de no ser procesado penalmente. Hoy el PRI tiene a un joven político completamente desprestigiado a cargo del partido, sin escrúpulo moral alguno, sin poder removerlo de su cargo debido a que se apoderó de su dirigencia nacional, pero también a que no existe ningún movimiento interno que tenga la capacidad de obligarlo, lo que pareciera increíble, dado la cantidad de camarillas políticas que se supone debería conservar el viejo partido. Ante semejante escenario, el riesgo de que el PRI sea demolido en las elecciones de 2024 es completamente posible, a menos que sucediera algo verdaderamente extraordinario durante 2023, una especie de milagro, pero la intención manifiesta de AMLO es llevarse los restos del PRI en el carro del triunfador de la próxima elección presidencial, con lo cual se terminaría un siglo de historia política del país.

por:Álvaro González

Guacamaya Leaks apenas comienza

Es un misterio quiénes son responsables por Guacamaya Leaks, quiénes hackearon millones de documentos, videos y archivos a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. También es un misterio qué contienen dichos archivos (se llevaron prácticamente todo) y, lo más delicado, cómo es que van a emplear esa enorme cantidad de información. Andrés Manuel López Obrador, cuestionado al respecto, trató de restarle importancia al hecho, que es considerado como muy grave en términos de seguridad nacional, pero fue más allá: respaldó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en cuanto a no comparecer ante el Congreso para dar una explicación sobre lo sucedido y las medidas que se tomarán al respecto. Profesionales de la informática han señalado que es imposible extraer cinco terabites de memoria sin haber tenido alguna forma de colaboración interna de parte de los encargados de informática de la SEDENA. Procesar esa gigantesca cantidad de información llevará meses, pero ya se han realizado algunas filtraciones, muy pocas, y éstas, quiérase o no, han comenzado a tener repercusión en la opinión pública. Para comenzar, filtraron el expediente médico del presidente, revelando que no tiene un problema de salud, sino varios, y uno de ellos muy delicado que pone en riesgo permanente su vida. Es, en consecuencia, un hombre disminuido físicamente y con padecimientos que pueden alterar también su comportamiento. Posteriormente han filtrado la agenda de trabajo del ejecutivo, en la cual aparece que el hombre que dirige el país trabaja de cinco de la mañana a diez y media de la mañana, y el resto del día lo habitual es que tenga la agenda en blanco, para destinarla a descansar, a atender problemas médicos y no se sabe a qué más, pero no al trabajo. Esto fue otra información que repercute en la imagen presidencial, pues deja ver a un presidente de medio tiempo, cuya actividad principal es preparar y presentar las mañaneras, que son una especie de reality donde lo mismo proporciona información, que ataca a “los enemigos de la transformación”, hace chistes, pone canciones, etcétera. En resumen, gobierna por medio de estas mañaneras, lo que es, por lo menos, algo inquietante para cualquier persona que tenga una visión de un gobernante como un muy alto ejecutivo, con una agenda saturada por todo el día. Proporcionalmente, ésta es información mínima. El dilema es qué asuntos delicados y de alta prioridad hay entre los millones de documentos que están en poder de Guacamaya Leaks, y qué intenciones tienen estas personas, sean quienes sean.

Parece evidente que no han filtrado sino algunos documentos para calentar un poco el ambiente político, pero estamos a finales de 2022 y vienen los últimos dos años del sexenio, en especial el 2024 y la sucesión presidencial. Sólo el propio ejército sabe qué es lo que tiene en los archivos que fueron hackeados, pero se puede deducir que fue sustraído la mayor parte del trabajo de inteligencia que posee el ejército sobre todo el narcotráfico en México, pero además todas las actividades de inteligencia que realiza en este sexenio por encargo del presidente, y las que realizó por encargo de presidentes anteriores, como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, además de todo el trabajo de inteligencia que realiza por iniciativa propia.

LA IMAGEN DEL EJÉRCITO Y LOS DEMÁS

Entre estos millones de documentos en poder de Guacamaya Leaks, están muchísimos asuntos internos del propio ejército, los cuales son por completo desconocidos para la sociedad en general, pues es la institución pública que se maneja con el mayor hermetismo, una estructura completamente cerrada al

acceso de información para civiles. El ejército goza de una muy buena imagen ante la sociedad mexicana, la cual ha cuidado por décadas, manejando internamente todos sus problemas, pues inclusive tiene un sistema de justicia propio. Si Guacamaya Leaks filtra información sobre cómo es realmente por dentro la institución militar, muchos asuntos no van a corresponder con esta buena imagen.

Pero al margen de asuntos internos que perjudiquen su imagen pública, está la información referente a la seguridad nacional, en la que destaca todo lo que el ejército sabe sobre el crimen organizado que viene operando en el país desde hace décadas. Es algo sumamente delicado cuál será el uso de esta información. Aquí es tan delicado lo que sabe el ejército como lo que no sabe. En algunas primeras filtraciones sobre capos y organizaciones criminales, algunos expertos norteamericanos en temas de seguridad manifestaron estar sorprendidos con la pobreza de algunas informaciones, o el bajo nivel de investigación que se refleja en las mismas. Ya sea que la información de inteligencia criminal sea muy reveladora o sea pobre, esto le permitiría a los capos y a la gigantesca red de personajes relacionados al crimen organizado tomar decisiones para protegerse de cualquier acción en su contra, cuando ya están viviendo en un gobierno que les está ofreciendo el mejor de los mundos posibles al comportarse de manera omisa ante los grandes capos y las más poderosas organizaciones del crimen, tanto las de tipo nacional como las internacionales que también tienen injerencia en el país. Hay otro problema: el ejército recibe órdenes del poder ejecutivo, en este caso directamente de la presidencia y a través de la PGR y de las Secretarías de Seguridad y Gobernación, lo que puede prestarse a una labor de investigación facciosa, por la cual muchos políticos y altos funcionarios de gobiernos de oposición pueden ser vinculados a posibles actividades criminales, a partir de deducciones analíticas que pueden ser intencionadas o sencillamente deficientes. Esto también ha comenzado a reflejarse en algunas de las primeras filtraciones, sobre funcionarios del área judicial en algunos estados del país. Siendo el ejército una organización estrictamente vertical y sujeta a mandos jerárquicos sumamente estrictos, es de esperarse que las actividades de los generales, y en general de los altos mandos castrenses, no sean incluidas en los documentos que almacena la SEDENA, pero los políticos y los empresarios, además de otro tipo de líderes sociales, sí pueden estar. Aunque Andrés Manuel López Obrador se haya aventurado a afirmar que quienes estén detrás de Guacamaya Leaks, que presume son sus enemigos, han fracasado, porque, según él, todo es claro y transparente en su gobierno (una visión simplísima para tratar de disimular lo grave del asunto y el hecho de que no debió suceder), se trata de una falla extremadamente grave por parte del ejército, la cual debió de tener consecuencias drásticas. De entrada no se tiene ni idea de quiénes son Guacamaya Leaks; si son gente que está dentro del país o se trata de extranjeros. Todo está en suspenso: si son civiles que forman parte de una organización internacional, con redes en varios países; si son expertos al servicio de algún gobierno o, al menos, están relacionados con instituciones de inteligencia de un país extranjero y, lo peor de todo, ¿con qué fines hicieron el hackeo y cómo piensan utilizar la información de que disponen, una vez que la hayan procesado? Todo parece indicar que Guacamaya Leaks apenas ha comenzado y se desconoce por completo lo que pueda venir. El asunto es demasiado delicado, desde el ángulo que se le desee ver.