DE CRÓNICAS PANDÉMICAS

La Cabala Por Adriana Ochoa

DE CRÓNICAS PANDÉMICAS

Miramos hacia atrás dos años y el inicio de la “era covidosa” se nos hizo borroso. No obstante que se esperaba desde diciembre de 2019, para la primavera del 20 nos cayó con escasez de productos de protección para enfrentarla. Y la necesidad es madre de los negocios.

Una empresa potosina decidió incursionar en la comercialización de cubrebocas, ya con la oleada de demanda en crecimiento geométrico por todos lados. La vida dependía de llevar cubrebocas y como no había los suficientes, la gente se las apañaba como mejor podía; ante la escasez, aparecieron instructivos para hacer mascarillas con camisetas, paliacates y otros materiales.

Los emprendedores potosinos contactaron con un sujeto del Estado de México que les ofreció manufacturar cinco millones de cubrebocas semanales. El hombre les aseguró que tenía en Naucalpan los talleres adecuados para ese compromiso y un permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y podía fabricar cubrebocas tricapa, plisados, termosellados y certificados, a un precio de siete pesos con cincuenta centavos cada uno.

Pactaron que la entrega se realizaría el veintitrés de abril de dos mil veinte y negociaron un pago de cuarenta millones ochocientos noventa mil pesos que la firma potosina transfirió en ministraciones para cubrir el total antes de la fecha de entrega pactada. Los potosinos pidieron “una prueba de vida” para ver cómo iba la producción. El proveedor contratado les hizo llegar imágenes de video donde se veían personas y máquinas elaborando los cubrebocas que habían pagado. Se tragaron el cuento completo.

Como llegó la fecha de entrega, la mercancía no llegó y urgía atacar el mercado, fueron al domicilio que les dieron en Interlomas, sólo para enterarse que esas no eran las oficinas del corporativo al que habían realizados los depósitos y el propietario real de la empresa era otro señor.

La producción de cubrebocas nunca existió así como tampoco la empresa donde se estaban realizando los mismos. Los empresarios potosinos demandaron por un daño patrimonial de 47 millones de pesos.

El fabricante, detenido y trasladado a San Luis, alegó que no se debía tratar su caso en San Luis, sino

en el Estado de México, porque el negocio del que se dolían se había hecho allá. Pero las transferencias rompieron su alegato de competencia localista.

El negocio esperado no lo fue, pero muchos otros sí y en grande: caretas, lentes, gel, desinfectantes, medicamentos, concentradores, oxígeno, pruebas clínicas…

Tardaremos en saber las dimensiones de las ganancias que dejó la pandemia a una minoría, el extremo de las historias de pérdida en todos niveles, planos y aspectos.

REAPARICIONES

Mismo nombre, a botepronto uno piensa quizá en un homónimo: Martín Serrano Gómez. Pero el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, se refería al hombre que tenía a unos metros de sí. Más robusto, sí; el mismo corte a rape, cejas como con marcador. El hombre serio y discreto al que Encinas presentó como el titular del nuevo Centro de Identificación Forense y Búsqueda no podía ser otro.

En abril de 2008, el director de la Policía Ministerial Martín Serrano Gómez fue detenido con cuatro de sus colaboradores. Recién hacía sido “levantado” y asesinado el subdirector de Averiguaciones Previas, Rual Santamaría Casas. La aprehensión de Serrano se centró en que éste entregó un arma de fuego distinta a la de cargo, sin registro. Además, en su lugar había una escopeta de su propiedad. Suficiente “material” para generar un clima nebuloso en el que hacer flotar la sospecha de ligas con cárteles, delitos contra la salud y el asesinato de Santamaría. Hicieron del traslado de Serrano un espectáculo inusual, sentado y esposado en la caja de una camioneta, que no se escatimara en hacerlo visible.

Serrano era la última pieza local en los mandos de las corporaciones en el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, ocupados los cargos por foráneos de la AFI, la PGR o de otras entidades. Al frente de la Procuraduría estaba otra ave de paso de aquellos años, un tipo distante y el pelo engominado como bailarín de tango, Francisco Martín Cambeses Hernández, de la muy “recomendable” PGR. Lamentable que no haya algo para recordar de su gestión como procurador.

La colonización foránea de la Procuraduría y las corporaciones, amparada en que “tenían más experiencia”, mejor preparación y hasta vestían mejor, había generado una lucha por el control de los espacios de mando. De toda la imaginería delictiva que les echaron a Serrano y sus colaboradores detenidos, el único cargo que lograron cuadrar en su contra fue el de portación de armas sin las debidas licencias. Serrano saldría libre en diciembre de 2009, absuelto, con otro gobierno estatal iniciando.

Cambeses haría carrera en PGR, ya delegado, ya funcionario central. No cambió el peinado de raya, copete y gomina.

Tiene Serrano mucho trabajo: 600 desaparecidos en San Luis Potosí. Que se sepa, tiene más perfil de policía, al menos en ese punto nos quedamos. Mucho que buscar y que esa cifra espantosa, reflejo fiel de las fallas del Estado, no siga en aumento.

ROLLOS SUELTOS

BUSCA CASTIGO. Promueve la oficina local de Conagua una impugnación a actuaciones del Ministerio Público Federal sobre una carpeta de investigación, las que derivaron en inejercicio de acción penal. Del hecho, dos inevitables ejercicios deductivos: el jurídico de la oficina local de Conagua no se mueve sin conocimiento de oficinas centrales, uno, y la suspensión del proyecto de presa La Maroma derivó en investigación de responsabilidades por parte de la dependencia federal, en especial las que tuvo en esta malograda obra la Comisión Estatal del Agua en tiempos de Juan Manuel Carreras.

BLA, BLA, BLA, BLA. Mientras de Conagua hay indicios de actividad legal, gobierno estatal declara pestes, lanza estruendosas advertencias, se lamenta del sinfín de dinero tirado que fue esa “no-obra” y remata con la machacona “herencia maldita” en Comisión Estatal del Agua, pero del postureo declarativo para medios no ha pasado. No la tiene sencilla: el titular carrerista de la CEA al que le suspendieron la obra es Jesús Medina Salazar, hermano del alcalde de Valles y aliado político del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

LIGAS SON AMORES. Por todo ese contexto, muy interesante la documentada revelación de Abelardo

Medellín, reportero de Astrolabio, sobre la renta por dos meses que hizo el diputado verde Alejandro “Jano” Segovia de una camioneta Chevrolet modelo 2013, tipo Suburban, con un costo un total de 104 mil 400 pesos. El pago se hizo con dinero de la Cámara de Diputados, “apoyos” que da el Legislativo y que los diputados deben comprobar.

“NOSOTROS NO FUIMOS”. La “arrendadora” de la camioneta, según los comprobantes fiscales presentados por el diputado, es la constructora COEDESSA, con domicilio fiscal en Matehuala y una de las orgullosas empresas participantes en el “construcción” del proyecto La Maroma. El reportero llamó a COEDESSA como cliente para rentar una camioneta de las características de la que pagó don “Jano” Segovia y le contestaron que ellos no rentan camionetas, “sólo maquinaria”.

OTRA PERLITA. El reportero nos recordó que COEDESSA también está señalada en la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por irregularidades en la construcción de la Red Metro, en razón de “obras pagadas, pero no ejecutadas”. A la empresa se le adjudicaron dos obras: una por un costo de 13 millones 864 mil 568.18 pesos y otra compartida con otras dos por 17 millones 572 mil 804.38 pesos. Y don “Jano” es aliado cercano del Gobernador Gallardo.

VIAJE EXTRAÑO. El que al menos documenta que hicieron en el avión oficial del Estado (XC-SLP) el ex secretario de Seguridad, Jaime Ernesto Pineda Arteaga; la secretaria de Turismo, Patricia Véliz; el director de la Policía Estatal, José Luis Urban, y otra persona de la que sólo es legible en el registro su nombre de pila, “Jesús Alfonso”, no así sus apellidos. El reporte de plan de vuelo (entregado a la autoridad aeronáutica federal) está llenado a mano, con fecha 8 de diciembre de 2021; dos meses y tres días después, la Fiscalía del Estado anunciaba la detención de Pineda Arteaga bajo cargos de abuso de funciones, atribuciones y facultades.