A. Vulneración al derecho a la vida y la integración física

Violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Ecuador durante el año 2021

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 11, numeral 2, manifiesta:

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio–económica, condiciónmigratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

Aun así, y como venimos denunciandodesde hace más de 25 años, las personas trans en Ecuador no gozamos del acceso a los derechos humanos. Inicialmente,por la falta de una Ley de Identidad de Género, originada en la ausencia de voluntad política lo cual trae como consecuencia la exclusión social.

A. Vulneración al derecho a la vida y la integración física

El derecho a la vida es un atributo del ser humano que le permite ejercer los demás derechosfundamentales. Se trata de un derecho absoluto que no puede ser suspendido de forma alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales, y que debe estar protegido por la ley. Esta protección queda establecida en la Constitución ecuatoriana, artículo 66, apartado primero: “…se garantiza y reconoce a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida…”. Este derechoestá incluidoenla Convención Americana sobre Derechos Humanos, junto con otros, como el derecho a la vivienda, que forma parte del ciclo de vida de una

persona.

LUGAR DE RESIDENCIA

ZONA URBANA ZONA RURAL.

5%

95%

Tal como se observa en el gráfico, la gran mayoría de la población trans reside en la zona urbana, pues dejan el interior del país en busca de nuevas oportunidades. Pero al encontrar discriminación y odio por parte de la sociedad, se genera una situación de vulnerabilidad extrema, caracterizada por el aislamiento y la insuficienciade recursospara sobrevivir.

Cuando mencionamos la pobreza y exclusión social, también nos referimos a las precarias condiciones habitacionales a las que somos expuestas las personas trans. En muchos casos, no estamos en condiciones de alquilar pues carecemos de trabajos registrados que verifiquen nuestros ingresos mensuales, y tampoco tenemos otros beneficios sociales.

El derecho a la integridad física es intrínseco al derecho a la vida, integridad que debe garantizarse en lo físico, psíquico, moral y sexual. Este derecho debe ser garantizado por el Estado en todas sus dependencias y jurisdicciones, adoptando todas las medidas necesarias para hacer realidad una vida libre de violencia y de tratos inhumanos o degradantes. En el año 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe Registro de Violencia contra Personas LBGT, que documenta asesinatos y otros graves actos de violencia contra personas de la diversidad sexo genérica durante un período de quince meses (entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014).Según el informe, 80 % de las mujeres trans asesinadas en la región tenían 35 años de edad o menos. En cuanto a los impedimentos para una vida digna, el informe registra la exclusión, la discriminación y la violencia en la familia, la escuela y la sociedad en general; la falta de

reconocimiento de la identidad de género; ocupaciones que las colocan en un mayor riesgo de sufrir violencia (trabajo sexual); y un alto grado de criminalización. La prensa reseña elcaso de una compañera trans asesinada en la Penitenciaria del Litoral que constata esta situación: Helen Maldonado tenía 29 años, era mujer trans y fue una de las 68 personas privadas de la libertad brutalmente asesinadas la noche del 12 de noviembre de 2021, durante la última masacre en la Penitenciaría del Litoral, en la provincia de Guayas. Maldonado ocupaba una celda en el pabellón 2 donde se registró la mayor cantidad de muertes. Estaba presa por posesión de ‘H’, “para consumo no de venta”, asegura Odalys Cayambe, vocera de la organización de mujeres trans “Vivir Libre”, quien desde el sábado asiste al centro forense policial para reconocer su cuerpo. Helen había cumplido 14 meses de los 30 en prisión a los que fue sentenciada. Todavía no ha sido posible reconocer en algún cuerpo un tatuaje que “ella tenía en la mano y la espalda”, cuenta Cayambe, quien sospecha que Helen sería una de las personas cuyos cuerpos fueron incinerados.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

A U T O R D E L O S A B U S O S O V I O L A C I O N E S

5% 2% 2% 2% 2% 14% 5% 9% 2% 36%

4% 2% 5% 9% 2%

Resulta alarmante observar en el gráfico que los individuos civiles constituyen un considerable 36 % de vulneradores de derechos, y que 14 % corresponda a agentes del Estado, cuando precisamente son quienes deberían servir a la ciudadanía sin estigmas ni prejuicios, como actores sensibilizados y respetuosos ante todas las personas, sin discriminación alguna, para garantizar así una igualdad real y goce efectivo de derechos y oportunidades.

El Art. 66, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador expresa:

Se reconoce y garantizará a las personas: el derecho a la integridad personal, que incluye:La integridad física, psíquica, moral y sexual, Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual, y la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes.

Sin embargo, las personas trans somos víctimas de un sistema machista, patriarcal y heterosexual que nos impide el acceso a los derechos humanos. Como vemos en el siguiente gráfico, las personas trans no tenemos acceso al derecho a la vida ni en el ámbito público ni en el ámbito privado.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

DÓNDE OCURRIERON LOS ABUSOS O VIOLACIONES

9% 14% 2% 2% 7% 32%

7% 2% 9% 11% 4% 2%

CANTIDAD

De acuerdo con nuestros registros, 32 % de los abusos o violaciones ocurrió en los domicilios de las personas trans, 14 % en la vía pública y 11 % en instituciones del Estado. Está claroqueno se trabaja lo suficiente para eliminarlos crímenes de odio, por tal razón, estos hechos de abuso y violación siguen perpetuándose con impunidad ante la falta de acceso a la justicia para las personas trans.