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RETEMA 268 Enero/Febrero 2026

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RETEMA

REPORTAJE

MENOS desperdicio de lodos MÁS agua caliente

Juntos podemos afrontar los desafíos de la transformación ecológica y la descarbonización, transformando las aguas residuales en una fuente de calor y electricidad.

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¿Qué tratamos en este número?

Con el número 268 Enero/Febrero 2026, RETEMA aborda en esta primera edición del año el escenario de profunda transformación del sector del agua, marcado por la creciente presión sobre los recursos, el impacto del cambio climático, la evolución del marco normativo europeo y la necesidad de reforzar la resiliencia de infraestructuras y sistemas de gestión.

El bloque de reportajes aborda los principales ejes de esta transición. Analizamos el desafío que plantea la nueva Directiva europea de tratamiento de aguas residuales urbanas, que amplía las obligaciones de depuración, introduce exigencias de eliminación de microcontaminantes y fija un horizonte de neutralidad energética; así como el giro europeo hacia la resiliencia hídrica, que redefine el agua como activo estratégico en un escenario de escasez estructural.

Profundizamos también en el papel creciente de los recursos hídricos no convencionales en la planificación hidrológica, la evolución de las infraestructuras del ciclo urbano hacia modelos más eficientes y las prioridades de las entidades gestoras ante el cambio climático, la revisión normativa europea, el envejecimiento de las redes y el déficit inversor acumulado.

El apartado de entrevistas recoge la visión de responsables públicos, empresariales y académicos con un papel relevante en el sector. Ricardo Sáez (SITRA) analiza el posicionamiento de la compañía en agua industrial y bioenergía; Manuel Pulido (IIAMA-UPV) reflexiona sobre la “bancarrota hídrica global”; Mª Teresa Carrillo (EMACSA) aborda las prioridades de los operadores públicos en digitalización y resiliencia; y Elena Pita (Oficina Española de Cambio Climático) analiza el papel de la adaptación climática en la planificación hídrica.

El número se completa con un bloque de opinión, con artículos firmados por representantes de asociaciones sectoriales —AEDYR, ASAGUA, AEOPAS, DAQUAS y ASA— junto a aportaciones de entidades y expertos como EMASESA, Water Positive Think Tank, ACCIONA Agua, CADASA, la Generalitat de Cataluña y la investigadora Samara López. El apartado técnico incluye además un análisis del nuevo tanque de tormentas asociado a la EDAR de Galindo en Bilbao.

Todo esto y mucho más en las más de 200 páginas del número 268 de RETEMA.

STAFF

DIRECCIÓN

Jesús Alberto Casillas Paz albertocasillas@retema.es

PUBLICIDAD

David Casillas Paz davidcasillas@retema.es

REDACCIÓN

Águeda García de Durango aguedagarcia@retema.es

Griselda Romero griseldaromero@retema.es Luis Bustamante luisbustamante@retema.es

COLABORADORES

Patricia Ruiz Guevara · Diego Ortuño

Oscar Planells · Judit Alonso

RETEMA

Griselda Romero, responsable de contenidos de RETEMA

EDICIÓN · ADC MEDIA

Calle Maestro Arbos 9, oficina 0.02 - 28045 Madrid

Telf. (+34) 91 471 34 05 info@retema.es

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO

Irene García Alba

SUSCRIPCIONES suscripciones@retema.es

Suscripción 1 año España: 144 €

Suscripción 1 año resto de Europa: 261 €

Suscripción 1 año resto de paises: 298 €

Suscripción Digital 1 año: 82 €

Depósito Legal M.38.309-1987

ISSN 1130 - 9881

Publicación impresa en papel bajo el sistema de certificación forestal PEFC procedente de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas y con tintas ecológicas a base de aceites vegetales. 100% reciclable al final de su vida útil.

Carmen Hernández DAQUAS

Manuel Romero EMASESA

Jordi Agustí Generalitat de Cataluña

Samara López Universidad de Valladolid

Carlos de Irigoyen ASA Andalucía

Alberto del Villar Universidad de Alcalá

Manuel Gutiérrez CADASA

Javier Santos Veolia

Antolín Aldonza ASAGUA

Antoni Ventura i Ribal Aigües de Manresa

Mª Teresa Carrillo EMACSA

Leandro del Moral Universidad de Sevilla

Manuel Pulido Universitat Politècnica de València

Narcís Prat Universidad de Barcelona

Benigno López EMASESA

Diego Sesma Universidad de La Rioja

Cristina Álvarez IMDEA Energía

Matilde Mancha Acosol

Luis Estaún Instituto Aragonés del Agua

Sebastien Mouret EurEau

Ana Jiménez Acciona

Francesc La Roca Fundación Nueva Cultura del Agua

Raúl Muñóz Universidad de Valladolid

Luis Babiano AEOPAS

Elena Pita Oficina Española del Cambio Climático

Ricardo Sáez SITRA Esther Gonzalez Aqua Positive

Jessika Roswall Comisión Europea

Josep Lluís Armenter Agencia Catalana de l`Aigua

Silvia Gallego AEDyR

Xavier Pujol Consorcio de Aguas de Tarragona

Arancha Fidalgo Confederación Hidrográfica del Júcar

Josefina Maestu Universidad de Alcalá

Mari Carmen García AEDyR

PROTAGONISTAS

8

10

14

EMPRESA

WEG impulsa su crecimiento en Iberia con nuevas instalaciones en España y Portugal

EMPRESA

Tecnologías avanzadas para la mejora de la EDAR de Gijón Oeste: innovación y eficiencia al servicio del litoral asturiano

EMPRESA

Modular, eficiente y fácil de usar: Flottweg presenta una nueva centrífuga para el drenaje de lodos

22

EMPRESA

La digitalización como motor de eficiencia en la gestión del agua industrial

24 EN PRIMERA PERSONA

Anticipar para garantizar el agua: claves de la gestión pública ante los retos hídricos de 2026

28

16

18

EMPRESA

WGM impulsa la digitalización inteligente

EN PRIMERA PERSONA

Gobernanza, talento y comunicación para la adaptación climática y digital del sector

REPORTAJE

Gestoras de agua en España: prioridades ante el reto climático, normativo y digital

40 EN PRIMERA PERSONA

Seguridad hídrica y gobernanza en los sistemas de agua urbana: el valor estratégico del modelo público

44

ENTREVISTA

Entrevista a Elena Pita, Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC)

52 EN PRIMERA PERSONA

De la resiliencia hídrica a la transición hídrica en Cataluña

56

57

EMPRESA

Tuberías Sanor®, el primer tubo de PVC orientado para saneamiento con un total de 60% material reciclado

EMPRESA

De la norma a la planta: el papel del DAF de Toro Equipment ante la directiva europea sobre aguas residuales

58 EN PRIMERA PERSONA

El Consorcio de Aguas de Asturias: garantía, solidaridad y futuro en la gestión hídrica

62

ENTREVISTA

Entrevista a María Teresa Carrillo, Directora-gerente de EMACSA

70 REPORTAJE

Modernizar el saneamiento urbano ante la nueva normativa europea: el desafío técnico y territorial de la próxima década

86

EMPRESA

Cubierta flotante Hexa-Cover® para la cobertura eficaz de líquidos 88

87 EMPRESA

Sacyr Agua gana tres contratos de EDAR en España

88 ENTREVISTA

Entrevista a Ricardo Sáez, director general de SITRA

98 EN PRIMERA PERSONA

El agua como vector de valor: por qué necesitamos un mercado de beneficios hídricos

104 EN PRIMERA PERSONA

Gobernar el agua en tiempos de incertidumbre: capacidad institucional, legitimidad y transición regulatoria

108 REPORTAJE

El giro europeo hacia la resiliencia hídrica: ambición política, límites estructurales e implicaciones para España

126 EN PRIMERA PERSONA

Andalucía frente al reto hídrico, hacia un modelo de gobernanza resiliente y justa

130 EN PRIMERA PERSONA

Crónica de lo que fue 2025 en el mundo de las infraestructuras

132 ENTREVISTA

Entrevista a Manuel Pulido, catedrático de la UPV

142 EN PRIMERA PERSONA

Innovación con impacto: el cambio que necesita el sector del tratamiento de agua

146

154

ARTÍCULO

Construcción de un nuevo Tanque de Tormentas asociado a la EDAR de Galindo de Sestao (Bizkaia)

REPORTAJE

Recursos hídricos no convencionales: cinco desiciones críticas para la resiliencia del sistema

176

166

EN PRIMERA PERSONA

Desalación y reutilización, de soluciones no convencionales a complementarias y estructurales

170 ARTÍCULO

Barreras y medidas preventivas: su importancia en la gestión del riesgo

184

190

REPORTAJE

Transición energética y descarbonización: el nuevo paradigma de las infraestructuras de agua

ARTÍCULO

El char como solución sostenible para la eliminación de contaminantes en aguas

ARTÍCULO

Nueva plataforma de rehidratación de fangos en la EDAR Granollers: un paso adelante en la valorización energética y la economía circular en el ciclo del agua

196

DIRECTORIOS

WEG IMPULSA SU CRECIMIENTO EN IBERIA CON NUEVAS INSTALACIONES EN ESPAÑA Y PORTUGAL

La nueva sede en Madrid y el complejo tecnológico de Santo Tirso consolidan una estrategia basada en proximidad, capacidad de ensayo y músculo logístico.

La creciente electrificación industrial en Europa y el aumento de proyectos de alta potencia están redefiniendo la organización de los grandes fabricantes de equipos eléctricos. En ese contexto, WEG ha reforzado su estructura en la península

ibérica como una plataforma integrada capaz de combinar capacidad logística, adaptación técnica y validación avanzada dentro de un mismo circuito operativo orientado al mercado europeo.

La reorganización parte de un objetivo común: concentrar recursos, reducir

tiempos de suministro y garantizar que los equipos puedan ser ajustados, ensayados y validados en proximidad antes de su puesta en marcha definitiva. Para ello, la compañía ha ampliado su capacidad operativa en Madrid y consolidado en el norte de Portugal un centro de

los ciclos de suministro y facilita la adaptación técnica de los equipos en función de los requisitos de cada proyecto.

La integración de logística, adaptación de equipos y soporte técnico permite reducir plazos y ganar flexibilidad en proyectos industriales complejos

ensayo de referencia, articulando ambos enclaves como piezas complementarias de una misma cadena industrial.

Las nuevas instalaciones de WEG Iberia, ubicadas en Coslada, con 3.000 m² de oficinas y 11.000 m² de almacén, permiten integrar almacenamiento, modificación de motores, producción de reductores y servicio postventa especializado en automatización industrial, incluyendo variadores de frecuencia y arrancadores. Esta concentración de funciones acorta

Ese refuerzo operativo se conecta directamente con la capacidad de validación técnica desarrollada en el complejo industrial de Santo Tirso, donde WEG dispone de un laboratorio de ensayo de alta tecnología operativo desde agosto de 2024. Integrado en un entorno productivo con líneas de baja y alta tensión, el centro permite comprobar en origen el comportamiento de equipos destinados a aplicaciones industriales de elevada exigencia.

El laboratorio puede ensayar motores de hasta 43 toneladas -con infraestructura preparada para 63-, realizar pruebas en equipos de hasta 15 kV y someter a carga directa sistemas de hasta 7,5 MW. Además, posibilita la validación conjunta de sistemas completos de accionamiento (transformador, inversor y motor) en una única plataforma, así como ensayos especiales de alta tensión y análisis avanzados de vibraciones.

El diseño de esta infraestructura combinada contempla futuras ampliaciones y la incorporación de nuevas líneas vinculadas a almacenamiento

La validación integral de sistemas de alta potencia en una única plataforma reduce incertidumbre técnica antes de la entrega final

energético (BESS) y movilidad eléctrica, ámbitos que marcarán la evolución del mercado en los próximos años. Con esta estructura coordinada, WEG consolida a la península ibérica como un nodo industrial estratégico dentro de su red europea, reforzando su capacidad para atender proyectos de gran escala en un entorno marcado por mayores exigencias técnicas, eficiencia energética y fiabilidad operativa.

www.weg.net/es

TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA LA MEJORA DE LA EDAR DE GIJÓN OESTE: INNOVACIÓN Y EFICIENCIA AL SERVICIO DEL LITORAL ASTURIANO

La modernización de la EDAR de Gijón Oeste integra soluciones avanzadas de biopelícula en lecho móvil y decantación lastrada para aumentar capacidad, eficiencia y resiliencia climática sin ampliar la superficie de la planta.

Las infraestructuras de depuración afrontan hoy mayores exigencias ambientales, límites de vertido más estrictos y una presión creciente derivada de episodios de lluvia intensa y variabilidad climática. En este escenario, la capacidad de adaptación tecnológica y la optimización de instalaciones existentes se han convertido en elementos clave para garantizar eficiencia operativa y cumplimiento normativo a largo plazo.

Por ello, la modernización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Gijón Oeste, ubicada en La Reguerona, marca un nuevo hito en

la gestión hídrica del norte de España. Con una inversión de 18,9 millones de euros, parcialmente financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la actuación refuerza el papel estratégico de esta infraestructura, en funcionamiento desde el 2005, declarada de Interés General del Estado y que da servicio a más de 150.000 habitantes equivalentes de Gijón y Carreño, protegiendo el ecosistema del mar Cantábrico.

En este ambicioso proyecto, las tecnologías AnoxKaldnes® MBBR y Actiflo® han desempeñado un papel central, aportando eficiencia, resiliencia y

Las tecnologías AnoxKaldnes® MBBR y Actiflo® han desempeñado un papel central en la modernización de la EDAR de Gijón Oeste, aportando eficiencia, resiliencia y capacidad de adaptación a una instalación condicionada por importantes limitaciones de espacio y exigentes estándares ambientales

capacidad de adaptación a una instalación condicionada por importantes limitaciones de espacio y exigentes estándares ambientales.

ANOXKALDNES® MBBR: MÁS BIOMASA, MÁS CAPACIDAD, MISMO VOLUMEN

Uno de los principales desafíos de la EDAR de Gijón Oeste radicaba en la imposibilidad de ampliar su superficie debido a su ubicación geográfica, en la margen derecha de la ría de Aboño y junto a la Campa de Torres. Ante este escenario, la solución pasaba por optimizar al máximo la infraestructura existente.

La tecnología AnoxKaldnes® MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) ha permitido precisamente eso: aumentar la capacidad de tratamiento sin necesidad de expansión física y garantizando el funcionamiento continuo de la planta durante las obras.

El proyecto ha contemplado la rehabilitación de los dos reactores biológicos existentes y la reconversión de dos de los seis decantadores secundarios en nuevos reactores MBBR, configu-

El proceso AnoxKaldnes® MBBR permite alcanzar hasta 130.000 m³ diarios en tiempo húmedo sin necesidad de ampliar la superficie de la instalación

rando dos líneas de tratamiento con dos reactores consecutivos por línea. En total, la instalación dispone ahora de cuatro reactores biológicos con un volumen útil conjunto de 13.415,50 m³.

Gracias a esta modernización, la EDAR alcanza una capacidad de tratamiento de 65.000 m³/día en tiempo seco y hasta 130.000 m³/día en tiempo húmedo, reforzando su respuesta ante episodios de lluvia intensa y picos de carga contaminante.

El principio de funcionamiento de AnoxKaldnes® se basa en el crecimiento de biomasa en forma de biopelícula sobre soportes plásticos de pequeño tamaño que permanecen en continuo movimiento dentro del reactor. Estos soportes ofrecen una elevada superficie específica por unidad de volumen, lo que permite desarrollar mayor cantidad de biomasa que en los sistemas convencionales de fangos activados.

El resultado es una mayor estabilidad del proceso biológico, una eliminación más eficiente de materia orgánica y nutrientes y una mejora sustancial del rendimiento global, todo ello dentro del mismo volumen de reactor. La incorporación de nuevas soplantes (incluidas soplantes de levitación magnética) y la remodelación de los sistemas de aireación refuerzan además la eficiencia energética del proceso.

ACTIFLO®: AFINO COMPACTO DE ALTO RENDIMIENTO

La modernización de la línea de agua se completa con la implantación del proceso Actiflo®, una tecnología de tratamiento terciario diseñada para el pulido del efluente secundario y la obtención de una calidad de vertido acorde con los estándares más exigentes.

Actiflo® combina procesos de coagulación-floculación con una decantación lamelar lastrada mediante microarena. Esta configuración permite acelerar la formación y sedimentación de flóculos, reduciendo de forma muy eficaz los sólidos en suspensión, la DQO y la DBO.

En el caso de la EDAR de Gijón Oeste, el sistema incluye cámaras de mezcla, decantadores lamelares lastrados y desinfección mediante rayos ultravioleta, garantizando un efluente final de alta calidad antes de su vertido al Cantábrico. Además, el tratamiento terciario dispone de microtamices filtrantes de 20 micras y un by-pass que aporta flexibilidad operativa.

Y es que uno de los grandes valores diferenciales de Actiflo® es su carácter compacto. Requiere un espacio significativamente menor que otros sistemas de clarificación, lo que lo convierte en la solución idónea para instalaciones con limitaciones de superficie, como es el caso de esta instalación.

RESILIENCIA CLIMÁTICA Y VERSATILIDAD OPERATIVA

Más allá de su eficiencia, Actiflo® destaca por su versatilidad. Puede operar como tratamiento primario, secundario, terciario o como sistema específico para aguas de tormenta. En este proyecto, también se ha implantado un tratamiento de tormentas basado en mezcla rápida, floculación y decantación lastrada, lo que refuerza la capacidad de la planta para gestionar episodios de caudal elevado asociados al cambio climático.

Esta flexibilidad operativa incrementa la resiliencia de la infraestructura hídrica frente a eventos meteorológicos

extremos y asegura el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

MODERNIZACIÓN INTEGRAL:

AGUA, FANGOS, OLORES Y CONTROL

La actuación no se ha limitado a la línea de agua. La línea de fangos ha sido completamente adaptada y ampliada. Para ello se han rehabilitado espesadores de gravedad de 22 metros de diámetro, incorporado nuevos sistemas de tamizado y espesamiento dinámico, y aumentando la capacidad de tratamiento. Asimismo, se han optimizado los bombeos y los sistemas de impul-

El sistema Actiflo® combina coagulaciónfloculación y decantación lastrada con microarena en un proceso compacto que optimiza espacio y rendimiento

sión, mejorando la eficiencia operativa de toda la línea.

La digestión anaerobia se desarrolla ahora en condiciones más controladas y eficientes, con dos digestores de gran capacidad y un sistema de calefacción que garantiza el rendimiento del proceso biológico. El biogás producido se almacena en un gasómetro específico y cuenta con sistema de antorcha para la gestión segura de excedentes, consolidando un modelo de tratamiento más alineado con los principios de valorización energética. En la fase final, la deshidratación se ha reforzado con la incorporación de una nueva centrífuga de mayor capacidad, lo que permite optimizar la reducción de volumen del fango y mejorar su gestión posterior. Además, el almacenamiento se realiza en silos específicos que aseguran una operación continua y controlada.

El conjunto de mejoras se completa con la renovación integral del sistema de desodorización mediante tecnología biológica, la ampliación de redes auxiliares y la modernización eléctrica y de control, con nuevos centros de transformación y sistemas automatizados que garantizan una operación precisa, fiable y adaptada a las nuevas exigencias de la instalación.

MODULAR, EFICIENTE Y FÁCIL DE USAR: FLOTTWEG PRESENTA UNA NUEVA CENTRÍFUGA PARA EL DRENAJE DE LODOS

Flottweg presentará en IFAT 2026 en Múnich una importante novedad de producto para el drenaje de lodos. La compañía dará a conocer una nueva centrífuga orientada a aplicaciones municipales e industriales, que combina una mayor capacidad de rendimiento con flexibilidad en la configuración y un diseño enfocado a facilitar la operación y el mantenimiento. El desarrollo responde a la necesidad de los operadores de adaptarse a requisitos técnicos cada vez más exigentes en materia de eficiencia, sostenibilidad y optimización de procesos.

La nueva centrífuga incorpora mejoras destinadas a incrementar significativamente el rendimiento de separación.

La máquina permite un drenaje más eficiente tanto de lodos industriales como de lodos procedentes de aguas residuales, contribuyendo a reducir el consumo energético y a optimizar la explotación de las instalaciones. Con ello, la compa-

ñía da respuesta a la demanda del mercado de mayores tasas de tratamiento, mejores resultados de separación y modos de funcionamiento más sostenibles.

Uno de los elementos clave del equipo es el denominado Performance Boost integrado, diseñado para aumentar el rendimiento de separación al tiempo que optimiza el uso de recursos. Este concepto se complementa con un enfoque de Human Centered Design, que orienta el diseño de la máquina a las necesidades reales de los usuarios, simplificando las tareas diarias de operación y mantenimiento.

Otro aspecto relevante es la arquitectura modular de la centrífuga. El denominado Flex Concept permite adaptar el equipo a condiciones de proceso específicas y a distintos entornos de instalación. La centrífuga puede integrarse en infraestructuras existentes y configurarse en función de los requisitos de cada proyecto, ofreciendo una solución ajustada a las necesidades actuales y

preparada para futuras ampliaciones o cambios operativos.

La presentación de este nuevo equipo se enmarca en la estrategia de la compañía de impulsar desarrollos tecnológicos orientados tanto a la eficiencia económica como a la sostenibilidad a largo plazo en el ámbito de la separación mecánica, un campo en el que Flottweg acumula cerca de 70 años de experiencia.

IFAT 2026, feria internacional de tecnologías medioambientales dedicada a soluciones para el agua, las aguas residuales, los residuos y la economía circular, servirá como escenario para su presentación oficial a nivel mundial. Los visitantes profesionales podrán conocer la nueva centrífuga y otras soluciones de la compañía del 4 al 7 de mayo en el pabellón A1, stand 550.

FLOTTWEG www.flottweg.com/es/

Respuesta rápida a los desafíos del agua

Cuando los problemas relacionados con el agua ponen en riesgo la continuidad operativa, nuestras soluciones móviles de tratamiento permiten responder inmediatamente, incluso en escenarios de alta complejidad:

• Paradas imprevistas de planta

• Variaciones rep entinas en la calidad del agua

• Escasez de recursos hídricos

• Presión normativa

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WGM IMPULSA LA DIGITALIZACIÓN INTELIGENTE

WGM continúa desarrollando soluciones orientadas a modernizar la gestión del mantenimiento en el ciclo integral del agua. La experiencia acumulada en el acompañamiento a operadores y gestores junto con una apuesta constante por la innovación, ha sido determinante en el desarrollo y la evolución de ABISMO GIS, una herramienta diseñada para mejorar la planificación y ejecución de operaciones en redes de saneamiento y abastecimiento.

La digitalización del mantenimiento atraviesa una fase de consolidación en el sector, y ABISMO GIS se presenta como una solución orientada a integrar información operativa y facilitar la toma de decisiones. El sistema combina herramientas de análisis con una visualización georreferenciada que permite disponer de una visión

unificada del estado de la red y de las actuaciones en curso.

La base de su funcionamiento es la vinculación de cada dato con su localización. Órdenes de trabajo, mantenimientos preventivos, incidencias o averías se visualizan directamente sobre cartografía digital, lo que facilita la priorización de intervenciones y la optimización de rutas y recursos. La

ABISMO GIS conecta cada dato con su ubicación para facilitar la toma de decisiones operativas

integración con el GMAO contribuye a evitar duplicidades y a garantizar que los equipos de mantenimiento, operaciones y dirección trabajen con información actualizada y coherente.

Además, ABISMO GIS incorpora una aplicación móvil que sustituye los soportes en papel en las tareas diarias. Los equipos de campo pueden recibir órdenes, registrar actuaciones, adjuntar documentación gráfica y actualizar el estado de los trabajos en tiempo real, asegurando la trazabilidad completa de las intervenciones.

Con este desarrollo, WGM refuerza su apuesta por una digitalización orientada a mejorar la eficiencia operativa y la coordinación en la gestión de infraestructuras de agua.

¿Quieres medir nivel?

Nuestro radar mide lo imposible.

Todo es posible. Con VEGA.

Ya sean productos líquidos o sólidos, calientes, fríos o corrosivos, nuestra tecnología de medición de nivel por radar marca la diferencia desde hace décadas, también en la industria del tratamiento de aguas residuales. Ofrecemos valores precisos y fiables justo donde se necesitan, aportando estabilidad, seguridad y la máxima calidad en el producto. Con nuestras soluciones radar, la innovación no tiene límites.

MONITORIZACIÓN INTELIGENTE DE LODOS CON EL RADAR IIOT

La incorporación de sensores radar VEGAPULS Air conectados a la nube permite mejorar la planificación del espesamiento, optimizar el transporte y reducir intervenciones reactivas en la gestión de lodos.

Anglian Water presta servicio a más de seis millones de personas en el este de Inglaterra. En su proceso de valorización de lodos para su transformación en fertilizantes, necesita mediciones continuas y fiables de los niveles de almacenamiento, algo que los métodos manuales no siempre garantizaban. Para resolver esta limitación, incorporó la tecnología IIoT de VEGA.

DE COMPROBACIONES MANUALES A MONITORIZACIÓN EN LA NUBE

Antes, los niveles de los depósitos se revisaban manualmente, lo que gene -

raba errores y retrasos en la programación de la retirada de lodos. Cuando esta se producía fuera de tiempo, el proceso de espesamiento se veía afectado, disminuía la eficiencia operativa y aumentaban las paradas e intervenciones reactivas.

Actualmente, la compañía controla sus embalses de retención mediante sensores radar VEGAPULS Air 41 y Air 42. Estos dispositivos se instalan directamente sobre los depósitos, requieren una infraestructura mínima y cubren alcances de entre 1 y 5 metros. Además, proporcionan datos estables incluso en ubicaciones remotas y expuestas a variaciones de temperatura.

Los datos recopilados se envían a la nube, donde es posible visualizar tendencias y generar alarmas. Esta monitorización continua permite anticipar vaciados, coordinar rutas de transporte y reducir desplazamientos innecesarios, manteniendo la fiabilidad de la medición incluso en condiciones adversas como lluvia, viento o suciedad.

CONFIGURACIÓN SENCILLA E IMPLEMENTACIÓN ESCALABLE

Tras la realización de proyectos piloto en 2022 y 2023, el despliegue general comenzó en abril de 2024 y continúa ampliándose. La aplicación VEGA Tools facilitó la configuración inicial, así como la copia de seguridad y restauración de parámetros críticos. Al tratarse de una solución alimentada por batería, no requiere infraestructuras extensas, lo que permite una implementación ágil y con costes contenidos.

Este sistema mejora la planificación del espesamiento y del transporte de lodos, aportando mayor control operativo y visibilidad sobre el proceso de valorización.

Gobernanza, talento y comunicación para la adaptación climática y

digital del sector

El sector del agua urbana afronta retos clave que marcarán el camino de los próximos años. Es momento de transformarse para dejar de ser reactivos y pasar a ser proactivos, anticipándonos a los riesgos climáticos, tecnológicos y sociales que se avecinan.

CARMEN HERNÁNDEZ, DAQUAS

Desde 2020, año tras año el sector del agua urbana no ha parado de pasar por situaciones en las que se ha visto afectado, o ha sido la base para lograr una solución. Empezó la COVID-19, en 2020, dónde la higiene y el lavado de manos eran clave para la lucha contra el virus y su seguimiento a través de las aguas residuales. Siguió la borrasca Filomena, en 2021, que podría haber generado grandes inundaciones en caso de un deshielo acelerado. Continuó con la entrada en erupción del volcán de La Palma, en 2021, destrozando grandes superficies y requiriendo la instalación, en tiempo récord, de plantas desaladoras portátiles. Seguimos con la sequía de Cataluña que obligó, en 2022, a impulsar la reutilización indirecta para aguas de consumo humano. Lo siguiente fue el desastre vivido en la DANA de Valencia, de 2024, con Paiporta como zona cero de la catástrofe, que movilizó a todo un país y a nuestro sector. Seguimos con los incendios de Zamora, de 2025, dónde, lógicamente, el agua fue clave para combatirlos y, por último, al menos hasta el momento, las actuales borrascas Leonardo y Marta que

está teniendo grandes afecciones en gran parte de la Península, con especial mención a Grazalema.

Todas estas situaciones, y muchas otras, normalmente van acompañadas de una declaración de emergencia para lograr paliar las consecuencias de estos desastres. Sin embargo, me pregunto si realmente esta respuesta reactiva es adecuada.

Desde que tengo conciencia, la comunidad científica lleva alertándonos de las consecuencias del cambio climático y su especial afección a nuestro país. Las políticas parece que van encaminadas a adaptarnos y a mitigarlo en la medida de lo posible, pero la realidad es que, en estos últimos años, estamos viviendo

No será suficiente con tener voluntad para el cambio y adecuar nuestros objetivos; deberemos cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra cultura y nuestras dinámicas

desastre tras desastre. Por supuesto, debemos comprender que el riesgo cero no existe. Sin embargo, nuestro objetivo debe ser el de reducir, en la medida de lo posible, el nivel de la catástrofe.

Históricamente, el sector del agua español ha sido pionero a nivel mundial en numerosos asuntos, principalmente por las características de necesidad del país, y, por ello, ahora debemos de transformarnos y seguir manteniendo la reputación que nos precede. Es momento de transformarse para dejar de ser reactivos y pasar a ser proactivos, anticipándonos a los riesgos climáticos, tecnológicos y sociales que se avecinan. Todo ello acompañando de un marco legislativo que ya está empujando a este cambio.

Esto parece muy sencillo sobre papel, pero la realidad es que se trata de un cambio mucho más profundo. No será suficiente con tener voluntad para el cambio y adecuar nuestros objetivos; deberemos cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra cultura y nuestras dinámicas.

Sabemos que tenemos un problema. El sector del agua, y ahora sí me centro en el urbano, lleva años reclamando una mejora de gobernanza en un entorno

donde el exceso de actores y el complejo entramado de competencias, unido a la falta de coordinación entre ellos, dificultan la búsqueda de sinergias e impiden lograr el mayor nivel de eficiencia.

Siendo conscientes de que, en este sector, en ocasiones en necesario tener en cuenta las condiciones de contorno de una situación local en concreto, resulta necesario establecer estándares y referencias claras para asegurar un adecuado servicio para todos los ciudadanos y lograr el menor coste con el mayor beneficio de las soluciones implementadas.

El trabajo en equipo y la colaboración como sector ―tanto público como privado― y como país, debe marcar el camino a seguir, cuya dirección debe pasar por entender la adaptación y transformación sectorial como una ventaja competitiva y estratégica de país. El papel de los municipios en todo este cambio será clave, ya que ellos tienen la competencia en el abastecimiento y saneamiento de agua. Pero no debemos olvidar la dispersión municipal española para no dejar a nadie atrás, ya que son precisamente los municipios de menor tamaño el eslabón más débil y decisivo. La solidaridad, la innovación y la agrupación en unidades de gestión supramunicipales de mayor tamaño serán la clave.

La normativa y estrategias europeas están marcando el camino hacia un sector más digitalizado. Sin embargo, el reto que afrontamos no es tecnológico; se trata de un reto organizativo princi-

palmente enfocado en tres ámbitos. El primero de ellos enmarca a los jóvenes. La integración de los nativos digitales, con el conocimiento de un sector robusto y con altos estándares de calidad, es la clave para lograr la transformación digital y, para ello, el sector les debe resultar atractivo en términos de afrontar retos que estén a su altura; hacerles sentir que forman parte de estrategias que les motiven, permitir su desarrollo profesional y disponer de condiciones laborales que les convenzan. Además, en este sentido, la administración pública se encuentra en circunstancias más desfavorables debido a la falta de renovación de su personal.

Esto me lleva al siguiente reto, que es la comunicación como un factor estratégico pero invisible. Estratégico no solo para atraer talento, sino también para lograr que la percepción pública del agua se considere como un elemento transcendental a afrontar. Debemos comprender como sector que la ciudadanía no va a entender el sector del agua como lo hacemos nosotros; no va a conocer sus conceptos y elementos ―no podemos saber todos de todo― pero sí que deben de conocer las necesidades del sector y el riesgo de la inacción.

El

reto que afrontamos no es tecnológico; se trata de un reto organizativo principalmente enfocado en tres ámbitos: la integración de jóvenes profesionales en el sector, entender la comunicación como un factor estratégico y avanzar en la sostenibilidad económica de los servicios de agua urbana

La dirección a seguir debe pasar por entender la adaptación y transformación sectorial como una ventaja competitiva y estratégica de país

El agua no puede ser un tema que nos preocupe cuando ocurre un desastre. Debe ser un pilar fundamental de la sociedad que se trate desde lo técnico y apoyado en lo político, no como un arma arrojadiza, sino como una forma de conciliación social. Los asuntos del agua son una responsabilidad compartida, donde la ciudadanía es uno de los actores clave y, por ello, debe lograrse un pacto social y político que consiga marcar una estrategia nacional a largo plazo.

Por último, cabe destacar uno de los retos más importantes, que podría llegar de la mano del pacto mencionado: la sostenibilidad económica de los servicios de agua urbana. Un sector que lleva años acumulando necesidades de inversión en renovación, y que

ahora requiere de mayores inversiones a causa de la nueva legislación, cifra actualmente en más de 4.400 millones de euros anuales el déficit de inversión, situación que complica y agrava todo lo mencionado anteriormente.

Las soluciones están claras y llevan mencionándose desde hace muchos años. Los principios de la Directiva Marco del Agua de “recuperación de costes” y de “quien contamina paga”, son el camino para revertir esta situación mediante la aplicación de las 3Ts: tasas, tarifas y transferencias. Sin embargo, volvemos al principio; para ello necesitamos mejorar la gobernanza y una dirección y estrategia política. La creación de un regulador, que inicialmente pudiera establecer unas directrices homogéneas en el ámbito económico, permitiría avanzar en el resto de los retos mencionados para, en un futuro y de forma escalonada, poder establecer objetivos nacionales basados en datos y conocimiento robusto.

En definitiva, la mejora de la gobernanza, la búsqueda y atracción de talento, y el impulso de la comunicación serán la clave para lograr la adaptación al cambio climático y la transformación digital del sector.

LA DIGITALIZACIÓN COMO MOTOR DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN

DEL AGUA INDUSTRIAL

La incorporación de gemelos digitales y plataformas de monitorización avanzada permite optimizar consumos anticipar desviaciones y reforzar el cumplimiento normativo en entornos industriales complejos.

La gestión del agua industrial afronta desafíos crecientes como la escasez hídrica, un marco regulatorio cada vez más exigente y la necesidad de garantizar la continuidad de los procesos productivos. En este contexto, Veolia, líder en descarbonización y economía circular, orienta su estrategia hacia un enfoque integral que combina conocimiento técnico, operación avanzada y digitalización

para maximizar la eficiencia del agua en entornos industriales complejos.

La eficiencia hídrica ha evolucionado más allá del tratamiento y del cumplimiento de los límites de vertido. Actualmente abarca la optimización de consumos, la estabilización de procesos, el impulso a la recirculación y reutilización del agua y la detección temprana de desviaciones operativas. La digitalización se consolida así como

una palanca clave para una gestión más resiliente, segura y eficiente.

El nuevo Real Decreto 1085/2024, que regula la reutilización del agua en España, refuerza este enfoque. La diferenciación entre reutilización y recirculación abre oportunidades relevantes para la industria, siempre que se apoyen en sistemas robustos de control y monitorización que garanticen la calidad del agua y el cumplimiento normativo.

GEMELOS DIGITALES PARA ANTICIPAR Y OPTIMIZAR

La incorporación de gemelos digitales representa un avance significativo en la gestión industrial. Estas réplicas virtuales de instalaciones reales, alimentadas con datos en tiempo real, permiten simular el comportamiento de los procesos, contrastar la operación actual con escenarios teóricos y evaluar el impacto de posibles modificaciones antes de su implementación en planta.

Un ejemplo es el desarrollo de un gemelo digital de reactor anaerobio basado en modelos matemáticos avanzados. Esta herramienta facilita el análisis de incrementos de carga, la optimización de parámetros operativos y la maximización de la producción de biogás manteniendo la estabilidad del sistema.

MONITORIZACIÓN AVANZADA Y PLATAFORMA HUBGRADE

Veolia integra los gemelos digitales a través de Hubgrade, su ecosistema de soluciones digitales orientado al análisis de datos, la supervisión y la optimización de infraestructuras hídricas. En el ámbito industrial, esta plataforma permite analizar en tiempo real el desempeño de las plantas de tratamiento, consolidando datos de operación, calidad del agua y consumos energéticos.

En colaboración con Nabladot y Electroingenium, la compañía está desarrollando un gemelo digital de reactor anaerobio como herramienta avanzada de análisis para procesos de tratamiento de agua industrial. Este sistema recopila datos analíticos y del sistema SCADA del reactor para analizar la evolución de parámetros clave y permitir, en una primera fase, optimizar su funcionamiento con el objetivo de maximizar la producción de biogás y reducir costes de operación y mantenimiento.

Además, la herramienta incorpora una función formativa que facilita la capacitación de los equipos operativos, favoreciendo una gestión más eficiente y proactiva.

Este modelo digital se integra en la plataforma Hubgrade, que agrupa decenas de plantillas activas y miles de atributos y señales procedentes de distintas fuentes de datos. Esto permite evaluar parámetros críticos como cargas orgánicas, rendimientos de eliminación, estabilidad de procesos y oportunidades de mejora.

El gemelo digital de reactor anaerobio facilita maximizar la producción de biogás manteniendo la estabilidad del sistema

De este modo, la propuesta integra tecnología, operación y digitalización avanzada para reforzar la eficiencia y resiliencia en la gestión del agua industrial, facilitando el cumplimiento normativo y la optimización sostenida de los recursos.

Los gemelos digitales permiten simular el comportamiento de los procesos y evaluar modificaciones antes de su implementación en planta

VEOLIA ESPAÑA www.veolia.es

Anticipar para garantizar el agua: claves de la gestión pública ante los retos hídricos de 2026

POR MANUEL

La gestión del agua urbana afronta en 2026 un escenario marcado por la incertidumbre climática, la presión regulatoria y la necesidad de garantizar servicios esenciales de alta calidad en contextos cada vez más complejos. La experiencia reciente ha puesto de manifiesto que los episodios de sequía, lluvias torrenciales y fenómenos extremos han dejado de ser excepcionales para convertirse en una constante con la que las ciudades deben convivir. En este nuevo escenario, el reto ya no es únicamente responder a las emergencias cuando se producen, sino anticiparse a ellas mediante planificación, inversión sostenida y una gobernanza sólida y transparente.

Desde la perspectiva de una empresa pública metropolitana como EMA-

SESA, responsable del ciclo integral del agua en Sevilla y su área metropolitana, la clave para afrontar el presente y el futuro pasa por gestionar la incertidumbre con visión estratégica, combinando rigor técnico, innovación,

El reto ya no es únicamente responder a las emergencias cuando se producen, sino anticiparse a ellas mediante planificación, inversión sostenida y una gobernanza sólida y transparente

responsabilidad económica y corresponsabilidad social.

LA ANTICIPACIÓN COMO

PRINCIPIO ESTRUCTURAL DE LA GESTIÓN

Uno de los principales aprendizajes de los últimos años es que la sequía no puede gestionarse únicamente cuando ya se ha declarado la emergencia. El cambio climático está alterando los patrones hidrológicos tradicionales, intensificando los periodos de escasez y aumentando la frecuencia e intensidad de los episodios extremos. En este contexto, la anticipación deja de ser una opción para convertirse en un principio estructural de la gestión del agua.

Anticipar implica disponer de reservas suficientes, infraestructuras resi-

La clave para afrontar el presente y el futuro

pasa por gestionar la incertidumbre con visión estratégica, combinando rigor técnico, innovación, responsabilidad económica y corresponsabilidad social

lientes y sistemas de información avanzados que permitan tomar decisiones con antelación. Supone también diversificar fuentes, reforzar la eficiencia del sistema y planificar la ciudad desde una óptica adaptada a escenarios climáticos más exigentes. La planificación ya no puede limitarse a horizontes cortos, sino que debe articularse en marcos estratégicos a medio y largo plazo, capaces de adaptarse a contextos cambiantes y de integrar de forma coherente abastecimiento, saneamiento, drenaje urbano y protección ambiental.

INVERSIÓN SOSTENIDA PARA

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

La anticipación requiere, de forma inevitable, inversión continuada en infraestructuras y tecnología. El sector del agua arrastra históricamente un déficit inversor que se ha hecho especialmente visible durante los recientes episodios de sequía. La renovación de redes, la modernización de instalaciones, la mejora de la depuración y la adaptación a nuevas exigencias normativas son ac-

tuaciones imprescindibles para garantizar la continuidad y calidad del servicio. La planificación inversora debe orientarse no solo a mantener el sistema existente, sino a prepararlo para los escenarios futuros. La adaptación al cambio climático, la mejora de la eficiencia hídrica y energética, la reducción de pérdidas o el impulso de la reutilización requieren recursos estables y una visión a largo plazo que trascienda los ciclos políticos y económicos. En este sentido, la financiación responsable es un elemento clave. El equilibrio económico-financiero de los servicios de agua es condición necesaria para sostener el esfuerzo inversor. Las tarifas, diseñadas con criterios de equidad y progresividad, se configuran como una herramienta para incentivar el consumo responsable, garantizar la sostenibilidad del servicio y proteger a los colectivos más vulnerables, asegurando que nadie quede atrás en el acceso a un recurso esencial.

DIGITALIZACIÓN: HACIA UNA

GESTIÓN INTELIGENTE Y PREDICTIVA

La digitalización se ha consolidado como una palanca estratégica de transformación en la gestión del ciclo urbano del agua. La incorporación de tecnologías avanzadas —sensorización, analítica de datos, inteligencia artificial— permite evolucionar desde modelos reactivos hacia sistemas de gestión predictivos y en tiempo real.

Gracias a la digitalización es posible mejorar la eficiencia operativa, reducir pérdidas, optimizar el uso de los recursos y anticipar incidencias antes de que se conviertan en problemas mayores. La telelectura facilita un conocimiento más preciso de los consumos,

La complejidad de los retos hídricos actuales exige avanzar hacia modelos de gobernanza más abiertos, participativos y colaborativos

mejora la relación con la ciudadanía y refuerza la transparencia del servicio. En el ámbito del saneamiento, los sistemas inteligentes permiten monitorizar redes y vertidos, mejorando la protección del medio ambiente y la calidad de las masas de agua.

Estos procesos de transformación digital no son únicamente tecnológicos. Implican también un cambio cultural y organizativo, orientado a utilizar la información como base para la toma de decisiones estratégicas y a situar al usuario en el centro de la gestión. La digitalización se convierte así en un instrumento para mejorar el servicio público, reforzar la confianza social y avanzar hacia modelos más eficientes y sostenibles.

La complejidad de los retos hídricos actuales exige avanzar hacia modelos de gobernanza más abiertos, participativos y colaborativos

GOBERNANZA ABIERTA Y CONFIANZA SOCIAL

La complejidad de los retos hídricos actuales exige avanzar hacia modelos de gobernanza más abiertos, participativos y colaborativos. La confianza social es un activo fundamental para la gestión del agua, especialmente en contextos de escasez, donde las decisiones adoptadas afectan directamen-

La anticipación requiere, de forma inevitable, inversión continuada en infraestructuras y tecnología

te a los hábitos y a la vida cotidiana de la ciudadanía.

La transparencia, la información clara y el diálogo permanente con los grupos de interés contribuyen a reforzar esa confianza. Los espacios de participación estructurada entre administraciones, empresas gestoras, expertos y ciudadanía permiten incorporar diferentes perspectivas, mejorar la calidad de las decisiones y avanzar hacia una corresponsabilidad real en el uso del recurso.

La experiencia demuestra que la implicación ciudadana, acompañada de campañas de sensibilización y herramientas digitales accesibles, favorece comportamientos responsables y contribuye de forma efectiva a la reducción de la demanda sin comprometer la calidad de vida. La gestión del agua es, cada vez más, un ejercicio colectivo.

EL AGUA COMO SERVICIO PÚBLICO

ESENCIAL Y VECTOR DE SALUD

En un contexto de transición ecológica y social, es imprescindible reafirmar el carácter del agua como servicio público esencial y derecho humano.

La gestión del ciclo integral del agua debe garantizar el acceso universal, la

Prepararse hoy es la mejor garantía para afrontar con solvencia los desafíos del mañana y asegurar que el agua siga siendo un elemento de progreso, salud y sostenibilidad

asequibilidad y la calidad del servicio, integrando criterios sociales, ambientales y de salud pública.

El enfoque “One Health”, que en EMASESA ya aplicamos bajo el nombre +Salud, reconoce la interdependencia entre salud humana, salud ambiental y gestión de los recursos, adquiere una relevancia creciente en la planificación de los servicios urbanos del agua. La protección de los ecosistemas, la mejora de la calidad del agua, la reutilización, la economía circular y la eficiencia energética forman parte de una misma estrategia orientada a proteger el bienestar de las personas y del entorno.

PERSPECTIVAS PARA 2026 Y MÁS ALLÁ

De cara a 2026, el sector del agua se

enfrenta a retos complejos, pero también a oportunidades claras. La experiencia acumulada en los últimos años ha puesto de manifiesto que la anticipación, la inversión sostenida, la digitalización y la gobernanza colaborativa son pilares imprescindibles para garantizar la resiliencia del sistema.

Las empresas públicas del agua tienen un papel clave como agentes de cohesión territorial y social, capaces de liderar la adaptación al cambio climático desde una perspectiva de servicio público, innovación y compromiso con la ciudadanía. Prepararse hoy es la mejor garantía para afrontar con solvencia los desafíos del mañana y asegurar que el agua siga siendo un elemento de progreso, salud y sostenibilidad para las ciudades y territorios.

GESTORAS DE AGUA EN ESPAÑA: PRIORIDADES ANTE EL RETO CLIMÁTICO, NORMATIVO Y DIGITAL

Luis Bustamante

LA COMBINACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, REVISIÓN NORMATIVA EUROPEA

Y

ENVEJECIMIENTO

DE REDES OBLIGA A LAS GESTORAS A PRIORIZAR INVERSIONES ESTRATÉGICAS. DAQUAS CIFRA EL DÉFICIT ANUAL EN MÁS DE

4.400 MILLONES DE EUROS, MIENTRAS LA DIGITALIZACIÓN Y LA REUTILIZACIÓN EMERGEN COMO PALANCAS ESTRUCTURALES.

Las entidades encargadas de gestionar el ciclo urbano del agua afrontan una etapa marcada por una presión simultánea en varios frentes. La intensificación de los períodos de sequía y la mayor variabilidad hidrológica asociada al cambio climático están tensionando los sistemas de abastecimiento y saneamiento, obligando a reforzar la resiliencia operativa y la planificación a medio y largo plazo. En territorios como Cataluña o la Costa del Sol, los últimos episodios de sequía han evidenciado que incluso captaciones históricamente seguras pueden agotarse y que las infraestructuras diseñadas con criterios de retorno tradicionales resultan insuficientes ante eventos extremos cada vez más intensos. Al mismo tiempo, la revisión del marco normativo europeo y nacional eleva continuamente las exigencias técnicas y de control, mientras que el déficit inversor acumulado en infraestructuras condiciona la capacidad de adaptación del sistema. Este escenario no parte de cero. El XVIII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España, elaborado por DAQUAS con datos de 2024 y que analiza información correspondiente a 1.784 municipios y 36,4 millones de habitantes, confirma avances en eficiencia y digi-

Déficit estructural: 4.485 millones € de autosuficiencia energética en depuración gracias a cogeneración con biogás y fotovoltaica.

0,5% es la tasa media anual de renovación de redes de abastecimiento, frente al 2% recomendado.

talización, pero advierte también de un desequilibrio estructural en materia de inversión y renovación de activos. Según este informe, el sector arrastra un déficit anual estimado de 4.485 millones de euros, cifra que ilustra la magnitud del reto si se quiere garantizar la sostenibilidad técnica y económica del servicio en el medio plazo. En paralelo, la actualización normativa europea -con la aprobación de la nueva

Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU)- y el desarrollo del Real Decreto 3/2023 sobre calidad del agua de consumo humano configuran un entorno regulatorio más exigente, no solo por la ampliación de su alcance y objetivos ambientales, sino también por la incorporación de nuevos contaminantes, el refuerzo en la eliminación de nutrientes y el impulso hacia mayores cotas de neutralidad energética en las instalaciones de depuración, obligando a integrar control avanzado, trazabilidad y gestión del riesgo en toda la cadena de valor del agua.

Es en este contexto donde las prioridades de las entidades gestoras pasan por equilibrar inversión, cumplimiento normativo y transformación digital, todo ello sin perder de vista la asequibilidad del servicio, la sostenibilidad energética de las infraestructuras y la equidad territorial.

INFRAESTRUCTURAS

ENVEJECIDAS Y BRECHA

INVERSORA: LA BASE DEL DESAFÍO ESTRUCTURAL

Uno de los principales condicionantes del ciclo urbano del agua en nuestro país es el envejecimiento progresivo de sus infraestructuras. Las tasas actuales de renovación de redes se sitúan muy por debajo de los niveles recomenda-

dos para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Diversos análisis sectoriales sitúan la renovación anual en torno al 0,5% en redes de abastecimiento y por debajo del 0,2% en saneamiento, cuando el ritmo recomendado para evitar el envejecimiento acumulado se aproxima al 2% anual.

Este diferencial no es meramente técnico. Tiene implicaciones directas en pérdidas de agua, eficiencia energética, riesgo de averías y capacidad de respuesta ante episodios extremos, como las lluvias torrenciales que han azotado España en los últimos años. Además, el envejecimiento de colectores y conducciones principales incrementa la vulnerabilidad ante intrusiones, vertidos y fallos estructurales, obligando a priorizar inversiones en

activos críticos. A ello se suma el ya citado déficit inversor anual de 4.485 millones de euros, identificado por DAQUAS, que evidencia una brecha estructural entre las necesidades reales del sistema y los recursos disponibles. Es cierto que instrumentos como el PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua han supuesto un impulso relevante en los últimos años, pero el propio diseño del sector -con fuerte fragmentación municipal y limitaciones presupuestarias- dificulta la planificación inversora estable y de largo recorrido. En este marco, la definición de prioridades por parte de las entidades gestoras resulta determinante para orientar recursos hacia activos estratégicos y reforzar la garantía de suministro críticos, y maximizar el impacto de cada euro invertido.

CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD HÍDRICA: ADAPTACIÓN EN UN ESCENARIO DE MAYOR INCERTIDUMBRE

Por otro lado, la presión climática se ha convertido en un factor estructural para la gestión del agua en España. Los escenarios regionalizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los documentos estratégicos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) apuntan a una tendencia hacia mayor irregularidad en las precipitaciones, incremento de la frecuencia e intensidad de las sequías y aumento de episodios extremos.

Para las entidades gestoras, esto implica rediseñar estrategias opera -

tivas que tradicionalmente se apoyaban en series históricas relativamente estables. Hoy, la planificación debe incorporar escenarios de incertidumbre, reforzar la sectorización y el control de pérdidas, optimizar la gestión de la demanda y, en determinados territorios, apostar por la diversificación de recursos mediante reutilización o desalación y una mayor interconexión de sistemas.

La adaptación climática tampoco es ya una cuestión exclusivamente hidrológica; afecta a la gestión energética de las instalaciones, al dimensionamiento de infraestructuras de drenaje urbano y a la capacidad de los sistemas de saneamiento para absorber lluvias intensas sin comprometer la calidad de las masas de agua receptoras. De este modo, la resiliencia pasa a ser un criterio central en la toma de decisiones inversoras.

NUEVA REGULACIÓN

Y DIGITALIZACIÓN: DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AL REDISEÑO DEL MODELO OPERATIVO

El marco normativo europeo ha experimentado una actualización profunda con la aprobación de la Directiva (UE) 2024/3019, que revisa la regulación sobre tratamiento de aguas residuales ur-

Foto: Aigues de Manresa

banas y amplía las exigencias en materia de depuración y control. Esta nueva directiva introduce nuevas categorías de contaminantes y refuerza el papel del saneamiento como herramienta de protección ambiental y salud pública.

En paralelo, el Real Decreto 3/2023, que establece los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano en España, consolida un enfoque basado en la gestión del

riesgo desde la captación hasta el grifo, reforzando obligaciones en materia de control, información al consumidor y trazabilidad.

En este escenario, la transformación digital deja de ser una mejora incremental para convertirse en un requisito estructural. El estudio de DAQUAS refleja que la implantación de telelectura ha pasado del 19% en 2022 al 38% en 2024, lo que evidencia un avance significativo en la digitalización del servicio. La disponibilidad de datos en tiempo real permite optimizar consumos, detectar fugas con mayor rapidez, anticipar incidencias y mejorar la planificación de inversiones.

Normativa y digitalización convergen así en un mismo punto: la necesidad de evolucionar hacia modelos de gestión basados en información fiable, trazable y orientada a la toma de decisiones estratégicas.

AIGÜES DE

MANRESA:

ANTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN COMO EJES ESTRATÉGICOS

El ciclo urbano del agua en Cataluña se está gestionando ya con una premisa distinta a la de hace una década: “Los registros históricos ya no nos sirven, lo excepcional se vuelve normal”, señala Antoni Ventura i Ribal, Gerente de Aigües de Manresa. En su lectura, sequías prolongadas y episodios de lluvias torrenciales son “las dos caras de la misma moneda” y obligan a reforzar la resiliencia con un enfoque que vaya más allá de la reacción: “no ya de adaptación, sino de anticipación”.

Hablando de abastecimiento, la entidad sitúa el principal riesgo en el deterioro simultáneo del recurso en cantidad y calidad, una realidad que se hizo especialmente visible durante el último episodio de sequía. “Captaciones que nunca se habían agotado lo hicieron en

La digitalización se consolida como palanca clave para eficiencia, control y planificación inversora:

La telelectura ha pasado del 19% en 2022 al 38% en 2024.

este episodio”, recuerda Ventura. Con esa experiencia reciente, la estrategia prioriza líneas muy concretas: “su mitigación gira alrededor del ahorro, la circularidad y la interconexión”, una hoja de ruta que busca reducir la vulnerabilidad del sistema y aumentar su capacidad de respuesta ante escenarios cambiantes.

En saneamiento, la presión climática se manifiesta de otra forma: lluvias extremas más intensas y persistentes que ponen a prueba infraestructuras diseñadas para condiciones menos exigentes. “Con unas infraestructuras de saneamiento dimensionadas para períodos de retorno habituales, el riesgo de inundaciones es evidente”, advierte el gerente. De ahí que la entidad sitúe entre sus prioridades actualizar criterios de diseño y reforzar la prevención mediante la “actualización de los períodos de retorno, redimensionamiento de las infraestructuras y acciones de mantenimiento preventivo”.

TARU: más exigencia ambiental y transición energética

Al mismo tiempo, el nuevo marco regulatorio europeo también cambia el terreno de juego en depuración. “La nueva Directiva europea nos obliga a ser mucho más exigentes por lo que se refiere a la calidad del agua que devolvemos al medio”, apunta el experto. En términos técnicos, el esfuerzo deberá dirigirse, sobre todo, a

Los registros históricos ya no nos sirven: lo excepcional se ha vuelto normal.

Necesitamos capacidad no solo de adaptación, sino de anticipación.

mativa nos impone avanzar hacia la neutralidad energética en el conjunto de nuestras instalaciones”, subraya. En ese camino, Aigües de Manresa ya cuenta con palancas en marcha: “gracias a nuestros sistemas de cogeneración… y a la instalación de placas fotovoltaicas, alcanzamos ya un 14% de autosuficiencia energética”. El siguiente paso será consolidar esta trayectoria y ampliar progresivamente el peso de la autosuficiencia en el conjunto del sistema.

Gobernanza e inversión: estabilidad y revisión del modelo financiero

En un entorno de inversiones crecientes y exigencias técnicas al alza, la entidad pone el foco en la coordinación institucional. “Trabajamos codo a codo con la Mancomunitat del Bages i del Moianès per l’Aigua, quien, a su vez, está coordinada con la Agència Catalana de l’Aigua”, explica Ventura. Esa relación permite estructurar planes quinquenales de reposición y mejora de infraestructuras que “nos aseguran un horizonte estable” y facilitan el acceso a financiación para ejecutarlos.

Aigües de Manresa en cifras y prioridades 14%

de autosuficiencia energética en depuración gracias a cogeneración con biogás y fotovoltaica.

2 instalaciones

de regeneración construidas durante la última sequía para usos urbanos no potables.

2 Planes Integrales

Antoni Ventura i Ribal, gerente de Aigües de Manresa.

intensificar tratamientos para nutrientes y contaminantes emergentes: “deberemos intensificar las actuaciones dirigidas a la eliminación del nitrógeno y el fósforo, así como de los microcontaminantes”.

Pero la exigencia no se limita a la calidad del efluente. La normativa también empuja hacia la transición energética del saneamiento. “La nor-

No obstante, la ecuación financiera sigue siendo uno de los grandes desafíos. Aigües de Manresa está diseñando actualmente dos Planes Integrales de Gestión de los Sistemas de Saneamiento que implicarán un esfuerzo inversor adicional significativo. “En el marco actual, difícilmente va a encontrar financiación”, advierte. En su diagnóstico, el problema tiene raíces estructurales: “se hace necesaria una revisión del sistema tarifario del agua”, demasiado dependiente, añade, “de la valentía del mundo local”. La solución, en su opinión, pasa por un reenfoque de prioridades presupuestarias que permita sostener el cumplimiento normativo y la seguridad hídrica a largo plazo.

de gestión del saneamiento en diseño para adaptarse a nuevas exigencias normativas.

3 ejes frente a la sequía

Ahorro - Circularidad - Interconexión.

Objetivo estratégico

Avanzar hacia la neutralidad energética y reforzar la anticipación climática.

Digitalización y reutilización: eficiencia operativa y diversificación del recurso

En temas de digitalización, Ventura subraya que se trata de uno de los ejes estratégicos de la entidad. Aigües de Manresa ha recibido fondos europeos en la primera convocatoria del PERTE del ciclo urbano del agua, una financiación que “se ha convertido en el acelerador de nuestro plan estratégico 2021-2025”. El despliegue se concentra en “sensorización, automatización y telecontrol”, junto con la renovación del sistema de información geográfica y el desarrollo de aplicaciones para eficientar procesos.

Este proceso permitirá “establecer las bases para la implementación de la telelectura” y para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial orientadas a “ganar eficiencia en la gestión del recurso y prestar un servicio de mayor calidad”.

En paralelo, la reutilización gana peso en la planificación territorial. Durante la sequía, la entidad ha puesto en marcha dos instalaciones de regeneración para usos como la limpieza urbana

Se hace necesario un Pacto Nacional del Agua que ordene el sector y garantice la financiación necesaria para asegurar

sostenibilidad, cumplimiento normativo y seguridad hídrica.

y el riego de zonas verdes. “En un futuro, prevemos el desarrollo de una red incipiente de agua regenerada”, explica Ventura, con el objetivo de acercar el recurso al punto de consumo e incrementar su utilización.

Una mirada sectorial: hacia un Pacto Nacional del Agua

Más allá del ámbito local, el gerente defiende la necesidad de una estrategia compartida a escala estatal. “Se hace necesario un Pacto Nacional del Agua”, sostiene, que agrupe a administracio -

nes, operadores, regantes, consumidores y sector tecnológico para ordenar prioridades, consensuar actuaciones y “conseguir financiación para desplegar las inversiones necesarias para garantizar la sostenibilidad, el cumplimiento normativo y la seguridad hídrica”.

ACOSOL: ECONOMÍA CIRCULAR, DESALACIÓN Y PLANIFICACIÓN A 50 AÑOS EN LA COSTA DEL SOL

En la Costa del Sol, donde la presión hídrica es estructural y la demanda Referentes

sacyr.com

Antoni Ventura i Ribal, gerente de Aigües de Manresa.

presenta una fuerte componente estacional, la estrategia de gestión del agua pivota sobre un concepto claro: economía circular y diversificación de recursos. “La gestión de los recursos hídricos de la forma más eficiente posible se basa en una estrategia global”, explica Matilde Mancha, consejera delegada de Acosol, una estrategia que abarca desde la limitación del uso de recursos subterráneos hasta la apuesta decidida por la desalación y la reutilización.

El modelo que impulsa la entidad prioriza el uso del agua potable para

consumo humano y reserva el agua regenerada para riego y baldeo, tanto público como privado. “Estamos trabajando en un concepto circular”, señala Mancha, subrayando que esta orientación no solo contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que permite preservar las reservas hídricas del embalse de La Concepción, principal vía de abastecimiento de la comarca.

En paralelo, la resiliencia frente a lluvias torrenciales también ocupa un lugar destacado en la agenda. “Se es-

tán lanzando y ejecutando ya medidas de mejora de digitalización, seguimiento en tiempo real del comportamiento de nuestros colectores, así como detección de alivios y control de la calidad del agua transportada”, apunta la consejera delegada. Estas actuaciones, enmarcadas en el Plan Director de Saneamiento Integral, permitirán comprender con mayor precisión el funcionamiento de colectores en alta, estaciones depuradoras, emisarios y aliviaderos, y definir inversiones a corto, medio y largo plazo.

Foto: ACOSOL
La gestión eficiente del agua en la Costa del Sol exige una estrategia global basada en economía circular, desalación y reutilización.

TARU: más control, más tecnología y más exigencia energética

La nueva Directiva europea de tratamiento de aguas residuales urbanas supone, en palabras de la experta, “un salto cualitativo en la gestión de las aguas residuales en la UE”. No obstante, la ampliación del alcance normativo y la incorporación de nuevos contaminantes implican un aumento de exigencias técnicas que tendrá impacto directo en la Costa del Sol.

Entre los principales efectos previstos, la consejera delegada destaca la mejora en la protección del medio ambiente y la salud pública mediante el control y monitorización de nuevas categorías de contaminantes. Además, subraya la obligatoriedad de implantar y mejorar tratamientos terciarios avanzados con capacidad de eliminación de nutrientes como nitrógeno y fósforo.

“La DTARU eleva los objetivos ambientales y exige tratamientos más avanzados y sostenibles”, afirma Mancha, lo que obligará a modernizar infraestructuras, integrar tecnologías de tratamiento avanzado y adaptar la capacidad de monitoreo. A ello se suma el objetivo de neutralidad energética en depuración. En este sentido, la entidad apuesta por la integración de energías renovables, especialmen -

Matilde Mancha, consejera delegada de Acosol.

te fotovoltaica y cogeneración con biogás procedente de la digestión de lodos, con el propósito de que las EDAR evolucionen “de grandes consumidores a fuentes de producción de energía”.

Coordinación institucional reforzada tras la sequía

La última sequía, entre 2023 y 2025, ha supuesto un punto de inflexión en la coordinación institucional: “Es absoluta”, señala Mancha en referencia a la relación con la Junta de Andalucía -autoridad competente en la cuenca mediterránea andaluza- y con los once ayuntamientos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Según la directiva, la implicación y preocupación institucional se han intensificado a raíz de la crisis hídrica reciente, aunque recuerda que el trabajo por la eficiencia y la resiliencia “lleva presente en Acosol desde hace varios años atrás”. De este modo, la planificación compartida se consolida como una herramienta clave para afrontar los nuevos estándares regulatorios.

Más de 300 millones en inversión… y el reto de financiarla

La magnitud de los desafíos se traduce en un ambicioso plan inversor estructurado en tres grandes bloques. “Las inversiones prioritarias están claramente identificadas con nuestro plan de inversiones”, explican desde ACOSOL, alineado con el diagnóstico sectorial sobre envejecimiento de infraestructuras y nuevas exigencias normativas.

En abastecimiento en alta y garantía de suministro, se prevén 116 millones de euros destinados a renovar conducciones principales, ampliar capacidad de regulación -como la duplicación

ACOSOL en cifras y prioridades

Más de 300 millones €

previstos en inversiones en abastecimiento, saneamiento y reutilización.

116 millones €

para garantía de suministro y refuerzo de conducciones en alta.

Más de 40 hm³/año

de capacidad de producción de agua regenerada.

7-8 hm³ actuales

destinados al riego de cerca de 50 campos de golf (objetivo: 10–12 hm³).

Proyecto Agua 360

51 acciones de digitalización con 3,28 millones € de inversión.

Horizonte 50 años

Planes Directores con modelos matemáticos y gemelos digitales.

del depósito de cabecera de la ETAP de Río Verde- y reforzar la resiliencia frente a sequía mediante actuaciones en desalación.

En saneamiento y adaptación a la TARU, se contemplan 103 millones de euros para modernizar procesos en EDAR, cumplir exigencias futuras en calidad de vertido y eficiencia energética, y rehabilitar colectores con graves daños estructurales.

Por último, el tercer bloque, con 129 millones de euros, se centra en reutilización y economía circular del agua.

Sin embargo, la financiación continúa siendo el gran condicionante. “Las tarifas en su generalidad solo cubren los costes de operación y mantenimiento, y no abordan la renovación de la infraestructura”, advierte. Aunque la factura del agua representa aproximadamente el 0,84% del presupuesto familiar -muy por debajo del umbral de asequibilidad del 3–5% definido por la ONU-, existe “una fuerte resistencia social y política” a incrementos que permitan recuperar costes vía tarifa.

Como consecuencia, el sector mantiene una elevada dependencia de fondos externos y cofinanciación estatal o autonómica, lo que introduce incertidumbre en los plazos y en la priorización de proyectos estratégicos.

Agua 360: digitalización y gemelos digitales con horizonte de 50 años

La digitalización es otro de los pilares estratégicos de ACOSOL: “Está jugando un papel esencial”. La entidad ha sido beneficiaria de fondos Next Generation en la tercera convocatoria del PERTE, lo que ha permitido impulsar el proyecto Agua 360, con un presupuesto de 3,28 millones de euros.

El plan incluye 51 acciones agrupadas en tres ejes: planificación y anticipación, mejora de la eficiencia y digi-

talización, y gestión de la información.

“Estamos desarrollando proyectos de control de fugas en tiempo real, telelectura, sensorización, monitorización y automatización”, detalla la consejera delegada.

Especial relevancia tienen los Planes Directores de Abastecimiento en Alta y de Saneamiento Integral, que incorporarán análisis de crecimiento basado en los PGOU municipales y modelos matemáticos para simular el comportamiento del sistema. Además, la generación de gemelos digitales de las principales infraestructuras permitirá planificar inversiones con un horizonte de 50 años, reforzando la capacidad de anticipación en una comarca en constante expansión.

Reutilización: pieza estructural del modelo hídrico futuro

Por último, la reutilización de los recursos hídricos forma parte del ADN

hídrico de la Costa del Sol desde hace más de tres décadas. La entidad suministra agua regenerada para el riego de cerca de 50 campos de golf, con volú-

El futuro hídrico

de la Costa del Sol pasa por incorporar definitivamente el agua regenerada al ciclo integral del agua.

menes anuales de entre 7 y 8 hm³. No obstante, el objetivo es ampliar este aprovechamiento.

“El agua regenerada juega un papel clave en Andalucía y también en la Costa del Sol Occidental”, subraya Mancha. La entidad puede producir más de 40 hm³ anuales y trabaja para incrementar el volumen suministrado hasta 10–12 hm³ en el corto plazo. En coordinación con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, se están redactando los planes de riesgo exigidos por la nueva normativa estatal para extender el uso del recurso a riego y baldeo público y privado.

Matilde Mancha, consejera delegada de Acosol.

Además, la reutilización se integra en proyectos de investigación vinculados a la recarga de acuíferos. Para ACOSOL, el futuro hídrico de la comarca pasa por incorporar definitivamente el agua regenerada al ciclo integral, consolidándola como herramienta estructural para garantizar sostenibilidad y seguridad hídrica.

Foto: ACOSOL

Seguridad hídrica y gobernanza en los sistemas de agua urbana: el valor estratégico del modelo público

(AEOPAS)

Los sistemas de agua urbana operan en la actualidad en un escenario marcado por una intensificación de los impactos del cambio climático, una creciente presión sobre los recursos hídricos disponibles, una complejidad regulatoria cada vez mayor y un incremento sostenido de las necesidades de inversión en infraestructuras críticas. A estos factores se suman los procesos de digitalización, transición energética y transformación de las expectativas sociales en materia de transparencia, sostenibilidad y calidad del servicio.

En este contexto, la seguridad hídrica y la gobernanza institucional se configuran como ejes estructurales para garantizar la continuidad, fiabilidad y equidad del abastecimiento y el saneamiento. Ambos conceptos no pueden abordarse de forma aislada, ya que la seguridad hídrica depende directamente de la calidad de los modelos de gobernanza, de su capacidad de anticipación, de su solidez financiera y de su orientación al interés general.

SEGURIDAD HÍDRICA

EN CONTEXTOS DE INCERTIDUMBRE CLIMÁTICA

La seguridad hídrica puede definirse como la capacidad de un sistema para garantizar, de forma sostenida, el acceso suficiente, seguro y asequible al agua, preservando al mismo tiempo los ecosistemas y minimizando los riesgos asociados a eventos

extremos. En el ámbito urbano, este concepto integra dimensiones técnicas, ambientales, económicas, sociales e institucionales.

La creciente variabilidad hidrológica, el aumento de la frecuencia e intensidad de sequías e inundaciones, la reducción de aportaciones naturales y el deterioro de masas de agua subterráneas y superficiales configuran un escenario de elevada volatilidad. En paralelo, el envejecimiento de las infraestructuras, las pérdidas reales en redes, la presión sobre los costes energéticos y la necesidad de cumplir con exigentes marcos normativos incrementan la vulnerabilidad de los sistemas.

Garantizar la seguridad hídrica exige, por tanto, avanzar hacia modelos de gestión basados en la diversificación de fuentes, la eficiencia hidráulica, la reutilización planificada, la protección de recursos estratégicos, la gestión integrada del drenaje urbano y la incorporación sistemática del análisis de riesgos en la planificación.

EL AGUA URBANA COMO MONOPOLIO NATURAL Y SERVICIO ESENCIAL

Desde una perspectiva económico-institucional, los sistemas de agua urbana constituyen un monopolio natural. Su provisión se basa en infraestructuras de red altamente intensivas en capital, con elevados costes fijos, largos periodos de amortización y ausencia de alternativas viables de duplicación.

En este contexto, los mecanismos clásicos de competencia de mercado resultan inoperantes. La lógica de maximización del beneficio privado entra en tensión estructural con la necesidad de garantizar inversiones continuas, mantenimiento preventivo, protección ambiental y acceso universal.

La evidencia internacional muestra que la mercantilización de servicios esenciales con fuertes externalidades sociales y ambientales genera fallos sistémicos difíciles de corregir mediante regulación.

La seguridad hídrica y la gobernanza institucional se configuran como ejes estructurales para garantizar la continuidad, fiabilidad y equidad del abastecimiento y el saneamiento

El proceso de privatización desarrollado en Inglaterra y Gales desde 1989, mediante el Water Act, constituye un caso paradigmático. La transformación de los antiguos entes públicos en sociedades privadas reguladas fue presentada como un mecanismo para atraer inversión y mejorar la eficiencia operativa. Sin embargo, más de tres décadas después, el caso de Thames Water, principal operador del país, evidencia las limitaciones estructurales de este modelo.

La adaptación efectiva al cambio climático no se materializa mediante soluciones aisladas, sino a través de procesos acumulativos de innovación técnica, aprendizaje organizativo y cooperación interinstitucional

formales de dirección y control. Abarca el conjunto de estructuras, procesos y relaciones mediante los cuales se toman decisiones, se asignan recursos, se gestionan conflictos y se construyen consensos.

En contextos de riesgo creciente, la gobernanza eficaz debe integrar:

• Planificación estratégica basada en escenarios climáticos y análisis de vulnerabilidades.

• Transparencia en la información técnica, económica y ambiental.

• Participación estructurada de administraciones, operadores, agentes económicos y ciudadanía.

La situación de Thames Water no constituye un episodio aislado, sino la manifestación de un diseño institucional que incentiva la extracción de rentas financieras en detrimento de la sostenibilidad técnica y ambiental del sistema.

Este modelo contrasta de forma nítida con el de Escocia, donde los servicios permanecen bajo gestión pública a través de Scottish Water. En este caso, la existencia de financiación estable, reinversión sistemática de excedentes, planificación a largo plazo y control público directo ha permitido mantener elevados estándares de calidad, eficiencia operativa y protección ambiental, incluso en contextos de presión climática creciente.

La comparación entre ambos modelos pone de relieve que la seguridad hídrica depende menos de la titularidad formal que de la arquitectura institucional, los incentivos económicos y la orientación estratégica del sistema. No obstante, la evidencia empírica muestra que los esquemas públicos bien gobernados ofrecen mayores garantías para compatibilizar sostenibilidad financiera, resiliencia climática y protección del interés general.

GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESILIENCIA

La gobernanza en los sistemas de agua urbana no se limita a los mecanismos

• Coordinación multinivel entre escalas local, supramunicipal y autonómica.

• Evaluación continua del desempeño y rendición de cuentas.

La cocreación entre los diferentes actores que configuran nuestros municipios —equipos técnicos, comunidad científica, tejido empresarial, fuerzas sociales y ciudadanía— debe convertirse en la infraestructura institucional imprescindible para gestionar conflictos distributivos, legitimar decisiones tarifarias e inversoras y asegurar la continuidad de las políticas de adaptación.

INNOVACIÓN PÚBLICA Y COOPERACIÓN TERRITORIAL

Asimismo, la adaptación efectiva al cambio climático no se materializa mediante soluciones aisladas, sino a través de procesos acumulativos de innovación técnica, aprendizaje organizativo y cooperación interinstitucional.

Las experiencias desarrolladas en numerosos operadores públicos españoles muestran la capacidad del modelo público para integrar soluciones basadas en la naturaleza, digitalización avanzada, reutilización estratégica, eficiencia energética, control de pérdidasy gestión integrada de recursos.

Proyectos como Smart AMVISA en Vitoria-Gasteiz (alrededor de 250.000 habitantes), el Observato-

rio del Agua de Terrassa, el proyecto “Agua inteligente, futuro sostenible” de Aljarafesa, basado en sensores inteligentes e inteligencia artificial para optimizar la gestión, anticipar incidencias y reducir pérdidas en un sistema que presta servicio a aproximadamente 330.000 habitantes en la comarca del Aljarafe (Sevilla), la gestión del acuífero en El Prat de Llobregat (en torno a 63.000 habitantes) o los sistemas de drenaje resiliente de Barcelona evidencian la existencia de un ecosistema público de innovación orientado al interés general y al refuerzo estructural de la seguridad hídrica.

Los planes de sequía se configuran así como herramientas centrales de la seguridad hídrica, al permitir pasar de modelos reactivos basados en la gestión de crisis a enfoques anticipatorios fundamentados en la planificación, la monitorización continua y la toma de decisiones basada en indicadores. Su

integración en la planificación ordinaria del servicio refuerza la resiliencia institucional, mejora la coordinación interadministrativa y reduce los impactos sociales y económicos de los episodios de escasez.

En este sentido, la cooperación territorial se consolida como una condición estructural indispensable para garantizar la seguridad hídrica, especialmente en sistemas con recursos limitados o con una elevada fragmentación administrativa.

COCREACIÓN, CONSENSO Y SEGURIDAD HÍDRICA

Por otro lado, la seguridad hídrica en contextos de incertidumbre climática no puede construirse exclusivamente desde enfoques tecnocráticos ni mediante decisiones unilaterales. La experiencia acumulada muestra que los sistemas más resilientes son aquellos capaces de articular procesos estables

Los sistemas más resilientes son aquellos capaces de articular procesos estables de cocreación entre operadores públicos, administraciones, comunidad científica, tejido económico y ciudadanía

planificación del servicio. Este enfoque refuerza la calidad de las decisiones, mejora su viabilidad operativa y facilita su aceptación en situaciones de restricción, priorización de usos o reprogramación de inversiones.

Ante un escenario futuro caracterizado por mayor irregularidad hidrológica, aumento de eventos extremos y presión sobre los recursos, resulta imprescindible consolidar modelos de gobernanza anticipatoria, capaces de activar medidas preventivas y correctivas con amplio consenso institucional y social.

de cocreación entre operadores públicos, administraciones, comunidad científica, tejido económico y ciudadanía. La cocreación, entendida como diseño compartido de diagnósticos, escenarios y medidas, permite integrar conocimiento técnico, saberes locales y percepciones sociales del riesgo en la

Reforzar estas dinámicas de cocreación, asegurar financiación estable, consolidar capacidades técnicas y profundizar en la planificación compartida constituye una condición estructural para garantizar sistemas de agua urbana resilientes, equitativos y sostenibles, capaces de proteger el derecho al agua y el interés general de las generaciones presentes y futuras.

Elena Pita

DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO (OECC)

Luis Bustamante

TEMAS: AGUA, RESILIENCIA HÍDRICA, ADAPTACIÓN CLIMÁTICA, GOBERNANZA

La anticipación es clave: integrar los riesgos climáticos en la planificación hídrica hará la adaptación más eficaz y menos costosa

El cambio climático es una realidad que está alterando de forma tangible el ciclo hidrológico. España no queda exenta de este cambio; de hecho, figura entre las regiones europeas más vulnerables al calentamiento global, con una tendencia hacia mayor irregularidad en las precipitaciones, sequías más prolongadas y episodios de lluvias torrenciales más intensos, tal y como vienen señalando tanto el IPCC como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esta creciente variabilidad no solo tensiona los recursos disponibles, sino que obliga a replantear la planificación hidrológica, el diseño urbano y la gestión del ciclo del agua desde una perspectiva de anticipación y resiliencia.

Por este motivo, la adaptación se ha consolidado como uno de los ejes estratégicos de la política climática en España. Instrumentos como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 o la reciente integración explícita de los riesgos climáticos en la planificación hidrológica reflejan un cambio de enfoque: pasar de la reacción ante emergencias a la incorporación sistemática del riesgo climático en la normativa, las infraestructuras y la gobernanza del agua. La resiliencia hídrica urbana, las soluciones basadas en la naturaleza y la modernización del ciclo del agua se sitúan así en el centro del debate técnico e institucional. Para analizar cómo se está abordando esta transición y cuáles son los principales retos a medio y largo plazo, conversamos con Elena Pita, Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Desde su responsabilidad en la coordinación de las políticas estatales de adaptación, Pita detalla los avances normativos, el papel de las administraciones locales, la importancia de la financiación europea y la necesidad de un marco estable de gobernanza que permita anticipar riesgos y reforzar la seguridad hídrica en un escenario climático cada vez más difícil.

El cambio climático es una realidad y cada vez son más habituales las sequías prolongadas, los episodios de lluvias torrenciales o fenómenos extremos como la DANA, que azotó duramente Valencia y otras regiones. ¿Cómo se está adaptando la planificación hidrológica y urbana en España para anticiparse a estos fenómenos extremos?

Me gustaría destacar dos vías complementarias: por un lado, estamos avanzando en el conocimiento de los riesgos climáticos, y por otro, en la integración de la adaptación al cambio climático en el marco normativo de la planificación hidrológica.

El MITECO ha impulsado la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España (ERICC), que analiza 141 riesgos en 14 ámbitos temáticos y proporciona

una base científica sólida para orientar políticas públicas y la gestión del riesgo climático. Uno de los ámbitos temáticos analizados en la ERICC es precisamente el del agua y los recursos hídricos. Con el cambio climático estamos asistiendo a cambios en los patrones de distribución de la precipitación, la reducción de la precipitación media anual, con notables diferencias a nivel regional, y el aumento de los episodios de lluvia torrencial. A ello se suman el incremento de la temperatura del aire, del suelo, de la vegetación y del agua, así como la alteración de la dinámica de fusión de la capa de nieve. La ERICC identifica tres riesgos clave en el sector: los daños derivados de las sequías de larga duración; los asociados a las inundaciones pluviales y fluviales y los riesgos para los diferentes usos y demandas derivados de la reducción de la disponibilidad de recursos hídricos en cantidad y calidad suficientes. Estos riesgos generan, de forma inevitable, nuevas amenazas y desafíos que requieren una adaptación continua y una planificación robusta.

La planificación hidrológica ya integra explícitamente los riesgos climáticos para anticiparse a sequías e inundaciones futuras

Además, la planificación hidrológica, a través de los Planes Hidrológicos de Cuenca y de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, incorpora el enfoque de resiliencia hídrica, y son planes consensuados con todos los actores implicados. La reforma del Reglamento de Planificación Hidrológica de 2021 y la Ley de Cambio Climático del mismo año exigieron integrar explícitamente los riesgos climáticos, incluyendo medidas de corrección hidrológico-forestal, prevención de la erosión y análisis específicos de adaptación, lo que mejora la capacidad de anticipación ante escenarios futuros.

Desde la visión de la Oficina Española de Cambio Climático, ¿qué estrategias o líneas de acción deben desplegarse para fortalecer la resiliencia hídrica de las ciudades en el nuevo contexto climático?

En la OECC entendemos que fortalecer la resiliencia hídrica de las ciudades requiere actuar simultáneamente sobre el co-

nocimiento del riesgo y sobre la forma en que planificamos y gestionamos los entornos urbanos. Como órgano coordinador de las políticas climáticas estatales, nuestro papel consiste en facilitar ese acceso al conocimiento, apoyar la evaluación de riesgos y orientar la acción pública hacia enfoques más preventivos y adaptativos.

En el ámbito urbano, los riesgos climáticos clave se agrupan en tres dimensiones: disponibilidad de agua, eventos extremos y calidad del recurso. A ello se suman problemáticas urbanas específicas, como la elevada impermeabilización del suelo, que reduce la infiltración, incrementa la escorrentía y agrava los impactos de lluvias intensas. Por ello, es fundamental avanzar hacia una planificación urbana que integre la adaptación, incorporando soluciones basadas en la naturaleza y criterios de renaturalización: incremento de superficies permeables, creación de zonas verdes y corredores urbanos, restauración de riberas, sistemas de drenaje sostenibles o infraestructuras verdes que mejoren la capacidad de absorción, retención y gestión del agua a escala local. Estas medidas, combinadas con la mejora de redes e infraestructuras críticas, ayudan tanto frente a la escasez y el estrés hídrico como ante sequías más prolongadas o inundaciones más severas.

En los últimos años se ha puesto el foco en la infraestructura verde y azul como herramienta clave para la adaptación urbana. ¿Qué papel considera que deben tener soluciones como los parques inundables, la renaturalización fluvial o los pavimentos permeables en la gestión del agua urbana

Efectivamente, estas líneas de actuación han suscitado en estos años un enorme interés, en el marco de un cambio en la forma de abordar los riesgos climáticos y su gestión que parte de una comprensión más integral de cómo funciona el territorio, qué influencia tienen distintos modelos de urbanismo o qué cobeneficios aportan los espacios naturalizados en el medio urbano.

Fortalecer la resiliencia hídrica requiere actuar simultáneamente sobre el conocimiento del riesgo y sobre la forma en que planificamos los entornos urbanos

Este tipo de soluciones se inspiran o tratan de recuperar procesos y funcionalidades ecológicos, de hecho se agrupan comúnmente bajo la denominación de “soluciones basadas en la naturaleza” (SbN), dado que utilizan mecanismos y elementos propios de los sistemas naturales —la vegetación, el suelo, agua, biodiversidad— para abordar desafíos socioambientales, entre ellos los riesgos climáticos, la gestión del agua, la salud o la resiliencia urbana.

En este contexto, la OECC trabaja para identificar prioridades, fortalecer redes de colaboración, difundir buenas prácticas y apoyar a los actores implicados mediante herramientas técnicas que faciliten la toma de decisiones basada en el mejor conocimiento disponible. La Plataforma AdapteCCa reúne estos recursos en un único portal público, incluyendo el visor de escenarios de cambio climático, resúmenes de las guías del IPCC o recopilaciones de experiencias prácticas en España y Europa.

Asimismo, resulta esencial avanzar desde el conocimiento hacia la acción, y para ello contribuimos al diseño y evaluación de convocatorias de ayudas orientadas a la adaptación como las financiadas con fondos PRTR, o el programa PIMA Adapta. Se trata, en definitiva, de un esfuerzo compartido entre distintos niveles de la administración, sectores técnicos y económicos, y la propia ciudadanía, que debe adquirir nuevas competencias para convivir con condiciones climáticas diferentes a las habituales.

Las SbN constituyen uno de los ejes transversales que identifica el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático como herramienta a integrar en las políticas públicas. Entre las medidas de adaptación para hacer frente al riesgo de inundación, el PNACC considera prioritarias las actuaciones encaminadas a la recuperación de la morfología y dinámica natural de los cauces y al fomento de SbN que promuevan cobeneficios para otros objetivos como el estado de conservación de los ecosistemas, la protección de la calidad del agua, la recarga de acuíferos o la conectividad ecológica.

De modo que, sí, las actuaciones SbN son hoy un pilar de las políticas de adaptación climática, pero interesa destacar que, más allá de su contribución innegable a la reducción de riesgos e impactos climáticos, están haciendo aportaciones muy relevantes al bienestar social, a la mejora de la calidad del aire y la salud de la ciudadanía o a la recuperación de la biodiversidad. Además, y no es un tema menor, muchas de estas soluciones requieren menos energía y mantenimiento

ELENA PITA, OECC
Las soluciones basadas en la naturaleza no solo reducen riesgos, también mejoran la calidad del aire, la biodiversidad y la salud urbana

que infraestructuras grises tradicionales, y suelen tener costes de ciclo de vida más bajos, un aspecto que merece la pena considerar en un escenario en el que los costes de prevención, respuesta y recuperación frente a posibles impactos climáticos van a crecer considerablemente.

España avanza en el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). ¿Qué medidas concretas relacionadas con la gestión del agua en entornos urbanos recoge el plan?

El PNACC 2021-2030 incorpora varias líneas de acción que afectan directamente a la gestión urbana del agua. El Plan es un marco general de actuación a diez años, que se concreta en medidas a través de sus dos programas de trabajo quinquenales, el primero de ellos recién concluido y el segundo que se encuentra en plena elaboración.

De este modo, el PNACC marca orientaciones generales de trabajo en ámbitos como la gestión eficiente de los recursos hídricos en el abastecimiento urbano, que apela a la modernización de infraestructuras y redes para evitar pérdidas y al control del consumo; la adaptación de los sistemas urbanos, que implica tanto la evaluación de las vulnerabilidades del ciclo urbano del agua frente a sequías e inundaciones como la integración de esta perspectiva en la planificación y la gestión; la prevención y gestión de riesgos, que supone apostar por un urbanismo en el que se vayan integrando las “solucio-

nes basadas en la naturaleza”, de las que antes hablábamos, los pavimentos permeables o los sistemas de drenaje sostenible, que mejoren la infiltración, reduzcan la escorrentía y ayuden a laminar avenidas.

El PNACC también plantea la mejora de la gobernanza del agua y la coordinación entre administraciones para integrar la adaptación en la gestión del agua, empezando por la normativa base, un aspecto en el que se ha desarrollado mucho trabajo de integración de la perspectiva climática en normativa sectorial como los Planes hidrológicos de cuenca, los Planes de gestión de riesgo de inundación, los Planes especiales de sequía de los organismos de cuenca o el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), como ya hemos comentado.

El cambio climático está afectando la disponibilidad y calidad del agua. ¿Cómo se integran las políticas de mitigación y adaptación con las de depuración, reutilización y gestión de aguas pluviales en las ciudades? En este contexto, ¿qué papel deben desempeñar las administraciones locales en esta transición hacia una gestión más sostenible y resiliente del agua urbana? ¿Existen mecanismos de coordinación o apoyo técnico desde el Ministerio para impulsar estas acciones?

Aunque los organismos de cuenca establecen el marco básico que organiza el uso del agua en cada demarcación, el papel de los ayuntamientos y las administraciones locales es esencial, desde muchos puntos de vista. A modo de ejemplo, la tendencia en muchas cuencas a contar con menos recursos hídricos otorga un valor añadido a las medidas orientadas a la reutilización de los recursos. Por otra parte, los cambios en los niveles de torrencialidad en el medio urbano, donde el porcentaje de suelo impermeabilizado es elevado, hacen que pueblos y ciudades sean más vulnerables a las inundaciones. En este contexto, la gestión de las aguas pluviales se convierte en un reto clave.

Acciones como la recuperación de la permeabilidad en los suelos urbanos, la creación de infraestructuras para laminar las crecidas como los parques urbanos inundables o los tanques de tormentas, o la mejora de los drenajes se convierten en auténticas iniciativas de carácter adaptativo.

La financiación europea (como los fondos del PRTR o los mecanismos LIFE) ha permitido avanzar en proyectos de adaptación hídrica. ¿Cree que España está aprovechando al máximo estos instrumentos? ¿Qué ejemplos destacaría?

La financiación europea está siendo una palanca esencial para impulsar transformaciones relevantes en el panorama actual en el que los retos a abordar se multiplican. En el ámbito concreto de la adaptación hídrica local, el MITECO, a través de la Fundación Biodiversidad, ha gestionado fondos europeos (Next Generation y FEDER) por valor de más de 195 millones de euros para impulsar proyectos de renaturalización urbana y de recuperación ecológica de tramos urbanos de ríos en más de 120 ciudades españolas. Muchos de los proyectos están todavía en ejecución, por lo que todavía no podemos apreciar en toda su magnitud la potencia de los cambios, pero con seguridad van a marcar un antes y un después en la manera de abordar los retos urbanos en muchos aspectos, entre ellos la relación con el agua dentro de las ciudades.

Otro ejemplo muy destacable, y del que ya pueden apreciarse plenamente sus resultados pues se ha desarrollado entre los años 2017 y 2025, es el llamado LIFE-IP NAdapta-CC, un proyecto clave en Navarra para reforzar la resiliencia de los municipios frente al riesgo de inundaciones. Gracias al LIFE NAdapta, se elaboraron planes municipales de autoprotección, adaptados a la casuística de cada localidad, en 16 municipios con tramos ARPSI (Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación) y se implantaron sistemas de alerta temprana para avisar a la población y a los servicios municipales ante crecidas o eventos extremos. El proyecto también ha contribuido a la mejora de infraestructuras de saneamiento y depuración, y a la instalación de SUDS en entornos urbanos para reducir el impacto de lluvias intensas.

MÁS DE 195 MILLONES DE EUROS DE FONDOS EUROPEOS HAN IMPULSADO PROYECTOS DE RENATURALIZACIÓN

URBANA Y RECUPERACIÓN FLUVIAL EN MÁS DE 120 CIUDADES ESPAÑOLAS

Más allá de los programas europeos, ¿cómo podemos garantizar la financiación sostenida de las actuaciones e infraestructuras necesarias para adaptar la gestión del agua al cambio climático? ¿Qué papel podrían desempeñar los instrumentos nacionales, regionales o la colaboración público-privada?

Garantizar una financiación sostenida para la adaptación hídrica exige combinar fuentes y mecanismos que aporten estabilidad en el largo plazo. Más allá de los programas europeos, es necesario reforzar instrumentos nacionales y regionales que permitan integrar determinados aspectos relacionados con la adaptación en la programación presupuestaria ordinaria, priorizar inversiones estratégicas y asegurar la continuidad de proyectos que requieren mantenimiento y seguimiento a lo largo del tiempo.

Desde una perspectiva de gobernanza y planificación, ¿cuáles son los principales retos para integrar la gestión del agua y la adaptación climática en las agendas urbanas? ¿Cómo se está promoviendo la cooperación entre administraciones, sector privado y centros de investigación para desarrollar soluciones innovadoras en gestión del agua urbana?

La participación coordinada de todos los niveles de la administración junto con el resto de la sociedad, incluyendo el sector privado, la academia y la sociedad civil es fundamental para enfrentar los retos del cambio climático, por eso se ha identificado la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

En un contexto de mayor torrencialidad y menor disponibilidad de recursos, la gestión de las aguas pluviales se convierte en un reto clave para pueblos y ciudades
ELENA PITA,

Necesitamos un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que proporcione estabilidad y coherencia a la gestión de los recursos hídricos

Un Pacto que proporcione estabilidad y coherencia a las políticas públicas y que permita anticipar riesgos, reducir vulnerabilidades y aprovechar las oportunidades de la transición ecológica, alineando bajo una visión científica común las políticas económicas, climáticas, energéticas, hídricas, territoriales, agrarias, industriales y sociales.

La actual propuesta de Pacto dedica una atención específica a los recursos hídricos: propone reforzar la planificación hidrológica, las soluciones basadas en la naturaleza, la gestión digital e inteligente de cuencas y la eficiencia del ciclo urbano del agua, así como reducir riesgos en zonas inundables, controlar la contaminación difusa e integrar criterios de resiliencia climática en todas las infraestructuras públicas. Su implementación implica a todos los niveles de la Administración y requiere un marco de gobernanza estable.

En la Convención celebrada en Ponferrada en octubre de 2025, que reunió a una amplia diversidad de actores sociales, económicos, científicos y territoriales, se subrayó precisamente el papel central de la ciencia y el conocimiento experto como guía de la acción climática, así como la necesidad de reforzar la gobernanza y la colaboración público-privada para hacer posible este gran acuerdo nacional.

Mirando al futuro, ¿cómo imagina el modelo de gestión urbana del agua que España debería alcanzar en la próxima década para adaptarse a los nuevos escenarios climáticos?

Me gustaría ver un modelo de gestión urbana del agua que tenga siempre presentes los escenarios hídricos futuros y se anticipe a ellos. La experiencia nos demuestra que la anticipación es clave: cuanto antes incorporemos los riesgos climáticos a la planificación, más eficaz y menos costosa será la adaptación. El primer paso, por tanto, es comprender con detalle cómo evolucionarán los escenarios climáticos en cada territorio, identificando los rasgos que los caracterizan y, muy especialmente, los riesgos más relevantes a los que deberán responder las ciudades.

A partir de ese conocimiento, es posible desarrollar estrategias ajustadas a cada contexto. Las respuestas serán necesariamente diversas. Deberán incluir medidas relacionadas tanto con la gestión de la oferta como de la demanda, así como un refuerzo de la resiliencia de las infraestructuras urbanas para que puedan funcionar en condiciones más variables y extremas. Y sin duda las soluciones basadas en la naturaleza representarán un papel clave, ya que aportan flexibilidad, aumentan la permeabilidad y ayudan a gestionar eficazmente la escorrentía. Todo ello deberá acompañarse de cambios culturales que permitan adaptar nuestros usos del agua a un clima cuya evolución va a transformar, inevitablemente, las reglas del juego.

ELENA PITA, OECC

De la resiliencia hídrica a la transición hídrica en Cataluña

SPOR JORDI AGUSTÍ, DIRECTOR GENERAL DE TRANSICIÓN HÍDRICA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

i la resiliencia en sentido estricto es la capacidad de un sistema para resistir impactos y después recuperarse, podemos considerarla una cualidad imprescindible porque nos permite mantenernos, pero en esencia es reactiva y no proactiva.

Por tanto, si a nivel de garantía hídrica resistir no es suficiente, si las condiciones estructurales que generan vulnerabilidad permanecen inalteradas, habrá que mejorar de forma sostenida y por ello será necesario transformar el

modelo, revisando los patrones de consumo, la financiación, la gobernanza, la planificación territorial y la configuración de las infraestructuras. Precisamente, la transición hídrica responde a esta lógica transformadora y no se limita a reforzar el sistema existente, sino que promueve un cambio estructural orientado a la eficiencia, la diversificación de recursos, la sostenibilidad económica y la adaptación real al cambio climático.

INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LA LLUVIA

y, a raíz de la sequía 2007–2008, se amplió para duplicar su capacidad hasta 20 hm³/año, con la lógica de aportar más agua al sistema y reducir presiones sobre los recursos convencionales.

Si las condiciones estructurales que generan vulnerabilidad permanecen inalteradas, resistir no es suficiente: habrá que transformar el modelo

En Cataluña, la resiliencia hídrica se empezó a construir hace tiempo con recursos no convencionales para poder reducir la dependencia de la pluviometría. La Desalinizadora de El Prat de Llobregat entró en servicio en el verano de 2009 y puede producir hasta 60 hm³/año para abastecimiento urbano. La Desalinizadora de la Tordera funciona desde 2002, inicialmente para producir 10 hm³/año

La última sequía incorporó un hito adicional como es la reutilización potable indirecta en el río Llobregat, basada en bombear agua regenerada al río aguas arriba de la captación de la potabilizadora para que, tras mezclarse en el medio, sea captada y potabilizada. El punto de aportación se sitúa a unos 8 km aguas arriba de la planta de tratamiento de agua potable y la medida se activó desde finales de 2022. Entre diciembre de 2022 y principios de 2025 se produjeron 61,8 hm³ de agua regenerada para usos prepotables y se aportaron al cauce, incrementando disponibilidad y evitando desembalses equivalentes en un momento de escasez extrema. Esta experiencia fue reconocida internacionalmente con el Innovation Prize en octubre de 2023 que otorgó la Water Reuse Europe.

Sin diversificación de oferta —desalación, regeneración y reutilización— el plan de sequía habría exigido medidas más restrictivas y disruptivas

Por otro lado, en Cataluña hemos tenido que activar la resiliencia del lado de la demanda, a través del Plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía (PES) que no deja de ser un plan de emergencia, ya que la sequía 2021–2024 fue, según el Servei Meteorològic de Catalunya, la más grave conocida en los últimos doscientos años. El pico de tensión se produjo a inicios de la primavera de 2024, cuando el sistema TerLlobregat entró en fase de emergencia con reservas por debajo del 16% y, gracias al aporte prepotable de agua regenerada, se evitó entrar en emergencia 2. La lectura técnica es clara, sin diversificación de oferta (desalación, regeneración, reutilización) el PES habría exigido medidas más restrictivas

y disruptivas de las que se tomaron y que afectaron notablemente la sociedad y la economía.

Desde que asumí la Dirección General de Transición Hídrica en octubre del año pasado mi objetivo central es trabajar para garantizar la seguridad hídrica de Cataluña promoviendo un cambio de modelo capaz de hacer frente a la sequía, que ya la consideramos estructural. La Dirección General ha de coordinar políticas y planes de largo y muy largo plazo combinando nuevos recursos (desalación, reutilización, recarga de acuíferos) con eficiencia, ahorro y circularidad del agua en todos los sectores.

Aquí es clave la diferencia entre resiliencia y transición. La resiliencia per-

Si la sequía es estructural, la respuesta también debe ser estructural

mite resistir; pero si las condiciones estructurales que generan vulnerabilidad permanecen, resistir no basta. La transición hídrica aspira a transformar a base de revisar patrones y adaptar el nuevo sistema al nuevo clima. La transición, por tanto, no consiste en “hacer más de lo mismo” con más urgencia; consiste en rediseñar el sistema para que la emergencia deje de ser el modo de operación.

UNA LEY PARA CONSOLIDAR EL NUEVO MODELO HÍDRICO

El instrumento que debe dar estabilidad y coherencia a esta transformación es una Ley de transición hídrica. Esta Ley se plantea como un objetivo estratégico de Cataluña, con participación del tejido empresarial, industrial, agrícola y social, al mismo tiempo que coordinación interadministrativa. Todo ello para anticipar escenarios y dar continuidad a las políti-

ERA del Prat de Llobregat

cas en un horizonte de veinticinco años. Si la sequía es estructural, la respuesta también debe ser estructural, por tanto, una Ley con reglas estables y una hoja de ruta que sobreviva a la volatilidad del ciclo electoral.

En la Ley será imprescindible incorporar actuaciones estructurales de adaptación territorial que aseguren que las futuras urbanizaciones y edificaciones se diseñen bajo parámetros de “hidrosostenibilidad”. Esto supone integrar, entre otras soluciones, infraestructuras destinadas a la recarga de acuíferos, sistemas propios de reutilización de aguas, depósitos para la retención de escorrentías pluviales y medidas basadas en la infiltración y la laminación de avenidas. Asimismo, deberán reevaluarse los usos del suelo en zonas especialmente vulnerables, considerando tanto la disponibilidad efectiva del recurso como los escenarios de riesgo climático.

De forma complementaria, se deberá legislar para intensificar la gestión forestal con el propósito de mejorar la función reguladora natural de las cuencas hidrográficas y potenciar los procesos de infiltración y recarga.

En este contexto, la Ley de transición hídrica se sitúa como el instrumento normativo encargado de estructurar este planteamiento transversal, articulando la planificación territorial, la regulación económica y la gobernanza del ciclo integral del agua. Su finalidad es consolidar un modelo resiliente, ambientalmente responsable y tecnológicamente avanzado que garantice una gestión segura y sostenible del recurso en el largo plazo. Se deberán armonizar los usos urbanos, agrícolas, industriales y ambientales con la conservación de los ecosistemas.

Finalmente, deberá revisarse el reparto competencial en materia de agua y promover estructuras permanentes de cooperación —como consorcios supramunicipales o comunidades de usuarios— que aseguren coherencia, coor-

dinación y eficiencia entre los distintos sectores y niveles de la administración.

MÁS PRODUCCIÓN DE “NUEVA AGUA” Y MENOS DEPENDENCIA ESTRUCTURAL

La transición hídrica tiene dos pilares: nuevas infraestructuras de producción de agua y reformas institucionales y económicas. En el ámbito de las nuevas infraestructuras, a corto plazo, la prioridad operativa es aumentar la producción de “nueva agua”, de manera que en la región metropolitana de Barcelona se prevé incorporar 33 hm³/ año en 2026 mediante tres actuaciones, la ampliación de la Potabilizadora de la Trinitat-Besós, la puesta en servicio de la Estación de Regeneración de Agua de Sant Feliu de Llobregat y la aportación adicional desde la Estación Potabilizadora de la Estrella.

A medio plazo, el salto cuantitativo se sitúa en el horizonte 2030, en que se plantea disponer de hasta 280 hm³/año de nuevo recurso para reducir estructuralmente la dependencia de la lluvia. La estrategia hídrica aprobada mediante un acuerdo del Govern de la Generalitat de Cataluña despliega esta ambición combinando incremento de desalación, expansión de regeneración, mejor aprovechamiento del río Besós y mejoras en tratamientos y eficiencia, con el objetivo explícito de incrementar el peso de los recursos no convencionales en la garantía de las demandas. El objetivo es in-

La transición hídrica implica asumir la gobernanza integral del riesgo —tanto de sequía como de inundación— dentro de una misma arquitectura de decisiones

vertir el mix del abastecimiento urbano, pasando de una situación en la que los recursos no dependientes de la lluvia aportan en torno al 30%, a otra en la que puedan aportar hasta el 70%. Esta es la esencia de la transición, pasar de un modelo donde la lluvia marca el techo de garantía a otro donde la garantía se construye, progresivamente, con infraestructura, circularidad, gobernanza y gestión inteligente.

Todos sabemos que el cambio climático estresa el ciclo del agua por ambos extremos, y pasamos de sequías prolongadas a temporales muy intensos y concentrados. El reciente temporal “Harry”, identificado como borrasca de gran impacto, provocó en Cataluña lluvias muy intensas e inundaciones, con afectaciones relevantes. Esta convivencia de extremos —escasez e inundación— es la firma del nuevo clima mediterráneo, con más irregularidad, más impactos y menos margen para improvisar.

Este tipo de episodio refuerza una idea esencial y es que la seguridad hídrica también incluye gestionar el riesgo de inundación. Por ello, el Govern de la Generalitat de Cataluña creó el Observatorio de la Inundabilidad. En su mandato se incluye evaluar y hacer seguimiento de medidas y políticas en materia de riesgo de inundación, formular propuestas de medidas a largo plazo, tanto estructurales como no estructurales (incluidas las basadas en la naturaleza) y vinculadas a mitigación y adaptación, también incluye proponer mejoras en la gestión de emergencias y en la coordinación de sistemas de alerta (meteorológicos, hidrológicos y protección civil).

La conclusión es clara: la transición hídrica implica asumir la gobernanza integral del riesgo —tanto de sequía como de inundación— dentro de una misma arquitectura de decisiones, y superar un enfoque limitado que se conforme únicamente con la resiliencia hídrica.

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SANOR® proporciona flexibilidad para absorber grandes deformaciones sin generar defectos estructurales y presenta una resistencia al impacto tres veces superior a la de una tubería com-

pacta. Esto aporta mayor seguridad frente a golpes durante la instalación o el transporte y asegura un rendimiento óptimo a largo plazo.

La unión se realiza mediante una junta elástica certificada según la norma EN 681-2, compuesta por material elastomérico termoplástico y un refuerzo de anillo de polipropileno que garantiza una inserción segura.

Se fabrica desde el diámetro nominal 160 mm hasta el 400 mm, con una rigidez mínima de 4,0 kN/m², conforme a la norma UNE-EN 13476-2, y cuenta con certificado de producto AENOR número 001/007762. Así, Molecor refuerza su posición en la producción de tuberías de PVC-O y avanza en el desarrollo sostenible en soluciones para el transporte del agua.

DE LA NORMA A LA PLANTA: EL PAPEL DEL DAF DE TORO EQUIPMENT ANTE LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE AGUAS RESIDUALES

En 2026, con la Directiva (UE) 2024/3019 sobre aguas residuales ya en aplicación, la industria debe trasladar el marco normativo a su impacto real en planta. Además del foco en contaminantes emergentes, se refuerzan los mecanismos de control y las exigencias sobre la calidad del vertido.

Indicadores como la DQO, el nitrógeno y la presencia de aceites y grasas adquieren un peso decisivo. Por ello, la flotación por aire disuelto (DAF) se consolida como una etapa crítica para garantizar la eliminación consistente de estos parámetros. La pregunta que surge es: ¿Qué distingue a un DAF capaz

de cumplir de forma eficaz con los parámetros más estrictos?

Empresas con experiencia, como Toro Equipment, ofrecen sistemas DAF diseñados para mantener rendimiento estable y repetible, incluso ante niveles de exigencia más altos. Su enfoque combina ingeniería robusta, diseño optimizado y operación controlada, priorizando la consistencia del rendimiento frente al “cumplimiento puntual”.

Con más de 35 años de experiencia, Toro Equipment ha desarrollado un enfoque propio que integra la inyección de microburbujas en la floculación, favoreciendo un flóculo de menor densidad y acelerando la separación. Sus DAF

permiten reducir sólidos en suspensión totales hasta un 90%, disminuir la DQO y producir un fango cercano al 6% de sequedad.

De este modo, los DAF de Toro Equipment son referencia en plantas industriales. Su rendimiento constante asegura que la etapa de separación aporte valor real a la operación diaria, convirtiéndose en un elemento decisivo para mantener eficiencia, seguridad y cumplimiento sostenido en un entorno regulatorio cada vez más estricto.

El Consorcio de Aguas de Asturias: garantía, solidaridad y futuro en la gestión hídrica

POR MANUEL GUTIÉRREZ, GERENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA)

UN SERVICIO ESENCIAL PARA LA ASTURIAS DE HOY

El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias (CADASA) es una entidad de derecho público constituida por el Gobierno Regional, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y 39 de los 78 municipios del Principado. El alcance del servicio de abastecimiento en alta que desarrolla puede llegar a 773.000 personas, lo que supone el 80 % de la población de Asturias, y a las industrias de mayor consumo de agua del centro de la comunidad. Para ello cuenta con una red de distribución de 246 km de tuberías, dos embalses de captación con titularidad compartida, 3 estaciones de tratamiento y capacidad para almacenamiento en depósitos de 180.000 m³.

En 2025, el Consorcio suministró un total de 58,06 hm³ de agua.

Además del abastecimiento en alta, CADASA desempeña un papel crucial en el saneamiento de las aguas residuales del Principado, gestionando los principales sistemas de depuración de la comunidad autónoma por encomienda del gobierno regional. Explota 46 estaciones depuradoras, que trataron 133,6 hm³ de agua residual en 2025, 7 emisarios submarinos, 519 km de colectores, 218 estaciones de bombeo y 193 aliviaderos.

Desde el punto de vista económico, el Consorcio gestiona un presupuesto anual de 55 millones de euros, destinado principalmente a la explotación de los sistemas de saneamiento y abastecimiento, así como a inversiones estratégicas.

UN MODELO SOLIDARIO QUE COHESIONA EL TERRITORIO

En sus 59 años de existencia ha sido actor fundamental en el desarrollo so-

cial e industrial del Principado, colaborando en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en la protección de su salud y en la preservación y recuperación de las masas de agua.

Es un modelo de cogobernanza y de cooperación institucional, que coordina competencias, optimiza recursos y asegura una prestación homogénea y eficiente de servicios públicos esenciales relacionados con el agua.

Pero también es una herramienta de solidaridad territorial al permitir que el acceso al agua sea un derecho igualitario, mediante una tarifa única independiente del coste real de explotación en cada punto de la red. Esto es vital para municipios periféricos o con menos recursos que, gracias a CADASA, disponen de un “comodín” técnico y financiero que garantiza su suministro en alta como complemento a sus fuentes propias.

Ayudar a los ayuntamientos consorciados a la adecuación y mejora de

sus captaciones y redes propias es una de las líneas prioritarias de trabajo del Consorcio, que además del apoyo técnico que les facilita, destina un millón de euros anuales a subvenciones para este fin. Y ello, porque la diversificación en la utilización de recursos y la no dependencia de una única fuente, aumenta la garantía de suministro del

conjunto y permite hacer frente con mayor solidez a los desafíos futuros de escasez y mayor consumo.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

CADASA es un modelo de cogobernanza y cooperación institucional que coordina competencias, optimiza recursos y asegura una prestación homogénea y eficiente de los servicios públicos esenciales relacionados con el agua

En esencia, el Consorcio es un instrumento de servicio público que aporta seguridad y garantía a la ciudadanía asturiana en algo tan básico como el acceso al agua potable y la protección del medio natural.

Por su vocación de servicio al ciudadano, se ha convertido en un actor fundamental en la respuesta a los nuevos desafíos que nos plantea la crisis climática, que está alterando los patrones hidrológicos al incrementar la irregularidad de las precipitaciones y la frecuencia de episodios extremos. A ello se une el aumento de presión sobre los recursos hídricos debido al crecimiento de la demanda, especialmente indus-

El Plan de Inversiones 2022-2032, cercano a los 200 millones de euros, refuerza la seguridad hídrica y moderniza las infraestructuras para afrontar los nuevos escenarios climáticos

trial y turística, en determinadas zonas de Asturias.

Para la necesaria adaptación, CADASA ha aprobado un ambicioso Plan de Inversiones 2022-2032, que contempla actuaciones por un importe cercano a los 200 millones de euros, financiado con recursos propios y el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El plan tiene como objetivos reforzar la seguridad hídrica, modernizar las infraestructuras, mejorar la eficien-

cia energética y ampliar el servicio a nuevos municipios donde técnica, económica y ambientalmente resulta posible. Todo ello en desarrollo de las medidas contempladas en el Plan Director de Abastecimiento 2020-2030 del Principado de Asturias y en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental 2022-2027.

La ampliación y actualización tecnológica de nuestra estación de tratamiento de aguas potables asociada al embalse de Rioseco, y las actuaciones de duplicación de nuestras redes para aumentar la garantía de suministro, tienen un peso importante en el desarrollo del plan, aunque el reto más relevante consiste en llevar el agua regulada a otras zonas de Asturias donde se producen problemas de escasez en estiaje.

Se trata de más de 200 km de nuevas conducciones que darán servicio a

una población de 78.000 habitantes en 13 municipios asturianos, que se beneficiarán de la solidaridad de los actuales usuarios del agua que con su esfuerzo, vía tarifas, han permitido la necesaria solvencia económica del Consorcio para acometer estas inversiones.

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL AGUA

La ampliación, adecuación o mejora de nuestras infraestructuras no es suficiente para hacer frente a los nuevos escenarios de gestión hídrica, es necesario impulsar la innovación en el sector del agua, buscando nuevas soluciones para afrontar los retos de su menor disponibilidad y de los costes energéticos necesarios para su potabilización.

También es necesario profundizar en la mayor eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales y en su reutiliza-

ción, con la transformación de nuestras depuradoras en biofactorías.

En ello trabaja el Consorcio, que colabora estrechamente con las empresas explotadoras de sus sistemas de saneamiento y abastecimiento en diversas líneas de investigación y es cofundador del Clúster del Agua de Asturias. Este foro pretende promover la innovación y la sostenibilidad en la gestión del agua en Asturias, impulsando la colaboración entre el sector empresarial, la administración pública, los centros tecnológicos y de investigación, así como las entidades sociales, para generar conocimiento, estimular la innovación, y poner en valor el agua y la gestión hídrica.

Otro aspecto fundamental en el fortalecimiento de nuestra gestión del ciclo del agua es la digitalización, en la que el CADASA viene trabajando desde 2009 mediante la implantación de mecanismos de control y adquisición

El reto más relevante consiste en llevar el agua regulada a aquellas zonas de Asturias donde se producen problemas de escasez en estiaje

de datos y la implantación de varias plataformas informáticas.

El Consorcio, junto a la Dirección General del Agua del Principado de Asturias, lidera actualmente un salto cualitativo en el proceso, mediante la participación en tres proyectos subvencionados por los fondos europeos del mecanismo del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, que suponen una inversión conjunta de 33 millones de euros y que benefician al 70% de la población asturiana.

Quizás lo más significativo de los trabajos en marcha es el proyecto que estamos desarrollando en colaboración con el Grupo de Investigación en Ingeniería Sostenible de la Universidad de Oviedo.

El

Soluciones eficientes y respetuosas

co para modelar y predecir la calidad y volumen del agua en los alivios, a partir de datos históricos, imágenes de cámaras multiespectrales y variables meteorológicas. Su objetivo es crear sensores

pamiento físico y avanzar hacia la construcción de un gemelo digital global del sistema de agua residual, que transforme la monitorización tradicional en una gestión proactiva y optimizada.

UN CONSORCIO PREPARADO

PARA EL FUTURO

En definitiva, el Consorcio de Aguas es una administración con experiencia y gran poso técnico, con profesionales muy conocedores del mundo del agua, que apoya su gestión en empresas especializadas del sector y que dispone de la planificación adecuada y de los medios necesarios para llevarla a cabo. Todo ello supone una sólida base y una

Mª Teresa Carrillo Cobo

DIRECTORA-GERENTE EMACSA

La hoja de ruta de EMACSA se basa en tres pilares: disponer de datos fiables, avanzar hacia una operación más predictiva e incorporar mayor transparencia y trazabilidad

TEMAS: AGUA, SOSTENIBILIDAD

Nuria Suárez

En un escenario cada vez más condicionado por la variabilidad climática y un marco regulatorio en evolución, los operadores del ciclo urbano del agua están obligados a reforzar la resiliencia de sus infraestructuras, con vistas a mejorar la eficiencia operativa. En esta entrevista, la directora-gerente de EMACSA, Mª Teresa Carrillo, detalla cómo la entidad estructura su hoja de ruta en torno a la renovación de redes, la garantía del abastecimiento, la digitalización del ciclo integral, la eficiencia energética y la economía circular, con el objetivo de consolidar un servicio público seguro, eficiente y preparado para responder a desafíos futuros.

EMACSA cuenta con una histórica trayectoria al frente de la gestión del agua de Córdoba.

¿Qué supone liderar la gestión del ciclo integral del agua en un contexto marcado por una creciente incertidumbre climática y mayores exigencias ambientales?

Liderar la gestión del ciclo integral del agua en Córdoba es, ante todo, una enorme responsabilidad pública. En EMACSA trabajamos con un recurso esencial para la vida y el desarrollo de la ciudad, y hacerlo en un contexto de creciente incertidumbre climática — con sequías más prolongadas, lluvias intensas y una mayor presión sobre los recursos hídricos — exige tomar decisiones estratégicas y responsables.

Nuestra responsabilidad como empresa pública es doble: asegurar el suministro a la ciudadanía en condiciones de calidad y continuidad, y hacerlo minimizando el impacto ambiental. Esto exige anticipación, planificación y capacidad de adaptación. En este contexto, la resiliencia de las infraestructuras y la digitalización del ciclo del agua se convierten en herramientas clave para mejorar la eficiencia, optimizar la toma de decisiones y responder con rapidez ante situaciones de riesgo. Así combinamos experiencia, innovación y planificación para ofrecer un servicio público seguro, sostenible y preparado para el futuro.

Córdoba es un territorio especialmente expuesto a situaciones de estrés hídrico y a episodios meteorológicos extremos. En este escenario, ¿qué líneas de acción está adoptando EMACSA para reforzar sus infraestructuras y garantizar la continuidad y calidad del servicio?

EMACSA trabaja sobre una estrategia integral basada en la anticipación, la resiliencia de las infraestructuras y la eficiencia en la gestión del recurso.

En primer lugar, mantenemos un esfuerzo sostenido en la renovación y modernización de las redes de abastecimiento, con un nivel de renovación acumulado superior al 97%. Esta política de inversión continua permite mantener el rendimiento del sistema en niveles muy elevados, situando el porcentaje de agua no registrada por debajo del 10%, frente a una media nacional que se aproxima al 25%. Reducir pérdidas es, sin duda, una de las medidas más eficaces para reforzar la seguridad hídrica y optimizar el uso de los recursos disponibles.

En segundo lugar, estamos reforzando la garantía del sistema de abastecimiento, mediante infraestructuras estratégicas que permiten aumentar la seguridad operativa ante inciden-

Nuestra responsabilidad como empresa pública es doble: asegurar el suministro a la ciudadanía y hacerlo minimizando el impacto ambiental

cias, episodios extremos o situaciones de sequía, como es el caso de la segunda conducción, que aporta mayor capacidad y fiabilidad al sistema.

Otra línea clave es la diversificación de usos del recurso, impulsando el empleo de agua no potable para usos que no requieren calidad de agua de consumo, como el riego de

zonas verdes o determinados usos urbanos. Esta estrategia resulta especialmente relevante en una ciudad que apuesta por incrementar su superficie verde y avanzar hacia modelos urbanos más sostenibles, al tiempo que se reduce la presión sobre los recursos destinados al abastecimiento doméstico. Todo ello se complementa con la digitalización del sistema, la

mejora del telecontrol y el desarrollo de planes específicos de gestión del riesgo, que permiten anticipar incidencias, optimizar la operación y garantizar en todo momento la continuidad y la calidad del servicio.

La adaptación al cambio climático y la necesaria inversión en las infraestructuras del ciclo del agua requieren una planificación inversora sostenida en el tiempo. ¿Cuáles son actualmente las principales líneas estratégicas de EMACSA en este sentido?

Nuestra estrategia inversora se orienta a reforzar la resiliencia del sistema con criterios de eficiencia técnica y económica. Entre las principales líneas destacan la seguridad del abastecimiento, la renovación y modernización de redes y activos críticos, y la mejora del rendimiento hidráulico para reducir pérdidas. Asimismo, estamos impulsando actuaciones en saneamiento y depuración para reforzar la protección del medio receptor y garantizar el cumplimiento de las exigencias normativas presentes y futuras. Todo ello se complementa con inversiones en eficiencia energética y en herramientas de planificación y gestión que nos permitan optimizar el ciclo en el medio y largo plazo.

La empresa ha sido adjudicataria de fondos del PERTE para la digitalización del ciclo del agua. ¿Qué importancia estratégica tiene para EMACSA la digitalización del ciclo integral del agua y qué actuaciones están desarrollando?

La digitalización es una palanca estratégica para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad del servicio. Nos permite conocer el sistema en tiempo real, anticipar incidencias, optimizar recursos y reforzar la transparencia. Gracias al PERTE estamos impulsando el proyecto #REDES_ EMACSA 5.0: Más digital y cerca de ti, que agrupa actuacio-

La transformación digital no es un proyecto puntual, sino un proceso continuo que afecta a la gestión operativa, a la planificación y a la cultura organizativa

Nuestra hoja de ruta se basa en tres pilares: disponer de datos fiables y bien gobernados, avanzar hacia una operación cada vez más predictiva y optimizada, y mejorar la relación con la ciudadanía y las administraciones

nes en planificación y gobernanza del dato, sensorización en captaciones e instalaciones, mejora del control en redes de abastecimiento, digitalización del saneamiento y optimización energética.

Entre las actuaciones destacan la implantación de instrumentación analítica avanzada en estaciones de depuración, el refuerzo del telecontrol y el desarrollo de plataformas de gestión y explotación de datos operativos que faciliten la toma de decisiones en tiempo real.

Más allá del impulso a proyectos concretos que permite la financiación del PERTE, ¿cuál es la hoja de ruta a largo plazo en esta materia?

El PERTE nos permite acelerar un proceso que ya formaba parte de nuestra planificación estratégica. La hoja de ruta a largo plazo se basa en tres pilares: disponer de datos fiables y bien gobernados, avanzar hacia una operación cada vez más predictiva y optimizada, y mejorar la relación con la ciudadanía y las administraciones mediante una mayor transparencia y trazabilidad.

En este sentido, la transformación digital no es un proyecto puntual, sino un proceso continuo que afecta a la gestión operativa, a la planificación y a la cultura organizativa.

Con un marco normativo cada vez más ambicioso y exigente, tanto a nivel nacional como europeo, ¿cuáles son los principales retos regulatorios que identifican y cómo esperan abordar su cumplimiento?

El marco regulatorio actual refuerza las exigencias en materia de calidad del agua de consumo, depuración, control de ver-

tidos, reutilización y eficiencia energética. El principal reto es integrar estas obligaciones en la gestión diaria garantizando su cumplimiento de forma sostenible desde el punto de vista técnico y económico.

Para ello, apostamos por la planificación anticipada, la mejora continua de los procesos, el refuerzo del control analítico y la inversión en infraestructuras y sistemas de monitorización que permitan cumplir no solo con los requisitos normativos, sino con el objetivo final de proteger la salud pública y el medio ambiente.

También el nexo agua-energía está adquiriendo un papel cada vez más relevante. ¿Qué avances están

impulsando en materia de eficiencia energética y descarbonización?

La energía es uno de los principales factores de coste e impacto ambiental del ciclo del agua. Por ello, estamos impulsando actuaciones orientadas a optimizar los consumos mediante la mejora del rendimiento de bombeos, la gestión eficiente de presiones y la renovación de equipos por otros más eficientes.

Además, la digitalización nos permite analizar los consumos en detalle y optimizar la operación en función de las necesidades reales del sistema. La finalidad es avanzar hacia un modelo de gestión cada vez más eficiente desde el punto de

vista energético y alineado con los objetivos de reducción de la huella de carbono.

En relación con la gestión de subproductos de la depuración, ¿qué estrategia sigue EMACSA para maximizar su valorización y minimizar el impacto ambiental del tratamiento?

Nuestra estrategia se basa en optimizar los procesos de depuración para mejorar la calidad y las características del lodo, reducir su volumen y facilitar su valorización cuando las condiciones técnicas y ambientales lo permiten. Asimismo, reforzamos el control y la trazabilidad para garantizar una gestión segura y conforme a la normativa, y trabajamos en la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones asociadas al tratamiento. El fin es avanzar hacia un modelo cada vez más alineado con los principios de la economía circular.

Con la vista puesta en el medio y largo plazo, ¿qué acciones considera hoy imprescindibles para garantizar la seguridad hídrica y la sostenibilidad técnica, económica y ambiental del servicio urbano del agua?

Las prioridades pasan por mantener una planificación basada en la gestión del riesgo, asegurar una inversión sostenida en renovación y modernización de infraestructuras, mejorar la eficiencia del sistema reduciendo pérdidas y optimizando consumos, y avanzar en una digitalización que aporte valor real a la operación.

A ello se suma la eficiencia energética, la valorización de subproductos, el impulso a la reutilización y la transparencia en la gestión. En definitiva, se trata de combinar infraestructuras robustas, información de calidad y una gestión eficiente para garantizar un servicio seguro, sostenible y adaptado a los retos del futuro.

Trabajamos para avanzar hacia un modelo de gestión cada vez más eficiente desde el punto de vista energético y alineado con los objetivos de reducción de la huella de carbono

MODERNIZAR EL SANEAMIENTO URBANO ANTE LA NUEVA NORMATIVA EUROPEA:

EL DESAFÍO TÉCNICO Y TERRITORIAL DE LA PRÓXIMA DÉCADA

Luis Bustamante

CON NUEVOS UMBRALES DESDE 1.000 H-E, EXIGENCIAS DE ELIMINACIÓN DE MICROCONTAMINANTES Y OBJETIVOS DE NEUTRALIDAD ENERGÉTICA, LA DIRECTIVA 2024/3019 OBLIGA A

REPENSAR

LAS EDAR EN GRANDES

CIUDADES Y PEQUEÑAS POBLACIONES, CON COMUNIDADES COMO ARAGÓN COMO CASO DE REFERENCIA.

La depuración de aguas residuales urbanas está entrando en una fase de transformación acelerada en Europa. Ya no se trata solo de cumplir con límites más exigentes; el verdadero cambio de fondo es que las EDAR pasan a ser infraestructuras estratégicas para proteger los ecosistemas y la salud pública, reducir las emisiones y recuperar recursos en un escenario con una creciente presión regulatoria, climática y presupuestaria.

Según el Consejo de la UE, la revisión de la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas amplía el alcance a más aglomeraciones, incorpora nuevos contaminantes (incluidos los microcontaminantes) y fija un rumbo explícito hacia la neutralidad energética del sector. Por tanto, el salto cualitativo llega, sobre todo, con la obligación de abordar una familia de contaminantes que hasta ahora quedaba en gran medida fuera del “diseño” tradicional de muchas plantas: los microcontaminantes asociados a usos cotidianos, como residuos de medicamentos o compuestos presentes en productos cosméticos. Según el Consejo de la UE, para determinadas instalaciones la hoja de ruta incorpora la implantación de tratamientos cuaternarios para eli-

minar microcontaminantes, y además introduce un esquema de responsabilidad ampliada del productor: los fabricantes de farmacéuticos y cosméticos deberán contribuir, como mínimo, al 80% de los costes adicionales de ese tratamiento.

A esta presión regulatoria en saneamiento se suma, en paralelo, la agenda de control de contaminantes emergentes en agua de consumo. Desde la Comisión Europea subrayan que por primera vez se realiza un seguimiento sistemático de PFAS en el agua potable en la UE, y que, si se superan los valores límite, los Estados miembros deben informar a la población y tomar medidas para reducirlos. En línea con ese cambio, según un informe de Bluefield Research, el gasto total en tratamiento

EL GASTO TOTAL EN TRATAMIENTO DE PFAS EN LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIEZ PAÍSES EUROPEOS PODRÍA ALCANZAR LOS 3.600 MILLONES DE EUROS HASTA 2036, CON UN INCREMENTO PROGRESIVO DE INVERSIONES A PARTIR DE 2026

de PFAS en sistemas de agua potable en diez países europeos podría alcanzar los 3.600 millones de euros hasta 2036, con un incremento progresivo de inversiones a partir de 2026. Como resultado de todo lo anterior surge un nuevo mapa de prioridades para el ciclo urbano del agua: modernizar plantas, incorporar tecnologías avanzadas y digitalización, contener el impacto energético, y -no menos importante- diseñar soluciones viables para pequeñas poblaciones, donde los modelos convencionales no siempre encajan. En territorios con dispersión municipal, como es el caso de regiones españolas como Aragón, este debate adquiere un relieve particular y anticipa una pregunta clave: ¿cómo traducir las obligaciones europeas en una transición realista, planificada y financiable, sin dejar atrás a los núcleos más pequeños?

LA NUEVA DIRECTIVA EUROPEA: AMPLIACIÓN DE ALCANCE, MICROCONTAMINANTES Y RESPONSABILIDAD AMPLIADA

Antes de analizar casos concretos, hay que entender el contexto actual en el que nos encontramos. En este sentido, debemos destacar que la

Principales puntos del nuevo marco europeo sobre saneamiento urbano

Entrada en vigor y transposición

1 de enero de 2025: entrada en vigor oficial de la nueva

Directiva (UE) 2024/3019.

31 meses: plazo máximo para que los Estados miembros adapten la norma a su legislación (hasta julio de 2027).

Ámbito de aplicación

1.000 h-e: umbral mínimo para la obligación de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas (antes era 2.000 h-e).

Tratamientos obligatorios

Tertiario y cuaternario: tratamientos exigibles progresivamente según tamaño y sensibilidad del receptor (incluyendo eliminación de nitrógeno, fósforo y microcontaminantes).

Responsabilidad ampliada del productor (EPR)

80 %: porcentaje mínimo de los costes adicionales de tratamiento cuaternario que deben financiar los sectores de productos farmacéuticos y cosméticos bajo el principio de “quien contamina paga”.

Costes estimados del tratamiento avanzado

Entre 1.200 y 1.560 millones € al año: coste estimado del tratamiento cuaternario en la UE hacia 2040-2045 en precios constantes, según la evaluación de impacto de la Directiva.

Número de plantas y beneficios socio-económicos (estimaciones europeas)

+30.350 plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas en la UE. 6.600 millones de euros anuales: beneficio económico estimado para la UE hacia 2045 por la implementación completa de la Directiva (valor social y ambiental).

Horizontes de implantación

2035-2039: fases iniciales de tratamientos obligatorios según tamaño y colectores existentes.

2045: horizonte general para implantaciones completas e incorporación de energía renovable y neutralidad energética en instalaciones ≥ 10 000 h-e.

Objetivos de neutralidad energética

Instalaciones ≥ 10 000 h-e deberán incorporar fuentes renovables e ir hacia neutralidad energética de forma progresiva antes de 2045.

normativa europea sobre aguas residuales urbanas ha entrado en una fase de revisión histórica tras más de tres décadas vigente. La Directiva 91/271/CEE, conocida como Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD), había establecido desde 1991 los requisitos mínimos de recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales urbanas en la UE. Sin embargo, muchos de los retos ambientales y sanitarios actuales, como los microcontaminantes, la gestión climática y la cohesión sanitaria, no estaban cubiertos de forma explícita en aquella versión original.

Así, hace poco más de un año -en diciembre de 2024- se publicó la Directiva (UE) 2024/3019, que refundió y actualizó esta normativa para adaptarla al Plan de Acción “Contaminación Cero” y al Pacto Verde Europeo. La directiva revisada entró en vigor el 1 de enero de 2025 y establece un nuevo marco regulatorio con objetivos más ambiciosos en varios frentes.

Ampliación de cobertura y reducción de umbrales

Uno de los cambios más significativos es la ampliación del ámbito de aplicación. La normativa exige ahora que todos los Estados miembros recojan y traten las aguas residuales de aglomeraciones urbanas con al menos 1.000 habitantes equivalentes, frente al umbral anterior de 2.000 h-e. Esto implica que más núcleos urbanos y rurales de pequeño tamaño deberán disponer de sistemas conectados y tratamientos básicos, lo que plantea retos de planificación y financiación para numerosas regiones europeas.

Ese nuevo umbral entra en vigor con plazos escalonados, en general antes de 2035, para asegurar que se conecte y dé tratamiento secundario (eliminación de materia orgánica biodegradable) en toda aglomeración superior a 1.000 habitantes-e.

Inclusión de microcontaminantes y tratamientos avanzados

Otra de las innovaciones clave es que la nueva directiva incorpora más contaminantes, entre ellos los denominados microcontaminantes -sustancias químicas presentes en niveles muy bajos pero con potencial efecto adverso sobre la salud y el medio ambiente- como residuos de productos farmacéuticos y cosméticos. Esta inclusión responde a la evidencia de que los tratamientos convencionales no eliminan eficazmente estas sustancias, que acaban en ríos y acuíferos si no se abordan con tecnologías más avanzadas y preparadas.

La regulación prevé que, gradualmente y con plazos hasta mediados de la década de 2040, se apliquen tratamientos terciarios y cuaternarios en las plantas de mayor tamaño (por ejemplo, sobre los 10.000-150.000 h-e), incorporando procesos como filtración avanzada, adsorción o tecnologías de oxidación específicos para estos compuestos.

Responsabilidad ampliada del productor: un hito económico y legal

El principio de que “quien contamina paga” cobra un significado renovado en el contexto de estos tratamientos avanzados. La Directiva introduce un esquema de Responsabilidad Ampliada del Productor (EPR, por sus siglas en inglés) que obliga a los fabricantes de productos farmacéuticos y cosméticos -clasificados como fuentes principales de microcontaminantes- a contribuir financieramente a los costes adicionales derivados del tratamiento cuaternario, la recogida de datos y la gestión de programas de responsabilidad colectiva. Este enfoque supone una carga económica significativa para esos sectores, ya que deben cubrir al menos un 80% de los costes vinculados al tratamiento avanzado y otros gastos administrativos, aunque la lista de pro -

ductos sujetos a EPR podría ampliarse más adelante.

MODERNIZAR LAS EDAR: TECNOLOGÍA AVANZADA, ENERGÍA Y CIRCULARIDAD

Esta revisión normativa europea que hemos visto no solo eleva los estándares ambientales, sino que obliga a repensar el modelo técnico de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Durante décadas, el objetivo prioritario fue eliminar materia orgánica y nutrientes. Hoy, la agenda es mucho más compleja: los citados microcontaminantes, mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones y la recuperación de recursos forman parte del nuevo paradigma. Para la Comisión Europea, el sector del saneamiento representa un consumo energético relevante dentro del ciclo urbano del agua, y la nueva directiva establece un camino hacia la neutralidad energética progresiva en las grandes instalaciones, fomentando el aprovechamiento del biogás generado en digestión anaerobia y la mejora de la eficiencia de los procesos. Este enfoque se alinea así con los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo y con la estrategia de descarbonización del conjunto de infraestructuras públicas.

En este contexto, la modernización tecnológica de las EDAR pasa por la incorporación de tratamientos terciarios y cuaternarios, incluyendo sistemas de adsorción con carbón activo, ozonización o tecnologías de membranas, capaces de reducir concentraciones de microcontaminantes persistentes. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), los contaminantes farmacéuticos y químicos emergentes continúan detectándose en masas de agua superficiales europeas, lo que refuerza la necesidad de actuar también desde el tratamiento en origen urbano. La transformación, sin embargo, no es únicamente tecnológica. También implica una reconfiguración operativa y digital. La digitalización del ciclo del agua -mediante sensores, modeliza-

ción predictiva y sistemas avanzados de control, entre otros- permite optimizar consumos energéticos, anticipar fallos y mejorar la eficiencia de eliminación de nutrientes y contaminantes. De este modo, tal y como señala la OCDE, la modernización digital del sector hídrico es una de las palancas clave para mejorar resiliencia y sostenibilidad financiera en infraestructuras de agua y saneamiento.

De depuradora a biofactoría

El concepto de EDAR como simple instalación de tratamiento está evolucionando hacia el modelo de biofactoría, en el que la planta se concibe como un centro productor de recursos. El biogás puede transformarse en energía

LA EDAR DEL FUTURO YA NO ES SOLO UNA INFRAESTRUCTURA DE DEPURACIÓN: ES UN NODO ENERGÉTICO, DIGITAL Y DE RECUPERACIÓN DE RECURSOS

eléctrica o térmica; los lodos pueden valorizarse mediante digestión y recuperación de nutrientes; y el agua regenerada puede destinarse a riego agrícola, usos industriales o ambientales. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), España es uno de los países europeos con mayor volumen de reutilización de agua regenerada,

especialmente en regiones con estrés hídrico. Esta tendencia se verá previsiblemente reforzada por la creciente presión climática y por la aplicación del Reglamento (UE) 2020/741 relativo a la reutilización del agua para riego agrícola.

La modernización de las EDAR, por tanto, no puede entenderse únicamente como una obligación normativa, sino como una oportunidad estratégica para reforzar la seguridad hídrica y avanzar en economía circular. No obstante, el reto financiero es considerable: adaptar infraestructuras existentes, incorporar nuevas etapas de tratamiento y mejorar la eficiencia energética requerirá planificación a medio y largo plazo, especialmente en aquellas comunidades autónomas con un parque de instalaciones amplio y heterogéno.

DEPURACIÓN VIABLE Y COHESIÓN TERRITORIAL EN PEQUEÑAS POBLACIONES

Si la modernización de las grandes EDAR concentra buena parte del debate tecnológico, el gran reto de implementación en muchas regiones europeas, especialmente en España, está en la escala, es decir, cómo garantizar una depuración eficaz en municipios pequeños y dispersos sin trasladarles modelos pensados para grandes aglomeraciones urbanas. Hace apenas unos meses en RETEMA publicamos un análisis en el que se observa que más del 60% de los municipios españoles se sitúan por debajo del umbral de 1.000 habitantes equivalentes, el nuevo punto de partida a partir del cual la revisión de la Directiva de aguas residuales urbanas extiende la obligatoriedad de tratamiento. Esto en la práctica obliga a repensar el “cómo” y el “con qué” en entornos donde la ingeniería tradicional (colectores extensos, bombeos continuos, tratamientos complejos) puede

CUMPLIR LA NUEVA EXIGENCIA EUROPEA EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS OBLIGARÁ A COMBINAR PLANIFICACIÓN, SOLUCIONES TÉCNICAS ‘A MEDIDA’ Y FINANCIACIÓN

ESTABLE PARA NO ABRIR UNA BRECHA TERRITORIAL EN SANEAMIENTO

ser técnica y económicamente desproporcionada. Aquí aparecen con fuerza soluciones que hasta hace poco eran “alternativas” y hoy se vuelven estratégicas: plantas compactas y modulares, tecnologías robustas para cargas variables (muy habituales en zonas turísticas o de montaña), y sistemas descentralizados adaptados a cada núcleo. En paralelo, también ganan tracción enfoques de baja energía y operación simplificada que buscan reducir costes de explotación, uno de los puntos críticos en el medio rural. La UE, de hecho, está impulsando líneas de innovación específicas para saneamiento en pequeñas aglomeraciones, como muestran proyectos europeos orientados a tratamientos modulares para poblaciones inferiores a 2.000 habitantes equivalentes.

Aragón: planificación y dispersión como anticipo del debate nacional

Aragón es un buen ejemplo de cómo la depuración en pequeños municipios no es un “tema periférico”, sino un eje de política pública. El Gobierno de Aragón cuenta con un instrumento específico, el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) 2022–2027, aprobado en mayo de 2025, que planifica las actuaciones

Instituto Aragonés del Agua

hasta 2027 priorizando tanto nuevas infraestructuras como la adaptación de sistemas existentes y la mejora de la eficiencia energética.

Al mismo tiempo, la dimensión territorial es clave. El Instituto Aragonés del Agua gestiona actualmente 266 estaciones depuradoras, de las cuales 83 están diseñadas para tratar una carga inferior a 1.000 habitantes equivalentes (h-e), lo que refleja el peso específico de los pequeños núcleos en el modelo aragonés. Según datos expuestos por el propio Instituto, la Comunidad trata en torno al 91,4% de la carga contaminante y cerca del 93,9% de la población censada cuenta con un sistema de depuración adecuado.

Por otro lado, la sostenibilidad económica del sistema se articula a través del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), que cubre aproximadamente el 80% del gasto de explotación y amortización de las instalaciones, configurando un modelo solidario que permite extender el servicio a municipios que, de forma individual, no podrían asumirlo.

Además, y antes incluso de la entrada en vigor plena de la nueva Directi-

Aragón ante la nueva Directiva: estructura, financiación y despliegue

Infraestructura en servicio

266 EDAR gestionadas por el Instituto Aragonés del Agua. 83 instalaciones diseñadas para tratar cargas inferiores a 1.000 h-e.

Cobertura actual

91,4% de la carga contaminante tratada. 93,9% de la población censada con sistema de depuración adecuado.

Planificación vigente

PASD 2022–2027, aprobado en mayo de 2025.

Antes de 2027, depuración prevista no solo para el tramo 2.000-1.000 h-e, sino también para aglomeraciones de al menos 400 h-e.

Modelo de financiación

IMAR (Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales).

Cubre aproximadamente el 80% del gasto de explotación y amortización del sistema.

Eficiencia energética y transición

43 EDAR con instalación fotovoltaica.

3 EDAR con digestión anaerobia y producción de biogás para cogeneración.

Construcción de la EDAR de Candanchú (Huesca). Foto:

va, Aragón ya había avanzado en el tramo comprendido entre 2.000 y 1.000 habitantes equivalentes, y el PASD prevé que antes de 2027 se depuren también vertidos urbanos correspondientes a aglomeraciones de al menos 400 habitantes equivalentes.

En este escenario, el debate sobre pequeñas poblaciones conecta directamente con el gran dilema de la próxima década: cómo compatibilizar cumplimiento normativo, sostenibilidad operativa y equidad territorial. Porque si la transición se diseña exclusivamente desde el modelo de gran ciudad, el riesgo es que parte del

y adaptación tecnológica son piezas inseparables en esta transformación.

FUENTES

1. Consejo de la UE (Nota de prensa, 05/11/2024)

– “Urban wastewater: Council adopts new rules for more efficient treatment”: https://www. consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/11/05/urban-wastewater-counciladopts-new-rules-for-more-efficient-treatment/pdf/

2. RETEMA: “Así avanza el tratamiento de PFAS en agua potable en Europa tras los límites obli-

partir de 2027): https://eur-lex.europa.eu/ ES/legal-content/summary/urban-wastewater-treatment-from-2027.html

4. Comisión Europea - Pacto Verde Europeo y objetivos de neutralidad climática: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

5. España es líder en agua reutilizada: https:// www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/ es/calidad-y-evaluacion-ambiental/sgecocir/ documentacion/Informe resumen sobre medición de la reutilización.pdf

6. RETEMA – “El nuevo ciclo del agua urbana: claves para cumplir con la Directiva TARU”: https:// www.retema.es/articulos-reportajes/el-nuevo-ciclo-del-agua-urbana-claves-para-cumplir-

Luis Estaún

DIRECTOR DEL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

No podemos diseñar sistemas de depuración que sean un lastre económico: debe existir proporcionalidad entre el esfuerzo y el beneficio ambiental

La depuración urbana está entrando en una nueva etapa regulatoria en Europa. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales retos que introduce la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas y qué desafíos particulares plantea para territorios como Aragón?

La modificación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas nos plantea a las administraciones públicas del agua desafíos a varios niveles, todos ellos complejos. Desde el punto de vista de la necesidad de nuevas infraestructuras, en primer lugar, para atender a un mayor número de vertidos, ya que la depuración de las aguas residuales deviene necesaria para núcleos o aglomeraciones más pequeñas, en concreto, el umbral de la obligación desciende de una carga contaminante de 2.000 a 1.000 habitantes equivalentes.

Pero, también y de modo paralelo, se hace necesaria la modernización de muchas de las depuradoras que ahora están en funcionamiento para, por ejemplo, atender a unos requisitos más estrictos en el tratamiento terciario de eliminación de nutrientes en zonas en riesgo de eutrofización, implantar un tratamiento cuaternario de eliminación de microcontaminantes, o para abordar el reto de la neutralidad energética. Todo ello, además de una adecuada planificación en la ejecución y puesta en funcionamiento de las instalaciones y equipamientos supone, no sólo un reto económico y financiero de inversión pública, sino los retos tecnológicos inherentes a los distintos sistemas posibles de tratamiento cuaternario y a la depuración integral en escalas más pequeñas de contaminación.

Afortunadamente, en Aragón, el avance en años precedentes ha propiciado que, en el nuevo tramo, entre 2.000 y 1.000 habitantes equivalentes y antes de la existencia de la obligación legal, se haya avanzado a buen ritmo. De acuerdo con el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón, aprobado en mayo de 2025, antes de 2027 se llegarán a depurar no sólo los vertidos urbanos incluidos en ese rango, sino que se depurarán los vertidos urbanos de parte de las aglomeraciones de, al menos, 400 habitantes equivalentes.

En los últimos años ha crecido la preocupación por los contaminantes emergentes, como los PFAS, los residuos farmacéuticos o los microplásticos. ¿Está preparado el sistema actual de saneamiento para abordar este tipo de microcontaminantes?

Ciertamente la preocupación social y ambiental que menciona ha tenido reflejo en la modificación de la Directiva de

La modificación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas nos plantea a las administraciones públicas desafíos complejos a varios niveles

tratamiento de aguas residuales llevada a cabo en 2024. Los procesos de depuración actuales dan una respuesta adecuada a la carga contaminante biológica y previenen la eutrofización de los cauces receptores de las aguas depuradas. Pero su finalidad no ha venido siendo la eliminación de materiales o sustancias químicas cuya concentración en el agua es tan baja que sólo se ha podido medir de modo preciso, recientemente. Que en este momento estos microcontaminantes no se estén eliminando en tasas significativas no quiere decir que el sistema actual de saneamiento no esté preparado para abordar esta nueva carga en un futuro cercano. Las tecnologías existen y son viables. Pero también hay que señalar que sí supone un reto la complejidad financiera de la implantación del Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), en virtud del cual corresponde a los fabricantes de productos farmacéuticos o cosméticos financiar parte del tratamiento cuaternario. Si bien supone un buen ejemplo práctico de colaboración público-privada, la novedad del concepto en este sector y la necesidad de alcanzar acuerdos entre partes públicas y privadas es, en sí, un interesante desafío.

La normativa apunta además hacia tratamientos más avanzados, como es el caso del tratamiento cuaternario. ¿Qué implicaciones técnicas y económicas tendrá incorporar estas tecnologías en las EDAR existentes?

Ya he mencionado anteriormente el desafío tecnológico que supone la implantación de tratamientos cuaternarios, no sólo en las depuradoras de más de 150.000 habitantes equivalentes, sino en todas aquellas que dan servicio a aglomeraciones menores y que vierten en zonas sensibles a la microcontaminación. Afortunadamente, el reto para esas

Las tecnologías existen y son viables, pero la implantación del sistema de

Responsabilidad Ampliada del Productor supone en

sí misma un interesante desafío

depuradoras más pequeñas puede ser abordado en un plazo largo, hasta 2045, lo que permitirá en un proceso de aprendizaje tecnológico, seleccionar las tecnologías y sistemas más eficientes y más aconsejables en cada caso.

Aragón tiene una realidad territorial marcada por la dispersión y el peso de los municipios pequeños. ¿Cómo se puede garantizar una depuración eficaz en pequeñas poblaciones, donde los modelos convencionales no siempre son viables?

La peculiar distribución de la población en Aragón ha condicionado mucho el esquema de depuración en nuestra CCAA, tanto desde a nivel económico como técnico. La sostenibilidad del sistema aragonés está garantizada por el Impuesto Medioambiental sobre las aguas residuales, que cubre el 80% del gasto de explotación y amortización de las 266 EDAR que gestionamos, bien mediante concesión, bien mediante contratos de explotación.

Se trata de un modelo solidario que permite extender la depuración a todo el territorio, incluso a núcleos de población que no podría construir ni mantener por si mismos este servicio básico municipal. Desde el punto de vista técnico, se ha procurado escoger la tecnología que mejor se adapta a cada territorio, sin apriorismos y basándonos en la experiencia acumulada en los 25 años gestión del Instituto Aragonés del Agua.

En este contexto, ¿qué papel pueden jugar soluciones descentralizadas o basadas en la naturaleza frente a las infraestructuras tradicionales?

Desde el Instituto Aragonés del Agua, como he mencionado anteriormente, se gestionan la explotación de 266 EDAR,

de ellas, 83 están diseñadas para tratar una carga contaminante inferior a 1.000 h-e. En estas pequeñas depuradoras contamos con todo tipo de tecnologías de tratamiento de depuración, tanto extensivas como intensivas, ya que no hay que olvidar que debemos cumplir con unos valores límite de emisión establecidos en la normativa y en las autorizaciones de vertido, y, por tanto, hay que asegurar su cumplimiento. La construcción de estas pequeñas instalaciones, de manera mayoritaria, ha sido realizada directamente por los ayuntamientos, contando con el apoyo económico del IAA a través de diversos programas de subvenciones. La explotación posterior se está asumiendo por este Instituto de manera agrupada, bien en contratos de gestión de pequeñas EDAR, bien incluyéndolas en contratos vigentes de depuradoras de mayor tamaño, para poder de esta manera dar un adecuado soporte al contar con medios humanos y materiales de manera global.

Más allá del cumplimiento normativo, la depuración se está vinculando cada vez más con la economía circular. ¿Qué oportunidades ve en la valorización de recursos como el biogás, los nutrientes o el agua regenerada?

Los que menciona son magníficos ejemplos de economía circular. La reutilización de las aguas residuales urbanas en la agricultura ya dispone de un marco legal a nivel europeo que puede permitir una puesta en práctica segura y exenta de riesgos ambientales o para la salud. De igual modo, el tratamiento de fangos mediante sistemas cerrados y anóxicos permite una generación controlada de bio-

El Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales configura un modelo solidario que permite extender la depuración a todo el territorio, incluso a núcleos que no podrían mantener por sí mismos este servicio básico

metano a partir de la materia orgánica presente en estos subproductos de la depuración que, en otro caso, no se aprovecha. En la medida en la que las administraciones seamos capaces de generar un marco normativo que, no sólo haga viables estos aprovechamientos, sino que los favorezca, la economía circular será también una realidad en este ámbito.

La modernización del saneamiento requiere inversiones muy importantes. ¿Cómo se está preparando Aragón para movilizar financiación, ya sea a través de fondos europeos, planificación autonómica o colaboración público-privada?

He mencionado anteriormente el marco de referencia que supone el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón, PASD, aprobado recientemente, en mayo de 2025. El PASD planifica las actuaciones de depuración de aguas residuales hasta el horizonte 2027, programando la realización de las actuaciones nuevas en función de la mayor carga contaminante y la adaptación y la mejora de sistemas existentes que necesitan algún tipo de actualización, sin olvidar la digitalización o la identificación, cuantificación y eliminación de las aguas parásitas.

Otro de los aspectos clave es el consumo energético y la huella de carbono del ciclo del agua. ¿Cómo se integra la eficiencia energética y la descarbonización en la estrategia de depuración de la comunidad?

Es un principio esencial del PASD optimizar la implantación de los mejores sistemas en cuanto a consumo de recursos y eficiencia energética, en aras de la descarbonización y sin olvidar las ventajas económicas evidentes de un menor gasto energético. Por ello, uno de los subprogramas del PASD está dedicado a mejorar la eficiencia energética en las instalaciones de depuración y tiene un horizonte temporal permanentemente abierto en el periodo del plan.

La reutilización de las aguas residuales urbanas ya dispone de un marco legal europeo que permite una puesta en práctica segura y exenta de riesgos

Las vías de financiación aplicables a las inversiones planificadas tienen en cuenta que los costes de saneamiento y depuración deben ser soportados por el causante de la contaminación, lo que se articula, actualmente, a través del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), que constituye el final de una larga evolución normativa.

Además, en el Instituto estamos acostumbrados a gestionar fondos europeos para la financiación de las inversiones en depuración, como los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, MRR, vehiculizados a través del PRTR. Por ello, una vez finalizadas las aportaciones de este mecanismo extraordinario, sabremos aprovechar las oportunidades que puedan brindar los fondos estructurales para abordar las nuevas necesidades. Necesidades que surgen de la normativa europea y que, a buen seguro, vendrán acompañadas de una cofinanciación, en mayor o menor grado.

En concreto, se prevé reponer equipos principales y sistemas de automatización, para seguir manteniendo las depuradoras operativas y actualizadas. Incorporar estas mejoras como criterio de valoración en los expedientes de contratación de servicios de funcionamiento y explotación ha venido dando un resultado adecuado que se mantendrá en el periodo de aplicación del plan. Asimismo, también dentro de este subprograma se continuará con el montaje de instalaciones fotovoltaicas en las depuradoras en explotación. El resultado es que contamos con 43 depuradoras que cuentan con instalación fotovoltaica, a las que hay que sumar 3 depuradoras que cuentan con digestión anaerobia que producen biogás para alimentar sistemas de cogeneración.

Desde el Instituto Aragonés del Agua, ¿qué proyectos o líneas prioritarias están impulsando actualmente para adaptar las infraestructuras de saneamiento a estos nuevos requerimientos?

Además de continuar en la línea clásica de explotar las depuradoras de aquellos municipios que así nos lo requieren y en la construcción de nuevas EDAR -culminando las depuradoras de mayor carga y avanzando hacia aglomeraciones cada vez más pequeñas- estamos inmersos en procesos de digitalización. Se digitalizan los sistemas internos de control de las depuradoras y se avanza hacia la monitorización en continuo de los episodios de alivio en tormentas, a la vez

que se promueve un control digital remoto de las redes de abastecimiento municipales que va a permitir, no sólo un mejor control de las pérdidas, sino evitar la incorporación de aguas parásitas que producen sobredimensionamiento en los sistemas de depuración.

En el marco del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, es un principio esencial optimizar los sistemas en cuanto a consumo de recursos y eficiencia energética, en aras de la descarbonización

Para cerrar, mirando a medio y largo plazo: ¿qué transformación considera imprescindible para que los sistemas de saneamiento urbano evolucionen

hacia un modelo más resiliente, avanzado y alineado con los objetivos ambientales europeos?

En primer lugar creo que las normas y directrices europeas deberían tener un mayor grado de flexibilidad y adaptación a cada nación y territorio, sin perder la esencia del objetivo general, pero si entendiendo que hay muchas variables que no pueden ser contempladas en las directivas y que siguiendo el principio de subsidiariedad tanto los estados miembros como las regiones deberían tener más capacidad de modular y adaptar estas normas en sus territorios. No tiene el mismo impacto la aplicación de lodos de depuradora en los secanos aragoneses que en los pólderes de los Países Bajos.

Objetivos como la neutralidad energética me parecen necesarios de cara a la sostenibilidad, pero también creo que tenemos que propiciar una economía circular en la eliminación de nutrientes y reutilización de agua, de manera que lo hagamos de una manera sostenible y de la mano de un sector agrícola que puede ser beneficiado. No podemos diseñar sistemas de depuración que sean un lastre económico y supongan una inversión desproporcionada, la sociedad tiene que percibir que existe una proporcionalidad entre el esfuerzo económico y el beneficio medioambiental. Si no fracasaremos.

CUBIERTA FLOTANTE HEXA-COVER® PARA LA COBERTURA EFICAZ DE LÍQUIDOS

Hexa-Cover® es un sistema patentado de cubierta flotante diseñado para la protección de todo tipo de líquidos almacenados en balsas, embalses, depósitos o tanques. La solución está orientada al control de olores y emisiones, la reducción de la evaporación, la limitación del crecimiento de algas, la conservación de calor y el ahuyentamiento de aves.

El sistema se compone de elementos hexagonales fabricados en polipropileno (PP), con placas simétricas en ambos lados que evitan el apilamiento o la superposición y favorecen una distribución automática, rápida y uniforme sobre la superficie del líquido. Esta

configuración permite que las piezas se adapten de forma continua a las variaciones de nivel y a distintas geometrías de almacenamiento.

Hexa-Cover® se utiliza en aplicaciones como aguas residuales, aguas de abastecimiento y riego, reservas de agua, instalaciones agrícolas y ganaderas (purines, riego y depósitos), lixiviados, biogás y almacenamiento de productos químicos.

Entre sus características operativas destacan la facilidad de instalación sin necesidad de equipos especiales y la ausencia de mantenimiento específico. El sistema puede instalarse tanto con el depósito lleno como vacío, se distribuye automáticamente sobre la superficie y mantiene acceso libre al líquido para tareas de medición, vaciado o agitación.

El modelo R114 ha sido probado frente a vientos de hasta 115 km/h. Además, el sistema permite la instalación de ventilación para mantener condiciones aeróbicas cuando sea necesario. Está fabricado a partir de plástico reciclado

El sistema está fabricado a partir de plástico reciclado y cuenta con una vida útil estimada de hasta 25 años

y no incorpora sustancias nocivas, con una vida útil estimada de hasta 25 años y un impacto visual reducido.

Recientemente, Hexa-Cover® se ha instalado para cubrir los decantadores primarios de una planta de tratamiento de aguas residuales en Antofagasta (Chile), con el objetivo de reducir emisiones y olores.

SACYR AGUA GANA TRES CONTRATOS DE EDAR EN ESPAÑA

Los proyectos en Madrid, Huelva y Tenerife incluyen mejora, explotación y construcción de infraestructuras de depuración que prestan servicio a más de 1,6 millones de habitantes.

Sacyr Agua ha resultado adjudicataria de tres contratos para la mejora, explotación y construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en Madrid, Huelva y Tenerife. Estos proyectos, con un valor conjunto de 84 millones de euros, permitirán reforzar infraestructuras que prestan servicio a más de 1,6 millones de habitantes. En Huelva, la compañía ejecutará, junto a sus socios, la mejora integral de la EDAR de la ciudad para la Junta de Andalucía. Las actuaciones incluyen la ampliación de la estación de bombeo, la optimización de los reactores biológicos, la modernización de la línea de fangos y el desdoblamiento del colector de impulsión, con el objetivo de mejorar la capacidad y fiabilidad de la instalación.

En la Comunidad de Madrid, Sacyr Agua asumirá durante cuatro años la explotación y el mantenimiento de la EDAR La Gavia para Canal de Isabel II. La planta cuenta con tratamiento terciario para la producción de agua regenerada y con sistemas de valorización energética mediante biogás.

Por su parte, en el Valle de la Orotava (Tenerife), la compañía construirá una nueva EDAR comarcal para el Consejo Insular de Aguas de Tenerife equipada con tecnología de biorreac-

La ampliación de la planta de reúso de Antofagasta (Chile) permitirá asegurar el suministro hídrico para la gran minería y eliminar las descargas al mar

tores de membranas. La instalación se ha proyectado para optimizar el rendimiento del tratamiento y facilitar futuras ampliaciones.

PROYECTO

DE REÚSO EN LATINOAMÉRICA

Además de estos contratos en España, en 2025 Sacyr Agua se adjudicó la concesión y ampliación de la planta de reúso de aguas residuales de Antofagasta (Chile). Esta actuación permitirá asegurar el suministro hídrico para la gran minería de la región, eliminando las descargas al mar y reforzando la sostenibilidad hídrica del entorno.

SACYR AGUA www.sacyragua.com

El binomio agua-energía define el presente y futuro de SITRA

D

TEMAS: AGUA, INDUSTRIA, BIOENERGÍA, SOSTENIBILIDAD

DIRECTOR GENERAL DE SITRA

Ricardo Sáez

Alberto Casillas
Daniel García Mata

Tras 25 años de trayectoria, SITRA atraviesa un momento de consolidación y crecimiento que refleja la evolución del propio sector del agua industrial y la bioenergía en España. De una empresa local especializada en operación y mantenimiento, la compañía se ha convertido en un referente nacional en soluciones integrales para la gestión del agua en la industria, la valorización de residuos y el desarrollo de proyectos de biogás y biometano, con una marcada apuesta por la ingeniería, la innovación tecnológica y el conocimiento aplicado.

En esta entrevista, Ricardo Sáez, director general de SITRA, analiza la trayectoria de la compañía y su posicionamiento actual, al tiempo que aborda los grandes retos que marcarán el futuro: la escasez de recursos hídricos, la circularidad como palanca de competitividad industrial, el despliegue del biometano en España, la presión regulatoria y el papel de la tecnología y la digitalización. Una conversación que combina visión estratégica, experiencia técnica y una mirada al futuro de la industria desde el binomio agua–energía.

En 2025 SITRA ha celebrado su 25 aniversario, una efeméride que invita a hacer balance. Más allá de la retrospectiva, ¿cómo describiría la situación actual de la compañía? ¿Cuál es la foto fija de SITRA tras estos 25 años de trayectoria?

de agua como en bioenergía, ofreciendo soluciones EPC completas. Actualmente gestionamos unas 150 instalaciones, trabajamos con más de 300 clientes —en su mayoría recurrentes— y hemos acumulado experiencia en más de 40 plantas de biogás.

En apenas tres años hemos duplicado la plantilla, superando los 170 profesionales, mayoritariamente perfiles técnicos, y hemos pasado de facturar 11 a 33 millones de euros. Con presencia en distintos puntos de España y una fuerte apuesta por la ingeniería, la tecnología y el conocimiento, SITRA es hoy una empresa netamente tecnológica, orientada a acompañar al cliente como socio integral a largo plazo.

A lo largo de estos 25 años, el sector del agua industrial ha experimentado una transformación profunda. Desde vuestra perspectiva, ¿cómo ha evolucionado y qué papel ha jugado SITRA en ese cambio?

Hemos pasado de ser una empresa local de mantenimiento a un referente nacional en soluciones integrales para el tratamiento del agua industrial y la bioenergía

Llegamos a este 25 aniversario en un momento de crecimiento muy significativo, no solo en cifras, sino también en enfoque, capacidades y ambición. SITRA ha evolucionado desde una empresa local especializada en mantenimiento de plantas hasta convertirse en un referente nacional en soluciones integrales para el tratamiento del agua industrial y el desarrollo de proyectos de bioenergía. Hoy somos una compañía claramente posicionada en la gestión eficiente del binomio agua y bioenergía.

Nuestra actividad abarca todo el ciclo del agua industrial —desde el aporte hasta la regeneración—, junto con la valorización de residuos y la generación de biogás y biometano. Contamos con capacidad para diseñar, construir, operar y mantener instalaciones, tanto en proyectos

El cambio ha sido radical. Cuando empezamos, el agua industrial se abordaba casi exclusivamente desde una lógica técnica: garantizar un agua de aporte adecuada y cumplir con una depuración mínima para poder verter. Apenas existía preocupación real por la escasez del recurso, su impacto ambiental o su papel estratégico. Hoy el agua es un factor crítico para la viabilidad, sostenibilidad y competitividad de la industria. La combinación de una regulación europea cada vez más exigente y una mayor concienciación social y empresarial ha situado la eficiencia hídrica, la reutilización y la reducción de vertidos en el centro de la estrategia industrial.

En ese contexto, desde SITRA hemos asumido un papel activo y anticipador. Nuestro trabajo ha consistido en acompañar a las industrias en este proceso de cambio, asesorándolas y desarrollando soluciones tecnológicas que permitan optimizar el uso del agua sin penalizar su competitividad. Hemos apostado por modelos circulares que integran el tratamiento del agua con la valorización de residuos y la generación de energía renovable. Un ejemplo claro es la aplicación de tecnología anaerobia en depuración industrial, que permite reducir hasta un 70% el consumo energético y de reactivos, al tiempo que generan biogás para incrementar la autosuficiencia energética.

La sostenibilidad ya no es una opción: es una condición imprescindible. Pero bien aplicada, también es una oportunidad para hacer a la industria más resiliente, eficiente y competitiva. No avanzar en esta dirección implica riesgos regulatorios, operativos y, sobre todo, de acceso a recursos básicos como el agua.

Mirando la evolución de la compañía desde sus inicios, ¿qué hitos considera más determinantes en la trayectoria de SITRA?

SITRA nace como una empresa pequeña, de ámbito muy local, centrada en la operación y el mantenimiento de plantas industriales en Castellón y su entorno. Ese fue nuestro punto de partida. El primer gran hito llegó cuando decidimos dotarnos de medios técnicos y humanos suficientes para dar un salto cualitativo: pasar de operar instalaciones de terceros a ofrecer soluciones integrales en el ámbito del agua industrial. Convertirnos en una empresa capaz de diseñar, construir, operar y mantener plantas —como EPC— fue un proceso gradual, que requirió varios años de inversión en conocimiento,

El sector del agua industrial ha pasado de ser una cuestión técnica a convertirse en un asunto estratégico

talento y estructura, pero marcó un antes y un después en nuestra evolución.

Ese cambio nos permitió, además, desplegarnos a nivel nacional. Dejamos de ser una compañía estrictamente local para consolidar una presencia en prácticamente toda España, con referencias en múltiples sectores industriales. Otro hito relevante fue la incorporación del producto químico como línea estratégica. Sin ser fabricantes, entendimos que un diseño y selección óptimos del producto químico podían mejorar

El gran salto de SITRA fue convertirnos en una empresa capaz de dar soluciones integrales en agua industrial

de forma significativa la eficiencia de los procesos, y desarrollamos una línea propia con alto valor añadido.

Finalmente, el salto al ámbito del biogás y la bioenergía ha sido el último gran hito. Aprovechando nuestra experiencia en agua y residuos, reforzamos equipos e infraestructuras para posicionarnos en biogás y biometano, con la ambición de ser un actor relevante cuando el mercado español termine de despegar. Este recorrido ha sido posible gracias a una apuesta constante por la tecnología, el talento y la transformación digital. Hoy contamos con equipos especializados en I+D, hemos desarrollado herramientas propias y participamos en proyectos europeos que marcan el estándar ambiental. Esta evolución nos ha convertido en un partner técnico-estratégico, más allá de un simple proveedor.

Estáis claramente posicionados para ese despliegue que el sector lleva tiempo esperando. Con esa base, ¿cómo imagináis la evolución de SITRA en los próximos años?

En el ámbito del agua industrial, nuestra visión de crecimiento pone más énfasis en mejorar la calidad y el alcance de los proyectos y menos foco en el volumen. Ya operamos a escala nacional, pero todavía tenemos margen para reforzar nuestra presencia en determinadas zonas, especialmente en el norte de España, donde hemos llegado más tarde. Por sectores, seguimos siendo muy fuertes en agroalimentación, que fue nuestro origen, y en los últimos años hemos consolidado una posición sólida en el ámbito petroquímico.

De cara al futuro, queremos profundizar en sectores donde la gestión del agua es especialmente crítica, como la minería y la industria farmacéutica. Ahí vemos un campo claro de crecimiento, tanto por la complejidad técnica de los proyectos como por la necesidad de soluciones cada vez más avanzadas y sostenibles. Además, nuestra vocación es avanzar hacia proyectos más grandes, integrales y estratégicos, en los que SITRA actúe como socio de referencia, asumiendo una visión global del ciclo del agua para la industria. En paralelo, el gran salto en términos de volumen debería venir de la bioenergía. Estamos preparados, con equipos específicos y experiencia previa en digestión anaerobia y biogás, y el potencial de España es enorme. Cuando se produzca el despliegue real del biometano, confiamos en que será uno de los principales vectores de crecimiento de la compañía.

El gran crecimiento en volumen de SITRA en los próximos años vendrá de la bioenergía y el biometano

En un contexto de rápida evolución tecnológica, ¿qué tendencias y tecnologías cree que marcarán el futuro del sector y en cuáles estáis ya trabajando desde SITRA?

La normativa europea y española está elevando el estándar de calidad del agua industrial. Nuestra misión es anticiparnos con soluciones tecnológicas viables y eficientes, alineadas con los objetivos de sostenibilidad y productividad industrial. Apoyarse en gemelos digitales, IoT e inteligencia artificial para optimizar procesos, anticipar fallos y cumplir así con la regulación está en la base de la competitividad de la industria.

Desde nuestra perspectiva, hay tres grandes líneas tecnológicas que van a ser decisivas en un futuro muy inmediato. La primera es la ultrapurificación del agua. Sectores emergentes como el hidrógeno verde van a requerir grandes volúmenes de agua ultrapura de altísima calidad, y ahí SITRA tiene una experiencia muy consolidada gracias a nuestro trabajo previo en petroquímica.

Ya estamos desarrollando e implantando soluciones basadas en membranas y electrodeionización que permiten producir agua ultrapura de forma estable y eficiente, sin recurrir a regeneraciones químicas intensivas. También hemos desarrollado soluciones pioneras para sectores altamente exigentes, como la industria baby food, donde eliminamos cloratos mediante sistemas de resinas desarrollados internamente.

La segunda gran tendencia es la reutilización del agua industrial. Aunque se habla mucho de ella, su implantación real sigue siendo limitada, en gran parte por razones económicas. El reto ya no es tecnológico —somos capaces de obtener agua regenerada de alta calidad—, sino hacerlo a un coste competitivo. Con un recurso cada vez más escaso, la reutilización dejará de ser una opción para convertirse en una condición de viabilidad industrial.

El tercer bloque es la valorización del digestato y el desarrollo de biofertilizantes asociados al biogás y al biometano. La tecnología está madura, pero ahora el desafío es escalar, generar producto en volumen y facilitar su aceptación en el sector agrícola.

Centrándonos ahora en el biometano ¿cómo valora su desarrollo en España y qué papel quiere desempeñar SITRA dentro de este sector?

Desde SITRA creemos firmemente que el biometano es una de las energías renovables más interesantes y necesarias para la transición energética. Está claramente respaldado por Europa y por la comunidad científica, y aporta beneficios muy relevantes: descarboniza, impulsa la economía circular al valorizar residuos ganaderos, agrícolas e industriales, mejora la autosuficiencia energética y genera actividad económica y empleo en zonas rurales con riesgo de despoblación. Nuestro objetivo es ser un socio tecnológico de referencia para inversores y promotores, aportando capacidad de diseño, construcción y operación de plantas, más que un actor financiero. Contamos con una preparación técnica muy sólida, incluso superior al ritmo actual del mercado, lo que nos permite aplicar herramientas avanzadas como BIM o nuestra plataforma propia WIM para optimizar el diseño, la ejecución y la operación de las instalaciones. Ya estamos operando plantas que evitan más de 10.000 toneladas de CO₂ al año y valorizan cientos de miles de toneladas de residuos, integrando además la producción de biofertilizantes.

La ultrapurificación del agua será clave para el desarrollo del hidrógeno verde y de la nueva industria energética
RICARDO SÁEZ, SITRA
El biometano no puede crecer desde la imposición ni desde el silencio técnico: el diálogo es hoy tan importante como la ingeniería

Sin embargo, el sector se enfrenta a barreras importantes. La lentitud y complejidad administrativa, la falta de criterios homogéneos entre comunidades autónomas y las incertidumbres en la conexión a red están frenando el despliegue. A ello se suma un reto clave: la licencia social. Existe desconfianza, en gran parte por falta de información. El biometano no puede crecer desde la imposición ni desde el silencio técnico; necesita transparencia, divulgación y una integración real con el territorio, especialmente con el sector agrícola y ganadero. El diálogo, hoy, es tan importante como la ingeniería.

Con todos estos retos sobre la mesa, ¿qué mensaje cree que debería trasladarse tanto a la industria como a las administraciones para facilitar un desarrollo sostenido del agua industrial y de la bioenergía en España?

El primer mensaje es que agua industrial y bioenergía son soluciones profundamente interconectadas. Bien gestionadas, permiten abordar al mismo tiempo retos ambientales, energéticos y económicos. En el caso del agua industrial, el marco regulatorio europeo es exigente, pero claro y relativamente homogéneo; es un sector maduro en el que las reglas del juego están bien definidas. El verdadero cuello de botella está hoy en la bioenergía, y especialmente en el biometano. Si Europa nos multiplica en número de plantas y proyectos es porque allí se ha creado un entorno más favorable. En España necesitamos reglas claras, procedimientos más ágiles, ventanillas únicas y criterios homogéneos entre comunidades autónomas. No tiene sentido que un proyecto tarde cuatro o cinco años en obtener permisos y apenas uno en construirse. Esa desproporción frena inversiones y desarrollo. Pero no todo es regulación. También es clave la concienciación social. Las administraciones y el sector debemos explicar mejor que el biometano no es una promesa teórica, sino una realidad que funciona en miles de plantas en Europa. Mostrar ejemplos reales, facilitar visitas a instalaciones y dar visibili-

Agua industrial y bioenergía son soluciones interconectadas para abordar los retos ambientales y económicos

dad a casos de éxito genera confianza. Desde las empresas, además, debemos ir más allá de la tecnología: integrarnos en el territorio, dialogar y construir proyectos que aporten valor real a la industria, al medio rural y a la sociedad.

Para cerrar la entrevista con una mirada más personal, ¿qué le motiva hoy a liderar una empresa como SITRA y a seguir haciéndolo en los próximos años?

Son varios los factores que me motivan, pero hay tres especialmente relevantes. Por un lado, la satisfacción de ver cómo SITRA ha crecido de forma muy sólida en los últimos años: hemos multiplicado prácticamente por tres la facturación, duplicado la plantilla y ampliado nuestra presencia en toda España. Ese crecimiento no solo beneficia a la empresa, sino también a todo el ecosistema que nos rodea —colaboradores, contratistas y proveedores—, y eso genera una satisfacción personal importante.

Pero, más allá de los resultados, lo que realmente me impulsa es el propósito. Trabajamos en ámbitos directamente vinculados al medio ambiente, la transición energética y la economía circular. No se trata solo de crecer, sino de hacerlo dejando una huella positiva. Saber que, desde nuestro trabajo técnico, estamos contribuyendo a mejorar la gestión de los recursos, a reducir impactos y a avanzar hacia un modelo más sostenible es profundamente motivador.

La tercera gran motivación es el equipo. En SITRA hemos apostado siempre por hacer cantera, incorporando talento joven a través de becas y prácticas. Ver cómo esas personas crecen profesionalmente, asumen responsabilidades y llegan a liderar proyectos estratégicos e incluso departamentos dentro de la compañía crea un vínculo muy especial. Acompañar ese desarrollo, compartir una cultura basada en la tecnología, la innovación y el compromiso, y afrontar juntos los retos apasionantes que vienen por delante es, sin duda, una de las mayores recompensas personales. Trabajar en SITRA es eso: saber que lo que hacemos importa. Que mejoramos procesos industriales, cuidamos del entorno y tenemos un sentido de futuro.

Lo que más me motiva es que la empresa crece y, al mismo tiempo, estamos dejando una huella positiva en el medio ambiente

El agua como vector de valor: por qué necesitamos un mercado de beneficios hídricos

e leído recientemente el paper Water as a vector of value: impact investment driven by productive systems* y debo admitir que pocas veces un texto técnico consigue explicar con tanta claridad algo que muchos profesionales del agua llevamos tiempo observando en la práctica: la crisis hídrica global no puede seguir interpretándose como un problema aislado de escasez o como un fallo puntual de gestión sectorial.

La propuesta central del documento es sencilla pero profunda: la crisis del agua no es solo falta de agua. Es la coexistencia simultánea de demasiada agua, demasiado poca agua y agua demasiado contaminada. Es decir, el verdadero límite no está en el volumen físico del planeta, sino en la alteración del ciclo hidrológico que reduce la disponibilidad funcional en territorios

concretos. Agua hay; lo que falla es su equilibrio local, su calidad y su acceso en el lugar y momento donde la economía y la vida suceden.

Este cambio de diagnóstico obliga también a cambiar la respuesta. Y aquí es donde el paper plantea una idea que, en mi opinión, marca un punto de inflexión: la necesidad de evolucionar desde enfoques basados en filantropía o compensación hacia un mercado voluntario y territorial de beneficios hídricos capaz de movilizar inversión de impacto.

Durante décadas, la relación empresarial con el agua ha estado dominada por una lógica defensiva. El agua se ha gestionado como un coste regulado: optimizar consumos internos, mejorar la eficiencia, reducir fugas o instalar sistemas de reutilización. Todo ello sigue siendo esencial y nadie lo discute. Sin embargo, el documento señala algo

que vemos cada vez con más claridad: la mayor parte de la presión hídrica suele encontrarse fuera del perímetro operativo de las empresas, en sus cadenas de valor, en los sistemas productivos locales o en infraestructuras públicas debilitadas.

Además, existe una paradoja poco comentada: la eficiencia por sí sola puede generar efectos rebote. Cuando producir una unidad cuesta menos agua, puede aumentar la producción y, con ello, mantener o incluso incrementar la presión sobre la cuenca. Mejorar procesos no garantiza automáticamente aliviar el sistema.

El paper introduce entonces una idea puente entre hidrología y economía que considero especialmente relevante: utilizar métricas como el indicador ODS 6.4.1 (eficiencia económica del agua expresada en USD por metro cúbico) para traducir el agua a un len-

Hablar de un mercado de beneficios hídricos significa crear un ecosistema de coordinación donde diferentes actores puedan financiar resultados medibles y verificables en territorios específicos

guaje comprensible para la inversión y la gobernanza. No se trata de convertir el agua en un commodity financiero global, sino de hacer visible su valor estratégico y su relación directa con productividad, riesgo operativo y continuidad empresarial.

Desde mi punto de vista, este cambio cultural es clave. Durante años, el carbono ha concentrado la atención en sostenibilidad porque logró traducirse en métricas comparables y, en consecuencia, en decisiones financieras. El agua, en cambio, ha permanecido en segundo plano precisamente porque su valor es local, complejo y difícil de estandarizar. El paper propone un camino para cerrar esa brecha.

Pero el propio documento advierte

algo fundamental: el agua no puede replicar el modelo del carbono. Un metro cúbico de beneficio hídrico en una cuenca no equivale a otro en un lugar diferente. La razón es física y también institucional. El impacto del agua depende de la conectividad de la cuenca, de la estacionalidad, de la calidad del recurso y de las reglas de gobernanza existentes. Por eso hablamos de un recurso no fungible por naturaleza.

Este punto me parece esencial para evitar errores conceptuales. Hablar de un mercado de beneficios hídricos no significa crear créditos intercambiables a escala global. Significa crear un ecosistema de coordinación donde diferentes actores puedan financiar

resultados medibles y verificables en territorios específicos. En otras palabras: el verdadero producto del mercado no es el agua, sino la integridad del impacto.

Y aquí aparece otro elemento central del paper que merece atención: la gramática de la inversión de impacto aplicada al agua. El documento propone basar la credibilidad del sistema en tres principios: intencionalidad ex ante, adicionalidad y permanencia.

En la práctica, esto implica definir desde el inicio qué resultado hídrico se quiere alcanzar, demostrar que ese resultado no habría ocurrido sin la intervención y asegurar su durabilidad en el tiempo. Para lograrlo, se requiere una arquitectura sólida de MRV —monitori-

zación, reporte y verificación— y estándares metodológicos robustos.

En este contexto cobra especial relevancia el marco VWBA (Volumetric Water Benefit Accounting), que permite contabilizar beneficios volumétricos del agua de manera coherente y auditable. Simplificando, VWBA traduce intervenciones reales —reducción de pérdidas, reutilización, recarga de acuíferos o eficiencia adicional fuera del perímetro empresarial— en resultados cuantificados y verificables. No es teoría abstracta; es una herramienta práctica para conectar acción, impacto y financiación.

Otro aspecto del paper que considero especialmente innovador es el concepto de system-first allocation. Tradicionalmente, la lógica ha sido seleccionar proyectos y luego intentar justificar su relevancia estratégica. El enfoque propuesto invierte el proceso: primero se identifica qué necesita realmente el sistema territorial, y solo después se asigna capital a las soluciones capaces de aliviar esa restricción.

Este cambio puede parecer semántico, pero tiene implicaciones enormes. Evita financiar iniciativas técnicamente atractivas pero irrelevantes para la cuenca y reduce el riesgo de crear narrativas sostenibles que no generan impacto real. Además, conecta de forma natural con la lógica europea de doble materialidad, donde se analiza simultá-

neamente cómo el entorno afecta a la empresa y cómo la empresa impacta en su entorno.

El paper también ofrece ejemplos concretos que ayudan a visualizar este nuevo paradigma. Uno de los más interesantes es la reducción del Non-Revenue Water (NRW), el agua producida que no genera ingresos debido a fugas físicas o pérdidas comerciales. Reducir esas pérdidas no solo mejora la eficiencia operativa de las utilities; puede equivaler a extracción evitada si se demuestra reducción real de presión sobre la cuenca.

El caso Microsoft–FIDO Tech–Thames Water mencionado en el documento ilustra cómo tecnologías digitales —como la detección acústica de fugas apoyada por inteligencia artificial— pueden generar resultados auditables bajo marcos VWBA. Sin embargo, el verdadero aprendizaje no está solo en la tecnología, sino en la gobernanza y la trazabilidad, que permiten convertir una mejora operativa en un beneficio hídrico verificable y financiable.

La continuidad de muchas actividades productivas dependerá de nuestra capacidad para invertir en resiliencia hídrica con la misma seriedad con la que hoy hablamos de energía o carbono

La conclusión que extraigo después de leer este trabajo es clara. Hablar de un “Water BenefitsMarketplace” no significa mercantilizar el agua ni privatizar un bien común. Significa crear infraestructura de coordinación capaz de movilizar capital hacia donde el sistema más lo necesita, con reglas claras, transparencia y métricas sólidas.

El verdadero aprendizaje no está solo en la tecnología, sino en la gobernanza y la trazabilidad, que permiten convertir una mejora operativa en un beneficio hídrico verificable y financiable

Desde una perspectiva europea, estas ideas llegan en un momento particularmente relevante. La creciente atención regulatoria al agua dentro de marcos como la CSRD y los ESRS exige a las empresas entender su relación con el recurso no solo desde la eficiencia interna, sino desde el impacto territorial y la resiliencia de la cadena de valor. En ese contexto, un mercado voluntario de beneficios hídricos podría actuar como puente entre regulación, inversión y acción real.

Personalmente, creo que este es el cambio más importante que propone el paper: pasar del lenguaje de la compensación al lenguaje de la resiliencia compartida. No se trata de donar para mitigar daños reputacionales ni de financiar proyectos aislados por filantropía corporativa. Se trata de invertir estratégicamente en la estabilidad de los sistemas que sostienen la actividad económica.

En un contexto donde el cambio climático amplifica sequías, inundaciones y eventos extremos, la continuidad de muchas actividades productivas dependerá de nuestra capacidad para invertir en resiliencia hídrica con la misma seriedad con la que hoy hablamos de energía o carbono.

El agua, durante décadas considerada un recurso silencioso y abundante, comienza a revelarse como lo que realmente es: un factor estratégico que condiciona competitividad, estabilidad social y desarrollo económico. Y quizá ese sea el mayor acierto del paper que he leído: recordarnos que el agua ya no puede verse solo como algo que gestionamos, sino como un verdadero vector de valor.

*Water as a vector of value: impact investment driven by productive systems, Version 3.0, 31 January 2026, Victoria Edwards; Lisa Haney; Gustavo Saltiel; Alberto Maria Gilardi; Alejandro Javier Sturniolo Ferrer. Documento para discusión; no refleja posición oficial de instituciones. Presentado en Harvard.

CASO PRÁCTICO: AGUA DE PROCESO MÓVIL DE ALTA CALIDAD PARA PLANTAS INDUSTRIALES

Dos unidades móviles de ósmosis inversa permitieron suministrar 200 m³/h de agua de alta pureza con reducción superior al 95% de sales adaptándose a calendarios de producción variables.

Las operaciones industriales afrontan crecientes exigencias para producir agua de proceso de alta calidad manteniendo criterios de sostenibilidad, cumplimiento normativo y continuidad productiva. Una empresa del sector de pulpa y papel necesitaba agua con niveles extremadamente bajos de conductividad y dureza para la fabricación de lotes de pulpa especializada. Sin embargo, los sistemas de tratamiento convencionales no podían garantizar una calidad constante ni la flexibilidad necesaria para responder a necesidades productivas temporales.

DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DEL AGUA INDUSTRIAL

En este contexto, las instalaciones deben equilibrar un elevado consumo de agua con la reducción del impacto ambiental y el cumplimiento de las directivas europeas en materia de reutilización y vertido. Asegurar un suministro fiable resulta crítico para mantener la estabilidad del proceso, especialmente cuando los calendarios operativos y los volúmenes varían según los lotes de producción.

La combinación de procesos intensivos en consumo, requisitos estrictos de pureza y limitaciones regulatorias hace imprescindible disponer de soluciones capaces de adaptarse con rapidez, manteniendo parámetros de calidad constantes y reduciendo al mismo tiempo el impacto operativo y energético.

LA SOLUCIÓN DE MOBILE WATER SOLUTIONS

Para responder a estos requisitos, Mobile Water Solutions, parte de Nijhuis Saur Industries, desplegó dos unidades móviles de ósmosis inversa MORO4x25T equipadas con sistemas de prefiltración MOFI3x60. El sistema suministró 200 m³/h de agua permeada, logrando una reducción superior al 95% de sales y dureza.

El carácter móvil y plug-and-play de las unidades permitió una movilización rápida en función del calendario de producción por lotes, generalmente en plazos de entre una y tres semanas. La prefiltración protegió las membranas y aseguró un rendimiento estable incluso ante variaciones en la calidad del agua de alimentación, contribuyendo además a optimizar el uso de productos químicos y procesos energéticamente intensivos.

BENEFICIOS CLAVE

El sistema móvil de ósmosis inversa proporcionó ventajas tanto operativas como ambientales, al garantizar un suministro de agua de proceso consistente y de alta calidad, con una conductividad inferior a 50 µS/cm y una dureza de calcio inferior a 7 ppm CaCO₃. Esta calidad permitió cumplir los requisitos de pureza exigidos para la producción de pulpa especializada.

La solución ofreció además una elevada flexibilidad operativa, gracias a su rápido despliegue en función de los distintos lotes de producción. Su carácter escalable y replicable facilita la reasignación de las unidades móviles a otros procesos o instalaciones cuando las necesidades productivas cambian.

De este modo, Mobile Water Solutions permitió al cliente producir agua de proceso de forma fiable, mantener la continuidad operacional y ajustarse a los estándares industriales establecidos. Las unidades temporales de ósmosis inversa aportaron la flexibilidad y eficiencia necesarias en un entorno de producción variable, evidenciando el valor de las soluciones móviles en la gestión sostenible del agua industrial.

Gobernar el agua en tiempos de incertidumbre: capacidad institucional, legitimidad y transición regulatoria

LPOR SAMARA LÓPEZ, INVESTIGADORA JUAN DE LA CIERVA EN EL INSTITUTO DE PROCESOS SOSTENIBLES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ESPECIALIZADA EN GOBERNANZA DEL AGUA Y EN POLÍTICAS PÚBLICAS

a gobernanza del agua en España y Europa atraviesa una fase crítica. La combinación de cambio climático, degradación de la calidad del recurso y endurecimiento regulatorio está configurando un escenario donde la incertidumbre deja de ser una anomalía para convertirse en un elemento estructural del sistema. La gestión del agua ya no puede abordarse únicamente desde la planificación hidrológica clásica o desde la mejora incremental de infraestructuras. Se requiere una revisión pro-

funda de capacidades institucionales, de mecanismos de financiación y de legitimidad social. En este contexto, la nueva Directiva europea de tratamiento de aguas residuales urbanas y la incorporación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) constituyen, a mi juicio, un punto de inflexión con implicaciones que exceden lo puramente ambiental y alcanzan dimensiones económicas, administrativas y políticas.

El primer eje de incertidumbre es climático. España se sitúa entre los territorios europeos más expuestos al estrés

hídrico, con sequías prolongadas que ya no pueden interpretarse como episodios cíclicos, sino como manifestaciones de una tendencia consolidada. A ello se suman eventos extremos de signo contrario, como inundaciones repentinas, DANAs recurrentes o temporales intensos (como los de principios de febrero) que, además de las consecuencias humanas y económicas, alteran los sistemas de saneamiento y depuración. Esta variabilidad dificulta la previsión de disponibilidad y demanda, pero también incrementa la presión sobre infraestruc-

La gestión del agua ya no puede abordarse únicamente desde la planificación hidrológica clásica o desde la mejora incremental de infraestructuras. Se requiere una revisión profunda de capacidades institucionales, de mecanismos de financiación y de legitimidad social

turas que fueron diseñadas bajo supuestos hidrológicos distintos. La resiliencia hídrica, por tanto, ya no depende solo de embalses o transferencias, sino de la capacidad del sistema para operar en un entorno cambiante y con mayor exposición al riesgo.

Sin embargo, la incertidumbre contemporánea no es solo de cantidad, sino también de calidad. La aparición de contaminantes emergentes como microplásticos, o sustancias persistentes como los PFAS, ha desplazado el foco desde la contaminación orgánica tradicional hacia un escenario químico

mucho más complejo. Estos compuestos presentan comportamientos de degradación difíciles de predecir, se detectan a concentraciones muy bajas, pero potencialmente relevantes, y requieren tecnologías avanzadas para su eliminación. La consecuencia es que la depuración deja de ser un proceso orientado principalmente a parámetros clásicos y pasa a convertirse en una infraestructura estratégica de protección sanitaria y ecológica. Esta transformación técnica no es menor, porque implica nuevos sistemas de monitorización, nuevos protocolos analíticos y, sobre

todo, un incremento significativo del coste de operación y mantenimiento. En paralelo, Europa ha acelerado su transición regulatoria. Por ejemplo, la revisión de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, acordada en 2024, actualiza un marco normativo que se mantenía prácticamente estable desde 1991. Esta reforma incorpora exigencias más estrictas, establece plazos de adaptación progresivos hasta 2045 e introduce por primera vez la obligación de tratamientos avanzados para la eliminación de microcontaminantes en depuradoras de gran tamaño o en aglomeraciones urbanas de un mínimo de 10 000 h-e consideradas sensibles a la contaminación por microcontaminantes. El objetivo de reducción mínima del 80% de un conjunto de sustancias indicadoras no solo supone un salto tecnológico, sino un cambio de paradigma pues se institucionaliza una lógica preventiva, de protección de la salud

SAMARA LÓPEZ, INVESTIGADORA JUAN DE LA CIERVA
La resiliencia hídrica ya no depende solo de embalses o transferencias, sino de la capacidad del sistema para operar en un entorno cambiante y con mayor exposición al riesgo

pública y del medio receptor, alineada con el Pacto Verde Europeo y con la estrategia de economía circular. No obstante, la directiva también pone en evidencia un problema central: la brecha entre ambición normativa y capacidad real de implementación. La adaptación al tratamiento cuaternario exige inversiones de gran magnitud y una transformación tecnológica que no puede considerarse plenamente madura ni homogénea. En el sector operador existe consenso en que tecnologías como ozonización, carbón activo granular u oxidación avanzada permiten mejorar rendimientos, pero también se reconoce que los resultados dependen de múltiples variables: tipo de agua residual, presencia de materia orgánica, eficiencia de pretratamientos, condiciones de diseño y operación, y capacidad de control analítico. Además, la implantación de estas tecnologías incrementa de forma notable el consumo energético y los costes de reactivos, lo que genera un dilema estructural: el cumplimiento de objetivos de eliminación de microcontaminantes puede entrar en tensión directa con los objetivos simultáneos de eficiencia energética y neutralidad climática que también exige la directiva. A esta incertidumbre tecnológica se suma un problema menos visible pero decisivo: la incertidumbre analítica. Los operadores advierten que los sistemas de medición y monitorización de determinados contaminantes no están plenamente estandarizados. La disponibilidad de laboratorios acreditados y metodologías homologadas para analizar ciertos compuestos es limitada, y en algunos casos se depende de técnicas no consolidadas o de capacidades ex-

ternas. Esto genera una paradoja regulatoria ya que se exigen reducciones cuantificables, pero todavía no existe plena claridad sobre cómo se medirán y compararán los resultados de forma uniforme en toda Europa. En términos de gobernanza, esta falta de estandarización incrementa el riesgo de conflictos regulatorios, desigualdad territorial y dificultades de supervisión, ya que el cumplimiento puede depender tanto de la tecnología instalada como del método de análisis utilizado.

En España, estos retos se amplifican por una estructura institucional fragmentada. Aunque el agua es un bien público estatal, la gestión directa del ciclo urbano se distribuye entre municipios, comunidades autónomas y entidades operadoras diversas. Esta descentralización ha generado un mosaico de modelos tarifarios, capacidades técnicas y niveles de inversión muy heterogéneos. La existencia de miles de operadores municipales, con distintos niveles de profesionalización y capacidad financiera, dificulta una respuesta coherente ante objetivos europeos homogéneos. La fragmentación también afecta a la capacidad de planificación estratégica: la directiva exige una visión integral del sistema, pero la responsabilidad sobre estos elementos suele estar dispersa entre diferentes administraciones.

El problema no es únicamente organizativo, sino estructuralmente financiero. Son muchos los expertos que consideran que las tarifas no reflejan el coste real de garantizar calidad, continuidad del servicio, renovación de activos y cumplimiento ambiental. Es necesario subir tarifas. La depuración avanzada implica costes operativos muy superiores a los actuales, y la inversión en infraestructuras necesarias se mide en órdenes de magnitud que exceden la capacidad presupuestaria de muchas administraciones. En este escenario, la transposición de la directiva no puede entenderse como un proceso jurídico, sino como un desafío de economía política que exige redefinir cómo se financia el ciclo urbano del agua, cómo se reparten los costes entre usuarios y sectores productivos, y qué mecanismos de redistribución se aplican para evitar impactos sociales regresivos.

En este marco aparece la RAP como elemento disruptivo. La directiva introduce por primera vez un mecanismo de RAP aplicado al saneamiento, obligando a los sectores farmacéutico y cosmético a financiar al menos el 80% de los costes vinculados a la eliminación de microcontaminantes. Desde el punto de vista conceptual, esta medida busca reforzar el principio de “quien contamina paga” y aliviar la presión sobre usuarios y operadores públicos. Sin embargo, en la práctica ha generado un conflicto de legitimidad relevante. Los sectores afectados sostienen que la medida es desproporcionada y discriminatoria, tanto por la selección limitada de sectores responsables como por

La falta de estandarización de los sistemas de medición y monitorización de determinados contaminantes sincrementa el riesgo de conflictos regulatorios, desigualdad territorial y dificultades de supervisión

La transposición de la directiva TARU no puede entenderse como un proceso jurídico, sino como un desafío de economía política que exige redefinir cómo se financia el ciclo urbano del agua, cómo se reparten los costes entre usuarios y sectores productivos, y qué mecanismos de redistribución se aplican para evitar impactos sociales regresivos

la metodología utilizada para estimar la contribución a la carga contaminante. Además, el sector farmacéutico advierte de un impacto potencialmente crítico sobre medicamentos genéricos, cuyo precio está regulado y cuyos márgenes son reducidos.

Este punto revela un aspecto clave: la política del agua no opera en un vacío sectorial. Las decisiones ambientales pueden producir efectos colaterales en políticas sanitarias, industriales y presupuestarias. En España, esta interdependencia se ve agravada por la falta de coordinación interministerial. La transposición recae sobre el Ministerio de Transición Ecológica, pero las consecuencias afectan directamente a Sanidad, Industria y Hacienda. Mi percepción, compartida por algunas partes afectadas, es que la coordinación ha sido tardía y reactiva, impulsada más por la presión de los actores que por un diseño institucional anticipatorio. Esta dinámica introduce un riesgo adicional: una directiva técnicamente sólida puede fracasar en su implementación si no se construyen mecanismos de cooperación estables y si no se incorporan criterios de viabilidad económica desde el inicio.

Por otro lado, la RAP también abre un debate relevante en términos de gobernanza tecnológica. Si los productores financian gran parte de los tratamientos, es previsible que busquen influir en la elección de tecnologías para minimizar costes. Esto puede generar tensiones con los operadores, que deben justificar sus decisiones desde

criterios de eficacia ambiental, seguridad operativa y adaptación territorial. Además, las opciones tecnológicas no son equivalentes; soluciones intensivas como carbón activo u ozonización presentan costes y necesidades energéticas muy diferentes de posibles alternativas basadas en la naturaleza, como humedales artificiales o sistemas extensivos, que pueden ser viables en ciertos territorios, pero imposibles en zonas urbanas densas. Así pues, la directiva no solo introduce un nuevo mecanismo financiero, sino también un campo de disputa sobre quién define el coste “razonable” del cumplimiento.

En última instancia, el éxito de esta transición dependerá de la capacidad institucional para gestionar incertidumbre y conflicto. La directiva exige no solo inversión y tecnología, sino legitimidad. Las actualizaciones tarifarias, la reorganización de responsabilidades y la imposición de nuevas obligaciones serán políticamente sostenibles solo si se perciben como justas, transparentes y coherentes. En este sentido, la digitalización del ciclo del agua y la mejora de la monitorización pueden contribuir a

fortalecer la rendición de cuentas, pero no sustituyen la necesidad de un pacto social sobre el valor del agua y sobre el reparto de costes.

La crisis del agua en Europa es cada vez menos un problema de falta de soluciones técnicas y cada vez más un problema de gobernanza. España dispone de capital humano, operadores experimentados y una trayectoria relevante en depuración y reutilización, pero enfrenta limitaciones estructurales. Sin embargo, la fragmentación institucional, la debilidad financiera, la rigidez administrativa y nuestra cultura tarifaria dificultan la internalización de los costes reales del servicio. En este contexto, la transición regulatoria europea constituye una oportunidad histórica para modernizar el sector y mejorar la calidad ambiental, pero también un riesgo si se ignoran los cuellos de botella de implementación.

La crisis del agua en Europa es cada vez menos un problema de falta de soluciones técnicas y cada vez más un problema de gobernanza

Gobernar el agua en tiempos de incertidumbre exige fortalecer capacidades administrativas, generar coordinación multinivel efectiva, construir instrumentos de financiación sostenibles y diseñar mecanismos de implementación que reduzcan litigios y aumenten legitimidad. La directiva y la RAP no son solo una reforma ambiental: son un test de madurez institucional. La pregunta decisiva no es si los objetivos son deseables – lo son – sino si el sistema político-administrativo está preparado para hacerlos viables sin generar disfunciones económicas y sociales. El futuro del agua en España dependerá, en gran medida, de esa respuesta.

EL GIRO EUROPEO HACIA LA RESILIENCIA HÍDRICA:

AMBICIÓN POLÍTICA, LÍMITES ESTRUCTURALES E IMPLICACIONES PARA ESPAÑA

Griselda Romero

EUROPA REDEFINE EL AGUA COMO ACTIVO ESTRATÉGICO EN UN ESCENARIO DE ESCASEZ ESTRUCTURAL, PERO LA BRECHA ENTRE AMBICIÓN POLÍTICA Y CAPACIDAD REAL CONDICIONA EL ALCANCE DEL GIRO HACIA LA RESILIENCIA.

El agua nunca ha sido un asunto menor en la política europea; pero durante décadas se gestionó bajo una premisa tácita: las sequías eran excepciones, las inundaciones crisis puntuales y el deterioro ambiental un problema corregible mediante mejoras progresivas. Esa premisa ha dejado de ser válida. Hoy, el debate ya no gira en torno a cómo gestionar un recurso escaso

en momentos concretos, sino a cómo sostener un sistema económico, social y ecológico bajo condiciones de escasez estructural y creciente incertidumbre climática.

En ese cambio de perspectiva se inscribe la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, presentada el pasado año por la Comisión como hoja de ruta hacia 2050 para “reparar el ciclo del agua”, construir una economía inteligente en materia hídrica y garantizar el acceso seguro y asequible al agua

y al saneamiento. Sin embargo, el giro hacia la resiliencia no es solo una cuestión semántica ni un ajuste técnico. Implica revisar prioridades, redefinir inversiones, tensionar marcos regulatorios y, sobre todo, preguntarse si el modelo actual —financiero, institucional y territorial— está preparado para anticipar riesgos en lugar de reaccionar ante crisis.

Para abordar esa cuestión, este reportaje recoge las voces de quienes operan el sistema desde distintas po -

LA RESILIENCIA HÍDRICA NO ES UNA ETIQUETA AÑADIDA A POLÍTICAS EXISTENTES,

SINO EL RECONOCIMIENTO

DE QUE EL AGUA YA NO

PUEDE GESTIONARSE

BAJO LA LÓGICA DE LA EXCEPCIONALIDAD

siciones. Parte del marco planteado por la Comisión Europea, promotora de la Estrategia, con declaraciones de la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, así como de la lectura sectorial que realiza Sebastien Mouret, asesor de políticas de EurEau, federación europea que agrupa a las asociaciones nacionales de servicios de agua potable y saneamiento y que representa al sector ante las instituciones de la Unión Europea.

A partir de ahí, el análisis desciende al plano operativo y territorial con la visión de Javier Santos, director de Operaciones de Veolia en España; el enfoque académico y de política pública de Leandro del Moral Ituarte, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y miembro del Patronato de la Fundación Nueva Cultura del Agua; la perspectiva de cuenca, aportada por Arancha Fidalgo, jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar; y, finalmente, la experiencia de la gestión pública local, representada por Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

A través de este recorrido, el análisis aborda el diagnóstico del estado del agua en Europa y España, el alcance

real del giro hacia la resiliencia, los límites estructurales que condicionan su aplicación y las condiciones necesarias para que esa ambición se traduzca en transformación efectiva. La cuestión ya no es si Europa necesita resiliencia hídrica —esa necesidad parece fuera de discusión—, sino si el sistema del agua, tal como está configurado hoy, puede transformarse con la coherencia y la profundidad que exige el nuevo contexto.

RADIOGRAFÍA DE UN SISTEMA

HÍDRICO BAJO PRESIÓN

ESTRUCTURAL

Tras más de veinticinco años de aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA), el balance europeo sobre el estado de las masas de agua presenta una realidad compleja, combinando avances indiscutibles con desafíos persistentes. Para la comisaria europea Jessika Roswall, la DMA “es una legislación fundamental” que ha impulsado progresos significativos desde su adopción. Destaca el ejemplo de España, donde cerca del 90 % de las aguas superficiales alcanzan el buen estado químico, situándola entre los países con mejores resultados y “a la vanguardia” en este ámbito.

En la misma línea, el catedrático Leandro del Moral subraya que los Estados miembros han incrementado el gasto, perfeccionado los sistemas de evaluación y reforzado la aplicación normativa, contribuyendo en determinados casos a contener el deterioro y a consolidar una mayor conciencia pública sobre la necesidad de proteger ríos, acuíferos, humedales, deltas y estuarios. Existe además, una coincidencia generalizada en que, en ausencia de la DMA, la situación actual de las masas de agua en Europa sería previsiblemente peor, aunque también menos conocida y, por tanto, menos incorporada al debate público y a la toma de decisiones.

Sin embargo, los datos agregados europeos reflejan una situación ambiental exigente. Según los informes oficiales citados por Del Moral —en particular el Fourth River Basin Mana-

Estado de las masas de agua en la Unión Europea

La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), adoptada en 2000, supuso un cambio estructural en la política hídrica europea al introducir la gestión por demarcaciones hidrográficas, el objetivo de buen estado ecológico y químico y el principio de recuperación de costes.

Tras más de 25 años de aplicación, ha mejorado el conocimiento, el seguimiento y la aplicación normativa. Sin embargo, el cumplimiento pleno de sus objetivos sigue pendiente en buena parte de la Unión Europea.

Hoy:

Solo el 39,5 % de las masas de agua superficiales están en buen estado ecológico

el 26,8 %

alcanzan el buen estado químico

gement Plans Implementation Report y el informe complementario Environmental Quality Standards Directive Implementation Report, publicados por la Comisión Europea en 2025—, solo el 39,5 % de las masas de agua superficiales de la Unión alcanzan el buen estado ecológico y únicamente el 26,8 % logran el buen estado químico. La salud media de las aguas europeas continúa, por tanto, en un nivel crítico desde el punto de vista ecológico.

A esta realidad se suma una presión creciente sobre la cantidad de agua disponible. Roswall advierte de que la disponibilidad está sometida a una tensión cada vez mayor como consecuencia del cambio climático: en el sur de España, las precipitaciones han disminuido cerca de un 25 % en las últimas tres décadas, mientras que las inundaciones se vuelven más extremas en distintos puntos del continente. “Ninguna parte de Europa se libra”, señala la comisaria, reflejando la dimensión transversal del fenómeno. Ante este escenario, la Comisión mantiene diálogos estructurados con los Estados miembros para reforzar la aplicación normativa, incluido un próximo intercambio con España

EL SISTEMA HÍDRICO EUROPEO

AFRONTA UNA PRESIÓN

ESTRUCTURAL SIMULTÁNEA

SOBRE CANTIDAD Y CALIDAD: REDUCCIÓN DE APORTACIONES, CONTAMINACIÓN DIFUSA, INTENSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y UN CAMBIO CLIMÁTICO QUE TRANSFORMA LA SEQUÍA EN CONDICIÓN PERMANENTE Y MULTIPLICA LOS EPISODIOS EXTREMOS

centrado en sequías, inundaciones y escasez.

En este contexto, Sebastien Mouret añade que el ciclo del agua soporta presiones acumulativas derivadas tanto del cambio climático y la reducción de recursos, como de la contaminación, especialmente la de carácter difuso asociada al uso del suelo y a la actividad agraria, así como la presencia de contaminantes emergentes como

los PFAS. Estas amenazas afectan simultáneamente a la calidad ecológica, a la salud pública y a la base productiva europea. “Sin agua limpia y en cantidad suficiente, ni la agricultura ni las industrias pueden prosperar en Europa”, advierte, subrayando la interdependencia entre estado ambiental y estabilidad económica.

Del Moral insiste en que muchas de estas presiones —contaminación difusa, cambios hidromorfológicos, expansión urbanística o aumento de la demanda— responden a fuerzas motrices estructurales vinculadas a modelos productivos y territoriales que no siempre han sido plenamente identificadas o abordadas en los programas de medidas, lo que explica en parte la distancia entre ambición normativa y resultados ecológicos efectivos.

En el caso español, el diagnóstico mantiene esa doble dimensión de mejora institucional y severidad ambiental. La documentación inicial del cuarto ciclo de planificación hidrológica ofrece cifras especialmente exigentes: en demarcaciones como la del Guadalquivir, hasta un 96 % de las masas de agua superficiales se encuentran

El agua sigue sin ocupar el lugar central que debería en la transición ecológica. La resiliencia no puede construirse solo desde documentos estratégicos: requiere un marco jurídico coherente y financiación estable.

Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales. No obstante, Del Moral interpreta estos datos como reflejo tanto de la intensidad acumulada de las presiones, que requieren actuaciones de restauración de mayor alcance, como del mayor rigor metodológico con el que se aplican hoy los indicadores de la Directiva Marco del Agua, apoyados en herramientas más precisas y en un conocimiento técnico más consolidado que en los primeros ciclos de planificación.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ofrece un ejemplo representativo de esta tensión estructural. Arancha Fidalgo describe una cuenca con un equilibrio muy ajustado entre recursos disponibles y demandas consolidadas, con déficits estructurales en determinadas zonas. El regadío concentra en torno al 80 % del consumo —seguido del uso urbano (16 %), con fuertes incrementos estacionales en áreas costeras—, mientras que aproximadamente el 75 % del recurso procede de aguas subterráneas. Esta elevada dependencia condiciona el estado cuantitativo de varias masas y repercute directamente en los caudales base de los ríos. A ello se suma una tendencia descendente de las aportaciones desde los años ochenta, con previsiones de reducción adicionales asociadas al cambio climático.

En este contexto, la gestión de la escasez no se limita a una cuestión de asignación entre usos, sino que incorpora una dimensión ecológica y normativa ineludible. En determinadas zonas ya se registran descensos piezométricos, masas subterráneas en mal estado cuantitativo y tramos fluviales con caudales próximos al mínimo ecológico fijado por el Plan Hidrológico, lo que reduce significativamente el margen de maniobra. La singularidad mediterránea —con alternancia rápida entre sequías prolongadas y episodios torrenciales e inundaciones— obliga además a ges-

La resiliencia hídrica deja de ser un concepto aspiracional para convertirse en el criterio rector de cada decisión operativa y de inversión que tomamos como operadores.
Javier Santos, director de Operaciones de Veolia en España.

tionar escenarios extremos opuestos en plazos muy cortos, dentro de un marco reglado y transparente que busca compatibilizar seguridad hídrica y sostenibilidad ambiental.

En el ciclo urbano del agua, el diagnóstico incorpora una dimensión ma-

terial e institucional que complica el escenario. Luis Babiano, gerente de AEOPAS, recuerda que se trata de un servicio esencial para la salud pública y el bienestar colectivo, sostenido por equipos técnicos cualificados que operan bajo una presión climática, social y económica creciente. Sin embargo, una parte significativa de las redes supera ya los cuarenta años de antigüedad y continúa funcionando gracias al esfuerzo diario de los operadores, evidenciando un déficit acumulado de planificación y reinversión. Aunque las directrices europeas han impulsado mejoras, persisten incumplimientos en saneamiento y depuración, especialmente en entornos con elevada fragmentación municipal y limitada capacidad técnica y financiera. Para Babiano, el límite no reside en el modelo público en sí, sino en un marco de organización, financiación y contratación que ha ido erosionando la capacidad de planificar a largo plazo y de garantizar la renovación sistemática de activos que, en muchos casos, se acercan al final de su vida útil.

Por último, desde la gestión operativa y empresarial, Javier Santos, director de Operaciones en Veolia España, constata que la sequía ha dejado de ser excepcional para convertirse en una condición estructural en determinados territorios. Gestionar escenarios de disponibilidad decreciente, con exigencias regulatorias crecientes y tarifas entre las más bajas de Europa, obliga a decisiones operativas complejas y continuas: priorizar inversiones, escalonar tecnologías de tratamiento avanzado o buscar eficiencias transversales cuando la recuperación de costes no es plena. La dependencia de fondos europeos competitivos introduce además incertidumbre en la planificación a largo plazo. En este contexto, la tensión entre garantizar el suministro inmediato, incluso mediante soluciones de emergencia costosas, y transformar estructuralmente el siste-

ma se convierte en una constante de la gestión diaria.

En conjunto, el diagnóstico dibuja un sistema que ha avanzado en regulación, conocimiento y concien -

ciación, pero que afronta presiones persistentes sobre la cantidad y la calidad del recurso en todas las escalas de gobernanza. Más que episodios aislados, Europa y España enfrentan

Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica

Marco, objetivos y líneas de acción

Impulso institucional

• Iniciativa de la Comisión Europea

• Presentada en junio de 2025

• Marco estratégico con horizonte 2050

Enfoque

• La resiliencia como principio rector de la política hídrica europea

• Del agua como recurso garantizado a activo estratégico limitado

• Refuerzo de la aplicación del marco normativo vigente (no sustituye a la DMA)

Objetivos estratégicos

• “Reparar el ciclo del agua”

• Garantizar acceso seguro y asequible al agua potable y al saneamiento

• Reequilibrar demanda y disponibilidad

• Integrar el agua en la agenda de estabilidad económica y competitividad

Líneas de acción

• Restauración y protección de masas de agua

• Eficiencia, reutilización y reducción de pérdidas

• Preparación frente a sequías, inundaciones y fenómenos extremos

Dimensión económica

• Vinculación entre resiliencia hídrica y competitividad industrial

*La industria europea del agua concentra ≈40 % de las patentes mundiales del sector

Marco financiero

• Déficit anual estimado de inversión: 23.000 millones €

• Adaptación de los Fondos de Cohesión

• Movilización prevista del BEI: ≈15.000 millones €

• Objetivo de atraer inversión privada complementaria

ya una combinación estructural de tensiones climáticas, ambientales, territoriales y económicas que condicionan el presente y el futuro del modelo hídrico.

LA RESILIENCIA COMO NUEVO EJE DE LA POLÍTICA HÍDRICA EUROPEA

En este contexto de presión estructural acumulada, la Comisión Europea decidió dar un paso más. El verano de 2025 marcó un punto de inflexión en la política europea del agua cuando la Comisión Europea presentó la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica como hoja de ruta para situar el agua en el centro de la agenda climática y económica de la Unión, con implicaciones estratégicas hacia 2050. No se trata de una nueva directiva que sustituya al marco existente, sino de un giro conceptual: la resiliencia pasa a convertirse en el principio rector de la política hídrica europea.

Según explica la comisaria Roswall, el punto de partida es claro: Europa debe “reparar el ciclo del agua”, construir una economía inteligente en materia de agua y garantizar un acceso seguro y asequible al agua potable y al saneamiento para todos. Para ello, insiste, la prioridad no es necesariamente producir nuevas normas, sino asegurar la aplicación efectiva de la legislación vigente y de la propia Estrategia. La resiliencia exige coherencia en la ejecución.

El nuevo enfoque parte de un cambio de mentalidad. “Tenemos que cambiar la forma en que vemos y valoramos el agua”, señala Roswall, recordando que el recurso ha sido durante demasiado tiempo tratado como abundante y garantizado. La resiliencia implica reequilibrar estructuralmente la demanda con la disponibilidad real y fomentar un uso eficiente y sistemático del agua en todos los sectores.

El giro europeo planteado se articula en tres grandes ejes: restaurar y

EL GIRO NO PASA POR SUSTITUIR LA DIRECTIVA

MARCO DEL AGUA, SINO POR REFORZAR SU APLICACIÓN EFECTIVA EN UN ESCENARIO DE ESCASEZ ESTRUCTURAL, INTEGRANDO EFICIENCIA, RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, SEGURIDAD DEL SUMINISTRO Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN UNA MISMA HOJA DE RUTA

proteger el ciclo del agua; construir una economía “water-smart” basada en eficiencia, reutilización y reducción de pérdidas; y reforzar la seguridad del suministro frente a sequías, inundaciones y eventos extremos.

La dimensión económica es explícita. La Comisión aspira a convertir la crisis del agua en una oportunidad estratégica para la industria europea, que concentra cerca del 40 % de las patentes mundiales relacionadas con el agua. La resiliencia hídrica se presenta así no solo como una necesidad

Del discurso europeo a la gestión real

CON LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA HÍDRICA, LA COMISIÓN EUROPEA

REDEFINE EL

AGUA COMO EJE DE LA AGENDA

CLIMÁTICA, INDUSTRIAL Y TERRITORIAL, Y CONVIERTE LA RESILIENCIA EN PRINCIPIO RECTOR

DEL DESARROLLO EUROPEO HACIA 2050

¿Cómo leen el giro

hacia la resiliencia los distintos niveles del sistema ?

ambiental, sino como una condición estructural de estabilidad económica y competitividad.

Sin embargo, el reto financiero es considerable. La UE arrastra un déficit

Desde la perspectiva europea sectorial…

Para Sebastien Mouret (EurEau), la resiliencia hídrica es la respuesta necesaria a presiones estructurales crecientes — contaminación y cambio climático— que afectan simultáneamente a la cantidad y la calidad del agua en Europa. El giro no es meramente terminológico: supone reconocer que las amenazas al agua tienen consecuencias ambientales, sociales y económicas, y que ya no pueden abordarse desde una lógica sectorial. Desde esta óptica, garantizar agua limpia y suficiente no es un obstáculo para la competitividad europea, sino una condición material para sostenerla.

anual de inversión estimado en 23.000 millones de euros, alerta la comisaria. Los Fondos de Cohesión se han adaptado para facilitar inversiones en agua, el Banco Europeo de Inversiones pre-

En el plano territorial…

Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, Arancha Fidalgo interpreta la resiliencia como una estrategia coherente con los principios que ya rigen la planificación hidrológica española. La protección del ciclo del agua, la gestión frente a sequías e inundaciones, la evaluación de escenarios climáticos o la preservación de los ecosistemas forman parte desde hace años del marco técnico de los planes de cuenca. En este sentido, la resiliencia no supone una ruptura, sino un refuerzo del instrumento clave de gestión: el Plan Hidrológico.

El concepto de resiliencia hídrica no se interpreta de manera uniforme. Su significado varía según la escala desde la que se observe: europea sectorial, territorial, municipal, empresarial o académica. Más que una definición cerrada, la resiliencia adopta matices distintos en función de las responsabilidades y competencias de cada actor.

Sin embargo, Mouret subraya que la resiliencia no puede construirse únicamente desde los servicios de agua. Los hogares y servicios representan una parte limitada del consumo total, mientras que muchas presiones derivan de otros sectores productivos, especialmente la agricultura. Por ello, el verdadero cambio consiste en transversalizar el agua en el conjunto de políticas públicas, de forma comparable a lo que ocurrió con la mitigación climática. El avance será creíble —advierte— solo si se traduce en coherencia normativa, aplicación efectiva de la Directiva Marco del Agua y una respuesta firme frente a amenazas como los PFAS.

La planificación permite ordenar prioridades entre usos, establecer normas, fijar caudales ecológicos y definir programas de medidas para alcanzar el buen estado de las masas de agua y satisfacer las demandas. No obstante, Fidalgo reconoce que disponer de un marco adecuado no garantiza resultados inmediatos. El reto reside en integrar de forma real las políticas sectoriales y acelerar la ejecución de las medidas previstas. La escasez no puede evitarse en determinados territorios, pero sí gestionarse de forma anticipada, solidaria y transparente, siempre que el desarrollo socioeconómico converja con la disponibilidad real de recursos.

vé movilizar 15.000 millones adicionales en los próximos años y se plantea atraer capital privado. Aun así, la Comisión reconoce que la magnitud del desafío exige un esfuerzo sostenido y coordinado.

DE LA AMBICIÓN A LA CAPACIDAD REAL:

LÍMITES ESTRUCTURALES DEL SISTEMA

Definir la resiliencia como condición estructural del desarrollo europeo im-

Desde la gestión pública municipal…

Luis Babiano (AEOPAS) valora el giro europeo hacia la resiliencia como una evolución progresiva del marco comunitario más que como una obligación jurídica plenamente consolidada. La Estrategia sitúa el agua en el centro del debate climático y orienta la gestión hacia el análisis de riesgos, la anticipación y la adaptación, lo que interpela directamente a los servicios urbanos. En la práctica, la resiliencia se traduce en planificación estratégica, modernización de activos y protección de fuentes, más como cambio cultural organizativo que como sistema automático de obligaciones con financiación garantizada.

Babiano advierte, sin embargo, que la resiliencia no puede construirse únicamente a partir de documentos estratégicos. Requiere coherencia regulatoria, estabilidad normativa y respaldo financiero suficiente para sostener la inversión a largo plazo. En un contexto en el que se plantea revisar la Directiva Marco del Agua y reforzar agendas de competitividad, la credibilidad del giro dependerá de que se traduzca en instrumentos concretos que permitan a los servicios públicos implementar la transición sin erosionar la equidad ni comprometer la sostenibilidad del sistema.

plica, sin embargo, enfrentarse a las restricciones reales del sistema. Si el diagnóstico revela un modelo sometido a presión, el examen de su aplicación muestra hasta qué punto la resiliencia hídrica tropieza con obstáculos que exceden el plano estrictamente técnico y el propio límite físico y climático descrito anteriormente.

Las voces entrevistadas coinciden en señalar que las principales barreras no se encuentran en el diseño conceptual del marco europeo del agua, sino en las condiciones materiales,

Desde la gestión empresarial del ciclo integral…

Para Javier Santos (Veolia), la resiliencia refleja un desplazamiento conceptual decisivo: abandonar la lógica de la excepcionalidad. Cuando la escasez es estructural y no coyuntural, la resiliencia deja de ser un objetivo aspiracional para convertirse en criterio rector de las decisiones operativas y de inversión. Planificar infraestructuras bajo escenarios de disponibilidad decreciente, optimizar cada metro cúbico tratado y diversificar fuentes —reutilización, desalinización o interconexiones— pasan a formar parte del núcleo estratégico del servicio.

No obstante, Santos identifica una brecha entre la ambición estratégica europea y la capacidad real de implementación. Los objetivos de calidad, eficiencia y reutilización requieren inversiones masivas y marcos regulatorios ágiles que no siempre están plenamente alineados con esa ambición. La resiliencia es, desde la operación, una transformación técnica y estratégica necesaria, pero su éxito dependerá de contar con instrumentos financieros, contractuales y administrativos coherentes con la magnitud del desafío.

económicas, políticas e institucionales en las que debe desplegarse. No se trata, por tanto, de un vacío normativo de base, sino de la tensión persistente entre ambición regulatoria, contexto físico y capacidad efectiva de implementación.

Límite financiero: déficit de inversión e insuficiente recuperación de costes

Para la Comisión Europea, el primer límite es inequívoco: la UE arras-

Desde el ámbito académico…

Leandro del Moral aborda el giro hacia la resiliencia desde una concepción del agua como activo ecosocial, esencial para sostener procesos ecológicos y dinámicas de desarrollo sostenible. No cuestiona la necesidad de reforzar la protección del recurso ni de situarlo en el centro de la agenda europea, pero advierte de que el concepto no debe subordinarse a criterios de competitividad o eficiencia entendidos como fines en sí mismos. La resiliencia solo adquiere sentido si refuerza el principio de no deterioro y los objetivos ambientales que inspiran la Directiva Marco del Agua. Desde esta perspectiva, el reto no es formular un nuevo paradigma, sino profundizar en la aplicación coherente del marco existente a la luz de la experiencia acumulada. Del Moral muestra especial preocupación por que, bajo la lógica de la simplificación normativa, se relajen obligaciones ambientales o se revise la DMA sin el debido análisis técnico, lo que podría debilitar el sistema jurídico que sustenta la protección del agua. La resiliencia, concluye implícitamente, será transformadora solo si fortalece —y no diluye— la ambición ambiental y la coherencia intersectorial.

tra un déficit anual de inversión en agua estimado en 23.000 millones de euros, señala Roswall. Aunque se han movilizado fondos de cohesión y financiación del Banco Europeo de Inversiones, el volumen de recursos disponibles no cubre plenamente las necesidades de modernización, adaptación climática y cumplimiento de estándares ambientales.

Además, aunque los servicios de agua son conscientes desde hace tiempo de los retos que afrontan y muchos han realizado inversiones para abordarles, aún existen considerables disparidades entre los Estados miembros en términos de recursos financieros, agrega Mouret.

Esta restricción se reproduce con particular intensidad en el ámbito español. Luis Babiano advierte que la ausencia de un sistema estable de financiación finalista, la falta de reinversión sistemática y el uso del canon concesional como instrumento financiero de corto plazo han erosionado silenciosamente la capacidad de respuesta del sistema. El resultado es una red envejecida que funciona, en muchos casos, al límite de su vida útil. Mantener esta lógica implica aplazar inversiones imprescindibles y trasladar costes al futuro. Si no se corrige esta dinámica, el riesgo no es solo de deterioro progresivo, sino de comprometer la sostenibilidad estructural de un servicio esencial.

Desde la gestión operativa, Javier Santos describe una brecha estructural entre exigencias regulatorias crecientes y tarifas “que se sitúan entre las más bajas de Europa”. La consecuencia es una recuperación de costes

insuficiente que ralentiza inversiones estratégicas. El límite financiero, por tanto, no es coyuntural ni exclusivo de un modelo de gestión determinado; es un condicionante sistémico que atraviesa escalas europeas, nacionales y locales.

A este respecto, Del Moral añade que la insuficiente aplicación de los instrumentos económicos previstos en la DMA —incluidos los mecanismos de recuperación de costes y el principio de quien contamina paga— ha incentivado el mantenimiento de prácticas nocivas para la biodiversidad y la sobreexplotación, penalizando a quienes sí asumen costes de protección y generando incentivos perversos que dificultan una transición efectiva.

Límite de coherencia política: integración intersectorial y gobernanza multinivel

El segundo límite se sitúa en el terreno de la coherencia política e integración intersectorial. Leandro del Moral insiste en que el buen estado de las masas de agua depende de decisiones adoptadas fuera del ámbito estrictamente hídrico. Agricultura, energía, transporte, minería, urbanismo o comercio exterior generan presiones estructurales, pero los objetivos ambientales no se incorporan de forma efectiva en esas políticas. El resultado es una gestión del agua que actúa sobre los efectos, no sobre las fuerzas motrices que los producen.

A esta desalineación se suma, según Del Moral, una introducción lenta y fragmentaria de medidas estructurales, a menudo sustituida por

respuestas tecnológicas centradas en problemas puntuales. Sin abordar de manera sistémica la contaminación difusa, la degradación de hábitats o los cambios hidromorfológicos, los avances resultan limitados. En este contexto, advierte además del riesgo de que la agenda de simplificación regulatoria se convierta en un fin en sí mismo y derive en una reducción de obligaciones de control y análisis de riesgos en instalaciones industriales, con posibles efectos sobre la protección de los ecosistemas acuáticos.

Babiano añade una dimensión operativa a este problema: en sistemas descentralizados no siempre está claramente definido quién debe cumplir determinadas obligaciones europeas, con qué competencias y con qué recursos. Esta falta de claridad competencial amplifica la brecha entre ambición normativa y capacidad real de implementación.

También Mouret identifica una dimensión europea de esta incoherencia al señalar fricciones entre la Estrategia de Resiliencia Hídrica y otras agendas comunitarias, como la simplificación normativa o eventuales revisiones de la Directiva Marco del Agua. Tras reconocer en la propia Estrategia una aplicación insuficiente de la DMA, la Comisión anunció posteriormente la posibilidad de flexibilizar determinadas disposiciones, lo que, en un contexto de prioridades económicas en competencia, podría debilitar la ambición ambiental bajo la lógica de la competitividad y la reducción de cargas administrativas. La coherencia multinivel se convierte así en un límite estructural: sin alineación entre el discurso estratégico y las decisiones re-

LA PRINCIPAL LIMITACIÓN DE LA RESILIENCIA HÍDRICA NO ES CONCEPTUAL

MIENTRAS LAS POLÍTICAS AGRARIAS, ENERGÉTICAS,

COMERCIALES Y TERRITORIALES

NO INTEGREN DE FORMA

VINCULANTE LOS OBJETIVOS

HÍDRICOS, LA GESTIÓN DEL AGUA SEGUIRÁ ACTUANDO

SOBRE LOS SÍNTOMAS Y NO SOBRE LAS CAUSAS

ESTRUCTURALES DE LA DEGRADACIÓN

gulatorias concretas, el marco pierde eficacia y el agua corre el riesgo de volver a quedar relegada en la agenda política.

Además, recuerda que el sector del agua no puede resolver por sí solo problemas cuya raíz se sitúa fuera de su ámbito directo de actuación: hogares y servicios representan apenas el 13 % del consumo de agua dulce, mientras que una parte sustancial de las presiones —especialmente en materia de contaminación— procede de fuentes difusas vinculadas a la agricultura y otros sectores. Sin integración real de políticas sectoriales, la resiliencia hídrica seguirá actuando sobre síntomas más que sobre causas.

Límite estructural: modelo productivo y dinámicas económicas

Esta desalineación sectorial remite, en último término, a la propia configuración del modelo económico. Más allá de la coherencia formal entre políticas, subyace un límite de carácter estructural vinculado al modelo productivo dominante. Leandro del Moral señala de manera explícita el peso de un modelo agrario intensivo, concentrado y orientado prioritariamente al incre-

mento de la productividad como una de las principales fuerzas motrices de contaminación difusa y sobreexplotación de recursos hídricos. La presión no deriva únicamente de decisiones de gestión del agua, sino de una estructura económica que incentiva la expansión de superficies regadas, la intensificación productiva y la maximización de rendimientos en un contexto de competencia global.

En este marco, la modernización de regadíos —aun siendo técnicamente eficiente— no garantiza por sí sola una reducción neta de presiones. Como advierte Del Moral, pueden producirse efectos rebote, descritos en la literatura económica como la Paradoja de Jevons, cuando los ahorros de agua derivados de mejoras tecnológicas se traducen en ampliación de superficies o en mayor intensidad de uso. Sin mecanismos regulatorios y económicos que acompañen la eficiencia con límites efectivos de extracción, la presión total sobre el recurso puede mantenerse o incluso incrementarse.

A ello se suman dinámicas externas que refuerzan esta tendencia: acuerdos comerciales, orientación exportadora y cadenas de valor internacionales que trasladan al territorio exigencias de producción poco alineadas con la disponibilidad hídrica local. En este sentido, el límite no es tecnológico ni exclusivamente sectorial, sino estructural: las dinámicas económicas continúan generando demanda y presión sobre el recurso a un ritmo superior al de su recuperación natural.

Límite institucional y administrativo: capacidad de ejecución y gobernanza operativa

Un tercer plano de restricción se sitúa en el ámbito institucional y administrativo. Más allá de la disponibilidad de recursos o de la coherencia entre políticas sectoriales, la efectividad de la resiliencia hídrica depende de la

capacidad real de las estructuras públicas y operativas para ejecutar las medidas previstas. En este terreno, las voces consultadas identifican rigideces normativas, fragmentación territorial y complejidad competencial como factores que ralentizan la transformación.

Luis Babiano señala que la Ley de Contratos del Sector Público introduce, en determinados contextos, procedimientos prolongados y exigencias formales que dificultan la ejecución ágil de inversiones, especialmente en escenarios que requieren adaptación rápida a nuevas exigencias regulatorias o climáticas. A ello se suma una elevada fragmentación municipal que deja a numerosos pequeños ayuntamientos sin masa crítica técnica suficiente para garantizar continuidad, profesionalización y modernización del servicio. En sistemas descentralizados, la falta de claridad competencial complica además la asignación de responsabilidades en el cumplimiento de obligaciones europeas, ampliando la brecha entre ambición normativa y capacidad efectiva de implementación.

Desde la gestión empresarial, Javier Santos apunta que muchos marcos concesionales fueron diseñados bajo supuestos hidrológicos y regulatorios hoy superados. La adaptación de estos contratos a nuevas exigencias —incorporación de inversiones en resiliencia, reutilización o tratamiento avanzado— requiere procedimientos administrativos complejos y, en ocasiones, prolongados. Esta lentitud puede generar un desfase entre la urgencia climática y la velocidad institucional, especialmente cuando la superposición competencial retrasa autorizaciones o modifica condiciones de ejecución.

En el ámbito de cuenca, Arancha Fidalgo reconoce que, aun disponiendo de un marco técnico sólido y de planes hidrológicos que integran balances, prioridades, escenarios de cambio climático y estudios de adaptación, el programa de medidas avanza con mayor lentitud de la deseable debido a

trámites prolongados, dificultades administrativas y, en determinados casos, resistencia o baja aceptación social. El problema no reside en la ausencia de planificación, sino en la distancia entre el diseño técnico del plan y su ejecución efectiva en el territorio.

Leandro del Moral añade que, en varios Estados miembros, los programas de medidas muestran debilidades cuando no se apoyan en diagnósticos robustos de presiones e impactos o cuando la acción política se retrasa

frente a la evidencia técnica disponible. Sin una gobernanza capaz de traducir el conocimiento en decisiones operativas y en aplicación sostenida en el tiempo, la resiliencia corre el riesgo de quedar formulada en términos estratégicos sin consolidarse en la práctica.

Límite cultural: percepción social y patrones de uso

Finalmente, subyace un límite de naturaleza cultural que atraviesa todas

las escalas del sistema hídrico. Desde la Comisión Europea se reconoce que el agua continúa percibiéndose con frecuencia como un recurso garantizado o abundante, incluso en contextos de estrés estructural. Esta baja valorización social se traduce en ineficiencias, retrasos en la adopción de medidas de ahorro y resistencia a internalizar los costes reales del servicio.

En cuencas tensionadas, la adaptación de la demanda a la oferta disponi-

ble no es solo un ejercicio técnico, sino una decisión social que afecta a sectores consolidados, modelos productivos y expectativas históricas. Aceptar restricciones, revisar dotaciones o modificar patrones de consumo implica asumir límites que durante décadas no formaron parte del imaginario colectivo. La resistencia social a estos ajustes constituye, en sí misma, un condicionante estructural que puede ralentizar o tensionar la implementación de políticas de resiliencia.

En conjunto, los límites identificados no desmienten la ambición del marco europeo ni cuestionan la validez conceptual de la resiliencia hídrica como horizonte estratégico. Lo que revelan es la complejidad de traducir esa ambición en transformación efectiva dentro de sistemas económicos, institucionales y sociales atravesados por inercias acumuladas. La brecha no es normativa, sino estructural: entre lo que el marco exige y lo que las estructuras productivas, financieras, administrativas y culturales están en condiciones de sostener. Superar esa distancia no depende únicamente de nuevas estrategias o de ajustes técnicos, sino de la capacidad de alinear incentivos económicos, fortalecer la gobernanza multinivel, garantizar financiación estable y asumir socialmente los límites físicos del recurso. Es en ese terreno —el de las condiciones reales de implementación— donde se decidirá si la resiliencia se consolida como principio operativo o queda circunscrita al plano declarativo.

DE LA ESTRATEGIA A

LA IMPLEMENTACIÓN:

CONDICIONES PARA UNA TRANSFORMACIÓN EFECTIVA

Si el sistema hídrico europeo y español opera bajo restricciones físicas, financieras, institucionales y productivas acumulativas, la cuestión ya no es si es necesario cambiar, sino bajo qué condiciones ese cambio puede materializarse. Las voces consultadas coinciden en que no basta con formular estrategias ambiciosas ni con añadir nuevos instrumentos al marco existente. La resiliencia exige intervenir sobre las reglas de funcionamiento del sistema, alinear políticas sectoriales con los límites ecológicos y dotar a la transición de estabilidad financiera, coherencia normativa y legitimidad social. Convertir la resiliencia en capacidad efectiva implica, por tanto, actuar de manera simultánea sobre varias dimensiones estructurales.

Aplicación rigurosa del marco normativo y estabilidad regulatoria

La primera condición, transversal a todas las perspectivas, es la aplicación plena y coherente del marco normativo vigente. Desde la Comisión Europea se insiste en que la Directiva Marco del Agua y la legislación asociada siguen proporcionando instrumentos adecuados para proteger el recurso, siempre que se ejecuten de forma efectiva y homogénea. La resiliencia no puede construirse sobre normas incumplidas ni sobre estándares aplicados de manera desigual.

LA RESILIENCIA EXIGE

COHERENCIA MULTINIVEL: QUE PLANIFICACIÓN, FINANCIACIÓN Y GOBERNANZA OPEREN BAJO UN MISMO MARCO ESTABLE Y NO COMO AGENDAS PARALELAS

En esa misma línea, Leandro del Moral subraya que tras veinticinco años de planificación hidrológica existe conocimiento técnico y jurídico suficiente; el déficit no ha sido conceptual, sino de implementación y coherencia política. Mantener el principio de no deterioro como eje innegociable, preservar la seguridad jurídica y evitar retrocesos bajo la lógica de la simplificación son condiciones indispensables para sostener inversiones de largo plazo y garantizar coherencia regulatoria.

Integración intersectorial y coherencia territorial

Aplicar mejor la normativa no se limita a reforzar controles, sino que exige integrar el agua en el núcleo de las decisiones económicas y territoriales. El

EL FUTURO EUROPEO NO SE

JUGARÁ ÚNICAMENTE EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA O DIGITAL SINO EN LA CAPACIDAD

COLECTIVA DE ASUMIR QUE

EL AGUA NO ES UN RECURSO

GARANTIZADO, SINO EL CIMIENTO ECOSOCIAL QUE

SOSTIENE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y DEMOCRÁTICA DEL PROYECTO EUROPEO

En el ámbito de cuenca, Arancha Fidalgo lo formula en términos operativos: la planificación hidrológica establece prioridades, dotaciones y programas de medidas, pero su eficacia depende de que el desarrollo agrario, urbano o energético converja con la disponibilidad real de recursos. Ello exige evaluar nuevas demandas y desarrollos previstos dentro del marco fijado por el Plan, evitando generar expectativas desconectadas de la capacidad hídrica del sistema. La resiliencia requiere, por tanto, una coherencia intersectorial efectiva —no meramente declarativa— que alinee crecimiento económico y ordenación territorial con los límites físicos del recurso.

buen estado de las masas de agua no depende exclusivamente de la política hídrica, sino de cómo se diseñan y ejecutan políticas agrarias, energéticas, urbanísticas, industriales o comerciales. Mientras los objetivos ambientales no se incorporen como variable vinculante en estos ámbitos, la gestión del agua seguirá actuando sobre las consecuencias y no sobre las causas de la degradación.

Aceptación de los límites ecológicos y ajuste de la demanda

La coherencia intersectorial pasa necesariamente por aceptar los límites ecológicos como punto de partida. Leandro del Moral advierte que existen cuencas donde los derechos de uso reconocidos superan las disponibilidades reales y donde determinadas masas de agua han

alcanzado umbrales críticos de contaminación. Desde esa perspectiva, sostiene que antes incluso de definir nuevas medidas debería plantearse una cuestión previa: cómo adaptar los modelos de producción y consumo a las restricciones que imponen ecosistemas degradados, incorporando criterios de equidad y reparto justo de los costes. En un recurso de dominio público como el agua, cuyo uso se concede temporalmente y queda subordinado al interés general, la adaptación no puede traducirse en la preservación de inercias insostenibles ni en una distribución desigual de los sacrificios. La resiliencia hídrica remite así, en última instancia, a una lógica de transición justa en un contexto de crisis climática y socioecológica.

Desde la Comisión Europea se formula una idea convergente al plantear la necesidad de “reequilibrar la demanda con el suministro disponible” y superar la percepción del agua como recurso garantizado. En territorios tensionados como el Júcar, Arancha Fidalgo subraya que la estabilidad socioeconómica depende de que la demanda futura se ajuste a la oferta realmente disponible,

La relajación de la ambición en las normativas ambientales es contraproducente: genera inseguridad jurídica, desincentiva inversiones de mayor valor añadido y puede debilitar la propia Directiva Marco del Agua, que sigue siendo el pilar sobre el que se sostienen otras normas esenciales para la protección del agua y la salud pública.

Leandro del Moral Ituarte, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y miembro del Patronato de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

La resiliencia hídrica debe convertirse en una responsabilidad intersectorial, del mismo modo que la mitigación del cambio climático se ha integrado en la toma de decisiones mucho más allá de los círculos especializados.

y territoriales no se alinean con la disponibilidad hídrica efectiva. La resiliencia, por tanto, no consiste únicamente en ampliar recursos, sino en ajustar expectativas económicas y territoriales a los límites físicos del sistema.

Reforma estructural de la financiación y aplicación de instrumentos económicos

La transición requiere, además, una base económica sólida. La Comisión reconoce un déficit estructural de inversión y la necesidad de movilizar recursos públicos y privados, aprovechar plenamente los Fondos de Cohesión y la financiación del BEI, y mejorar la eficiencia en el uso de instrumentos existentes.

En el plano nacional y local, Luis Babiano insiste en que los ingresos generados por el servicio deben revertir íntegramente en el propio sistema, mediante financiación estable, finalista y transparente. Sin planificación a largo plazo y recuperación equilibrada de costes —compatible con la asequibilidad— no es posible renovar infraestructuras envejecidas ni incorporar tecnologías avanzadas.

Javier Santos añade que las exigencias regulatorias deben alinearse con la capacidad financiera real, lo que requiere revisar marcos tarifarios y establecer mecanismos de solidaridad territorial para evitar brechas en la adaptación.

ejecutar decisiones complejas. La fragmentación territorial y la rigidez administrativa pueden ralentizar inversiones y dificultar la adaptación. Babiano plantea la necesidad de reforzar estructuras

Sebastien Mouret, asesor de políticas de EurEau.

tanto actual como proyectada bajo escenarios climáticos adversos. Esta adaptación exige analizar de forma integrada recursos superficiales, subterráneos y no convencionales —incluida la regeneración y la desalación cuando resulten viables— y asumir que la planificación no puede compensar indefinidamente desequilibrios si los desarrollos productivos

Del Moral introduce un elemento clave: la aplicación efectiva del principio de quien contamina paga como herramienta para corregir incentivos perversos y evitar que los costes ambientales recaigan exclusivamente sobre operadores o ciudadanía. Sin instrumentos económicos bien aplicados, la coherencia ambiental pierde eficacia práctica.

Fortalecimiento institucional y gobernanza multinivel

La resiliencia también depende de una arquitectura institucional capaz de

Para ser resilientes tenemos que reequilibrar la demanda de agua con el suministro disponible. Esto implica fomentar un nuevo enfoque del uso del agua que de prioridad a la eficiencia hídrica.

Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva de la Comisión Europea.

supramunicipales que aporten masa crítica y capacidad técnica, especialmente en entornos rurales.

Desde la gestión operativa, Santos señala que muchos marcos concesionales fueron diseñados bajo supuestos hidrológicos superados y deben actualizarse para incorporar inversiones en resiliencia y economía circular con mayor agilidad. Fidalgo insiste en mejorar la ejecución efectiva de los programas de medidas y en gestionar de forma integrada recursos superficiales, subterráneos y no convencionales.

A escala europea, Sebastien Mouret advierte de la importancia de la coherencia multinivel para evitar contradicciones entre estrategias comunitarias y políticas nacionales. Sin coordinación real entre escalas administrativas, la implementación se fragmenta y la ambición estratégica pierde consistencia.

Innovación orientada al interés público

La dimensión tecnológica forma parte de las condiciones habilitantes, aunque ninguna fuente la presenta como solución autónoma. La Comisión subraya el potencial de liderazgo europeo en innovación hídrica y su papel en la competitividad industrial.

El Plan Hidrológico de cuenca es la herramienta clave para gestionar estos conflictos con criterios técnicos y de forma ordenada y transparente: establece prioridades, asignaciones, dotaciones, objetivos ambientales y un programa de medidas.

Arancha Fidalgo, jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En el plano operativo, la digitalización, la diversificación de fuentes, la reducción de pérdidas o la transformación de depuradoras en ecofactorías son herramientas concretas para aumentar eficiencia y seguridad. Babiano vincula la innovación a procesos de cooperación pública-pública y aprendizaje colectivo. La tecnología, en este marco, es instrumento al servicio de un diseño financiero y regulatorio adecuado, no sustituto de reformas estructurales.

Legitimidad social y corresponsabilidad

Finalmente, la transformación requiere legitimidad social. Modificar patrones de uso, revisar dotaciones o asumir costes de adaptación implica decisiones sensibles que necesitan respaldo público. La Comisión insiste en promover una cultura de eficiencia y ahorro; Babiano subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas; Fidalgo reconoce que la aceptación social condiciona el ritmo de ejecución en el territorio.

Sin comprensión pública de los límites ecológicos y de los costes asociados a la adaptación, cualquier reforma estructural corre el riesgo de bloquear-

se. La resiliencia exige corresponsabilidad entre administraciones, operadores, sectores productivos y ciudadanía. En conjunto, las condiciones identificadas dibujan una transformación que trasciende el sector del agua. Aplicación rigurosa del marco normativo, integración intersectorial efectiva, asunción de límites ecológicos, financiación estable, gobernanza multinivel sólida e innovación alineada con el interés público forman un entramado inseparable. La resiliencia no se consolidará mediante nuevas declaraciones, sino mediante la capacidad real de ajustar demanda, inversión y desarrollo productivo a esos límites.

EL AGUA COMO CIMIENTO ECOSOCIAL DEL FUTURO EUROPEO

La resiliencia hídrica no es una etiqueta superpuesta a políticas existentes, es el reconocimiento explícito de que el agua ha dejado de poder gestionarse bajo la lógica de la excepcionalidad. Europa afronta un escenario de escasez persistente, variabilidad climática creciente y tensiones productivas acumuladas que obligan a revisar no solo instrumentos técnicos, sino las bases mismas del modelo de desarrollo.

El marco regulatorio está definido y la planificación hidrológica dispone de herramientas consolidadas. El conocimiento acumulado tras veinticinco años de Directiva Marco del Agua es amplio y la capacidad tecnológica del sector europeo es significativa. El desafío ya no reside en formular nuevos diagnósticos, sino en asegurar coherencia entre políticas, estabilidad financiera y alineación efectiva de los usos económicos con los límites ecológicos del recurso.

La Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica sitúa el agua en el centro de la agenda climática, industrial y territorial de la Unión. Pero su alcance dependerá menos de su formulación que de la capacidad real de las instituciones europeas y nacionales para sostener estándares ambientales exigentes, integrar el agua en decisiones agrarias, energéticas y comerciales, y dotar al sistema de financiación y gobernanza acordes con su relevancia estratégica. En última instancia, la resiliencia no es un horizonte aspiracional, sino una

condición de estabilidad. Si el agua constituye la base material de la seguridad alimentaria, la competitividad industrial y la cohesión territorial, su gestión deja de ser sectorial para convertirse en estructural. El futuro europeo no se jugará únicamente en la transición energética o digital, sino en la capacidad colectiva para asumir que el agua no es un recurso garantizado, sino el límite físico que condiciona la sostenibilidad económica y democrática del proyecto común.

Grandes límites estructurales y condiciones de transformación

LÍMITE ESTRUCTURAL IDENTIFICADO

Brecha entre ambición estratégica y capacidad real de implementación

Insuficiencia y fragilidad de la financiación del sistema hídrico

Escasez estructural y límites ecológicos del recurso

Presiones productivas y modelos intensivos de uso

Falta de coherencia intersectorial

Fragmentación institucional y rigidez administrativa

Riesgo de debilitamiento normativo y desalineación multinivel

Cultura de abundancia y baja valoración del agua

Déficit de legitimidad social y corresponsabilidad

CONDICIÓN NECESARIA PARA SUPERARLO

Aplicación efectiva de la normativa vigente · Ejecución real de los programas de medidas · Coordinación institucional sostenida

Financiación estable y finalista · Recuperación equilibrada de costes · Movilización coordinada de inversión pública (Fondos UE, BEI) y privada

Adaptación de la demanda a la disponibilidad real y futura · Planificación basada en escenarios climáticos · Diversificación prudente de fuentes (reutilización, desalinización, optimización de recursos convencionales)

Ajuste de modelos de producción y consumo a los límites ecológicos · Aplicación efectiva del principio “quien contamina paga” · Revisión de incentivos económicos que mantienen presiones

Integración vinculante de los objetivos hídricos en políticas agrarias, energéticas, urbanísticas, industriales y comerciales

Estructuras supramunicipales sólidas · Profesionalización técnica ·

Gobernanza integrada a escala de cuenca · Adaptación flexible de marcos concesionales

Estabilidad regulatoria · Mantenimiento de estándares ambientales (DMA como eje) · Coherencia entre agendas europeas y políticas nacionales

Cambio de mentalidad · Eficiencia sistemática · Reducción del desperdicio y pérdidas en red

Transparencia en decisiones e inversiones · Rendición de cuentas · Participación informada de ciudadanía y sectores productivos

Andalucía frente al reto hídrico, hacia un modelo de gobernanza resiliente y justa

POR

CARLOS

DE IRIGOYEN JARA, GERENTE DE ASA ANDALUCÍA

Andalucía atraviesa un momento decisivo en materia hídrica. Las precipitaciones cada vez más irregulares y los episodios de lluvias torrenciales, además de eventualidades intercaladas con sequías prolongadas, han configurado un escenario estructural que obliga a repensar la gestión del ciclo urbano del agua bajo criterios de anticipación, coordinación institucional y sostenibilidad a largo plazo. No se trata solo de responder a una crisis coyuntural. Estamos ante un nuevo escenario estructural en la gestión hídrica, y se trata de adaptar el sistema a una nueva realidad climática que condicionará la competitividad, la cohesión social y la salud ambiental del territorio durante las próximas décadas.

En este contexto, resulta cada vez más evidente la necesidad de evolucio-

Estamos ante un nuevo escenario estructural en la gestión hídrica, que requiere adaptar el sistema a una nueva realidad climática y que condicionará la competitividad, la cohesión social y la salud ambiental del territorio durante las próximas décadas

debajo de determinados umbrales) hacia un enfoque de resiliencia programada. Esta resiliencia, entendida como la capacidad de un sistema para anticiparse, absorber perturbaciones y recuperarse rápidamente, debe construirse en tres niveles: infraestructuras, operación y confianza social. Las tres dimensiones están íntimamente relacionadas y cualquier estrategia que pretenda ser efectiva debe abordarlas de manera integrada.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RESILIENCIA QUE ANTICIPE, ABSORBA Y RECUPERE

nar desde un modelo tradicionalmente reactivo (basado en medidas urgentes cuando los embalses descienden por

Una infraestructura que no se mantiene deja de ser infraestructura: se convierte en riesgo. En un escenario de variabilidad climática extrema, disponer únicamente de una fuente principal de suministro o de conducciones sin al-

Resulta cada vez más evidente la necesidad de evolucionar desde un modelo tradicionalmente reactivo hacia un enfoque de resiliencia programada

ternativa, no es una opción. Es por eso por lo que son necesarias las interconexiones intracomarcales, captaciones de respaldo, sistemas de potabilización capaces de tratar aguas de diferente origen. Asimismo, depósitos estratégicos y redes malladas son piezas esenciales para evitar situaciones de colapso local. Pero más allá de las grandes obras, la verdadera prueba de madurez del sistema reside en la planificación sistemática de renovaciones. Buena parte de las vulnerabilidades actuales se explican por redes envejecidas, tramos críticos que fallan con frecuencia y una inversión en reposición que, históricamente, ha sufrido altibajos.

Este sector, pese a requerir una mayor planificación de reformas infraestructurales, demanda al mismo tiempo una mejora a nivel operativo, donde la digitalización representa una oportunidad sin precedentes. Por un lado, la tecnología ya está disponible y madura; el desafío es aprovecharla de forma inteligente. La telelectura masiva, el control de presiones, la sectorización dinámica, los sensores de caudal y calidad, la modelización hidráulica en tiempo real o los gemelos digitales de ETAP y EDAR permiten tomar decisiones basadas en datos, anticipar fugas,

optimizar bombeos, reducir consumos no esenciales y ajustar la operación a escenarios cambiantes.

Por otro lado, la clave no es la tecnología en sí, sino su incorporación a la rutina de gestión: alarmas automatizadas que priorizan por riesgo, cuadros de mando municipales que muestran indicadores esenciales, equipos que trabajan con información en tiempo real y una administración capaz de supervisar el servicio con métricas objetivas, comparables y compartidas.

Es esencial hablar de ámbitos con potencial, y si se busca reforzar la resiliencia hídrica de Andalucía, una de las mayores posibilidades la brinda la reutilización de aguas regeneradas. El salto de la depuración al uso efectivo de estas aguas en agricultura periurbana, riego de zonas verdes, industria y recarga de acuíferos, entre otros, supone un paso natural en un territorio sometido a un estrés hídrico recurrente. Convertir la reutilización en una infraestructura de recurso implica clarificar responsabilidades, definir modelos tarifarios, garantizar la calidad según uso, y generar seguridad jurídica para operadores y usuarios. Esta reutilización reduce presión sobre fuentes convencionales, diversifica riesgos y contribuye a una economía circular del agua cada vez más necesaria.

Los episodios de restricción no pueden repetirse cada pocos años como si fueran decisiones improvisadas. En este sentido, hay que seguir evolucionando y profundizando en la gestión de la demanda. Contar con un marco de escalonamiento claro, basado en indicadores objetivos y conocidos de antemano por la ciudadanía. La tarificación por bloques vinculada a fases de escasez (siempre acompañada de medi-

El salto de la depuración al uso efectivo de estas aguas en agricultura periurbana, riego de zonas verdes, industria y recarga de acuíferos, entre otros, supone un paso natural en un territorio sometido a un estrés hídrico recurrente

das de protección social) ha demostrado ser eficaz para reducir consumos sin comprometer la garantía para usos esenciales, pero es que la tarificación, por sí sola, no basta. Sigue siendo imprescindible combinarla con campañas de sensibilización bien diseñadas, herramientas digitales que informen en tiempo real al abonado y programas de eficiencia en equipamientos públicos.

En cuanto a la confianza social, la dimensión más intangible pero fundamental del ciclo urbano del agua, el sector del agua tiene la responsabilidad de explicar con claridad qué cuesta garantizar el servicio, por qué es necesario invertir en redes e infraestructuras, cómo se protege a los hogares vulnerables y cuáles son los criterios en episodios de restricción. La justicia hídrica no es solo un concepto ético; es también un pilar de legitimidad. La ciudadanía está cada vez más concienciada sobre el valor del agua y por ello exige transparencia, coherencia y participación. Y tiene razón: un modelo de gobernanza robusto debe comunicar con honestidad, mostrar resultados y rendir cuentas.

El sector del agua tiene la responsabilidad de explicar con claridad qué cuesta garantiza el servicio, por qué es necesario invertir en redes e infraestructuras y cómo se protege a los hogares vulnerables

UN SECTOR COORDINADO CON METAS CLARAS

La sostenibilidad económica del sistema no puede fundamentarse únicamente en incrementos puntuales de tarifa o en convocatorias ocasionales de subvenciones. La infraestructura del agua tiene un ciclo de vida largo, y su financiación debe ser consecuente a esto. Fondos europeos, financiación verde, instrumentos de colaboración públicoprivada y contratos basados en resultados, combinados entre sí, puede ofrecer un marco más estable. Acompañado, claro está, de una estandarización documental que reduz-

ca la complejidad administrativa para los municipios medianos y pequeños, que representan buena parte del territorio andaluz y que pueden sentirse asfixiados burocráticamente de no armonizar.

Abordando el nivel institucional, se podría decir que el reto principal es mejorar la coordinación multinivel. El ciclo urbano del agua no puede gestionarse de forma aislada, porque interactúa con múltiples sectores: energía, urbanismo, agricultura, turismo y salud pública. Administraciones locales, operadores, consorcios y Administraciones hidráulicas deben colaborar en un marco común que facilite

la toma de decisiones rápidas y efectivas, especialmente en momentos críticos. La creación de comités operativos mixtos, con protocolos predefinidos y capacidad de decisión, puede evitar respuestas descoordinadas y mejorar la eficiencia del sistema en su conjunto.

Todo esto desemboca en una conclusión clara: Andalucía necesita una agenda sectorial de resiliencia hídrica. Una hoja de ruta compartida con metas reales, indicadores verificables, mecanismos de financiación y espacios permanentes de cooperación técnica. Una agenda que no se limite a responder a las eventualidades y

Construir un modelo de gobernanza resiliente y justa es una tarea colectiva. Requiere liderazgo institucional, profesionalización técnica, inversión sostenida y, sobre todo, una visión compartida entre quienes gestionan, quienes regulan y quienes utilizan el agua cada día

urgencias, sino que prepare realmente al territorio para los desafíos de los próximos veinte años: más sequía, más presión demográfica en zonas litorales, más competencia por el recurso y mayor exigencia en términos de calidad del servicio.

Construir un modelo de gobernanza resiliente y justa es una tarea colectiva. Requiere liderazgo institucional, profesionalización técnica, inversión sostenida y, sobre todo, una visión compartida entre quienes gestionan, quienes regulan y quienes utilizan el agua cada día. La

buena noticia es que Andalucía cuenta con un ecosistema sectorial sólido, operadores con experiencia, proveedores innovadores y centros de investigación de referencia. El desafío es alinear estas capacidades para transformar la incertidumbre en oportunidad y realidad.

Crónica de lo que fue 2025 en el mundo de las infraestructuras

CPOR ANTOLÍN ALDONZA, PORTAVOZ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DEL AGUA (ASAGUA)

omo continuación de los años anteriores más próximos a él, fue un año triste que pasó con pena y sin gloria.

Es verdad que aumentaron algo las inversiones, ya de por sí escasas, más las autonómicas, pero no en la cantidad suficiente como para pensar que se ha iniciado el camino franco de la recuperación de la inversión, tanto para construir las infraestructuras como para mantenerlas.

Las promesas de las administraciones públicas vertidas en los planes hidrológicos de cuenca, administración central y autonómicas, no se han cumplido; es lo normal. El actual 2022-2027 lleva, como fue habitual en los dos planes anteriores, un retraso importante. El grado de cumplimiento del plan anterior no alcanzó el 50 %.

Durante el año pasado estuvieron operativos los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero su presencia poco se ha notado en materia de inversiones.

2025 heredó las consecuencias acaecidas por el paso de la DANA, un

fenómeno atmosférico excepcional que se manifestó con todo su poder. Destrucción y, sobre todo, pérdidas de vidas de personas que confiaban en las instituciones públicas para su defensa; pérdidas irrecuperables que afectan a muchas otras personas. Los daños materiales se han ido solucionando o están en vías de solución a base, esencialmente, del sistema de contratación por emergencia, aquí bien empleado.

Ante esta situación es de razón que interroguemos a la ciencia y a la técnica y que estas hablen con libertad, para que nos digan si las consecuencias habidas a causa de estos sucesos hu-

bieran sido más livianas en el caso de que hubieran estado construidas las infraestructuras planificadas y los cauces limpios, pues es cierto que la circulación del agua limpia es muy distinta a la del agua con muchos sólidos en suspensión. No es lícito utilizar el comodín del cambio climático; no puede ser la excusa para no cumplir los deberes. Es hora de que todas las personas al frente de las instituciones tengan conocimiento de la materia de la que son responsables.

Según un informe reciente, el agua necesita inversiones de más de cien mil millones de euros para ponerse al día, a ejecutar en los próximos diez años

Por si no está claro, estamos y continuaremos hablando de la problemática de las infraestructuras, de su ejecución y conservación y de las cosas que es necesario mejorar y cambiar para que el resultado sea óptimo en bien de la sociedad. La necesidad de aumentar las inversiones en infraestructuras, que han venido decayendo desde el año 2008, no es ninguna novedad, es un hecho que venimos denunciando con asiduidad. Según un informe reciente, el agua necesita inversiones de más de cien mil millones de euros para ponerse al día, a ejecutar en los próximos diez años.

La situación actual enturbia la buena imagen del sector de la construcción español, cuyo prestigio internacional es patente. Por si fuera poco, la presunta corrupción de la que tanto se habla no aporta nada bueno a esa imagen. Conviene aclarar el panorama con urgencia y, en su caso, apartar a los corruptos, si los hubiera. No es justo mantener este estado de cosas en el que quedan en entredicho las administraciones públicas, las empresas y los trabajadores, cuando la historia nos habla del buen hacer en la construcción, lo que no significa que en un cesto de naranjas no pueda aparecer un limón. Y qué decir de los técnicos, bien formados y avezados en la materia, que son apreciados internacionalmente.

Los actuales acontecimientos con consecuencias luctuosas en el ámbito del ferrocarril y los antes referidos, desvelan con claridad la necesidad de aumentar el gasto productivo, o lo que es igual, el gasto en infraestructuras de nueva construcción y en la conservación de todas las que tenemos. Ello, en aras de la seguridad de las personas y de las cosas. Lo primero es atender el gasto productivo para incrementar el stock de capital público del que depende la actividad económica; el progreso. En el caso del agua ese capital permite que las personas vivan con dignidad; sin agua no hay vida.

A las dichas carencias hay que sumar los problemas que conllevan la ejecución de las infraestructuras y su mantenimiento desde que se concibe la idea hasta que se ejecuta. Aquí enunciaremos solo algunos.

La calidad de los proyectos ha de ser óptima, pero no lo es. El principal problema es que el presupuesto por el que salen a licitación no es suficiente. Luego, en la fase de ejecución se presentan los problemas que se intentan achacar al contratista; así consta en los actuales pliegos y cláusulas de los contratos, pues a nadie le gusta asumir los errores propios.

La calidad de los proyectos ha de ser óptima, pero no lo es. El principal problema es que el presupuesto por el que salen a licitación no es suficiente

los problemas que conllevan durante la construcción y contraviniendo la legislación europea que impone la búsqueda de la mejor relación calidad-precio; contravención nada extraña, teniendo en cuenta que la Ley de Contratos del Sector Público, en algunos casos, no sigue con fidelidad la regulación establecida por el derecho europeo.

Desde que se aprueba un proyecto hasta que se licita y adjudica pueden pasar muchos meses y hasta años, en consecuencia, el presupuesto pierde actualidad, deviene a ser escaso. Además, la revisión de precios, en el caso de que la contemple el pliego, no opera desde el inicio de las obras y no se aplica al presupuesto total. Los límites actuales que hacen operar la revisión de precios solo tienen sentido en sistemas sin o con poca inflación. Y además, por todos es sabido que, rara vez, los índices reflejan la realidad de las variaciones de los precios reales.

En el ámbito internacional, los pliegos incluyen anticipos al inicio de las obras, convenientemente avalados, que se irán descontando en las sucesivas certificaciones. En España nada de esto tiene lugar. La experiencia demuestra que la mayor parte del presupuesto se certifica en la etapa final. La generalizada ausencia de la revisión de precios y de anticipos da lugar a un trato injusto para el contratista, sobre el que los órganos de contratación hacen recaer cargas adicionales que van en contra del posible y lícito beneficio.

El estado de cosas actual está haciendo aflorar un estado de opinión que castiga a todo el ámbito de la construcción y eso es injusto.

En la vertiente práctica, algunos órganos de contratación responsables de las infraestructuras, han decidido que para que el proceso de contratación sea más trasparente, lo mejor es generalizar las subastas, en claro olvido de

Con unos presupuestos prorrogados, la finalización de los fondos Next Generation, un año con varias elecciones a la vista y una clase política que, hasta ahora, no ha asumido con plenitud la ineludible necesidad de potenciar las infraestructuras, el tema no pinta bien y, por tanto, si no cambian las cosas, 2026 no será el año del comienzo del cambio.

Con cierta frecuencia se publican informes sobre distintos aspectos de la problemática de las infraestructuras, todos ellos muy loables, pero, sin duda, lo más conveniente para saber su situación, la de todas, públicas y privadas, es que la administración pública, con las ayudas que necesite, haga un informe cuantificándolas, dictaminando su estado y estableciendo el coste de las nuevas, de la remodelación de las que existen y de la conservación de todas ellas. Y como colofón un plan de actuación a desarrollar por personas conocedoras de la materia, que sea vinculante. Conviene recordar que los Presupuestos Generales del Estado en esta materia no lo son.

En lo que al agua respecta, hay que reivindicar la buena gestión de los operadores que, muchas veces, haciendo esfuerzos extracontractuales evitan incidentes ¡Sale agua por el grifo y la sucia de la casa! No pasa nada, pero no es cierto.

Continuamos a la espera de que, en un futuro no muy lejano, se produzcan, con la debida frecuencia, los pertinentes debates parlamentarios que lleven a establecer el mejor plan de infraestructuras y lo sigan. Plan que debe de ser vinculante.

Manuel Pulido

CATEDRÁTICO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA, IIAMA - UPV

Extraer sistemáticamente por encima de la tasa de renovación natural puede precipitar el colapso funcional de los sistemas hídricos

TEMAS: AGUA, GESTIÓN HÍDRICA, SOSTENIBILIDAD

Luis Bustamante
D Clara Muñoz

La “bancarrota hídrica global” se ha convertido en uno de los conceptos más contundentes utilizados recientemente por Naciones Unidas para describir la magnitud de la crisis del agua. Más allá del habitual “estrés hídrico”, esta expresión apunta a un escenario en el que las extracciones, la degradación de los ecosistemas acuáticos y el aumento de la variabilidad climática están llevando a muchas regiones del planeta a operar al límite de su capacidad de regeneración. Así, en el escenario en el que nos encontramos, con sequías más prolongadas, acuíferos sobreexplotados y tensiones crecientes entre usos, el debate sobre la seguridad hídrica y la resiliencia de los sistemas de agua ocupa un lugar cada vez más central en la agenda global.

En este marco, conversamos con Manuel Pulido. Catedrático en Ingeniería Hidráulica y responsable del grupo de investigación en Modelos Hidroeconómicos (GIMHE) del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universidad Politécnica de València, habiéndo sido director del IIAMA en el periodo 2017-2025, constituye una de las voces de referencia en planificación hidrológica, gobernanza del agua y adaptación al cambio climático. A lo largo de esta entrevis-

ta, Pulido profundiza en el significado real de la “bancarrota hídrica”, sus evidencias técnicas, las implicaciones para España y el sur de Europa, y los cambios estructurales necesarios -en agricultura, planificación y políticas públicas- para avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible, equitativo y preparado para los retos de la próxima década.

Recientemente, Naciones Unidas ha utilizado el término de “bancarrota hídrica global”, un concepto más contundente que el habitual “estrés hídrico”. Podría decirnos, ¿qué significa exactamente este término? ¿Considera que marca un punto de inflexión en la forma de entender la crisis del agua?

Es una metáfora económica aplicada al agua: significa que estamos viviendo “a crédito”, agotando acuíferos, degradando ríos y humedales, y reduciendo la resiliencia de los ecosistemas al consumir un capital natural más allá de los recursos renovables que genera el ciclo del agua. Estamos utilizando el agua a un ritmo y con un nivel de degradación que en ocasiones supera la capacidad de regeneración de los sistemas hídricos.

Se trata de un concepto recientemente popularizado por el profesor Kaveh Madani en una publicación científica y un informe de Naciones Unidas. Más que un concepto técnico, es una “metáfora” muy potente desde el punto de vista comunicativo, con la que Naciones Unidas busca transmitir la urgencia, la responsabilidad y el riesgo sistémico de un deterioro irreversible de nuestras masas de agua. En muchos casos ya no se trata solo de impactos de sequías o de situaciones de estrés hídrico, sino de fallos profundos en la gestión y la gobernanza del agua que pueden tener consecuencias irreversibles. En este sentido, el concepto resulta muy útil para sacar el agua del debate técnico y que se impulse la concienciación social y su priorización en la agenda política. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, no será el cambio de lenguaje, sino el cambio en las decisiones.

Más allá del concepto, ¿qué evidencias técnicas o indicadores hidrológicos le llevan a afirmar que esta bancarrota hídrica ya es una realidad en muchas regiones del mundo y no solo una proyección de futuro? ¿Qué señales deberían preocupar especialmente a los agentes responsables de la gestión del agua?

La “bancarrota hídrica” significa que estamos viviendo a crédito: agotando acuíferos y degradando ríos al consumir un capital natural más allá de lo que el ciclo del agua puede regenerar

Como comentaba, más que un término técnico ligado a indicadores y umbrales precisos, es un término potente para comunicar la urgencia de tomar medidas frente al deterioro y la profunda degradación de las masas de agua y de los ecosistemas asociados en muchos lugares del mundo.

La definición formal hace referencia a la situación en la que las extracciones humanas medias a largo plazo de aguas superficiales y subterráneas (las cuentas corrientes y de ahorro del sistema) superan las entradas renovables de agua dulce y los límites seguros de agotamiento de las reservas estratégicas. El agotamiento y la degradación resultantes del capi-

Esta “Bancarrota Hídrica” ya es una realidad en muchas regiones y se basa en evidencias hidrológicas observadas: déficit hídrico crónico, descenso

persistente de niveles piezométricos, secado de lagos y humedales…

tal natural relacionado con el agua provocan daños parcialmente irreversibles en escalas temporales relevantes para la sociedad, de modo que los niveles históricos de suministro de agua y de funcionamiento de los ecosistemas no pueden restaurarse sin costes sociales, económicos o ambientales desproporcionados.

En este sentido, la afirmación de que la “bancarrota hídrica” ya es una realidad en muchas regiones se basa en evidencias hidrológicas observadas, no solo en proyecciones climáticas. Entre las señales más claras están el déficit hídrico crónico, la minería de las aguas subterráneas más allá de la recarga, lo que conlleva un descenso persistente de los niveles piezométricos y la pérdida de almacenamiento en acuíferos, el secado documentado de lagos y humedales, la pérdida de ríos permanentes, la subsidencia generalizada por compactación de acuíferos, la desertificación o la pérdida de biodiversidad. A todo esto se suma la degradación de la calidad del agua, por

ejemplo por salinización y por contaminación puntual y difusa, lo que reduce la funcionalidad del recurso incluso cuando existe disponibilidad física.

En ese contexto, ¿qué peso relativo tienen los factores estructurales, como el modelo de desarrollo o la sobreexplotación histórica, frente al impacto acelerador del cambio climático en la degradación de los recursos hídricos?

Factores estructurales como el modelo de desarrollo, la intensificación agrícola, la expansión urbana, y la sobreexplotación histórica de acuíferos y la alteración de ríos tienen un peso determinante en el origen de la degradación hídrica. Son los que han generado el déficit acumulado: la extracción sistemática del recurso por encima de su tasa de renovación natural provoca la pérdida del almacenamiento natural y la reducción de los caudales necesarios para el mantenimiento de los procesos naturales, de la biodiversidad y de los diversos servicios ecosistémicos que presta a la sociedad.

En muchas cuencas, la pérdida de resiliencia ya estaba en marcha antes de que el cambio climático intensificara las presiones. El cambio climático actúa principalmente como acelerador y amplificador de esas vulnerabilidades preexistentes. Incrementa la variabilidad, intensifica sequías y eventos extremos, reduce la nieve almacenada y modifica los patrones de escorrentía y recarga, pero sus impactos son mucho más severos en sistemas previamente sobreexplotados. En otras palabras, el clima no explica por sí solo la “bancarrota hídrica”. Allí donde el sistema estaba equilibrado, el cambio climático genera tensión; donde ya existía déficit estructural, puede precipitar el colapso funcional. Para la gestión, esto implica que la adaptación climática no puede limitarse a infraestructuras o medidas reactivas: requiere revisar los modelos de asignación y uso del agua, aplicar medidas de gestión de la demanda, recuperar márge-

El cambio climático actúa como acelerador de vulnerabilidades preexistentes: no explica por sí solo la “bancarrota hídrica”, pero donde ya existe déficit estructural puede precipitar el colapso funcional

El sur de Europa está más cerca de escenarios

de

déficit hídrico estructural que otras regiones del continente, aunque con diferencias importantes entre cuencas

nes de seguridad hidrológica y reconstruir el capital natural. Sin corregir el componente estructural, el cambio climático seguirá actuando como multiplicador del riesgo.

Si aterrizamos este análisis en el sur de Europa, una de las regiones señaladas como especialmente vulnerable, ¿diría que estamos más cerca de una situación de bancarrota hídrica que otras zonas del continente?

Sin duda, el sur de Europa está más cerca de escenarios de “bancarrota hídrica” que otras regiones del continente, aunque con diferencias importantes entre cuencas. El Mediterráneo europeo combina varios factores de riesgo: alta variabilidad climática natural, fuerte presión agrícola y turística, elevada regulación fluvial y acuíferos históricamente sobreexplotados. En varias cuencas de España, Italia o Grecia se observan señales claras: descensos piezométricos persistentes, reducción de las aportaciones medias, o disminución de caudales mínimos y aumento de la intermitencia en los ríos. En muchas cuencas hay una creciente dependencia de recursos no convencionales, como la desalación o la reutilización, para satisfacer demandas estructurales.

Además, el cambio climático está reduciendo la fiabilidad de las aportaciones y acortando los periodos de recuperación tras sequías. El sur de Europa no está necesariamente “en bancarrota” en todos sus sistemas, pero sí presenta condiciones estructurales que lo sitúan más cerca de un posible umbral crítico, especialmente en cuencas con déficit histórico y elevada sobreasignación de recursos.

En el caso concreto de España, donde confluyen presión agrícola, crecimiento urbano y episodios de sequía cada vez más intensos, ¿existen ya cuencas o sistemas hídricos que muestren síntomas claros de haber cruzado umbrales críticos de sostenibilidad?

En España no puede hablarse de una bancarrota hídrica generalizada, pero sí existen cuencas y sistemas específicos que muestran síntomas claros de tensión estructural y pérdida de resiliencia. En demarcaciones como las de Segura, Guadalquivir, Júcar o en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, por ejemplo, se observan descensos persistentes de acuíferos (con extracciones que han superado durante décadas la recarga natural), sobreasignación histórica de recursos y reduc-

ción significativa de aportaciones naturales. En algunos de estos sistemas hay una creciente dependencia de trasvases, desalación o reutilización para satisfacer las demandas agrícolas y urbanas. El problema no es solo la sequía reciente, sino la acumulación de déficit estructural en sistemas que ya operaban con márgenes muy reducidos antes del cambio climático. La combinación de presión agrícola intensiva, crecimiento urbano y mayor variabilidad climática ha reducido la capacidad de recuperación tras episodios secos.

Tradicionalmente, la gestión del agua ha estado muy orientada a la respuesta a la escasez, más que a la prevención de límites estructurales. En un escenario de bancarrota hídrica, ¿qué cambios profundos deberían introducirse en la planificación hidrológica y en los modelos de asignación del recurso?

El primer cambio profundo es reconocer explícitamente los límites: la planificación debe asumir con transparencia los márgenes de operación del sistema. En un proyecto europeo en el que participo, SOS-Water (Horizonte Europa, www.sos-water.eu), estamos trabajando en la definición del “espacio seguro de operación” en sistemas de recursos hídricos. Hay que pasar de gestionar episodios de escasez a gestionar límites estructurales. Eso exige que la planificación hidrológica se base en balances realistas bajo clima no estacionario:

En demarcaciones como

Segura, Guadalquivir o Júcar se observan descensos persistentes de acuíferos, sobreasignación histórica de recursos y una creciente dependencia de trasvases, desalación o reutilización

El primer cambio profundo que se debe hacer es reconocer explícitamente los límites: la planificación debe asumir con transparencia los márgenes de operación del sistema

actualizar series y supuestos, trabajar con escenarios y márgenes de seguridad, y convertir restricciones como caudales ecológicos, límites de extracción y umbrales de almacenamiento (embalses y acuíferos) en condiciones vinculantes. Es necesario abandonar la lógica de expansión continua de la oferta y priorizar la reducción de la demanda y la reasignación. Se debe rediseñar la asignación mediante reglas claras, precios, regulación y acuerdos negociados que prioricen los usos esenciales y la protección de los ecosistemas críticos. Se requiere una auditoría y ajuste de la sobreasignación (concesiones, usos consuetudinarios y expectativas implícitas), reglas transparentes de reparto en escasez, y un control efectivo de extracciones (medición, trazabilidad y cumplimiento). El capital natural (acuíferos, humedales, ríos permanentes, suelos) debe considerarse el activo principal que no puede seguir deteriorándose, porque cada pérdida reduce la resiliencia futura. En síntesis: menos respuesta reactiva y más gobernanza preventiva, basada en límites, riesgo y restauración de la resiliencia.

Uno de los sectores clave es la agricultura, responsable de la mayor parte de la demanda de agua. Desde una visión técnica y realista, ¿qué transformaciones son imprescindibles en los sistemas de regadío y en la política agraria para alinearlos con la disponibilidad real de agua?

La transformación requerida en el regadío no es solo tecnológica, sino estructural: ajustar el sistema productivo a la disponibilidad hídrica real y no al revés. En primer lugar, es necesario alinear la superficie regada y los cultivos con los recursos renovables disponibles, revisando concesiones y evitando ampliaciones estructurales en cuencas deficitarias. La modernización del riego (goteo o aspersión, digitalización, sensores) es positiva, pero no puede convertirse en una “paradoja de eficiencia” que permita expandir superficies o intensificar cultivos más demandantes.

Las principales barreras hoy no son tanto tecnológicas como de gobernanza: falta de señales económicas adecuadas, rigideces regulatorias y resistencia a revisar concesiones y expectativas históricas

La eficiencia debe traducirse en reducción neta de extracciones, no en aumento de producción con el mismo volumen total. Esto implica fijar límites volumétricos estrictos, medición y control efectivos, y planes de reducción progresiva en acuíferos sobreexplotados.

En segundo lugar, la política agraria debe incorporar el agua como condicionante estructural, no como insumo garantizado. Eso significa revisar incentivos: orientar ayudas hacia cultivos menos intensivos en agua en zonas áridas, fomentar la diversificación productiva y apoyar transiciones en territorios donde ciertos modelos ya no son viables hidrológicamente.

También requiere instrumentos económicos —tarifas volumétricas reales, señales de precio coherentes— y acuerdos de reasignación negociada que prioricen la seguridad alimentaria estratégica sin perpetuar déficits crónicos.

En síntesis, la transformación clave es pasar de un modelo basado en maximizar superficie y producción a uno basado en resiliencia hídrica, donde la agricultura se adapte a los límites del sistema y no dependa de recursos extraordinarios permanentes para sostenerse.

Al mismo tiempo, la tecnología y la innovación suelen presentarse como parte de la solución: reutilización avanzada, desalación o digitalización. ¿Hasta qué punto estas herramientas pueden ayudar a evitar o mitigar la bancarrota hídrica y dónde ve hoy las principales barreras para su despliegue?

La tecnología es una parte necesaria de la solución, pero no sustituye los límites físicos del sistema. Soluciones como la reutilización avanzada o la desalación pueden reforzar la seguridad hídrica y diversificar las fuentes, especialmente en zonas costeras y altamente urbanizadas. La digitalización (telemetría, sensorización, modelización predictiva) permite además anticipar sequías, optimizar asignaciones y reducir

La modernización del riego es positiva, pero la eficiencia debe traducirse en reducción neta de extracciones, no en expandir superficies o intensificar cultivos más demandantes
España tiene instrumentos y experiencia, pero no diría que estemos plenamente preparados para gestionar los impactos sociales de una crisis hídrica más estructural

pérdidas. Como ejemplo, el proyecto WATER4CAST que coordino contribuye a mejorar las predicciones en tiempo cuasi-real de recursos y demandas, integrando datos hidrológicos, climáticos y de demanda de agua para apoyar decisiones más informadas y adaptativas. Ahora bien, estas soluciones y estas herramientas no corrigen por sí solas una sobreasignación estructural. Las principales barreras hoy no son tanto tecnológicas, donde hay margen de mejora y se está avanzando mucho, como de gobernanza y coherencia institucional: falta de señales económicas adecuadas, rigideces regulatorias, fragmentación competencial, y resistencia a revisar concesiones y expectativas históricas. La innovación es imprescindible, pero solo

será efectiva si se integra en un marco que combine mejor información, límites claros y reducción real de la presión sobre los recursos naturales.

Más allá de la técnica, la ONU advierte de implicaciones sociales y económicas, vinculando la crisis del agua con seguridad alimentaria, desigualdad y estabilidad territorial. ¿Está España preparada para gestionar estos impactos desde una perspectiva de equidad y cohesión social?

En España tenemos una gran experiencia histórica en afrontar retos y conflictos relacionados con el uso del agua, lo que ha lle-

vado a un importante desarrollo de instituciones y normativas, así como a un desarrollo técnico muy avanzado de herramientas y métodos para la planificación y gestión del agua. Sin embargo, a pesar de nuestras importantes capacidades, no diría que estemos plenamente preparados para gestionar los impactos sociales de una crisis hídrica más estructural. El riesgo principal es que, si la escasez se vuelve crónica, se consoliden brechas territoriales y sociales: entre litoral e interior, regadíos intensivos y agricultura extensiva, grandes y pequeños usuarios, y entre quienes pueden pagar soluciones tecnológicas (pozos profundos, desalación, seguros, infraestructuras) y quienes no. El reto de la equidad y cohesión social en la crisis del agua exige tres cosas. Primero, reglas de reparto transparentes y anticipadas, con prioridades claras para usos esenciales y protección de ecosistemas, evitando decisiones ad hoc en cada sequía. Segundo, que la transición sea justa: si hay que reducir demandas estructurales, debe hacerse con mecanismos de acompañamiento (reconversión productiva, compensaciones bien diseñadas, empleo y formación) para que no recaiga desproporcionadamente sobre territorios rurales o explotaciones pequeñas. Y tercero, reforzar la gobernanza participativa y la rendición de cuentas, porque la gestión del agua en crisis no es neutral: define ganadores y perdedores. En síntesis, España tiene instrumentos y experiencia, pero la verdadera preparación dependerá de si se atreve a abordar la sobreasignación, proteger el capital natural y diseñar una reasignación socialmente justa antes de que la urgencia imponga soluciones improvisadas.

déficit: sequías hidrológicas más largas, recuperación más lenta de embalses y acuíferos, restricciones recurrentes y mayor conflictividad entre usos. El riesgo no es un colapso súbito, sino una pérdida progresiva de resiliencia, con mayor coste energético y económico por metro cúbico disponible, y deterioro ecológico acumulativo en cuencas ya tensionadas.En positivo, una estrategia eficaz de adaptación y resiliencia para España y el sur de Europa se sostiene sobre cinco pilares:

1. Reconocer límites y reducir sobreasignación: balances realistas, caudales ecológicos vinculantes y reglas claras de reparto por niveles de escasez.

2. Reducir la demanda estructural y reordenar usos, especialmente en regadío, asegurando que la eficiencia se traduzca en reducción neta de extracciones.

Si no se producen cambios estructurales, iremos hacia una normalización del déficit; es decir, sequías más largas, recuperación más lenta de embalses y acuíferos, restricciones recurrentes y mayor conflictividad entre usos

3. Proteger y restaurar el capital natural (acuíferos, humedales, conectividad fluvial), porque es la “infraestructura” estratégica que amortigua los extremos.

4. Mejorar la gobernanza e incorporar instrumentos económicos coherentes: medición y control efectivos, transparencia y rendición de cuentas, coordinación entre demarcaciones, revisión periódica de concesiones; junto con señales de precio volumétricas, incentivos alineados con disponibilidad real, mercados regulados o bancos de agua bien diseñados, y eliminación de subsidios que perpetúan déficits.

Para cerrar, mirando a los próximos diez o quince años, ¿qué escenario considera más probable si no se producen cambios estructurales en la gestión del agua? Y, en positivo, ¿cuáles serían los pilares fundamentales de una estrategia eficaz de adaptación y resiliencia hídrica para España y el sur de Europa?

Si no se producen cambios estructurales, lo más probable es que en la próxima década vayamos a una normalización del

5. Integrar innovación y conocimiento en la planificación, la gestión y la toma de decisiones: integrar de forma eficiente y sostenible distintas soluciones, incluyendo soluciones basadas en la naturaleza y recursos no convencionales (desalación, reutilización), con el apoyo de la digitalización y la mejora en los sistemas de predicción y gestión en tiempo real, como los que impulsamos en WATER4CAST.

6. Mecanismos de justicia y cohesión social: participación, transparencia y mecanismos de transición para que la adaptación no agrave desigualdades.

En síntesis: la resiliencia hídrica no depende solo de más tecnología, sino de instituciones sólidas, incentivos correctos y decisiones valientes alineadas con los límites del sistema.

Innovación con impacto: el cambio que necesita el sector del tratamiento de agua

POR ANA JIMÉNEZ BANZO, GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN DE ACCIONA, NEGOCIO AGUA

El sector del tratamiento del agua vive un punto de inflexión. La presión combinada del cambio climático, la escasez hídrica, la detección de nuevos contaminantes y las expectativas sociales sobre sostenibilidad están redefiniendo los procesos de depuración, desalinización y potabilización. La innovación ya no es una opción en el sector del agua, es la condición para operar con más eficiencia, más resiliencia y más circularidad.

TRES PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA, TRES DESAFÍOS

Las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales están transitando hacia su transformación en biofactorías capaces de recuperar nutrientes, producir bio-

La innovación ya no es una opción en el sector del agua, es la condición para operar con más eficiencia, más resiliencia y más circularidad

gás, regenerar el agua residual tratada y, en algunos casos, incluso recuperar compuestos de valor. La innovación no es incorporar un reactor o un medio filtrante distinto; es orquestar biología, energía y datos para lograr estabilidad con menor huella y mayor recuperación de recursos, además de proponer nuevos modelos de negocio que aumenten la circularidad, generando valor económico y ambiental.

Por su parte, la desalinización está consolidada como la tecnología de referencia para aumentar los recursos hídricos no convencionales, especialmente en regiones costeras. Sin embargo, continúa enfrentando el reto de aumentar su eficiencia, ya sea reduciendo el consumo energético, incrementado el rendimiento de recuperación de energía, o avanzando en el desarrollo de membranas de nueva generación (incluyendo diseños de bajo rechazo y materiales biomiméticos) que permitan operar con presiones más bajas o mayor selectividad. Además, sigue siendo clave para su sostenibilidad lagestión del rechazo de forma ambientalmente responsable, enfocándose la tecnología en la minimización de la descarga y la extracción selectiva de compuestos de alto valor.

Finalmente, en el ámbito de la potabilización, las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable deben responder a exigencias y variabilidades de calidad cada vez más acusadas: eventos extremos, floraciones algales, y contaminantes emergentes o intermitentes. La modularidad, el tratamiento avanzado (oxidación avanzada selectiva, adsorción específica, membranas) y la monitorización en continuo son piezas clave para dotar de mayor resiliencia a una infraestructura crítica.

DE LA INNOVACIÓN A LA ADOPCIÓN

Sin embargo, el verdadero reto del sector del tratamiento de agua no es innovar, es adoptar la innovación. En un sector donde las innovaciones tardan entre 12 y 15 años en llegar a mercado, una buena parte del esfuerzo innovador finaliza en “valle de la muerte”, la etapa comprendida entre la fase de prueba a escala piloto y la adopción comercial. Las razones son varias, pero modelos de inversión rígidos, ciclos de vida de la infraestructura muy largos y contratos donde el CAPEX tradicional sigue siendo el principal criterio de decisión son varios de los factores que ralentizan la adopción de soluciones que, aun siendo más eficientes en el largo plazo, no encajan fácilmente en marcos económico-financieros pensados para infraestructuras convencionales. A ello se suma una normativa

que evoluciona lentamente: requisitos legales exigentes para tecnologías emergentes, procesos de autorización complejos y la ausencia de marcos específicos para pilotos limitan la experimentación necesaria para avanzar. Y, detrás de todo, persiste un reto adicional: la aversión al riesgo. En un sector donde la continuidad del servicio es crítica, la lógica del “si funciona, no lo toques” sigue muy presente tanto en operadores públicos como privados. En el sector del agua, nadie quiere ser el primero en probar una nueva tecnología, pero todos quieren ser los primeros en afirmar haberla usado.

LA VERDADERA DISRUPCIÓN NO ES TECNOLÓGICA

La innovación necesita de una infraestructura blanda (marcos normativos, modelos contractuales flexibles, esquemas de colaboración inteligente) que permitan a la infraestructura dura evolucionar al ritmo que exigen el clima y la sociedad

Si queremos plantas más eficientes, resilientes e inteligentes, debemos empezar por contratos que midan el valor a lo largo de toda la vida útil y repartan el riesgo de manera equilibrada

Pero incluso cuando existe voluntad real de innovar e implantar, el sector necesita un cambio más profundo: orientar la innovación a impacto real. La industria del agua no puede permitirse pilotos “de escaparate”, pruebas desconectadas de la operación o demostraciones que no resuelven un problema concreto. Cada piloto debe nacer de una necesidad operativa clara -reducir consumo energético, mejorar la calidad del efluente, minimizar paradas, optimizar químicos o anticipar incidencias, por citar solo algunos ejemplos- y debe medirse con indicadores de impacto acordados desde el inicio. Involucrar tanto al cliente final (interno o externo) como a los equipos de innovación resulta fundamental. Solo así la tecnología genera confianza, los operadores ven evidencias y los decisores incorporan datos comparables a la hora de adoptar soluciones. Este enfoque convierte al piloto en una herramienta de gestión y no en un fin en sí mismo: demuestra fehacientemente qué funciona, qué no, y en qué condiciones, reduciendo riesgo y acelerando la transición hacia soluciones maduras.

En este sentido, los modelos contractuales tradicionales (cerrados, con criterios de adjudicación en los que el

precio juega un papel decisivo y que en ocasiones diferencian entre la fase de construcción y operación) aportan seguridad jurídica y operabilidad, pero no están diseñados para incorporar cambios durante el diseño o la obra, ni para valorar adecuadamente el coste total de propiedad (TCO) frente al CAPEX puro. En consecuencia, soluciones con mejor TCO (menos energía, menos químicos, menos personal de operación, menos paradas, etc.) salen desfavorecidas frente a opciones “más baratas” en inversión inicial, aun cuando penalizan durante 20 años la operación.

En este punto es donde entran en juego los contratos colaborativos o progresivos, poco comunes en España pero mucho más relevantes en mercados internacionales como el anglosajón. Se trata de esquemas en los que la administración o el cliente, la ingeniería, el constructor, el operador y los proveedores tecnológicos trabajan juntos desde fases tempranas, con transparencia de costes, mecanismos de reparto de riesgos y gobernanza compartida para la toma de decisiones. Este tipo de contratos permiten identificar de forma temprana aquellas áreas en las que la innovación puede aportar un valor añadido en la solución final. Un contrato colaborativo permite, además, tomar decisiones informadas en base al cumplimiento

de fases de verificación, o puede prever modificaciones en base a estos mismos resultados. Se comparten riesgos entre agentes innovadores y resto de partes implicadas, al mismo tiempo que se co-diseña la solución final. Se evita así penalizar a la innovación en aras de un compromiso de rendimiento y participación en la solución final.

Adicionalmente, en los últimos años han cobrado relevancia los procesos de Compra Pública Innovadora (CPI), que conectan necesidades reales del sector público con soluciones tecnológicas en desarrollo, promoviendo el desarrollo de pruebas piloto, la validación en campo y la posterior adopción de tecnologías por el sector público. Ejemplos concretos se centran en el desarrollo de soluciones innovadoras en desalinización o

en soluciones para la desnitrificación del acuífero del Mar Menor, claramente alineadas con los retos a los que se enfrenta el sector. Sin embargo, la CPI también conlleva procedimientos con cargas administrativas elevadas y trámites prolongados, así como la dependencia, en ocasiones, de financiación europea de carácter provisional, lo que introduce incertidumbre y dificulta planificar la adopción tecnológica a largo plazo. Por tanto, la innovación necesita de una infraestructura blanda (marcos normativos, modelos contractuales flexibles, esquemas de colaboración inteligente) que permitan a la infraestructura dura evolucionar al ritmo que exigen el clima y la sociedad.

Si queremos plantas más eficientes, más resilientes y más inteligentes, debemos

La innovación en el sector del agua, existe. El reto es adoptarla con rigor, velocidad y escala

empezar por contratos que midan el valor a lo largo de toda la vida útil, que acepten la mejora continua como parte del servicio y que repartan el riesgo de manera equilibrada.

La innovación en el sector del agua, existe. El reto es adoptarla con rigor, velocidad y escala. Y eso -en el tratamiento de agua- se decide tanto por los equipos de innovación, como en la sala de control… e incluso, en la mesa de contratación.

Construcción de un nuevo Tanque de Tormentas asociado a la EDAR de Galindo de Sestao (Bizkaia)

María Mateos Hernando Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos del departamento de Proyectos y Obras de Saneamiento y Directora de la obra CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA I www.consorciodeaguas.eus

general

Planta
del tanque de tormentas de Galindo

La estación depuradora de Galindo es la principal planta de tratamiento de aguas residuales de Bizkaia y da servicio al área Metropolitana del Gran Bilbao y alrededores, con una población servida de 1,5 millones de habitantes equivalentes.

Asociada a esta planta de tratamiento, en el año 2018, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) comenzó la ejecución de las obras del Tanque de Tormentas de Galindo –entre Barakaldo y Sestao–, cuyo principal objetivo es construir un gran depósito subterráneo en el que poder almacenar una parte del agua que desbordaría de los colectores de la red de saneamiento en momentos de lluvia intensa para que, una vez que cesen las lluvias y se normalice el caudal de entrada a la EDAR, se pueda incorporar el agua almacenada a la planta depuradora, de forma gradual,

La construcción del Tanque de Tormentas de Galindo se enmarca en la actualización del Plan Integral de Saneamiento del Bilbao Metropolitano, encaminado a alcanzar los objetivos de la Directiva Marco del Agua y a garantizar el cumplimiento del buen estado ecológico de las masas de agua, anticipándose a todo lo que vendría en el futuro con la nueva Directiva de TARU

minimizando así la cantidad de aguas sucias que llegan al medioambiente sin el adecuado tratamiento.

El diseño y concepción de esta gran instalación comenzó en el año 2005, una vez concluido el Plan Integral de Saneamiento del Bilbao Metropolitano. En ese momento, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, puso en marcha

un estudio de actualización del Plan Integral, encaminado a alcanzar los objetivos de la Directiva Marco del Agua y a garantizar el cumplimiento del buen estado ecológico de las masas de agua, anticipándose a todo lo que vendría en el futuro con la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (TARU), que entró en vigor en enero de 2025.

Del estudio realizado, se concluyó que era necesario construir una serie de infraestructuras de optimización de la red general de colectores para disminuir los desbordamientos de agua residual a los cauces en tiempo de lluvia, con la consiguiente mejora medioambiental del estuario de la Ría de Bilbao. Para alcanzar el objetivo marcado, se estudió la ubicación y se dimensionaron diversos tanques de tormentas, situados en puntos estratégicos de la red de saneamiento, con una capacidad conjunta de almacenamiento en torno a los 240.000 m3

Desde entonces, el Consorcio ha construido seis grandes tanques, con una capacidad total de retención de 150.000 m3, entre los que destacan, por su tamaño, el de Etxebarri (75.000 m3) y el de Arriandi (25.000 m3).

En los estudios realizados, destacaba como prioritario la ejecución del Tanque de Tormentas de Galindo para poder dar solución a los problemas de alivios reiterados existentes en la Ría de Bilbao, así como mejorar la capa-

cidad de tratamiento de la EDAR de Galindo. La ubicación de esta gran infraestructura, en las proximidades de la planta de tratamiento, condicionó su diseño y la tipología finalmente adoptada, ya que se trataba de un entorno totalmente urbanizado, con escaso suelo disponible.

Como resultado del análisis de to -

dos los condicionantes, se proyectó el nuevo tanque como un gran depósito subterráneo, en forma de túnel, con una longitud total de 1.436 metros y 90.000 m 3 de capacidad, cuyo desarrollo, en planta, discurre desde la EDAR de Galindo, en el municipio de Sestao, hasta el barrio de Zuazo, en Barakaldo, atravesando el subsue -

El nuevo Tanque de Tormentas de Galindo se proyecta como un gran depósito subterráneo, en forma de túnel, que cuenta con una longitud total de 1.436 metros y 90.000 m3 de capacidad y cuyo desarrollo discurre desde la EDAR de Galindo, en el municipio de Sestao, hasta el barrio de Zuazo, en Barakaldo

lo de este núcleo urbano. Esta solución, permitía alcanzar el volumen de almacenamiento ocupando un mínimo espacio en superficie, donde la disponibilidad de suelo era limitada. Sin embargo, suponía una gran novedad con respecto a los tanques que se habían venido ejecutando hasta la fecha y un gran reto, tanto a nivel constructivo como de integración en el entorno urbano. Además, no se disponía de referencias similares en las que apoyarse, ya que es el único de esta tipología en el Estado y las referencias a nivel mundial son muy escasas, lo que supuso una inversión importante en ingeniería para llegar a desarrollar una solución que diese respuesta a todas las necesidades. Una vez se concluyan las obras, el Tanque de Galindo pasará a ser el de mayor capacidad de Euskadi.

Obra de acceso al túnel desde superficie

Dentro de la infraestructura proyectada para el tanque de tormentas se distinguen las siguientes obras elementales:

• La obra de acceso, localizada en el polígono industrial de Beurko, cuya finalidad es permitir el acceso desde superficie hasta el túnel de almacenamiento, tanto en la fase de obra como en la futura explotación.

• La denominada obra de derivación: ubicada en la cabecera de la obra subterránea, permitirá, en su interior, realizar el trasvase del caudal que desborde de la red de saneamiento existente al túnel, para su almacenamiento.

• El propio túnel: cuya misión fundamental es el almacenamiento del agua interceptada y su conducción hasta el punto de entrega en el bombeo.

• Las conducciones de conexión entre instalaciones.

• El bombeo de vaciado: ubicado dentro del recinto de la estación depuradora, que será el encargado de incorporar el volumen almacenado a la planta de tratamiento.

OBRA DE ACCESO

Para resolver la obra de acceso minimizando las afecciones en el entorno urbano en el que se localiza, se proyectó una estructura tipo pórtico,

Esta infraestructura supone una gran novedad con respecto a los tanques ejecutados hasta la fecha y un gran reto, tanto a nivel constructivo como de integración en el entorno urbano. Además, no se disponía de referencias similares en las que apoyarse, ya que es el único de esta tipología en el Estado y las referencias a nivel mundial son muy escasas

ejecutada desde superficie, formada por pantallas de hormigón armado in situ con una losa dintel de unión, y la posterior excavación del terreno por fases, al amparo de esta estructura de sostenimiento, hasta alcanzar la cota de inicio de la galería de acceso al túnel, donde se comenzaba la excavación con rozadora. Esta solución, permitió reponer el vial afectado y restaurar la circulación en un tiempo acotado, para continuar con los trabajos de excavación sin generar interferencias en superficie.

TÚNEL DE ALMACENAMIENTO

El túnel de almacenamiento es el elemento principal de la nueva infraes-

tructura. Se proyecta con una sección de excavación 100 m2 de tipo bóveda-contrabóveda, a lo largo de 1.162 m., que se refuerza con un revestimiento perimetral de hormigón armado, dimensionado para resistir una carga hidrostática aplicada en toda la sección, así como posibles cargas asimétricas, del nivel freático o del propio sustrato rocoso en el que se ubica. En su interior la sección definitiva presenta una anchura de 6,32 metros en la base y una altura máxima de 8,65 metros, resultando una superficie útil de 70,45 m2

En la solera del túnel, además, se disponen embebidas en el hormigón conducciones eléctricas, de telemando y telecontrol, así como la tubería destinada

Excavación en avance del túnel con rozadora
Excavación de la destroza del túnel

a transportar hasta la cabecera el agua para la limpieza del túnel, agua regenerada procedente de la EDAR.

Dadas las dimensiones de la sección, su excavación se proyectó en dos fases: una primera de avance, de la primera mitad superior, y una segunda de destroza, hasta completar la contrabóveda.

La obra subterránea cuya excavación se ha realizado mediante rozadora comprende, además del túnel de almacenamiento, una galería de servicio de 92 m. de longitud, a continuación de la obra de acceso, de sección más reducida, y la denominada zona de transición, constituida por una gran caverna de 53m. de longitud, que conecta la galería con el túnel de almacenamiento y la conducción de vaciado

OBRA DE DERIVACIÓN

Esta obra fundamental del Tanque de Tormentas, destinada a derivar el caudal de la red de saneamiento al túnel, requiere de la construcción de una gran estructura soterrada que profundice en el terreno hasta conectar con el Interceptor general existente, ubicado a 30m. de profundidad, y con el túnel de almacenamiento. La solución adoptada destaca por sus grandes dimensiones,

Vista aérea de la obra de derivación ubicada en el Barrio de Zuazo

que alcanzan una superficie en planta de 40 m. por 30 m., y una altura media de 25m., lo que obliga a realizar un vaciado del terreno de la misma proporción, cuya excavación se programa en fases de 3 m. de altura, que se van sosteniendo a medida que se profundiza. Destacar que, esta excavación, se ubica en zona urbana, muy próxima a viviendas, lo que ha obligado a disponer sistemas de contención reforzados en las zonas limítrofes para evitar que se pueda trasladar cualquier tipo de afección.

La obra de derivación, concebida como una gran estructura de hormigón armado, en su interior, se encuentra

compartimentada en cámaras, conectadas entre sí mediante compuertas, destinadas a almacenar un volumen acotado del agua interceptada para la posterior limpieza del tanque.

CONDUCCIONES DE CONEXIÓN

ENTRE INSTALACIONES

El tanque precisa ejecutar varias conducciones de conexión entre las distintas obras elementales, de las que cabe destacar la conducción de vaciado del tanque entre el túnel y el bombeo, proyectada como una tubería hormigón armado de diámetro 2.000mm. a

ejecutar mediante microtúnel, con la que se salva el paso bajo el río Galindo.

BOMBEO

Para el vaciado del agua almacenada en el tanque de tormentas, es preciso construir una estación de bombeo, dentro de los terrenos de la EDAR de Galindo, que eleve el agua que llega por la conducción de vaciado, a 35 m. de profundidad, hasta una conducción de impulsión a instalar a escasos metros de la superficie, para su incorporación en la línea de tratamiento de la planta.

La estación de bombeo se proyecta con forma cilíndrica, siendo la sección

Salida dentro del túnel de la cabeza de perforación del microtunel ejecutado desde el Bombeo para la conexión de las instalaciones (Tubería de Hormigón armado de Ø2000 mm.)
Vista general de la estructura del bombeo durante la ejecución

interior una circunferencia de 33,40 metros de diámetro con una profundidad total que alcanza los 40m. El bombeo se proyecta en cámara seca, con 4 bombas y dos ramas de impulsión. Sobre rasante, se ha diseñado un edificio, en el que se ubicarán las instalaciones complementarias.

Como instalaciones singulares del tanque destacan el novedoso sistema de limpieza del tanque y el complejo sistema de ventilación.

La limpieza se ha diseñado mediante una descarga violenta del volumen de agua que queda retenido en las cámaras de la obra de derivación durante el proceso de llenado del túnel, que generará una ola a lo largo de todo el recorrido con la que se pondrán en suspensión los sólidos decantados. Simultáneamente, se realizará una aportación en cabecera de un caudal en continuo, procedente de agua regenerada de la EDAR, con el que se conseguirá el arrastre progresivo de las partículas hacia el bombeo para su evacuación a la planta de tratamiento.

En lo que respecta al sistema de ventilación, se debe tener en cuenta que el tanque está sometido de forma permanente a ciclos de llenado y vaciado, lo que genera una entrada y salida de aire por las instalaciones, que debe ser gestionado para el correcto funcionamiento y para evitar afección por olores en el entorno. Así, para la entrada, se disponen de puntos controlados en las instalaciones, así como una chimenea de ventilación intermedia, donde queda restringida la posible salida mediante válvulas. La salida del aire, por el contrario, se realiza de manera forzada mediante ventiladores de extracción, dotados de filtros de carbón activo, que evitan la salida de olores al exterior.

Las obras asociadas al Tanque de Tormentas se dividieron, para su licitación, en dos lotes: el primero, correspondiente a las actuaciones incluidas dentro del

Carro de encofrado de la bóveda
Trabajos de instalación de la impermeabilización del túnel

recinto de la EDAR y el segundo, para el túnel y actuaciones asociadas. Las obras comenzaron en el año 2018.

En la actualidad, las obras se encuentran en un estado muy avanzado, habiéndose alcanzado ya algunos de los hitos más relevantes.

En concreto, en el túnel de almacenamiento, se concluyó la excavación de la sección completa en julio de 2025, lo que dio paso a la ejecución del revestimiento del túnel, actividad que se estima se prolongará hasta mediados de 2026. Estos trabajos de revestimiento comprenden varias líneas de trabajo que van avanzando de manera coordinada a lo largo de la obra subterránea. Así, en cabeza, destaca un equipo de avance, que se encarga de la instalación del sistema perimetral de

impermeabilización. A continuación, avanza la estructura de la contrabóveda (parte inferior de la sección), con un equipo destinado al montaje del armado y otro, por detrás, realizando los hormigonados. Con algunos metros de desfase, avanza la ejecución de la bóveda (parte superior de la sección), donde destaca, por sus importantes dimensiones, el carro y los medios necesarios para ir realizando el hormigonado, que se va ejecutando por bataches alternos de entre 9 y 6 m.

Al finalizar el revestimiento del túnel, se avanzará con la estructura hacia la obra de acceso, completando los muros perimetrales proyectados.

En la obra de derivación, otra de las actuaciones elementales, se concluyó la excavación del vaso en febrero de

2025 y, actualmente, se está trabajando en la ejecución estructura, que se concluirá a comienzos de 2027. Con su finalización, se podrá proceder a la reposición y reurbanización de la superficie afectada por las obras.

La tercera de las actuaciones en marcha es el bombeo de vaciado, que tiene ejecutada de manera parcial su estructura, estando previsto su finalización a finales de año, para continuar con los posteriores trabajos de instalaciones y equipos, así como el edificio de servicios.

La finalización completa de las obras del Tanque de Tormentas de Galindo y su puesta en servicio está prevista para mediados de 2028, con una inversión superior a los 66 millones de euros.

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RECURSOS HÍDRICOS NO CONVENCIONALES: CINCO DECISIONES CRÍTICAS PARA LA RESILIENCIA DEL SISTEMA

LA DESALACIÓN Y LA REUTILIZACIÓN DEJAN DE SER SOLUCIONES DE EMERGENCIA PARA INTEGRARSE EN LA PLANIFICACIÓN ORDINARIA, RECONFIGURANDO EL REPARTO DE USOS, LOS MODELOS DE FINANCIACIÓN, LOS LÍMITES ECOLÓGICOS, LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA Y LOS MECANISMOS DE GOBERNANZA.

La gestión del agua en España ha entrado en una fase de transición estructural. La sucesión de sequías prolongadas, el descenso de las aportaciones medias y la creciente irregularidad climática han adquirido un carácter recurrente que las sitúa fuera del ámbito de la excepcionalidad, consolidando un escenario de variabilidad persistente que condiciona de forma directa la gestión del recurso. Ante esta situación, los recursos hídricos no convencionales, como la desalación y la reutilización, se han incorporado de manera estable a la planificación hidrológica, dejando atrás su función estrictamente coyuntural como instrumentos activados en situaciones de emergencia.

La incorporación de estos recursos no constituye únicamente una ampliación de la oferta disponible. Supone una reconfiguración de la arquitectura del sistema hídrico y de los equilibrios sobre los que se ha sostenido históricamente. Se ven afectados los vínculos entre oferta y demanda, entre territorios y sectores productivos, entre financiación pública y tarifas y entre límites ecológicos y expectativas de crecimiento. En ese marco, la cuestión central pasa por determinar cuánta agua adicional puede producir el sistema, en qué condiciones, a

qué coste y con qué implicaciones estructurales.

Desde el punto de vista operativo, la desalación y la reutilización aportan una mayor garantía de suministro y reducen la exposición directa a la variabilidad climática. Sin embargo, esa seguridad introduce, al mismo tiempo, nuevas dependencias energéticas, modifica la estructura de costes y obliga a revisar los criterios de priorización entre usos. También reactiva debates sobre planificación territorial, límites ecológicos y legitimidad en la toma de decisiones. La expansión de los recursos no convencionales no elimina los conflictos: los desplaza y redefine sus términos.

A partir de las reflexiones de responsables institucionales, economistas, académicos, ecólogos y especialistas en gobernanza del agua, este reportaje examina cinco dilemas que condicionan esta integración estructural. ¿Cómo priorizar usos cuando el recurso escasea sin agravar fracturas sociales o territoriales? ¿Quién debe asumir el coste de una resiliencia más intensiva en capital y energía? ¿Estamos ante una adaptación real al nuevo contexto climático o ante una forma de posponer reformas en la gestión de la demanda? ¿Puede la mayor seguridad hídrica generar nuevas dependencias? ¿Y bajo qué criterios deben adoptarse decisiones que combinan conocimiento técnico y opciones políticas?

LA CUESTIÓN CENTRAL PASA

POR DETERMINAR CUÁNTA

AGUA ADICIONAL PUEDE

PRODUCIR EL SISTEMA, EN QUÉ CONDICIONES, A QUÉ COSTE Y CON QUÉ IMPLICACIONES

ESTRUCTURALES

En última instancia, el debate remite a la configuración futura del modelo hídrico. La desalación y la reutilización son decisiones estratégicas que inciden en el funcionamiento global del sistema bajo condiciones de límites físicos más estrictos. Entender su alcance implica considerar no solo su capacidad de producción, sino también la tensiones que genera y su impacto en la sostenibilidad ambiental, económica y social del conjunto.

¿CÓMO PRIORIZAR USOS CUANDO EL AGUA ESCASEA? ABASTECIMIENTO URBANO VS. REGADÍO

En el actual escenario de escasez estructural, la priorización de usos adquiere un carácter permanente en el diseño del sistema hídrico. La Ley de Aguas establece una jerarquía clara en la que el abastecimiento urbano prevalece sobre otros usos, incluido el agrícola. Pero cuando la sequía se prolonga y la incertidumbre climática se consolida, la aplicación práctica de esa jerarquía genera tensiones territoriales, económicas y sociales.

La incorporación estructural de recursos no convencionales como la desalación y la reutilización introduce un nuevo elemento en esta ecuación. Si la disponibilidad deja de depender exclusivamente de la lluvia, el debate se desplaza hacia la gestión del ajuste en contextos de escasez, mientras la jerarquía legal permanece intacta. En la práctica, la cuestión es si estos nuevos recursos permiten reducir la intensidad de los recortes sin modificar formalmente el marco jurídico de asignación.

La experiencia reciente de Cataluña ofrece un ejemplo concreto. La sequía vivida entre 2021 y 2025 ha sido, en palabras de Josep Lluís Armenter, director de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), “la más grave registrada en los últimos 200 años”, tras 56 meses consecutivos con precipitaciones por debajo de la media. Durante ese periodo se aplicaron limitaciones en todos los ámbitos. Según Armenter, la agricultura fue el sector que realizó mayores esfuerzos y asumió el mayor ajuste, lo que permitió superar el episodio de sequía. Este reparto diferencial del impacto refleja cómo, en la práctica, la jerarquía legal se traduce en una asunción de costes más intensa por parte del regadío en situaciones críticas.

Ante este escenario, la Generalitat de Catalunya ha activado una estrategia de transición hídrica orientada a reducir la dependencia de la lluvia. “En los próximos cinco años dispondremos de hasta 280 hm³ anuales que nos permitirán superar nuevos episodios de sequía

mediante la desalación, la regeneración y la mejora de la eficiencia en las redes”, explica. Estos recursos permitirán garantizar hasta el 70 % de las demandas con fuentes no convencionales.

No obstante, el responsable de la ACA insiste en un matiz clave: “La producción de nuevos recursos no

La producción de nuevos recursos no supondrá un incremento de la oferta ni de la demanda de agua, sino que permitirá sustituir el recurso que procede de las lluvias. Josep Lluís Armenter, director de la Agencia Catalana de l’Aigua.

supondrá un incremento de la oferta ni de la demanda de agua”. Esta producción adicional permitirá sustituir el agua que procede de las lluvias, es decir, reforzar la garantía del sistema sin plantear un escenario de expansión del consumo. El objetivo es reducir la exposición estructural a la variabilidad climática dentro del marco vigente de prioridades y minimizar la intensidad de los ajustes sectoriales en futuros episodios críticos.

En el ámbito agrícola, la hoja de ruta catalana contempla actuaciones específicas para incrementar la seguridad de suministro. Se están ejecutando conexiones en el sur de Cataluña para reforzar la garantía en periodos críticos y se prevé la construcción de estaciones de regeneración en Reus y Valls que permitirán destinar agua regenerada al riego. La diversificación de fuentes se plantea así como complemento del marco jurídico vigente.

Tras el episodio 2021-2025, la ACA está revisando el funcionamiento del Plan Especial de Sequía con el objetivo de incentivar el ahorro y la eficiencia en todos los ámbitos, incluido el agrícola. “La Ley de Aguas establece una serie de prioridades en los usos”, recuerda Armenter. Aquellas comunidades de regantes que hayan adoptado medidas de mejora podrán afrontar limitaciones más suaves en futuros episodios críticos. La eficiencia pasa así a convertirse en un criterio relevante en la gestión de los recortes.

El dilema, por tanto, no desaparece, pero se reconfigura. Los recursos no convencionales mantienen la prioridad formal del abastecimiento urbano, al tiempo que amplían el margen de maniobra del sistema para gestionar los ajustes en escenarios de escasez persistente. La priorización sigue existiendo y se mantiene como principio rector; varía la capacidad estructural para modular su impacto entre sectores sin incrementar la presión global sobre el recurso.

¿QUIÉN PAGA LA RESILIENCIA HÍDRICA? TARIFAS DEL AGUA VS. FINANCIACIÓN

Reforzar la garantía de suministro tiene un coste. Cuando la desalación y la reutilización pasan a formar parte estable del sistema, la pregunta deja de ser únicamente técnica y se convierte en económica: ¿quién paga la resiliencia?

La cuestión no se limita a cuánto cuesta producir más agua en escenarios de escasez estructural, sino a cómo se distribuye ese sobrecoste entre administraciones, usuarios y sectores económicos. Mayores inversiones y costes operativos más elevados obligan a revisar el equilibrio entre financiación pública y recuperación tarifaria.

Los profesores de la Universidad de Alcalá, Josefina Maestu y Alberto del Villar, introducen una distinción clave para abordar el debate: “no debemos confundir la financiación de las infraestructuras con los ingresos por tarifas que sostienen la amortización, el coste de capital y de operación y mantenimiento de los servicios”. Una cosa es quién anticipa los recursos para construir una infraestructura; otra distinta es cómo se recuperan posteriormente esos costes.

En España, el modelo dominante ha sido históricamente público. Las grandes obras hidráulicas se han financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en muchos casos con apoyo de fondos europeos. Sin embargo, que las infraestructuras se ejecuten

con recursos públicos no implica que no se cobren posteriormente: la Ley de Aguas establece instrumentos como el Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización del Agua para repercutir los costes de las infraestructuras estatales y autonómicas,

mientras que los ayuntamientos aplican tarifas de abastecimiento, saneamiento y depuración que integran los costes del servicio.

Parte de las inversiones financiadas con presupuestos públicos no se recuperan íntegramente vía tarifa, lo

No debemos confundir la financiación de las infraestructuras con los ingresos por tarifas que sostienen la amortización, el coste de capital y de operación y mantenimiento de los servicios.

Josefina Maestu, profesora honorífica y Alberto del Villar, profesor de Hacienda Pública, Universidad de Alcalá.

PÚBLICA 2

que ha contribuido a mantener precios relativamente bajos en relación con la experiencia internacional. Al mismo tiempo, numerosas entidades públicas repercuten costes de prestación de los servicios, salvo en aquellos casos en los que existan transferencias de capital o subvenciones específicas, como ha ocurrido en determinados servicios de desalación.

En los últimos años se han consolidado fórmulas de financiación híbrida. Empresas públicas estatales como Acuaes, Acuamed o SEIASA, así como operadores autonómicos y supramunicipales, recurren a la banca comercial para complementar recursos públicos. En el caso de Acuaes, por ejemplo, su fondo fiduciario —en torno a 1.500 millones de euros— se combina con líneas de crédito que pueden cubrir hasta un 30 % de las inversiones. Otras entidades, como Canal de Isabel II o Emasesa, también han acudido a financiación bancaria. Incluso las Confederaciones Hidrográficas, en momentos puntuales de tensión de liquidez, han recurrido a crédito. Para Maestu y del Villar, si el objetivo es sustituir progresivamente recursos convencionales en retroceso por recursos no convencionales más costosos como vía de adaptación al cambio climático, el modelo de financiación híbrida (blended finance) a través de empresas públicas puede constituir una vía razonable. Ahora bien, subrayan que la resiliencia no se construye únicamente con nuevas infraestructuras. También depende de la plani-

LA RESILIENCIA HÍDRICA NO ES

GRATUITA: SUSTITUIR RECURSOS

CONVENCIONALES POR DESALACIÓN Y REUTILIZACIÓN

IMPLICA MAYORES COSTES

ESTRUCTURALES CUYO

REPARTO CONDICIONA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, LA EQUIDAD Y LA LEGITIMIDAD DEL SISTEMA

ficación: evitar otorgar derechos por encima de los recursos disponibles, incorporar escenarios de sequía y considerar el impacto del cambio climático son condiciones esenciales para no trasladar al futuro costes estructurales adicionales.

El debate adquiere una dimensión distinta cuando se analiza la recuperación de costes y la equidad. En el ámbito urbano, los precios del agua en España son relativamente bajos y los costes del recurso representan solo una fracción del total frente a los procesos de potabilización, distribución y depuración. En este contexto, la recuperación íntegra de los costes asociados al agua regenerada y desalada no debería plantear problemas, siempre que existan estructuras tarifarias progresivas y mecanismos de protección —como bloques sociales

o bonificaciones— que preserven la asequibilidad.

En el ámbito agrícola, la cuestión es más sensible. El agua constituye un input productivo crítico en el regadío y el diferencial de costes entre recursos convencionales y no convencionales es significativo. Mientras que la regulación de aguas superficiales puede situarse en torno a 0,02 €/m³, la extracción de aguas subterráneas puede oscilar entre 0,12 y 1,20 €/m³. Por su parte, el coste de disponibilidad del agua regenerada o desalada suele situarse entre 0,40 y 1,50 €/m³. Este salto puede ser asumible en cultivos de alto valor añadido, pero resulta más problemático en explotaciones con menor margen económico.

El traslado íntegro del sobrecoste a tarifa podría generar tensiones territoriales y sociales si no se acompaña de políticas sectoriales adecuadas. No obstante, como advierten ambos profesores, la eventual subvención de inputs productivos no es estrictamente una política de aguas, sino una decisión que pertenece al ámbito de la política agraria y económica.

El dilema, en definitiva, no se resuelve eligiendo entre tarifa o presupuesto como opciones excluyentes. La resiliencia hídrica puede tener un coste estructural creciente: el reto consiste en mejorar la financiación pública, la recuperación de costes a través de las tarifas y mecanismos de protección social a los ciudadanos de forma que el sistema sea sostenible y justo.

No toda ampliación tecnológica equivale a una adaptación estructural. La incorporación estable de la reutilización y la desalación obliga a preguntarse si el sistema está corrigiendo sus desequilibrios y adaptándose al cambio climático, o simplemente ganando tiempo sin revisar sus fundamentos.

¿ESTAMOS ADAPTANDO EL SISTEMA SOLUCIONES ESTRUCTURALES 3

La diferencia es sustantiva. Para que los recursos no convencionales reduzcan efectivamente la presión sobre ríos y acuíferos, resulta imprescindible que sustituyan extracciones existentes en lugar de añadirse a ellas. De lo contrario, pueden convertirse en un instrumento que retrase deba-

tes complejos sobre límites, planificación y modelo territorial.

Para Narcís Prat, catedrático emérito de Ecología de la Universidad de Barcelona, la primera condición es clara: estos recursos deben ser un complemento de los demás y aplicarse de forma específica en determinadas zonas. En su opinión, la desalación tiene sentido en el litoral, mientras que la reutilización exige especial cautela en cuencas interiores.

El principal riesgo ecológico se concentra precisamente en estas últimas.

“Si tú sacas agua de una depuradora para regar, habría que devolver al río agua de otro lugar para mantener los caudales; porque si no, nos vamos a quedar sin ríos”, advierte. En sistemas mediterráneos ya tensionados, una reutilización mal diseñada puede reducir los caudales circulantes y agravar la degradación ecológica. Incluso en casos como el Llobregat, que vierte en torno a cuatro metros cúbicos por segundo al mar, la captación para reutilización debería realizarse de forma modulada y garantizando siempre el mantenimiento de los caudales ecológicos.

Más allá de la dimensión hidrológica, Prat introduce una reflexión estructural sobre los límites. La disponibilidad tecnológica no puede convertirse en

El agua no deja de ser un límite: tenemos que adecuar la población y la demanda a los recursos disponibles, y no al revés.

Narcís Prat, catedrático emérito de Ecología de la Universidad de Barcelona. Grupo de Investigación F.E.H.M. (Ecología, Hidrología y Gestión de Aguas Dulces).

O EVITANDO CAMBIOS INCÓMODOS?

ESTRUCTURALES VS. PARCHES PERMANENTES

una coartada para expandir indefinidamente la demanda. “El tener nuevas tecnologías no puede ser una excusa para desarrollar más regadíos o más ciudades. El agua no deja de ser un límite”, afirma. Adecuar la población y la actividad económica a la disponibilidad real de recursos, en lugar de ampliar la oferta para sostener cualquier crecimiento, constituye a su juicio una condición básica de sostenibilidad.

El debate, en su opinión, debería incorporar también la dimensión demográfica y territorial, una cuestión que “rara vez se aborda de forma explícita”. El crecimiento continuado —en población, urbanización o superficie regable— incrementa la presión sobre infraestructuras diseñadas para escenarios pasados. Cataluña, recuerda, cuenta hoy con una población muy superior a la que sirvió de base para diseñar buena parte de sus infraestructuras hidráulicas y de transporte. En un contexto de recursos cada vez más irregulares y eventos extremos más frecuentes, esa brecha entre planificación y realidad demográfica amplifica los riesgos y los costes económicos asociados.

La desalación añade, además, una dimensión energética que condiciona su sostenibilidad estructural. Se trata de infraestructuras intensivas en

LA REUTILIZACIÓN Y LA DESALACIÓN SOLO CONSTITUIRÁN UNA ADAPTACIÓN ESTRUCTURAL SI

SUSTITUYEN EXTRACCIONES, RESPETAN LOS LÍMITES ECOLÓGICOS Y SE ACOMPAÑAN DE UNA REVISIÓN DE LA DEMANDA Y DEL MODELO TERRITORIAL

consumo eléctrico que, según Prat, deberían vincularse obligatoriamente a generación renovable capaz de compensar su huella de carbono. De lo contrario, la solución hídrica puede agravar el problema climático que pretende mitigar.

Desde el punto de vista operativo, distingue también entre reutilización y desalación. La reutilización ofrece mayor flexibilidad, ya que puede modularse en función de la disponibilidad sin comprometer la infraestructura. En cambio, una desaladora inactiva durante largos periodos se deteriora y exige reinversiones significativas. Esta diferencia técnica refuerza, a su juicio,

la conveniencia de priorizar la reutilización frente a la desalación siempre que resulte viable desde el punto de vista ecológico.

El riesgo de fondo es explícito: la ampliación de la oferta tecnológica puede contribuir a sostener demandas estructuralmente insostenibles o retrasar reformas necesarias en planificación y gestión de la demanda. Para que la integración de los recursos no convencionales constituya una transición estructural real y no un parche permanente, deberían concurrir varias condiciones, enumera Prat. Entre ellas, la sustitución efectiva de extracciones existentes, una regulación que garantice su carácter complementario, el respeto a los caudales ecológicos y a los ecosistemas asociados —incluidas las praderas marinas—, una base energética coherente con los objetivos climáticos y, en paralelo, una revisión de la demanda y del modelo territorial.

La adaptación, en definitiva, no consiste en producir más agua. Implica redefinir la relación entre disponibilidad, crecimiento y límites ecológicos. Sin esa revisión estructural, la tecnología puede ampliar el margen de maniobra en el corto plazo, pero la tensión de fondo entre recursos finitos y demandas crecientes seguirá presente.

¿MÁS SEGURIDAD HÍDRICA A COSTA DE SEGURIDAD DEL SUMINISTRO VS.

Ganar independencia frente a la lluvia no significa eliminar la vulnerabilidad del sistema. Tradicionalmente, la seguridad hídrica estaba condicionada por la variabilidad de las aportaciones —sequías, sobreexplotación de acuíferos o descenso de caudales—. Con la incorporación estable de recursos no convencionales, el sistema pasa a depender también de la estabilidad del mercado eléctrico, del precio de la energía y de la coherencia del mix energético con los objetivos climáticos.

La pregunta ya no es solo cuánta agua hay disponible, sino en qué condiciones energéticas puede producirse. ¿Hasta qué punto esa nueva dependencia puede afectar a la resiliencia que se pretende reforzar?

Desde la perspectiva del nexo agua-energía, el cambio tiene un carácter sistémico y no únicamente técnico. “Incorporar la desalación al sistema hídrico equivale a importar parte de la volatilidad del mercado energético”, explica Diego Sesma. La crisis energética europea de 2021-2022 lo evidenció con claridad: el encarecimiento del precio de la electricidad disparó los costes operativos de varias desaladoras españolas y cuestionó la viabilidad económica a corto plazo de algunas instalaciones. Lo que en un sistema basado

SUSTITUIR DEPENDENCIA

CLIMÁTICA POR DEPENDENCIA

ENERGÉTICA NO ELIMINA LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA: LA TRANSFORMA Y EXIGE PLANIFICACIÓN INTEGRADA ENTRE AGUA Y ENERGÍA

exclusivamente en recursos convencionales era una vulnerabilidad climática pasó a traducirse también en una vulnerabilidad económica y energética.

El cambio es cuantitativo, pero también cualitativo. Según la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), la desalación por ósmosis inversa requiere en torno a 3 kWh por metro cúbico producido —con rangos habituales entre 2,5 y 4 kWh/m³ en instalaciones convencionales, aunque las plantas más modernas con sistemas de recuperación de energía pueden situarse por debajo de 2 kWh/m³—, frente a los 0,1-0,5 kWh/m³ característicos de la captación y distribución de recursos convencionales. La reutilización, aunque menos intensiva, tampoco resulta energéticamente neutra: los tratamien-

tos avanzados y el bombeo para usos agrícolas o ambientales incrementan el consumo eléctrico del sistema.

En conjunto, la transición hacia recursos no convencionales implica reemplazar la dependencia asociada a la disponibilidad de recursos superficiales y subterráneos por una dependencia vinculada al suministro energético. Ello supone exposición a la volatilidad de precios, a la disponibilidad de infraestructuras eléctricas y a la coherencia del mix energético con los objetivos climáticos.

Este desplazamiento no tiene por qué interpretarse como un retroceso. En territorios con escasez estructural, como el arco mediterráneo español, disponer de fuentes independientes del ciclo hidrológico aporta una garantía de suministro difícilmente alcanzable por otras vías. Lo que cambia es la configuración del riesgo sistémico: junto a la sequía, adquieren relevancia la estabilidad del mercado energético y la capacidad del sistema eléctrico para sostener la demanda adicional.

La dimensión económica no es la única implicada. Desde el punto de vista operativo, una desaladora sin suministro eléctrico garantizado o sin capacidad de almacenamiento energético puede quedar inactiva en momentos de máxima tensión hídrica, que con

DEPENDENCIA

DE NUEVAS DEPENDENCIAS? DEPENDENCIA ENERGÉTICA

frecuencia coinciden con episodios de calor extremo y elevada demanda eléctrica. “La concurrencia de presión hídrica y presión energética sobre el mismo sistema no es un escenario hipotético, sino plausible en el contexto del cambio climático”, advierte Sesma. A ello se añade la dimensión climática. Si la energía que alimenta estas infraestructuras no está plenamente descarbonizada, el sistema puede estar resolviendo un problema de escasez mientras intensifica el fenómeno que lo agrava. En el caso español, el creciente peso de las energías renovables en el mix eléctrico reduce progresivamente la huella de carbono asociada a la desa-

lación y la reutilización, aunque la plena descarbonización del suministro continúa siendo un proceso en desarrollo. Para evitar que la diversificación de fuentes derive en una nueva dependencia estructural, Sesma subraya la necesidad de integrar agua y energía en la planificación. En el plano técnico, los nuevos proyectos deberían incorporar desde su diseño fuentes renovables propias, contratos de suministro verde o soluciones de almacenamiento que atenúen su exposición al mercado eléctrico. En el plano regulatorio, los planes hidrológicos pueden incorporar balances energéticos y criterios de descarbonización como parte de su evaluación de viabilidad. Y

en el plano institucional, la coordinación entre autoridades hídricas y energéticas resulta clave para garantizar coherencia entre inversiones, garantía de suministro y compromisos climáticos.

La seguridad hídrica del siglo XXI no se juega únicamente en embalses, acuíferos o plantas desaladoras, sino también en la arquitectura energética que sostiene su funcionamiento. Sustituir la dependencia climática por una dependencia energética no elimina la vulnerabilidad del sistema; la transforma. Gestionar esa transformación de forma integrada es la condición para que la resiliencia no se convierta en una nueva fragilidad.

La transición hacia recursos no convencionales implica sustituir dependencia hídrica por dependencia energética.

Diego Sesma, profesor ayudante Doctor en Economía de la Universidad de La Rioja, investigador especializado en el nexo agua-energía.

L¿QUIÉN DECIDE CUANDO EL RECURSO DECISIONES 5

a integración estructural de los recursos hídricos no convencionales no elimina el conflicto distributivo en escenarios de escasez; lo sitúa en el centro del debate. Cuando la disponibilidad se reduce de forma persistente, la discusión deja de girar únicamente en torno a cálculos técnicos sobre volúmenes disponibles o capacidad de producción adicional y pasa a convertirse en una decisión política: quién asume los ajustes, en qué proporción y bajo qué criterios.

Para Francesc La Roca, vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, la escasez que afrontan muchas

cuencas españolas responde en buena medida a una determinada concepción histórica de la política de aguas que, durante más de medio siglo, ha favorecido la expansión de usos hasta tensionar los recursos disponibles y ha tolerado procesos de deterioro que han inutilizado volúmenes significativos para determinados aprovechamientos. A este desequilibrio estructural se suma el impacto del cambio climático, que altera los patrones de precipitación e incrementa las temperaturas —y con ello la evapotranspiración—, ampliando la distancia entre usos consolidados y disponibilidad efectiva.

Ante esta evolución, adaptar los usos al nuevo contexto se vuelve ineludible. Ello implica revisar el reparto actual del agua con el fin de corregir excesos y ajustarlos a la capacidad real de los ecosistemas para sostener la disponibilidad. Las expectativas de compensar el desequilibrio ampliando la oferta mediante desalación, reutilización de aguas residuales urbanas o mejoras en la eficiencia encuentran límites claros: los costes energéticos asociados a la producción y al bombeo, así como los efectos rebote derivados de la eficiencia, condicionan su capacidad para resol-

Ante la escasez, quienes disponen de mayores asignaciones de agua deberían asumir recortes proporcionalmente superiores.

RECURSO NO ALCANZA PARA TODOS?

TÉCNICAS VS. DECISIONES POLÍTICAS

LA ESCASEZ ESTRUCTURAL OBLIGA A REVISAR EL REPARTO DEL AGUA CON CRITERIOS TRANSPARENTES, EQUITATIVOS Y PARTICIPATIVOS. SIN LEGITIMIDAD SOCIAL, EL AJUSTE PIERDE VIABILIDAD POLÍTICA

así como la disponibilidad efectiva una vez consideradas las exigencias del buen estado de las aguas, es una tarea que compete en última instancia a los organismos de cuenca, con el concurso de universidades, centros de investigación y la aportación del conocimiento local. Las “cuentas del agua”, basadas en el control de extracciones y vertidos, deben ser veraces, transparentes y de acceso público. Sin datos fiables, las decisiones carecen de base sólida.

ciones de escasez, los usuarios con mayores asignaciones asumirían recortes proporcionalmente superiores que los pequeños. El planteamiento se fundamenta tanto en razones de equidad social como en la necesidad de contribuir al mantenimiento del territorio.

ver una tensión estructural entre demandas y recursos.

En aquellos territorios donde la escasez todavía no se percibe con intensidad, La Roca plantea la necesidad de adoptar un enfoque preventivo. Esperar a que el déficit resulte evidente puede conducir a ajustes más bruscos y socialmente costosos. Anticipar el problema forma parte, en su opinión, de una política responsable.

Un nuevo reparto exige conocimiento riguroso, criterios consensuados y método. Determinar el estado real de los ecosistemas y acuíferos,

La distribución de cargas ha de apoyarse, además, en el principio de “quien contamina (o deteriora), paga”, de modo que los usuarios contribuyan a la recuperación de los costes asociados al deterioro de los recursos. Este constituye, a su juicio, un primer paso necesario para abordar el ajuste con criterios de equidad.

Los consensos ya existentes sobre el reparto del agua entre usos —como la primacía del abastecimiento urbano— deben adaptarse a un escenario de reducción estructural de la disponibilidad. Es preciso acordar criterios explícitos para el proceso de ajuste. La Mesa Social del Agua de Andalucía ha propuesto aplicar un principio de progresividad inversa: en situa-

La participación de organizaciones agrarias, ecologistas, sindicales y de consumidores resulta fundamental para dotar de legitimidad a propuestas que, en última instancia, deberán traducirse en decisiones administrativas con fuerza normativa. Corresponde a los organismos de cuenca crear o reforzar marcos institucionales que faciliten procesos de deliberación capaces de generar acuerdos en los que las renuncias a corto plazo se entiendan como garantía de disponibilidad futura.

En contextos de reducción estructural de recursos, la gobernanza del agua adquiere una dimensión abiertamente política. Implica deliberar sobre límites, prioridades y reparto de responsabilidades. Sin transparencia, sin criterios compartidos y sin respaldo social suficiente, el ajuste puede ser técnicamente viable, pero políticamente insostenible.

Desalación y reutilización, de soluciones no convencionales a complementarias y estructurales

No basta con disponer de capacidad instalada ni con tener un marco normativo avanzado, es necesario que estas soluciones se incorporen de manera ordenada, estable y previsible a la política del agua.

Hablar en estos momentos de situación crítica de los recursos hídricos pue de parecer una paradoja cuando España entera sufre un tren de borrascas de nieve y lluvia que ha inundado comarcas de zonas tradicionalmente azotadas por la sequía de Andalucía, Cataluña y Levan te. Pero quienes miramos a largo plazo sabemos que estamos a un día menos

POR SILVIA GALLEGO Y MARI CARMEN GARCÍA PANADERO, MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DESALACIÓN Y REUTILIZACIÓN (AEDYR)

de que se produzca la siguiente sequía y que debemos prepararnos antes de que esta llegue.

Y lo sabemos porque la trayectoria hídrica de nuestro país nos hace ser conscientes de una certeza incómo da, que la sequía y la irregularidad de las lluvias han dejado de ser episodios excepcionales para convertirse en un rasgo estructural de nuestro clima. En este contexto, organizar la gestión del

agua solo desde los recursos natura les es, sencillamente, insuficiente. Y, por ello, la desalación y la reutilización han dejado atrás la etiqueta de solu ciones de emergencia para consoli darse como herramientas estratégicas que deben integrarse como recursos complementarios en el mix hídrico de nuestro país.

Si 2025 nos sirvió para celebrar seis décadas desde la puesta en marcha de

la primera planta desaladora en España y constatar el liderazgo tecnológico al canzado, 2026 nos obliga a dar un paso más, y pasar de la conmemoración a la planificación. No basta con disponer de capacidad instalada ni con tener un marco normativo avanzado, es necesa rio que estas soluciones se incorporen de manera ordenada, estable y previsi ble a la política del agua.

mediterráneo y en los archipiélagos. La experiencia acumulada demuestra que, bien diseñada, operada y co nectada a la red, la desalación pro porciona seguridad en regiones con estrés hídrico, que, de otro modo, obligarían a restricciones severas o a sobreexplotar acuíferos.

Por su parte, la reutilización trans forma lo que antes se consideraba un

Quienes miramos a largo plazo sabemos que estamos a un día menos de que se produzca la siguiente sequía y que debemos prepararnos antes de que esta llegue

especialmente allí donde existen gran des estaciones depuradoras cercanas a las zonas de demanda.

Ambas, concebidas como soluciones complementarias, permiten diseñar esquemas en los que la desalación re fuerza el recurso base y la reutilización optimiza cada gota disponible. Así, una ciudad costera puede garantizar su su ministro con agua desalada mientras utiliza agua regenerada para baldeos, riego de zonas verdes o determinados usos industriales, reduciendo la presión sobre otros recursos.

La desalación aporta algo que nin gún otro recurso puede ofrecer con la misma solidez: garantía de sumi nistro. Permite disponer de agua independientemente de la variabi lidad de las precipitaciones y se ha convertido en un pilar para el abas tecimiento urbano y el refuerzo es tructural de los recursos en el litoral

residuo en un recurso de alto valor. El agua regenerada permite cerrar ciclos, alinear la gestión hídrica con los prin cipios de la economía circular y liberar recursos de mayor calidad para usos prioritarios, como el abastecimiento humano. Su potencial en riego agríco la, usos urbanos no potables e, incluso, aplicaciones industriales es enorme,

Este enfoque nos conduce a un concepto que debería guiar la planifi cación en los próximos años, un mix hídrico inteligente, ajustado a las ca racterísticas de cada cuenca y región en el que recursos naturales, desala ción, reutilización, reducción de fugas, eficiencia en la demanda y soluciones basadas en la naturaleza se combinan según las necesidades y la vulnerabili dad de cada territorio. En ese mix, la desalación y la reutilización son pilares de la resiliencia, no meros instrumen tos de último recurso.

Los retos que afronta el sector en 2026 no son los mismos que hace apenas unos años. Si antes la conversación se centraba en demostrar la viabilidad tecnológica y en reducir costes, hoy los desafíos pasan, sobre todo, por hacer operativo el marco existente, acelerar la puesta en marcha de proyectos y asegurar su integración efectiva en la planificación.

Hoy los desafíos pasan, sobre todo, por hacer operativo el marco existente, acelerar la puesta en marcha de proyectos y asegurar su integración efectiva en la planificación

La aprobación del nuevo reglamen to de reutilización supuso un avance decisivo, pero ahora el reto ya no es tener la norma, sino aplicarla de forma homogénea, ágil y segura. Es necesario simplificar y clarificar procedimientos, dotar de recursos a las Administracio nes competentes y acompañar a ope radores, ayuntamientos, comunidades de regantes e industrias en la identifi cación y diseño de proyectos.

Además, la desalación y los grandes esquemas de reutilización requieren inversiones importantes y tramitacio nes complejas. Sin embargo, los plazos actuales de permisos y autorizaciones siguen siendo, en muchos casos, in compatibles con la urgencia climática y con las necesidades de los usuarios (de ahí, nuestro reiterado consejo de pre pararse con antelación para la próxima sequía). No tiene sentido que proyec tos estratégicos que pueden garantizar abastecimientos o sostener regadíos de

alto valor tarden cinco o seis años en materializarse.

Pero construir plantas de desalación y estaciones de regeneración es solo una parte del camino. El verdadero reto, a medio y largo plazo, es tejer la red que permite que ese recurso lle gue donde hace falta cuando hace fal ta. Eso exige invertir en conducciones, balsas de regulación, interconexiones entre sistemas y herramientas de digi talización y control que permitan ges tionar de forma dinámica la combina ción de recursos.

Sin estas infraestructuras, la capaci dad instalada de desalación y reutiliza ción corre el riesgo de estar infrautili zada o de no estar disponible para los usuarios más vulnerables. Asegurar que el agua producida se pueda almacenar, trasladar y gestionar de forma eficiente es tan importante como la propia cons trucción de las plantas.

Otro de los grandes retos es se guir reduciendo la huella energéti ca y de carbono de la desalación y la reutilización. El sector ha hecho un esfuerzo notable en la mejora de membranas, equipos, sistemas de recuperación de energía, pretra tamientos y automatización, pero la ambición climática europea y nacio nal exige ir más allá. La integración de energías renovables, los contratos de suministro eléctrico verde, y dis ponibilidad de energía o la hibrida ción con otras infraestructuras son claves para reforzar el papel de estas tecnologías como soluciones alinea das con la transición energética. La desalación y la reutilización son y forman parte de la respuesta al cam bio climático, no de su problema. Por último, aunque no menos im portante, el reto ya no es solo tecno lógico, sino también de comunicación. Persisten, aunque cada vez menos, en el imaginario colectivo ideas erróneas sobre el coste real del agua desalada y regenerada, su calidad o su impacto ambiental. Frente a ello, el sector debe

redoblar su esfuerzo en transparencia y comunicación, apoyándose en datos, experiencias de éxito y una pedagogía clara. Explicar cuánto cuesta realmente no actuar, qué consecuencias tiene no disponer de recursos alternativos en una sequía prolongada o cómo mejora el estado de los ecosistemas cuando se reduce la presión sobre los acuíferos son mensajes indispensables. La acep tación social es determinante para que desalación y reutilización ocupen el lu gar que les corresponde en la política del agua.

2026 debe ser el año en el que España consolide la transición desde una gestión del agua basada en respuestas reactivas a una política de Estado que incorpore soluciones complementarias, estratégicas y plenamente integradas en el mix

2026 debe ser, por tanto, el año en el que España consolide la transición desde una gestión del agua basada en respuestas reactivas a una política de Estado que incorpore la desalación y la reutilización como soluciones comple mentarias, estratégicas y plenamente integradas en el mix. Y, como no nos cansamos de repetir, todas las actua ciones deben estar integradas en un pacto nacional del agua que integre a todos los actores afectados y que no tenga color político, sino que esté guiado por criterios técnicos, además de ofrecer marcos estables de cola boración público‑privada y una señal clara a largo plazo para las empresas del sector.

Barreras y medidas preventivas: su importancia en la gestión del riesgo

Al igual que el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua, el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión del agua, incluye el concepto multi barrera y por tanto una definición de las mismas en su Artículo 2. Definiciones:

«Barrera»: cualquier medio que reduzca o evite un riesgo de infección humana impidiendo el contacto de aguas regeneradas con el producto ingerido y/o con las personas directamente expuestas; o

bien, cualquier otro medio que reduzca la concentración de microorganismos en las aguas regeneradas y/o impida que sobrevivan en el producto ingerido;

La única diferencia con respecto a la definición incluida en el Reglamento es que se suprime el párrafo que explica que ‘cualquier medio’ puede ser “físico o de etapas de proceso o condiciones de uso”.

Del mismo modo, se incluye en ambos textos legales la definición de medidas preventivas, esta vez de manera idéntica:

«Medida preventiva»: acción o actividad apropiada que pueda prevenir o eliminar un riesgo para la salud o el medio ambiente, o que pueda reducirlo a un nivel aceptable;

De una lectura rápida de ambas definiciones parecería que se está hablando de lo mismo, o de cosas muy parecidas, porque ambas tienen como objetivo reducir o evitar un riesgo. Sin embargo, la diferencia fundamental viene expresada claramente, en una palabra, incluida en el apartado 4.3 Barreras del documento “Plan de Gestión del Riesgo del Agua Regenerada para uso Urbano” elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que dice que “Si la clase generada no alcanza la clase requerida por motivo de patógenos, deberán utilizarse barreras acreditadas”. La palabra clave es entonces ‘acreditada’; una barrera debe

Rubén Brandan, PE – PhD – Ingeniero Civil

estar acreditada, y por ello se incluyen como recomendación las que vienen en la Tabla 1 de la norma ISO 160752:2020.

No todos los documentos publicados por el MITECO incluyen esta puntualización; no lo hace el referido al uso industrial ni tampoco la Guía de recomendaciones para la elaboración

de los Planes de Gestión del Riesgo del Agua Regenerada. Este último documento, publicado recientemente, transcribe las definiciones de ambos conceptos del texto legal, pero no hace ninguna aclaración respecto a la diferencia entre ambos. El uso del término apropiado cobra importancia cuando definen conceptos diferentes, pero

El uso del término apropiado cobra importancia cuando definen conceptos diferentes, pero que tienen un objetivo común, que es reducir, evitar o eliminar el riesgo

que tienen un objetivo común, que es reducir, evitar o eliminar el riesgo. Cuando se produce algo inesperado o que no se ha contemplado al redactar el plan, que genera un suceso peligroso en el sistema, se puede aplicar un tercer elemento, las medidas correctivas, cuya definición viene incluida en el Real Decreto, no así en el Reglamento: «Medida correctiva»: acción o actividad apropiada a aplicar cuando ya ha ocurrido un suceso peligroso;

El planteamiento básico de los planes de gestión del riesgo del agua regenerada, cualquiera sea su uso, es la prevención. Las medidas preventivas son muy importantes y permiten anticiparse a un posible riesgo, tanto para

TIPO DE BARRERA

APLICACIÓN

Riego de cultivos alimentarios

REDUCCIÓN DE PATÓGENOS (UNIDADES LOGARÍTMICAS) NÚMERO DE BARRERAS

Riego por goteo Riego por goteo de cultivos de bajo crecimiento, como a 25 cm o más por encima del suelo.

Riego por aspersión y rociadores

Riego por goteo de cultivos de alto crecimiento, como a 50 cm o más del suelo.

Riego por goteo subterráneo donde el agua no asciende por capilaridad a la superficie del suelo.

Riego por aspersión y microaspersión de cultivos de bajo crecimiento, como a 25 cm o más del chorro de agua.

Riego por aspersión y microaspersión de árboles frutales tales como a 50 cm o más del chorro de agua.

Cobertura de hojas resistente al sol En riego por goteo, donde la hoja separa el riego de los vegetales.

Reducción natural ('die-off') de patógenos

Lavado del producto antes de vender a los clientes.

Desinfección del producto antes de vender a los clientes.

Mejora de la reducción natural de patógenos por cese o interrupción del riego antes de la cosecha

Lavado de los cultivos en ensaladas, verduras y frutas con agua potable.

Lavado de los cultivos en ensaladas, vegetales y frutas con una solución desinfectante débil y enjuagarlos con agua potable.

Producto cocinado (d) Inmersión en agua hirviendo o a alta temperatura hasta que el producto esté cocido.

Riego de cultivos forrajeros y de siembra

Restringuiendo la entrada al campo regado durante 24 horas y más después del riego, por ejemplo, la entrada de animales en pastizales o la entrada de trabajadores de campo

Control de acceso

Restringuiendo la entrada al campo regado cinco días y más después del riego.

Secado al sol de cultivos forrajeros Cultivos forrajeros y otros cultivos que se secan al sol y se cosechan luego, antes del consumo.

Riego de jardines públicos

Riego por la noche cuando el público no ingresa a los parques, campos deportivos y jardines regados.

Control de acceso

Control de riego por aspersión

a 1 1

Riego donde el público no tiene acceso (Intercambiador al costado de la carretera) 2 a 4 2

Riego por aspersión a distancias superiores a 70 m de áreas residenciales o lugares de acceso público. 1 1

"NOTA: Aplicar desinfección al agua residual tratada o filtrarla a través de un apropiado sistema de filtración por membranas, como MF, UF o NF, que destruirá o eliminará los patógenos, todos o parte de los mismos.

a Bajo nivel de desinfección - cloración que entregue al menos 1 mg/l de cloro total, después de 30 minutos de cloración. b Alto nivel de desinfección - cloración que entregu más de 1 mg/l de cloro total, después de 30 minutos de cloración.

c De acuerdo al tipo de cultivo y las condiciones climáticas. d Si bien la cocción de los productos reduce el contenido de patógenos, es necesario considerar la contaminación cruzada que se produce desde vegetales contaminados en la cocina del hogar durante la preparación de la comida."

Tabla 1: Tipos sugeridos y número acreditado de barreras (traducción del original en inglés: Table 2 Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects – Part 2: Development of the project, pag. 8-9)

la salud como para el medio ambiente, cuando se produce un suceso peligroso, que se define en ambas normas como:

«Suceso peligroso»: acontecimiento en el que las personas o el medio ambiente se ven expuestas a un agente peligroso dentro del sistema. Puede tratarse de un incidente o una situación que introduzca o libere el agente peligroso en el medio ambiente en el que viven o trabajan las personas, amplifica la concentración de un agente peligroso o no logra eliminarlo del medio ambiente humano; Las medidas correctivas se aplican cuando ha fallado o no se ha incluido una prevención para un determinado suceso peligroso y están encaminadas a reducir o eliminar los daños producidos por los riesgos identificados.

Las barreras son muy parecidas a las medidas preventivas, la gran diferencia es que han sido acreditadas por algún organismo de reconocido prestigio a nivel internacional, en este caso, la Organización Mundial de la Salud (WHO), luego han sido adoptadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), incluyendo algunas de la USEPA (Guidelines for Water Reuse,

El planteamiento básico de los planes de gestión del riesgo del agua regenerada, cualquiera sea su uso, es la prevención. Las medidas preventivas son muy importantes y permiten anticiparse a un posible riesgo, tanto para la salud como para el medio ambiente

Reducción de patógenos Log10 Raíz

A B C D E F G H

Hoja

Riego sin restricciones Riego restringido

T= Tratamiento

RN= Reducción natural

RG= Riego por Goteo (A= cultivos altos; B= Cultivos bajos

L= Lavado

RS= Riego subterráneo

Figura 1: Ejemplos de opciones para la reducción de patógenos virales, bacterianos y protozoarios mediante diferentes combinaciones de medidas de protección de la salud que logren el objetivo basado en la salud de ≤10-6 DALY por persona y año (traducción del original en inglés: WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater, Volume I: Policy and Regulatory Aspects, Table 2-4, pag. 26)

2012). De allí que tanto el Reglamento como el Real Decreto marcan claramente esta diferencia entre barreras y medidas preventivas.

Una barrera puede ser una medida preventiva, pero una medida preventiva no siempre es una barrera; necesita una ‘acreditación’.

Las barreras se definen en términos de unidades de reducción logarítmica de patógenos, tal como se ve en la tercera columna de la Tabla 1, que han sido determinados con criterios de estadísticos de evaluación de riesgo microbiológico cuantitativo (QMRA), datos epidemiológicos sobre el riesgo del uso del agua regenerada para riego en agricultura y estudios de supervivencia de microorganismos en diferentes tipos de cultivos y suelos. El objetivo de salud se mide en términos de DALY, por sus siglas en inglés, que se traduce como años de vida ajustado por discapacidad. El

DALY expresa años de vida perdidos por muerte prematura, y años vividos con una discapacidad de severidad y duración especificadas. El valor adoptado como objetivo de salud es una pérdida de DALY de ≤10-6 por persona y por año.

Para lograr dicho objetivo se pueden utilizar diferentes combinaciones de barreras como se puede ver en la Figure 1, pudiendo ser una barrera una etapa o combinación de etapas de tratamiento, un sistema de riego, que puede ser más o menos efectivo según el tipo de cultivo, o el lavado de los cultivos previo a su consumo. La reducción natural de los patógenos (die-off) por acción del sol en el tiempo, por ejemplo, es también una barrera natural.

La Figura 1 es válida para microorganismos patógenos (virus, bacterias y protozoos), pero no para huevos de helmintos. Las reducciones de huevos de helmintos necesarias para conse-

TIPO DE RIEGO OBJETIVO BASADO EN LA SALUD PARA PATÓGENOS VIRALES, BACTERIANOS Y PROTOZOARIOS

Sin restricciones ≤10-6 DALY por persona por año

OBJETIVO DE REDUCCIÓN MICROBIANA PARA HUEVOS DE HELMINTOS

≤1 por litro (media aritmética), Restringido ≤10-6 DALY por persona por año1 ≤1 por litro (media aritmética)2,3

Localizado (por ejemplo, riego por goteo) ≤10-6 DALY por persona por año1

(a) Cultivos de bajo crecimiento: ≤1 por litro (media aritmética)

(b) Cultivos de alto crecimiento:4,5

Sin recomendación

1 El objetivo basado en la salud se puede lograr, para el riego sin restricciones y localizado, mediante una reducción de patógenos de 6 a 7 unidades logarítmicas (obtenida mediante una combinación de tratamiento de aguas residuales y otras medidas de protección de la salud); para riego restringido, se logra mediante una reducción de patógenos de 2-3 unidades logarítmicas.

2 Cuando los niños menores de 15 años están expuestos, se deben tomar medidas adicionales de protección de la salud.

3 Se debe determinar una media aritmética durante toda la temporada de riego. El valor medio de ≤ 1 huevo por litro debe obtenerse para al menos el 90% de las muestras a fin de permitir la muestra puntual de valor alto (es decir, con= 10 huevos por litro). Con algunos procesos de tratamiento de aguas residuales (por ejemplo, sistemas de lagunas), el tiempo de retención hidráulica se puede utilizar como sustituto para asegurar el cumplimiento de s 1 huevo por litro.

4 Los cultivos de alto crecimiento incluyen árboles frutales, olivos, etc.

5 No se deben recoger cultivos del suelo.

Tabla 2: Objetivos basados en la salud y objetivos de reducción de helmintos para el uso de aguas residuales tratadas en la agricultura (traducción del original en inglés: WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater, Volume I: Policy and Regulatory Aspects, Table 2-4, pag. 26)

guir un riesgo aceptable ≤ 10-6 DALYs se determinan a través de estudios epidemiológicos.

Para entornos específicos, es necesario adaptar tanto los objetivos basados en la salud como la combinación de medidas de protección de la salud. Si bien estas tablas están pensadas para uso agrícola, son extrapolables al resto de uso con los recaudos pertinentes, y así se ha planteado en el Real Decreto, que incluye las recomendaciones en cada caso, estableciendo el

número y tipo de barreras que es posible acreditar.

Por último, mencionar que el hecho que se produzca un suceso peligroso no implica necesariamente un riesgo, porque para ello se debe producir la combinación de dos factores:

• la probabilidad de que el suceso peligroso introduzca, aumente o libere el o los agentes peligrosos en el sistema y, por tanto, los torne significativos en el análisis dentro del propio sistema y

• la probabilidad de que se produzca

una exposición de la(s) persona(s) o el medio ambiente con el mismo.

Ambos factores vienen incluidos en los documentos del MITECO, en los apartados que definen la probabilidad para el cálculo del riesgo, con formulaciones matemáticas un poco diferentes, pero conceptualmente similares. En dichas fórmulas intervienen la probabilidad de ocurrencia del suceso, de presencia del agente peligroso y la probabilidad de exposición, que vienen implícita en la propia definición de suceso peligroso.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y DESCARBONIZACIÓN

EL NUEVO PARADIGMA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA

Nuria Suárez

EN LOS ÚLTIMOS

AÑOS, LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS

RENOVABLES EN EL SECTOR DEL AGUA HA DEJADO DE SER UNA ASPIRACIÓN ESTRATÉGICA PARA CONVERTIRSE EN UNA EXIGENCIA OPERATIVA. EN UN CONTEXTO DE INCERTIDUMBRE HÍDRICA, VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA Y CRECIENTE PRESIÓN REGULATORIA EN MATERIA DE DESCARBONIZACIÓN, LOS OPERADORES DEL CICLO URBANO AFRONTAN EL RETO DE REDUCIR SU DEPENDENCIA ENERGÉTICA Y SU INTENSIDAD EN CARBONO SIN

COMPROMETER LA CALIDAD DEL SERVICIO.

En España, el sector hídrico representa entre el 2% y el 3% del consumo eléctrico nacional (INE, 20152023), una cifra que lo sitúa en una posición estratégica dentro de las políticas de eficiencia, transición energética y descarbonización. En este contexto, la depuración de aguas residuales concentra en torno al 60% de la demanda energética del ciclo, lo que sitúa a las estaciones depuradoras (EDAR) como el principal frente de actuación dentro del proceso de transformación ambiental del sector.

A partir del análisis y la experiencia de Josep-Xavier Pujol, director gerente del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT); Benigno López, Jefe de División de Medio Ambiente de EMASESA; Cristina Álvarez Requena, Responsable de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Alianzas Estratégicas en IMDEA Energía y Raúl Muñoz, Catedrático de Tecnologías del Medio Ambiente e Investigador del Instituto de Procesos Sostenibles de la Universidad de Valladolid, este reportaje analiza la evolución de las EDAR hacia un esquema energético y productivo más integrado, eficiente y orientado a la valorización de recursos.

RECONVERSIÓN

ENERGÉTICA DEL CICLO URBANO DEL AGUA

El cambio conceptual es claro: las EDAR ya no se perciben únicamente como infraestructuras de depuración, sino como plataformas de gestión integral de recursos. Así, los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua se han visto motivados para actuar como impulsores de políticas de eficiencia energética que contribuyan a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, constituyéndose como grandes actores ambientales de los entornos urbanos.

Desde la óptica de la gestión pública, Benigno López subraya que los agentes

La integración estructurada de generación renovable, eficiencia operativa y recuperación de recursos puede convertir al ciclo urbano del agua en un activo estratégico municipal para avanzar en la transición energética y la neutralidad climática.

Benigno López, EMASESA

del ciclo urbano del agua “deben ejercer un papel tractor en el ámbito local”. A su parecer, la combinación de eficiencia hídrica, recuperación de energía, neutralidad climática y reutilización posiciona al sector como “uno de los principales operadores ambientales urbanos”.

EMASESA constituye un ejemplo representativo, pues sus EDAR alcanzan niveles de autoproducción próximos al 80% de su demanda energética, reduciendo significativamente la compra externa de energía y la huella de carbono asociada.

No obstante, la integración en las EDAR de funciones de valorización y

gestión de residuos puede implicar tramitaciones ambientales menos habituales en el sector del agua. Sin embargo, estas exigencias deben entenderse como un refuerzo de las garantías ambientales. “Han de verse como una salvaguarda que asegura que los procesos se desarrollan bajo criterios estrictos de sostenibilidad y conforme a una normativa cada vez más exigente”, aclara López.

En sintonía con esta visión, Josep-Xavier Pujol señala que el despliegue de renovables no está exento de barreras.

A su parecer, la tramitación administrativa de instalaciones energéticas puede convertirse en una “carrera de obstácu-

los”, lo que obliga a planificar con antelación y coordinar estrechamente con las administraciones locales. Con todo, subraya que el potencial es indiscutible: “El campo del agua, tanto en abastecimiento como en potabilización y depuración, ofrece múltiples oportunidades energéticas”, y añade que “la diversificación se traduce, sin duda, en una mayor resiliencia económica”.

FACTORES CRÍTICOS DE MEJORA

Investigación, transferencia y colaboración. Estos tres factores se han

convertido en la “piedra angular” de la mejora continua en eficiencia energética y optimización de procesos en las EDAR. Así lo define Raúl Muñoz, quien subraya que “la investigación básica realizada en universidades representa el punto de partida para un cambio de paradigma en la conceptualización de la valorización de las aguas residuales domésticas, mientras que la transferencia tecnológica es la que permite materializar resultados efectivos en la descarbonización del sector”.

Cristina Álvarez coincide plenamente con esta visión y va un paso más allá: “La I+D+i sin transferencia tecnológica es un gasto poco rentable. Generar conocimiento que no revierte en la sociedad supone una inversión de corto alcance”. Ambos investigadores enfatizan que la transición sostenible del ciclo urbano del agua exige una cadena

LA TRANSICIÓN SOSTENIBLE

DEL CICLO URBANO DEL AGUA

EXIGE UNA CADENA DE VALOR COORDINADA, EN LA QUE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, APLICACIÓN INDUSTRIAL Y OPERACIÓN ESTÉN ALINEADAS

DESDE EL INICIO

La I+D+i sin transferencia tecnológica es un gasto inútil. Generar conocimiento que no revierte en la sociedad es una inversión a corto plazo y de corto alcance.

Cristina Álvarez, IMDEA Energía.

de valor coordinada, en la que investigación, desarrollo, aplicación industrial y operación estén alineadas desde el inicio, que la industria tracciones la I+D+i y que ésta responda a necesidades reales de la sociedad.

En este sentido, los profesionales del sector apuntan a la necesidad de que las administraciones públicas impulsen modelos de contratación que incorporen partidas específicas para proyectos de I+D+i durante la fase de explotación de las EDAR. Según Raúl Muñoz, integrar la innovación dentro de los contratos permitiría facilitar la implementación real entre los centros generadores de conocimiento y los operadores, acelerando la mejora en eficiencia energética y reduciendo riesgos tecnológicos en su implantación.

Esta es también la visión de Josep-Xavier Pujol, quien desde el Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) destaca la colaboración entre operadores y centros de investigación como un “factor imprescindible” para el avance del sector. A su juicio, los operadores identifican necesidades reales; las administraciones deben facilitar trámites, plazos y marcos regulatorios; y los centros de conocimiento desarrollan y adaptan tecnologías para su validación en entornos operativos. ¿El resultado? “un ciclo cerrado, con la sincronización adecuada y un resultado

óptimo, deseable, aunque no exento de dificultades”.

NODOS DE CIRCULARIDAD

La diversificación de fuentes energéticas y el avance hacia una mayor autonomía no solo responden a criterios ambientales, sino también económicos. Reducir la dependencia de terceros aporta estabilidad financiera y mitiga la exposición a la volatilidad del mercado eléctrico.

En este marco, Benigno López sitúa el trinomio agua-energía-residuos como eje de transformación. “Más allá de depurar agua, las estaciones deben concebirse como centros de recuperación de

Hacia EDAR autosuficientes

El nuevo modelo exige repensar el trinomio aguaenergía-residuos bajo una lógica integrada. Para ello es necesario combinar:

• Planificación estratégica

• Solidez técnica

• Marco regulatorio adaptado

• Cultura de innovación y datos

recursos: energía, nutrientes y agua regenerada. Integrar producción fotovoltaica en cubiertas y terrenos asociados, recuperación térmica del agua residual o el aprovechamiento de saltos hidráulicos en redes urbanas permite diversificar la matriz energética local y reducir la dependencia externa”, explica.

Al mismo tiempo, recuerda que garantizar un servicio continuo y de calidad exige incorporar criterios de

eficiencia. “La economía circular nos ofrece herramientas, pero implica invertir en tecnología, conocimiento y asumir un cambio de paradigma”, concluye.

HOJA DE RUTA TECNOLÓGICA

Al analizar las líneas que están marcando el desarrollo tecnológico y las hojas de ruta a medio y largo plazo, Cristina Álvarez señala que el impulso de los gases renovables está acelerando la reconversión de las EDAR hacia el modelo WRRF (Water Resource Recovery Facility), concebidas como biorrefinerías.

Investigación, transferencia

tecnológica y colaboración es la piedra angular de la mejora continua en eficiencia energética y de depuración en EDARs. Raúl Muñoz, Universidad de Valladolid.

Desde su experiencia en IMDEA Energía, apunta que a medio plazo la prioridad pasa por maximizar y estabilizar la producción de biogás mediante la intensificación de la digestión anaerobia, tanto en grandes instalaciones como de forma descentralizada, la reducción de pérdidas y la valorización térmica y material a “building blocks” de alto valor añadido. El siguiente paso es la limpieza y el upgrading a biometano para autoconsumo, movilidad o inyección a red, apoyado en sistemas de garantías de origen y trazabilidad energética.

A más largo plazo, ganan protagonismo las rutas power-to-gas, como la metanación biológica o catalítica del CO₂ biogénico con hidrógeno renovable, que permiten incrementar la producción de metano en escenarios de excedente eléctrico y avanzar hacia esquemas de operación flexible. De forma complementaria, se exploran sinergias con el hidrógeno —electrólisis y procesos bioelectroquímicos— y nuevas vías de valorización del CO₂ con aplicaciones industriales, agronómicas o materiales.

Desde la experiencia de EMASESA, Benigno López señala que las tecnologías con mayor viabilidad técnica y económica en el ciclo del agua son, en primer lugar, la codigestión anaerobia

Prioridades para la generación renovable en EDAR

• Maximizar la valorización energética del biogás en EDAR

• Integrar la codigestión con residuos orgánicos urbanos

• Avanzar hacia el modelo de biofactoría (WRRF)

• Impulsar marcos regulatorios y financieros adecuados

• Priorizar la eficiencia energética y la digitalización operativa

en las EDAR, que permite maximizar la producción de biogás y avanzar en autosuficiencia energética; los aprovechamientos hidroeléctricos en infraestructuras de abastecimiento, como las minicentrales y la recuperación de saltos entre depósitos y red; la instalación de microturbinas en conducciones y puntos de vertido; y el despliegue de fotovoltaica en cubiertas y superficies disponibles. Todas ellas, afirma, son soluciones maduras que ya están generando ahorros de energía significativos y reforzando la estabilidad operativa del servicio.

Precisamente sobre esta última tecnología, Josep-Xavier Pujol apunta que, desde la operativa del CAT, “la fotovoltaica es actualmente la alternativa más viable”, siempre que exista una adecuada planificación previa —disponibilidad de terrenos o cubiertas de edificios y depósitos, régimen de autoconsumo bien dimensionado como el más apropiado y encaje urbanístico—. Además, destaca fórmulas contractuales en las que el adjudicatario asume la inversión y

Sin duda, diversificar las fuentes de suministro energético y avanzar hacia una mayor autonomía contribuye a reforzar la estabilidad financiera y optimizar costes.

ción del coste de la electricidad, asociada al mayor peso de las renovables, podría mermar la rentabilidad de la generación eléctrica con biogás en las EDAR. Este contexto reforzaría la apuesta por el ya mencionado upgrading a biometano como vía prioritaria de valorización.

AUTONOMÍA ENERGÉTICA Y DESCARBONIZACIÓN

De forma unánime, los expertos coinciden en que los beneficios del modelo de biofactoría son evidentes, mientras que las principales barreras no son tanto técnicas como regulatorias y económicas. La consolidación de la transición energética en el ciclo urbano del agua dependerá, por tanto, de integrar innovación tecnológica, viabilidad financiera y un marco normativo estable.

Como apunta Cristina Álvarez, la toma de decisiones debe apoyarse en una evaluación económica rigurosa: optimización del CAPEX, generación de ingresos a partir de productos de valor añadido y análisis coste-eficacia que permitan priorizar las soluciones con mayor rendimiento global.

Xavier Pujol, Consorcio de Aguas de Tarragona.

la recupera mediante un canon en un plazo aproximado de diez años, con opción de amortización anticipada y transferencia final de la instalación al operador público.

En coherencia con esta evolución tecnológica, Raúl Muñoz introduce una variable económica relevante. Advierte de que la progresiva reduc-

En este proceso, el papel de las administraciones es determinante. La estabilidad regulatoria, el acceso a financiación y la incorporación de fórmulas de compra pública innovadora son condiciones necesarias para reducir incertidumbre y facilitar el escalado de soluciones ya maduras.

En definitiva, la investigación aporta desarrollo tecnológico; la colaboración entre operadores y sector público, capacidad de implantación y escala. Solo mediante esta articulación coherente será posible consolidar infraestructuras hidráulicas energéticamente optimizadas, resilientes y plenamente alineadas con los objetivos de descarbonización y neutralidad climática.

El char como solución sostenible para la eliminación de contaminantes en aguas

Antonio Cobelo1, Xandre Costas2, Estefanía Pereira2, Cristina Román2

1IIM-CSIC I www.iim.csic.es • 2ITG I www.itg.es

La contaminación de las aguas constituye uno de los principales retos ambientales y tecnológicos a los que se enfrenta la sociedad actual. En este contexto, el desarrollo de soluciones eficaces, sostenibles y económicamente viables resulta esencial. El char, un material carbonoso obtenido a partir de residuos ricos en carbono mediante procesos termoquímicos, ha emergido en los últimos años como una alternativa prometedora para la eliminación de contaminantes en aguas.

UN DESAFÍO AMBIENTAL Y TECNOLÓGICO

La protección de los recursos hídricos es un pilar fundamental de la gestión ambiental moderna. El crecimiento industrial, la intensificación de la agricultura y la expansión urbana han provocado un aumento significativo de la carga contaminante en ríos, lagos y acuíferos. Metales pesados, compuestos orgánicos persistentes, pesticidas y herbicidas, productos de cuidado personal, fármacos y nutrientes en exceso son algunos de los contaminantes que

se detectan con mayor frecuencia en aguas superficiales y subterráneas.

Aunque las estaciones depuradoras de aguas residuales y los sistemas convencionales de tratamiento han logrado avances notables, muchos contaminantes siguen siendo difíciles

El char , un material carbonoso obtenido a partir de residuos ricos en carbono mediante procesos termoquímicos, ha emergido en los últimos años como una alternativa prometedora para la eliminación de contaminantes en aguas

de eliminar por completo. Además, el elevado coste energético y económico de algunas tecnologías limita su aplicación, especialmente en pequeñas instalaciones o en regiones con recursos limitados. En este escenario, cobra relevancia la búsqueda de materiales alternativos que combinen eficacia técnica, bajo coste y sostenibilidad ambiental.

EL CHAR: DEFINICIÓN Y ORIGEN

El término char engloba a una familia de materiales sólidos ricos en carbono que se obtienen mediante la descomposición térmica de materia rica en carbono en condiciones de oxígeno limitado. Este proceso, conocido como pirólisis, permite transformar residuos orgánicos en un material estable, con una estructura porosa y propiedades adecuadas para aplicaciones ambientales.

Entre los distintos tipos de char, el biochar es el más estudiado en el ámbito ambiental. Se produce a partir de biomasa como restos agrícolas y forestales, subproductos agroindustriales o

lodos de depuradora. Desde el punto de vista de la gestión de residuos, el char representa una vía de valorización especialmente interesante, ya que convierte desechos orgánicos en un recurso útil.

PROPIEDADES RELEVANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS

La idoneidad del char como material para la eliminación de contaminantes en aguas se basa en un conjunto de propiedades fisicoquímicas que pueden ajustarse mediante las condiciones de producción. Entre las más relevantes destacan: (i) Alta porosidad y superficie específica, que favorecen el contacto entre el material y los contaminantes. (ii) Presencia de grupos funcionales en la superficie, capaces de interactuar con diferentes especies químicas. (iii) Estabilidad química, que

permite su uso prolongado en sistemas de tratamiento. (iv) Versatilidad, ya que sus propiedades pueden modificarse mediante tratamientos físicos o químicos.

Estas características sitúan al char como un material intermedio entre adsorbentes naturales de bajo rendimiento y materiales altamente procesados como el carbón activado.

MECANISMOS DE ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES

El principal mecanismo por el que el char elimina contaminantes del agua es la adsorción. Este proceso consiste en la fijación de sustancias disueltas sobre la superficie del material sólido. En el caso del char, la adsorción puede producirse mediante distintos tipos de interacciones, que incluyen:

• Interacciones físicas asociadas a la estructura porosa.

• Enlaces químicos entre grupos funcionales del char y los contaminantes.

El creciente interés científico y tecnológico por este material se debe a que la combinación de sus mecanismos de adsorción permite al char actuar sobre una amplia gama de contaminantes

• Interacciones electrostáticas, dependientes del pH del medio.

• Interacciones específicas con compuestos aromáticos.

El creciente interés científico y tecnológico por este material se debe a que la combinación de estos mecanismos permite al char actuar sobre una amplia gama de contaminantes, entre los que se encuentran:

• Metales: Los metales representan uno de los principales objetivos en el tratamiento de aguas debido a su toxicidad, persistencia y capacidad de bioacumulación. Elementos como plomo, cadmio, mercurio, cobre o arsénico pueden generar efectos adversos graves incluso a bajas concentraciones.

Diversos estudios han demostrado que el char es capaz de retener metales pesados de forma eficaz. La presencia de grupos funcionales oxigenados en su superficie favorece la formación de complejos estables con los iones metálicos, reduciendo su movilidad y biodisponibilidad. En algunos casos, la modificación del char con compuestos minerales ha permitido mejorar notablemente su capacidad de adsorción.

• Contaminantes orgánicos, incluyendo contaminantes emergentes: Además de los metales, el char ha mostrado un buen desempeño en la eliminación de contaminantes orgánicos, como colorantes industriales, pesticidas, hidrocarburos aromáticos y fármacos. Estos compuestos suelen ser difíciles de eliminar mediante tratamientos convencionales y pueden persistir durante largos periodos en el medio acuático. La estructura carbonosa del char favorece la retención de estas sustancias mediante interaccio -

nes específicas, lo que permite reducir su concentración en el agua y mitigar su impacto ambiental.

En cuanto a los contaminantes emergentes, como antibióticos, hormonas y productos de cuidado personal, el char se perfila como una alternativa prometedora. Si bien la investigación en este ámbito aún es incipiente, los resultados disponibles apuntan a un potencial significativo.

• Nutrientes: El exceso de nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo, es responsable de procesos de eutrofización que deterioran gravemente los ecosistemas acuáticos. Aunque el char no siempre presenta una elevada capacidad para eliminar estos compuestos de forma directa, su modificación con determinados minerales ha demostrado mejorar la retención de fosfatos.

VENTAJAS AMBIENTALES Y ECONÓMICAS

Desde una perspectiva alineada con la gestión ambiental y la economía circu-

Sus ventajas hacen del char un material especialmente atractivo para aplicaciones descentralizadas y para complementar tecnologías existentes

lar, el uso de char presenta múltiples ventajas, entre las que se encuentran:

• Valorización de residuos ricos en carbono.

• Reducción del coste de los materiales adsorbentes.

• Posibilidad de producción local.

• Menor huella ambiental en comparación con otros adsorbentes.

Estas ventajas hacen del char un material especialmente atractivo para aplicaciones descentralizadas y para complementar tecnologías existentes.

LIMITACIONES, DESAFÍOS TÉCNICOS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

A pesar de su potencial, el uso del char también plantea desafíos. La variabilidad en sus propiedades, la necesidad de estandarización, la regeneración del material y la gestión del char una vez saturado de contaminantes son aspectos que requieren un análisis cuidadoso antes de su implantación a gran escala.

La investigación actual se centra en optimizar los procesos de producción, mejorar la selectividad del char y evaluar su comportamiento en condiciones reales de operación. La integración del char en sistemas híbridos de tratamiento podría ampliar notablemente su campo de aplicación.

A pesar de los desafíos, el char se consolida como una alternativa viable y sostenible para la eliminación de contaminantes en aguas. Su origen a partir de residuos, su versatilidad y su potencial para reducir costes lo convierten en un material de gran interés para el sector ambiental. En línea con

los objetivos de sostenibilidad y economía circular, el char representa una oportunidad para avanzar hacia modelos de gestión del agua más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS PROCEDENTES DE BASURAS MARINAS:

EL PROYECTO POLYBRIS

La contaminación por plásticos representa una amenaza global que pone en peligro la salud de los océanos y su capacidad restaurativa, además de afectar los ecosistemas acuáticos y las especies que los habitan. En este contexto y con la misión de fomentar la responsabilidad ambiental y la economía circular, se desarrolla el proyecto POLYBRIS (https://www. polybrispleamar.com), que promueve la recuperación de los residuos plásticos presentes en basuras marinas para su valorización en productos que, como el char, contribuyan al equilibrio ecológico del medio marino, todo ello mediante alternativas circulares y con un enfoque participativo local. Este proyecto, se desarrolla con la colabo -

La variabilidad en sus propiedades, la necesidad de estandarización, la regeneración del material y la gestión del char una vez saturado de contaminantes son aspectos que requieren un análisis cuidadoso antes de su implantación a gran escala

ración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y se cofinancia por la Unión Europea por el FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura. El proyecto está coordinado por ITG Centro Tecnológico, y tiene como socios al Instituto de Investigación Mariñas de la Agencia estatal Consejo superior de investigaciones científicas (IIM-CSIC) y al Cabildo insular de Tenerife.

El principal objetivo del proyecto es la obtención de un producto de valor añadido como es el char a través de tecnologías basadas en procesos termoquímicos optimizados tales como pirólisis, carbonización hidrotermal (HTC) y gasificación a partir de ba-

suras de plástico retiradas del medio marino. A partir de las características de los distintos productos obtenidos, se están llevando a cabo ensayos para determinar la capacidad de este material carbonoso para la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos, derivados de las actividades económicas ligadas al mar, como pueden ser las aguas generadas en las plantas de depuración de moluscos bivalvos, piscifactorías, o bien, plantas de procesado de productos marinos.

Las opiniones y documentación aportada en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor o autores de la misma, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto.

Nueva plataforma de rehidratación de fangos en la EDAR Granollers: un paso adelante en la valorización energética y la economía circular en el ciclo del agua

Rut Estany1, Pere Aguiló1, Mar Cordón2, Paula Aguirre2.

1CONSORCI BESÒS TORDERA I www.besos-tordera.cat

2TRANSPARENTA I www.transparenta.cat/es

CONTEXTO Y OPORTUNIDAD

La EDAR Granollers da servicio a los municipios de Granollers, Canovelles y parte de Les Franqueses del Vallès, con una capacidad de tratamiento de hasta 30.000 m³/día y 121.500 habitantes equivalentes. La planta dispone de línea completa de tratamiento de fangos

con digestión anaerobia, producción de biogás y cogeneración eléctrica y upgrading a biometano con inyección a red. El análisis del funcionamiento actual muestra que existe margen para incrementar la carga orgánica en los digestores sin comprometer la estabilidad del proceso.

Paralelamente, el Consorcio Besòs Tordera gestiona varias depuradoras

de menor dimensión que no disponen de digestión propia.

Con esta actuación de la nueva plataforma se pretende:

• Estabilizar y reducir el volumen de fangos mediante digestión anaerobia.

• Incrementar la producción de biogás.

• Mejorar la autosuficiencia energética de la planta.

• Reducir costes de gestión externa de los fangos.

• Abatir la huella de carbono asociado al proceso de depuración.

La ejecución de la actuación se ha cofinanciado con los fondos solicitados por el Consorcio Besòs Tordera procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y

la aportación de la Agencia Catalana del Agua.

ANTECEDENTES: EL PROYECTO

Para la ejecución de la nueva plataforma, se realiza un proyecto previo, donde se define la implantación de dicha plataforma de recepción y rehidratación de fan-

gos deshidratados externos para incorporarlos a la línea de digestión existente.

Se contemplan dos escenarios: un inicial para alcanzar el potencial actual de digestión y un futuro con capacidad de hasta 31.000 toneladas anuales de fango deshidratado.

Después de un estudio de alternativas con análisis multicriterio (criterios

La nueva plataforma de rehidratación de fangos de la EDAR de Granollers permite incorporar fangos externos a la digestión anaerobia existente, aumentando la carga orgánica tratada y la producción de biogás. Con ello se mejora la autosuficiencia energética de la planta y se reducen tanto los costes de gestión de fangos como la huella de carbono del proceso

técnicos, económicos, ambientales y de explotación), se ha seleccionado un sistema de rehidratación en continuo mediante bomba mezcladora frente a la opción de tratamiento en batch, principalmente por tener la opción de tratamiento en continuo.

Este sistema permite:

• Necesidades de espacio menor y un consumo energético más reducido.

• Funcionamiento continuo y automatizado.

• Mayor fiabilidad y facilidad operativa.

• Ajuste preciso de la concentración final (fango rehidratado al 4% de materia seca).

• Menores condicionantes logísticos en la descarga de camiones.

DESARROLLO TÉCNICO Y PROCESO OPERATIVO

Los fangos externos llegan a la planta con una sequedad aproximada del 23% de materia seca. Para poder ser introducidos en los digestores anaero-

bios, es necesario rehidratarlos hasta una concentración cercana al 4% de materia seca, similar a la de los fangos internos.

Las etapas de la rehidratación son las siguientes:

1. Recepción y extracción

La recepción se realiza en una tolva con capacidad de almacenamiento de 150m³, la cual está dividida en dos cámaras, por si en un futuro se quisiera separar el fango a tratar según sus características u origen.

Los camiones descargan el fango a la tolva, desde donde es transportado mediante tornillos sin fin y nuevos sistemas de transporte, hasta la tolva de dosificación de la bomba mezcladora.

2. Rehidratación en continuo con bomba mezcladora

Este sistema, escogido en el estudio de alternativas (proyecto) permite:

Figuras 1 y 2. Tolva de recepción, donde se observa la división; y descarga de fango deshidratado.

• Dosificar fango deshidratado (aprox. 5-10 m³/h).

• Aportar agua decantada procedente de los decantadores primarios o purga de fango de los decantadores primarios (aprox. 30 m³/h).

• Realizar la mezcla en el interior del propio cuerpo de la bomba.

• Bombear el fango rehidratado a un caudal de hasta 40 m³/h.

La rehidratación interna reduce la necesidad de equipos de agitación adicionales y mejora la eficiencia energética del proceso.

3. Tamizado previo a digestión

Antes de la entrada en el pozo de mezcla existente, el fango rehidratado pasa por un tamiz rotativo de alimentación externa con paso de luz entre 1,5 y 3mm. Este sistema retiene sólidos gruesos e impropios que podrían comprometer el funcionamiento de los digestores o equipos de bombeo. El sistema incorpora lavado automático y mecanismos de limpieza que garantizan la continuidad del servicio.

4. Bombeo e integración en la línea existente

El fango tamizado es impulsado hasta el depósito de mezcla de fangos, ya existente, donde se integra con los fangos internos antes de entrar en los digestores anaerobios.

Paralelamente, se instala una nueva estación de bombeo de agua decantada, con configuración 1+1 de reserva, que suministra el caudal necesario para su rehidratación. Y para la opción del caudal de purga de los decantadores primarios, se utilizan las bombas ya existentes.

5. Control de olores e integración ambiental

La recepción de fangos externos comporta el riesgo potencial de emisiones odoríferas. Por este motivo, el proyecto

incluye un sistema de desodorización mediante biorreactor, con ventilación forzada y tratamiento de aire aspirado. Esta medida permite minimizar el impacto sobre el entorno y refuerza la integración ambiental de la instalación. El proyecto además incluye actuaciones de obra civil, mecánicas, eléctricas y de automatización:

• Adecuación de la tolva existente con nueva cubierta y sistema de cierre.

• Rehabilitación y saneamiento de los tornillos transportadores.

• Instalación de nuevos equipos de transporte y motorreductores.

• Ejecución de losas de cimentación para bombas y sistemas auxiliares.

• Implantación del sistema de desodorización en la zona de recepción.

• Instalación de nuevas tuberías de transporte.

• Integración en el sistema de control y PLC de la planta.

PUESTA EN MARCHA

Tras la instalación de los equipos se inició la fase de arranque, así como la validación de la lógica de control del sistema. Pruebas que duraron aproximadamente 3 meses.

Las diferentes etapas y ajustes que se siguieron se resumen a continuación:

Figura 3. Bomba mezcladora

1. Ajustes del sistema de:

a. Alimentación

El sistema de transporte encargado de alimentar el fango deshidratado hacia la tolva de la bomba de rehidratación está compuesto por cuatro tornillos en serie, donde el primer nivel incluye cuatro tornillos en paralelo que extraen el fango desde la tolva de recepción. La secuenciación y temporización de arranque/parada de cada tornillo fue crítica para evitar sobrecargas, sobrepresiones o desbordamientos en la tolva superior durante el funcionamiento automático. Los niveles en la tolvas de recepción del fango deshidratado y en la tolva de la bomba mezcladora, arrancan y paran dichos tornillos.

b. Mezcla

Se optimizó el proceso de mezcla en la bomba mezcladora entre el fango externo y su dilución —realizada con agua proveniente de la salida del decantador primario o de la purga de fangos primarios— mediante la implementación de un control PID. Este aspecto se considera un punto crítico de la operación, ya que de él dependen directamente la concentración final de sólidos y la estabilidad del sistema.

El sistema permite dos modos de ajuste operativo:

• mediante consignas de caudal, fijando el caudal de agua de rehidratación y calculando el caudal de fango resultante.

• mediante la fijación de una consigna de concentración de sólidos (g/L) en el fango rehidratado, medida con la sonda instalada en línea.

De las pruebas realizadas se concluye que el punto óptimo de operación, para obtener una alimentación aproximada de 40 m³/h y una concentración de sólidos entre el 6–8 % MS, corresponde a un rango de velocidad de la bomba mezcladora entre 30 y 50Hz, y un rango de caudal de las bombas de agua decantada entre 25 y 45 m³/h. Operar con caudales superiores de las bombas de dilución reduce el tiempo efectivo de mezcla, y con caudales inferiores pueden generar concentraciones excesivas de sólidos, con riesgo de atascos. Por tanto, el funcionamiento coordinado de estos equipos, bajo control PID, es esencial para alcanzar la concentración objetivo.

2. Características del fango y comportamiento hidráulico

El fango deshidratado externo empleado procede de líneas con deshidratación mecánica y adición de polielectrolito, lo que dificulta su rehidratación y exige una elevada turbulencia en el punto de mezcla (interior de la bomba) para garantizar un fango homogéneo en sólidos antes de su envío al depósito mixto. El sistema fue diseñado para operar con una concentración del 4% MS, si bien durante las pruebas se ensayaron concentraciones entre el 3 % y el 15 % MS. Se comprobó que a concentraciones elevadas (>15%MS) mantenidas en el tiempo, se pueden generar obturaciones y atascos severos en las tuberías, requiriendo limpieza mecánica del sistema.

3. Pruebas del tamiz y limitaciones operativas

Como último paso se puso en servicio el tamiz, cuya función es la retención

Figura 4. Sistema de desodorización

de impropios y la protección del digestor y de las centrífugas de planta. El equipo, mostró limitaciones operativas especialmente a concentraciones elevadas de sólidos. Se identificaron dos problemas principales: la dificultad de operar a valores muy altos de % MS debido al reducido paso de malla, agravada por la formación de aglomerados de fango asociados al uso de polielectrolito, y el bajo rendimiento global del sistema por el rechazo de fracción sólida que no atravesaba la malla, lo que provocaba pérdidas de fango y paradas de proceso.

Se están estudiando medidas para evitar el apelmazamiento o incrementar el grado de desmenuzamiento del fango.

4. Sistema PID de control general

El sistema de rehidratación de fangos solo puede operar si está habilitado desde el SCADA, donde se supervisa el estado de la instalación y se seleccionan las cámaras activas de la tolva. El envío de fango a la mezcladora se autoriza únicamente cuando existe nivel suficiente y los tornillos transportadores están en modo automático, igual que el resto de equi -

pos. Este transporte de fangos se regula automáticamente por niveles, al igual que la bomba mezcladora, y está puede operar con caudal fijo o en regulación por sólidos, ajustando el caudal para alcanzar la consigna de calidad. Añadir que existe una secuencia de paro en automático, donde los tornillos transportadores y la tolva de la bomba mezcladora trabajan con consignas de niveles probados para asegurar la evacuación del material, y evitar así atascamientos en un nuevo arranque.

A continuación, se muestran graficas del scada de caudal de fangos rehidratados aportados versus Nm3 biogás producido, durante la puesta en marcha:

CONCLUSIONES

1. El hecho de disponer de una plataforma de rehidratación permite mejorar la estrategia de alimentación al digestor. Actualmente, el depósito de fango mixto cuenta con dos entradas: fango primario (3–4 % MS) y fango secundario (2–3 % MS). Esta configuración puede optimizarse con la nueva entrada de fango externo,

ya que permitiría operar a concentraciones de sólidos más elevadas (6–8 % MS), con el consiguiente aumento de la carga de mezcla de fangos, es decir, de la alimentación efectiva al digestor.

2. Se debe priorizar el transporte desde EDAR cercanas (preferiblemente a menos de 40 km) con el objetivo de reducir la huella de carbono. El fango recepcionado deberá presentar, además, una sequedad mínima del 20 %MS.

3. Se debe garantizar que los fangos recibidos cumplen los límites de metales admitidos, estableciendo para ello controles analíticos periódicos y muestreos aleatorios frecuentes, de forma que se disponga de una garantía adicional sobre la calidad del material tratado.

4. Debe tenerse en cuenta que, si la planta ha de cumplir con requisitos de eliminación de nitrógeno, y especialmente de amonio (NH₄⁺), estos pueden incrementarse en las corrientes de retorno (escurridos). Por ello, se deberán plantear mejoras en las líneas de retornos, orientadas a reducir estas concentraciones o incluso a recuperar los nutrientes, si se considera técnica y económicamente viable.

Gráfica 1.

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