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ESPECIAL Viernes 9 de junio de 2017
Raúl Paz exigió que las investigaciones no se politicen y que se llegue a los verdaderos culpables.
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EQUILIBRIO INFORMATIVO
l 17 de mayo pasado, cinco personas se subieron a un vehículo: Jesús Pérez Ballote, Andrés Ortiz Sosa, Miguel Cauich, Cristopher Guillermo Rubio Herrera y Roger Moo Manzanilla. Los tres primeros son dirigentes del Comité Directivo Municipal del PAN; Rubio Herrera era chofer de Pérez Ballote, y el último es diligenciero de Grupo OCME. Sólo un día después, 18
de mayo, Moo Manzanilla denunció a Pérez Ballote de amenazarlo y de ofrecerle dinero para que involucrara a la empresa en la que trabaja en los actos vandálicos que fueron objetos calles de Mérida. El 31 de mayo, el dirigente del PAN de Mérida recibió un citatorio para que declarara al día siguiente, 1 de junio. Antes de acudir a la Fiscalía General del Estado, y aduciendo
que desconocía las causas del citatorio, convocó a los medios de comunicación y dio a conocer un audio. En éste, se escuchaba a Moo Manzanilla describir el supuesto modus operandi para verter ácido en las calles, así como los vínculos del dueño de Grupo OCME con un funcionario estatal. Al concluir la rueda de prensa, Pérez Ballote acudió a la Fiscalía, donde se conoció que la denuncia la había interpuesto precisamente su informante. Al día siguiente, 2 de junio, Moo Manzanilla fue también al edificio de la dependencia, donde ratificó su declaración inicial. Incluso dijo que temía por su vida. Ayer, 8 de junio, en la mañana declaró Rubio Herrera, chofer de Pérez Ballote. En lugar de complementar la versión de su ya ex jefe, su dichos coincidieron con los de Moo Manzanilla. Dijo que fue testigo de cómo Pérez Ballote amenazó y extorsionó al diligenciero de Grupo OCME para que declarara sobre los daños con ácido a las calles de Mérida e involucrara al funcionario del gobierno estatal. Además, sostuvo ante los agentes del Ministerio Público que escuchó, semanas antes, a
Pérez Ballote y funcionarios del Ayuntamiento de Mérida hablar del ataque con ácido a las calles y buscar cómo responsabilizar al Gobierno. En declaraciones a los medios de comunicación, el Fiscal General del Estado, Ariel Adecua Kuk, aseguró que la investigación sobre el ataque con ácido
continuará hasta deslindar a los responsables. “Desde que se interpusieron las denuncias, que son tres, nosotros nos hemos dado a la tarea de agotar todas las líneas de investigación posibles”. “Hemos citado a comparecer a las personas que están señaladas en algunos documentos y en
Jesús Pérez Ballote, presidente del PAN en Mérida.
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grabaciones (…), que son cinco, a excepción de una que no puedo decir su nombre por tratarse de la investigación», reveló el fiscal Aldecua. El funcionario aludido no ha declarado ante la Fiscalía, pero en una entrevista televisiva negó su participación en los hechos. Aldecua Kuk indicó que se ha trabajado de manera estrecha con el Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado información que ha servido durante las investigaciones. También precisó que por ahora no se puede acusar a ninguna persona en particular por este hecho, lo que ocurrirá, dijo, cuando se concluya el proceso y se determine a los responsables. El 17 de mayo pasado, cinco personas se subieron a un vehículo. Rubio Herrera y Moo Manzanilla sostienen una versión. La otra fue expuesta horas después, a las cinco de la tarde. A esa hora, en el local del Comité Directivo Municipal del PAN, Pérez Ballote, Ortiz Sosa y Cauich encabezaron otra rueda de prensa. Ahí, Pérez Ballote negó categóricamente la versión de su exchofer. Dejando el tema del ácido en segundo plano, el pre-
sidente del PAN de Mérida enumeró negocios y propiedades que supuestamente pertenecen a Sánchez Alcocer, mencionando a las personas que se ostentan como propietarios y sus vínculos con el dueño de Grupo OCME; anunció que los demandaría por enriquecimiento ilícito. Unos consideraron estas declaraciones como una estrategia para desviar la atención ante las contundentes declaraciones del exchofer de Pérez Ballote. También, el panista cuestionó la labor de la dependencia encabezada por Aldecua y solicitó a un fiscal especial para este caso. Concluyó su intervención pidiendo que se separara de su cargo al funcionario aludido “mientras dure la investigación”. Además de Ortiz y Cauich, la única figura pública que acompañó a Pérez Ballote fue la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, quien anunció que elevaría el tema “a nivel nacional”.
En el Congreso del Estado, Raúl Paz Alonzo, presidente estatal del PAN y coordinador de la bancada de su partido, pidió que las investigaciones no se
politicen y que se llegue a los verdaderos culpables. “Lo importante en este tema es llegar hasta las últimas consecuencias sin politizar el tema”, añadió.- Redacción
FOTOS: AGENCIAS