Justicia esquiva by PUJaveriana

donny meertens

Justiciaesquiva

Mujeres, derechos a la tierra y transición a la paz en Colombia

Traducción de Mariana Serrano

Justicia esquiva

Mujeres, derechos a la tierra y transición a la paz en Colombia

Donny Meertens

Traducción de Mariana Serrano

Con el apoyo de

Reservados todos los derechos

Título original: Elusive Justice: Women, Land Rights, and Colombia’s Transition to Peace University of Winsconsin Press, 2019

Primera edición en español: Bogotá, D. C., febrero de 2026

ISBN (impreso): 978-628-502-094-0

ISBN (digital): 978-628-502-095-7

DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana. 9786285020957

Número de ejemplares: 400

Impreso y hecho en Colombia

Printed and made in Colombia

Editorial Pontificia Universidad Javeriana Carrera 7.ª n.° 37-25, oficina 13-01

Teléfono: (601) 3208320 ext. 4752 www.javeriana.edu.co/editorial editorialpuj@javeriana.edu.co Bogotá, D. C.

Traducción: Mariana Serrano

Corrección de estilo: César Mackenzie

Diagramación: Carmen Villegas

Diseño de cubierta: Carmen Villegas

Imagen de cubierta: Fotografía generada con Copilot

Impresión: Linotipia Martínez

Pontificia Universidad Javeriana | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 73 del 12 de diciembre de 1933 del Ministerio de Gobierno.

Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S. J. Catalogación en la publicación

Meertens, Donny, 1946-, autora

Justicia esquiva : mujeres, derechos a la tierra y transición a la paz en Colombia / Donny Meertens ; traducción de Mariana Serrano. -- Primera edición. -- Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2025.

230 páginas ; 17 x 24 cm

Incluye referencias bibliográficas (páginas 209-229).

ISBN: 978-628-502-094-0 (impreso)

ISBN: 978-628-502-095-7 (electrónico)

1. Justicia transicional - Colombia 2. Mujeres campesinas - Condiciones sociales 3. Reforma agraria - Colombia 4. Violencia - Colombia 4. Cambio social rural - Colombia 4. Proceso de paz - Colombia 5. Restitución de tierras - Colombia I. Serrano, Mariana, traductora II. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

CDD 340.12 edición 15

CO-BoPUJ 02/12/2025

La traducción de esta publicación fue posible gracias al apoyo de onu Mujeres y de la Embajada del Reino de los Países Bajos. Los contenidos son responsabilidad de su autora y no reflejan necesariamente las opiniones de onu Mujeres ni de la Embajada del Reino de los Países Bajos.

Prohibida la reproducción total o parcial de este material, sin autorización por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana.

Contenido

Prefacio a la edición en español ............................................ 5

Introducción: tierra, género y justicia en vísperas del Acuerdo de Paz .............................. 9

Transición: ¿retorno a la vida normal? ................................. 35

El despojo: una doble historia de género ............................... 73

Fricción: la restitución de tierras en acción ........................................................... 119

Transformación: el futuro esquivo...................................... 159

Conclusión: el vínculo de la tierra, la justicia y el género con el Acuerdo Final de Paz............................................... 199 Referencias........................................................................ 209

Prefacio a la edición en español

Este libro fue originalmente escrito en inglés, como parte de un compromiso con el Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington, institución en la que pasé nueve meses de pasantía entre los años 2013 y 2014. Durante ese tiempo se gestaron las primeras ideas, basadas en la literatura internacional, sobre el despojo y la restitución de tierras. Aunque han pasado más de diez años desde entonces, lapso en el que se extendió la vigencia de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras hasta 2031 y los datos básicos de restitución aumentaron, el análisis y las conclusiones de este estudio no han cambiado sustancialmente. En efecto, la participación de las mujeres campesinas como titulares en la restitución de tierras sigue siendo desigual y particularmente baja en el norte del país, zona de fuerte incidencia del paramilitarismo. Este libro, por lo tanto, sigue vigente.

Este análisis se ha concentrado en lo que había llamado en inglés los workings (aplicación en la práctica) de la ley, particularmente de su etapa jurídica en la que se exponen los argumentos a favor o en contra de la entrega de tierras a los y las reclamantes, en especial a las mujeres campesinas. Esta etapa concluye, a veces después de años y múltiples recorridos por los tribunales de la región, con una sentencia positiva o negativa de entrega de la finca a sus dueños originales, es decir, a quienes la poseían antes de que la violencia los obligara a desplazarse y a huir de la zona. Este proceso de restitución de la tierra se ha encontrado en la práctica con enormes obstáculos legales, sociales y culturales, aún más en el caso de las mujeres campesinas. En primer lugar, está la conocida falta de registro formal de la tenencia de la tierra, un problema que, durante los años de la investigación, afectaba a más del 40 % de las tierras en la costa atlántica, particularmente en la pequeña y mediana propiedad, que había sufrido mayoritariamente los estragos de la violencia y el despojo. Por ello, la construcción de las pruebas de tenencia de los y las reclamantes constituía una ardua labor (técnica y social) de las entidades encargadas del proceso antes de entrar a la etapa jurídica.

En segundo lugar, y clave para el tema central de este estudio, a las mujeres campesinas no se las consideraba legítimas dueñas de la tierra, pues tradicionalmente el dueño solía ser hombre. En la visión campesina y también la de funcionarios, él trabajaba mientras la mujer acaso “ayudaba” en algunas tareas menores, siendo su dedicación principal la de la cocina y la crianza de los hijos. Ahora bien, tanto la ley como las prácticas sociales han cambiado paulatinamente a favor de las mujeres campesinas (la primera más rápido que las últimas). Desde la Ley de Reforma Agraria de 1994 se titula la tierra a nombre de ambos, hombre y mujer (cuando son pareja), y en muchas regiones han surgido o se han fortalecido las organizaciones de mujeres del campo, a pesar de los estragos de la violencia y a pesar de las relaciones de poder entre grandes propietarios con ganas de expansión y las humildes campesinas con firme propósito de retomar sus labores del campo y conservar sus parcelas. Es más, el registro de solicitudes de restitución de tierras ha mostrado una creciente participación de mujeres en algunas regiones, pero no en todas. En las dos zonas de investigación, los departamentos de Bolívar y de Cesar, no es así, pues tanto en las solicitudes (registradas por la Unidad de Restitución) como en las sentencias (los resultados del proceso jurídico) la participación de las mujeres como (futuras) titulares de tierras es baja, ya que alcanza máximo un 33 %. En todas las estadísticas de los departamentos de Bolívar y Cesar (solicitudes, demandas radicadas, sentencias con orden de restitución) la participación de mujeres jefas de hogar oscila entre 20 y 33 % (dane 2022, Unidad de Restitución de Tierras 2025, 10-29). No conocemos, ni conoceremos, los resultados finales de esos procesos, pues los datos publicados no nos muestran el género de los titulares, sino de todas las personas (de niñas a ancianas) que se beneficiaron con la restitución de una finca. Sin embargo, hemos conocido algunos casos en un pequeño estudio en Montes de María, en los municipios de Ovejas (Bolívar) y Morroa (Sucre). Todas son mujeres mayores (cercanas a los sesenta años) que se apoyan para la explotación de sus pequeñas fincas (de menos de cinco hectáreas) en los hijos ya grandes. Dos de ellas recibieron un título de propiedad, la tercera no porque el marido se marchó para Venezuela y nunca más volvió (pero sigue teniendo derecho). Todas cuentan con el apoyo de las organizaciones de mujeres de la región. Desde la institucionalidad se diseñaron unas medidas afirmativas para mujeres solas, jefas de hogar, en cuanto a titulación, protección y participación tanto en la producción como en organizaciones sociales y espacios institucionales. Ahora, al cabo de varios años, ¿podríamos hablar de “justicia” para aquellas mujeres campesinas que fueron restituidas? ¿Han ganado confianza

y agencia como orgullosas propietarias de sus tierras? ¿O han perdido su autonomía ante la presión —ahora legal— de las grandes empresas acaparadoras de tierras? Este libro invita a continuar el estudio con un trabajo de campo sistemático y a “revisitar” a las mujeres campesinas restituidas.

Antes de profundizar en esas preguntas, busco indagar acerca de las razones históricas, sociales y políticas que convirtieron a esos departamentos en epicentro de conflictos violentos y de despojo de tierras de sus campesinos y campesinas. Esa pregunta requiere un enfoque histórico y político. También una mirada a otros países que salieron de conflictos violentos y emprendieron procesos de restitución de propiedades a las personas, a las familias y a las mujeres. Cuando escribo estas palabras, Colombia ha entrado en una nueva crisis de violencia(s), con varios focos: la región del Catatumbo en Norte de Santander; el Sur de Bolívar con sus conexiones y rutas del tráfico de drogas y de oro, que llevan a la costa atlántica y pasan por los Montes de María; partes del Cauca y el sur de Chocó. Todos los días aumentan las cifras de la crisis humanitaria, de los desplazados, de fincas ocupadas por los grupos armados. Pero la pregunta que ronda es: ¿qué pasa con las tierras abandonadas? ¿Podrán volver a ellas sus moradores de antes? ¿O entramos nuevamente en un ciclo de procesos jurídicos encaminados a demostrar la legalidad o no de sus ocupantes?

En ese sentido, este libro muestra un demorado y complejo panorama de restitución de tierras, de las relaciones de poder entre grandes terratenientes y pequeños finqueros, entre burócratas y valientes mujeres quienes, hoy en día con la ayuda de sus organizaciones, siguen adelante. No hay cifras, pero hay lecciones aprendidas. En el libro en inglés incluí muchos agradecimientos, pues muchas personas me habían ayudado o animado con la escritura en inglés, que es mi tercer idioma. Para esta edición en español (tampoco mi primer idioma, pero más cerca) conté con la valiosa traducción de Mariana Serrano, quien pacientemente soportó mis correcciones. A onu Mujeres y a la Embajada de los Países Bajos en Colombia doy muchas gracias por su generoso apoyo.

Donny Meertens

Bogotá, 2025

Introducción

Introducción: tierra, género y justicia en vísperas del Acuerdo de Paz

¿Por qué regresar?

Septiembre de 2015. La oficina de la Unidad de Restitución de Tierras de Valledupar, capital del departamento del Cesar, al norte de Colombia. Una mujer sale de allí. Su padre era un líder campesino. Fue asesinado por paramilitares hace cerca de dieciséis años, cuando ella aún era una niña. Ella, su madre y otras familias se vieron forzadas a huir hacia la ciudad; sus tierras terminaron siendo ocupadas por extraños. Después de presentar una reclamación por restitución de tierras, le otorgaron un terreno cerca de su finca original. Con esa terrible memoria aún viva, ¿por qué querría regresar? Ella nos dio una bella y conmovedora respuesta a la pregunta que le hicimos:

Porque usted sabe que cuando un ser querido de uno se empeña por dejarle esto, cuando uno pierde a esa persona, uno quiere seguir el camino; acá en el caso de nosotros era mi papá y era una persona para nosotros como un ejemplo; entonces queríamos seguir los pasos de él, que si a él le vino la muerte por esas tierras, entonces, ¡a recuperarlas!1

Estas fueron palabras de dolor, pero a la vez de esperanza y resiliencia. La mujer aludió a los legados de la guerra, a la vez que mostró su compromiso con el futuro. Ella fue una de aquellas que retornaron después del desplazamiento forzoso a sus antiguos hogares ubicados en el campo que fueron destruidos, o a una comunidad devastada por la guerra de la que antes formaban parte, o a un pedazo de tierra que antes les había servido para

1 Entrevista a mujer e hija a quienes restituyeron su tierra en San Diego (Cesar) (7-10-2015).

subsistir, pero que luego fue acaparado por otros. Para muchas de ellas, la restitución de tierra y las pertenencias fueron un primer paso importante en el proceso de retornar. Sin embargo, lo que siguió fue aún más desafiante: debían construir una nueva vida sobre las ruinas del pasado. Tamaño desafío estaba situado en el centro del proceso de justicia transicional que comenzó con la restitución de tierras. Este proceso implicó que los responsables de formular las políticas, los jueces y las personas que retornaban encontraran un equilibrio entre la restauración del pasado y la necesidad de enfrentar las injusticias arraigadas en él.

Este libro gira en torno al proceso de restitución de tierras en Colombia y a los desafíos que supuso para las mujeres campesinas que retornaron y que han sufrido el desplazamiento y el despojo durante décadas de conflicto violento. El análisis enfatiza la justicia de género en la restitución de tierras y relata la historia de las dificultades enfrentadas por las mujeres que reclamaron sus tierras, regresaron al campo y construyeron nuevos medios de subsistencia después del conflicto. También tiene en cuenta el proceso histórico de la formación de la propiedad de la tierra y el papel desempeñado en él por las mujeres, así como las formas específicas de victimización que sufrieron estas mujeres durante toda una vida de conflicto violento. Durante más de cincuenta años de conflicto interno entre las guerrillas, los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas del Estado, las poblaciones rurales colombianas, en particular las mujeres, fueron las principales víctimas. Ellas fueron masacradas y violadas sexualmente, vieron destruidos sus hogares y fueron desplazadas a la fuerza y violentamente desposeídas de sus tierras. El conflicto con la guerrilla comenzó en los años sesenta con la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep) y el Ejército de Liberación Nacional (eln); ambas agrupaciones expandieron sus operaciones durante las siguientes tres décadas. Otros pequeños grupos insurgentes aparecieron a finales de los años setenta. Las farc-ep (desmovilizadas en 2017) son consideradas el grupo guerrillero más antiguo y grande de Latinoamérica. Comenzó como un movimiento de autodefensa campesina que se escapó de la violencia partidista en las regiones rurales de la cordillera central de los Andes y que surgió bajo la influencia del Partido Comunista (LeGrand 2003, 175). Mientras que el eln fue fundado por estudiantes y sacerdotes inspirados en la Revolución cubana y en la teología de la liberación, y desplegaba sus acciones tanto en regiones rurales como urbanas; durante mucho tiempo las farc mantuvieron su carácter agrario, estableciendo sus bastiones en zonas de colonización rurales

y remotas. Sin embargo, a comienzos de los años ochenta, los cultivos de coca y el tráfico de drogas instigaron las dinámicas violentas del conflicto político y la actividad de la guerrilla (particularmente la de las farc), que se expandió sobre la mayor parte del país.

Durante el mismo periodo surgieron los grupos paramilitares, cuyo propósito inicial consistió en proporcionar protección a los acaudalados narcotraficantes y ganaderos, pero rápidamente comenzaron a participar de cerca en actividades de contraguerrilla y contrainsurgencia; aunque no de manera explícita sí colaboraron con los militares y con políticos locales y élites económicas. Tanto las guerrillas como los paramilitares participaron en el negocio del narcotráfico como intermediarios y traficantes en las zonas de cultivo de coca. Los paramilitares no combatieron a las guerrillas directamente, sino que se trenzaron en una lucha por el dominio territorial, atacando a las comunidades rurales en las zonas controladas por la guerrilla y asesinando a sus aliados y simpatizantes. A comienzos del siglo xxi se habían convertido en los mayores perpetradores de las masacres en el país, inicialmente en las tierras de la costa atlántica (el bastión de su organización nacional: las Autodefensas Unidas de Colombia, auc), y luego expandió sus operaciones a la cuenca sur del Amazonas, a la costa pacífica en el occidente y a los llanos orientales.2

Como una consecuencia de la expansión de la violencia política, del incremento de la crueldad en los métodos del conflicto y de la fumigación aérea de los cultivos ilícitos, más de cinco millones de hombres y mujeres de las zonas rurales del país fueron desplazados forzosamente hacia las ciudades durante las últimas décadas. Esto implicó que abandonaran sus tierras y que, a menudo, terminaran perdiéndolas a manos de violentos usurpadores. La tierra se convirtió en un triple activo político-económico para el control territorial y político, para el cultivo de coca y para la acumulación capitalista (ganadería, minería y agronegocio), de la que se beneficiaban los poderosos aliados locales.

Después de estas violentas interrupciones de la vida campesina, las mujeres campesinas desplazadas, muchas de ellas viudas, se convirtieron en cabezas de hogar y lucharon por sobrevivir en entornos urbanos (Meertens 2012).

2 Para obtener un panorama conciso sobre los orígenes y la evolución del conflicto colombiano y sus sucesivos actores hasta el 2002, véase LeGrand (2003). Para una detallada discusión sobre los grupos paramilitares, sus modus operandi y el despojo de tierras, véase el capítulo 2 de este libro y Duncan (2006); Gutiérrez Sanín, Vargas Reina (2016, 2017); Romero Vidal (2003); Romero Vidal et al. (2011); y Zelic (2015).

Luego, cuando la violencia comenzó a menguar, estas mujeres vieron en el proceso de restitución de tierras una posibilidad de justicia y una oportunidad para regresar a sus fincas. A comienzos de los a ños ochenta hubo una sucesión de gobiernos que intentaron negociaciones de paz con las guerrillas. La mayoría de los grupos más pequeños (como el Ejército Popular de Liberación, el nacionalista Movimiento 19 de Abril y otros) depusieron sus armas a comienzos de los años noventa.3 Los paramilitares se desmovilizaron entre 2003 y 2006, bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005 expedida por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Este proceso de desmovilización ha sido controvertido debido a la manera en que fue llevado a cabo y a su contribución a los altos niveles de impunidad (Aranguren Romero 2017). Los líderes paramilitares rindieron testimonios “libres”, confesando ciertos crímenes (mayormente homicidios), pero sin reconocer otros, como el despojo de tierras o la violencia sexual. Aún más: muchos miembros de los grupos desmovilizados, particularmente aquellos de los eslabones inferiores de sus organizaciones, se unieron a bandas criminales activas en el narcotráfico. Estos esfuerzos tempranos y parciales por ponerle fin a la violencia constituyeron los antecedentes del nuevo proceso de justicia transicional, iniciado por el presidente Juan Manuel Santos durante el primer periodo de su mandato (2010-2014). La restitución de tierras a las víctimas del conflicto se convirtió en la parte central de las reparaciones de este nuevo proceso.

En 2011, seis años después de la desmovilización de los paramilitares, el Congreso colombiano aprobó la ley para la reparación y la restitución de tierras a las víctimas: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley fue reconocida internacionalmente como una pieza sin precedentes de la justicia transicional, pues se hizo efectiva durante el conflicto. Al Gobierno le tomó otros cinco años alcanzar el Acuerdo Final de Paz con las farc. Mientras tanto, el programa de reparaciones a las víctimas ya había comenzado y una maquinaria administrativa y judicial para la restitución de tierras se puso en funcionamiento.

El análisis de género y restitución de tierras que despliego en este libro abarca el periodo entre 2011, cuando la Ley de Víctimas y de Restitución de

3 Las conversaciones de paz entre el eln y el Gobierno colombiano comenzaron en 2017 en Quito, Ecuador. El eln firmó el cese al fuego a finales de ese año, pero las negociaciones avanzaron muy lentamente en 2018, cuando finalizaba el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos y este dejaba la presidencia.

Tierras entró en vigor, y 2016, cuando el Acuerdo Final de Paz fue firmado con las farc. En esos años, el ámbito de las medidas de justicia —reparaciones a las v íctimas, restitución de tierras y equidad de género— fue puesto a prueba. El Acuerdo Final de Paz con las farc constituyó un hito en la historia del conflicto violento en Colombia y no solo porque prometió un futuro más pacífico, sino porque abordó algunos de los problemas considerados como las causas de raíz del conflicto, como la cuestión agraria, en particular su reforma. La restitución de tierras, pues, se concibió como un proceso de largo plazo que terminaría con las medidas atinentes a la reforma agraria convocadas en la mesa de negociación.

Los tres temas de este libro, restitución de tierras, equidad de género y reparaciones, forman parte de las raíces históricas del conflicto y de los elementos centrales del proceso de paz. La tierra fue un asunto crucial en los orígenes del conflicto interno en Colombia, en las transformaciones de sus dinámicas, actores y motivaciones, y en la búsqueda de soluciones para poner fin al conflicto violento (LeGrand, Isschot, Riaño-Alcalá 2017).

La equidad de género y la reparación de las formas específicas de violencia infligidas a las mujeres han sido reconocidas por el Gobierno y los rebeldes como necesarias para construir una democracia más inclusiva en una sociedad del posconflicto. La justicia, en sus múltiples formas e interpretaciones (de lo criminal a lo social, del sistema oficial a la experiencia subjetiva), constituye la columna vertebral de la paz duradera. Colombia es una sociedad en transición y lo seguirá siendo durante un largo tiempo, en la medida que la paz no puede ser decretada, y la justicia siga siendo un campo extremadamente impugnado tanto en la arena política como en las experiencias colectiva e individual. Vale recordar en este punto que el Acuerdo Final de Paz abarcaba tres aspectos: defendía la reforma agraria, promovía un enfoque de género y establecía un tribunal especial de justicia, para ofrecer nuevos horizontes para las medidas previas de reparación y restitución que son el objeto de mi investigación.

La firma del Acuerdo Final de Paz con las farc es donde este libro termina, pero también donde comienza. El momento emblemático de la firma sacó a la superficie controversias políticas inesperadas que no solo representaron visiones encontradas sobre el futuro, sino que también expusieron los obstáculos para implementar medidas actuales de restitución de tierras. De hecho, ellas reflejan las representaciones impugnadas en el Gobierno y en la sociedad sobre la tierra, el género y la justicia.

El momento histórico: paz, tierra y género en 2016

26 de septiembre de 2016. En Cartagena (Colombia), el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, comandante en jefe de las farc, firmaron solemnemente el Acuerdo Final de Paz. Se necesitaron más de cincuenta años de guerra y cuatro años de negociaciones en La Habana (Cuba) para llegar a este hito. Pero el Acuerdo solo duró una semana (al menos en su versión original). Siete días después de la firma, la población colombiana lo desautorizó en el plebiscito convocado por el Gobierno en busca del apoyo popular: ganó el no por un pequeño margen y dejó al país profundamente dividido acerca del camino a seguir. Surgieron numerosas especulaciones. ¿Quiénes eran los promotores de la oposición? ¿El ala derecha del movimiento reunida en el Centro Democrático, el partido político del expresidente Álvaro Uribe? ¿O los magistrados conservadores de las altas Cortes? ¿O las iglesias evangélicas y protestantes y los sectores conservadores de la Iglesia católica? ¿O la unión de todos esos grupos? Claramente, había motivos electorales en juego en la etapa previa a las elecciones generales de 2018, así como intereses de la élite (terrateniente) que deseaban mantener el statu quo.

También surgieron serias objeciones a la reducción de penas para los excombatientes que depusieron sus armas (el llamado equilibrio entre paz y justicia). Además, la oposición lanzó un discurso muy demagógico sobre las supuestas amenazas al “orden moral” de la sociedad en la etapa del posconflicto, y reclamó una “ideología de género” que supuestamente permeaba el Acuerdo. Pese a toda la conmoción y a la “manipulación emocional” (Álvarez Vanegas, Garzón Vergara 2016; Gómez Suárez 2016, 18-19), el presidente Juan Manuel Santos y su Gobierno negociaron hábilmente con la oposición y con las farc, modificaron el texto del Acuerdo y lograron que el 24 de noviembre de 2016 el Congreso aprobara la versión revisada (Oficina del Alto Comisionado por la Paz 2016). El corto y turbulento periodo entre el plebiscito y la adopción final del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 iluminó tres controversias básicas que movieron a la opinión pública: justicia, tierra y género, las cuales también son los pilares de mi argumentación. Por ese motivo, les dedico a continuación algunas frases antes de abordar las cuestiones centrales de este texto.

Justicia. El debate en el Congreso y en la opinión pública tenía que ver con la pregunta sobre cómo los excombatientes de las farc (y los militares que cometieron crímenes de guerra) deberían ser castigados, teniendo en

cuenta cuatro asuntos. El primero era si se podía restringir la libertad de los declarados culpables de crímenes de guerra sin encarcelarlos. El segundo era cómo debía tratarse a los “terceros”, es decir, a quienes instigaban o financiaban la perpetración de crímenes, sobre todo por parte de paramilitares, y después se beneficiaban de ellos. El tercero era hasta dónde llegaría la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (jep) respecto de la Corte Constitucional. El cuarto era si considerar el narcotráfico como una actividad destinada a financiar esfuerzos bélicos (lo que lo convertiría en un delito político que se juzgaría en el tribunal especial) o como un medio de enriquecimiento personal (lo que significaría que se juzgaría en los tribunales ordinarios) (Oficina del Alto Comisionado por la Paz 2016). Todos estos debates fueron muy importantes para el proceso de paz porque se relacionaban con los estándares internacionales de justicia, derechos humanos y delitos políticos. Respecto a la restitución de tierras, la idea de que había financiadores ocultos de la violencia política era central porque implicaba la existencia de intereses político-económicos detrás de la violencia. La inclusión de estos actores habría significado que el proceso de la restitución de tierras en los tribunales civiles tendría que complementarse por un procedimiento penal en el tribunal especial para la paz. Sin embargo, el texto sufrió una modificación como consecuencia de la oposición política: los actores “ocultos” solo se incluirían en la jurisdicción del tribunal de forma voluntaria. Finalmente, en el capítulo 5 del Acuerdo, la justicia se desglosaba en las reparaciones para las víctimas. Estas formas de justicia se relacionaban con el proceso de reintegración de los excombatientes en diferentes entornos rurales. Por lo tanto, formaron una parte clave de los contextos locales de las acciones de restitución de tierras aquí analizadas.

Tierra. Un asunto clave del Acuerdo Final de Paz era la cuestión agraria. En el capítulo 1, “Reforma rural integral”, se establecen las medidas que giran en torno a la creación de un fondo de tierras a través del cual se distribuirían gratuitamente tierras a los que no las tienen. La idea era que la tierra gratuita se consiguiera por la expropiación por parte del Estado de baldíos ilegalmente ocupados por empresas particulares. Esto derivó en una cierta aprehensión por parte de las empresas agrarias y las élites terratenientes tradicionales (Oficina del Alto Comisionado por la Paz 2016). Ellos negociaron dos adiciones al Acuerdo. La primera era que “nada de lo establecido en el Acuerdo debería afectar el derecho constitucional a la propiedad privada” y la segunda sobre las medidas de expropiación que “deberían estar en conformidad con la Constitución” (Oficina del Alto Comisionado por la Paz 2016). Estas

preocupaciones sobre la redistribución de tierras revelaban las relaciones de poder ocultas que aún operaban en las zonas rurales; estas relaciones de poder no solo afectaban el proceso de restitución de tierras, sino también lo que podría considerarse como su necesario seguimiento y complemento: las medidas atinentes a la reforma rural contempladas en el Acuerdo Final de Paz.

Género. De manera sorprendente, la ideología de género se convirtió en uno de los asuntos más controvertidos en los debates y desempeñó un papel decisivo en la votación en contra del Acuerdo Final de Paz. Pero ¿qué es la ideología de género y cómo se relacionaba con el Acuerdo? El papa Benedicto XVI usaba esta expresión para designar la “rebelión definitiva” de la humanidad en contra de su condición natural.4 Siguiendo su argumento de autoridad, los movimientos conservadores religiosos y no religiosos de diferentes partes del mundo alzaron sus voces en contra de los llamados de las feministas y de las personas lgbti (por sus siglas en inglés: lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) en la defensa de una sociedad más incluyente. Estos han presentado la ideología de género como un ataque al “orden natural” de la sexualidad y del género, usando el lenguaje hiperbólico de una teoría de la conspiración para predecir la destrucción de los valores de la familia tradicional y una toma de las instituciones por parte de los homosexuales si no se le ponía freno (Viveros Vigoya, Rodríguez Rondón 2017, 118-27). En julio de 2016 los políticos conservadores colombianos revivieron este concepto, inicialmente para atacar a la nueva y progresista política educativa que promovía una mayor tolerancia a la diversidad sexual en las escuelas. Pero rápidamente la usaron como una herramienta para desacreditar el Acuerdo Final de Paz, en el que se había introducido un “enfoque de género” como una expresión común para promover la equidad y la participación de hombres, mujeres y grupos lgbti. El “enfoque de género” y la “ideología de género” se confundían fácilmente en la opinión pública y encendían la indignación entre los sectores religiosos que defendía n los valores familiares tradicionales. Por ejemplo, en agosto de 2016 un eslogan que aparecía en una de las pancartas

4 El movimiento anti“ideología de género” se opone a la idea del género como un constructo social y en vez de ello lo asume como una determinación corporal otorgada por Dios. Durante los años recientes se ha extendido en las congregaciones católicas y en las iglesias evangélicas protestantes, particularmente en los Estados Unidos y México. Véase, por ejemplo, “¿Qué es la ideología de género?”, es.catholic.net/op/articulos/41418/cat/447/que-es-la-ideologia-de-genero. html; y Catholic News Agency. “How Should Catholic Educators Respond to Gender Ideology”. Consultado octubre 8, 2016. www.catholicnewsagency.com/news/how-should-catholic-educators-respond-to-gender-ideology-19246.

en una marcha en Bucaramanga —una ciudad grande, capital departamental— era: “Las farc también negocian la destrucción de la familia”. Así, el feminismo, la homosexualidad y el comunismo se convirtieron en los nuevos ingredientes de una explosiva mezcla de propaganda en contra del Acuerdo Final de Paz, y los valores de la familia tradicional fueron reafirmados por parte de la oposición conservadora como la marca registrada de una nación de “buenos” ciudadanos (Collins 1998).

El anuncio final conjunto de la subcomisión de género en la mesa de negociación del 24 de julio fue calificado por la oposición política conservadora como el último intento de convertir la ideología de género en una política pública y anclarla en la Constitución (Gómez Suárez 2016, 61-67). Lo que más irritaba era la visión de igualdad e inclusión vislumbrada en el discurso pronunciado por la delegada del Gobierno María Paulina Rivera, enfatizando una agencia y una ciudadanía igualitarias para todos: “Esta perspectiva es un tema de igualdad. No se trata de sobrevalorar poblaciones específicas, sino de que, en la implementación del Acuerdo General y en el desarrollo de los programas de construcción de la paz, hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales y personas con identidad diversa, participen y se beneficien en igualdad de condiciones” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz 2018, 397). Durante el período de adaptación y modificación del Acuerdo Final de Paz, el delegado del presidente Santos para liderar la negociación en La Habana, Humberto de la Calle, tuvo que afirmar públicamente que existía una diferencia entre “ideología de género” y “enfoque de género” (El Tiempo 2016). En la versión final del Acuerdo, un “enfoque de género” fue definido en el primer capítulo como un método que buscaba igualdad de derechos para hombres y mujeres. En las siguientes páginas los términos enfoque de género e igualdad de género fueron remplazados por palabras más técnicas tales como “medidas específicas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres” o “para reunir diferentes necesidades de grupos vulnerables” o “participación igualitaria”. Términos como discriminación por orientación sexual o identidad de género fueron completamente eliminados del Acuerdo. Junto con los grupos sexualmente diversos, las mujeres fueron también las últimas en una larga lista de grupos vulnerables, o simplemente se subsumieron en “los otros sectores excluidos” (véanse, por ejemplo, páginas 30, 31, 36, 46, 47 del Acuerdo Final de Paz). Finalmente, la familia y los grupos religiosos se añadieron en la categoría de víctimas potenciales, candidatos a protección especial (véanse las páginas

46, 126, y 182 del Acuerdo Final de Paz). Al final, las modificaciones al texto del Acuerdo no fueron muy significativas, pero el movimiento que acogió la ideología antigénero creó un torrente de prejuicios en contra de la implementación del Acuerdo Final de Paz. La controversia sobre género también reveló la enorme brecha entre el discurso de las organizaciones internacionales, los formuladores de políticas y los bien intencionados “portadores de la justicia” (e incluso los partidos en la mesa de negociación), por un lado, y las ideas de numerosos sectores de la sociedad acerca de la igualdad de género, la participación de las mujeres y la diversidad sexual, por el otro. También reflejó las discrepancias que describo en este libro, entre las acciones afirmativas basadas en el género designadas por la ley y las prácticas discriminatorias de género “en el terreno”, particularmente en la familia y en la comunidad. Formaban parte de la “fricción transicional” (Hinton 2011, 9) que acompañaba este y otros procesos de paz, aterrizando, a menudo dolorosamente, las propuestas elevadas de paz y la ilusión de que fuera posible crear de un plumazo una sociedad mejor.

En el año 2012 las negociaciones colombianas de paz en La Habana, como la mayoría de los anteriores procesos de paz en el mundo, comenzaron sin la participación de las mujeres. Los asuntos de género no eran parte de la agenda. Sólo después de dos años, en septiembre de 2014, debido a la presión de los movimientos nacionales de mujeres y de víctimas y de las organizaciones internacionales, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las farc decidieron crear una subcomisión para asuntos de género, dirigida por María Paulina Rivera por parte del Gobierno y por Victoria Sandino por parte de las farc.

Esta subcomisión asesoró los asuntos de género de los seis capítulos principales de la agenda de paz, incorporando las demandas y los deseos de las víctimas que visitaron la mesa de negociaciones, de las cuales el 60 % eran mujeres.5 En el contexto colombiano, el estatus de víctima del conflicto armado se ha convertido en un medio —legal y socialmente— para potenciar nuevas formas de ciudadanía y protesta social, sobre todo después de su reconocimiento formal en la ley de 2011 (véase el capítulo 3). La condición de víctima se convirtió en la base para organizarse, reclamar reparaciones, participar en proyectos de memoria colectiva, supervisar las decisiones judiciales y defender la causa de las víctimas durante las conversaciones de paz.

5 Los seis capítulos abarcan la reforma rural integral, la participación política, las drogas ilícitas, las víctimas y el fin del conflicto, y la implementación y la aprobación.

La subcomisión también abrió un diálogo con mujeres excombatientes de todo el mundo, una nueva práctica en las negociaciones de paz. El informe final de género, presentado en julio de 2016 y repudiado por los ideólogos antigénero, fortaleció las posiciones oficiales sobre género y tierra. Buscaba superar los obstáculos para la formalización de la propiedad rural proporcionando igualdad de oportunidades y explicitar el derecho de la mujer a la tierra, creando condiciones especiales para que las mujeres puedan acceder al Fondo de Tierras y al sistema de crédito (Oficina del Alto Comisionado por la Paz 2017). Sandino planteaba: “Pedimos que las mujeres fueran incluidas en los programas de distribución de tierras, independientemente de su situación familiar” (Rojas Pacheco 2015); se refería a la noción de los derechos autónomos a la tierra para todas las mujeres, fueran o no casadas, solas, viudas, cabeza de hogar con hijos, o parte de una familia extensa.

La firma del Acuerdo Final de Paz aceleró los debates políticos sobre los arreglos institucionales para los nuevos escenarios que surgirían con los acuerdos. Estos no solo abarcaban importantes asuntos nacionales como el establecimiento de una comisión de la verdad y un tribunal de justicia, sino también asuntos locales como la reintegración de los excombatientes, la culminación de los procesos de reparación y de los programas de restitución de tierras, así como la realización de una política agraria amplia y transformadora. Sobre todo, el posconflicto hizo que muchos desearan una sociedad más democrática, inclusiva y respetuosa de los diversos contextos locales y regionales y que se abordaran las causas profundas del conflicto.

Este libro contribuye a los debates del posconflicto enfatizando el intento de garantizar unas relaciones de género más igualitarias, especialmente en la sociedad rural. ¿Cómo la restitución de la tierra y los derechos de la propiedad pueden ser más inclusivos respecto del género después del conflicto violento? Hasta hace muy poco este ha sido un asunto poco investigado en la literatura internacional, en gran medida debido a la invisibilidad de las mujeres desposeídas y de sus derechos sociales y económicos, que se desprende de su condición como mujeres, como miembros de una clase campesina marginada y, para algunas, como miembros de un grupo étnico (indígena o afrocolombiano). En Colombia, la mayoría de la población campesina es descendiente de mestizos (una mezcla de ancestros europeos e indígenas) y de propietarios de tierra individuales. En este estudio me centro más en ellos que en los grupos étnicos. De esta manera, en este análisis la interseccionalidad —es decir, las diferentes formas jerárquicas que se construyen mutuamente y se refuerzan unas a otras—está referida

al género, la clase rural y la identidad campesina que no necesariamente se basa en la etnicidad (Collins 1998; Collins, Chepp 2013; Ní Aoláin, Rooney 2007; Viveros Vigoya 2016). Desde el establecimiento de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, las organizaciones de campesinos mestizos de las zonas rurales marginalizadas y estigmatizadas han buscado activamente su reconocimiento como actores políticos y han enmarcado sus luchas en un discurso de reparaciones. Más aún, han introducido la discusión acerca de la definición de la identidad campesina como un grupo culturalmente diverso con arraigos a la tierra (Duarte, Camacho Segura 2016, 7-16; Ramírez 2017, 350-74). Sin embargo, esta noción de una identidad común campesina se ha cumplido en la práctica a través de una larga y perturbadora historia de fragmentación generada por la violencia, por la realidad de las comunidades desgarradas por la guerra y por los efectos individuales de muchos años de desplazamiento forzado en las ciudades. Este también es el contexto en el que las mujeres campesinas desplazadas reclaman la restitución de tierras y el retorno al campo.

Los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas han buscado durante mucho tiempo la reparación y la restitución de los territorios colectivos y la autonomía desde la época de la Colonia. La documentación de sus luchas es de crucial importancia, pero desborda el alcance de este libro. Sin embargo, se pueden decir unas cuantas cosas sobre el lento progreso de la restitución de los territorios colectivos (territorios étnicos), dictaminada por la Ley de Víctimas y la Restitución de Tierras. Acogiéndose a dos decretos especiales (nos. 4633 y 4635) expedidos en 2011 sobre la restitución de los territorios colectivos, la Unidad de Restitución de Tierras creó una subunidad especial para este propósito en 2013. En 2016, las reclamaciones para la restitución de tierras por parte de los pueblos indígenas y afrocolombianos alcanzaron las 1.2 millones de hectáreas, pero solo se han expedido tres sentencias de la Corte que restituyen los derechos territoriales a los indígenas embera y katío del departamento del Chocó y a los afrocolombianos en el departamento del Cauca. La restitución étnica en estas y otras partes del país ha avanzado muy lentamente debido a una combinación de debilidad institucional en las regiones donde esos territorios étnicos se concentran, a la proliferación de negocios ilegales (narcotráfico y otros) y a la presencia de poderosas multinacionales, en su mayoría empresas extractivas (por ejemplo, AngloGold Ashanti en el departamento del Chocó) que se han opuesto a la restitución de tierras colectivas de las que han adquirido títulos mineros (Verdad Abierta 2016).

El enfoque de este libro

Los conceptos y prácticas de la justicia transicional y de género han tenido un boom durante la última década. Sin embargo, la mayoría de la literatura se ha enfocado en la violencia sexual como el impacto específico de género más sobresaliente del conflicto. En consecuencia, las reparaciones específicas de género y la restitución de los derechos de las mujeres han tendido a preocuparse mayormente por los derechos políticos y civiles que por los derechos sociales, económicos y culturales (Oré Aguilar 2011, 123-170). Por ello, los asuntos específicos de género no han figurado extensamente en los conceptos y las prácticas de la restitución de la propiedad en las transiciones posconflicto en otras partes del mundo. Así, este libro presenta un panorama tanto del desarrollo conceptual de la justicia transicional y de las relaciones de género como de las contadas medidas específicas de género adoptadas sobre la tierra y la restitución de la propiedad en otros países.

Pese a la formulación de principios internacionales, los llamados Principios Pinheiro de 2005 (cohre 2007), han sido escasas las investigaciones sistemáticas sobre las experiencias de la tierra, la vivienda y la restitución de la propiedad. Agnes Hurwitz, Kaysie Studdard y Rhodri Williams (2005) les atribuyen esta ausencia de atención internacional comparativa al contexto específico y a la naturaleza técnicamente muy complicada de estas cuestiones. Sin embargo, los esfuerzos de restitución de tierras en el posconflicto en África, Centroamérica y Europa son sustancialmente similares en términos de la discriminación de género, a pesar de los contextos nacionales muy divergentes en cuanto al papel del derecho estatal y del consuetudinario, el nivel de desarrollo socioeconómico y el impacto de las intervenciones internacionales. Por lo tanto, el caso de Colombia, analizado con el telón de fondo de iniciativas anteriores en otros países, ayuda a esclarecer cuestiones cruciales sobre la propiedad de la tierra en la legislación y en la práctica social, y aporta nuevas perspectivas sobre la justicia de género que podrían ayudar en futuros procesos de restitución de tierras en el mundo.

Una vez aplicada la perspectiva de género a la restitución de tierras, viviendas y propiedades, se planteó la cuestión de qué derechos debían restituirse, dado que, para empezar, las mujeres tenían derechos limitados sobre la tierra. Así tomó forma la noción de que los mecanismos de justicia transicional son una oportunidad para lograr o contribuir a la transformación de las condiciones históricamente discriminatorias. Para cumplir esta misión, los mecanismos de la justicia transicional tenían que operar en la intersección

de dos fenómenos: la discriminación histórica contra las mujeres respecto de los derechos a la tierra y el impacto particular de la violencia que vivieron las mujeres como víctimas y sobrevivientes. La justicia de género es un concepto que me parece útil para el análisis de estas transformaciones. Anne Marie Goetz (2007) ha emprendido una revisión extensa sobre el potencial analítico de este concepto normativo, agregándole nuevos elementos a los marcos conceptuales tradicionales de igualdad, equidad y derechos de las mujeres. Desde la definición de Goetz, se cuestiona la división público-privado, se amplía la responsabilidad del Estado a las instituciones de la sociedad y se introduce la noción de proceso. No solo es el resultado final el que cuenta, sino también la agencia y el empoderamiento de las mujeres en el transcurso de la administración de la justicia. Tal y como lo plantea Nancy Fraser (2013, 165, 195), el ideal que encarna la justicia de género se refiere a transformaciones en tres dimensiones: la redistribución del poder y los recursos (en este caso, la tierra específicamente), el reconocimiento social (su estatus en la sociedad) y la representación en la comunidad política. Más aún, la justicia de género para las víctimas debería incluir el daño infligido a la dignidad de las personas (Atahuene 2014), a sus proyectos de vida y al tejido social del que habían formado parte. En este sentido, la noción de la apropiación colectiva por parte de las mujeres del proceso de justicia a través de su organización y de rearmar el tejido social también debería ser parte del idioma de la justicia de género, e incorporarse a la agenda política de las mujeres y de otras organizaciones que trabajan por la justicia en las vísperas de la paz.

La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras en Colombia abarca un conjunto de medidas tendientes a mejorar el acceso de las mujeres a los derechos sobre la propiedad.6 Esta cercanía al género y su orientación general províctimas han convertido la ley en una pieza progresista e innovadora de la justicia transicional a los ojos de los expertos nacionales e internacionales. Pone a las víctimas del conflicto en el centro de la respuesta del Estado y aborda, aunque de forma limitada, la cuestión agraria, que es el asunto más crucial en la historia del conflicto colombiano. Pero ¿cómo ha funcionado en la práctica? Desde mi análisis, he intentado responder las siguientes preguntas: ¿cómo se enmarca la justicia de género en la ley? ¿Hasta qué punto el proceso de restitución ha cumplido con los objetivos de la justicia de género y

6 Acá se entiende la acción positiva o afirmativa como un abanico de medidas que les ayudan a las mujeres a superar las desventajas sociales, culturales, políticas o económicas en relación con los hombres, que persisten pese a la igualdad formal en la ley.

ha asegurado los derechos de propiedad equitativos desde el enfoque de género para las víctimas de la violencia? ¿Qué tensiones existen entre el concepto universal de justicia y sus interpretaciones locales? ¿Cómo se negocia en la localidad y en la familia el significado de tener acceso a la tierra y a la propiedad? ¿Cómo han vivido las mujeres despojadas la experiencia del proceso de restitución? Y ¿qué significado tiene esta experiencia para la participación de las mujeres en una sociedad rural luego del Acuerdo Final de Paz?

La investigación

Mi investigación sobre justicia de género en el proceso de restitución va más allá del análisis tradicional de políticas porque no se centra en el ciclo formulación-implementación-evaluación, sino más bien en las prácticas discursivas y los encuentros que constituyen y acompañan dicho ciclo. Lo que denomino el funcionamiento de la ley se refiere al análisis de los encuentros entre los marcos universales y las realidades locales, y también entre el discurso de quienes formulan las políticas, los funcionarios y jueces, y la experiencia de los reclamantes, especialmente las mujeres. Me alejé de la ciencia política y el derecho para acercarme a una comprensión más antropológica de estos encuentros. Sin embargo, en comparación con otros ejemplos de una “antropología de las políticas” (Ramírez 2010, 13-17; Tate 2015), mi atención se centra mucho más en los resultados que en la construcción de las propias políticas. Las narrativas de los jueces y las mujeres forman una parte importante de los registros del trabajo de campo en los que se basa mi estudio. La mayor parte de estas narrativas las extraje después de consultar doscientas sentencias de la Corte sobre restitución de tierras, complementadas con más de veinte entrevistas en profundidad que realicé en terreno antes y después de la restitución. Las narrativas se sitúan siempre en un análisis de las desigualdades estructurales, que yo llamo el orden de género, que predominan en los entornos locales del conflicto armado y la estructura agraria.

Muchas de las formas de victimización que las mujeres narraron eran compartidas con los hombres, pero algunas no, o no en el mismo grado. Adicionalmente, los impactos de la victimización se han dado de diferentes formas y han sido determinados por el género. Las organizaciones de mujeres han recalcado esas diferencias, que influyen en la formulación de las políticas y en las medidas de justicia transicional, desde las resoluciones de Naciones Unidas y la elaboración de leyes hasta la construcción institucional local. Analizar el contenido de género de esas medidas y sus impactos también supone

a veces reconocer implícitamente la agencia de las mujeres. La interfaz entre la experiencia narrada por las mujeres de la injusticia sufrida durante el conflicto y las disposiciones y medidas políticas concretas creadas para hacerles justicia a ellas constituye la esencia de este libro, con especial énfasis en la restitución de tierras y propiedades como parte crucial de la reconstrucción de los medios de subsistencia y las comunidades tras el conflicto. El concepto de fricción (Hinton 2011; Tsing 2005) ilumina las interacciones complejas, los conflictos ocultos y los resultados ambiguos que caracterizan la agencia de las mujeres campesinas durante y después del proceso de restitución, así como también resalta las nuevas posibilidades para esa agencia. Esta investigación fue llevada a cabo en la costa caribe del norte de Colombia: los departamentos del Cesar y la región de Montes de María (véase mapa 1). La costa caribe se refiere a una extensa área cuya mayor parte (aunque no exclusivamente) son planicies que llegan al centro del país, donde se encuentran con la cordillera montañosa de los Andes. Esas planicies están habitadas por campesinos mestizos y mulatos y trabajadores rurales que laboran en las fincas de ganadería extensiva y en agronegocio. En el nororiente, esta región también cuenta con un macizo en donde está ubicado el pico más alto de Colombia, la Sierra Nevada de Santa Marta, habitada por diversos pueblos indígenas (kogi, arhuaco, kankuamo y wiwa), que luchan por la consolidación de sus territorios ancestrales. Las montañas que rodean el valle del departamento del Cesar también se convirtieron en refugio para los cultivadores de coca y los grupos guerrilleros y fueron vistos por las élites locales como territorios del mal por albergar a los pueblos indígenas, a las guerrillas y a los movimientos campesinos que invadían sus haciendas (Meertens 2015b, 101-228). La región de los Montes de María, ubicada en los departamentos de Bolívar y Sucre, es una franja de tierra accidentada y montañosa rodeada de tierras bajas. Era un epicentro de la organización campesina y de las invasiones de tierras. También era una entrada para las farc y otros grupos guerrilleros a las rutas costeras del narcotráfico (cnnr, Grupo de Memoria Histórica 2010). Ambas regiones sufrieron una violencia devastadora a manos de los paramilitares y son ampliamente consideradas como casos emblemáticos de las dinámicas de los despojos de tierras durante las últimas tres décadas del conflicto armado en Colombia. Seleccioné estas regiones para el presente estudio, en primer lugar, debido a la magnitud del despojo de tierras que sufrieron sus habitantes, porque tienen una estructura agraria similar y una historia de violencia compartida, y porque la Unidad de Restitución de Tierras inició el proceso de recuperación de tierras primero

con ellos. En segundo lugar, los escogí porque llevé a cabo un extendido trabajo de campo en las dos regiones entre el 2008 y el 2013 para los proyectos de memoria histórica y de acceso a la justicia.7 Dicha experiencia contribuyó a mi comprensión de los contextos de los testimonios y de las decisiones de la Corte sobre restitución de tierras que analizo en este libro. Las regiones de los Montes de María se caracterizan por una estructura extremadamente desigual de la propiedad. Fueron el epicentro de un fuerte movimiento campesino en el pasado, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y en sus partes montañosas albergaron varios grupos guerrilleros. Quizás la razón más poderosa para seleccionar estos dos lugares tuvo que ver con que dieron origen al gran proyecto político-militar de captura del Estado, la asociación nacional paramilitar auc, perpetradora de masacres y de despojos de tierras al servicio de élites políticas y económicas locales. Por otra parte, estas regiones también albergaron organizaciones campesinas y de personas desplazadas muy conocidas por sus liderazgos femeninos. Varias mujeres campesinas organizadas como personas desplazadas en los alrededores de las ciudades solicitaron la propiedad colectiva de la tierra como mujeres víctimas y cabezas de familia.8 Otras personas elevaron reclamaciones individuales de restitución de tierras bajo la nueva ley de víctimas. En todos estos casos, las narrativas de las mujeres acerca de las masacres, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras expuso la tragedia de la población campesina, especialmente durante los años noventa y la primera década del siglo xxi. En esos años, el campesinado se vio aprisionado entre las acciones de la guerrilla y las contraofensivas de los grupos paramilitares, los poderosos terratenientes locales y el Ejército.

La restitución de tierras comenzó en el año 2012 en estas regiones. Le hice seguimiento al proceso de las mujeres reclamantes durante los primeros cuatro años de su implementación (2012-2015), usando análisis cuantitativo y cualitativo de las sentencias expedidas por los tribunales locales de restitución. Este estudio se construye entretejiendo tres hilos: el texto de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, cuyas pretensiones de igualdad de

7 Para publicaciones relacionadas con estos proyectos de investigación, véanse cnrr, Grupo de Memoria Histórica (2009b, 2010); cnmh (2014); Ramírez Parra (2015).

8 Esta era una modalidad de concesiones de tierras parcialmente subvencionadas a “mujeres vulnerables” proporcionadas por la Ley 169 de Reforma Agraria (1994). Se diferenciaba de la restitución de tierras porque no se reconocían las posesiones de tierras de las mujeres antes del desplazamiento. Prefiero mujer cabeza de familia a mujer cabeza de hogar, porque el término se refiere a los roles de género y no a las diferencias biológicas.

género son analizadas; su implementación en el nivel nacional y en las dos zonas de los estudios de caso, y las medidas especiales escudriñadas para las mujeres cabezas de familia; y la confrontación de narrativas de los jueces y las mujeres sobre la violencia, su condición de víctimas y los derechos de la tierra. Una fuente fundamental para el análisis de esas narrativas fueron los tribunales locales de restitución y sus sentencias de restitución, publicadas por la Unidad de Restitución de Tierras en su página web. A finales de 2015, cerca de novecientas sentencias de restitución fueron expedidas a lo largo de la nación, doscientas de ellas en Montes de María y en las regiones del norte del Cesar, las cuales utilicé para mi análisis. Por medio de la combinación del análisis cuantitativo de la implementación de políticas y la interpretación etnográfica de los testimonios rendidos por las mujeres reclamantes ante los jueces de restitución, así como de los argumentos de los jueces para respaldar sus decisiones sobre la restitución de tierras para las mujeres, todo esto complementado con entrevistas de campo, fue posible para mí esbozar un panorama de la justicia de género y sus obstáculos en el proceso de restitución de tierras en Colombia.

El texto se construye sobre la base de mi experiencia personal de toda una vida en Colombia desde los años setenta, de trabajar en el terreno como antropóloga. Se basa en mis mú ltiples experiencias de investigación, trabajando con mujeres y organizaciones campesinas, luego con mujeres desplazadas forzadamente y finalmente con las mujeres que regresaron a sus tierras, siempre en el contexto de la violencia. He sido muy consciente de mi posición especial como ciudadana holandesa con una incuestionable apariencia de gringa. Al mismo tiempo, he vivido en Colombia durante muchas décadas y he trabajado con una comunidad nacional de investigadores comprometida con las causas sociales y, en particular, con las causas de equidad de género. Siempre he intentado equilibrar los efectos positivos y negativos de esta dualidad de insider/outsider en términos de la confianza, la protección y la empatía que me ha proporcionado, pero también en términos de la desconfianza con la que he tenido que lidiar o con una cierta distancia conveniente con la que me he encontrado haciendo trabajo de campo en las comunidades afectadas por la guerra, por ser vista como una persona difícil de catalogar en la división amigo/enemigo del conflicto. Parte de mi experiencia de trabajo —por ejemplo, en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia (acnur) y en el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de las Mujeres, actualmente

Mapa 1. Investigación sobre las regiones de restitución de tierras en Colombia. Mapa de octubre de 2018 por el igac y la urt (cartografía básica); Julio Cortés (georreferenciación)

denominado onu Mujeres— podría catalogarse como antropología integrada9 (Tate 2015). Estas experiencias se complementaron con más esfuerzos de investigación académica, que siempre he emprendido en permanente diálogo y colaboración con organizaciones de mujeres en los niveles local y nacional. En cada uno de mis proyectos de investigación desarrollamos estrategias para un desempeño seguro, hicimos posible que los participantes obtuvieran los resultados, proporcionamos apoyo psicológico a las víctimas, y nos comprometimos en un intercambio internacional de experiencias con grupos de mujeres indígenas y campesinas.10

Quizás la experiencia personal de investigación más influyente ha sido mi trabajo sobre el despojo de tierras para el Grupo de Memoria Histórica, escuchando las voces de las mujeres campesinas desplazadas y de los hombres y sus narrativas específicas de género sobre la vida rural afectada por la violencia. El reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos en la Ley de Víctimas y la Restitución de Tierras facilitó el reconocimiento de sus memorias del pasado por parte de otros sectores de la sociedad. Paradójicamente, años antes de la expedición de esta ley, la desmovilización de los paramilitares, que causó descontento entre las víctimas, no solo avivó las iniciativas locales para registrar las memorias sobre la violencia de las víctimas, sino que también estableció un marco institucional para la recopilación y la facilitación del trabajo de memoria histórica (Sánchez Gómez 2018, 106-108). Participé en la primera recopilación de memorias sobre el despojo violento de tierras en la región caribe de Colombia en un proceso colectivo y a menudo disputado de escucha, que buscaba atender a los hombres y en particular a las mujeres desposeídos, en un debate sobre sus complejas experiencias —aquellos cuyas voces nunca han sido escuchadas como habitantes rurales y mucho menos como víctimas—. En los talleres de memoria histórica las mujeres campesinas desplazadas hicieron dibujos sobre lo que sucedió en

9 En inglés , embedded.

10 Uno de esos proyectos, financiado por el Centro de Investigaciones del Desarrollo de Canadá (Ramírez Parro 2015), investigó el acceso a la justicia que tuvieron las mujeres indígenas y campesinas, víctimas del conflicto, en Colombia y Guatemala. Otro fue el trabajo de memoria histórica sobre despojo de tierra y resistencia campesina para el Grupo de Memoria Histórica (ahora extinto) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. El informe La tierra en disputa, producido por dicho Grupo de Memoria Histórica y coordinado por esta autora, fue publicado como libro y está disponible en el sitio web del Centro Nacional de Memoria Histórica en su versión original (2010) y en una versión corta (2014). En 2013, el libro ganó el Premio Colombiano para las Ciencias Sociales de la Fundación Alejandro Á ngel Escobar.

sus tierras (véase foto 1), discutieron sus representaciones con sus antiguas vecinas, que también participaron en el grupo, y compartieron esas memorias con un grupo más extenso en un esfuerzo por construir una memoria colectiva pero compleja e impugnada de diversas experiencias personales de despojo (sobre la investigación de memoria histórica, véanse cnrr, Grupo de Memoria Histórica 2009b; cnrr, Grupo de Memoria Histórica 2010, 26; Jelín 2002; Riaño-Alcalá, Baines 2011).

Foto 1. Mujeres dibujan la historia local de violencia y despojo de tierras. Taller de Memoria Histórica (Sucre, 2009).

Fotografía del Centro Nacional de Memoria Histórica (2010, 291)

En el presente empeño por analizar las decisiones de los jueces sobre restitución y de trabajar con una cadena interminable de sentencias de la Corte sobre restitución de tierras, mi relación con las víctimas no fue directa o participativa de la misma manera, sino mediada por el lenguaje de los funcionarios y de los jueces en dichas sentencias. Sin embargo, aún puedo oír las voces de las mujeres (y los hombres) a través de sus testimonios, citas y descripciones compiladas por el equipo de restitución de tal forma que

pudieran defender sus casos ante los jueces. De esta manera, cuando me refiero a este estudio como un examen de los efectos prácticos en el terreno de la ley, no aludo a una revisión tradicional de la implementación de los objetivos. En lugar de ello, mi objetivo es comprender la lógica que subyace a las sentencias judiciales, sus resultados prácticos, la forma en que las experimentan las propias campesinas y su sostenibilidad en la fase posterior a la restitución. Para esta última parte, dada la ausencia de (o la falta de acceso a) los datos institucionales, regresé a la etnografía, esbozando un elusivo panorama global de la ruralidad posconflicto a través del lente de la experiencia de las mujeres una vez retornaron a sus fincas.

La propiedad no es suficiente

Este análisis de las sentencias de la Corte, de las medidas de políticas y de la experiencia de las mujeres de retorno hasta finales de 2015, cuando la restitución de tierras estaba a medio camino de su implementación, me llevó a una serie de conclusiones que espero contribuyan a las medidas de una reforma rural en el periodo posterior al Acuerdo Final de Paz. La política de restitución de tierras en Colombia, como un mecanismo de justicia transicional, fue una oportunidad de poner en marcha las medidas transformadoras con enfoque de género, pero no ofreció una visión clara de transformación más allá de la formalización de los títulos de propiedad. Las disposiciones a las que se les hizo seguimiento fueron formuladas en la ley. Se trata de las pretensiones referidas a la protección física —en contra de los actores violentos que aún están en el entorno—, a los planes de producción, a la seguridad social y a las medidas educativas, etc. En la práctica, quedaron fuera del alcance el control y la rendición de cuentas del proceso de restitución. La posesión era una primera etapa positiva aunque, como mujeres, no solo fueron incluidas en conjunto en los títulos de tierras con sus parejas (una medida ya prevista en una previa ley de reforma rural), sino también específicamente como destinatarias de la propiedad independiente como cabezas de familia. Esta titularidad independiente de la tierra supuso un reconocimiento de ciudadanía autónoma para las mujeres campesinas, ya que se había otorgado, por primera vez, a través de una política rural estatal (aunque existía desde hacía tiempo como figura jurídica en el C ódigo Civil). Pero es evidente que un título de propiedad no es suficiente para que las mujeres consoliden un proyecto de vida independiente o contribuyan activamente a una sociedad rural más inclusiva.

Los títulos de tierras para las mujeres (y particularmente para aquellas que eran cabezas de familia) han sido básicamente una medida de acción afirmativa, en los términos de Nancy Fraser, que ofrece reparación a quienes habían sido desposeídos violentamente, restableciendo y formalizando sus derechos sin modificar las relaciones de poder subyacentes (1997, 2013). Para volverse transformadoras en términos de la justicia de género, el proceso requirió la legitimación social para cambiar los discursos patriarcales sobre el lugar de las mujeres en la familia, la economía campesina y la sociedad rural. En otras palabras, se requirió una mayor apropiación colectiva de las mujeres del proceso que había comenzado con la nueva posesión de la tierra. El enfoque de género en la ley se vio influenciado por los grupos de mujeres que hicieron lobby en el Congreso y en las instituciones gubernamentales, pero esas acciones se restringieron a los centros urbanos. La apropiación colectiva del proceso de restitución por parte de los grupos de mujeres en el campo se vio obstaculizada por el carácter casuístico del proceso legal, que se centraba en los individuos y no en su arraigo social. En la región costera del caribe colombiano la restitución de tierras no conectó con las iniciativas locales de las mujeres que sobrevivieron a la violencia o que surgieron del desplazamiento forzado, y las reclamaciones colectivas se estancaron jurídicamente, debilitando así el apoyo social a la transformación del estatus de las mujeres campesinas en la sociedad rural.

Desde el comienzo la política de restitución profesó un enfoque de género igualitario, pero falló en reportar sus resultados de manera adecuada. La ley preveía medidas de discriminación positiva (principalmente la priorización de sus demandas) para las mujeres cabeza de hogar (una categoría controvertida pero muy utilizada en las políticas públicas que analizo en el capítulo 4 de este libro), pero no registraba los resultados en las estadísticas nacionales. Las sentencias de la ley en mis estudios de caso revelaron lo que en realidad les sucedió a las mujeres independientes reclamantes y arrojaron luces sobre dos preocupaciones. En primer lugar, algunas de ellas tenían que compartir un título con sus antiguas parejas de las que se habían separado hacía tiempo. Sin contar con recursos legales posteriores, estas mujeres estaban propensas a vender sus posesiones restituidas una vez transcurridos los dos años de prohibición de venta y a compartir las ganancias con sus exparejas. En segundo lugar, la mayoría de las mujeres cabeza de familia que consiguieron la restitución de tierras recibieron parcelas en comunidades cuyo tejido social había sido violentamente destruido (las llamadas parcelaciones de la resistencia campesina y la reforma agraria que describo en los capítulos 2 y 4

de este libro). Sin apoyo social, podrían convertirse en otro grupo de riesgo, igualmente propenso a vender.

Como lo muestran los ejemplos de restitución de la propiedad después de conflictos violentos en Bosnia Herzegovina, Suráfrica, Guatemala, y en otros lugares, el retorno de las poblaciones desplazadas es políticamente controvertido y socialmente complejo. Las expresiones retorno a la vida normal y hogar que acompañan implícitamente el discurso de restitución por lo general tienen la connotación de ideas tradicionales sobre la posición subordinada de las mujeres en la familia. En la región de los Montes de María y en el departamento del Cesar de Colombia, algunas mujeres consideran como su “hogar” a la casa en el pueblo, porque era más segura que la finca. Otras consideran que “justicia” es procurar un nuevo proyecto de vida sin el confinamiento patriarcal de la finca, vista como la representación espacial de la familia tradicional. Así, la idea de justicia de género como la puesta en marcha de un proceso de restitución se encontraba con dos estructuras de dominación que afectaban su alcance: la del modelo de desarrollo que favorecía la acumulación de tierra y ponía la pequeña producción campesina en riesgo, y aquella del orden tradicional de género aún anclado en la familia y la comunidad rurales. Un título de propiedad para las campesinas no bastaba para hacerles frente a estas dos formas de dominación.

Con estas conclusiones en mente, podemos afirmar que las limitaciones de la restitución de tierras como un mecanismo transformador de género se han vuelto una pieza crucial para comprender los desafíos que enfrenta el desarrollo rural en la fase posterior al Acuerdo de Paz en Colombia. Estos resultados críticos también son de interés para los esfuerzos que se realizan en otras partes del mundo en pro de la justicia de género en situaciones de transición y posconflicto.

En los siguientes capítulos la historia se relata en detalle, con la ayuda de dos movimientos que se despliegan a lo largo del libro. Primero, hacemos un viaje desde los modelos globales y universales de justicia tradicional hasta las realidades locales y las prácticas sensibles al género en diferentes partes del mundo (capítulo 1). Luego, hacemos un viaje por una línea del tiempo desde una vida rural pasada, las políticas agrarias y los horrores de la guerra que testifican la exclusión de las mujeres y su victimización, a la vez que nuevas formas de participación y organización femeninas (capítulo 2).

El capítulo 3 confronta la letra de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras con la argumentación judicial y la experiencia de las mujeres víctimas. El capítulo 4 analiza las posibilidades de reconstruir un proyecto de vida justo

y con enfoque de género después del retorno al campo. Y, finalmente, en la conclusión hago una proyección de los resultados de la restitución de tierras en términos de la justicia de género en el futuro del posconflicto, evaluando sus retos, peligros y transformaciones deseadas.

Transición: ¿retorno a la vida normal?

Justicia transicional, género y lo local

La teoría de la justicia transicional ha estado enfocada en las violaciones a los derechos humanos en el pasado y tradicionalmente en los derechos políticos y civiles. Las primeras iteraciones enfatizaban la rendición de cuentas, la fiscalización y el castigo individual para los perpetradores: en este sentido, los juicios de Nuremberg de 1945, relacionados con el Holocausto, establecieron el precedente. Mucho tiempo después, en los años noventa, este modelo fue adoptado por la Corte Penal Internacional para los casos de la antigua Yugoslavia y el genocidio en Ruanda (Hinton 2011, 4). Gradualmente, el modelo de justicia transicional comenzó a prestar más atención, en la teoría y en la práctica, a las víctimas, las comisiones de la verdad, la conmemoración y los programas de reparación (Teitel 2003). Las comisiones de la verdad se volvieron especialmente importantes como mecanismos para contrarrestar las amnistías en los países que hicieron la transición de regímenes dictatoriales hacia la democratización. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina de 1983 fue la primera, y luego la Comisión para la Verdad y Reconciliación de Suráfrica, que son quizás las más conocidas (Hayner 2001; Robben 2005). En América Latina, la Comisión Peruana para la Verdad y la Reconciliación (2001-2003) incluyó por primera vez la violencia (sexual) contra las mujeres en sus hallazgos, aunque aún siga siendo un delito escasamente denunciado (Mantilla 2012). Durante la primera década del siglo xxi, el campo de la justicia transicional se expandió a nuevas áreas, incluyendo el desarrollo, lo que ha vinculado la noción de transición a problemas generales y más permanentes de la justicia social (De Greiff, Duthie 2009; Mani 2008, 253-265) y a repensar la desigualdad de género en relación con la justicia y las reparaciones (Buckley-Zistel, Stanly 2012; Cockburn 2004; Laplante, Theidon 2007, 228250; Ni Aoláin, Haynes, Cahn 2011; Rubio-Marín 2009b, 1-17; Theidon 2007;

Justicia esquiva. Mujeres, derechos a la tierra y transición a la paz en Colombia

Se terminó de imprimir en febrero de 2026, en los talleres de Linotipia Martínez , en Bogotá, D. C., Colombia. Compuesto con tipos Minion.

También tiene en cuenta el proceso histórico de la formación de la propiedad de la tierra y el papel desempeñado en él por las mujeres, así como las formas específicas de victimización que sufrieron estas mujeres durante toda una vida de conflicto violento.

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