“La Educación: Parte de la Estrategia Para una Administración Pública más Eficiente”

“La Educación; Parte de la Estrategia Para una Administración Pública más Eficiente” Conferencia magistral dictada por el Doctor Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, en el acto de graduación de Máster, celebrado por la Universidad Católica Santo Domingo, el 17 de octubre de 2014.

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Las autoridades de la Universidad Católica Santo Domingo, nos han solicitado presentar a ustedes algunas reflexiones sobre un tema de interés y actualidad, como conferencista invitado a esta investidura de egresados de programas de especialidad y maestría; por lo que, agradeciendo esta invitación, hemos concentrado nuestras meditaciones en el tema de la educación, como herramienta fundamental para elevar los niveles de eficiencia y calidad en el servicio público. Todo esto, a propósito de los retos que se les presentarán en las diversas funciones, públicas o privadas, que desempeñen, o puedan desempeñar, para poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Distinguidos Señores:

Nos encontramos en este solemne acto, cosechando los frutos que a través de los siglos han demostrado ser el abono más efectivo, para fertilizar el tránsito de las naciones hacia estándares de vida más elevados, tanto en el disfrute de los bienes materiales como en la convivencia social, y en la consolidación de la democracia.

Como protagonistas de este evento, pueden sentir la satisfacción del deber cumplido consigo, y con las instituciones que unificaron esfuerzos para que sus objetivos profesionales fueran logrados.

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La entrega de títulos universitarios alimenta el regocijo de toda la sociedad, por considerar que éstos se encuentran avalados por grados de formación de excelencia, acordes con las demandas de la sociedad del conocimiento, con los desafíos de los distintos contextos, y que de éstos emanan resultados halagüeños. Más aún, si se trata de un paso cualitativo superior a la licenciatura, las esperanzas se multiplican en mayores proporciones para el profesional, y para la colectividad, sobre todo en aquellas naciones donde la democracia aún no ha alcanzado niveles tales de madurez, desarrollo económico y humanista, que garanticen efectiva igualdad de derechos en aspectos fundamentales para la existencia, como la educación, asumida como el medio más idóneo para la cohesión social, tal y como lo establece el Pacto Nacional Para la Reforma Educativa en la República Dominicana 2014-2030.

La importancia de la educación como simiente para construir desde el presente, el futuro de los pueblos, dejó de ser hipótesis, para convertirse en axioma universal, aceptado en teoría por todas las instancias organizadas, que reconocen en la educación el mecanismo clave para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento de la institucionalidad. Fue superada la disputa respecto a si la educación

es un gasto, o una inversión necesaria para elevar la calidad de vida

colectiva e individual. La tesis es que la educación es una inversión imprescindible para el desarrollo sostenible de los pueblos.

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Estas afirmaciones, en el contexto dominicano, en que se debate en estos momentos una Ley General de Ingresos y Gastos Públicos, tienen mayor importancia para determinar, en sentido real, cuál es el pensamiento estratégico de las clases gobernantes, y el nivel de compromiso de éstas, con la formulación y aplicación de políticas públicas que apuntalen hacia el desarrollo sostenido del pueblo dominicano y sus instituciones, para la construcción de un Estado de derecho y de bienestar.

El establecimiento de un porcentaje del Producto Interno Bruto para la educación, está llamado a impactar, a mediano y largo plazo, toda la infraestructura estatal de servicios públicos, y del sector privado, si estos recursos son encauzados a elevar el nivel cualitativo en la plataforma educativa dominicana, y no solo el cuantitativo, como tradicionalmente ha ocurrido.

Este Presupuesto y las políticas subsecuentes al mismo, deben servir para reformular viejas concepciones de política educativa, y articular los planes y programas de estudios a una estrategia nacional de desarrollo, que se corresponda con nuestras necesidades como nación; necesidades formativas, que obviamente, debe estar dirigidas a cualificar la plataforma integral de la que hemos hablado. Es decir, el Presupuesto debe ir en correspondencia con la comprensión de los formuladores de presupuesto y los ejecutores, del tipo de sociedad que tenemos, y del tipo de sociedad a la que aspiramos. Debe responder a cada uno de los renglones de nuestra economía, y a

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expandir las potencialidades que como Estado tenemos, en un mundo cada vez más integrado, interconectado, complejo y competitivo.

La sola inyección de recursos resulta insuficiente para optimizar los resultados cualitativos, e incluso, puede convertirse en un despilfarro si no está acompañada de un plan definido, con objetivos bien delimitados y ubicados en el tiempo, que permitan la evaluación periódica y la rendición de cuentas.

Un buen ejemplo de que la inyección de recursos por sí sola no genera eficiencia y calidad en el servicio, lo representan los hechos suscitados en el hospital Doctor Robert Reid Cabral, que aunque es un tema diferente al objetivo de esta exposición, es útil para su comprensión. Apenas el pasado año el Estado entregó a las autoridades de ese centro una infraestructura donde hubo importante inversión de recursos, e incluso las principales autoridades del país acudieron a inaugurarla. Entonces… ¿Qué ocurrió que en tan poco tiempo de esa inversión, se produjo un hecho que conmovió y conmocionó a toda la sociedad? Es evidente. La inversión por sí sola no generó los niveles de eficiencia y calidad que requiere el servicio de salud pública como derecho ciudadano.

Dando como algo de aceptación general por los aquí presentes lo que hemos expuesto, haremos algunas reflexiones sobre la importancia de aplicar estos enunciados a los servicios públicos en República Dominicana, y en el interior de sus entes 4

políticos, cuyas creencias influyen, a veces de manera determinante, en la prioridad de la nación.

Como preámbulo, nos detendremos un momento en el concepto de Nueva Gestión Pública, fundamentado en la exigencia de aumentar la efectividad de las instituciones estatales, para que éstas cumplan un rol de mayor dinamismo en el diseño de políticas más adecuadas a la demanda de servicios públicos. Se trata de dotar a estas instituciones de una identificación plena con sus colectividades, a través de sistemas integrales promotores de importantizar el todo, sin desconocer el valor de las partes.

A partir de la década del 1970, surgió una preocupación en algunos países, en organismos internacionales y regionales, respecto a las ineficacias, muy notables, en la ejecución de los programas públicos.

Estos planteamientos fueron conceptualizados tomando como referencia fundamental los países desarrollados, principalmente de Europa. De acuerdo a la fundamentación teórica expuesta por los tratadistas en la materia, la preocupación principal era la relación entre los sectores públicos y privados. En este contexto, hubo tendencia explícita hacia el desprendimiento por parte del Estado de algunos servicios, por considerar que en el ámbito empresarial podían rendir resultados más adecuados.

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Sobre todo, se desarrolló mucho la Teoría de la Reducción del Estado, bajo el influjo de las escuelas del pensamiento que sostenían que un Estado pequeño resultaba más conveniente y de menor costo para el sostenimiento y el beneficio de los ciudadanos, y la incapacidad del Estado de garantizar eficiencia en el servicio. Aunque, dos décadas después, algunos de esos autores, como es el caso de Francis Fucuyama, adjuraron de esa teoría, y reivindicaron la necesidad de que el Estado retomara su papel en sus áreas estratégicas, que en algunos países ya habían sido transferidas al sector privado.

En la búsqueda de explicación a la diferencia entre los logros de la gerencia privada y la pública, algunos autores realizaron estudios comparativos. Entre éstos merecen especial atención los desarrollados por James Collins y Jerry Porras, profesores de Stanford University School of Business (California) con relación a un proyecto donde fueron analizadas 700 empresas, para determinar los factores más influyentes en las que lideraron la selección de las más exitosas. Estos autores sostienen que:

“Estas empresas de éxito se caracterizan por las fuertes inversiones en la educación y formación de sus empleados1. Su dedicación al progreso a largo plazo implica el desarrollo de nuevas competencias para todos sus empleados para poder

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Negritas nuestras.

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adaptarse al constante tren de innovaciones que caracteriza el progreso de la organización. Estas políticas de personal generan la lealtad y la confianza de los empleados, lo que facilita la introducción de cambios potencialmente difíciles de acomodar”2.

En la década de 1990 la nueva gestión pública era ya una consigna, y existía un gran acervo bibliográfico para avalarla, estableciendo que los empleados, “sobre todo el empleado de ventanilla”3, deben ser el objeto principal de la misma. Esto aseguraría que los ciudadanos se beneficien y perciban el aumento de la calidad en el servicio.

El componente educativo es esencial para todas las empresas interesadas en su desarrollo continuado, lo cual se puede probar al analizar las ventajas de los trabajadores del conocimiento, con relación a sus compañeros y a las empresas donde laboran.

“Los trabajadores del conocimiento poseen un importante nivel de autonomía en su trabajo -en cierto modo reflejo del tipo de autonomía que los ciudadanos de las democracias avanzadas poseen, ya que atesoran el más importante bien de las empresas u organizaciones de la tercera ola: el propio conocimiento”4.

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La Nueva Administración Pública (1997). Madrid : Alianza Editorial Villoria, Manuel (1997) 4 McGregor, (1991), citado por Villoria en: La Nueva Administración Pública (Ibid) 3

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Aunque el trato dispensado por los gobernantes al tema nos induce a considerar que la inversión en elevar la capacidad de los servidores públicos es una práctica históricamente reciente, la preocupación por tener personal idóneo en la administración pública data de tiempos remotos. Por ejemplo, en la antigua polis griega, tal y como podemos observar en el legado de sus clásicos, se planteó como imperativo social, que los gobernantes estuvieran preparados antes de asumir sus posiciones, para de esa manera representar efectivamente las aspiraciones de los gobernados.

“…en esa época surgió la necesidad de la formación de los hombres del Estado, de los dirigentes de la vida pública; de educar para llegar a ser un buen gobernante y prestar los servicios públicos. Por tanto, solo los más instruidos y experimentados en la ciencia de gobernar deberían de aceptar el mando, reuniendo las cualidades del estratega, del buen dirigente de la economía, siempre en estrecha relación con la política, y del buen administrador de la polis, con ayuda de la jurisprudencia y del arte de hablar…”5

En el libro Recuerdos de Sócrates, mencionado por Alejandro Castillo Castro y Gildardo Héctor Campero Cárdenas, en “La Reforma Administrativa en México Desde la Perspectiva de Formación de los Empleados Públicos”. Los autores iniciaron el tratamiento del tema, con una advertencia: “Ninguna reforma a la administración

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Jenofontes. Recuerdos de Sócrates

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pública podrá realizarse plenamente si no toma en cuenta la preparación y capacitación de las personas que en ella trabajan”.6

Esta frase, escrita en 1965 por la Comisión de Administración Pública de México, mantiene plena vigencia. Es aplicable a los países que iniciaron relativamente tarde el esfuerzo por elevar el nivel de calidad en los servicios públicos, como el caso de República Dominicana, que en el 2008 creó el Ministerio de Administración Pública, mediante la Ley 41-08. Las atribuciones de este ministerio están contenidas en el artículo 8, cuyo ordinal 1 explicita: “Propiciar y garantizar el más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia de la función pública del Estado, y asignar el respeto de los derechos de los servicios públicos en el marco de la presente ley”.

Desde la última década del siglo pasado, se notaba la tendencia oficial, y el interés por mejorar sustancialmente los servicios públicos, a través de organismos e iniciativas dispersos. Antes de los 1990s, la vanguardia sobre el particular la tuvieron instituciones autónomas descentralizadas, algunas de las cuales continúan siendo ejemplos a emular en la materia. Entre éstas, se puede mencionar el Banco Central, el Banco de Reservas y la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

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www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/110/art/art4.pdf (En Línea: 16 de septiembre de 2014, 05:59 pm.

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Hasta septiembre del presente año, el Instituto Nacional de Administración Pública, dependencia del Ministerio de Administración Pública, había capacitado 132 mil 802 servidores públicos, en áreas que van desde la atención en ventanillas hasta las instancias gerenciales, con programas que incluyen niveles técnicos y diplomados.

Indiscutiblemente, esto ha sido un gran aporte que de seguro ha beneficiado a las instituciones donde laboran esos empleados, y a sus usuarios.

En nuestro caso, desde el 2008 hasta agosto 2014, la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), ha impartido 193 charlas, 9 seminarios, 253 cursos, 22 diplomados, 2 especialidades y 4 cursos de maestrías; en colaboración con instituciones

como el Instituto Nacional de Formación Técnico

Profesional, Instituto Nacional de Administración Pública, el Ministerio de Hacienda -a través del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal- el Archivo General de la Nación, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Unión Iberoamericana de Municipalistas de Granada, Universidad Complutense de Madrid, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad de Granada, España, y esta casa de altos estudios.

En total, han sido cumplidas 10 mil 22 horas de clases, y se han beneficiado 14 mil 388 personas. La Junta Central Electoral ha destinado, a través de la EFEC, 203 millones, 398 mil 290 pesos (RD$203,398,290.00). Decimos inversión, no gasto.

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Precisamente, desde nuestro punto de vista, esta gran inversión de la JCE en la educación y formación de su personal, ha permitido que se haya elevado sensiblemente el nivel de apreciación pública del ciudadano respecto de este órgano constitucional; y nos ha colocado como una de las instituciones de mayor prestigio nacional e internacional, lo que han testimoniado empresas encuestadoras que le otorgan un 68% de confianza y aceptación a su trabajo, calificado como “muy bueno”, “bueno”, “regular”; de organismos internacionales como la identidad intergubernamental IDEA Internacional, la OEA, instituciones homólogas de países hermanos, e incluso mandatarios, como ocurrió en el Palacio Nacional con el Presidente de la República de Ecuador, doctor Rafael Correa, que hizo un reconocimiento a nuestra labor.

Pese a los avances obtenidos en el país, se nota una tendencia hacia importantizar en mayor medida los recursos tecnológicos, lo cual es algo loable, e induce a la preparación del personal vinculado a los mismos. Sin embargo, sobredimensionar la tecnología y circunscribir a élites especializadas los procesos de formación humana, puede mantenernos en un círculo vicioso, y fomentar la continuación de una gran masa de servidores públicos desvinculados de la fidelidad a las instituciones a las que pertenecen.

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El éxito de todas las organizaciones que en el sistema democrático proyectan liderazgo, de una manera u otra, ha estado vinculado a la fidelidad de todos los sectores con los cuales se relacionan, entre ellos los sectores internos, como lo son sus empleados.

Por experiencias múltiples, sabemos que existen cuestionamientos respecto a si las instituciones de servicios públicos necesitan velar cotidianamente por mantener una buena imagen y proyectarla. Algunos piensan que es innecesario. Si se nos permite ejemplificar, se dice que: “todo el que necesita un acta de nacimiento, en República Dominicana, está obligado a ir a buscarla a una Oficialía del Estado Civil”; “todo el que necesita viajar, debe ir a la Dirección General de Pasaportes a solicitar que se expida el documento para tales fines”; “todo el que necesite apostillar un documento, debe acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Las instituciones que ofrecen servicio directo al público, aun siendo exclusivas, están obligadas a desarrollar una labor de información a todos sus usuarios, y deben mantener una relación constante, por la vía más expedita, con todos los ciudadanos, de tal manera, que sus acciones, aún emanando de un mandato legal, estén revestidas de la legitimidad que sólo otorga la aceptación del ciudadano y su valoración de la eficiencia del servicio.

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Es obvio que un servicio de mayor calidad aumenta el valor del peso dominicano, incrementa los resultados cualitativos de la inversión hecha por la sociedad a través de los órganos del Estado, y contribuye a la optimización de los recursos por parte de las personas que requieren asistencia, muchas de ellas con escasos ingresos. Estas personas son nuestros usuarios y empleadores.

La formación y capacitación del personal debe estar orientada a crear conciencia en éstos de que todos ellos son pagados por la ciudadanía, a través del Estado, y por lo tanto, cada persona, cuando solicita asistencia en una institución pública, debe ser tratada en su doble condición de empleador/a y usuario. La palabra “funcionario” la utilizamos en el contexto de su significado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: “Persona que desempeña un empleo público”. O sea, nos referimos al componente humano del sistema burocrático estatal, en su totalidad.

¿Cuál es el método más idóneo para concientizar a los empleados públicos sobre la importancia de sus labores en la meta común de escalar nuevos peldaños de desarrollo? La educación. Educarlos no sólo los hará servidores más eficientes, sino, algo más importante, los convertirá en mejores ciudadanos; más libres, más identificados con ellos mismos, y sobre todo, más aptos para mejorar sus estatus y ponerlos en condiciones de asumir con optimismo los retos personales y sociales de los próximos años.

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A propósito de retos personales, el 25 de septiembre del año en curso, la Oficina Nacional de Estadísticas celebró su XXX Encuentro Interinstitucional, en el cual se trató el tema “La población dominicana en el siglo XXI; Un panorama basado en los datos de las Proyecciones Nacionales de Población 2014”. Entre las tendencias de la dinámica del crecimiento poblacional dominicano, se expuso el tránsito “hacia una República de adultos y envejecientes”, según la cual, en el año 2025, el 12% de nuestros hombres y mujeres tendrá 60 años o más.

Es obvio que esas proyecciones provocan retos a la sociedad en su conjunto.

También es obvio que gran cantidad de las personas que alcanzarán esa edad son empleados públicos. Nos preguntamos ¿hasta dónde es factible, dentro de un programa de estudio sistemático y continuado, incluir proyectos destinados a preparar a estas personas para que puedan disfrutar al máximo los años de su retiro, luego de haber entregado gran parte de sus fuerzas al Estado?

En República Dominicana, muchos empleados públicos permanecen en las instituciones del Estado más de 20 y hasta 30 años, e incluso, una considerable proporción desconoce los nuevos paradigmas de la administración pública, y del servicio al ciudadano, constituyendo esto uno de los retos del Estado, lidiar con esta situación, y actualizarlos, de tal manera, que no se constituyan en un obstáculo para la adecuada administración pública.

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Un programa diversificado de educación para los servidores públicos es factible, puesto que el Estado dispone de la infraestructura, del personal, y de los mecanismos tecnológicos que permiten el conocimiento del recurso humano, con sus potencialidades y limitaciones, y los puntos coincidentes entre los requerimientos de las áreas donde laboran y sus propias proyecciones. Incluimos las aspiraciones personales como factor, porque los empleados deben ser vistos como sujetos activos y no objetos pasivos, deben ser considerados en conjunto como el recurso más valioso, por lo que cualquier programa de mejoría debe tener como marco referencial su propia realidad, sus sueños y perspectivas de crecimiento integral, y su capacidad de relacionarse y servir al público.

La educación a los servidores públicos, además de un medio para maximizar la eficiencia en los servicios, debe ser un fin en sí misma, porque debe convertirse en parte ininterrumpida del sistema estructural; y el medio más seguro para colocar a un gran conglomerado humano en condiciones de enfrentar los retos de la era en que vivimos.

A propósito de este señalamiento, ¿En qué era vivimos? Las respuestas fundamentales y contradictorias en los conceptos, giran en torno a los que afirman que vivimos en la Sociedad de la Información y quienes dicen que es en la Sociedad del Conocimiento. Debates ideológicos dinamizan y hacen interesante la reflexión.

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En un libro auspiciado por la Comisión Económica para América Latina y la Oficina de Cooperación Europea, titulado La sociedad de la información en América Latina y el Caribe: Desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo, se establece que: “la sociedad de la información es un tipo de sociedad en que la captación, almacenamiento, computación y tramitación de la información, son las acciones socioeconómicas más importantes”.

La defensa por el concepto de Sociedad del Conocimiento es liderada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que al tema dedicó el No. 171 de la Revista internacional de ciencias sociales7, desde donde extraemos la siguiente cita: “El aspecto esencial (de la sociedad actual) está constituido por una aceleración sin precedentes del ritmo de creación, acumulación y sin duda también de depreciación del conocimiento. Esta tendencia se plasma en particular en una fuerte intensidad del progreso científico y tecnológico.

Tiene múltiples consecuencias y plantea numerosos retos…”

Podemos analizar la sociedad actual como un conglomerado de naciones dispersas físicamente pero unificadas por la tecnología, o podemos estudiarlas de manera particular, delimitada a una nación. En cualquier dimensión, al margen de los nombres utilizados y de las diferencias ideológicas que les atribuyen, encontramos como característica principal un vínculo entre la producción acelerada de

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www.unesco.org/new/fileadmin/ [En línea: 29 de septiembre de 2014)

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conocimientos y la reproducción, también acelerada, de informaciones, multiplicadas estas últimas por un incremento vertiginoso de la tecnología. Si nos pondríamos a teorizar sobre cuál predomina, si los conocimientos sobre la información o viceversa, podríamos fácilmente dispersarnos en la famosa interrogante respecto a quien fue primero: ¿el huevo o la piedra?

Lo importante es asumir como realidad, que cualquier conglomerado humano indiferente a la educación, está condenado a la marginalidad en los aspectos más sensibles a la existencia. Sin educación, las personas y los grupos transitan por la vida igual que una navegación desorientada en un espacio oceánico, sin brújula y con marineros inexpertos.

En términos de administración pública, en una sociedad como la nuestra, en que el Estado es el principal empleador, el peso en la empleomanía de personas sugeridas o recomendadas por los partidos políticos es significativo; por tanto, es de capital importancia conocer la actitud de los partidos políticos respecto del tema que estamos tratando. Sobre este particular, consideramos necesario alertar sobre el daño que ocasiona a la democracia dominicana el que un sector con tanta incidencia en el devenir de ésta, persista en su desinterés por la educación entre sus miembros.

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En los países donde impera la democracia representativa, los partidos políticos tienen gran responsabilidad en el tránsito hacia estadios más elevados, en todos los órdenes, o en el retroceso. En nuestro país, los partidos políticos dirigen los poderes Ejecutivo y Legislativo, y estos poderes a su vez, influyen en la escogencia de los miembros del Poder Judicial. De ellos emanan las más elevadas instancias gerenciales de la administración pública, y en su entorno se determinan las iniciativas para el futuro de la nación.

Lo ideal sería que las sociedades, para elegir a sus gobernantes, se inspiraran en las condiciones exigidas en la antigua Grecia, respecto a los niveles de conocimiento.

Esto obligaría a los dirigentes de los partidos a identificarse con la formación de sus miembros. Lamentablemente, estamos muy lejos de lo ideal.

Sin embargo, consideramos necesario exponer, ante los amantes del saber aquí representados, nuestro grito de alerta frente a la indiferencia educativa de gran parte de los dirigentes políticos respecto a las bases de sus partidos, y en algunos casos, frente a ellos mismos.

Cuando nuestros contemporáneos aquí presentes ostentaban la etapa cronológica de la adolescencia, sabían que podían indagar en las militancias partidarias respecto a conceptos como sociedad, socialdemocracia, socialcristianismo, liberación nacional, marxismo-leninismo, imperialismo y democracia en sus diferentes acepciones. Las 18

agrupaciones políticas hacían esfuerzos para que sus miembros conocieran las categorías principales de la filosofía, la economía, la sociología y la historia, desde un punto de vista más amplio y crítico que las clases en los centros educativos.

Hoy, lamentable y dolorosamente, esa mística parece haberse perdido, y estamos a tiempo para rescatarla. Decimos parece, para adelantarnos a quienes pregonen que ésas pueden ser actividades realizadas a lo interno de las organizaciones, y cómo tanto pueden estarlas realizando en sus locales. En todo caso, hablamos por lo que se ve en la práctica de la militancia partidaria, por la forma en que dirimen las contradicciones y hasta por el poco tacto con el cual suelen realizar proselitismo.

Otro matiz donde palpamos la necesidad de apoyar y fortalecer la formación en los partidos políticos, es en la muestra excesiva del egoísmo individual y colectivo, donde proyectan un interés predominante por los beneficios reales o posibles para las partes, en detrimento, muchas veces consciente, del todo. Individuos y minorías que sacrifican el futuro de sus organizaciones por considerarse más importantes que ellas, partidos que ignoran demandas de la democracia, y utilizan cuotas de Poder para obstaculizar proyectos considerados peligrosos para sus intereses, aunque estos proyectos sean demandas inherentes al nivel de madurez alcanzado por la democracia.

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Tal vez, en el inconsciente de algunos dirigentes políticos, subyace la frase que como cliché se difundió en la izquierda, en la década de 1970: “las clases no se suicidan”. Esto podría manifestarse en el temor del liderazgo a ser superado cualitativamente.

Los dirigentes partidarios deben revisar autocríticamente su actitud frente a la formación de sus miembros. Si ellos no lo hacen, corresponde entonces a la base de los partidos tomar sus propias iniciativas, para crear conciencia propia sobre las transformaciones aceleradas de la sociedad del conocimiento y de la tecnología, que entre otras características, nos conduce hacia la globalización y la polarización cultural, vinculándonos, de una u otra manera, a las luchas milenarias expuestas en las páginas bíblicas.

¿Por qué mostramos tanto interés en la necesidad de formar y educar a los miembros de los partidos políticos? Obviamente, por la razón expuesta, porque en nuestro sistema democrático, los partidos políticos son las conexiones básicas con la sociedad, y constituyen los instrumentos a través de los cuales los ciudadanos acceden a los principales puestos o cargos públicos, donde se diseñan, se formulan y aplican políticas que impactan en toda la población. Por tanto, no debemos dejarlos a su suerte, sino más bien, exigirles correspondencia con el principio de nuestro padre fundador, que concibió la política como “la ciencia más pura y la más digna de ocupar las inteligencias nobles, después de la filosofía”, y con el mandato constitucional, en su 20

artículo 216, que establece como uno de sus fines esenciales: “Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.

Distinguidos graduandos: No les he manifestado mis mejores deseos ni mis felicitaciones, porque, como pueden observar, soy parte de ustedes, reafirmando nuestro compromiso social.

Recibir el título de máster nos facilita comprender que el acceso a este nivel no debe ser un fin en sí, ni un medio en sí. Debe ser las dos cosas. Un fin de superación permanente, ya que la educación es un proceso a lo largo de toda la vida, y un medio para alcanzar peldaños más elevados en el crecimiento integral, y en el acceso a condiciones más auspiciosas de bienestar general, pero sobre todo, para poder servir a toda la sociedad, con la dignidad, el respeto y la valoración que merecen todos los ciudadanos y todas las ciudadanas.

La patria espera mucho de nosotros. Por favor, no la defraudemos.

¡Muchas gracias!

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