Definiendo Políticas de Identidad

Título:

Definiendio Políticas de Identidad.

• Resolución 012 / 2007.

• Instructivo para la aplicación de la Resolución 012/07, emitida por el Pleno de la Junta Central Electoral.

• Comunicado de prensa del Pleno, sobre la Resolución 012/07.

• Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 14 de dic. del 2005.

Cámara Administrativa Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente Dr. César Francisco Féliz Féliz, Miembro Titular Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, Miembro Titular Editora: Nurys Paulino, Encargada de Publicaciones Seguimiento de Edición: Ivanna Ramírez Diseño y Diagramación: Charles Castro Torres Publicaciones JCE, 2008 Junta Centra Electoral Av. 27 de Febrero esq. Av. Gregorio Luperón, Plaza de la Bandera Santo Domingo, D. N., República Dominicana Tel.: 809-539-5419 www.jce.do

Presentación La Resolución 012/2007, emanada del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), la cual “establece el procedimiento para la suspensión provisional de la expedición de actas del Estado Civil afectados de irregularidad”, es una muestra fehaciente de la actitud responsable y clara sobre el rescate y adecentamiento de las Oficialías del Estado Civil por parte del organismo electoral.

De ahí que la Cámara Administrativa de la JCE viene implementando dicha disposición y, en consonancia con esta, elaboró un instructivo para su aplicación, para de esa forma contribuir no sólo con su conocimiento, sino además con el proceso de transparencia en el ordenamiento jurídico y civil de la República Dominicana, siempre al amparo de la Constitución, lo que viene dando resultados evidentes y positivos.

La decisión y el tesón puestos en este objetivo son firmes e inquebrantables.

Es válido decir que esta Cámara Administrativa, como rectora o estamento competente en todo lo relacionado a las Oficialías del Estado Civil, ha asumido el desafío de fortalecer los documentos surgidos en las oficinas del Registro Civil como custodia de las mismas, garantizando la legalidad y legitimidad de los actos registrales.

Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa

Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, Miembro

Dr. César Francisco Féliz Féliz, Miembro

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Resoluci贸n 012/2007 emitida por el pleno de la JCE, que establece el procedimiento para la suspensi贸n provisional de la expedici贸n de actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas de manera irregular.

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Instructivo elaborado por la C谩mara Administrativa de la JCE para la aplicaci贸n de la Resoluci贸n 012/2007.

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Instructivo para la aplicación de la Resolución No. 012/2007, de fecha 10 de diciembre del año 2007, que autoriza a la Junta Central Electoral a suspender provisionalmente la expedición de Actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas de manera irregular.

La Junta Centra Electoral, Institución de Derecho Público establecida en la Constitución de la República y regulada por la Ley Electoral No. 275-97 del 21 de diciembre de 1997, modificada por la Ley No. 2-2003 del 07 de enero de 2003; por órgano de la Cámara Administrativa, con su sede principal en la intersección formada por las avenidas “Luperón y 27 de Febrero”, frente a la “Plaza de la Bandera”, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, integrada por el Dr. Roberto Rosario Márquez, en su calidad de Presidente; Dr. César Francisco Féliz Féliz, Miembro; Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, Miembro; asistidos de la Dra. Flor Alba Sanz Galay, Secretaria; dentro de sus atribuciones legales dicta el presente,

INSTRUCTIVO Considerando: Que el Pleno de la Junta Central Electoral mediante la Resolución No. 012/2007, de fecha 10 de diciembre del año 2007, estableció un procedimiento para la suspensión provisional de la expedición de Actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas de manera irregular.

Considerando: Que la Resolución No. 012/2007, de fecha 10 de diciembre del año 2007 establece en su artículo primero: “Disponer que sea suspendida provisionalmente la expedición de Actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su expedición y que solamente sean emitidas para fines estrictamente judiciales. El Pleno de la Junta Central Electoral conocerá, a través de su Comisión de Oficialías, de los casos de Actas que presentan vicios o irregularidades graves, a partir de las investigaciones realizadas por las instancias administrativas correspondientes”.

Considerando: Que en virtud de lo que dispone el Artículo 14, numeral 14 del Reglamento Interno de la Junta Central Electoral del 13 de marzo del año 2003: “La Cámara Administrativa será la competente de todo lo tenga que ver con la parte administrativa de las Oficialías del Estado Civil”.

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Considerando: Que para la aplicación de esta resolución se hace necesario que los actores principales, que son los Oficiales del Estado Civil, los inspectores y otros funcionarios relacionados con el Registro del Estado Civil, estén debidamente edificados para la correcta aplicación de la referida resolución.

Por tales motivos, en mérito de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, esta Cámara Administrativa dicta el siguiente instructivo para la aplicación de la Resolución No.012/2007, de fecha 10 de diciembre del año 2007: 1ero.: Los Oficiales del Estado Civil, inspectores u otros funcionarios de la Junta Central Electoral que en el ejercicio de sus funciones detecten actas o folios del Registro Civil viciados o instrumentados de manera irregular, deben dar inicio al proceso de investigación administrativa previsto en la Resolución No. 012/2007, de fecha 10 de diciembre del año 2007.

2do.: Inmediatamente después de ser detectadas estas Actas con irregularidades o vicios, los Oficiales del Estado Civil o los funcionarios respectivos, deberán remitirlas a la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil con sus correspondientes documentos justificativos y las explicaciones e informaciones que consideren útiles para el caso, y las mismas no podrán expedirse ni firmarse copias, certificados o extractos, mientras dure el proceso de investigación, a menos que sea para fines judiciales.

3ero.: Los Oficiales del Estado Civil informarán a los interesados que su expediente se encuentra bajo investigación por las irregularidades encontradas.

4to.: La Dirección Nacional del Registro del Estado Civil y la Dirección de Inspectoría registrarán en un sistema electrónico, creado por la Dirección General de Informática, cada uno de los expedientes recibidos, a los fines de determinar en qué departamento se encuentran, para tener un control del status de los mismos.

5to.: A los mismos fines, se instruye a la Dirección General de Informática para que se habilite un centro de llamadas telefónicas, gratuitas, para informar al ciudadano sobre el estado de investigación en que se encuentra su caso, así como las aplicaciones informáticas que contribuyan con una efectiva orientación.

6to.: Se dispone que en aplicación de la Resolución No. 012/2007, dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral en fecha 10 de diciembre del año 2007, la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil tramitará y sustentará ante la Comisión de Oficialías, a fin de que ésta remita al Pleno los expedientes relativos a las Actas del Estado Civil que contengan vicios o irregularidades, para fines de decisión.

7mo.: El estado de suspensión de las Actas del Estado Civil viciadas o irregulares, dispuesto por el Pleno de la Junta Central Electoral de conformidad con la Resolución No. 012/2007 de fecha 10 de diciembre del año 2007, se mantendrá hasta que culmine el procedimiento o acción judicial que las declare nula o las valide.

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8vo.: De acuerdo con la citada resolución, el Presidente de la Junta Central Electoral instruirá mediante oficio al Director Nacional del Registro del Estado Civil para que procure los libros originales contentivos de tales Actas en la Oficialía del Estado Civil correspondiente y en la Oficina Central del Estado Civil, en caso de tener duplicado.

9no.: El Director Nacional del Registro del Estado Civil procederá a estampar un sello gomígrafo con la inscripción: Suspendida Provisionalmente en los folios afectados.

Asentará la causa de la suspensión provisional, el número de oficio con que fue instruido y procederá a firmar. Este proceso se hará en ambos registros originales.

10mo.: El Director Nacional del Registro del Estado Civil devolverá los libros a la Oficialía del Estado Civil correspondiente o a la Oficina Central del Estado Civil, según corresponda.

11avo.: Tal como dispone la Resolución No. 012/2007, dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral en fecha 10 de diciembre del año 2007, el Oficial del Estado Civil y el Director de la Oficina Central del Estado Civil quedarán impedidos de expedir copias o extractos de los folios afectados, salvo autorización del Pleno o para fines estrictamente judiciales, indicándose de manera expresa que se suspende provisionalmente la expedición de dicha acta.

12avo.: La Dirección Nacional de Registro Civil informará a la Dirección General de Informática las medidas de suspensión adoptadas con indicación de los datos de los registros afectados, a los fines de que sea colocado un impedimento en la base de datos del sistema automatizado del Registro de los Actos del Estado Civil que implique la imposibilidad de la emisión del acta.

13avo.: Siempre en el marco de esta Resolución del Pleno de la Junta Central Electoral, esta instancia autorizará el levantamiento temporal o definitivo de la suspensión provisional.

14avo.: Los interesados en levantar el sello de suspensión provisional de la expedición de las Actas del Estado Civil deberán dirigirse a la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil de la Junta Central Electoral, y presentar los documentos justificativos requeridos.

Párrafo: La Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, si lo considera procedente, someterá nuevamente el expediente al Pleno de la Junta Central Electoral para su estudio y decisión.

15avo.: Al tenor de la preindicada Resolución, corresponde al Presidente de la Junta Central Electoral instruir mediante oficio al Director Nacional del Registro del Estado Civil el levantamiento de la suspensión definitiva, quien sellará con la leyenda Revalidada por disposición expresa del Pleno de la Junta Central Electoral, indicando la causa, la fecha de la revalidación y firmando al pie de la nota.

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16avo.: En caso de que la parte interesada opte por la instrumentación de una nueva acta, y esta sea procedente de conformidad con la Ley, queda a su cargo la obligación de efectuar los trámites tendentes a la anulación, mediante sentencia referida al Acta suspendida provisionalmente. Antes de la nueva instrumentación deberá agotarse el procedimiento de nulidad.

17avo.: En caso de que la irregularidad del Acta del Estado Civil justifique la anulación definitiva, el Pleno de la Junta Central Electoral, dispondrá apoderar a los Tribunales de la República, a través de la Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, la cual solicitará la anulación por vía judicial de la misma.

Párrafo I: En ningún caso los Oficiales del Estado Civil, los Directores y Encargados de los Centros de Servicios y Legalización, el Director Nacional del Registro del Estado Civil o cualquier funcionario de la Junta Central Electoral, podrá adoptar o disponer ninguna medida cautelar que menoscabe los derechos fundamentales de la personalidad del ciudadano, cuando estos documentos no se encuentren afectados de ninguna irregularidad, y a tal efecto, queda expresamente prohibido obstruir o dificultar la obtención, por parte de los ciudadanos, de cuantas copias sean necesarias en el ejercicio de sus derechos.

Párrafo II: Las medidas contenidas en este instructivo, en aplicación de la Resolución No.012/2007, dictada por el Pleno en fecha 10 de diciembre del año 2007, se inscriben en la política de rescate y adecentamiento del Registro del Estado Civil que actualmente desarrolla la Junta Central Electoral, que busca garantizar a cada ciudadano seguridad jurídica respecto de la información documental contenida en los Actos del Estado Civil bajo nuestra responsabilidad y custodia.

18avo.: El presente Instructivo sustituye, con todos sus efectos, cualquier disposición de carácter administrativo que sobre esta materia se haya dictado.

19avo.: Se ordena la publicación del presente Instructivo conforme lo establece la ley y se dispone su notificación a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, Oficina Central del Estado Civil, a todas las Oficialías del Estado Civil, la Consultoría Jurídica, la Dirección Nacional de Registro Electoral y su colocación en el portal de Internet de la Junta Central Electoral, conforme la ley de libre acceso a la información.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete (7) días del mes de agosto del año dos mil ocho (2008).

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Comunicado Posición del Pleno de la Junta Central Electoral respecto de los Criterios Jurídicos que sustentan las Políticas Públicas de Custodia y Administración de los Actos Registrales de la República Dominicana.

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Posición del Pleno de la Junta Central Electoral respecto de los Criterios Jurídicos que sustentan las Políticas Públicas de Custodia y Administración de los Actos Registrales de la República Dominicana.

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 6 de la Ley No. 275-97 y sus modificaciones, la Presidencia de la Junta Central Electoral convocó a una sesión ordinaria para este miércoles 16 del mes y año en curso, a fin de conocer varios puntos de agenda, entre los cuales se encontraba una propuesta para dejar sin efecto la Resolución No. 12-2007 emitida por el Pleno de este organismo el 10 de diciembre del año 2007, que establece el procedimiento para la suspensión provisional de la expedición de Actas del Estado Civil que contengan irregularidades.

Es importante destacar, que al asumir nuestras funciones el 23 de noviembre del año 2006, la actual matrícula del Pleno de la Junta Central Electoral encontró el Registro del Estado Civil y todo el sistema de identidad ciudadana en un estado de deterioro y en condiciones calamitosas, que nos obligaron a declarar como la tarea principal de esta institución para este cuatrienio “el rescatar el Registro del Estado Civil”, por ser éste el fundamento jurídico de la identidad de los ciudadanos dominicanos y dominicanas.

Como parte de las medidas destinadas a sanear el Registro del Estado Civil, la Junta Central Electoral ha realizado, a través de sus diversas instancias, numerosas investigaciones tendentes a identificar falsificaciones de actas, suplantaciones, documentos irregularmente instrumentados y otras fallas que afectan las Actas del Estado Civil. Actualmente están en investigación un total de 9,028 expedientes, que corresponden a las siguientes áreas:

- 1,342 expedientes por suplantación de datos;

- 2,155 casos de actas y folios irregulares;

- 2,416 expedientes de extranjeros, en su mayoría asiáticos, que obtuvieron cédulas de identidad personal después de estar legalmente prohibida su inscripción y expedición; y

- 3,115 actas de nacimiento investigadas en virtud de la Circular No. 17, emitida por la Cámara Administrativa de esta institución.

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Estas investigaciones y acciones que se han adoptado en la Junta Central Electoral respecto de los documentos de identidad de los ciudadanos, se han sustentado en las siguientes disposiciones o instrucciones:

- Resolución No. 5/99 del 04 de agosto del 1999, emitida por el Pleno de la Junta Central Electoral, que a su vez reitera en los aspectos tratados en esta declaración la Resolución No. 5/88 del 08 de junio del 1988;

- Circular No. 116 del 08 de febrero del 1994, emitida por el Dr. Manuel García Lizardo, a la sazón Presidente de la Junta Central Electoral, que a su vez ratifica el telegrama de su propia firma de fecha 29 de junio del 1993;

- Circular No. 3/2004 del 23 de enero del 2004, emitida por el Director Nacional del Registro Civil, que a su vez se basa en la Resolución No. 07/2003 del Pleno de la Junta Central Electoral;

- Circular No. 01-04 del 26 de marzo del 2004, emitida por el Dr. Luis Arias Núñez, a la sazón Presidente de la Junta Central Electoral, actuando en representación del Pleno;

- Circular No. 18-2006 del 02 de noviembre del 2006, a la firma del Director Nacional del Registro Civil, dada por instrucciones del Pleno de la Junta Central Electoral;

- Circular No. 017 del 29 de marzo del 2007, emitida por el Pleno de la Cámara Administrativa, a la firma del Presidente de la misma;

- Resolución No. 12-2007 del 10 de diciembre del 2007, emitida por el Pleno de la Junta Central Electoral.

Todas estas disposiciones y medidas antes citadas, respecto al tema del Registro del Estado Civil, testimonian que la Junta Central Electoral ha sido coherente en su accionar con relación a la custodia y administración de los actos registrales de la República Dominicana.

De igual manera, la novedad en este aspecto consiste en que las actas de nacimiento cuando se comprueba que en su declaración y emisión han ocurrido irregularidades, las mismas se remiten a los Tribunales Judiciales correspondientes, a los fines de que éstos se pronuncien sobre la nulidad o validez de estas actas, reservándose la institución el derecho de emitir el documento hasta tanto se produzca un pronunciamiento judicial, tal como lo estipulan las leyes de la materia.

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En relación con los hijos de extranjeros ilegales, la Junta Central Electoral ha aplicado el criterio jurídico que desde el año 1929 se estableció en la Constitución de la República y que la Suprema Corte de Justicia ratificó en su sentencia del 14 de diciembre del 2005, al conocer de un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley General de Migración 285-04, del 27 de agosto del 2004. Señala nuestro máximo órgano judicial en ese fallo, que “cuando la Constitución en el párrafo 1 de su artículo 11 excluye a los hijos legíti-

mos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él para adquirir la nacionalidad dominicana por jus soli, esto supone que estas personas, las de tránsito, han sido de algún modo autorizadas a entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país; que si en esta circunstancia, evidentemente legitimada, una extranjera alumbra en el territorio nacional, su hijo

(a), por mandato de la misma Constitución, no nace dominicano; que, con mayor razón, no puede serlo el hijo (a) de la madre extranjera que al momento de dar a luz se encuentra en una situación irregular y, por tanto, no puede justificar su entrada y permanencia en la República Dominicana, de lo que resulta que la situación de los hijos (a) de extranjeros nacidos en el país en las circunstancias apuntadas en la primera parte del artículo 11 de la Constitución, no es producto de consideraciones de raza, color, creencias u origen, sino del mandato expreso contenido en el señalado texto fundamental que exceptúa, desde la revisión constitucional de 1929, del beneficio de la nacionalidad dominicana, como se ha visto, no sólo a los hijos (a) de los que estén de tránsito en el país, sino también a los de extranjeros residentes en representación diplomática…”.

Por otra parte, la Resolución No. 12/2007, del 10 de diciembre del 2007, que establece un procedimiento para la suspensión provisional de la expedición de actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas irregularmente, viene a establecer mecanismos institucionales que permiten tomar medidas cautelares oportunas, evitando que un acta irregular sea utilizada para la expedición de documentos falsos y la comisión de delitos, garantizando al mismo tiempo a la persona afectada que puede ir a defender sus derechos por ante el tribunal apoderado de la nulidad de esta acta. Esta Resolución terminó con la época en que era la propia Junta quien anulaba las actas, al margen de la actuación de los órganos judiciales correspondientes.

La Junta Central Electoral se somete al criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que: “si bien se impone admitir el principio de que las actas del estado civil se deben tener como fehacientes hasta inscripción en falsedad, tal principio no se extiende a las declaraciones recibidas que transcriben los oficiales del estado civil al momento de instrumentar los actos propios de su ministerio, las cuales no hacen fe más que hasta prueba en contrario, por cuanto dichos oficiales públicos no pueden autenticar la veracidad intrínseca de tales declaraciones”. (Cas. Civ. Núm. 23, 22 de octubre 2003, B. J. 1115, págs. 340-347).

En adición a estas consideraciones de carácter jurisprudencial, es oportuno indicar que el artículo 21 de la Ley No. 6125 sobre Cédula de Identidad y Electoral, establece en su numeral 5 la obligatoriedad de la presentación de la cédula de identificación personal para fines de anotación y cita en los documentos, y muy en especial: “para acreditar la personalidad cuando fuere necesario en todo acto público o privado”. Asimismo, el propio al artículo 21 de la Ley No. 55 sobre Registro Electoral, reitera este mandato legal, en sus numerales 2, 3 y 4 cuando indica: “2. Para el otorgamiento de instrumentos públicos; 3. Para ejercitar acciones o derechos y gestionar bajo cualquier concepto ante los Tribunales, Juzgados, Corporaciones, autoridades y oficinas de todas clases; 4. Para hacer ante las autoridades, funcionarios y oficinas públicas cualquiera clase de reclamaciones, solicitudes, peticiones, denuncias o declaraciones”.

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Igualmente, la Ley No. 659 vigente, en su artículo 31 establece que: “cualquier persona podrá pedir copia de las actas asentadas en los registros del Estado Civil. Estas copias libradas conforme a los registros legalizados por el Juez de Paz de la jurisdicción o por el que haga sus veces, se tendrán por fehacientes, mientras no sea declarada la falsedad de dichas actas, siempre que sus originales hayan sido redactados en los plazos legales. Las actas sobre declaraciones tardías para las cuales no se hubiese usado procedimiento correspondiente, podrán ser impugnadas por todos los medios de derecho, y su sinceridad será apreciada por los jueces”.

Por su parte, el artículo 46 de la precitada Ley, dispone que: “en el acta de nacimiento se expresarán el día, hora y lugar en que hubiese ocurrido, el sexo del niño y los nombres que se le den; los nombres, apellidos, edad, profesión u ocupación, domicilio y nacionalidad del padre y de la madre, si fuere legítimo, y si fuere natural los de la madre; y los del padre si éste se presentare personalmente a reconocerlo; los nombres, apellidos, edad, profesión u ocupación, domicilio, nacionalidad y número, serie y sello de la Cédula de Identificación Personal del declarante”.

En tal sentido, el Pleno de la Junta Central Electoral reitera su compromiso ineludible de cumplir y hacer cumplir el mandato contenido en la Constitución de la República y las leyes. Asimismo, damos garantías de que la identidad nacional será resguardada y preservada celosamente por esta institución, y que estamos aplicando un programa de rescate y adecentamiento del Registro del Estado Civil, a fin de blindarlo de las acciones fraudulentas y dolosas, falsificaciones y suplantaciones que por tanto tiempo han afectado el sistema de Registro Civil dominicano, de tal manera que podamos brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y seguro respecto de los actos vitales que son el soporte y la base de la identidad nacional.

En ese sentido, ratificamos el compromiso y decisión de la Junta Central Electoral de sanear el Registro Civil, combatiendo los fraudes y las suplantaciones y preservando de manera celosa y eficiente los actos vitales que constituyen el fundamento de la identidad nacional.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil ocho (2008).

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Anexo

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Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 14 de diciembre del a帽o 2005, que sirve de base a la Resoluci贸n 012/2007 del Pleno de la JCE.

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Suprema Corte de Justicia Dios, Patria y Libertad República Dominicana En nombre de la República, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 14 de diciembre del 2005, años 162° de la Independencia y 143° de la Restauración, en funciones de Tribunal Constitucional, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia: Sobre la acción en inconstitucionalidad intentada por el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), representado por su Director, José Núñez SJ, (Céd. 0010332144-4); el Centro Cultural Domínico-Haitiano, Inc. (CCDH), representado por su Director, Dr. Antonio Pol Emil (Céd. 023-0007287-9), el Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos, Inc. (MOSCTHA), representado por su Director, Dr. Joseph Cherubin (Céd. de residente 001-126695-4), la Asociación Pro Desarrollo de la Mujer y Medio Ambiente, Inc. (APRODEMA), representada por su Directora, Inoelia Remy (Céd. 001-0363517-3), el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, Inc. (MUDHA), representado por su Directora, Sra. Sonia – Solain Pierre (Céd. 001-0942252-7), el Centro Dominico de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL), representado por su Director, Dr. Pedro Ubiera (Céd. 001-0134709-4), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), representada por su Presidente, Dr. Manuel María Mercedes Medina (Céd. 001-0234211-0), Amnistía Internacional Grupo Santo Domingo, representada por su Coordinador, Dr. Santos Bello Benítez (Céd. 001-0050170-9), el Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), representado por su Director, Virgilio Almánzar (Céd.

001-0522659-1), la Pastoral Cristiana de los Derechos Humanos representada por el Rvdo. Ángel Salvador Sánchez (Céd. 001-0240090-0), el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo SJ (CES Montalvo), representado por su Director, Mario Serrano SJ (Céd. 001-032983-9), la Colectiva Mujer y Salud, representada por su Directora Sergia Galván (Céd. 001-013721-5), el Instituto de Derechos Humanos Santo Domingo (IDHSD), representado por su Directora Vielka Polanco (Céd. 001-0101093-2) el Comité de Seguimiento del Foro Ciudadano, representado por su Secretaria General Sra. Sergia Galván (Céd. 001-013721-5) , y la Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA) representada en República Dominicana por la Sra. Sergia Galván (Céd. 001-013721-5), todas instituciones incorporadas según la Ley núm. 520 de Asociaciones sin Fines de Lucro de la República Dominicana;

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Visto, la instancia depositada en esta Suprema Corte de Justicia, el 27 de junio de 2005, suscrita por los Dres. Antonio Pol Emil, Eddy Tejeda Cruz, Roberto Antúan José, Humberto Michel Severino, Marisol Antigua, Santos Bello Benítez, Benito Cruz Peña, María Victoria Méndez y Moisés Medina Moreta, abogados de los impetrantes, la cual concluye así: “Único: Que declaréis la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la Ley General de Migración núm. 28504, del 27 de agosto de 2004, con todas las consecuencias de derecho”; Visto el escrito de Intervención de Refutación de la demanda en Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Ley sobre Migración núm. 285-04, del 27 de agosto de 2004, depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia en fecha 30 de septiembre de 2005 y suscrita por: Lic. Juan Miguel Castillo Pantaleón, Licda. Leila Roldán, Dr. Lupo Hernández Rueda, Dr. Jottin Cury, Dr. Jottin Cury (hijo); Dr. Manuel Bergés Chupani, Dr. Manuel Bergés (hijo), Dr. Mario Read Vittini, Dr. Víctor Gómez Bergés, Dr. Julio César Castaños Guzmán, Lic. Juan Manuel Rosario, Dr. Mariano Rodríguez, Dr. Fernando Hernández Díaz, Lic. Vinicio Castillo Seman, Lic. Manuel Ramón Tapia López, Lic. Luis Rafael Vílchez Marranzini, Dr. Teófilo Lappot Robles, Dr. Jacobo Simón Rodríguez, Lic. Luis Alfonso Mercado Alvarado, Lic. Manuel Aybar Ferrando, Dr. Ramón Andrés Díaz; Licda. Dulce María Féliz Maríñez, Licda. Ana María Rodríguez Castro y Dr. Deomedes E. Olivares, quienes actúan en representación del Dr. Armando Armenteros Estrems, Presidente del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, Inc., Dr. Joaquín Ricardo, Ing. Johnny Jones, Diputado César Santiago Rutinel Domínguez (Tonty), Diputado José Ricardo Taveras, Dr. William Jana T., Dr. Manuel Núñez, Dr. Juan Tomás Mejía Feliú, Federico Henríquez Gratereaux, Dr. Mariano Lebrón Saviñón, Ing. José Ramón Martínez Burgos, Dr. Guiseppe Rímoli Martínez, Dr. Abelardo Piñeyro, Altagracia R. Coiscou, Humberto Rímoli, Dr. Julio Hazim Risk, Consuelo Despradel, Héctor Tinero, Darío Cuba Amparo, Persio Maldonado, Cristino del Castillo, Machi Constant, Rafael Ortiz, Fernando Casado, Dr. Franklin Guerrero, Dense Reyes Estrella, Carmen S. de Armenteros, Deidamia Pichardo Grullón, Guillermo Hernández, Dr. Mauricio Espinosa, Álvaro Logroño Fiallo, Dr. Abraham Medina, Dr. Pablo Nadal Salas, Licda. Raisa Marion-Landais Peña, William Ramón Tapia Marion-Landais, Licda. María Soledad Benoit Brugal, Ramón Oscar Tapia Marion-Landais, Raisa Mercedes Tapia Marion-Landais, Lic. Santo Miguel Román, Dr. Luis Ventura, Fabio Caminero Gil, Ángel Acosta Abad, Vidalito Santos, Francisco Núñez, Antonio Santos Amparo, Ricardo López, Lic. Eugenio Díaz Pérez, Licda. Luisa Reyes, General José Miguel Soto Jiménez, General Oscar Padilla Medrano, General Manuel Cruz Méndez, Vicealmirante Manuel Montes Arache, Vicealmirante Rubén Paulino Álvarez, Vicealmirante Rolando Polanco, General Virgilio Matos Mieses, Comandante Evelio Hernández, General Román Ramiro Caamaño Sánchez, Contralmirante Luis Feliz Roa, Contralmirante Domingo Gómez, General Manuel Hernández, Mayor General Juan Nolasco Rodríguez, General Héctor Valenzuela, Contralmirante Ramón N. Hernández, Contralmirante Narciso Cassó Rincón, Contralmirante Héctor T. Ramírez Cruz, Rafael A. Abreu Martínez, Contralmirante Danilo Fortunato Cruz, Mayor General Octavio de Js. Jorge P., la Juventud Nacional Comprometida, Inc. (Junco), debidamente representada por su presidente Dr. Víctor Caamaño y por lo siguientes miembros directivos: Licda. Leila Mejía, Carlo Santos, Carolina Priscilla Velásquez Castillo y Manuel Rodríguez;

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Visto la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948; Visto la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, del 18 de diciembre de 1979; Visto la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, del 21 de diciembre de 1965; Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 16 de diciembre de 1966; Visto la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969; Visto la Convención sobre Condición de Extranjeros suscrita en la VI Conferencia Interamerica de La Habana, Cuba, de 1928; Visto el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, de 1966; Visto la Convención de La Haya, sobre Nacionalidad, de la Liga de las Naciones, de 1930; Visto la Convención sobre el Estado de los Apátridas, de las Naciones Unidas, de 1954; Visto la Convención para Reducir los casos de Apatridia, de las Naciones Unidas, de 1961; Visto el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación entre los Gobiernos de la República Dominicana y de la República de Haití, de 1999; Visto la Declaración sobre la Condiciones de la Contratación de sus Nacionales entre los Gobiernos de la República Dominicana y la República de Haití, de 2000; Visto la Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil, de 1944; Visto el Preámbulo de la Ley General de Migración núm. 285-04, de 2004; Visto la Constitución de la República de Haití, en su artículo 11; Vistos los artículos 3 párrafo; 8 párrafo 1, numeral 2 letra j), 5 y 9 letra f); 11 numeral 1; 37 numeral 9; 67 numeral 1 y 100 de la Constitución y 13 de la Ley núm. 156-97, de 1997, que modifica la Ley núm. 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia;

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Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, del 25 de agosto de 2005, que termina así: “Primero: Que procede declarar regular en la forma la instancia en solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad en contra de la Ley 285-04 del 27 de agosto de 2004, representada por los Dres. Antonio Pol Emil, Eddy Tejada Cruz, Roberto Antúan José y otros (023-0007287-9, 001-0086143-4, 001-0402365-0, 068-0006215-1 y 018-0033951-5), respectivamente; Segundo: Que sean rechazados, los medios fundamentales sobre la violación a los artículos 8 párrafo 1 y 2, letra j, 5 y artículo 9, letra f, de nuestra Carta Magna” (sic); Considerando, que los autores de la presente acción plantean, en síntesis, a la Suprema Corte de Justicia, dada su competencia en el control de constitucionalidad de la ley, la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la Ley General de Migración núm. 285-04, del 27 de agosto de 2004, que tratan sobre la regulación de la entrada y permanencia de extranjeros al territorio dominicano y que los impetrantes estiman vulneran los derechos humanos de los haitianos y haitianas que residen en el país porque están dirigidas sus disposiciones a restringir, limitar y excluir a esa minoría de residentes; Considerando, que ciertamente, el artículo 67, inciso 1 de la Constitución de la República, dispone, entre otras cosas, que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere esa Constitución y la ley, conocer en única instancia de la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada; que asimismo el artículo 13 de la Ley núm. 156-97, de 1997, reafirma esa competencia al declarar que corresponde a la Suprema Corte de Justicia en pleno, conocer el recurso de constitucionalidad de las leyes a que se refiere la parte in fine del inciso 1 del artículo 67 de la Constitución, así como de todo otro asunto que no esté atribuido, exclusivamente, a una de sus Cámaras; En lo que concierne a las disposiciones del artículo 28 de la Ley 285-04, General de Migración, del 27 de agosto de 2004;

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onsiderando, que sometido al examen de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte Constitucional, resulta necesario precisar, en primer término, que este artículo dispone que las extranjeras “No Residentes” que durante su estancia en el país den a luz a un niño (a), deben conducirse al consulado de su nacionalidad a los fines de registrar allí a su hijo (a), y en los casos en que el padre de la criatura sea dominicano, podrán registrar la misma ante la correspondiente Oficialía de Estado Civil Dominicano, conforme disponen las leyes de la materia;

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Nota: Insert para destacar en la sentencia dictada por la SCJ, considerando que hace mensión a la Resolución 12/07, emitida por la Junta Central Electoral

que dicho texto legal, entre otras disposiciones, establece que todo centro de salud que al momento de ofrecer su asistencia de parto a una mujer extranjera que no cuenta con la documentación que la acredite como residente legal, expedirá una constancia de nacimiento de color rosado diferente a la constancia de nacimiento oficial, con todas las referencias personales de la madre; que de esa norma los impetrantes aducen que discrimina a un grupo determinado de personas que son las extranjeras o madres no residentes, además de violar el principio de igualdad jurídica cuando obliga a todo centro de salud, cuando asista a una parturienta extranjera que no cuenta con la documentación que la acredita como residente legal, a expedir respecto del hijo (a) que nazca, una constancia de color rosado diferente a la constancia de nacimiento oficial, con todas las referencias personales de la madre; Considerando, que es muy cierto, como aducen los impetrantes, que a los términos de los artículos 8 numeral 5 y 100 de la Constitución, la igualdad de todos ante la ley constituye un principio cardinal del ordenamiento jurídico dominicano, recalcado en los artículos 2.1 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, a cuyo tenor, respectivamente: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (art. 2.1)”, así como que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación (art. 7)”; y que por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 16 de diciembre de 1966, en el numeral 3 de su artículo 10 prescribe que “Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición”;

C

onsiderando, que también es verdadero que las disposiciones del referido artículo 28 de la Ley General de Migración núm. 285-04, de 2004, tienen por objeto, como se ha dicho antes, imponer a las extranjeras “No Residentes” que durante su estancia en el país den a luz a un niño (a), la obligación de registrar en el consulado de su nacionalidad a su hijo (a), salvo cuando el padre de la criatura sea dominicano, caso en el cual podrán hacerlo en la Oficialía del Estado Civil correspondiente, de lo que infieren los impetrantes que la referida previsión legal crea una situación discriminatoria en perjuicio de las madres extranjeras “No Residentes” que durante su estancia en el país den a luz a un niño (a) al imponerles la obligación señalada, por lo que entienden que el mismo es contrario a la Constitución y convenios internacionales invocados;

Nota: Insert para destacar en la sentencia dictada por la SCJ, considerando que hace mensión a la Resolución 12/07, emitida por la Junta Central Electoral

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Considerando, que, sin embargo, el hecho de que la parte capital y el párrafo 1 del citado artículo 28 de la Ley núm. 285-04, haga la distinción referida entre las mujeres extranjeras “No Residentes” y las Residentes, como se dice antes, ello no implica en modo alguno que con tal disposición se esté quebrantando la prohibición constitucional que condena todo privilegio y situación que tienda a menoscabar la igualdad de todos los dominicanos que son, en definitiva, quienes podrían invocar las diferencias en caso de que alguna entidad de la República conceda títulos de nobleza o distinciones hereditarias, al tenor de lo pautado por el artículo 100 de la Constitución, cuya violación se alega; que como es atribución del Congreso, como se verá más adelante, arreglar todo cuanto concierne a la migración, es indudable que la regulación y control del movimiento de personas que entran y salen del país, es un derecho y al mismo tiempo una obligación del legislador dominicano que pone en obra cuando adopta medidas como las concebidas en el examinado artículo 28 de la Ley General de Migración núm. 285-04, las que no tienden sino a establecer un mero control administrativo de las extranjeras “No Residentes” que durante su estancia en el país den a luz un niño (a), lo que de manera alguna tampoco contraviene los instrumentos internacionales de que es parte la República, cuya interpretación corresponde, en principio, a los tribunales nacionales, siendo criterio de esta Corte que el indicado artículo 28 no vulnera la Carta Fundamental del Estado Dominicano; En lo que concierne a las disposiciones del artículo 36 de la misma Ley General de Migración, núm. 285-04 de 2004; Considerando, que las disposiciones del artículo 36 sometidas asimismo al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Tribunal Constitucional, determinan, primero, cuáles extranjeros son admitidos como No Residentes y, segundo, que éstos, son considerados personas en tránsito, para los fines de la aplicación del artículo 11 de la Constitución de la República; que los impetrantes alegan, para fundamentar su acción sobre este aspecto, que no obstante conceder el Estado “alta prioridad a los problemas migratorios, en reconocimiento de la Constitución, las leyes y acuerdos internacionales”, que con esas imputaciones los impetrantes reprochan a la legislación cuestionada por ser discriminatoria por estar dirigida a restringir, limitar y excluir a la minoría de haitianos y La Ley núm. 285-04 contradice la propia Constitución cuando, además de interpretarla, señala que “los No Residentes son considerados personas en Tránsito, para los efectos de aplicación del Artículo 11 de la Constitución de la República (art. 36 párrafo 10), ya que la Constitución en su artículo 3 establece que el país “reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida que sus poderes públicos las hayan adoptado”; haitianas residentes en territorio dominicano; que sobre ese particular los impetrantes no señalan de manera específica a cual norma del Derecho Internacional se vulnera por vía del citado párrafo 10 del artículo 36, limitándose únicamente a expresar que el artículo 8 de la Constitución no discrimina entre nacionales y extranjeros al reconocer como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos humanos,

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sin reparar en que la Constitución no otorga la nacionalidad dominicana indiscriminadamente a todos los que hayan nacido en el territorio nacional, sino que al consagrar el jus solis, como sistema para ostentar la nacionalidad dominicana, además del jus sanguini, lo hace con dos excepciones que excluyen a: los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática y a los hijos de los que están de tránsito en él; Considerando, que la Constitución de la República en su artículo 11 consagra el principio de que la nacionalidad dominicana originaria puede resultar de dos causas: del hecho de haber nacido en el país (jus solis) o por haber nacido de padre o madre dominicanos (jus sanguini), en ambos casos con las excepciones indicadas; que respecto de la nacionalidad derivada del jus solis, nuestra Ley Fundamental, en el numeral 1 del texto señalado, expresa lo siguiente:

S

on dominicanos: todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él”;

Considerando, que la nacionalidad es un fenómeno que crea un lazo de esencia marcadamente política en que cada Estado, en los límites de los tratados internacionales y el derecho de gentes, determina soberanamente quiénes son sus nacionales, por lo que puede, como corolario obligado de ello imponerse al que nace en su territorio o en él se desenvuelve; que dentro de los límites de compatibilidad antes indicados,

L

a Convención de La Haya del 12 de abril de 1930, en su artículo 1 consagra a este respecto el principio de que pertenece a cada Estado determinar por su legislación quiénes son sus nacionales, sin perjuicio de la libertad reconocida a los individuos de elegir, dentro de los límites que fije la ley, su nacionalidad o de cambiar de ella;

Nota: Insert para destacar en la sentencia dictada por la SCJ, considerando que hacen mensión a la Resolución 12/07, emitida por la Junta Central Electoral

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onsiderando, que en ese orden el artículo 37 de la Constitución de la República, que establece y enuncia cuáles atribuciones pertenecen al Congreso en su función legislativa, precisa en el numeral 9 que una de esas atribuciones es la de “Disponer todo lo relativo a la migración”, lo que significa, sin equívocos, que ese canon constitucional ha reservado a la ley la determinación y reglamentación de todo cuanto concierne a esta materia; Considerando, que el hecho de ser la Constitución la norma suprema de un Estado no la hace insusceptible de interpretación, como aducen los impetrantes, admitiéndose modernamente, por el contrario, no sólo la interpretación de la doctrina y la jurisprudencia sino la que se hace por vía de la llamada interpretación legislativa, que es aquella en que el Congreso sanciona una nueva ley para fijar el verdadero sentido y alcance de otra, que es lo que en parte ha hecho la Ley General de Migración núm. 285-04;

C

onsiderando, que, en efecto, cuando la Constitución en el párrafo 1 de su artículo 11 excluye a los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él para adquirir la nacionalidad dominicana por jus soli, ésto supone que estas personas, las de tránsito, han sido de algún modo autorizadas a entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país; que si en esta circunstancia, evidentemente legitimada, una extranjera alumbra en el territorio nacional, su hijo (a), por mandato de la misma Constitución, no nace dominicano; que, con mayor razón, no puede serlo el hijo (a) de la madre extranjera que al momento de dar a luz se encuentra en una situación irregular y, por tanto, no puede justificar su entrada y permanencia en la República Dominicana, de lo que resulta que la situación de los hijos (a) de extranjeros nacidos en el país en las circunstancias apuntadas en la primera parte del artículo 11 de la Constitución, no es producto de consideraciones de raza, color, creencias u origen, sino del mandato expreso contenido en el señalado texto fundamental que exceptúa, desde la revisión constitucional de 1929, del beneficio de la nacionalidad dominicana, 36

Nota: Insert para destacar en la sentencia dictada por la SCJ, considerando que hacen mensión a la Resolución 12/07, emitida por la Junta Central Electoral

como se ha visto, no sólo a los hijos (a) de los que estén de tránsito en el país, sino también a los de extranjeros residentes en representación diplomática, lo que descarta que a la presente interpretación pueda atribuírsele sentido discriminatorio; que consecuentemente, no tiene este carácter la ley cuestionada por los impetrantes cuya acción, por tanto, carece de fundamento y debe ser descartada; Considerando, que al desentrañar el texto legal cuestionado la teleología del numeral 1 del artículo 11 de la Constitución, esto es, el sentido y alcance de este precepto, ello ha sido posible, en la especie, al reservar la Constitución a la ley, como se ha visto, todo cuanto concierne a la migración; que en ese orden y siendo la regulación y control del movimiento de personas que entran y salen del país un derecho inalienable y soberano del Estado Dominicano, la determinación por el legislador de los extranjeros residentes permanentes y temporales; de los no residentes y las personas consideraras en tránsito; del procedimiento para ser admitido como persona no residente en la subcategoría de trabajadores temporeros; de los cambios de categoría migratoria; del control de permanencia de extranjeros y la cuestión de los recursos legales con que estos cuentan en caso de expulsión o deportación, a todo lo cual se refieren las disposiciones adjetivas arriba señaladas y sometidas al examen de la Suprema Corte de Justicia, como Corte Constitucional, no puede en modo alguno contravenir las disposiciones constitucionales e internacionales cuya violación se denuncia en el acto introductivo de la presente acción; Considerando, que por esas razones, las dichas disposiciones de la ley atacada no podrían verse en sí mismas, en tanto fueron dictadas en armonía con la regla del artículo 37 numeral 9 de la Constitución, como violatorias de los principios fundamentales vinculados con la nacionalidad ni de ningún otro principio fundamental o ninguna regla que sustituya la competencia del legislador en virtud del antes citado artículo 37 numeral 9 de la Constitución; Considerando, que en el único caso en que la República Dominicana pudiera verse constreñida a otorgar la nacionalidad dominicana a un extranjero que se encuentre al margen de la ley con respecto a su estancia en el país o de una persona que haya nacido en el territorio nacional, que de otro modo resultarían apátridas, sería en aplicación, a la cual el interesado tendría que dar estricto cumplimiento, de la Convención para Reducir los casos de Apatridia, adoptada por las Naciones Unidas el 30 de agosto de 1961, lo que no es dable en el caso a que se contrae la instancia de referencia en razón de que las personas aludidas en la misma les corresponde por jus sanguini la nacionalidad de su país, lo que descarta la posibilidad que para los apátridas prevé justamente la Convención ya citada y, por tanto,

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onsiderando, que, por otra parte, los impetrantes en apoyo de su acción invocan la violación de las Leyes 136-03, de 2003, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes y la 16-92, de 1992, que instituye el Nuevo Código de Trabajo, así como otras disposiciones adjetivas, como las que reglamentan la libertad de tránsito, Considerando, que la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de esta Suprema Corte de Justicia, ha juzgado de manera incidental que no es extranjero transeúnte aquel que ha sido provisto de un permiso de residencia expedido por la Dirección General de Migración, lo que ha sido decidido en ocasión de desestimarse una solicitud de la parte contraria al extranjero a quien se le exigía prestar la fianza judicatum solvi, prevista en el artículo 16 del Código Civil para el extranjero transeúnte demandante, de lo que resulta, como lógica consecuencia, que para no ser transeúnte en el país, es preciso estar amparado del permiso de residencia correspondiente, antes aludido, caso contrario se reputaría No Residente, conforme a la ley y, por tanto, en tránsito, criterio que hace suyo este Pleno; En lo que concierne a las disposiciones de los artículos 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la misma Ley General de Migración núm. 285-04 de 2004; Considerando, que los artículos 49, 56, 58, 62, 100, 101 y 103 de la Ley núm. 285-04, argüidos igualmente de inconstitucionalidad, y que tienen por objeto el modus operandi o trazado del procedimiento a seguir para ser admitido en el país como persona no residente en la subcategoría de trabajadores temporeros, conforme al sistema de cuota anual, que establecerá el Consejo Nacional de Migración, creado por la misma ley, para la aplicación de la política nacional de migración, no son contrarios a la Constitución por las mismas razones sustentadas en el precedente examen de los artículo 28 y 36 de la ley cuestionada; que en lo que toca a los artículos 138 y 139 cuya no conformidad con la Constitución también se aduce, basta observar para convenir que la previsión contenida en el primero, al establecer que el extranjero en condición legal en el país que reciba una orden de deportación o expulsión podrá recurrir a los procedimientos legales que disponen las leyes del país, no puede infringir nuestra Ley Fundamental por reconocerle a ese extranjero el derecho de acceso a la justicia que la propia Constitución y el Bloque de Constitucionalidad consagran en su beneficio; que por su parte, no puede tampoco vulnerar la Constitución el artículo 139 de la Ley General de Migración al permitir la expulsión, al margen de todo recurso, en caso de urgencia absoluta cuando esté en juego

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Nota: Insert para destacar en la sentencia dictada por la SCJ, considerando que hace mensión a la Resolución 12/07, emitida por la Junta Central Electoral

la seguridad de Estado o la seguridad pública, ya que tal disposición deriva de la facultad que el artículo 55, numeral 16 de la Constitución, atribuye al Presidente de la República para hacer arrestar o expulsar a los extranjeros cuyas actividades, a su juicio, fueren o pudieren ser perjudiciales al orden público o a las buenas costumbres, lo que constituye, sin duda, un acto de soberanía e inalienable de un órgano supremo del Estado;

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onsiderando, que en la especie, no ha lugar para que la Suprema Corte de Justicia, actuando en sus funciones constitucionales, promueva de oficio ninguna cuestión que de conformidad con la Constitución concierna a las otras disposiciones de la ley sometida a su examen.

por ejemplo, que han venido aplicándose en el territorio nacional; que las citadas leyes, por su jerarquía, no pueden justificar una acción directa de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia bajo el fundamento de que han sido vulneradas; que el control de la legalidad de una norma se ejerce, por el contrario, por vía de la excepción de ilegalidad promovida en ocasión de un proceso ante los tribunales inferiores del orden judicial o administrativo,

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a obligación para el Estado dominicano de conceder su nacionalidad a los indicados ciudadanos en la hipótesis planteada en esa Convención; que a ese respecto, lo que da sustento a lo antes afirmado, el artículo 11 de la Constitución de la República de Haití, expresa, de forma categórica lo siguiente: “Todo individuo nacido, en Haití o en país extranjero, de un haitiano o de una haitiana, es haitiano”; cual podría, eventualmente, ser conocida por la Suprema Corte de Justicia si ante ella se recurre como Corte de Casación, y no como Corte Constitucional; Considerando, que las disposiciones de la ley sometidas al examen de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte Constitucional, no son contrarias a la Constitución ni a las convenciones y tratados invocados por los impetrantes;

Nota: Insert para destacar en la sentencia dictada por la SCJ, considerando que hacen mensión a la Resolución 12/07, emitida por la Junta Central Electoral

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Por tales motivos: Primero: Declara que los artículos 28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la Ley General de Migración núm. 285-04, del 15 de agosto de 2004, sometidos a la Suprema Corte de Justicia, como Corte Constitucional, para su examen, son conformes a la Constitución de la República; Segundo: Ordena que esta sentencia sea comunicada al Magistrado Procurador General de la República, para los fines de lugar, a los impetrantes y publicada en el Boletín Judicial, para su general conocimiento.

Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos E., Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado. Grimalda Acosta, Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

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