PERIÓDICO DIGITAL PUBLIAGRO 13/07/2021

BOLIVIA · AÑO 1 · MES 14 · EDICIÓN # 332 www.publiagro.com.bo P6 GANADEROS DEL BENI CREARON UN FONDO PARA LUCHAR CONTRA EL ABIGEATO

P 10 EXPORTACIONES CRECEN IMPULSADAS POR EL AGRO Y LA MINERÍA; LA VENTA DE GAS SIGUE CAYENDO

MARTES

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JULIO.2021

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AGRÍCOLA

IPDSA Técnicos son capacitados para implementar el control en la producción de cultivos de café La Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA) desarrolla el curso de capacitación en el uso y manejo de vehículos aéreos no tripulados-VANTs (DRONs), en el marco, del fortalecimiento al seguimiento y monitoreo de la producción del café.

F O T O: IPDSA

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l uso de los DRONs, permitirá orientar la toma de decisiones de forma oportuna para el alcance de los objetivos del Proyecto de Implementación del Programa de Inversión Caficultura a Nivel Nacional, indico el Director General de la institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, Jhonny Huanca.

Con esta capacitación dijo, se tendrá como resultado un personal técnico capacitado en el uso y manejo de DRONs (vuelo y preparación del equipo) Según el Coordinador Nacional del Programa Café, Gregory Peñafiel, el uso de esta tecnología cumple múltiples funciones en la agricultura, como el mapeo de campos, la vigilancia y monitoreo de los cultivos,

plagas y enfermedades, la eficiencia de irrigación, y la aplicación de plaguicidas, entre otros, indicó.

El programa de café es implementado con el objetivo de desarrollar el potencial productivo sostenible del cultivo de café con énfasis en la producción orgánica, incrementando su producción y productividad para la obtención de cafés de alta calidad orientados al mer-

cado nacional y de exportación, que permitirá incrementar la producción de 40 mil a 150 mil sacos de café

Fuente: IPDSA

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PECUARIA

Ganaderos del Beni crearon un fondo para luchar contra el abigeato Directivos de tres asociaciones de ganaderos acordaron aportar diez bolivianos por cada cabeza de ganado, mientras los de Riberalta otorgarán 8 Bs., montos que serán destinados a sufragar los gastos que se generan contra el flagelo del robo de ganado.

"Cada filial cobrará el monto de diez bolivianos en su jurisdicción al momento de emitir el documento de constancia del derecho propietario ante la Corte Provincial, un aporte que será realizado por el ganadero". Javier Cuellar, presidente de la Asociación de Ganaderos de Santa Rosa

Foto: Fegabeni

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epresentantes de tres asociaciones de ganaderos del departamento del Beni acordaron crear un fondo de reserva que será destinado a la lucha contra el abigeato, según lo dieron a conocer en una conferencia de prensa en la que expresaron el repudio ante el constante robo de ganado que se realiza en ese territorio.

El aporte consiste en diez bolivianos por cada cabeza de ganado que otorgará cada ganadero para sufragar los gastos que se requieren en la lucha contra los delincuentes que practican estas fechorías.

La filial de Riberalta cobrará ocho bolivianos por derecho de faena que estarán destinados a gastos operativos en el control del abigeato, de acuerdo al informe de prensa presentado por Fegabeni, a través de un video.

Javier Cuellar, presidente de la Asociación de Ganaderos de Santa Rosa, Romae Do-

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mínguez, presidente de la Asociación de Ganaderos El Yata y Carlos Sonneinschen Antelo, presidente de la Asociación de Ganaderos de Riberalta, junto a Herlan Ojopi, tesorero de Fegabeni, fueron los encargados de manifestar sus puntos de vista sobre la polémica situación.

Cuellar dio lectura al convenio tomado para contrarrestar el delito de abigeato que se ha desatado en esa región del país.

Mencionó que los puntos fueron acordados por las tres asociaciones presentes junto al representante de Fegabeni, que dio absoluto respaldo a los afiliados.

"Cada filial cobrará el monto de diez bolivianos en su jurisdicción al momento de emitir el documento de constancia del derecho propietario ante la Corte Provincial, un aporte que será realizado por el ganadero".

Agregó que el segundo punto del acuerdo establece que

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en Riberalta los ganaderos aportarán ocho bolivianos para apoyar el objetivo de frenar a los delincuentes.

En tercer lugar, se acordó conformar un cruce de información permanente entre las tres filiales que suscribieron el convenio acerca del movimiento del ganado.

El punto cuatro refiere que la filial de Riberalta podrá emitir documentos de constancia de derecho propietario de las filiales, entre ellas la de Santa Rosa de Yacuma.

"Los fondos se deben cobrar con el aporte provincial correspondiente a cada filial, en recibos de las filiales de origen que serán entregados bajo actas y, de igual manera, deberá hacerse un informe mensual de ese dinero", explicó el ganadero.

Domínguez, por su parte, se mostró feliz por cuanto todas las filiales ganaderas del Beni se pusieron de acuerdo para lograr la lucha contra el abigeato.

Sonneinschen Antelo, expre-

só que se unieron tres asociaciones respetando el flujo de ganado que poseen, sobre todo las reses con destino a faena.

"Hemos identificado varias falencias en el control del ganado por parte de las asociaciones sobre todo por una falta de manejo de información. Se firma este convenio para dar más garantías a nuestros asociados sobre el flujo de su venta de ganado, así como el control del abigeato en las tres filiales".

Recalcó que, de esta manera, se podrá garantizar el uso de los recursos que se paga por cada res.

Finalmente, intervino Herlan Ojopi para resaltar que siempre se debe salvaguardar la unidad del gremio.

"Ha sido una reunión muy productiva en la que se tocaron temas muy neurálgicos referentes a la lucha contra el abigeato que es un flagelo que tiene acongojado a todo el sector" En Trinidad se está luchando muy de frente contra el abigeato, precisó el directivo de Fegabeni, y es por ello que estas acciones se están replicando en todas las provincias.

"Vamos a empezar a trabajar desde esta semana para que todas las filiales, sobre todo los socios, se sientan protegidos y constaten que las instituciones a las cuales están afiliados salvaguardan sus patrimonios", dijo para culminar.

Redacción: Publiagro.

PECUARIA

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PECUARIA

La cabaña Mercedes del Beni mostró su capacidad para la crianza del ganado Elvira Lima Ruiz, propietaria de la referida estancia, manifiesta que se siente muy orgullosa por la alta calidad de ganado que han desarrollado mediante los cruces de razas, las cuales permiten lograr abundante carne para la venta.

Foto: ASOCEBU

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ostrar la calidad en la genética y el buen manejo del ganado son los puntos fundamentales que se manejan en la Cabaña Mercedes ubicada en el departamento del Beni, según lo refiere su propietaria Elvira Lima Ruiz en una entrevista exclusiva con el Noticiero Publiagro.

"Este es un proyecto innovador y lo realizamos para mostrar el trabajo que hemos realizado con mucho esfuerzo durante cinco a seis años y que tiene como

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finalidad evidenciar que en el Beni se puede obtener calidad en la genética y en el manejo del ganado", asegura la entrevistada.

Estudios revelan que la economía del Beni tradicionalmente se ha caracterizado por estar apoyada en el rubro de la ganadería.

Al respecto asegura que con el proyecto que llevan adelante buscan motivar e incentivar el negocio de la ganadería entre los benianos. Así, manifiesta que el departamento posee tierras muy buenas para alcanzar

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los objetivos de lograr una excelente ganadería. ¿Por qué eligió la raza Nelore?

"En realidad tenemos Nelore y cinco razas más, pero hacemos cruces que se adaptan al ambiente. Producimos carne y por ello buscamos que nuestros cruces genéticos realmente produzcan carne", resaltó la ganadera.

Al preguntarle por qué la cabaña lleva el nombre de Mercedes, manifestó que ese era el nombre ancestral

"Producimos carne y por ello buscamos que nuestros cruces genéticos, realmente produzcan carne".

Elvira Lima Ruiz, propietaria de la cabaña Mercedes del Beni.

PECUARIA

de la propiedad y nunca fue cambiado.

La propiedad la heredó su esposo de sus padres y por ende considera que es un patrimonio familiar que asegura se mantendrá de esa forma.

"Para mí y mi esposo este es un sueño y también es un ciclo concluido, porque de ahora en adelante terminamos nuestras etapas de trabajo y dejamos esa labor en poder de mi hijo". recalcó la complacida propietaria.

Y no se queda solo en ese pensamiento al afirmar que han comprendido el hecho de que amar y cuidar a la tierra beniana es algo realmente maravilloso.

Por ello sostiene que el beniano tiene que saber valorar que el paraíso está en la ganadería y en lo que se puede sembrar en esa hermosa tierra.

Fue enfática en señalar que el beniano tiene que amar a su tierra, ya que su familia lo ha hecho desde hace muchos años, porque han sembrado y han hecho crecer la ganadería.

da muestra su orgullo como propietaria al reiterar que lo que buscan es demostrar que si se puede alcanzar una alta calidad en la ganadería sin mucho trabajo.

"Contamos con un profesional muy destacado que tiene amplios conocimientos en la ganadería y él nos ha incentivado a mostrar este desarrollo y compartirlo con todos los benianos", asegura.

Está segura que el éxito que han alcanzado en su estancia ganadera lo pueden lograr todos los benianos, incluso ya en Santa Cruz se lleva adelante, aunque no en estancias como la de su propiedad, Asegura que en la cabaña desarrollan el sistema de animales de campo con manejo tecnológico aplicando gaveta, alimentos nutricionales, también disponen de pasto de nutrición y en líneas generales aplican un buen manejo de las reses y también están muy pendientes del aspecto nutricional.

Redacción: Publiagro

No abandonan la tierra beniana Estima que no es necesario irse a metrópolis grandes donde no se tiene ni la paz que se adquiere en el campo, ni la tranquilidad y menos ser dueño de su propio negocio que estima es lo que debe perseguir cada ser humano.

Ese pensamiento tan arraigado a la familia es el que les han inculcado a sus hijos desde muy pequeños, vale decir, que sean dueños de sus propios negocios.

Las palabras que siempre les han dicho a sus hijos se centran en que aprendan a trabajar y sobre todo a amar lo que sus padres han realizado.

En ese sentido, la entrevistaPeriódico Digital AGROPECUARIO

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ECONOMÍA

Exportaciones crecen impulsadas por el agro y la minería; la venta de gas sigue cayendo Exportaciones crecen impulsadas por el agro y la minería; la venta de gas sigue cayendo

F O T O: EL DEBER

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e recuperan las exportaciones nacionales. De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hasta mayo las ventas externas registraron una recuperación del 51%, impulsadas por los buenos precios internacionales del sector agrícola y la minería.

Mientras que el sector de hidrocarburos nuevamente reportó caídas.

En cifras concretas las exportaciones, hasta mayo, alcanzaron 3.994 millones de dólares, cifra mayor en 1.347 millones la registrada

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en igual período de 2020, cuando se obtuvo 2.647 millones de dólares, representando un incremento de 51%.

El INE sostiene que estos buenos resultados se explican por el buen desempeño de la actividad agropecuaria. Este sector registró un crecimiento en sus ventas de un 13,7%.

Entre los principales productos de este segmento destacan las exportaciones de soya y sus derivados llegaron a 515,7 millones de dólares. Esa cifra representa un incremento de 76,73 %,

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con relación a los 291,8 millones reportados en 2020.

La exportación de carne bovina reportó buenos números, con ventas por un valor de 45,9 millones de dólares, esto es un 131.82 % más que en 2020.

Todo el sector de alimentos tuvo repunte importante, llegando a exportar un valor de 443,3 millones de dólares, esto representa una recuperación de 53,8% con relación a mayo de 2020.

Mientras que la industria manufacturera reportó una recuperación de un 68,0%.

En tanto que, la extracción

de hidrocarburos, uno los principales productos del Estado boliviano, registró una variación negativa de -3,6%.

Las ventas de carburantes pasaron de 892,8 millones de dólares a 861,7 millones.

En tanto, que la actividad extractiva como la minería tuvo resultados óptimos con un incremento en el valor de sus ventas de 125,5%.

Fuente: EL DEBER

ECONOMÍA

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FORESTAL

Bolivia exportará madera por la Hidrovía Ichilo - Mamoré a Francia y EEUU El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó el lunes que este martes 13 de julio se exportará un segundo cargamento de madera desde el puerto de Guayaramerín, Beni, con dirección a Francia y el miércoles saldrá una tercera carga hacia Estados Unidos.

F O T O: ABI

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omo recordarán, enviamos la primera carga desde Puerto Villarroel – Cochabamba. Ahora, el día de mañana (martes), desde el puerto de Guayaramerín, vamos a exportar hacia el exterior Francia, 60 toneladas de madera”, dijo la autoridad, en conferencia de prensa, según un boletín.

La autoridad recordó que el 5 de julio el presidente del Estado, Luis Arce, habilitó el eje Ichilo – Mamoré, mediante el envío de

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60 toneladas de cemento, en la Embarcación Cisterna TNBTL- 06 “C.A. Horacio Ugarteche”.

La ruta fluvial garantiza el acceso al Atlántico, por lo que productos como la sal, cloruro de potasio, sal común para ganado, fósforo, urea, soya, entre otros, contarán con otra vía de salida al mercado internacional.

“El Gobierno de 'Lucho' (Luis) y David (Choquehuanca) está trabajando sin descanso para la reactivación económica de nuestro país.

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Entonces, invito a todas las organizaciones civiles en Guayaramerín para que puedan ser partícipes de este acto”, expresó Montaño.

El titular de Obras Públicas, Servicios y Vivienda explicó que la mercadería en madera está valuada en $us 173.000, que será enviada a mercados de Francia y la segunda a Estados Unidos.

Más adelante, también, se analizará el funcionamiento de los puertos que se vincu-

lan a los ríos Madre de Dios, Iténez, Beni y la infraestructura del Canal Tamengo, que servirá para la navegación fluvial en Bolivia, indicó.

Fuente: ABI

MEDIO AMBIENTE

Armada Boliviana sofocó un incendio que amenazaba a Puerto Quijarro Los efectivos actuaron en forma coordinada con dos unidades de Primera Respuesta de Lucha Contra Incendios de la Unidad Naval lograron frenar el avance del siniestro.

Foto: Bolivialdia

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arineros del Batallón de Infantería de Marina V “Calama” de la Armada Boliviana sofocaron un incendio que se registró en los pastizales cercanos a las inmediaciones del Hotel Pantanal en Puerto Quijarro.

La rápida y efectiva acción de los efectivos de la Armada boliviana evitó que las llamas se propagaran hacia la población, así como a montañas cercanas, de acuerdo al reporte publicado en el portal web del diario BOLIVIALADIA.BO. a través de un despacho de

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prensa de la redacción central de Armada en Acción.

La versión de prensa señala que los efectivos castrenses dispusieron de dos unidades de primera respuesta de lucha contra incendios de la Unidad Naval.

"Lograron sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia el área urbana, lo que habría causado mayores daños si se hubiese convertido en incontrolable", afirmó el comandante, Cadmiel Mounzon.

De acuerdo a la versión de los navales los hechos se registraron cuando personas comenzaron a quemar

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basura, pero las llamas se prolongaron y amenazaron al sector.

El Sistema de Alerta de Alerta Temprana permitió el control del siniestro de acuerdo a lo que está vigente en el Plan de Prevención de Incendios que fue bautizado con el nombre de "En Defensa de la Vida y el Medio Ambiente".

Este plan es desarrollado por el ministerio de Defensa y coordinado por entidades como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Se conoció que la Armada Boliviana desarrolla el plan que permite actuar en for-

ma inmediata los siniestros evitando mayores desastres.

Redacción: Publiagro

MEDIO AMBIENTE

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POLÍTICA

ABT se querella contra los autores del incendio forestal registrado en San Matías La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra presentó este lunes ante el Ministerio Público, una querella por los delitos de Incendio, destrucción de deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, contra los autores del incendio de magnitud registrado en áreas forestales de San Matías y que supuestamente fue generado desde predios ganaderos ya identificados.

F O T O: ABT

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a denuncia fue presentada por el responsable de la Unidad Operativa de Bosques y Tierras de la ABT San Matías, Luis Fernando Alcoba, contra los presuntos autores y adjuntando las pruebas para que la autoridad de curso al proceso penal por los delitos que están sancionados en los artículos 206 y 223 del Código Penal.

Dichos artículos establecen que una persona comete

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delito por quemar campos de labranza y ocasione incendio de propiedad ajena ya sea por negligencia o intencionalidad, o cuando destruya, deteriore (…) bienes del dominio público como fuentes de riqueza o patrimonio que corresponde al medio ambiente.

Dichos delitos establecen penas de privación de libertad de hasta seis años en base a un proceso establecido a través de la justicia

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ordinaria que puede contemplar la agravante establecida en el artículo 43 de la Ley Forestal 1700 y la Ley 1333 que, en el artículo 20, establece los excesos como el deterioro ambiental, la contaminación y la afectación a los recursos hídricos, biológicos y culturales de un área determinada.

De acuerdo a la denuncia existe una importante cantidad de elementos probatorios que establecen que los

siniestros se produjeron por actividades ilegales de quema generado desde las mismas propiedades lo que generó un deterioro ambiental que puede ser temporal o permanente.

La ABT junto con el regimiento Florida, el 7 de julio, a la cabeza de la responsable de Quemas y Control de Incendios, Claudia Blanco, constató que los incendios se generaron en las propiedades ganaderas de Tigresito, San José, Arizona y San Sebastián ubicados a 220 kilómetros de la población de San Matías.

En ese lugar se verificó un incendio de magnitud que posteriormente fue controlado por bomberos forestales del Ejército, supervisados por técnicos de la ABT y representantes del municipio de San Matías En la denuncia se solicita al Ministerio Público que convoque como testigos a: Erick David Guzmán, Mario Teodoro Rivero, Sebastián Guzmán y Romel José Guzmán, que son los propietarios de los predios mencionados para que explique como se generó el incendio que afectó más de 4.000 hectáreas según el reporte del viceministro de Medio Ambiente, Magín Her

Fuente: ABT

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POLÍTICA

Empresas e indígenas tienen más tierra; pero la dotación prioriza a interculturales Los empresarios tienen tituladas 6,3 millones de hectáreas en el departamento, mientras que las TCO 5,2 millones. El sector campesino cuenta con 4,8 millones y 85.000 títulos que acreditan su propiedad. El INRA defiende esta dotación

F O T O: EL DEBER

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uiénes son los dueños de la tierra en Santa Cruz?, es una pregunta que se ha hecho eco en este departamento a raíz de los diferentes conflictos por la tenencia de predios en la región. Un reciente informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) responde esta interrogante señalando al sector empresarial como el mayor beneficiado en el proceso de saneamiento, seguido de

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los indígenas y los interculturales. Estos últimos, según denuncias de autoridades cruceñas, son los que acaparan la dotación de nuevos terrenos.

De acuerdo con el INRA las empresas medianas y grandes tienen 6,3 millones de hectáreas tituladas. Mientras que 287.730 cuentan con Resolución Final de Saneamiento (RSF) y 1,6 millones están en proceso de saneamiento.

Por su parte, el sector in-

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dígena, a través de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), cuenta con 5,2 millones de hectáreas saneadas. Por último, el sector campesino, interculturales y pequeñas propiedades tienen tituladas 4,8 millones de hectáreas. La tenencia de la tierra es actualmente un tema que caldea los ánimos.

Por un lado, autoridades cruceñas denuncian el ingreso de grupos afines al partido de Gobierno, a predios reservados para indí-

genas, reservas naturales e incluso predios productivos.

Esto llevó a la Gobernación a convocar a la Comisión Agraria Departamental (CAD) que se declaró en cuarto intermedio, ante la inasistencia del INRA. Las denuncias son rechazadas desde el Gobierno, que a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sostiene que en el departamento solo falta sanear un 10% de la tierra. Es más, aseguró que algunos de los asentamientos denunciados son legales.

Incluso el sector empresarial, mediante la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) pidió transparentar y culminar el proceso de saneamiento de la tierra.

“Exigimos a los entes administrativos (INRA, ABT, Viceministerio de Tierras), el cumplimiento conforme la Constitución Política de Estado y la normativa agraria que establecen que se notifique de toda intervención en cualquier propiedad”, señaló Óscar Mario Justiniano, presidente de la CAO. Respuesta del INRA Ante estos cuestionamientos el director regional del INRA, Adalberto Rojas, señaló que desde que inició el proceso de saneamiento el sector empresarial fue uno de los mayores beneficiados.

Actualmente, según Rojas, solo resta titular un 10% de la tierra. Además, dijo que

POLÍTICA

en el sector empresarial falta resolver un 6% del proceso.

Incluso defendió la política de distribución en la región.

En esa línea, César Córdova, director nacional de Distribución de Tierras, sostuvo que las autoridades cruceñas hicieron aseveraciones falsas.

La autoridad sostuvo que desde 1996 el saneamiento se realizó dentro del marco normativo y en “en un principio, se favoreció al sector privado empresarial”.

Este sector, según las cifras del INRA, tiene 4.200 títulos de propiedad mediana y empresarial.

“Posteriormente, se dio cabida a sectores productivos que contribuyen a la seguridad alimentaria del país.

Estamos hablando que de 36 millones de hectáreas

que tiene Santa Cruz, ya se tiene un 90% prácticamente saneada y titulada”, dijo Córdova.

La autoridad sostuvo que los interculturales cuentan con 4,8 millones de hectáreas, distribuidos en más de 85.000 títulos.

Córdova afirmó que, en promedio, cada parcela titulada a favor de los campesinos equivale a 17 hectáreas por familias. Mientras que “cada título promedio del sector empresarial corresponde a 2.000 hectáreas”.

Es más, la autoridad indicó que no se descuidó al sector indígena, porque se titularon 112 comunidades pertenecientes a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), “que tienen 5,2 millones de hectáreas, lo que demuestra un saneamiento equitativo

en Santa Cruz”.

Ambas autoridades defendieron los asentamientos en la Chiquitania, que tienen resolución del INRA “porque son legales” y señalaron que hasta la fecha no existe de forma oficial una denuncia de ocupación ilegal de tierras.

El investigador, Alcides Vadillo, dijo que la distribución hasta el momento fue equitativa, pero observa que en los últimos días se priorizó a un sector afín al Gobierno.

“El problema de fondo es que la tierra con vocación forestal hoy está clasificada como fiscal”, dijo.

El experto alertó que el INRA está dotando tierra forestal como predio agrícola a comunidades campesinas, lo que generará un gran impacto ambiental.

“Eso genera sequía, erosión por vientos y posteriormente, incendios”, dijo el especialista.

El cacique de la nación Chiquitana, Ronny Rivero, señaló que se desnaturalizó el sentido de la tierra al entregar predios con vocación forestal a los sectores afines al Gobierno como los interculturales, que no son aptos para la actividad agrícola.

“El fondo es político, ellos (el MAS) quieren copar el territorio con este tipo de ocupaciones porque no han podido someter a la gente del oriente boliviano”, dijo el líder.

Fuente: El Deber

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POLÍTICA

Traficantes de tierra invaden área protegida de Bajo Paraguá en Bolivia Diferentes instituciones, autoridades locales y líderes indígenas denuncian la presencia de asentamientos humanos, así como la deforestación constante en una nueva área protegida en Bolivia. Todos coinciden en que estas invasiones son avaladas por el Gobierno. ¿Qué está pasando en Bajo Paragua?

Habían pasado tres días desde la creación de una nueva Área Protegida Municipal en Bajo Paraguá, cuando los primeros episodios de ilegalidad aparecieron. Las invasiones y asentamientos humanos empezaron a abrirse paso en medio del bosque, y los árboles comenzaron a caer uno a uno. Los avasalladores o ‘colonizadores', como los llaman en la zona, son señalados como traficantes de tierra que actúan con total impunidad y con el aval del gobierno de turno.

Este conflicto tiene como escenario una selva virgen que debería ser protegida, pero que va cediendo a las

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presiones y abriéndole paso a los primeros cultivos de soya.

"La gente que quiere meterse acá, nunca ha vivido acá.

Nosotros somos nacidos acá, criados acá y aquí nos vamos a morir, y nosotros tenemos derechos", exclama un poblador de la comunidad Picaflor, que es una de las cuatro comunidades indígenas establecidas en la zona protegida.

La nueva Área Protegida Municipal Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco, que tiene también el título de Reserva Forestal Bajo Paraguá,

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está situada en el distrito del mismo nombre, provincia de José Miguel de Velasco, departamento de Santa Cruz en Bolivia. Fue creada el 12 de febrero de 2021 para proteger casi un millón de hectáreas —983.000 para ser más exactos— de bosques primarios de la Chiquitania. El ecosistema chiquitano ha sido uno de los más afectados por los incendios forestales de 2019 y 2020, alrededor de 8 millones de hectáreas perdidas que hoy confirman la urgencia de proteger este espacio natural boliviano.

El desmonte en el área protegida municipal de Bajo Pa-

raguá afectó 67 hectáreas de la zona. Foto: Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Cinco años esperó la población y las autoridades locales para que estos bosques sean protegidos y detener así el avance de la deforestación. Sin embargo, para Moisés Salces, exalcalde de San Ignacio de Velasco, municipio al que pertenece esta área protegida, sus planes de conservación no podrán ser efectivos mientras los invasores cuenten con el respaldo del Estado. Hasta la fecha, según la exautoridad provincial, y a pesar de las denuncias, no se ha abierto una investigación ni ordenado el desalojo de las personas que se han instalado ilegalmente dentro del área municipal.

"Es gente del Movimiento Al Socialismo (MAS), afín al Gobierno nacional, que da ofrendas partidarias otorgando terrenos, como ha hecho siempre. Son traficantes de tierras", acusa Salces, quien también denuncia que los asentados son personas con bienes de lujo, como vehículos de última generación, y que no son parte de la zona.

La pérdida de bosque no se ha detenido. Entre marzo de 2020 y junio de 2021 Mongabay Latam detectó, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, más de 698 mil alertas de deforestación

POLÍTICA

GLAD solo dentro del Área Protegida Municipal Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco . ¿Qué extensión de bosque se ha perdido y se está perdiendo desde la creación del área protegida municipal en Bajo Paraguá?¿De quién depende la conservación de esta área situada en una de las zonas más afectadas por los incendios en Bolivia?

Invasiones legalizadas y deforestación en avance El Movimiento Al Socialismo (MAS) está liderado por el expresidente Evo Morales y ahora es el partido en función de gobierno. El actual mandatario boliviano, Luis Arce Catacora, es militante del MAS y fue el ministro de Economía durante el período de Morales. Tiene, además, una relación estrecha con los sectores sociales y campesinos que responden a la estructura de la organización política del movimiento.

Estos sectores son vinculados por expertos como Tito Arana, representante de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) en el municipio de San Ignacio de Velasco, como las organizaciones detrás del tráfico de tierras.

Arana detalla que los invasores identificados dentro del área protegida son parte de sindicatos campesinos afines al MAS que lograron titular sus terrenos de manera rápida, algo que no pudieron lograr las comunidades indígenas que viven en la zona protegida.

Arana explica también que aunque algunos de los colonizadores se instalaron para trabajar las tierras ocupadas, este grupo es el más pequeño. La mayoría, según el experto de la FCBC, son "traficantes de la tierra" que invaden los terrenos para luego vender las parcelas a terceras personas. "Llegan con la documentación bajo el brazo directo a meterse a

Los letreros que se han ubicado para delimitar el área protegida han sido destruidos por los invasores. Foto: Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)

la tierra. Eso es lo preocupante, ya que hay comunidades chiquitanas desde hace 50 años que hasta ahora no pueden tramitar su documentación", explica Arana.

Uno de sus colegas, Oswaldo Maillard, coordinador del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la FCBC, confirma que existe “un movimiento de colonización permanente” con personas que “se instalan en los bosques, los desmontan y luego venden esas tierras".

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POLÍTICA

Los especialistas de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano han sumado a su experiencia en campo el análisis de la pérdida de bosque en el área. Un reciente informe publicado al inicio de 2021 con base en datos de un análisis satelital multitemporal, deja en claro que la deforestación empezó en noviembre de 2020, tras las elecciones presidenciales en Bolivia, y arrasó hasta el momento con 67 hectáreas ubicadas dentro de la zona protegida. Esta área afectada equivale a 77 canchas de fútbol reglamentarias.

Lo primero que detectaron fue la apertura de brechas o senderos con dirección al área municipal. Hasta el 7 de junio había tres brechas abiertas, así como tinglados o estructuras provisionales con techos rudimentarios que sirven para darle sombra a los trabajadores que han ingresado al área protegida de Bajo Paraguá. La primera brecha ha deforestado 67 hectáreas; la segunda se extiende a lo largo de seis kilómetros de forma lineal y la tercera abarca aproximadamente un kilómetro. La FCBC cree que el tinglado identificado podría ser el preámbulo a la apertura de una cuarta brecha.

Mongabay Latam detectó 698 606 alertas de deforestación desde marzo de 2020 a la actualidad, a través de la plataforma Global Forest Watch (GFW). El área deforestada se ubica dentro del Área Protegida Municipal Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco y el pico de las alertas fue en la semana del 16 de noviembre, cuando se detectaron 460 143, el 65% del total registrado.

En 2021, el pico de la deforestación se registró en enero, con 15 715 alertas de deforestación. Y solo a mediados de junio, estas alertas llegaron a 1209, lo que indica que la deforestación continúa vigente. Esta información coincide con la identificada por pobladores de la zona, autoridades locales y el trabajo de monitoreo de los especialistas de la FCBC. En doce meses, el panorama del área protegida ha cambiado drásticamente. Según la plataforma Global Forest Watch, se registraron cerca de 700 mil alertas de deforestación durante la pandemia hasta la actualidad. Imágenes: Global Forest Watch Los colonos han tumbado árboles y abierto sendas que dañan el hábitat de Bajo Paraguá, confirman pobladores y expertos que han sido testigos de ello. Según habitantes de la zona incluso empiezan a verse cultivos de soya en algunos puntos, aunque en extensiones pequeñas. Además añaden que los caminos se abren para que ingresen vehículos y así puedan transportar la madera talada ilegalmente. Debido a la presión mediática y los reclamos de los habitantes, los puntos de avasallamientos van rotando. Los primeros espacios deforestados han quedado deshabitados y el 27 de mayo se volvió a registrar otra invasión aunque esta vez en la comunidad indígena Florida. ¿Qué es lo que se busca proteger?

Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco es un tesoro natural que resiste a las invasiones constantes dentro de su territorio.

El bosque del área está tipificado como de transición entre el bosque seco y el bosque amazónico, llamado también bosque siempre verde estacional amazónico. Este tipo de bosque tiene una función importante para la región.

Las masas boscosas de esta reserva se consideran recursos estratégicos para la regulación del clima, la producción agropecuaria sostenible a pequeña escala y para asegurar la calidad de vida de las comunidades y población en general. Una especie que crece en toda la reserva es el árbol de Asaí (Euterpe oleracera), que da el fruto del mismo nombre y que es baya muy rica en antioxidantes que favorece la absorción de

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nutrientes, y a la que se le atribuyen propiedades antienvejecimiento. Esta fruta nace de una palmera que puede llegar a medir 20 metros de altura y que crece en Brasil, Trinidad y Tobago, Surinam, Guayana Francesa, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. Además, existen árboles del tipo mara (Swietenia macrophylla), roble (Quercus robur) y cedro (cedrus) que son explotados ilegalmente por madereras que están en la zona.

Hasta 2012 se identificaron 79 especies de árboles, arbustos y palmeras de uso forestal y no forestal.

Los avasalladores construyen espacios temporales para descansar y alimentarse mientras realizan el desmonte. Foto: Alcaldía de San Ignacio de Velasco Estos bosques son habitados por el jaguar (Panthera onca) y los escurridizos perros de monte (Speothos venaticus), dos especies de mamíferos grandes que requieren de grandes extensiones de territorio. Además, en el área habitan otros tipo de animales como el cerdo de monte, reptiles y aves, como picaflores y loros, que habitan en las copas de los árboles de Bajo Paraguá.

Toda esta diversidad de fauna y flora es clave para la vida de las cuatro comunidades que viven dentro del área protegida: Piso Firme, Florida y Porvenir, que mantienen una cultura chiquitana viva; mientras que Picaflor resguarda su identidad guarasugwe, un pueblo indígena que habita entre Bolivia y Brasil. Estas comunidades consideran que la mejor forma de enfrentar las invasiones y la deforestación por el cambio de uso de suelo es proteger estos bosques con ayuda de los diferentes niveles de gobierno.

Por eso emitieron un pronunciamiento para denunciar el tráfico de tierras y avasallamiento en el área protegida municipal Bajo Paraguá en el municipio de San Ignacio de Velasco.

Los verdaderos dueños del territorio critican la inacción del Gobierno y también alzaron su queja por los saqueos que sufren en sus tierras.

POLÍTICA

Uno de los caminos tiene una desviación que quedó interrumpida. La mayoría de los caminos son rectos. Foto: Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) “Somos víctimas de grupos organizados de traficantes de tierra que promueven el avasallamiento de nuestras áreas protegidas municipales y de nuestros territorios, y el saqueo de nuestros recursos naturales y que se siguen promoviendo asentamientos humanos ilegales y por ende expansión de la frontera agrícola”, dice el pronunciamiento.

Los pobladores indígenas denuncian también que la integridad de su territorio está en riesgo y “con ello se atenta a los derechos de vivienda, trabajo, cultura, dignidad, salud, educación y la existencia misma de los pueblos indígenas, todos ellos enunciados en la Constitución Política del Estado”. ¿Quién debería frenar las invasiones?

Rosa Leny Cuéllar, coordinadora del consorcio de Ecorregiones Conectadas Conservadas Sostenibles (ECCOS) y directora técnica de la FCBC, señala que en Bolivia el Gobierno central se limitó solo a crear las 22 áreas protegidas nacionales que existen actualmente. Es por eso -relata- que los municipios ahora se enfocan en la creación de áreas protegidas municipales.

Sobre el Bajo Paraguá, Cuéllar precisa que la presión por el cambio de uso de suelo y la llegada de poblaciones de migrantes que se instalan en los bosques de la Chiquitania fueron los problemas que impulsaron la creación de las áreas protegidas municipales Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco y Bajo Paraguá Concepción.

Árboles derribados para iniciar los desmontes en el área protegida municipal Bajo Paraguá. Foto: Alcaldía San Ignacio de Velasco "Bajo Paraguá fue visto como un potencial sitio de conservación de fuentes de agua y de especies en peligro pero, últimamente, el motor para su protección se debe a que es el único mecanismo para no ser avasallados por gente que llega de otros lugares", relata Cuéllar, que explica que ECOSS es parte de un consorcio de seis organizaciones que se dedican a la conservación en la Chiquitania. Cinco de estas instituciones son bolivianas y una es brasileña.

Cuéllar añade que son "familias interculturales" las que ingresaron a la zona protegida a pesar de que el Bajo Paraguá tiene dos modalidades de cuidado: reserva forestal y área protegida.

"Todo el mundo sabe que hay asentamientos humanos ilegales en el Bajo Paraguá. Se solicitó al INRA que prohíba hasta quemas en la zona, pero hasta ahora no hay respuesta a las gestiones que se realizaron entre cívicos y autoridades locales", destaca Cuéllar.

La entidad encargada de regular los asentamientos en Bolivia es el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El director de esta institución, Eulogio Núñez, no respondió a Mongabay Latam sobre los asentamientos en Bajo Paraguá y su equipo de comunicación explicó que el funcionario hará una exposición sobre este tema en las próximas semanas. En un último intento, se informó que Núñez se contagió de Covid-19 y que estaba en aislamiento con cuidados médicos.

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POLÍTICA

Una de las comunidades que no son originarias de la zona protegida es la de Amanecer. El grupo colocó letreros para adueñarse parte del área. Foto: Alcaldía de San Ignacio de Velasco

Pero, en declaraciones públicas, Nuñez dijo que las zonas que tienen el título de área protegida municipal deben ser atendidas por los municipios que las albergan, en este caso San Ignacio de Velasco. “Si es un área municipal, les corresponde a los municipios”, afirmó.

La que sí contestó nuestra llamada fue la senadora María Muñoz Rodríguez, que es parte de la estructura del MAS, quien admitió en una entrevista con Mongabay Latam que existen dirigentes sindicales afines a su partido que están involucrados en el tráfico de tierra. La legisladora fue dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (CNMCIOB "BS") y ahora como parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional afirma que solicitará información para detectar las invasiones no solo en Bajo Paraguá, sino también en otras áreas protegidas de la Chiquitania y la Amazonia.

"Sabemos que hay cuestionamientos sobre tráfico de la tierra, [sobre] otros compañeros que conforman comunidades y luego venden la tierra, pero no nos metemos en eso del tráfico. Haremos una solicitud para detectar estos casos", detalla Muñoz, que es senadora del MAS y parte de la brigada parlamentaria del departamento de Santa Cruz.

Ciriaco Umaña es dirigente de la Central Sindical de Trabajadores de la Comunidad San Martín, una de las organizaciones denunciadas por estar involucrada en las invasiones.

El dirigente, que prefirió no dialogar sobre el tema para este artículo, no es nativo de la zona del Bajo Paraguá y se le acusa de haber estado involucrado en el retiro de los letreros que indicaban que estaban prohibidos los asentamientos humanos y la deforestación en la zona protegida.

Son siete comunidades no originarias las que se han instalado dentro del área, asegura Salces. El exalcalde detalla que estas comunidades invadieron la zona y ahora no hay presencia humana, lo que confirma, según el exfuncionario municipal, que existe un interés de traficar la tierra.

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La Alcaldía de San Ignacio de Velasco y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) verificaron los desmontes en el área protegida municipal Bajo Paraguá.

Foto: Alcaldía de San Ignacio de Velasco.

Al respecto, Cuéllar afirma que en un inicio se instalaron 74 familias en el área protegida, pero que ahora ya son siete comunidades. El proceso acelerado de invasión pone en riesgo esta zona, ya que la mayoría de los asentados, según la directora técnica del FCBC, están sembrando soya en grandes cantidades. "Sería muy grave, muy grave si trabajan con soya, ya que eso representaría la presencia de la agroindustria y cuando se habla de esa actividad se requiere grandes cantidades de tierra. Estos suelos son de vocación forestal, no son para agricultura", remarca.

San Ignacio de Velasco está hoy en pie de lucha para defender el Bajo Paraguá. En Bolivia los municipios tienen sus líderes cívicos que no son funcionarios del Estado, pero que son elegidos por los pueblos como sus representantes para la defensa de sus territorios y fiscalización de proyectos, entre algunas tareas. En el caso de San Ignacio de Velasco, su líder cívico, Dino Franco, resalta que se emitieron votos resolutivos para que el INRA ingrese al lugar y verifique los asentamientos humanos en el área protegida. El dirigente dice que hasta la fecha no tuvieron respuesta.

"Estamos atentos a lo que pasa y no permitiremos más asentamientos en nuestra área protegida. No queremos que la política dañe nuestras zonas. Los que tienen avales políticos ingresan a una casa ajena para destrozarla", exclama el líder

POLÍTICA

Un espacio construido por los colonos para protegerse del sol. Foto: Alcaldía San Ignacio de Velasco Ruddy Dorado es alcalde de San Ignacio de Velasco desde hace dos meses. Una de sus primeras acciones fue ingresar al sitio de los avasallamientos en la zona protegida de Bajo Paraguá. El burgomaestre comprobó la situación del área natural y pidió a las autoridades nacionales que desalojen a los invasores que se han instalado en varios puntos del área.

"Quiero decirle que asumo el compromiso como alcalde (de San Ignacio de Velasco) en la defensa del medio ambiente y estamos en contra de los avasallamientos", resalta Dorado.

El alcalde explica que se tenía programada para el 6 de junio la visita del director del INRA, Eulogio Núñez, pero que esta visita fue suspendida porque el funcionario mandó una carta en la que se excusa de llegar a la zona debido a la pandemia.

"Reafirmamos nuestra voluntad de escuchar sus demandas, dar la información necesaria sobre el saneamiento y los procedimientos para la distribución de tierras...Y si la urgencia lo amerita, atenderlos por medios virtuales en la ocasión que se vea propicia", es uno de los fragmentos de la respuesta enviada por Eulogio Núñez al alcalde Dorado.

El problema del área protegida de Bajo Paraguá ha tenido tal resonancia en Bolivia, que hoy se discute en los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La diputada María René Álvarez, de la alianza Creemos, señala que ninguna autoridad les ha respondido “sobre el ingreso ilegal de asentamientos humanos y la construcción de brechas y caminos que se hicieron” y añadió que hicieron una inspección al lugar y mandaron peticiones al INRA, pero que “hasta el día de hoy el problema no ha sido resuelto ni respondido".

En el MAS también existe preocupación. El diputado Rolando Cuéllar, que representa a Santa Cruz, pidió al INRA que verifique en la zona si es que existen los avasallamientos en una zona protegida. "Si hay avasallamientos ilegales, deben ser castigados", dijo enfáticamente.

La llegada de una comisión Pedro Pereyra es el primer gran capitán de la Nación guarasugwe, el único pueblo indígena que habita en Bajo Paraguá.

El dirigente relata que los ‘colonizadores’ ingresan a la zona con el aval de entidades gubernamentales y siente pena que exista un comercio de la tierra donde vive.

“Se pidió al INRA que llegue a la zona para que verifique la invasión a nuestro territorio. No llegan hasta ahora. Nosotros vivimos de nuestra tierra, mi familia cultiva el asaí, es nuestro sustento de vida. Y no puede ser que vengan los colonos y quieran cultivar soya a gran escala con la complicidad del Gobierno”, reprocha Pereyra.

Fue el 9 de junio que el gobierno recién dio un primer paso.

Ese día una comisión de la Autoridad de Fiscalización de Bosque y Tierra (ABT) —que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y que está a cargo de las acciones de control de los sectores forestal y agrario— llegó al área protegida de Bajo Paraguá para paralizar los desmontes en la zona.

Esta comitiva comprobó la presencia de los asentamientos y recalcó que no existe ninguna autorización para que se realicen desmontes en el área.

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Los árboles de Bajo Paraguá son derribados por las personas que quieren ingresar al área protegida. Foto: Alcaldía de San Ignacio de Velasco.

“Al no contar las personas con autorización correspondiente, ni del INRA y tampoco de la ABT, al momento de la inspección en el área de desmonte, la comisión de la ABT levantó un acta de citación de comparendo para los responsables de este hecho”, explicó Jesús Fuentes, funcionario de la ABT de Santa Cruz.

En los últimos días se vivieron días tensos en la Chiquitania boliviana, zona que se levantó en contra de la invasiones y el tráfico de tierras. La cacique de Piso Firme, Hortencia Gómez, exigió la presencia de las autoridades nacionales para que identifiquen a los avasalladores.

“Estamos dispuestos a defender con uñas y dientes nuestro territorio. Queremos pedir a todas las autoridades, y al presidente (Luis Arce), que nos escuche y que haga respetar nuestro territorio de los avasalladores, que están poniendo llantas para que se queme nuestro territorio”, denunció Gómez a orillas del río Bajo Paraguá, donde se concentraron las comunidades del área para protestar.

Asimismo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, opositor al partido de Evo Morales, anunció la conformación de una comisión departamental en defensa de los territorios de la Chiquitania. Y añadió que se realizará "una auditoría correspondiente a todos los avasallamientos, asentamientos y tráfico de tierras que se han puesto en conocimiento de la CAD (Comisión Agraria Departamental)”.

Los bosques de Bajo Paraguá, mientras tanto, van cediendo cada día. En la zona, las autoridades locales y comunidades indígenas permanecen alertas. Al interior los invasores buscan defender las tierras ocupadas. Y el Gobierno central aún sigue en busca de una solución.

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Dirigente indígena solicita al INRA que paralice autorización de asentamientos Fernando Rojas considera que desde el año 2019 el INRA aprobó que 1.400 comunidades realizarán asentamientos en la Chiquitanía, un territorio que asegura pertenece ancestralmente a los pueblos indígenas.

Foto: LOS TIEMPOS

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or una defensa total del territorio en especial de los avasallamientos en la Chiquitanía, se manifestó el dirigente y cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV) Fernando Rojas, quien solicitó que se reúna de nuevo la Comisión Agraria Departamental (CAD) para debatir estos problemas que afectan a numerosos sectores del departamento de Santa Cruz.

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El líder indígena señaló al medio televisivo, Santa Cruz Agropecuario, que la CAD es la instancia de diálogo para analizar el tema de la tierra, sin embargo, considera lamentable que el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) "no le dio la gana asistir a la primera reunión".

Destacó que en esa reunión estaban presentes doce sectores que integran la CAD y estaban ansiosos de encontrar una solución al proble-

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ma que se ha presentado con el avasallamiento de tierras.

Sostuvo que la reunión en cuestión no se pudo completar porque el secretario permanente de la CAD, en este caso el director del INRA, no asistió, pero sí fueron nombradas tres comisiones para trabajar en la defensa del territorio de la Chiquitanía.

"Fue informado de que 1.400 comunidades se van a asentar en la Chiquitanía

"En primer lugar todos estamos desprotegidos porque prácticamente esto es una colonización sistemática que busca hacer desaparecer la cultura chiquitana".

Fernando Rojas, dirigente y cacique de la ACISIV.

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de acuerdo a las resoluciones que tomó el Gobierno desde el 2019 cuando ejercía Gonzalo Terrazas como viceministro".

Señaló que allí aparecía el nombre de cada una de las comunidades y de los municipios en los que ya se han asentado personas traídas de otras regiones del país.

Dijo tener en su poder el listado de 995 comunidades favorecidas con asentamientos, aunque saben que hay más de 1.400 lo cual considera es totalmente ilegal por cuanto debieron tomar en cuenta a los indígenas originarios de esas tierras.

"Sabemos que han repartido dos millones de hectáreas en todos los asentamientos y si se revisan los carnets de identidad de la mayoría de esas personas que avasallan las tierras se comprueba que son del Chapare", recalcó el entrevistado a Santa Cruz Agropecuario. ¿Cómo se sienten los comunarios que son originarios de la Chiquitanía?

"En primer lugar todos estamos desprotegidos porque prácticamente esto es una colonización sistemática que busca hacer desaparecer la cultura chiquitana".

Dejó en claro que como indígenas necesitan de los bosques, pero es para vivir de ellos, es decir cazando, pescando, sin embargo, ahora con este tipo de asentamientos están destruyendo los bosques.

Formuló un llamado a Eulogio Núñez como director del INRA y secretario permanente de la CAD para que entienda que él no es dueño de ese territorio.

Considera que el director del INRA es un simple administrador de los territorios fiscales ancestrales que asegura pertenecen por tradición a los chiquitanos.

"La acción inmediata se ubica en que ese administrador tiene que paralizar la entrega de asentamientos y desconocer las 1.400 reso-

luciones que han emitido, porque son ilegales ya que violan la Constitución Política del Estado".

Sostiene que no puede ser que un Decreto y una Resolución dictada estén por encima de las leyes que protegen a los indígenas como pueblos ancestrales.

De igual forma, pidió al director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) que deje de emitir resoluciones de desmontes, que paralice esa medida y que no le otorgue permisos a nadie, sea soyero, ganadero o a los interculturales hasta que se realice una verdadera investigación y se sepa cómo van a repartir las tierras.

Recalcó que ese territorio es de los indígenas y no para que se las repartan a personas que han llegado de otras regiones del país.

Finalmente, solicitó a todos los chiquitanos a salir a defender esa tierra, no con armas, sino con argumentos legales para frenar lo que califica como la destrucción de ese territorio por las culturas aimara y quechua.

Redacción: Publiagro

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POLÍTICA

Radicalizan medidas en tres pueblos indígenas para exigir al TED la anulación de asambleístas Apuntan a la vocal Judith Sánchez de "maquillar todas las acciones" para favorecer al ex vocal del TED Ramiro Valle

F O T O : EL DEBER

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n horas de la tarde, las comunidades guaraníes retomarán el bloqueo en la ruta al sur del país hasta que el Tribunal Electoral Departamental (TED) anule las resoluciones que acreditan a los asambleístas legislativos departamentales. La protesta también se extiende para los pueblos ayoreo y chiquitano que reclaman lo mismo.

"La medida se asume con carácter indefinido", revela Justino Zambrana, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní en Santa Cruz.

Aclara que el bloqueo se levantó temporalmente para no perjudicar los festejos por el aniversario de Camiri.

Zambrana contempla reto-

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mar el corte de carretera en horas de la tarde.

Tres de los cinco pueblos indígenas que cuentan con representación en la Asamblea Legislativa Departamental han expresado su disconformidad con las acreditaciones avaladas por el TED. Este fin de semana se tenía previsto una reunión en instalaciones de la Cidob para encauzar las protestas y buscar una vía dialogada a las observaciones planteadas.

La ausencia de los representantes del TED ha sido calificada como una burla por parte del secretario de Justicia, Participación y Control Social de la Cidob, Ignacio

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Parapaino. Además, adelantó que se radicalizarán las medidas de presión.

Zambrana mantiene el mismo discurso y apunta a la vocal Judith Sánchez de ser la responsable en "maquillar todas las acciones para avalar a 2 o 3 dirigentes".

Como representante del pueblo guaraní en Santa Cruz, Justino Zambrana, denuncia "la elección fraudulenta" que avaló el TED para otorgar la acreditación de Asambleísta a Ramiro Valle, ex vocal del TED. "Se dan el gusto de decir quién es el representante de los pueblos indígenas, violentando las normas", asegura Zambrana. Alega que las maniobras del TED se en-

caminan de "forma mañosa para hacerse la burla" de las comunidades. "No nos han consultado" en la elección que se realizó, según su propia versión, "con engaños del TED".

Las protestas se extienden también a los pueblos chiquitanos y ayoreos quienes también han observado irregularidades en la designación de sus asambleístas departamentales.

"Damos un plazo de 24 horas" señala Zambrana, "para que se anule la resolución y se democratice la participación en el marco del respeto a los pueblos indígenas".

Fuente: El Deber

POLÍTICA

El INRA dice que en denuncias de avasallamiento en Santa Cruz solo hay ‘afán político’ “Vamos a trabajar, dialogar y resolver las demandas de todos los actores del agro, no vamos a dejar a ninguno de los actores fuera, (…) hay voluntad política”, aseguró Fernández.

F O T O: La Razón

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l director de Planificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan de Dios Fernández, consideró este lunes que en las denuncias de avasallamiento de tierras en Santa Cruz solamente hay un “afán de posicionamiento político regional” “Se habló del avasallamiento y que la tierra es para los cruceños, etcétera, (pero) lo que yo veo ahí es simplemente un afán de posicionamiento político regional que es legítimo seguramente, pero las condiciones no son las de 2009, ni los re-

sultados del proceso agrario son los mismos; ahora lo que hay que hacer es mirar al futuro y ver cómo construimos entre todos (porque) no habrá un desarrollo agropecuario sustentable si no logramos los acuerdos con todos los actores”, dijo Fernández en una entrevista con La Razón Radio.

En pasados días en Santa Cruz –impulsado por su gobernador Luis Fernando Camacho y otras instituciones–, se realizó un “congreso por la tierra” en medio de denuncias sobre constantes avasallamientos de predios y luego se convocó a una reu-

nión de la Comisión Agraria Departamental (CAD) para debatir y fiscalizar el proceso del saneamiento de tierras, pero ante la inasistencia del INRA se declaró un cuarto intermedio.

Sin embargo, “los problemas de tierra no (se resuelven) en asambleas o con movimientos políticos, es un tema técnico, el tema de la tierra es un problema entre dos, tres o hasta cuatro beneficiarios que tienen algún problema de límites, incluso toca esto a los límites interdepartamentales, interprovinciales (y municipales)”, agregó Fernández.

Asimismo, ratificó que el INRA no asistió a la reunión en Santa Cruz porque “apenas se acreditaron tres o cuatro instituciones y se supone que (que deberían ser llamados todos los actores que son) una cantidad de 10 a 12”.

No obstante, “vamos a trabajar, dialogar y resolver las demandas y los problemas de todos los actores del agro, no vamos a dejar a ninguno de los actores fuera (…), hay voluntad política de avanzar”, apuntó.

Fuente: La Razón

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Denuncian que INRA desplazará a comunarios oriundos para asentamiento de "avasalladores" El viernes se registró una riña entre presuntos avasalladores e indígenas de una comunidad de San Ignacio de Velasco por el tema de tierras.

Explicó que al emitir el INRA una resolución administrativa de esa magnitud viola la constitución Política del Estado (CPE) queriendo desplazar a oriundos del lugar reemplazándolos por gente del interior del país como ser de Chuquisaca o Cochabamba.

Ribera, acompañado por otros asambleístas de Creemos manifestó que no permitirán ese tipo de avasallamientos y abusos cometido por el Gobierno y el Movimiento al Socialismo (MAS).

Indicó que tomarán acciones para evitar el abuso de poder junto a indígenas afectados tras una reunión que se llevará a cabo esta jornada.

F O T O : FIDES

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Fuente: ANF

iputados de la alianza Creemos, junto a indígenas oriundos de una comunidad de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, denunciaron que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) emitió una resolución administrativa que pretende desplazar 200 kilómetros hacia adentro a comunarios que vivieron hace 20 años en el lugar para reemplazarlos por gente del interior del país.

“Hace 20 años hay una comunidad asentada que se llama Ebenezer, esta comunidad solicita (al INRA) una resolución administrativa de autorización de saneamiento y en respuesta le llega

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esta resolución, pero que ellos tenían que trasladarse a vivir a 200 km, del Distrito 3 al 8, si no me falla la memoria. Y después de esta resolución llega una resolución de asentamiento nueva para una comunidad llamada Jerusalén III, pero que Jerusalén III no tiene asentamientos”, explicó el diputado Richard Ribera a la ANF. Añadió que lo único legal de la existencia de la comunidad “Jerusalén III” es el documento que el INRA emitió, pero no existe ciudadanos que hayan vivido en el lugar por varios años.

“Es una nueva comunidad llamada Jerusalén III que el INRA le ha dado orden de asentamiento mediante la

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resolución 206/2017”, acotó.

El viernes se registró una riña entre indígenas de Ebenezer y presuntos comunarios de Jerusalén III y el saldó que quedó fue un anciano de 70 años con la nariz rota y un joven de 21 años con una herida de machete a la altura del cuello.

El diputado de Creemos considera grave que el INRA otorgue una resolución administrativa de autorización de asentamiento en un predio reconocido como área protegida y reserva forestal; además, que se pretende desplazar a comunarios que desde hace 20 años construyeron sus chozas y que son de escasos recursos.

POLÍTICA

Buscan reactivar el Comité de Defensa de la Integridad Territorial del Beni Representantes de diferentes instituciones de la región buscar la reactivación del Comité de Defensa de la Integridad Territorial, ante los avasallamientos que se producen en el departamento del Beni, principalmente en los límites con Cochabamba y Santa Cruz.

F O T O: LA PALABRA DEL BENI

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a presidenta de la Brigada Parlamentaria del Beni, Neila Velarde, dijo que se tomó la decisión porque en estos últimos tiempos se han reactivado procedimientos para atender las definiciones territoriales que están siendo aplicados por el Gobierno Nacional, en el marco de las últimas disposiciones respecto a la definición de límites territoriales en el Estado Plurinacional de Bolivia.

“Ello, para nosotros repre-

senta una oportunidad y a la vez un riesgo connotado si es que no actuamos en consecuencia, como manda la historia y el cumplimiento de las más altas responsabilidades con nuestra sociedad, para dar respuesta cabal y oportuna a este aciago y longevo conflicto espacio territorial con Cochabamba que se originó en el siglo XIX”, dice la carta enviada al gobernador Alejandro Unzueta.

La carta firmada por Velarde y el presidente cívico depar-

tamental Gueiser Chávez, recuerda la promulgación del Decreto de 10 de junio de 1854, por el entonces presidente cochabambino Manuel Isidoro Belzu, que afecta arteramente al conjunto de los valores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), como son nuestros pueblos originarios mojeño trinitario, chimane y yuracaré y los ingentes recursos naturales intangibles contenidos en esa área.

Invocan a esa autoridad se

proceda a convocar de manera urgente a la activación de dicho comité.

“El martes vamos a visitar al Gobernador con la finalidad de desarrollar una estrategia conjunta de acciones, para recuperar nuestro territorio, sobre todo el polígono 7 en el TIPNIS y resolver los problemas que tenemos en Piso Firme”, manifestó el vicepresidente cívio del Beni, Alonso Mejía.

Asimismo, en el transcurso de esta semana se realizará una Asamblea de la Benianidad para recoger propuestas para avanzar en la solución de esta problemática.

En ese encuentro se espera tener la participación de las provincias, instituciones y sectores sociales del departamento para encarar la defensa de la integridad territorial.

Mejía, dijo que se deben desarrollar acciones para impedir el asentamiento constante de colonos cocaleros en la reserva natural al sur del Beni.

“Son sindicatos cocaleros, eso fiscamente está tomado por Cochabamba, aunque ese territorio le pertenece al Beni”, manifestó.

Fuente: LA PALABRA

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ECONOMÍA

El BDP colocó más de 1.500 créditos tasa histórica del 0,5%

Con un total de 1.545 colocaciones y Bs131,9 millones desembolsados, el Banco de Desarroll ción de créditos SIBOLIVIA, a una tasa histórica del 0,5%, destinados a fomentar la reactivació nueve departamentos del país, informó el Gerente General del BDP, Ariel Zabala David.

L

a iniciativa lanzada en enero de este año, destinada a la reactivación económica a través de la sustitución de importaciones, está dando buenos resultados a los productores, cuyas empresas se reactivan, mejoran su producción y ventas, lo cual son buenos síntomas económicos, manifestó Zabala.

El departamento de La Paz tiene 33% del total de desembolsos, 25,3% fueron destinados para los productores de Santa Cruz, 17,5% para Cochabamba y los restantes departamentos con una menor participación, de acuerdo al siguiente detalle:

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ECONOMÍA

SIBOLIVIA a una

lo Productivo (BDP) intensifica la colocaón y el crecimiento de productores de los

El Gerente General del BDP explicó que los beneficiarios del crédito SIBOLIVIA pueden acceder simultáneamente al financiamiento para capital de inversión y/o capital de operación: microempresa hasta Bs. 400.00 y pequeñas empresas hasta Bs1,3 millones, según el Reglamento al Decreto Supremo 4509.

El BDP tiene importantes recursos para ser otorgados a los productores, para lo cual habilitó la línea gratuita 800-103737 y una aplicación de descarga libre para solicitar el crédito SIBOLIVIA destinado a fomentar la reactivación y el crecimiento de productores de los nueve departamentos del país.

Dijo que en la primera fase de colocación el BDP enfocó sus esfuerzos en los micro y pequeños empresarios y, en esta segunda fase, pretende despertar el interés de los grandes y medianos, a través de sus organizaciones matrices y afiliados, a nivel nacional, con quienes socializó las condiciones y beneficios del crédito. En estos encuentros, el banco otorgó información clara y precisa, y actualmente está abierto a disipar las dudas de los interesados en el crédito SIBOLIVIA.

Fuente: BDP

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