Lo que piensan los expertos sobre los feminicidios, la violencia contra la mujer
La Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno comenta que “Los feminicidios dañan el bien jurídico tutelado de la vida. Nos importa también que las fiscalías den cabal cumplimiento a lo que establece el precepto constitucional en el artículo 21 que corresponde a integrar debidamente las carpetas de investigación para que estas a su vez, se judicialicen, se detenga en flagrancia o en cumplimiento de orden de aprehensión a la persona que agravie la vida y la integridad de una mujer. El Ministerio público que es la autoridad que se encarga de representar socialmente a las víctimas debe de estar capacitado para efecto de no negar órdenes de captura, obtenga un auto de vinculación a proceso y que no solamente se detenga materialmente a la persona, sino que en efecto durante el periodo que determine el juez de control se reúnan los demás datos probatorios para desahogar las pruebas que en momento dato puedan acreditar la responsabilidad penal y el hecho delictuoso de feminicidio, garantizando una sentencia efectiva y la no existencia de impunidad.
La Diputada Claudia Pérez indica que es necesario dar “cumplimiento de las recomendaciones internacionales, e incorporación de los estándares de la sentencia Mariana Lima y Campo Algodonero en el proceso de feminicidio. Los feminicidios las y los legisladores no podemos pasar por alto, ya que si bien se han tomado algunas medidas para erradicarlo, la realidad es que estas medidas no han surtido sus efectos adecuados para el seguimiento del proceso”.
Karla Micheel Salas Abogada Feminista comenta que “acercarse a la verdad es saber exactamente quienes son esos asesinos, quienes son estos grupos de delincuencia organizada o no, que han estado cometiendo esta serie de crímenes. Mientras no sepamos qué ocurrió, no vamos a poder avanzar en los procesos penales, no va a ser posible tener una sentencia contra los responsables. Lo que ha estado haciendo el estado mexicano es mandar un mensaje de permisibilidad, parece que está permitido secuestrar, torturar, asesinar mujeres porque no pasa nada y sigue sin pasar. A pesar de tener décadas ya emitiendo sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no había tenido oportunidad de hablar sobre la violencia contra las mujeres y las obligaciones que tienen los estados a partir de la convención interamericana para prevenir y sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres la Convención do Belém do Pará. La corte señala, el caso de Campo Algodonero no se trata de casos aislados esporádicos, de casos de violencia, sino de una situación, estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades. Y estas situaciones de violencia están fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género. La corte interamericana está reconocimiento en esta sentencia no es solamente dirigido contra las víctimas, si no que en realidad estamos frente a una situación estructural que no era propia de ciudad Juárez, sino de América Latina. Es importante recordarle al Estado Mexicano que la violencia contra las mujeres es un asunto de Estado, la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Hay un reconocimiento en el discurso, pinceladas en las leyes donde se establece la obligación del estado mexicano donde se establece para prevenir y sancionar, pero no se está materializando en los hechos. El estado mexicano no ha asumido plenamente esta obligación, de atender, prevenir, investigar, de asumir como un deber jurídico propio y un problema de estado la violencia contra las mujeres.”
Natalia Calero Sánchez de ONU Mujeres comenta que “la violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más aceptada, más generalizada, el propio secretario de las naciones unidad, la ha llamado que es una pandemia a nivel mundial. Cuando vemos las cifras sabemos que en México el 66% de las mujeres ha sufrido algún incidente de violencia, y cuando hablamos de violencia sexual a nivel mundial la proporción llega a ser a 7 de cada 10. En México sabemos que 9 mujeres son asesinadas al día y son sucesos con presunción de homicidio según las estadísticas vitales del INEGI que no incluyen lo que se denomina suicidio, sino simplemente de homicidio. Entonces probablemente podrían ser más en 2017, y en ese año 341 niñas y adolescentes fueron asesinadas en este país. Todos los tipos de violencia están vinculados y forman parte de un mismo continuo que se ejerce de forma cotidiana y sistemática en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, medios de transporte, hogar, ciber espacio, y el origen es la discriminación y la desigualdad de género, los estereotipos de género y las masculinidades nocivas aún vigentes a nuestra sociedad. Es fundamental adoptar medidas de carácter urgente para prevenir la muerte violenta, los asesinatos y las desapariciones forzadas, en particular combatiendo las causas profundas de estos casos, violencia armada, delincuencia organizada,
tráfico de estupefacientes, estereotipos, pobreza y marginación de las mujeres. Investigar, sancionar y enjuiciar como corresponda a los responsables incluidos los agentes estatales y no estatales, la tipificación del feminicidio de una homologación, de un código penal único para enfrentar la problemática de la homologación. Reforzar los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre violencia contra las mujeres, no es posible que a nivel municipal y estatal no se tengan las capacidades para recopilar los datos y hacer políticas de prevención. Llamado a la acción con estrategias que busquen prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que sea de manera integral, haciendo un llamado a las instituciones públicas y la sociedad civil en conjunto para implementar estas acciones y entender que se debe poner en el centro a las víctimas y sobrevivientes de violencia.”
Nira Cárdenas Oliva de ONU Derechos Humanos comenta que el estado mexicano tiene numerosos pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres. Hay una creciente violencia en contra de mujeres adultas, mujeres jóvenes y niñas en México. En 2017 se tuvo un registro de 3430 muertes violentas de mujeres, es 3 veces más que en 2007 en una década, en 2018 se contabilizaron 3606 feminicidios. En enero de este año se mencionaba también más de 304 mujeres que han sido asesinadas, solamente 75 han iniciado con protocolo de feminicidio. En el 2018 eran 9 mujeres asesinadas, en este año son 10 al día. Se añade la violencia sexual de la que son víctimas niñas, adolescentes y mujeres adultas, en 2018 de contabilizaba una violación sexual cada hora en el país, cada vez son más visibles las mujeres víctimas de desaparición y desaparición forzada, el sistema nacional de personas desaparecidas, cuenta 9300 mujeres, y es importante señalar los dos casos anteriores como antesalas al feminicidio. La impunidad por los actos de homicidio de mujeres suscita enorme preocupación en el mundo. Secretario de Seguridad 2006 decía que la impunidad por los actos de violencia contra las mujeres, agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control, cuando el estado no responsabiliza a los infractores, la impunidad no solo intensifica la subordinación y la impotencia de quienes sufren la violencia, sino que envía a la sociedad el mensaje de que la violencia masculina contra las mujeres es aceptable e inevitable, como resultado de ello, las pautas de comportamiento violento resultan normalizadas. El homicidio de mujeres constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres, a la vida, a la igualdad, a la dignidad, a la no discriminación, a no ser objeto de tortura y otros casos de castigos crueles, inhumanos y degradantes. La obligación del estado es asegurar que estos derechos se plantean como consecuencia de proteger a las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Los estados si no garantizan el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, crean y son responsables del continuo de violencia que puede culminar en la muerte de las mujeres. El deber de los estados en reparar, sancionar, investigar y reparar todos los actos de violencia constituyendo un importante componente del marco internacional de los derechos humanos.”
Dilcya Samantha García Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en el Estado de México menciona que “las madres se han tenido que hacer expertas en investigación y en impartición de justicia con perspectiva de género por la causa más dolorosa. Hemos buscado sacar de las entrañas de la impunidad muchos asuntos y el camino es incipiente y las metas y altos objetivos son enormes para poder alcanzar. De la mano tenemos que caminar. La sentencia Mariana Lima es una sentencia trascendental, es el aterrizaje de Campo Algodonero en una sentencia de la SCJN, donde se habla con meridiana claridad como es la perspectiva de género dentro de una investigación, para no dejar un asunto de violencia contra las mujeres en la impunidad. En el estado de México de las carpetas iniciadas se tiene un 55% de judicialización, 30% de sentencias de condena, no puede ser triunfalista, hasta que no tengamos la última sentencia de una mujer que ha sido víctima de feminicidio no podemos decir que hemos hecho de manera cabal nuestro trabajo, tenemos que dar justicia a cada una de las víctimas de feminicidio y propiciar desde los espacios de la prevención que no haya una sola más víctima de desaparición o víctima de feminicidio. Necesitamos buscar un entramaje dentro de los espacios privados y el acompañamiento dentro de los espacios públicos, generar un engranaje fortalecido para no dejar en la impunidad a los feminicidas, sino también a las autoridades insensibles, corruptas, omisas que han retardado el acceso a la justicia para todas las familias. Es una cuestión estructural de mediano y largo plazo, necesitamos dar una batalla para ir generando las nuevas estructuras en el ejercicio de procuración de la justicia, pero definitivamente lo estamos haciendo y lo tenemos que seguir haciendo porque esto es una cuestión que no puede esperar. Que las mujeres y las niñas no pueden esperar.”
La Diputada Anilú Isgram Vallines comenta que “tiene la intención de que se sumen esfuerzos en esta materia y hemos presentado ante el pleno una iniciativa que homologa el delito de feminicidio en todo el país, cierto que hay avances en ciertos estados, 11 han estado homologando el delito, el último fue veracrúz, donde tenemos una situación crítica en esta materia, y ocupamos el primer lugar nacional en feminicidios. El objetivo de esta iniciativa es homologar el delito de feminicidio a lo que marca el código penal federal con puntualizaciones importantes, como la máxima publicidad de la alerta de género, así como sucede en los medios de comunicación con los tiempos que marca el estado por la alerta amber, que lo mismo suceda con la alerta de violencia de género, para que la sociedad también sepa lo que está sucediendo y a la vez exigir a las autoridades que pertenecemos a los tres poderes que cumplan con cada una de las acciones que tienen que llevar a cabo en torno a esta situación.”