Rumbo a un código penal único y la homologación de la figura de feminicidio
La Diputada Lorena Villavicencio Ayala comenta que “con respecto a los feminicidios es fundamental el derecho a la verdad, que se clasifiquen adecuadamente los delitos, y lo más importante que se haga justicia, que reclaman las mujeres y hombres. Hay una larga historia legislativa a favor de los derechos de las mujeres y el problema es que lamentablemente la realidad, estos instrumentos jurídicos no son respetados, entonces en razón de ello consideramos que nosotras como legisladoras apoyamos de manera significativa para mejorar los instrumentos que tenemos a la mano, para realizar un consejo de mujeres que han transitado a
laberinto de injusticias, a ministerios públicos a jueces que se han enfrentado a protocolos de actuación que no se cumplen, y enfrentado a incumplimiento a muchas de las cosas que se han ganado por familiares de las víctimas en litigio, como mujeres valientes detrás de estas historias de dolor y abrevar como subcomisión de la comisión de justicia para que logremos que su exigencia se convierta en cambios radicales en la impartición y administración de justicia de este país. Además se requiere una revisión técnica legislativa presupuestal y operativa de la alerta de género, si no hacemos este tipo revisiones en estos aspectos incluyendo el tema presupuestal no vamos a lograr nada con las famosas alertas de género, entonces tenemos que hacer una propuesta porque las mujeres estamos aquí sentadas, somos mujeres proactivas que militamos en una causa, en la causa de la justicia y necesitamos realizar una revisión integral, invitando a las especialistas, a que nos ayuden a revisar la ley general para igualdades entre mujeres y hombres, ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ley general para prevenir y eliminar la discriminación, la ley del instituto nacional de las mujeres, el código penal federal, código nacional de procedimiento penales, la ley general de víctimas, la ley general para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas, y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la ley general de niños, niñas y adolescentes.”
Patricia Olamendi de la Red Nacional de Seguridad Justicia y Paz comenta que “es necesario discutir la pertinencia de una ley general de feminicidios, tenemos 33 tipos penales de feminicidios, todos son diferentes no coinciden en su mayoría, ni en las penas que van de 20 a 70 años, ni en las razones de género que son totalmente diferenciadas, cada uno de estos tipos penales en la vida real se transforma en una camisa de fuerza para poder salir adelante, la única manera de lograr una armonización puede ser a través de una ley general. También el ingreso de un código penal único, que requiere redacción de los tipos penales de violencia contra las mujeres, con propuestas consensadas y no sorpresas al último momento redactado por otras personas, una sesión fundamental para el plan emergente de la violencia contra las mujeres y la comprensión del mismo.”
Frida Guerrera Activista de Feminicidios “considera que no hay interés por parte del estado, ya que se llevan años en la lucha y se han visto pocos y pequeños resultados. En estos momentos veo un poco más de interés, y en eso es en lo que terminan las madres, en crisis, no hay ni siquiera una guía para poderlas ayudar y atender.”
Mayela García Coordinadora de investigadoras por la vida y libertad de las mujeres comenta que “podremos tener una ley general de feminicidio, podremos tener tipo penal único, podemos tener nuevos comités y demás pero quisiera que no olvidemos que tenemos que trabajar en desmontar y erradicar el entramado de la impunidad, y contribuir al empoderamiento de las mujeres. Ya que todo este trabajo de erradicar la violencia contra las mujeres tiene una gran resistencia estructural, institucional, cultural, que las relaciones sociales en México al día de hoy, se sustentan en la violencia contra las mujeres.”
Wendy Figueroa integrante de la Red Nacional de Refugios habla sobre la “importancia de transitar de un plan emergente una política de estado que ponga en el centro de atención a las víctimas de violencia de género, con todos los aspectos, atención prevención eliminación, pero también sin dejar de mirar la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil que monitorean que las leyes que hoy en día defienden los derechos de las mujeres hayan sido presentadas actualizadas y monitoreadas. Que el actual gobierno mire la importancia de articular acciones en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y que los consejos consultivos se conviertan en acciones inmediatas, trascendentes para realizar una política de Estado. México se viene construyendo con políticas de gobierno y obviamente cambian los gobiernos y cambian las acciones y todo se pone en un claro oscuro, y lanzamos votos para que desde este consejo, podamos construir políticas públicas, que reúnan las necesidades reales de las víctimas de violencia con gran capital humano y experiencia, trabajando en conjunto con los tres órdenes de gobierno, la academia, y la sociedad. Las mujeres constituyen el 70% de la población mexicana. “
Maricela Aguilar Oficina de Naciones Unidad contra las Drogas y el Delito indica que “es importante la prevención y la justicia. La violencia de género es una problemática global que ya tiene consecuencias fatales, sociales y económicas y que las estrategias en naciones unidas siempre han sido que los marcos jurídicos estén armonizados con los estándares internacionales. Tenemos proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento institucional en materia de género, promoción de servicios esenciales y legales que tomen en cuenta la perspectiva de género y la transversalicen y estrategias de prevención del delito.”
Marina Patricia Jimenez Comision Nacional de Derechos Humanos 4ta Visitaduría comenta que “en este país la lucha y el reconocmiento de los derechos humanos de las mujeres es una lucha con muchas aristas, además se generan instrumentos que vigilan la actuación de las instituciones del estado. El problema de fondo es un asunto de impunidad, pues los resultados no han sido los deseados, se tiene que realizar un cambio de fondo y muy de la mano y marco de la legalidad con la lucha de los procesos organizativos que se han adquirido y se continúe con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, generando propuestas que ayuden a buscar la impunidad en relación a la situación de violencia en contra de las mujeres en México.”
El representante del Dr. Rafael Guerra Alvarez presidente del TSJCDMX y la comisión de igualdad de género del tribunal comenta que es un “momento histórico en procuración y administración de justicia del 18 de Junio del 2018 y reforma de junio del 2011, se ha dicho implementar una ley general de feminicidios y un código penal único, se requiere homologar la figura de feminicidio, con impedimentos técnicos que no se encuentran bien implementados los elementos en los 32 códigos penales y el de la CDMX, ya se implementó un código nacional de procedimiento penal, pero se requiere un código penal.
La impartición de justicia está cambiando, y también es un cambio generacional, cambio de mentalidad que va de 30 a 35 años por el término de prescripción de los delitos que requieren salir del sistema de justicia penal tradicional. En el nuevo sistema de justicia se requiere un marco normativo sólido para que se pueda impartir justicia con perspectiva de género y capacitación de los operadores de sistema, y una colaboración con la sociedad.”
María Teresa de León especialista feminista comenta “se pueden cambiar las leyes y hacer unas nuevas, pero mientras no exista presupuesto para entender y aplicar esas leyes nada sirve, porque no hay recursos para las medidas de protección, tampoco para las medidas de refugio, con todo el sistema de la red nacional de refugios amenazada por el presupuesto. Se requiere un fondo nacional contra el feminicidio y todas las formas de violencia contra las mujeres. Como con la ley general de trata, donde se prevén dos fondos y no se han recibido recursos y vuelve muy complicado aplicar la ley de esa forma. Las alertas no podemos evaluar si sirven o no sirven, porque quien las tienen que aplicar son los presidentes municipales, y a los presidentes municipales les estorban
las alertas de género y no están dispuestos a poner un solo peso de su presupuesto en una acción para cumplir con la aleta de género. Empeñar todos nuestros esfuerzos en prevenir, pues es mucho más caro atender, mucho más caro juzgar y generar un cambio para erradicar los estereotipos con los que se clasifica a las mujeres en este país históricamente desde la primera infancia.”