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6 | LE MONDE

diplomatique | junio 2012

Resolución por represa río Cuervo

Un fallo que pavimenta la justicia socioambiental por Patricio Segura* Un mes antes que la Corte Suprema declarara ilegal la resolución que calificó favorablemente (1) el estudio de impacto ambiental (EIA) de la represa río Cuervo en Aysén -de la minera suiza Xstrata y la eléctrica australiana Origin-, el mismo tribunal había desechado aplicar similar razonamiento jurídico a otra controversial iniciativa: las cinco represas en los ríos Baker y Pascua de HidroAysén, propiedad de Endesa y Colbún.

E

n río Cuervo -un embalse de 13.000 hectáreas en una zona de alto riesgo geológico y volcánicoel argumento de una mayoría relativa (3 a 2) fue que los antecedentes exigidos por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en el marco de la evaluación no podían dejarse para después de votar el EIA. Se desechó así la alternativa de una aprobación condicionada a haber obtenido tales resultados previo a la construcción de la represa. La Corte Suprema aplicó aquí el principio preventivo (2), que se sustenta en que al existir la posibilidad evidente de que determinada acción generará impactos susceptibles de ser mitigados, reparados o compensados (o que deriven en un rechazo del EIA), éstos deben estar a la vista antes de una decisión por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (3). Y esos impactos sólo se pueden establecer estudiando los fenómenos. Lo paradójico fue que este mismo razonamiento fue el que quedó en minoría cuando la Corte Suprema, el 4 de abril de 2012, rechazó (4) por 3 votos contra 2 los recursos de protección interpuestos en contra de la resolución de calificación ambiental que aprobó HidroAysén (5). En tal caso, sí se permitió que estudios esenciales para establecer impactos quedaran como condiciones posteriores a la calificación, específicamente en el caso del Parque Nacional Laguna San Rafael, el emblemático huemul, los recurrentes vaciamientos del lago Cachet 2 (con riesgo para la seguridad de las poblaciones que quedarían aguas debajo de los proyectados embalses) y las extremas fluctuaciones de caudal del río Baker al convertirse en una máquina hidráulica. Es más, es tal la relevancia de tales inexistentes investigaciones que el EIA debió haberse rechazado aplicando el artículo 24 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por carecer de información relevante y esencial para ser evaluado (6). Todo esto en un contexto de discusiones sobre recursos de protección que promueven el respeto de garantías constitucionales como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a la integridad física y síquica de las personas, entre otros preceptos establecidos en la actual Carta Fundamental.

Carlos Ramos, Una cosa sobre otra, 2012 (Gentileza de http://galeriapiloto.com)

Con los dados cargados El fallo por Cuervo da cuenta de que al interior del Poder Judicial existe hoy una corriente jurídica disponible para hacerse cargo de los temas de fondo involucrados en la operación del actual Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Que los estudios y las evaluaciones de impacto ambiental están para eso, para estudiar impactos y decidir sobre ellos con todos los antecedentes a la vista, y no para entregar cheques en blanco a grandes corporaciones que demasiadas veces no han estado a la altura. Sentencias tan disímiles con sólo un mes de diferencia dejan la sensación que recurrir hoy a los tribunales es un juego de azar. No porque no exista claridad en que hay jueces que adhieren, a la luz de sus votaciones, a una u otra doctrina en la interpretación de la ley y el derecho, sino porque hoy la conformación de las salas pareciera ser lo importante. Para el año 2012 la Tercera Sala Constitucional está conformada oficialmente (7) por Sergio Muñoz (presidente), Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y María Eugenia Sandoval, y su conformación diaria puede variar por diversos motivos: licencias, permisos, subrogaciones, etc. El Código Orgánico de Tribunales establece que sólo pueden participar en los acuerdos sobre determinada causa y, por ende, fallar en ella, los ministros presentes en la vista de ésta (que puede ser con o sin alegatos): en el caso de HidroAysén los días 23 y 26 de diciembre, y en el de río Cuervo el 10 de abril.

De los cinco ministros que votaron en HidroAysén, los tres que no aceptaron la tesis del principio preventivo fueron Carreño, Sandoval y Pierry, este último hoy investigado por el Comité de Ética de la Suprema por ser dueño de 109.000 acciones de Endesa. En contrario se pronunciaron Brito (quien ingresó en ausencia de Muñoz) y Araneda. En el caso de río Cuervo Muñoz, Araneda y Alfredo Pfeiffer, en calidad de suplente, aceptaron el principio preventivo. En minoría, Carreño y Pierry. El escenario de grupos doctrinarios acá esbozado no es lo importante, sino el avance de la justicia chilena y quienes la imparten en tesis jurídicas acordes con el interés general al cual, por esencia, se deben. Porque lo que se juega con HidroAysén y río Cuervo no se restringe sólo a lo que muchos sabemos con respecto a la intervención de ecosistemas únicos en el mundo por grandes corporaciones que han hecho del saqueo su principal leit motiv. Una mercancía La Patagonia es un patrimonio de Chile y la humanidad. Su destino no puede definirse sólo en la alianza entre quienes lograron el control total de los recursos hídricos aprovechando un Código de Aguas de la dictadura que los define sólo como una mercancía y no como los bienes comunes que son, gobiernos que no trepidan en vulnerar procedimientos para imponer su mirada ideológica mercantil y administran el país según la conveniencia de sus financistas, y una parte del Poder Judicial que no ha incorporado a sus saberes conceptos vincula-

dos a los derechos humanos de tercera generación. Esos colectivos y difusos, pero no por ello menos importantes, que protegen preventivamente los ecosistemas naturales y sociales en que se sustentan los seres vivos en general, y humanos en particular. Las ocho represas proyectadas por ambas compañías, y las consiguientes torres de alta tensión y trazado por Aysén (y una parte importante de Chile), son sólo la punta de lanza de la transformación de este hermoso y excepcional territorio en una despensa energética, en la “gran pila” de Chile como solemos decir en esta australidad. Incluyendo, por cierto, los cambios irreversibles a nivel político, social, cultural y productivo en nuestras vidas que involucran tamañas inversiones. Como un veleidoso péndulo, hoy la Corte Suprema se mueve hacia un lado y otro de la justicia, incluso expuesta a abogados cuyos conocimientos de la intrincada maraña tribunalicia les permiten aumentar la certeza en pos de fallos favorables a sus expectativas. Por eso, hoy es labor nuestra, de los ciudadanos, que cada día gane más terreno la mirada que se sustenta en el verdadero bien común y que el ejercicio de nuestros derechos no dependa de ausencias, suplencias ni permisos. Y también de los abogados que han sostenido y luchado por un desempeño garantista en términos ambientales, al que adhirió en el caso de HidroAysén el presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Hernán Crisosto. Entre ellos Macarena Soler, Marcelo Castillo, Fernando Dougnac, Ezio Costa y Rodrigo de los Reyes, entre muchos otros profesionales del derecho. Porque lo que ellos hacen en su campo, no sólo tendrá efectos hoy. También lo tendrá para el futuro del mejor país que es urgente construir. Estamos de acuerdo, hoy Chile no es el mismo que ayer. Pero tampoco es totalmente distinto del que vivimos en décadas pasadas. Por ello, es necesario abrir las ventanas para que entre el aire fresco, las miradas que piensen en los ciudadanos y el bien colectivo, que renueve el denso y pesado ambiente que se respira en el país y sus instituciones. Y me permito traer un párrafo de una columna escrita previo a estas resoluciones de la Corte Suprema: “Es probable que nuestros tribunales tarde o temprano se sumen con fuerza a estos principios, como ya los ha asumido la ciudadanía a la cual, en definitiva, se deben. Y serán más garantistas al respecto. Pero lo que millones de chilenos queremos es que lo hagan hoy, no en uno, 10 o 50 años más, cuando ya no haya mucho qué salvar en esta, alguna una vez, hermosa tierra. Y, peor aún, tampoco comunidades a las cuales proteger. Queremos que el fallo sea legal. Pero más que eso, que sea justo. ¿Es eso mucho pedir?” (8). Y, hoy, más que nunca es necesario reiterar: ¿Es eso mucho pedir? g 1. Resolución de Calificación Ambiental río Cuervo, del 8 de mayo de 2012. Ver en http://seia.sea.gob. cl/archivos/RCA_187_exp_3965519.pdf 2. “Río Cuervo principio preventivo”. Ver en http://www.fima.cl/2012/05/16/comunicadofima-rio-cuervo-y-principio-preventivo/ 3. Fallo Corte Suprema por recursos de protección río Cuervo, del 11 de mayo de 2012. Ver en http://bit.ly/FalloSupremaCuervo 4. Fallo Corte Suprema por recursos de protección HidroAysén, del 4 de abril de 2012. Ver en http://bit.ly/FalloSupremaHidroAysen 5. Resolución de Calificación Ambiental HidroAysén, del 13 de abril de 2011. Ver en http://seia.sea. gob.cl/archivos/RCA-hidroaysen.html 6. “HidroAysén, el hijo mal nacido que Gobierno y Concertación quieren olvidar” (El Quinto Poder), 6 de junio de 2011. Ver en http://www.elquintopoder. cl/medio-ambiente/hidroaysen-el-hijo-mal-nacidoque-gobierno-y-concertacion-quieren-olvidar/ 7. “Corte Suprema cambia integrantes en 3 de sus 4 salas este viernes” (La Nación), 3 de enero de 2012. Ver en http://www.lanacion.cl/noticias/site/ artic/20120103/pags/20120103170434.html 8. “HidroAysén: A la espera de un fallo legal, pero también justo” (El Quinto Poder), del 26 de diciembre de 2011. Ver en http://www.elquintopoder.cl/medio-ambiente/hidroaysena-la-espera-de-un-fallo-legal-pero-tambien-justo/

*Periodista, Movimiento Ciudadano Patagonia sin Represas. Dossier conflictos ambientales coordinado por Víctor Hugo de la Fuente.


Un fallo que pavimenta lajusticia socioambiental