16 y 17 de junio

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Robertina Santillana

@robertina_sp

¡LLEGA PLANTA DE OXÍGENO A TARAPOTO! Será instalada en el Hospital II Tarapoto de #ESSALUD y abastecerá de oxígeno a pacientes de #COVID19. Agradecer al Director de ESSALUD Tarapoto, Dr. Beltrán Lozano por las gestiones realizadas. ¡Sigamos mejorando!

JNE Perú

@JNE_Peru

Desde las Elecciones Generales 2011 el #JNE ha participado en la organización del #DebatePresidencialJNE. Su implementación ha demandado aspectos técnicos y logísticos que son necesarios para su correcta realización y, en el 2021, la aplicación de protocolos de bioseguridad.

Daniel Hermoza Negreiros

@danielhermozan

Hace unos días la comisión de Energía y Minas rechazó el #PL6953 de Alberto de Belaúnde para subsidiar a empresas de energías renovables a costa de un alza en las tarifas de luz. Ahora la Com. de Ambiente atenta contra las #pymes aprobando un predictamen que plantea lo mismo

LA ENCUESTA EXITOSA

LA RESPUESTA DEL DÍA: ¿Cree que el MEF y la ONP buscan bloquear devolución a fonavistas al no integrarse a la Comisión Ad Hoc?

81.2% SI

18.8% NO

LA PREGUNTA DEL DÍA: ¿Cree usted que a diciembre de este año se llegará a vacunar a todos los peruanos mayores de 18 años?

PUNTO DE VISTA

MARIO AMORETTI PACHAS*

Un cuento o engaño: “voy a combatir la corrupción”

Alejandro Toledo Manrique y Martín Vizcarra Cornejo nos decían, “vamos a combatir la corrupción”; pero nos engañaron y terminaron como los expresidentes más corruptos de la historia. En el 2001 se incautaron videos y audios, la policía los puso a disposición de la Fiscalía y juzgados; intervienen algunos políticos corruptos y consiguen que el Congreso de la República los solicite “para investigar”, pero los hicieron “desaparecer”, desconociendo su destino y los que aparecían y la voz de los empresarios, políticos, funcionarios, involucrados, recibiendo dinero de Montesinos. No se investigó, ni sancionó a los funcionarios o asesores del gobierno de turno, que recibieron millones de dólares como coima, es decir, impunidad total. Tampoco, se conoce los nombres de los representantes del Estado en la CIDH y que “pactaron”, abonar, fuertes sumas de dinero con familiares de terroristas, como “reparación civil”.

Martín Vizcarra Cornejo, imputado en varios actos de corrupción; y uno de los responsables de la peor crisis sanitaria y económica en nuestro país, con más 120,000 muertos por Covid-19, originados por la “compra” de pruebas rápidas y no moleculares, desconociendo hasta la fecha el monto que se ha pagado, pese a denuncias públicas, que se abonaron sumas mayores del costo normal. Lo más grave

CARLOS JAICO*

Recompensa para el denunciante ético en la función pública

Desde la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Perú ha venido adaptando su legislación para proteger al denunciante ético, de manera a combatir la corrupción en el país. Así, en el ámbito penal, el Nuevo Código Procesal Penal, en sus artículos 247 al 252, regula las medidas de protección aplicables a testigos, peritos, agraviados o colaboradores que intervengan en los procesos penales. Igualmente, en el ámbito administrativo, la primera legislación fue la Ley Nº29542 de la Contraloría General de la República, llamada Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. Luego vendría el Decreto Legislativo Nº1327, con las medidas es que, de haberse adquirido las pruebas moleculares, cuando se ofrecieron en marzo de 2020, miles de peruanos no hubieran fallecidos. Esta lamentable situación se agrava por la carencia de oxígeno, camas UCI, respiradores mecánicos y pese a todo ello, nadie investiga estos hechos ilícitos perpetrados por funcionarios públicos y allegados, si queremos combatir la corrupción empecemos ya.

Hace pocos días tomamos conocimiento de las “jeringas vacías de vacunas” y los más altos funcionarios del gobierno se pronunciaron que era un acto criminal y lógicamente lo es, pero no solamente, cabe pedir sanción “ejemplar” a las enfermeras, sino a los que se apropiaron de 487 vacunas y las que “desaparecieron”. La Ley es igual para todos, es decir, en el caso, de peculado “apropiarse para sí o-para tercero” y, en el caso de las enfermeras, la fiscalía intervino de oficio- investigando 4 casos-, pero a los miembros del gobierno anterior no les pasa nada, impunidad completa. ¿Y qué pasa con los malos policías, fiscales y jueces que ponen en libertad avezados delincuentes detenidos en flagrancia? Estamos viviendo una violencia delincuencial sin límites: usurpaciones, tomas de carretera, extorsiones, robos agravados, asesinatos; y los que nos dejan a merced de estos delincuentes; sin embargo, las instituciones encargadas de investigarlos no lo hacen, ni mucho menos se les separa o suspende de sus labores a estos malos funcionarios; se lleven a cabo, investigaciones sobre sus signos exteriores de riqueza y de sus familiares. ❖

*Abogado penalista.

de protección para el denunciante de actos de corrupción, sancionando las denuncias realizadas de mala fe. Sin embargo, el sistema de protección del denunciante ético obra de manera dispersa. Esto hace que el denunciante se vea sumergido por normas y reglamentos al lenguaje difícil y desmotivador. Esta dispersión y la complejidad de las vías de denuncia desmotivan, sin duda, la participación del candidato a denunciante ético. Es fundamental, entonces, una política de Estado dirigida a difundir las normas para que los denunciantes pierdan el temor.

Asimismo, pese a que el denunciante ético en la función pública actúa para salvaguardar un bien jurídico, sin perjuicio de la obligación de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código de ética (artículo 11, Ley 27815), es importante considerar la introducción de recompensas por su denuncia. La razón es que el denunciante ético, tanto como las amenazas, teme principalmente la pérdida de su trabajo y remuneración. Este sistema funciona ya en el sector privado. Es así que INDECOPI, basándose en la Ley de Libre Competencia, ha abierto su programa de recompensas para las personas que brinden información para detectar, investigar y sancionar cárteles. Así, dependiendo del cártel investigado y el nivel de colaboración prestada, se le otorga hasta 400,000 soles como recompensa.

Esta práctica ya funciona en Estados Unidos de Norteamérica, donde el gobierno recompensa a los denunciantes con un porcentaje del dinero recuperado, como resultado de su información. Así, los denunciantes pueden recibir como recompensa, entre 10% hasta 30% de los montos recuperados.

Proteger y otorgar recompensas a los funcionarios públicos, permitiría ampliar el número de denuncias éticas, en favor de una lucha frontal contra la corrupción. ❖