PREMIO ANUAL DE BIOÉTICA 2025
FUNDACIÓN
DR. JAIME ROCA
2 do PREMIO
Autor: Dr. Federico Germán Abal
RESUMEN
I. INTRODUCCIÓN
II. ACLARACIONES PRELIMINARES
III. LA NATURALEZA ESPECIAL DEL EDADISMO
IV. JUSTIFICACIONES DEL EDADISMO
V. IGUALITARISMO RELACIONAL
VI. CONCLUSIÓN
En este trabajo analizo críticamente el uso de la edad como criterio para distribuir recursos terapéuticos escasos. Para ello, (a) identifico la naturaleza especial del edadismo frente a otras formas de discriminación (racista y sexista), (b) presento dos intentos de justificación moral del edadismo, consecuencialista e igualitarista, y (c) reconstruyo una forma de evaluar la igualdad dentro de una comunidad, que no se centra en el cumplimiento de una pauta distributiva específica, sino en la forma en que los miembros de dicha comunidad se relacionan entre sí. La conclusión final de mi indagación será que las justificaciones morales a favor del edadismo en la asignación de recursos terapéuticos escasos presentan problemas conceptuales de difícil resolución, pero que incluso si esos problemas pueden resolverse y se adopta el edadismo en ese ámbito, es necesario disminuir el riesgo de que se establezcan valoraciones sociales negativas sobre la vida de los miembros de ciertos grupos etarios.
Supóngase qué usted se encuentra en un muelle y advierte que dos personas se han caído al agua. Una, a quien llamaré María, se ha caído por el lado derecho del muelle, y la otra, a quien llamaré Juana, se ha caído por el lado izquierdo. Sobre el muelle se encuentra disponible un aro salvavidas que usted podría arrojar a cualquiera de las dos personas necesitadas, pero solo a una de ellas. Desafortunadamente, las ubicaciones de María y Juana son tales que no permiten que ambas se beneficien del aro. Por ejemplo, no es posible que se arroje el aro a mitad de camino entre María y Juana de forma que las dos podrían nadar hacia él, sujetarse y salvar su vida. Frente a esta situación, usted, o cualquier otro agente en su lugar, intentará dilucidar algún criterio moralmente robusto para decidir a quién salvará arrojándole el salvavidas y a quien no salvará.1
Existe una forma intuitivamente poderosa de responder ante este caso, a saber, de manera aleatoria (o azarosa). Los métodos aleatorios, como lanzar una moneda o un dado, garantizan que las personas afectadas por la decisión sean tratadas de manera equitativa. Si usted lanzara una moneda para decidir salvar a María o a Juana, entonces los intereses de ambas tendrían el mismo impacto en la decisión. A su vez, esto impide que la persona que no resulta beneficiada con el recurso en cuestión (en este caso, el aro salvavidas) pueda formular algún reclamo moral por no ser salvada.
Siguiendo la terminología del contractualismo de Scanlon (1998: capítulo 5), ni María ni Juana podrían rechazar razonablemente el mecanismo aleatorio por el cual usted decidió quien sería salvada. Esta es una razón de peso a favor de usar ese tipo de mecanismo.2
Ahora bien, lanzar una moneda como procedimiento de toma de decisiones solo resulta moralmente aceptable cuando de hecho las personas involucradas no tienen un reclamo justificado a ser tratadas de manera preferente. Dicho de otro modo, el uso de un método aleatorio se justifica una vez que se ha determinado que no hay ningún criterio moralmente relevante que permita distinguir entre las personas afectadas. La aleatoriedad es un recurso decisorio que surge luego de una deliberación moral. Volvamos al ejemplo del salvavidas. Para determinar si se debe (o, al menos, si se tiene permitido) lanzar una moneda para decidir a quién salvar, usted debe evaluar algunos rasgos moralmente relevantes de María y de Juana. Por ejemplo, si María fuera su hija, entonces, en virtud de ese vínculo maternofilial (o paternofilial), usted tendría un deber especial para con ella, que le exige otorgarle un peso preferencial a sus intereses dentro de la deliberación práctica. En el escenario que aquí nos interesa, este deber exigiría que le lanzara directamente el salvavidas a María. Usted tendría prohibido usar un mecanismo aleatorio que les otorga igual peso a los intereses de ella y a los de Juana, y que podría terminar beneficiando a esta última.3 Supóngase que usted no guarda ninguna relación normativamente relevante con María o Juana, pero sabe que María se ha caído al muelle en medio de un intento de asesinar a otra persona inocente y que Juana cayó de manera enteramente accidental (por ejemplo, se resbaló al intentar tomar una foto). En ese caso, no sería implausible afirmar que usted tiene un permiso para no tirar una moneda y salvar a Juana directamente. Las condiciones en que María y Juana llegaron a ponerse en situación de necesitar el salvavidas pueden ser relevantes a los fines de determinar el peso que los intereses de cada una deben tener en la deliberación y si se justifica (o no) el uso de un mecanismo aleatorio. Incluso si tanto María como Juana cayeron de manera enteramente accidental al agua y usted no guarda ninguna relación con ellas, podría existir otra razón para priorizar a una de ellas y abstenerse de lanzar la moneda. Por ejemplo, podría ser que María fue arrastrada por la corriente y se encuentra a una distancia considerablemente mayor del muelle que Juana. Por lo tanto, es probable que lanzarle el salvavidas a Juana resulte más efectivo a los fines de lograr el objetivo que usted tiene, a saber, salvar una vida. Este dato podría resultar crucial para inclinar la decisión a favor de intentar salvar a Juana y
no intentar salvar a María.
Así como existen factores que son, prima facie, moralmente relevantes para determinar que persona será salvada por usted (como vimos, la relación especial que mantiene con una de las personas afectadas, lo que llevó a la persona a estar en posición de necesitar ser salvada y el uso más efectivo que podría hacerse del recurso salvador en cuestión), existen otros factores que no son moralmente relevantes y que no deberían ser tenidos en cuenta por un agente. Por ejemplo, no debería ser importante el color de piel de María y de Juana, la orientación sexual de cada una ni su adscripción política o religiosa.4
Varios autores consideran que la edad debe incluirse en el conjunto de los factores relevantes para tomar decisiones de salvar (entre ellos, Nord et al. 1996; Bognar 2015; Emanuel et al. 2020; Miller 2020; Singer 2020; Bognar 2024). Supóngase que María tiene 70 años y Juana tiene 20. ¿Por qué estos datos deberían ser tenidos en cuenta por usted al momento de decidir quien recibirá el salvavidas? ¿Haría usted algo incorrecto si optara por lanzar la moneda en un escenario como este? Este trabajo tiene por objetivo definir la naturaleza de la discriminación por edad (o edadismo) frente a otro tipo de discriminaciones y analizar críticamente algunos argumentos que se han ofrecido para justificar su uso en la asignación de recursos terapéuticos escasos en el ámbito médico.
El debate filosófico sobre el edadismo tuvo un resurgimiento notable en el contexto de la pandemia de COVID-19, especialmente en relación a diferentes guías de triaje que incorporaban la edad como una variable relevante para asignar los respiradores o camas disponibles, que podían no ser suficientes para cubrir las necesidades de todos los afectados (ver, entre otras, CSG 2020; OBD 2020; SIAARTI 2020; UP 2020; Rivera López et al. 2020). Algunos autores objetaron este uso de la edad (Gullette 2020; Macklin 2020; Inouye 2021; Jecker 2022; Gullette 2024).
Sin embargo, es evidente que el debate excede la emergencia de la pandemia. La asignación de recursos escasos es un desafío permanente de la ética médica, que se replica en contextos de pobreza estructural, de guerra y en la distribución de órganos para trasplantes (Persad et al. 2009).
Como señala Bognar, el edadismo se ha vuelto un asunto especialmente relevante en sociedades que atraviesan una transformación demográfica profunda (2015: 251-253). La población global envejece a un ritmo acelerado. De acuerdo con las proyecciones del más reciente reporte de la División de Población
de las Naciones Unidas, para el 2080 las personas mayores de 65 años superarán en número a los menores de 18 años.5 Varios países europeos (como Italia, España y Alemania) y asiáticos (como Japón y Corea del Sur) ya enfrentan este fenómeno de pirámide poblacional invertida. Esto plantea desafíos importantes para la sostenibilidad de los sistemas de salud y un aumento en la probabilidad de instancias en las que personas jóvenes deban pugnar por recursos escasos con adultos mayores.
El ejemplo del salvavidas que inicia este trabajo sirve a los fines de ilustrar una decisión de salvar o de rescatar. El tipo de decisiones que me interesa analizar, a saber, de asignación de recursos terapéuticos escasos, son también decisiones de rescate, pero guardan diferencias notables con el caso de María y Juana. Es claro que no debería ser relevante la relación afectiva o familiar que el profesional de salud guarda con alguno de los pacientes para determinar quien recibirá el recurso en cuestión. Asimismo, es dudoso que sea relevante (al menos, en términos de aplicabilidad práctica) la responsabilidad de los pacientes por las condiciones que lo llevaron a encontrarse en la necesidad de recibir el recurso para salvar su vida. Estas diferencias no deberían resultar sorprendentes. Es claro que el ámbito médico presenta características normativas específicas, que lo distinguen de la situación de un agente cualquiera en el muelle.
El trabajo se estructura del siguiente modo. En la sección II, introduzco una serie de aclaraciones preliminares que permiten precisar aún más el objeto de análisis. En la sección III, defino la naturaleza específica del edadismo frente a otro tipo de discriminaciones, que explica su atractivo inicial. En la sección IV, analizo críticamente dos líneas de argumentación que se han ofrecido a favor del uso de la edad como criterio para distribuir recursos terapéuticos escasos. Finalmente, en la sección V, evalúo el edadismo a la luz del igualitarismo relacional, una propuesta teórica que afirma que la instanciación del valor de la igualdad dentro de una sociedad debe evaluarse no a la luz del cumplimiento de una pauta distributiva específica, sino del modo en que los miembros que la componen se relacionan entre sí. Sostendré que esta forma relacional de concebir la igualdad plantea restricciones al uso de criterios edadistas en salud, que no impiden completamente su uso, pero que lo condicionan de manera especial.
Todo acto de discriminación consiste en un trato desventajoso o desfavorable hacia una persona en virtud de su membresía a un grupo social saliente (Lippert-Rasmussen 2014).6 Así, un acto sexista consiste en un trato desventajoso hacia una persona en virtud de su membresía a cierto grupo sexual. Lo mismo puede replicarse para actos racistas, capacitistas, clasistas y, claro está, edadistas.
En el debate público, el concepto de “discriminación” suele emplearse en un sentido moralizado negativo. Describir un acto como discriminatorio implica evaluarlo de manera moralmente condenatoria. Esta era la intención original de Robert Butler, que acuñó el término “edadismo” (en inglés, ageism) para referir a una actitud prejuiciosa y estereotipada que limita injustamente las oportunidades y la participación de las personas en la vida social por razones de edad (1969: 243-246).
Nótese que asumir esta definición de “edadismo” implica un posicionamiento respecto de su (in)corrección moral. Pero esto es precisamente lo que está puesto en discusión. Lo que busca determinarse es si el trato desventajoso hacia una persona en virtud de su pertenencia a un grupo etario puede ser moralmente justificado en ciertos ámbitos. Específicamente, lo que me interesa es analizar si puede justificarse moralmente un trato desventajoso hacia los adultos mayores en la asignación de recursos terapéuticos escasos. Esta es una cuestión moral sustantiva, no trivial, que no puede establecerse mediante estipulaciones definicionales. Por esta razón, cuando califico a un criterio como edadista no estoy indicando ninguna valoración moral, sino simplemente apuntando que se trata de una asignación de recursos que toma a la edad como un factor moralmente relevante.7
Para precisar el objeto de estudio de este trabajo, resulta conveniente establecer las siguientes tres aclaraciones. En primer lugar, corresponde distinguir entre dos modos de incorporar la edad como un factor relevante dentro de la deliberación práctica, a saber, como (a) un factor moralmente relevante en sí mismo o como (b) un factor que no es moralmente relevante en sí mismo pero que indica o correlaciona con otro factor moralmente relevante en sí mismo (Gosseries 2014; Berndt Rasmussen 2023). En general, el uso de la edad se presenta a la manera (b), esto es, como un indicador estadístico o proxy de un factor moralmente relevante (por ejemplo, de los años de vida futuros, de los años de vida futuros ajustados por
calidad o QALYs, de la probabilidad de sobrevivir si recibe el recurso en disputa, de su productividad, o de las oportunidades que ha tenido). Considérese el caso de las restricciones etarias para el ejercicio de ciertos derechos políticos. Los estados establecen una edad mínima para otorgar el derecho a votar o el derecho a ser electos para ciertos cargos. Aunque la elección de una edad específica involucra cierto grado no eliminable de arbitrariedad (por ejemplo, la edad mínima para votar en México es 18 años, pero podría ser 16, como en Argentina), el acto de establecer alguna edad no es arbitrario a los fines de distribuir derechos políticos (Abal 2023: 190). En este caso, la edad no es un factor importante en sí mismo, sino como un indicador de otro factor que sí es relevante para determinar quien detenta un derecho a votar (o a ser electo): la capacidad de tomar decisiones razonadas sobre cuestiones políticas.
En ocasiones, establecer si un factor está siendo considerado como moralmente relevante en sí mismo o como un proxy puede ser problemático. Supóngase que a una persona no vidente se le niega el permiso para conducir un automóvil. En este escenario, ¿se está considerando a la discapacidad visual como un factor relevante en sí mismo o solo como un proxy?
La respuesta natural sería que la discapacidad visual es en sí misma relevante a los fines de otorgar permisos de conducir. Parece forzado afirmar que esta discapacidad funciona como indicador de otro factor, como la peligrosidad de la persona no vidente al volante. Esto es así, porque no es posible escindir ambos factores; ser no vidente implica ser peligroso al volante, no de manera estadística, sino conceptual. El uso de la edad para asignar recursos puede tener esta característica. Por ejemplo, priorizar a una persona de 20 años sobre una persona de 70 años sobre la base de la cantidad de años que cada una de ellas ha vivido (sin aclaraciones adicionales) representa un uso de la edad como factor relevante en sí mismo.
Tener 70 años (o 20) implica conceptualmente que se han vivido 70 años (o 20), y no opera como un proxy de otro factor.
Es importante destacar, como hacen Gosseries (2014: 65) y Bidadanure (2018: 246), que el hecho de que un dato pueda operar como un indicador estadístico confiable de otro dato relevante no significa que su uso sea moralmente justificado. En una sociedad racista, el color de piel de una persona probablemente será un proxy confiable sobre otros datos (como la capacidad de pagar los intereses de un crédito bancario o la probabilidad de graduarse de la universidad). Sin embargo, no resultaría aceptable que los bancos y las universidades otorgaran créditos o becas sobre la base del color de piel de la persona interesada.
Dicho de otro modo, la confiabilidad de un proxy no es suficiente para establecer su justificación.
En segundo lugar, la edad puede establecerse como un factor relevante (sea en sí mismo o sea como proxy) para priorizar o para desempatar entre pacientes. La distinción entre criterios de priorización y criterios de desempate remite a la importancia que recibe un factor dentro de un protocolo de triaje (Rivera López et al. 2020: 47). Los criterios de priorización operan como el primer y más fundamental filtro de un triaje; permiten distinguir entre pacientes igualmente necesitados de un recurso apelando a una o más características que se consideran especialmente relevantes. Los criterios de desempate, en cambio, solo intervienen cuando la aplicación de los criterios de priorización no arroja un veredicto claro sobre quien debe recibir el recurso en cuestión. La mayoría de las guías de triaje que se produjeron durante la pandemia de COVID-19 coinciden en que la probabilidad de supervivencia del paciente es el factor más relevante para asignar un recurso terapéutico escaso. Así, frente a dos pacientes, A y B, que necesitan un mismo recurso, la probabilidad de que cada uno de ellos sobreviva (o que supere el cuadro que los lleva a necesitar el recurso) opera como un criterio de priorización. Si A tiene una mejor prognosis que B, A debe recibir el recurso. Esto no es extraño. Si se considera que toda vida es igualmente valiosa, debe optarse por un criterio que permita salvar al mayor número de vidas individuales posible (al menos, en lo que respecta a la decisión de asignar recursos).8 En principio, priorizar a las personas con mejor prognosis se justifica por ese objetivo (del mismo modo que arrojar el salvavidas a la persona que se encuentra más cerca del muelle, que no podría salvarse sin ese recurso, pero que, probablemente, se salve si lo recibe).
Ahora bien, puede ocurrir que la prognosis no permita priorizar entre pacientes. En ese caso, podría apelarse a criterios de desempate. En general, la edad se plantea como un criterio para desempatar entre personas con una prognosis similar (Macklin 2020). Por ejemplo, si A y B podrían beneficiarse de la misma manera del recurso salvador, el hecho de que A tiene 20 años y B tiene 70 años quizás permite desempatar entre ellos. Si la edad tampoco permitiera desempatar de este modo (por ejemplo, si A y B tienen una edad cercana), en ausencia de otro criterio de desempate, debería usarse algún mecanismo aleatorio para asignar el recurso. Pero podría sostenerse que la edad tiene que ocupar un papel más importante en la deliberación y, en consecuencia, ser operativizada como un criterio de priorización, a la par de la prognosis de los pacientes.9 De este modo, el paciente más joven podría recibir el recurso, aunque presente una
prognosis ligeramente más desfavorable que el paciente más viejo. El desafío de quienes sostienen que existe más de una característica especialmente relevante (por ejemplo, la prognosis y la edad) es expresar dichas características en la forma de criterios de priorización aplicables y mutuamente consistentes. Esta es una tarea compleja. En lo que sigue, avanzaré considerando las posibles justificaciones al uso de la edad estrictamente como criterio de desempate. Este parece ser el uso más difícil de rechazar; si el uso de la edad como criterio de desempate no se justifica moralmente, a fortiori, su uso como criterio de priorización tampoco.10
En tercer lugar, conviene precisar el tipo de recurso sobre cuya asignación se discute. No parece plausible afirmar que puede establecerse un único criterio moral para asignar recursos médicos diferentes, como vacunas, test virales, respiradores, camas y recursos humanos calificados. La distribución de algunos recursos puede plantear problemas morales específicos. Por ejemplo, el debate sobre la distribución de vacunas a nivel global que tuvo lugar durante la reciente pandemia tuvo características propias que deben considerarse en virtud del contexto de producción de ese recurso (por ejemplo, en términos de patentes, de derecho internacional, de desigualdades económicas y de presión entre estados). Esas características no se replican en el debate sobre la distribución de otros recursos, ni siquiera en el debate sobre la distribución de ese mismo recurso (esto es, las vacunas) a nivel local.
No hay razón para asumir que los criterios que gobiernan la justa distribución de un recurso terapéutico serán idénticos a aquellos que gobiernan la justa distribución de recursos preventivos o paliativos. Continuemos con el ejemplo de la pandemia de COVID-19. A diferencia de lo que ocurrió con la asignación de respiradores (un recurso terapéutico), en muchos países, la política de distribución de vacunas (un recurso preventivo) priorizó a los adultos mayores, un grupo particularmente vulnerable frente a un posible contagio. Este hecho me parece relevante y lo retomaré en la sección final de este trabajo. Por lo dicho hasta aquí, encuentro más razonable limitar el análisis a un tipo de recurso específico, a saber, los recursos terapéuticos. Por “terapéutico” entiendo cualquier recurso destinado a tratar o curar una enfermedad ya adquirida. A su vez, los recursos terapéuticos deben distinguirse de los recursos preventivos y paliativos. Por “preventivo” entiendo cualquier recurso destinado a prevenir que el paciente contraiga una enfermedad determinada. Por “paliativo” entiendo cualquier recurso destinado a aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes que
padecen una enfermedad grave que, en principio, no puede tratarse ni curarse.11
En la sección IV consideraré dos líneas argumentativas que se han ofrecido a favor del uso de la edad como un criterio de desempate para asignar recursos terapéuticos escasos. Antes, en la sección III, analizaré un rasgo especial del edadismo, que lo diferencia de otro tipo de discriminaciones y que explica parte de su atractivo inicial.
Existe un fenómeno difícil de negar. Las personas tienen actitudes condenatorias menos firmes frente a la discriminación por edad que frente a otras formas de discriminación, racial y sexual (Bognar 2015: 252; Bradley 2023: 1093). Como mencioné más arriba, aceptamos varias instancias de edadismo en nuestra vida pública (por ejemplo, en materia de distribución de derechos políticos, de permisos de conducir, de responsabilidad penal).
Considérese el caso de una universidad (U1) que se niega a asignar becas de estudio a personas negras sobre la base de que existe una tasa muy significativa de deserción universitaria entre estudiantes negros vis a vis estudiantes pertenecientes a otros grupos raciales. Este tipo de trato desfavorable por razones raciales nos impacta como claramente inmoral. Ahora bien, considérese otra universidad (U2) que se niega a asignar becas de estudio a estudiantes mayores de 60 años sobre la base de que no tienen un nivel de productividad académica tan alto como el de los estudiantes más jóvenes. Creo que es seguro afirmar que incluso entre los lectores que consideren esta discriminación etaria como injustificada la mayoría considerará a U1 como actuando de manera moralmente peor que U2. Esto es llamativo. En ambos casos a los miembros de un grupo (en un caso racial, en otro caso etario) se les está negando el mismo recurso (becas de estudio) por rasgos de su persona que no dependen de ellos. Los mayores de 60 años no tienen responsabilidad sobre su edad, del mismo modo que los estudiantes negros no pueden determinar su color de piel. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia evaluativa? Juliana Bidadanure denomina a este como el “enigma de la discriminación por edad” (2018: 245).
Es importante señalar que del hecho de que las personas le otorguen a la discriminación etaria un status normativo diferente al de otras formas de discriminación no se sigue que la discriminación etaria sea normativamente diferente. Las personas pueden estar equivocadas. Después de todo, en el pasado las personas no tenían tan claro que la discriminación sexual y la discriminación racial fueran igualmente incorrectas a los fines de distribuir derechos políticos. Actualmente, creemos que es igualmente incorrecto, por ejemplo, negarle a una persona el derecho al voto por razones raciales o sexuales.
Sin embargo, el teórico interesado en el edadismo debe poder acomodar el enigma señalado por Bidadanure. Es deseable que incluso un autor anti edadista, esto es, un autor contrario al uso de la edad como factor moralmente relevante para la toma de decisiones, aventure una hipótesis sobre por qué las personas responden evaluativamente de manera diferente frente a actos discriminatorios edadistas y frente a actos discriminatorios racistas o sexistas.
Descartemos rápidamente una posible hipótesis. Podría decirse que la edad funciona como un indicador más confiable de factores moralmente relevantes que el sexo o la raza. Así, podría decirse que el color de piel de una persona no es un buen indicador de algo que merezca ser contemplado. La discriminación racial se basa mayormente en estigmatizaciones y estereotipos injustificados. Pero esta no parece ser una buena resolución del enigma. En primer lugar, la discriminación etaria, como advertía Butler (1969), también puede responder a este tipo de sesgos. La decisión de U2, por ejemplo, podría explicarse por un sesgo edadista infundado. En segundo lugar, como vimos, la discriminación racial puede ser moralmente objetable incluso cuando el color de piel funciona como un proxy confiable, como resultado de un contexto estructuralmente injusto (por ejemplo, sobre la probabilidad de abandonar los estudios universitarios).
Varios autores apuntan a otro rasgo que permite explicar la naturaleza especial del edadismo vis a vis otras formas de discriminación. Contrariamente al sexo y a la raza, la edad no es un rasgo discreto e inmutable. Se espera que, en el mejor de los casos, las personas atraviesen los diferentes grupos etarios, desde su niñez hasta la vejez. Pero si esto es así, el uso de la edad puede ser compatible con que todas las personas sean igualmente discriminadas, cuando se las considera desde un punto de vista diacrónico (Daniels 1988; Kerstein & Bognar 2010; Gosseries 2014; Bidadanure 2018; Bidadanure 2021; Berndt Rasmussen 2023). Esta peculiaridad del edadismo puede ilustrarse
con el ejemplo del derecho al voto. Considérese a dos individuos, Pedro y Lucas, que conviven en una jurisdicción en la que la edad mínima para votar es 18 años. Pedro tiene 16 años y Lucas tiene 40 años. Es cierto que, visto desde un punto de vista sincrónico, Pedro es tratado de manera desigual frente a Lucas (uno tendrá permitido votar en las próximas elecciones y el otro no). Pero esa diferencia en el trato en un momento aislado, T1, no implica que exista una discriminación a favor de Lucas cuando se consideran las vidas completas de uno y otro. Al final de la vida de Pedro y de Lucas, ambos habrán sido “discriminados” de igual modo (no habiendo podido votar antes de cumplir los 18 años). Dicho de otro modo, no hay ningún beneficio que Lucas tenga en T1 que Pedro no tendrá posteriormente y no hay ningún trato desfavorable hacia Pedro en T1 que Lucas no haya padecido anteriormente.
El edadismo, entonces, consistentemente aplicado, involucra una desigualdad sincrónica (algunas personas son tratadas de manera desventajosa por la membresía a un grupo etario en un determinado momento) que es compatible con una igualdad diacrónica entre las personas. Esto no ocurre con el racismo o el sexismo. Distribuir derechos políticos sobre la base del color de piel (o el sexo) de una persona no es compatible con la igualdad diacrónica. Al final de la vida, algunas personas habrán sido tratadas de manera desventajosa por la membresía a un grupo racial y otras no.
Ahora bien, afirmar la compatibilidad del edadismo con la igualdad diacrónica implica un rasgo especial de su naturaleza qua acto discriminatorio, pero no determina su corrección moral todas las cosas consideradas. Esto es así por, al menos, tres razones.
En primer lugar, dependiendo del ámbito de aplicación del criterio edadista no es seguro que todas las personas al final de la vida sean igualmente discriminadas por razones de edad. En materia de asignación de recursos terapéuticos escasos, la probabilidad de ser relegado por razones de edad en un triaje aplica a individuos que no están en condiciones financieras para acceder al sistema privado de salud, que podría tener una mayor disponibilidad de recursos y evitar situaciones de escasez. El criterio edadista se monta sobre una sociedad atravesada por desigualdades estructurales y puede profundizarlas.
En segundo lugar, en algunas instancias el trato desfavorable por razones de edad puede ser peor moralmente que el trato desfavorable por razones raciales o sexuales, aunque sea compatible con una igualdad
diacrónica. Considérese, por ejemplo, un grupo de apoyo feminista o de la comunidad afroamericana. En ese tipo de espacios podría justificarse razonablemente la implementación de un criterio racial o sexual para determinar quién tiene permitido participar (“solo aceptamos mujeres” o “solo aceptamos personas de la comunidad afroamericana”). Sin embargo, introducir un criterio edadista para participar en cualquiera de estos grupos resultaría moralmente problemático. Por supuesto, a veces, como vimos, la discriminación etaria parece más aceptable que la discriminación racista o sexual (para distribuir derechos políticos, permisos de conducir o responsabilidad penal). Pero eso depende de un análisis pormenorizado del ámbito de aplicación y de la justificación que el uso de la edad tiene dentro de ese ámbito, no exclusivamente de la naturaleza del edadismo.
En tercer lugar, como han señalado varios autores (Bidadanure 2018; Axelsen & Bidadanure 2019; Jecker 2020; Bidadanure 2021), del hecho de que todos seremos discriminados de la misma manera no se sigue que esa discriminación se justifique moralmente. La compatibilidad del edadismo con la igualdad diacrónica solo remueve un rasgo moralmente negativo (en inglés, un wrong-making feature, esto es, un rasgo que cuenta en contra de su corrección moral) del edadismo frente a otras formas de discriminación, pero no permite afirmar necesariamente su corrección moral todas las cosas consideradas. Piénsese, por ejemplo, en las prácticas senicidas atribuidas a algunas comunidades nórdicas de la antigüedad (el término escandinavo para estos rituales es Ättestupa). Supóngase que la principal justificación de esas prácticas es una valoración negativa sobre la contribución productiva de los adultos mayores. Si es así, entonces es posible afirmar que todos los miembros de la comunidad se tratan de manera “igual”, pero no de manera “igualitaria” (Axelsen & Bidadanure 2025: sección 4). Una práctica discriminatoria puede ser considerada injusta por razones igualitarias en la medida que expresa una forma no igualitaria de relacionarse entre los miembros de un grupo social, aunque todos sus miembros, en algún momento de su vida, sean igualmente discriminados. Retomaré esta cuestión en la sección V.
En la sección anterior sostuve que el carácter especial del edadismo no es suficiente para justificarlo moralmente. Sin embargo, puede ser una parte importante de un intento de justificación completa del mismo. Si el edadismo puede aceptarse, sostienen algunos autores, es, en parte, porque es compatible con la igualdad diacrónica entre las personas. En la literatura filosófica, pueden rastrearse dos grandes justificaciones para el uso de la edad en la asignación de recursos terapéuticos escasos: una justificación consecuencialista y una justificación igualitarista (Davies 2023: 1090). A continuación, presentaré cada una de ellas y mostraré algunos de sus problemas.
El consecuencialismo, en general, es una teoría deóntica, esto es, una teoría que nos indica cual es el criterio de corrección moral de los actos (acciones u omisiones). El consecuencialismo afirma que la corrección moral de un acto depende enteramente de sus consecuencias; más específicamente, de si produce un estado de cosas con una mayor cantidad de un determinado bien intrínsecamente valioso (o bienes) que cualquier otro acto alternativo disponible. Por lo tanto, técnicamente, el consecuencialismo es una subteoría dentro de una teoría moral más amplia que identifica el bien intrínsecamente valioso que los actos correctos deben maximizar. La teoría consecuencialista paradigmática es el utilitarismo, que combina el consecuencialismo con una teoría axiológica específica, a saber, el bienestarismo. El utilitarismo afirma que hay un único valor intrínseco (el bienestar) y que las acciones correctas son aquellas que maximizan ese valor (Rivera López 2021).
Dicho esto, una justificación consecuencialista del edadismo consiste en mostrar que el uso de la edad como criterio para asignar recursos terapéuticos escasos permite producir una mayor cantidad de un determinado bien. Esta justificación también se ha dado en llamar, erráticamente, como “edadismo utilitarista” (Nord et al. 1996). Ahora bien, ¿cuál es el bien relevante a maximizar en este contexto? Algunos intentos de definir esta idea parecen colapsar en un tipo de discriminación capacitista inaceptable (esto podría ocurrir cuando se utiliza la métrica de “años ajustados por calidad de vida”, QALYs, o “años de vida ajustados por discapacidad”, DALYs). Si la asignación de recursos correcta es aquella que produce la mayor cantidad de años ajustados por calidad, entonces es importante determinar qué debe entenderse por “calidad”. Es probable que, en esas determinaciones, se
incurra en sesgos capacitistas que expresan un juicio negativo sobre el valor de ciertas vidas sobre otras (Leani & Mastroleo 2023).
Una posibilidad intuitivamente atractiva es enfocarse en la cantidad de años futuros simpliciter. De acuerdo con esta posibilidad, lo que debe maximizarse es la cantidad de años de vida salvados. Nótese que esto supone la introducción de la edad como un proxy y no como un factor moralmente relevante en sí mismo. La edad opera como un indicador imperfecto de la cantidad de años de vida futuros de una persona. Pero podría ocurrir que, entre dos pacientes con igual prognosis, el paciente más joven tuviera una expectativa de vida futura peor que el paciente más viejo. Por ejemplo, podría preverse que un paciente A de 20 años vivirá solamente hasta los 30, como resultado de comorbilidades previas, y que un paciente B de 65 vivirá hasta los 90. En ese caso, la justificación consecuencialista exigiría desempatar a favor del paciente B, ya que, de ese modo, se salvaría una mayor cantidad de años futuros. Este tipo de problemas se agudiza en un contexto de mejoramiento de la expectativa de vida a nivel global (la expectativa de vida global actual es de 73.3 años, 8.4 años más que en 1995).
La justificación consecuencialista, incluso en su mejor versión no capacitista, plantea tres problemas. En primer lugar, el consecuencialismo parece comprometido a otorgarle un peso a la edad en la deliberación práctica aun cuando intuitivamente no debería tenerlo. Retomemos el ejemplo inicial del salvavidas. Si María tiene 70 años y Juana tiene 65, intuitivamente la diferencia de edad no es suficientemente significativa como para que usted se abstuviera de usar un método aleatorio y optara por un criterio edadista de desempate. Sin embargo, de acuerdo con el consecuencialismo, suponiendo que ambas personas tienen la misma expectativa de sobrevida, entonces debería desempatarse a favor de María. Lanzar una moneda en ese escenario sería moralmente incorrecto desde una perspectiva consecuencialista, ya que no maximizaría la cantidad de años de vida salvados,
En segundo lugar, el consecuencialismo enfrenta lo que suele denominarse como el “problema de la agregación” (Scanlon 1998: 235; Bognar 2015: 253). Este problema afecta al consecuencialismo en general y se replica en la justificación consecuencialista del edadismo. Si el bien relevante a ser maximizado mediante la asignación de recursos es la cantidad de años de vida, podría presentarse la siguiente situación problemática. Con un mismo recurso puede salvarse a dos personas, A y B, de 70 años (que vivirán hasta
los 90) o salvar a una persona, C, de 20 años (que vivirá hasta los 90). En este caso, el consecuencialista exigiría que se favoreciera a C, dado que ello produciría una mayor cantidad de años salvados (70) que la alternativa (40, entre A y B). Pero este es un resultado controversial. El consecuencialismo podría intentar resolver esta complicación introduciendo la edad exclusivamente como un criterio de desempate para casos de dos personas. De este modo, si es posible salvar a una mayor cantidad de vidas, entonces la edad no debe tenerse en cuenta. Pero esta parece una concesión ad hoc, a los fines de resolver una implicación indeseable de la posición.
En tercer lugar, la justificación consecuencialista tiene una característica poco atractiva para algunos defensores del edadismo. El consecuencialismo se centra en los años de vida que las personas tienen por delante. En este sentido, es prospectivo. Pero podría considerarse que la razón por la cual debe favorecerse al paciente más joven en la asignación de un recurso salvador escaso no es prospectiva, sino retrospectiva. No se trata de la cantidad de años de vida que le quedan al joven (o al viejo) por delante, sino los que ha vivido. Retomemos el caso mencionado más arriba, en el que el consecuencialismo exigiría favorecer al paciente B de 65 años que vivirá hasta los 90 en perjuicio del paciente A de 20 que vivirá hasta los 30. Este tipo de veredicto parece contradecir parte del espíritu del edadismo. El paciente B ya ha disfrutado de ciertos bienes que el paciente A no ha podido disfrutar. Desempatar a favor de B agudizaría la desigualdad entre ellos, considerando sus vidas completas. Esta crítica, centrada en el valor de la igualdad, lleva a la formulación de una justificación igualitarista del edadismo.
El igualitarismo sostiene que la igualdad es un valor fundamental de toda organización humana justa. Una justificación igualitarista del edadismo sostiene que desempatar en favor de los pacientes más jóvenes garantiza una distribución más equitativa de la cantidad de años que una persona vivirá. Una versión muy extendida de esta justificación, originalmente formulada por John Harris (1985), afirma que lo que debe garantizarse es que cada persona tenga una cierta cantidad de “entradas justas” (en inglés, fair innings, en referencia al vocabulario del ámbito deportivo). Así como en un partido de baseball amistoso es deseable que todos los participantes tengan una misma cantidad de entradas al campo de juego, es deseable que las personas tengan la oportunidad de tener ciertas experiencias valiosas (enamorarse, descubrir una vocación, formar una familia, ver desarrollarse a las personas que uno ama, establecer amistades, estudiar, influir en las decisiones políticas de la comunidad
que uno integra, entre otras). Un adulto mayor ya ha tenido esa oportunidad y un joven no. Por lo tanto, debe desempatarse, por razones igualitaristas, a favor de este último.
En otro texto, me encargo de analizar pormenorizadamente esta justificación igualitarista (ANONIMO PARA EVALUACION). Por razones de espacio, sólo me interesa apuntar brevemente dos problemas. En primer lugar, operativamente, el “argumento de las entradas justas” parece requerir del establecimiento de algún umbral a partir del cual tiene sentido afirmar que una persona ha tenido una cantidad de “entradas justas” en virtud de su edad. Es claro que, por más que un paciente de 30 años haya disfrutado, en algún sentido, de más oportunidades que un paciente de 10 años, eso no implica que haya tenido una cantidad suficiente, tal que debería optarse por salvar al niño por razones igualitarias. Ahora bien, ese umbral será inevitablemente arbitrario. Peor aún, como señala Bognar (2015), parecería conllevar un incentivo para desempatar en favor de la persona que más cerca se encuentra de alcanzar el umbral arbitrariamente definido (que podría ser el paciente de edad más avanzada). Después de todo, esta es una forma más segura de garantizar que al menos una de las personas afectadas habrá tenido una cantidad justa de entradas. Pero este parece ser un resultado contrario al edadismo.
En segundo lugar, la edad cronológica es un proxy demasiado imperfecto de las oportunidades que una persona ha tenido a lo largo de su vida. Para determinar si una persona ha tenido suficientes oportunidades de tener experiencias valiosas, debe evaluarse como han sido los años que vivido (Jecker 2022: 6; Davies 2023). Piénsese en personas que han escapado de ambientes opresivos, de contextos de guerra, de relaciones interpersonales violentas, o que han atravesado una enfermedad incapacitante prolongada. En todos estos casos, el uso de la edad como proxy no parece reflejar la métrica relevante, a saber, las oportunidades que se han tenido para diseñar la propia vida.
En los últimos treinta años, se ha desarrollado una línea de investigación que busca cambiar el eje del debate dentro de la tradición igualitarista. Esta línea se ha dado en llamar “igualitarismo relacional” y sostiene que, a los fines de evaluar la instanciación del valor de la igualdad dentro de una comunidad, no solo debe atenderse al cumplimiento de una pauta distributiva específica de bienes (que pueden ser de distinta naturaleza, en función de cual sea el ámbito de discusión), sino al modo en que los miembros de esa comunidad se relacionan entre sí. En una sociedad igualitaria, los miembros se tratan entre si como iguales morales, evitando el establecimiento de vínculos de opresión, marginalización y estigmatización (Young 1990; Anderson 1999). Como señalan Axelsen y Bidadanure (2025), los igualitaristas relacionales constituyen un grupo heterogéneo, que se ha encargado de establecer qué tipos de prácticas son claramente inapropiadas para una sociedad igualitaria, pero que discrepa respecto de qué exige positivamente una sociedad en la que sus miembros se tratan como iguales.
Es objeto de debate la vinculación precisa entre las exigencias de la justicia distributiva y las de la justicia relacional. Es claro que una sociedad que incumple pautas distributivas igualitarias, difícilmente sea una en la que sus miembros se relacionen entre sí como iguales. Sin embargo, es posible que se cumpla con pautas distributivas justas, a costa de socavar la forma igualitaria en que las personas deberían relacionarse.
Recientemente, Nancy Jecker (2020; 2023) y Juliana Bidadanure (2021) han sostenido que el edadismo en la asignación de recursos terapéuticos escasos se justifica porque aumenta la probabilidad de que las personas vivan una vida con una extensión razonable desde una perspectiva diacrónica. Pero reconocen que pueden existir discriminaciones etarias que son sincrónicamente objetables (aunque mantengan la igualdad diacrónica) porque (a) socavan la igualdad relacional entre jóvenes y adultos mayores, impidiendo que los miembros de estos grupos etarios puedan relacionarse entre sí como iguales, y/o (b) dejan a las personas negativamente afectadas por debajo de un umbral de suficiencia (Jecker 2023: 127).
Coincido con estas autoras respecto de que una discriminación puede ser sincrónicamente objetable por razones igualitarias cuando implica (1) o (2). Sin
embargo, contrariamente a lo afirmado por ellas, creo que el uso de la edad como criterio para asignar recursos terapéuticos escasos puede atentar contra el modo en que los miembros de grupos etarios se relacionan entre sí, esto es, puede implicar (1).
En los últimos años, se ha producido un desarrollo en la literatura bioética de argumentos expresivistas (Reed 2020; Braun 2023). Estos argumentos tienen por objetivo señalar que el impacto moral de una acción se extiende más allá de la afectación de los intereses de quienes son directamente implicados por ella y puede expresar una valoración más general sobre otras personas que comparten las características de las directamente afectadas. Así, por ejemplo, la decisión de permitir el suicidio asistido para ciertos pacientes, pero no para otros, podría estar expresando un juicio no igualitario sobre el valor de ciertas vidas (Abal 2025).
En esta misma línea, el uso de un criterio edadista podría estar expresando un juicio no igualitario negativo sobre el valor de ciertas vidas, a saber, la de los adultos mayores. ¿Es posible que los integrantes de una comunidad se relacionen entre sí como iguales cuando se ha establecido que los intereses de los miembros de un grupo dentro de esa comunidad tendrán un peso menor en contextos de escasez de recursos? Creo que la respuesta a esta pregunta no es trivial y que podría plantearse aun cuando dentro de esa comunidad se cumplen con pautas distributivas generales justas. Considérese el siguiente ejemplo.
Barco excepcionalmente racista: Los tripulantes de un barco conviven de manera justa, tanto en términos distributivos como relacionales. No existen entre ellos disputas respecto de la comida, las camas, el tiempo libre y otro tipo de bienes de uso habitual. Tampoco hay vínculos de opresión, marginalización y humillación. Sin embargo, todos saben que de producirse una emergencia los tripulantes blancos del barco tendrán prioridad en el uso de los botes salvavidas, que podrían no alcanzar para todos.
Este barco excepcionalmente racista es conceptualmente posible, pero difícilmente sería considerado como igualitario. Probablemente, el establecimiento de un criterio racista de asignación de salvavidas para contextos de emergencia permearía y afectaría negativamente la forma habitual en que los miembros se relacionan entre sí.
Ahora bien, podríamos imaginar un barco excepcionalmente edadista. ¿Sería este un barco en el que los tripulantes se relacionan como iguales? Como
vimos, a diferencia del racismo, el edadismo es compatible con una igualdad diacrónica. Por lo tanto, todos los tripulantes estarían enterados de que alcanzada cierta edad sus intereses pasarían a tener un peso menor en la asignación de salvavidas ante una emergencia. No sería extraño que todos los tripulantes del barco excepcionalmente edadista formaran la idea de que a partir de cierta edad la vida tiene un valor moral menor. De la misma manera que resulta razonable suponer que el criterio excepcionalmente racista acabaría afectando negativamente la igualdad relacional entre los miembros del barco, es razonable suponer que el criterio excepcionalmente edadista acabaría afectando la igualdad relacional entre los miembros de distintos grupos etarios (que, por la naturaleza propia de la edad, serán ocupados por cada tripulante en distintos momentos).
A nivel de la asignación de recursos terapéuticos escasos el edadismo enfrenta un riesgo idéntico al del barco. Existe un riesgo significativo de que la posibilidad latente de ser tratado de manera desfavorable por la membresía a un grupo etario en el contexto de un triaje, afecte la valoración social de los miembros de ese grupo etario. Quizás, este es un costo que, por otras razones igualitarias (como las señaladas por Jecker y Bidadanure), las sociedades deben asumir. Sin embargo, creo que la experiencia de la pandemia de COVID-19 puede ofrecer una pauta interesante para lidiar con ese riesgo. En ese contexto, muchos países adoptaron un criterio edadista (entre otros) para asignar recursos preventivos escasos. Los adultos mayores representaban un grupo vulnerable que recibió un trato prioritario en la asignación de vacunas, incluso cuando la disponibilidad de este recurso para otros grupos etarios no estaba garantizada. Una comunidad que procede de ese modo en relación a los recursos preventivos, podría estar en mejores condiciones morales, desde el punto de vista de la igualdad relacional, para favorecer a un grupo etario más joven en la asignación de recursos terapéuticos, que una comunidad que no atendió a la vulnerabilidad especial de los adultos mayores. En este sentido, la corrección moral de un criterio de asignación de recursos terapéuticos puede depender de decisiones previas respecto de la asignación de otros recursos. Esta forma dinámica de entender las prioridades que establece una comunidad política permite acomodar mejor el valor de la igualdad relacional y evitar que desigualdades sincrónicas en contextos de asignación de recursos afecten negativamente el modo en que valoramos socialmente la vida de los miembros de ciertos grupos etarios.
En este trabajo me he propuesto analizar críticamente algunas justificaciones que se han ofrecido a favor del uso de la discriminación etaria en la asignación de recursos terapéuticos escasos. Tras establecer algunas aclaraciones preliminares sobre el alcance de mi indagación, describí un rasgo característico del edadismo que lo distingue de otras formas de discriminación (racista y sexista) y que explica parte de su atractivo inicial, a saber, su compatibilidad con una igualdad diacrónica entre las personas afectadas. No obstante, mostré que este rasgo especial permite afirmar algo acerca de la naturaleza del edadismo, pero no establecer automáticamente su corrección moral, ni siquiera frente a otras formas de discriminación diacrónicamente desigualitarias. La corrección del edadismo depende del ámbito de aplicación puesto en cuestión y de las justificaciones que se ofrezcan a su favor.
Precisamente, en la sección IV presenté dos líneas de justificación del edadismo: una justificación consecuencialista y una justificación igualitarista. En relación a la primera, sostuve que (1) le otorga un papel relevante a la edad incluso en contextos donde no parece tenerlo, (2) que incurre en el clásico “problema de la agregación” y (3) que supone un enfoque prospectivo que entra en tensión con el espíritu del edadismo. Posteriormente, introduje una versión muy extendida de la justificación igualitarista, el “argumento de las entradas justas”, y señalé dos problemas. Por un lado, que requiere el establecimiento de un umbral inevitablemente arbitrario de “entradas justas”, que, a su vez, conlleva un incentivo para adoptar posiciones que no favorecen a los pacientes más jóvenes (contrariamente al edadismo). Por otro lado, sostuve que la edad cronológica es un proxy demasiado imperfecto de las oportunidades (esto es, las “entradas”) que una persona ha tenido en su vida.
En la última sección, presenté brevemente la propuesta teórica del igualitarismo relacional, según la cual a los fines de establecer el cumplimiento del valor de la igualdad dentro de una sociedad debe evaluarse no solo el cumplimiento de una pauta distributiva de bienes, sino la forma en que los integrantes de esa sociedad se relacionan entre sí. Una sociedad igualitaria es una donde sus miembros se relacionan como iguales morales. Argumenté que existe un riesgo latente en toda comunidad que adopta criterios edadistas para la asignación de recursos terapéuticos escasos de que sus ciudadanos no se vean entre sí como iguales morales, en virtud de la membresía a un grupo etario. Mostré, valiéndome del ejemplo de
algunos países durante la reciente pandemia, que este riesgo puede ser morigerado aplicando un criterio edadista opuesto en la asignación de otros recursos preventivos escasos, como las vacunas.
La asignación de recursos escasos es un problema perenne en la práctica médica y el edadismo es un tema de debate recurrente. Se sigue de este trabajo que el camino más interesante para evaluar la plausibilidad de este tipo de discriminación en este ámbito específico debe partir del reconocimiento del valor de todas las vidas y establecer la forma en que un trato desfavorable sincrónico por razones de edad puede ser compatible con ese valor.
1. Nótese que abstenerse de arrojar el salvavidas no es una opción permisible. Del hecho de que resulte difícil decidir cómo actuar no se sigue que uno tenga permitido no actuar. En ocasiones, la moralidad habilita un conjunto de opciones morales permisibles, exige que escojamos alguna de esas opciones y prohíbe que no escojamos ninguna de ellas. Por ejemplo, imagínese que usted se ha comprometido con su amiga a llevar un postre para la cena que ella ha planeado para esta noche. Asumiendo que no hay ninguna restricción para la elección del postre, usted tiene un amplio conjunto de opciones a elegir (por ejemplo, helado, torta o gelatina). Cualquiera de ellas sería, en principio, moralmente permisible a los fines de cumplir con el compromiso que usted voluntariamente contrajo con su amiga. En ese caso, usted tiene permitido elegir llevar helado (o torta o gelatina), pero tiene prohibido no llevar nada.
2. En la literatura filosófica sobre decisiones de rescate, los métodos aleatorios han sido ampliamente discutidos a partir de un disruptivo artículo de John Taurek (1977). En dicho artículo, Taurek argumenta a favor del uso de un método aleatorio para decidir salvar a una persona A o a dos personas B y C. Esta posición es contraintuitiva y rechaza el principio de maximizar el número de vidas salvadas, que resulta especialmente atractivo en escenarios de rescate. Varios autores han argumentado contra Taurek (entre ellos, Kamm 1993; Scanlon 1998; Bradley 2009; para una defensa reciente de Taurek, ver Doggett 2013). El argumento de Taurek resulta intrigante porque remite a escenarios donde los números, contrariamente a lo que sostiene el autor, parecen importar moralmente. En el tipo de casos de rescate que aquí discuto no se producen (al menos, no directamente) comparaciones entre números de personas a ser salvadas; la decisión es siempre a nivel de individuos aislados (A, B, C) y no entre conjuntos más o menos numerosos (A o B y C).
3. Por supuesto, esto no implica que usted tenga permitido otorgarles un peso preferencial a los intereses de su hija y violar directa e intencionalmente los derechos de otra persona. Por ejemplo, usted no podría quitarle el salvavidas a una persona que se encuentra en el agua (suponiendo que, como consecuencia, esa persona moriría), para dárselo a su hija. Lo que en la literatura se denominan “prerrogativas agencialmente relativas” para priorizar en nuestras decisiones a las personas con las que guardamos relaciones normativamente especiales se restringen a este tipo de decisiones en las que el beneficio que la persona priorizada obtiene no se produce como resultado o a costa de dañar a otra (sobre la naturaleza y el alcance de estas prerrogativas, ver Quong 2020: capítulo 3).
4. Ni los factores moralmente relevantes ni los moralmente irrelevantes aquí mencionados pretender configurar listas exhaustivas. Por ejemplo, podría ser relevante el hecho de que uno de los potenciales beneficiarios del recurso sea madre (o padre) o que realice tareas socialmente valiosas o su calidad de vida futura. La inclusión de cualquiera de estos factores a la deliberación es controversial (sobre el tema, ver Abal 2023).
5. UN Department of Economic and Social Affairs – Population División (2024) “World Population Prospects”. Link: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2024/Jul/wpp2024_summary_of_results_final_web.pdf
6. La definición de “discriminación” es objeto de debate. Aquí, he optado por reponer la definición más extendida del concepto que conecta todo acto discriminatorio con la pertenencia de la persona discriminada a cierto grupo social saliente (por ejemplo, racial, sexual, etario o de clase). Para una presentación pormenorizada del debate sobre el concepto, ver Altman (2020).
7. El edadismo puede afectar a distintos grupos etarios en diferentes ámbitos. Por ejemplo, los jóvenes entre 18 y 15 años pueden ser objeto de un trato desfavorable en el mercado laboral o en el sistema penitenciario (sobre la discriminación por edad contra los jóvenes, ver Bidadanure 2018; Bidadanure 2021). Dado que me enfoco en la asignación de recursos terapéuticos escasos y que en ese tipo de decisiones el grupo etario cuyo trato desfavorable se encuentra abierto al debate es el de los adultos mayores, cuando hago referencia al edadismo me refiero, centralmente, a la discriminación hacia los adultos mayores.
8. La aclaración entre paréntesis es importante porque para decisiones de reasignación de recursos, de un paciente a otro, creo que existen restricciones deontológicas adicionales que deben respetarse aún a costa de, a mediano y largo plazo, salvar un número menor de personas (argumenté a favor de estas restricciones deontológicas en ANÓNIMO PARA LA EVALUACIÓN). En este trabajo, me intereso por decisiones de rescate que no implican dañar a ninguno de los afectados, esto es, que no ponen a nadie en una posición peor a la que estaban antes de la decisión.
9. Una referencia cinematográfica de esta posición puede encontrarse en la película “Yo, Robot” (2004). En esa película, el personaje de Will Smith (el detective Del Spooner) desarrolla una aversión hacia los robots tras haber sido priorizado por uno de ellos en una situación de rescate por sobre una niña. El robot llega a esa decisión tras haber determinado que Spooner tenía una 45% de probabilidad de sobrevivir si era rescatado y la niña un 11%. Si la prognosis fuera el único criterio de priorización, el robot actuó correctamente al salvar al adulto. Pero Spooner afirma que “un 11% (de probabilidades de sobrevivir) es suficiente” cuando se trata de una niña y que cualquier ser humano la hubiera salvado. El personaje de Smith sirve para ilustrar la posible inclusión de la edad como un criterio de priorización y no como de desempate. En el siguiente link puede encontrarse el extracto de la película en el que Del Spooner reflexiona sobre la decisión del robot: https://www.youtube.com/watch?v=lRNp9SS9G-U.
10. Sin embargo, considero que este uso acotado de la edad es difícil de sostener conceptualmente. Los argumentos que se ofrecen a favor del uso de la edad como criterio de desempate, si son correctos, parecen justificar un uso más extendido de la edad, a saber, como un criterio de priorización. En la práctica, esto es probablemente lo que ocurre de forma encubierta. El discurso que afirma que debe desempatarse a favor de los pacientes jóvenes puede, como una pendiente resbaladiza, permear la práctica médica y llevar a considerar la edad como un criterio de priorización, dificultando un análisis objetivo del pronóstico de los pacientes mayores (Fisher 2013).
11. Esta distinción es meramente analítica a los fines de aclarar la discusión. En la práctica, un mismo recurso puede considerarse terapéutico, preventivo y paliativo. Por ejemplo, una cama de hospital puede considerarse un recurso terapéutico o paliativo. Lo mismo puede decirse de la jornada laboral de un profesional sanitario. En cualquier caso, si se debate el criterio moral para la asignación de un recurso determinado, es importante definir si se considera un recurso terapéutico, preventivo o paliativo, ya que no hay razón para asumir que el criterio moral deba ser el mismo para la asignación de cualquier recurso médico. Cabe señalar que siempre me refiero a recursos indivisibles (Persad et al. 2009). Los recursos indivisibles son aquellos que no pueden dividirse entre dos o más pacientes sin perder su eficacia (en gran medida). Por esta razón, no tiene sentido preguntarse cuánto del recurso pertenece a cada uno, sino quién debe recibir la totalidad del recurso.
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