Explotaciรณn e injusticia del Estado hacia los campesinos en el Ecuador
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INTRODUCCIÓN Al habla de los campesinos, se debe entender un periodo histórico de reivindicación Latinoamérica sustentada en una sola consigna; la conquista de la tierra comprendida esta como la parcela agrícola familiar. A partir de dicha conceptualización los movimientos campesinos contemporáneos operan un discurso que hace indudable su lucha por ganar un espacio en contra del agronegocio. Hoy en día, ya no se habla sólo de la reivindicación de parcelas agrícolas familiares, sino del reconocimiento de derechos colectivos por parte del Estado, quien durante décadas y por los diferentes gobiernos de turno han realizado prácticas de explotación y actos de injusticia ante los campesinos ecuatorianos. La renovada construcción intelectual de la lucha campesina busca romper con el aún sistema productivo colonial nunca superado de grandes mercaderes y propietarios de los medios de producción, y cuyas jerarquías construidas a partir de la diferencia étnica siguen operando para la territorialización de los espacios agrarios. Pese a que Ecuador cuenta con dos reformas agrarias en los años 60s y 70s, la situación de inequidad en el acceso a la tierra sigue siendo una de las características fuertes del agro, que dentro de la últimas dos décadas ha vivido un fuerte proceso de reconcentración de la propiedad de la tierra, mientras y en forma simultánea se aviva un proceso de minifundización de las propiedades adjudicadas por el Estado (Salgado, 2012, pág. 19). Por esta razón y a partir del 2007 cuando se coloca en el poder la autodenominada “Revolución Ciudadana”, la cual mantuvo dentro de su plan de campaña la generación de una revolución agraria hacía esperar un plan especialmente diseñado para enfrentar el problema de la inequidad de acceso a la tierra. Sin embargo, proyectos limitados como el “Plan Tierras”, (2010), así como las escasas propuestas en la Asamblea Nacional, llevaron 2
a las principales organizaciones campesinas a aliarse en una provisoria “Red Agraria”, que promovió la Ley de Tierras y Territorios por iniciativa ciudadana (2012), pero aun así los avances en materia del acceso a la tierra por el campesinado, y de políticas agrarias en general, siguen siendo muy limitados; además que los casos de explotación e injusticia se siguen manteniendo. El Ecuador, en la actualidad vive momentos de definición ante el desarrollo agrario y la fuerza organizativa de los sectores sociales que anhelan un cambio por medio de ideas innovadoras y propuestas sustentadas que construyan las líneas estratégicas y de una agenda más dinámica con las economías campesinas incorporando perspectivas dentro de la política nacional sobre la base: agroecológica, derechos económicos, sociales y culturales. Con referencia a lo citado, el presente ensayo busca contribuir a posicionar un conjunto de reflexiones que se ha generado dentro de diferentes autores e investigaciones sobre la problemática agraria. Así se busca actualizar dentro de este documento una interpretación global de la problemática campesina como son: principales tendencias y desafíos de una agricultura campesina expuesta a graves amenazas por el limitado y falente respaldo estatal. DESARROLLO El modelo campesino Para entender la situación actual de las economías campesinas Latinoamericanas es preciso una interpretación adecuada del modelo mundial económico y social que se ha implementado en el sector agrario, el mismo que busca una recomposición productiva
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favorable hacia las multinacionales y la implantación de políticas públicas neoliberales que sobreprotegen las inversiones empresariales; justificadas bajo los lineamientos de la globalización. Dentro de la conceptualización histórica, para el sector agrario los mayores impactos han sido provocado por los programas de ajuste y los acuerdos comerciales globales. Dichos modelos están referenciados por un conjunto de procesos que liquidan y perturban las posibilidades de supervivencia de las pequeñas unidades productivas en el campo, además que re direccionan a la descapitalización de las unidades agrícolas menores, por medio de “(…) los procesos de recomposición productiva en la lógica de una nueva división internacional del trabajo” (Fonseca, 2015, pág. 45) y dentro de la misma línea se genera un proceso de acumulación sustentado en mecanismos de desposesión o despojo de pequeñas parcelas de tierra que por diferentes circunstancias no están legalizadas, así se tiene casos como los ejecutados en Daule – Peripa y Oyacachi, donde cientos de familias fueron desalojadas. Promoviendo una desestructuración excluyente de los sectores económicos más vulnerables, como son las economías campesinas al monopolizar tanto los medios de producción y los recursos naturales; acompañado por un limitado sistema proteccionista de las instituciones del Estado hacia el pequeño campesino. En el contexto ecuatoriano esto encarna dentro de la ejecución de un modelo primario exportadora que se ha denominado como reprimarización exportadora, el mismo que aprovecha las ventajas comparativas naturales y redice la consolidación de un sistema productivo con base en la ejecución del valor agregado ante las exportaciones A dicho modelo de los años 80s, se aumentó un problema internacional como fue la
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sobreproducción alimentaria como elemento de control de los precios internacionales y la mercantilización de productos agrarios por parte de las transnacionales que derrumbaron la soberanía alimentaria de los países latinoamericanos. La concentración de tierras De acuerdo a datos de la (SENPLADES, 2015) el 5% de los propietarios agrarios concentra el 54% de las tierras agrícolas, mientras del otro lado; 60% de los pequeños productores son propietarios apenas del 6,4% de las tierras., denotando de forma continua que las reformas agrarias hasta el momento no han sido efectivas por parte del Estado, debido a que la entrega de tierras se realizó mayormente en áreas poco propicias a la agricultura como son las tierras altas de la sierra, y se basó principalmente “(…) en la colonización de tierras forestales en las tierras bajas de la costa y el oriente” (Vacaflores, 2014, pág. 6). Así, las grandes propiedades simplemente se fraccionaron en algunas unidades repartidas entre familiares, pero los grandes propietarios se quedaron con las tierras más planas y sobre todo con el agua de irrigación lo cual produce bajos niveles de producción y al no tener los campesinos una garantía de ingresos por sus suelos, terminaron realizando trabajos remunerados; denotando que dichas reformas agrarias sólo fueron una burla del Estado hacia los campesinos y que se seguía manteniendo el resguardo de los grupos capitalistas. Por tanto, la redistribución de tierras en las Reformas Agrarias en el Ecuador no contemplaron mecanismos óptimos que impidan la reconcentración de tierras por parte de ciertos grupos familiares. Además, los niveles actuales de precios de la tierra son en general una limitante para pequeños productores de la economía campesina que no disponen del capital necesario para comprar la cantidad de tierra que necesitarían, ni
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tampoco tienen acceso a créditos adaptados que les permitan hacer esa compra, para lo cual se debe sumar la carencia de recursos tecnológicos, para optimizar la producción. Es decir, desde la perspectiva que se desee ver; es una explotación a la dignidad de los campesinos al ofrecerles tierras improductivas o peor ofertarles espacios agrarios que no pueden adquirir, lo cual va más allá de ser injusto moralmente, sino que es una carencia total de ética y una explotación de los sueños del campesinado. La “Revolución Agraria” Entendida como la reforma agraria del actual gobierno, buscaba una expropiación de tierras improductiva por medio de un plan de “redistribución de tierras”, que abarcaba 130.000 ha. controladas por el Estado, además de una estimación de 1,5 millones de hectáreas susceptibles de ser revertidas a los campesinos por su improductividad actual. Pero todos los esfuerzos por entidades estatales y planificaciones a la ley quedaron en simple hechos, una vez más estancando el sueño de los campesinos por acceder a tierras productivas. Para el 2013, la Comisión de Soberanía Alimentaria retomó la discusión sobre una ley de tierras, pero sin la participación de ningún miembro de la Red Agraria, promoviendo la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que más allá de ser una herramienta de gestión de tierras promueve un sistema de ordenamiento territorial. En este sentido, no se recobraron muchas de las propuestas de mecanismos de redistribución presentadas por la Red Agraria. Aunque tampoco la ley es favorable a la agroexportación o a la agricultura industrial, dado que posee muchas limitantes, lo cual podría entenderse como una pequeña batalla ganada por los campesinos. El problema es que tampoco se manifiesta como favorable a la búsqueda de mecanismos reales que propongan modalidades de
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redistribución de la renta de tierra. Si bien existen algunos temas novedosos como la inclusión de los derechos colectivos y de los territorios indígenas, de la agricultura familiar o de algunas herramientas de control del mercado de tierras, no se busca un horizonte para destruir las brechas paradigmáticas que, durante 50 años vienen siendo la esencia de las injusticias y explotaciones hacia los campesinos y sus tierras. CONCLUSIONES
Si bien existen diferentes discursos y avances en materia agraria y campesina, en el Ecuador son muy limitados; la falta de una ley específica para la redistribución de tierras representa por sí sola uno de los síntomas más evidentes de que algunas cosas el Estado no desea cambiar por diferentes motivos o hasta intereses personales.
Una de las principales razones para el limitado avance de la Revolución Agraria es la estructura de poder que se sostiene dentro de las relaciones productivas actuales en el Ecuador. Así, las exportaciones no petroleras principales, siguen siendo agroexportaciones cuya estructura productiva basada en grandes propiedades o plantaciones cacaoteras y bananeras, no tienen ningún interés en ver procesos redistributivos de tierras dado que afectarían sus procesos de producción y por tanto los beneficios económicos que perciben.
Se podría entender como un avance para los campesinos el involucramiento de ciertos elementos como son los Derechos de la naturaleza dentro de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) y el cambio de la Matriz Productiva suscrito dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. Lo cual busca un
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proceso de sustitución de importaciones, la Soberanía Alimentaria y el fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria.
Por otro lado, las organizaciones campesinas e indígenas representativas de los productores agropecuarios y de los habitantes rurales, coyunturalmente está muy debilitada y ha perdido espacio dentro de la política nacional lo cual le ha significado una menor participación en la promulgación de leyes y sus respectivos debates. Sin olvidad de lado la conceptualización principal del presente ensayo que es el limitado acceso a tierras y su producción, el cual va acompañado de varios desentendimientos estatales por parte de algunas instituciones hacia los campesinos, quienes después de dos reformas agrarias, cambios constitucionales, leyes y demás involucramiento estatal, se sienten vulnerados, explotados y que sus demandas se mantienen en el limbo propio de la injusticia hacia el más desposeído.
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BIBLIOGRAFÍA Constitución de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Ciudad Alfaro: Asamblea Constituyente.: Registro Oficial. Fonseca, F. (2015). La agricultura mundial. México D.F. : Hidalgo ediciones. Salgado, M. (2012). Historia agraria ecuatoriana. Quito - Ecuador: Flacso publicaciones. SENPLADES. (2015). Indicadores de gestión agraria. Quito - Ecuador: SENPLADES publicaciones. Vacaflores, C. (2014). La lucha por la tierra. Quito - Ecuador: Flacso - Ecuador.
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