CNI denuncia desalojo y persecución en el estado
Las familias afectadas señalaron la participación de autoridades en los hechos denunciados
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ERA impulsa prosperidad compartida en el campo
Se realizó la firma de convenio para la creación del fondo de garantía líquida para apoyar a productoras y productores
Instalan la Unidad de Enlace de Igualdad de Género en ISSTECH
Representa una oportunidad para impulsar cambios estructurales que beneficien a toda la comunidad
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Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es seguir adelante”
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1915.- Nació en Washington D.C., Elizabeth Catlett Mora, escultora y grabadora Su obra refleja esculturas negras, expresionistas y láminas de gran carga política.
1959.- Murió en un accidente aéreo, Aurora Jiménez Palacios en Tecuala, Nayarit. Abogada y política mexicana.
1990.- Falleció a la edad de 84 años, en Nueva York, Greta Garbo, actriz sueca nacionalizada estadounidense, considerada por American Film Institute como la quinta estrella femenina más importante de la historia del cine.
1990.- Llegó al mundo en París, Emma Watson (Emma Charlotte Duerre Watson), actriz, filántropa y modelo de nacionalidad británica.
2001.- Pereció a la edad de 93 años, Olga Lengyel, sobreviviente del Holocausto, enfermera y escritora húngara.
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El gobierno del flamante presidente derechista de Chile, José Antonio Kast, anunció la suspensión del IVA a la construcción de nuevas viviendas por el período de un año, con el objetivo de que miles de chilenos accedan a su primera vivienda propia al remover la presión fiscal del Estado.
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Una vez que nos cansamos de buscar aprobación, nos damos cuenta de que es más fácil ganarse el respeto”
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La Sierra y el aroma de la Nueva Era
Hay placeres que definen la identidad de un pueblo, pero en Chiapas, el café es mucho más que un ritual matutino para despertar las neuronas. Es la columna vertebral de miles de familias, el sudor transformado en grano y, ahora, el eje de una estrategia política que busca devolverle el brillo a la Sierra Mariscal. En su reciente visita a Siltepec, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dejó claro que su administración no pretende observar la crisis del campo desde la comodidad de un escritorio en Tuxtla Gutiérrez. Al contrario, parece que el mandatario ha decidido ponerse las botas para ensuciarse de tierra fértil, entregando apoyos que superan los 103.7 millones de pesos bajo el sello de Café con Humanismo.
Caminar por la Sierra requiere pulmones fuertes y una voluntad de hierro, cualidades que los productores locales poseen de sobra. Sin embargo, la voluntad no compra fertilizantes ni renueva cafetales viejos. Por eso, la inversión directa para más de 25 mil 800 productores representa un respiro necesario en una región que ha visto pasar décadas de promesas incumplidas. La cifra es contundente, aunque lo verdaderamente analítico aquí es observar cómo se distribuye ese recurso. No estamos frente a una simple repartición de efectivo para salir del paso, según lo expuesto por Jorge Baldemar Utrilla Robles, titular del Instituto del Café, se planea la entrega de seis millones de plantas. Si alguien cree que sembrar esa cantidad es tarea sencilla, probablemente nunca ha intentado mantener viva una maceta de sombra en su sala.
El café chiapaneco representa el 41 por ciento de la producción nacional, lo cual nos convierte en el gigante del sector en México. Hablamos de una actividad que genera una derrama económica anual que oscila entre los cuatro mil y cinco mil millones de pesos, dependiendo de los caprichos del mercado internacional de Nueva York. Más allá de los billetes, el impacto social es masivo, pues el café sostiene alrededor de un millón de empleos indirectos y directos en el estado. En Chiapas, cuando el precio del café cae, la economía entera estornuda. Por ello, que el gobernador anuncie un seguro contra incendios, inundaciones y siniestros para las plantaciones es una jugada de ajedrez financiero que debería haberse implementado hace años. Es dotar al productor de una red de seguridad ante la furia de la naturaleza, que en estas latitudes no suele pedir permiso. Tradicionalmente, pedir un crédito siendo campesino en la Sierra era más difícil que encontrar un político que no use filtros en sus fotos de campaña. Las tasas de interés suelen ser los verdugos del pequeño productor. La propuesta de la Nueva ERA sobre tasas preferenciales busca romper ese círculo vicioso de deuda. Si el cafeticultor puede acceder a capital barato para tecnificar su proceso, el café deja de ser una economía de subsistencia para convertirse en un negocio rentable. La visión de establecer viveros específicos en los 87 municipios vinculados a la actividad refuerza esta idea de profesionalización. No
EL OPTIMISMO es palpable. (FOTO: CORTESÍA)
se trata de plantar por plantar, se busca calidad que compita en los mercados de especialidad europeos y asiáticos, donde el consumidor paga fortunas por una taza con trazabilidad.
Eduardo Ramírez entiende que el café no viaja solo. Los granos no tienen alas, necesitan carreteras. La supervisión de la rehabilitación del camino El Porvenir-Siltepec y la inversión de 35 millones de pesos en infraestructura vial es el complemento indispensable. De nada sirve tener el mejor grano del mundo si el transporte se queda atascado en un bache monumental que parece cráter lunar. La conectividad física es la que permite que la prosperidad compartida, ese concepto que tanto recalca el mandatario, deje de ser una frase bonita en un discurso y se convierta en camiones cargados llegando a tiempo a los centros de acopio.
LA PAZ COMO FERTILIZANTE
El discurso del gobernador tuvo un matiz interesante al vincular la paz con la prosperidad. Es un análisis valiente. Reconoce implícitamente que la inseguridad ha sido el gran inhibidor del desarrollo en las zonas fronterizas y serranas. Restablecer el orden mediante la aplicación de la ley es, quizás, el insumo más valioso que el Gobierno puede entregar. Sin seguridad, el productor no cosecha café, cosecha miedo. Al asegurar que la paz es el propósito social para avanzar en el crecimiento agrícola, Ramírez Aguilar está trazando una línea divisoria entre el pasado de abandono y un presente de intervención estatal activa.
El respaldo mencionado hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugiere una alineación de planetas política que Chiapas debe aprovechar. Si el Gobierno Federal pone los programas de Bienestar y el Estado pone la infraestructura y el acompañamiento técnico, el resultado debería ser un repunte significativo en los indicadores de desarrollo humano de la región. El optimismo es palpable, pero la vigilancia ciudadana debe ser constante para que esos seis millones de plantas lleguen a las manos correctas y no se queden marchitas en alguna bodega por negligencia burocrática.
El café chiapaneco tiene ese sabor amargo que tanto nos gusta, pero su gestión política debe ser dulce y eficiente. La apuesta por el humanismo en el campo es una narrativa que busca dignificar al hombre y a la mujer de la Sierra, quienes a pesar de las inclemencias, siguen creyendo que el futuro de Chiapas huele a grano recién tostado. La Nueva ERA tiene en sus manos la oportunidad de transformar el motor económico del estado, siempre y cuando la ejecución sea tan fuerte y clara como un espresso doble a las seis de la mañana. Siltepec hoy tiene motivos para sonreír, pero la verdadera evaluación vendrá con la próxima cosecha, cuando los bolsillos de los productores reflejen el éxito de estas políticas públicas. Mientras tanto, el aroma a cambio empieza a percibirse entre las nubes de la Sierra Mariscal. Gracias querido lector, con gusto recibo comentarios, NOS LEEMOS EN LA PRÓXIMA…
Ángel con Diabluras
José Ángel Gómez Sánchez
Buenas noticias para agricultores de Chiapas
Desde el predio Atotonilco del ejido Villaflores, conocido como el granero de Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez informó del impulso de financiamiento para la prosperidad compartida en el campo chiapaneco.
En el municipio de Villaflores, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar firmó el Convenio de Coordinación entre el Gobierno de Chiapas y Acreimex, para la creación de un fondo de garantía líquida destinado al financiamiento de productoras y productores chiapanecos del sector primario, agroalimentario y agroindustrial, como parte del Programa Producción con Prosperidad Compartida.
Acompañado de servidoras y servidores del pueblo, así como de asociaciones y organizaciones productivas y ganaderas de la región Frailesca, el mandatario explicó que este convenio contempla una bolsa conjunta de mil 700 millones de pesos. Detalló que el Gobierno subsidiará un porcentaje significativo de la tasa de interés para reducirla al 10 por ciento anual, y señaló que, de manera individual o en sociedad, se podrá acceder a créditos que van de 30 mil hasta un millón de pesos.
Ramírez Aguilar destacó que su administración adquirió por segundo año consecutivo el seguro ganadero y, por primera vez, el seguro agrícola, con el objetivo de proteger el hato ganadero y la producción de maíz, sorgo y otros granos ante posibles afectaciones por lluvias, incendios o contingencias.
“Para mi Gobierno es muy importante estar aquí con las productoras y los productores y darles a conocer que hemos asumido el compromiso de proteger la producción agrícola y ganadera ante el riesgo de catástrofes, así como anunciar estos créditos, que son de fácil acceso y representan un gran apoyo a las actividades que realizan en favor de la prosperidad del campo chiapaneco”, expresó.
ÉRAMOS MUCHO Y PARIÓ LA ABUELA… LA INFLACIÓN REGRESA CON MÁS DUREZA
Resulta que los mexicanos ya no vemos lo duro, sino lo tupido respecto a la carestía de los distintos productos y se incluye la gasolina, gas y energía eléctrica.
Se avizora otro problemón, con el incremento en el kilogramo de tortilla; en Chiapas lo encuentra en 20, 22, 24 pesos; mientras que en otras entidades el kilogramo llega a costar más de 30 pesos.
Los industriales de la masa y la tortilla han deslizado un posible incremento en el kilogramo del producto para los próximos días, de entre dos a cuatro pesos, lo que provocaría mayores choques inflacionarios.
Este producto es primordial e indispensable en las mesas de las familias mexicanas que compran a diario tortillas para desayunar, comer y cenar.
La inflación ya no es silenciosa, se siente, se palpa en los bolsillos y en los hogares de los mexicanos, ayer parecía que el Gobierno lo controlaba, pero hoy ya son señales de alerta que nos pega y que el Gobierno no puede más controlar.
Diciembre cerró con una inflación del 3.69 por ciento, enero fue de 3.79 por ciento, febrero 4.02 por ciento y marzo fue de 4.59 por ciento esta tendencia al alza preocupa.
Todo esto ha redundado en el encarecimiento de productos básicos: leche, aceite, carne, huevo, frutas, verduras, sal, frijol, arroz, azúcar, además del incremento de los combustibles.
Solo el jitomate, cebolla, papa, limón, registran un incremento de hasta un 40 por ciento, y eso se mide en los bolsillos del ama de casa, del padre de familia, el
Gobierno federal intenta pasar la factura a empresarios gasolineros, tortilleros y les pide que se aprieten el cinturón para apoyar, pero el tema es que se disparan los insumos, los costos logísticos, y los impuestos.
Es un volado para el Gobierno federal pues aceptar la inflación implica asumir costos y negarlo es perder credibilidad, la inflación irrita el ánimo social, y ya hay un encabronamiento en la población.
Si MORENA piensa o cree que no tronarán alianzas electorales allá ellas…. y ellos
Ayer les decía que el PVEM es pragmático, mientras le sea útil para su causa es aliado y cuando no se hace a un lado
No lo quieren creer, pero conforme pasen las semanas, los meses y en Estados Unidos vayan cayendo como moscas algunos abogados y políticos ligados a Morena, este partido irá “apestando”.
El Gobierno del país de las barras y las estrellas declaró “narcoterrorista” a un abogado cercano al partido en el poder de México, y eso sin duda podría traer varias repercusiones políticas para Morena no solo a nivel nacional sino internacional.
Habrá un momento clave y decisivo en donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pondrá todos los “asegunes” en la balanza y sopesará si ordena o no que su Gobierno vaya contra los peces gordos de la corrupción galopante que representan varios políticos de Morena y en especial de los tres hijos mayores del de Macuspana, y él mismo.
Porque por lo que se escucha, se lee y se observa el agua le puede llegar a los aparejos y es mejor hacer realidad el dicho aquel “para que lloren en mi casa mejor que lloren en el del vecino y conocido”.
Ya se registró la primera fractura electoral y fue en San Luis Potosí, la mandamás del PVEM, Karén Castrejón hizo público su rompimiento electoral con Morena para San Luis Potosí.
Y como dijera el clásico “Y, aún hay más”. En Morena deben actuar rápido para evitar que ese ejemplo cunda en otras entidades, aunque la actual presidenta del partido la señora Alcalde anda más preocupada en otros temas.
LA CÁMARA BAJA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EMITIÓ DECLARATORIA
Luego de que 19 Congresos estatales avalaron el Plan B en materia electoral, la Cámara Baja emitió el proyecto de declaratoria de aprobación y el documento fue remitido al Senado de la República para su declaratoria formal y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
No aguanta vara y salió llorón
“Es una campaña canalla” dijo el buscapleitos de Gerardo Fernández Noroña, luego de que varios internautas y en especial el empresario, Ricardo Salinas Pliego publicaron que el hijo del senador morenista, pasó de ganar 18 mil pesos mensuales a recibir la nada despreciable suma de más de 100 mil pesos cada 30 días.
Desde su publicación la nota fue tendencia en redes sociales y eso sin duda le duele y mucho al “hocicón” de Noroña, el que se lleva se aguanta.
El aludido se llama Kin Yael Villafaña Morán, y tiene plaza en CFE que se la dio Manuel Bartlet
Díaz cuando durante toda la administración de AMLO fue director general de la paraestatal.
El senador quejándose afirmó que es una campaña mediática, tras difundirse que los ingresos de su vástago anualmente superan el millón de pesos, según se desprende en su declaración anual del 2024 y 2025, falta la de mayo de este año, ya debe estar haciendo las maromas para que cuadre o se salga por la tangente como la residencia que Fernández Noroya tiene en Morelos. Y es que cuando se trata de exigir cuentas de la oposición este buscapleitos solito se presta, nada más no vaya a ser a él, a su familia, a los suyos o a los políticos de su calaña que ahí no más no le gusta al senador.
“La campaña que los medios traen contra mi hijo Kin es canalla, nada como las pruebas”. Sí, claro no es lo mismo ser borracho que cantinero.
Hasta aquí lo escrito en diabluras con ángel puede escribirnos a angelcondiabluras@gmail. com
EL CONVENIO contempla una bolsa conjunta de mil 700 millones de pesos. (FOTO: CORTESÍA)
COMARCA “
CONFLICTO AGRARIO
Acusaron un proceso de criminalización tras el desalojo ocurrido en el ejido Jotolá, donde ahora enfrentan audiencias judiciales bajo acusaciones que consideran fabricadas
Si quieres construir tu identidad, no te mires al espejo”
CNI denuncia desalojo y persecución en el estado
Las familias afectadas señalaron la participación de autoridades en los hechos denunciados
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En medio de un conflicto agrario que ha escalado hacia el ámbito penal, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Chiapas denunciaron un proceso de criminalización tras el desalojo ocurrido en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, donde ahora enfrentan audiencias judiciales bajo acusaciones que consideran fabricadas.
A partir de estos hechos, la audiencia programada para el 16 de abril se convertirá en un punto de presión para las comunidades, que señalaron riesgo de detenciones adicionales contra Antonia Hernández López, Jerónimo Moreno Hernández y Victorio Hernández Moreno, en un contexto donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía destacó que Chiapas concentró más del 30 por ciento de los conflictos agrarios activos en el país, lo que mantiene tensiones constantes en territorios indígenas.
Desde la denuncia colectiva, el desalojo no solo implicó la pérdida de viviendas, también dejó a familias en condición de desplazamiento forzado, una problemática que se insertó en un escenario donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha documentado que al menos cinco mil personas han sido desplazadas en el estado en los últimos años por disputas territoriales y presencia de grupos armados.
8 mil personas huyen por la violencia en la entidad
El desplazamiento interno se ha convertido en un problema estructural que afecta a comunidades indígenas
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
A medida que la violencia se ha extendido en distintas regiones de Chiapas, el desplazamiento forzado dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una constante que afecta a miles de familias, con al menos ocho mil 190
personas obligadas a abandonar sus hogares durante 2025, lo que colocó al estado frente a una crisis que combinó inseguridad, pobreza y debilidad institucional. Desde esa dinámica, el fenómeno no solo respondió a episodios aislados, también se vinculó con condiciones históricas de marginación, en un territorio donde el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social documentó que más del 67 por ciento de la población vive en pobreza, lo que limitó la posibilidad de reconstruir la vida tras un desplazamiento forzado.
En paralelo, organizaciones como la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos han identificado a la comarca como uno de los focos con mayor número de eventos de desplazamiento masivo en el país, con comunidades completas que abandonan sus territorios ante la presencia de grupos armados y la falta de garantías de seguridad. La problemática se profundizó en el acceso a derechos básicos, dado que informes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas señalaron que más del 40 por ciento de la población indígena en la región enfrenta barreras para acceder a servicios de salud y justicia, una condición que se agrava al perder el arraigo territorial.
La exigencia de justicia apuntó a instituciones de seguridad y procuración de justicia, señaladas por su presunta participación en los hechos, lo que adquirió relevancia al considerar que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicaron a la comarca con un incremento cercano al 20 por ciento en delitos relacionados con violencia en zonas rurales durante el último año.
Bajo este panorama, las acciones convocadas por el CNI no solo buscaron visibilizar un caso particular, también intentaron frenar una tendencia documentada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde comunidades indígenas enfrentaron barreras sistemáticas para defender su territorio, en una región donde más del 28 por ciento de la población pertenece a pueblos originarios y mantiene una relación directa con la tierra como base de su subsistencia.
ES UN FACTOR que redefine la vida comunitaria.
Bajo este escenario, el desplazamiento dejó de ser una consecuencia momentánea de la violencia y se convirtió en un factor que redefine la vida comunitaria, sobre todo al considerar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha advertido sobre el crecimiento sostenido de este fenómeno en el sur de México, lo que generó una discusión urgente sobre la ausencia de políticas integrales para atender una crisis que continúa expandiéndose.
Maria Grazia Chiuri
EL ENCUENTRO DEL 16 de abril se convertirá en un punto de presión.
Representó un quiebre en la confianza y una señal de estancamiento en el caso que motivó la movilización
Retoman la protesta en Tuxtla por caso Carvajal
Manifestantes acusaron falta de voluntad institucional y advirtieron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta favorable
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
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Tras un retiro que apenas duró unas horas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Solidaridad y Presos Políticos regresaron a la plaza central de Tuxtla Gutiérrez para reinstalar su plantón frente al Palacio de Gobierno, luego de acusar falta de voluntad institucional para avanzar en la liberación de Óscar Trinidad Carvajal, detenido desde noviembre por delitos contra la salud.
La decisión de volver a ocupar el espacio público se produjo luego de que, pese a compromisos previos de diálogo, no se concretaran mecanismos claros de negociación con la Fiscalía General del Estado, lo que para los manifestantes representó un quiebre en la confianza y una señal de estancamiento en el caso que motivó la protesta.
En medio de la reinstalación del campamento, con lonas, estructuras improvisadas y conexiones eléctricas, el grupo insistió en que su demanda no ha cambiado y se mantiene centrada en la liberación del detenido, en un contexto donde organizaciones civiles han documentado que en México existen más de ocho mil personas privadas de la li-
bertad sin sentencia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La permanencia indefinida del plantón también puso sobre la mesa el uso del espacio público como herramienta de presión, sobre todo en la comarca, donde se han registrado al menos 120 movilizaciones sociales en el último año de acuerdo con reportes de la Secretaría General de Gobierno estatal, muchas de ellas relacionadas con exigencias de justicia y revisión de procesos legales.
Reforma busca frenar acoso en sector salud
La iniciativa planteó modificar la ley estatal para atender casos de hostigamiento en pasantes, residentes e internos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
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En un contexto donde la formación médica enfrenta condiciones adversas, la Secretaría de Salud de Chiapas planteó una reforma a la legislación estatal para erradicar la violencia contra personal en formación, una medida que busca transformar los entornos clínicos en espacios seguros para pasantes,
residentes e internos que sostienen buena parte de la atención en unidades públicas.
A partir de la modificación al artículo 71 bis de la Ley de Salud, la propuesta incorporó programas de prevención y atención frente a prácticas de acoso y hostigamiento, con el respaldo de una estrategia presentada en la Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud, donde también se planteó fortalecer la coordinación con el sector educativo.
La iniciativa consideró que en la comarca operan más de cinco mil estudiantes en servicio social en áreas de salud, de acuerdo con registros de la Secretaría de Salud
estatal, mientras que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicaron que cerca del 28 por ciento del personal en formación ha reportado experiencias de trato inadecuado durante su proceso académico, lo que evidenció la urgencia de intervenir en estos espacios.
Desde la visión institucional, la reforma también se vinculó con la mejora en la calidad del servicio médico, dado que más del 40 por ciento de las unidades de primer nivel en la entidad dependen de personal en formación para su operación diaria, según la Secretaría de Salud, lo que convirtió su bienestar en un factor clave para la atención a la población.
Bajo este escenario, el caso de Óscar Trinidad Carvajal se insertó en una discusión más amplia sobre acceso a la justicia y respuesta institucional, al tomar en cuenta que cerca del 38 por ciento de las personas privadas de la libertad en el país enfrentan procesos prolongados sin resolución definitiva, lo que mantiene vigentes protestas como esta, cuya duración permanece incierta ante la falta de acuerdos concretos.
BUSCA TRANSFORMAR los entornos clínicos en espacios seguros.
Bajo este enfoque, la incorporación de contenidos como Humanismo en las Ciencias de la Salud y la asignación de plazas cercanas al domicilio apuntaron a construir condiciones más dignas de aprendizaje, en un escenario donde la región mantiene una de las tasas
más altas de rotación de personal médico en formación del país, con niveles que superan el 30 por ciento anual según reportes del sector, lo que abrió la discusión sobre la necesidad de garantizar entornos seguros como base para fortalecer el sistema de salud.
ACUSARON FALTA de voluntad institucional para avanzar.
Exigen justicia e inclusión pueblos Mam del estado
La falta de espacios institucionales y atención en lengua originaria limita la participación de autoridades tradicionales en procesos gubernamentales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Entre la exigencia de derechos y la ausencia de interlocutores formales, comunidades del pueblo Maya Mam en el Soconusco colocaron en el centro del debate una deuda institucional que, más que histórica, se mantiene vigente en la vida cotidiana, donde la relación con el Gobierno sigue marcada por la distancia lingüística, cultural y administrativa.
Advirtieron que el sistema opera sin condiciones mínimas de equidad, en especial para quienes no dominan el español
Desde esa ruptura, la falta de oficinas especializadas dentro de los ayuntamientos no solo representa un vacío burocrático, también limita la posibilidad de que autoridades tradicionales como tatas y nanas participen en decisiones públicas, en un territorio donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía documentó que más del 28 por ciento de la población habla una lengua indígena, lo que volvió indispensable una estructura institucional que dialogue en esos mismos códigos.
A esa desconexión se sumó la opacidad en el manejo de recursos dirigidos a pueblos originarios, tras la desaparición de áreas municipales en lugares como Mapastepec y Huehuetán, lo que ocurre en un contexto donde más del 70 por ciento de la población indígena en la comarca vive en condiciones de pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, esto amplió la brecha entre programas públicos y necesidades reales.
Denuncian
La discusión también alcanzó el terreno de la justicia, donde las comunidades advirtieron que el sistema opera sin condiciones mínimas de equidad, en especial para quienes no dominan el español, una problemática que se agrava al tomar en cuenta que alrededor del 30 por ciento de personas indígenas en procesos legales en el estado no cuenta con intérprete, de acuerdo con registros del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
irregularidades en el juzgado de Copainalá
La familia mantiene un recurso de apelación y señaló temor por su seguridad ante la liberación de la imputada
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
A partir de una decisión judicial que dejó en libertad a una mujer acusada de intento de homicidio, una familia llevó su inconformidad a las calles de Tuxtla Gutiérrez para denunciar presuntos actos de corrupción en el juzgado de control de Copainalá, al sostener que la resolución no solo careció de explicación, también puso en riesgo directo a la víctima.
Desde la experiencia de los afectados, el caso no se limita a una resolución aislada, dado que señalan un patrón de irregularidades durante el proceso, como audiencias suspendidas y reprogramadas, lo que alimentó la sospecha de intervención externa en un contexto donde, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 65 por ciento de la población en Chiapas percibe actos de corrupción en instituciones públicas.
La acusación adquirió mayor peso al vincularse con el sistema de justicia penal, un ámbito que enfrenta cuestionamientos persistentes, al tomar en cuenta que en la comarca apenas el 14 por ciento
de los delitos denunciados logró una resolución judicial, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que incrementó la desconfianza hacia las decisiones de jueces y autoridades.
A la par de la denuncia pública, la familia ha recurrido a mecanismos legales como la apelación, aunque advirtieron que el proceso ocurrió en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo porque la persona señalada regresó a la misma comunidad, un factor que se vuelve crítico en una entidad donde el Inegi reportó que más del 70 por ciento de las víctimas evita denunciar por temor a represalias o desconfianza en las autoridades.
Bajo esta acumulación de rezagos, la defensa cultural emergió como una forma de resistencia más que como política pública, dado que la lengua Mam y sus expresiones enfrentan un desgaste acelerado, en un escenario donde al menos cinco lenguas originarias en Chiapas están en riesgo y donde menos del 25 por ciento de los programas culturales incluyen acciones dirigidas a su preservación, lo que colocó la inclusión institucional como una condición urgente para evitar su desaparición.
Bajo este escenario, el caso detalló una tensión más profunda entre justicia formal y percepción ciudadana, puesto que la exigencia no se limita a revisar una resolución judicial, también apuntó a investi-
gar posibles redes de corrupción dentro del sistema, en un entorno donde la entidad registró niveles de impunidad superiores al 90 por ciento según estudios de organismos nacionales.
ENFRENTAN UN desgaste acelerado. (FOTO: C. TOLEDO)
LA RESOLUCIÓN careció de explicación. (FOTO: ISAÍ LÓPEZ)
ERA impulsa prosperidad compartida en el campo
Se realizó la firma de convenio para la creación del fondo de garantía líquida para apoyar a productoras y productores
HERMES GARCÍA/PORTAVOZ
En el municipio de Villaflores, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar firmó el Convenio de Coordinación entre el Gobierno de Chiapas y Acreimex, para la creación de un fondo de garantía líquida destinado al financiamiento de productoras y productores chiapanecos del sector primario, agroalimentario y agroindustrial, como parte del Programa Producción con Prosperidad Compartida. En este contexto, subrayó que el Gobierno de la Nueva ERA impulsa políticas orientadas a detonar la productividad y el desarrollo rural en todo el estado.
Acompañado de servidoras y servidores del pueblo, así como de asociaciones y organizaciones productivas y ganaderas de la región Frailesca, el mandatario explicó que este convenio contempla una bolsa conjunta de mil 700 millones de pesos. Detalló que el Gobierno subsidiará un porcentaje significativo de la tasa de interés para redu-
cirla al 10 por ciento anual, y señaló que, de manera individual o en sociedad, se podrá acceder a créditos que van de 30 mil hasta un millón de pesos.
Ramírez Aguilar destacó que su administración adquirió por segundo año consecutivo el seguro ganadero y, por primera vez, el seguro agrícola, con el objetivo de proteger el hato ganadero y la producción de maíz, sorgo y otros granos ante posibles afectaciones por lluvias, incendios o contingencias. Asimismo, indicó que se distribuyen kits de medicamentos para fortalecer la estrategia de prevención y combate del gusano barrenador.
“Para mi Gobierno es muy importante estar aquí con las productoras y los productores y darles a conocer que hemos asumido el compromiso de proteger la producción agrícola y ganadera ante el riesgo de catástrofes, así como anunciar estos créditos, que son de fácil acceso y representan un gran apoyo a las actividades que realizan en favor de la prosperidad del campo chiapaneco”, expresó. Además, convocó a las comunidades a no dar paso a la delincuencia y a mantener la unidad, al considerar que esto contribuye a la construcción de la paz.
El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa
Acreimex, Eleazar Cano Mireles, señaló que durante 20 años esta institución financiera ha enfocado sus servicios principalmente al sector agropecuario, por lo que agradeció la confianza y celebró que este tipo de acuerdos genere bienestar y oportunidades acordes a las necesidades de las y los productores. Asimismo, invitó al sector a acercarse a sus sucursales en Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Tapachula, Comitán y próximamente en San Cristóbal de Las Casas.
El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, puntualizó que la economía de
Instalan la Unidad de Enlace de Igualdad de Género en ISSTECH
Representa una oportunidad para impulsar cambios estructurales que beneficien a toda la comunidad
CORTESÍA/PORTAVOZ
En el marco de las acciones orientadas a fortalecer la equidad dentro de las instituciones públicas, este martes se llevó a cabo la instalación de la Unidad de Enlace de Igualdad de Género en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), un paso significativo hacia la construcción de un organismo más incluyente y comprometido con la justicia social.
Durante el acto, el director de la institución, Luis Avendaño destacó la relevancia de consolidar espacios que promuevan la igualdad sustantiva, subrayando que este tipo de iniciativas no solo responden a una obligación institucional, sino a una convicción profunda sobre el papel que debe desempeñar el servicio público en la transformación social. En este sentido, enfatizó que la nueva Unidad representa una oportunidad para impulsar cambios estructurales que beneficien a toda la comunidad.
Asimismo, Luis Avendaño exhortó a las y los integrantes de esta Unidad a desempeñar sus funciones con responsabilidad y compromiso, estableciendo líneas de acción claras que permitan generar entornos propicios para el desarrollo, la atención y
el acompañamiento en los distintos espacios públicos bajo su responsabilidad. Señaló que el trabajo coordinado será fundamental para garantizar resultados tangibles y sostenibles en materia de igualdad de género. La creación de esta Unidad también busca fortalecer los mecanismos de atención y seguimiento, promoviendo políticas internas que contribuyan a erradicar prácticas discriminatorias y fomentar una cultura organizacional basada en el respeto y la inclusión. En este contexto, se espera que las acciones emprendidas impacten de manera positiva tanto en el ámbito institucional como en la sociedad en general.
Con este avance, Luis Avendaño reafirma su compromiso con un modelo de gestión pú-
Chiapas tiene su base en el campo, por lo que esta sinergia representa no solo un programa de créditos, sino una nueva forma de producir con prosperidad compartida. Indicó que, además del financiamiento, se premiará con un porcentaje de retorno de tasa a quienes cumplan puntualmente. Informó que el sector primario en la entidad genera 38 mil millones de pesos al año y concentra al 31 por ciento de la población económicamente activa, es decir, cerca de 800 mil personas.
El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, explicó que la firma del convenio contem-
Contempla una bolsa de mil 700 millones de pesos en créditos que van de 30 mil hasta un millón de pesos
pla una aportación de 20 millones de pesos del Fondo Económico del Estado, que funcionará como garantía para colocar hasta 340 millones de pesos en créditos, en una primera etapa. Precisó que estos financiamientos estarán disponibles incluso para personas sin historial bancario y con tasas de interés de un solo dígito. Además, añadió que el Gobierno de la Nueva ERA cubrirá los seguros agrícola y ganadero, eliminando costos adicionales para las y los beneficiarios.
La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, reconoció que, como nunca antes, Chiapas cuenta con un Gobierno que impulsa al campo, donde el trabajo conjunto y la cercanía con la gente distinguen a las administraciones de la Cuarta Transformación. Aseguró que esta dinámica permite comprender y atender las necesidades del pueblo con un enfoque humano.
blica que prioriza la igualdad, el humanismo y la transformación social, alineándose con los principios que rigen el desarrollo de Chiapas. La instalación de esta
Unidad marca así un precedente importante en la consolidación de políticas públicas con perspectiva de género y enfoque inclusivo.
IMPULSAN POLÍTICAS orientadas a detonar la productividad. (FOTO: CORTESÍA)
PRIORIZAN
La discusión se desplazó hacia la necesidad de construir condiciones estructurales para el ejercicio comunicativo
MITIGACIÓN
Capacitan para reducir riesgos al periodismo
Las acciones incluyeron talleres dirigidos a comunicadores y servidores públicos, con el objetivo de prevenir conflictos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Mientras la labor informativa enfrenta escenarios cada vez más complejos, en Chiapas comenzaron a consolidarse esquemas de protección que buscan reducir los riesgos para periodistas mediante capacitación y acompañamiento institucional, una estrategia que articula a la Fiscalía General del Estado con actores del gremio para fortalecer condiciones mínimas de seguridad en el ejercicio periodístico.
A partir de talleres y encuentros directos con comunicadores, las autoridades han optado por una ruta preventiva que prioriza la formación y la sensibilización, al tomar en cuenta que México se mantiene entre los países con mayores riesgos para la prensa, con al menos 561 agresiones documentadas en 2023 según Artículo 19, una cifra que obligó a trasladar la discusión a lo local con medidas concretas.
Desde la visión institucional, el enfoque no se limitó a quienes ejercen el periodismo, dado que también se ha comenzado a capacitar a servidores públicos bajo un protocolo de actuación que busca evitar confrontaciones, puesto que cerca del 42 por ciento de las agresiones a periodistas en el país provienen de funcionarios, de acuerdo con regis-
SE REGISTRARON al menos 18 incidentes en la comarca.
tros de la misma organización, lo que evidenció la necesidad de intervenir en ambos frentes. En el plano estatal, la estrategia contempló extender estas acciones a distintas regiones, bajo la premisa de que la prevención puede incidir en la disminución de riesgos, en un contexto donde la comarca registró al menos 18 incidentes contra periodistas en el último año según datos de la Red Rompe el Miedo, lo que colocó a la entidad dentro del mapa nacional de atención prioritaria.
A medida que estas medidas se replicaron, la discusión se desplazó hacia la necesidad de construir condiciones estructurales para el ejercicio periodístico, toda vez que el 65 por ciento de periodistas en México percibe su labor como de alto riesgo según encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que reforzó la urgencia de que estos mecanismos no se limiten a acciones aisladas y evolucionen hacia políticas sostenidas en el tiempo.
Suben casetas en la entidad y aumenta inconformidad
Las nuevas tarifas se aplicaron en rutas clave sin un posicionamiento oficial a nivel local, lo que ha cuestionado los criterios de ajuste
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Aunque el aumento fue moderado en términos absolutos, el ajuste a las tarifas de peaje en Chiapas detonó inconformidad entre automovilistas y transportistas, quienes desde este lunes reportaron que el cruce en la vía Chiapa de Corzo–San Cristóbal de Las Casas alcanzó los 105 pesos, en un corredor clave para el turismo y la movilidad regional que concentra miles de traslados diarios.
Las críticas se enfocaron en la falta de correspondencia entre el costo del peaje y el estado de las carreteras
En ese mismo sentido, y sin comunicación previa a nivel local, las casetas del tramo Ocozocoautla–Arriaga también incrementaron sus tarifas a 70, 116 y 75 pesos, lo que amplió el impacto en rutas utilizadas por transporte de carga y pasajeros, en un estado donde más del 56 por ciento de la población ocupada depende de actividades que requieren movilidad constante, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Desde el sector transportista, las críticas se enfocaron en la falta
de correspondencia entre el costo del peaje y el estado de las carreteras, al considerar que el mantenimiento no ha seguido el ritmo del incremento tarifario, mientras que cifras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señalaron que la red carretera federal en el sureste presenta niveles de conservación regular en más del 40 por ciento de sus tramos, lo que incidió en la percepción de los usuarios.
A la presión inmediata en el gasto diario se sumó un efecto acumulado que no ha pasado desapercibido, al considerar que la caseta de Chiapa de Corzo pasó de 45 pesos en 2022 a 105 en 2026, un incremento superior al 130 por ciento, en contraste con una inflación acumulada cercana al 28 por ciento en ese mismo periodo según el propio Inegi.
Mientras Caminos y Puentes Federales informó que el ajuste aplicado el 13 de abril correspon-
dió a una actualización nacional de entre cuatro y seis por ciento tras el término de las tarifas 2025, la ausencia de un posicionamiento específico en la comarca mantiene la discusión sobre los criterios de estos incrementos, puesto que el país cuenta con más de tres mil kilómetros de autopistas concesionadas según la misma dependencia, muchas de ellas bajo esquemas donde el usuario final absorbe de manera directa el costo de operación.
Piden reducir precio del diésel a 21 pesos
Los incrementos en el combustible terminan trasladándose al consumidor final, encareciendo productos y servicios
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Ante el encarecimiento sostenido del diésel, transportistas de carga en Chiapas han comenzado a exigir una reducción del precio hasta los 21 pesos por litro, al considerar que el costo actual compromete la viabilidad de una actividad clave para el abasto regional y el movimiento de mercancías en el estado. Desde el sector agrupado en la Confederación Nacional de Transportistas de México, se advirtió
que la presión económica no distingue entre volúmenes de operación, dado que el combustible mantiene un precio uniforme que impacta por igual a pequeñas y grandes unidades, en una entidad donde más del 68 por ciento de las empresas de transporte son micro y pequeñas, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El impacto trascendió al propio gremio, debido a que en la comarca alrededor del 62 por ciento de los insumos básicos se distribuyeron por vía terrestre, lo que provocó que cualquier incremento en el diésel se traslade al costo final de productos, en un contexto donde el gasto en transporte ya representa cerca del 18 por ciento del presupuesto logístico de las empresas locales.
Frente a este escenario, la modernización del parque vehicular enfrenta limitaciones claras, puesto que más del 55 por ciento de las unidades de carga en el estado superan los 15 años de antigüedad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lo que eleva costos de mantenimiento y reduce la eficiencia operativa. Bajo estas condiciones, los transportistas sostuvieron que cualquier estrategia de renovación debe ir acompañada de ajustes en el precio del combustible, dado que, sin ese equilibrio financiero, la adquisición de nuevas unidades podría convertirse en un riesgo económico, pese a que vehículos más recientes pueden reducir hasta en 20 por ciento el consumo de diésel y mejorar las condiciones de seguridad en carretera.
ES UNA ACTUALIZACIÓN nacional de entre cuatro y seis por ciento.
Este mecanismo busca que cualquier persona que posea información pueda depositarla de manera estrictamente anónima
El Amate abre sus puertas a búsqueda de desaparecidos
La población penitenciaria se solidarizó con la causa, mientras autoridades se comprometieron a facilitar el acceso a cámaras de seguridad
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
En los pasillos del Centro Penitenciario de Reinserción
Social número 14, conocido como “El Amate”, esta vez no anunciaba el cambio de guardia ni el cierre de celdas. Esta vez, el sonido portaba la esperanza de decenas de mujeres que, con el rostro de sus hijos impresos en lonas sobre el pecho, cruzaron los filtros de seguridad con una sola misión, encontrar una verdad que les ha sido esquiva en las calles.
La jornada de búsqueda en vida, encabezada por el colectivo Madres Buscadoras de Chiapas, transformó por unas horas la atmósfera del penal en Cintalapa. Lo que inició como una diligencia oficial se convirtió rápidamente en un encuentro de profunda humanidad. Al ver a las madres, la población penitenciaria no mostró indiferencia; por el contrario, las mujeres privadas de su libertad se volcaron hacia ellas en un gesto de solidaridad que dejó sin palabras a los asistentes.
Entre los patios y las áreas comunes, se vivieron escenas desgarradoras, pero esperanzadoras. Reclusas se acercaron a las buscadoras para estrecharlas en abrazos prolongados, compartiendo un llanto común. “Estamos con ustedes”, susurraban algunas, mientras otras entregaban datos, nombres o referencias que podrían convertirse en el hilo conductor para localizar a quienes hoy faltan en casa. Como parte estratégica de esta visita, se instaló al interior del centro el denominado “Buzón de Paz” Este mecanismo busca que cualquier persona que posea información sobre el paradero de
personas desaparecidas pueda depositarla de manera estrictamente anónima. La intención es romper los pactos de silencio sin poner en riesgo a quien decide hablar. Las autoridades confirmaron que los datos recolectados serán procesados de inmediato por las instancias correspondientes para verificar su veracidad.
Durante el recorrido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, mantuvo un diálogo directo con las representantes del colectivo. Ante el clamor persistente de las familias quienes a menudo se enfrentan a la burocracia para
acceder a pruebas visuales el funcionario asumió un compromiso contundente, la apertura y disposición de las cámaras de seguridad.
Aparicio Avendaño aseguró que la institución se compromete a mostrar y facilitar los registros de videovigilancia que las familias soliciten durante sus procesos de búsqueda, eliminando obstáculos administrativos que suelen retrasar las investigaciones en las primeras horas críticas tras una desaparición.
Buscar en una cárcel es enfrentarse a un laberinto de historias, pero también es encontrar aliados donde menos se espera.
Las Madres Buscadoras de Chiapas concluyeron esta jornada con el corazón agitado y las manos llenas de nuevas líneas de investigación. La visita a “El Amate” no solo representa un paso logístico en sus expedientes, sino un recordatorio de que la búsqueda de los desaparecidos es una herida abierta que resuena incluso detrás de los muros más altos del estado.
Para las familias, la jornada termina con una promesa de seguimiento y la esperanza depositada en ese buzón metálico que ahora resguarda secretos que podrían, finalmente, traer la paz a muchos hogares chiapanecos.
LA INTENCIÓN ES romper los pactos de silencio. (FOTO: CORTESÍA)
La iniciativa busca restringir herramientas que facilitan ese reclutamiento, y dar facultades a las autoridades para prevenirlo
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En medio de una ola de violencia que ha dejado comunidades enteras desplazadas, municipios tomados por grupos armados y una creciente sensación de miedo colectivo, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley que busca transformar el marco jurídico estatal para enfrentar lo que define como “violencia criminal de alto impacto con efectos de terror social”.
La propuesta, que modifica el Código Penal y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no crea nuevos delitos ni invade facultades federales, según explicó la legisladora, sino que introduce una categoría jurídica novedosa: reconocer que ciertas conductas delictivas —como bloqueos, quema de vehículos, desplazamientos forzados, control territorial y amenazas generalizadas— generan un daño colectivo que el actual marco legal trata como hechos aislados.
“Hoy, en diversas regiones de nuestro estado, la violencia ha dejado de ser un fenómeno aislado. No se trata únicamente de delitos que afectan a personas en lo individual. Se trata de conductas que buscan generar miedo colectivo, que alteran las vidas comunitarias, que limitan la movilidad, que interrumpen actividades económicas y que obligan a familias enteras a abandonar sus hogares”, sostuvo Ibarra Gallardo durante la sesión de este jueves.
UN DIAGNÓSTICO QUE
DUELE: DESPLAZADOS, ESCUELAS TOMADAS Y RECLUTAMIENTO INFANTIL
La iniciativa llega en un momento crítico para Chiapas. Durante 2024 y lo que va de 2025, el estado ha sido escenario de una escalada de violencia atribuida a grupos criminales o grupos paramilitares en regiones como Tila, Pantelhó, Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Digna Ochoa, han documentado al menos
Propone Jovannie el “terror social”
más de 30 mil personas desplazadas internamente en los últimos dos años, principalmente en municipios de las regiones Norte y Selva. Familias enteras han huido hacia ciudades como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal o incluso hacia Guatemala, sin visos de retorno.
“El alto impacto sigue marcando la vida cotidiana”, declaró la diputada en entrevista posterior. “En Pantelhó y otros municipios, nos reportaron reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes a través de escuelas o simplemente en la calle. Es una realidad que duele y que el Estado no puede seguir ignorando”.
La propia legisladora recordó que presentó una iniciativa desde 2025 para prevenir el reclutamiento forzado de menores, pero sigue sin dictaminarse. “No podemos permitir que estas propuestas se queden en el archivo muerto del Congreso”, exigió.
¿EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA DE “TERROR SOCIAL”?
El corazón de la propuesta es modificar el Código Penal del Estado de Chiapas para que, cuando un delito —como homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada o daño en propiedad— se cometa con el propósito de intimidar a la población, controlar territorios o afectar la vida comunitaria, la ley lo reconozca como una categoría agravada que permita:
1. Incrementar sanciones dentro de los márgenes constitucionales.
2. Priorizar su investigación sobre otros delitos.
3. Fortalecer la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales.
4. Mejorar la capacidad de respuesta del Estado mediante protocolos específicos.
Además, se reforma la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para facultar al Ejecutivo estatal a actuar de manera focalizada en zonas declaradas de alta incidencia de este tipo de violencia, mediante operativos especiales, inteligencia y coordinación intermunicipal.
“No se trata de militarizar ni de violar derechos humanos. Se trata de dar herramientas legales al Estado para que pueda entrar a comunidades sitiadas por el crimen, proteger a la población y restaurar el orden constitucional”, aclaró Ibarra Gallardo.
La legisladora enfatizó que la iniciativa respeta la distribución de competencias entre federación y estado, y se alinea con estándares
internacionales de derechos humanos. “El Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a contextos de violencia generalizada”, subrayó.
EL PAPEL DEL GRUPO PAKAL Y LA ESTRATEGIA DEL GOBERNADOR
La diputada panista reconoció que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ha priorizado el combate a la inseguridad desde el inicio de su administración. En particular, destacó la creación de La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) un grupo de élite de la Secretaría de Seguridad del Pueblo en Chiapas, creado en diciembre de 2024 para combatir el crimen organizado y restablecer la paz. Integrada por unos 500-700 agentes con entrenamiento táctico, opera en zonas de alta peligrosidad, aunque enfrenta serias acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Desde el arranque de su mandato, el gobernador ha tenido una decisión clara: enfrentar de manera frontal el problema de la inseguridad. La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) es una estrategia operativa orientada a fortalecer la presencia institucional”, señaló.
No obstante, advirtió que el fenómeno delictivo ha evolucionado y que el poder legislativo no puede quedarse rezagado. “Cuando la violencia se organiza, el Estado no puede responder de manera dispersa. Cuando el miedo se vuelve colectivo, la ley no puede seguir siendo individual”, sentenció.
RECLUTAMIENTO INFANTIL: LA OTRA CARA DE LA VIOLENCIA
Uno de los aspectos más delicados que aborda la iniciativa, aunque de manera indirecta, es el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales. En entrevista, Ibarra Gallardo reveló que ha recibido denuncias de padres de familia y maestros sobre cómo los menores son captados en escuelas, parques o mediante redes sociales.
“Sabemos que es muy fácil reclutar a un niño, ya sea a través de un chat o simplemente en la calle. Por eso nuestra iniciativa también busca restringir herramientas que facilitan ese reclutamiento, y dar facultades a las autoridades para prevenirlo”, explicó.
La diputada recordó que ya presentó una iniciativa específica contra el reclutamiento forzado de menores en 2025, pero aún no ha sido
dictaminada. “No podemos esperar más. Cada día que pasa, un niño o una niña puede ser arrancado de su familia para servir a la delincuencia”, lamentó.
REACCIONES: ENTRE EL RESPALDO INSTITUCIONAL Y EL ESCEPTICISMO
La iniciativa ha generado reac ciones encontradas. Mientras que organizaciones como Digna Ochoa han señalado que cualquier medida debe garantizar la protección de de rechos humanos y evitar la crimina lización de comunidades indígenas, la bancada del PAN en el Congreso local ha respaldado abiertamente la propuesta.
“Es una respuesta jurídica a una realidad que ya está presente en nuestro estado. No es una ocurren cia ni una ocurrencia ideológica”, dijo la coordinadora de la fracción panista.
La diputada Ibarra Gallardo fue contundente: “Demando a la pre sidenta del Congreso que esta ini ciativa no se quede en los archivos muertos. Seamos responsables con Chiapas”.
CHIAPAS EN EL MAPA NACIONAL DE LA VIOLENCIA
La iniciativa también busca po sicionar a Chiapas como un actor activo en la agenda nacional de seguridad. La legisladora recordó que el estado ha promovido ante el Congreso de la Unión iniciativas para robustecer las capacidades del Estado mexicano, como el uso de armas de uso exclusivo del Ejército bajo esquemas legales y de control institucional.
“No podemos ignorar que el fe nómeno de la violencia ha evolucio nado. Frente a ello, el Estado debe evolucionar también”, insistió. Datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Chiapas entre los cinco estados con mayor incremento de homicidios dolosos en el último año, además de ser la principal ruta de migración irregular y tráfico de drogas hacia Centroa mérica.
La quema de vehículos, bloqueos carreteros y el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas se han vuelto recurrentes en municipios como Tumbalá, Yajalón, Ocosingo y la pro pia Frontera Comalapa.
¿QUÉ SIGUE?
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Se guridad Pública y Protección Civil.
Jovannie Ibarra tipificar
como un delito
PJ fortalece mecanismos de la justicia alternativa
Rindió protesta el Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales Especializados en MASC
CORTESÍA/PORTAVOZ
CPromueven la capacitación y sensibilización del personal judicial, consolidando la cultura del diálogo
on el objetivo de fortalecer las acciones orientadas a priorizar la capacitación y profesionalización de las y los facilitadores judiciales respecto a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en materia Penal y de Justicia para Adolescentes, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, realizó la toma de protesta de las y los nuevos integrantes del Comité de Certificación, así como el desahogo de la primera sesión ordinaria del año 2026.
Durante la reunión, el consejero de la Judicatura e integrante de la Comisión de Carrera Judicial, Hermann Hoppenstedt Pariente, rindió protesta en su calidad de presidente del Comité de Certificación; acto seguido, tomó protesta a las y los nuevos integrantes y les dirigió un mensaje de bienvenida en el marco de esta primera sesión, en la que hizo un llamado a ponderar los trabajos en la materia y a impulsar la reconstrucción del tejido social.
Al proceder con el orden del día, la encargada de la Dirección General del CEJA y secretaria técnica del Comité, Laura Guadalupe Domínguez Rodríguez, abordó los temas referentes a la evaluación, certificación y renovación de facilitadoras y facilitadores judiciales, a fin de garantizar que el personal cuente con las competencias necesarias para brindar un servicio
Aprueba Congreso, reformas a la Ley de Desarrollo Rural
Se reforman y adicionan diversas disposiciones a la normativa
CORTESÍA/PORTAVOZ
El pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Chiapas.
En la sesión ordinaria presidida por la diputada María Reyes Diego Gómez, se dio lectura y se
turnó a comisiones parlamentarias -para su estudio y dictamen-, las siguientes disposiciones: Iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 18, al artículo 54, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas. Iiniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 12, fracción séptima, de la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria en el estado de Chiapas.
Oficio del ayuntamiento de Mazapa de Madero, Chiapas, por medio del cual solicita autoriza-
ción para dar de baja del patrimonio municipal a siete vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad. En asuntos generales participaron las y los diputados: Juan Salvador Camacho Velasco del partido Morena con el tema: “Movilidad y ciclovías en Chiapas”; Jovannie Maricela Ibarra Gallardo del Partido Acción Nacional con el tema: “Violencia criminal”; y Rubén Zuarth del Partido Revolucionario Institucional con el tema: “Alza desmedida en casetas de cobro”.
eficiente, humano y cercano a la ciudadanía.
Estas acciones impulsadas por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, promueven la capacitación y sensibilización del personal judicial, consolidando la cultura del diálogo, desde la visión de que la justicia es la paz.
Completan la integración del Comité de Certificación la y los vo -
cales: la jueza de Primera Instancia especializada en Justicia para Adolescentes, Andrea Cisneros Monzón; el magistrado presidente del Pleno de Distrito, Mario Antonio Ruiz Coutiño, y el director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, José Luis Baltazar Argüello.
IMPULSAN LA reconstrucción del tejido social. (FOTO: CORTESÍA)
Familiares y ciudadanos tomaron las calles para exigir la captura inmediata del ofensor
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
La indignación ha desbordado las calles de Cintalapa. Lo que comenzó como una tragedia privada en el seno de un hogar se ha transformado en un grito colectivo de justicia. Ana Luisa, una joven de apenas 27 años, permanece bajo pronóstico reservado en un hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, tras ser víctima de una agresión salvaje a manos de su pareja sentimental. Mientras ella lucha por sobrevivir, la sociedad civil ha decidido que no permitirá que este caso se pierda en los archivos de la impunidad.
La tarde de este martes, una ola de ciudadanos, integrada por familiares, amigos, vecinos y conocidos de Ana Luisa, se congregó en las principales arterias de la cabecera municipal para realizar una marcha pacífica, pero firme. Con pancartas en mano y consignas que exigían seguridad para las mujeres de la región, el contingente recorrió las calles para presionar a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que la búsqueda del agresor se convierta en una prioridad absoluta.
La manifestación no solo fue un acto de solidaridad hacia la víctima, sino un reclamo directo contra la inoperancia de los mecanismos de protección. “Ni una más”, “justicia para Ana Luisa” y “castigo al agresor” fueron las frases que resonaron
Clamor de Justicia: Marchan por Ana Luisa tras agresión
LAS MOVILIZACIONES continuarán hasta que se logre su captura. (FOTO: CORTESÍA)
durante el trayecto, evidenciando el hartazgo de una comunidad que se siente vulnerable ante el aumento de la violencia de género en el estado.
Lo que hace que el caso de Ana Luisa sea particularmente doloroso es que la joven ya había dado los pasos legales correspondientes. Ante los antecedentes de violencia, Ana Luisa había interpuesto una demanda formal. Como resultado, existía un acuerdo legal y una orden de restricción que prohibía al sujeto acercarse a ella.
Sin embargo, el agresor ignoró el mandato judicial. Según testimo-
nios, el sujeto aprovechó el ciclo de violencia y el vínculo emocional para manipular su entrada a la vivienda. “Había metido su demanda... pero lo volvió a perdonar”, relataron con amargura sus seres queridos, subrayando la urgencia de que las autoridades brinden un acompañamiento psicológico y policial real que vaya más allá de un papel firmado.
Los reportes indican que la agresión ocurrió en un contexto de abuso de sustancias. “No sé, cada que se enbolaba (se emborrachaba)... a ver qué respuesta nos dan
Crisis en el transporte de carga: Piden chatarrización
El alto costo de insumos y falta de incentivos para renovar el parque vehicular amenazan con disparar la inflación
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El sector del transporte de carga en el estado de Chiapas ha lanzado un enérgico llamado a la administración federal para atender una crisis estructural que amenaza la viabilidad del gremio y la estabilidad de los precios al consumidor. Bajo la bandera de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), los transportistas chiapanecos han puesto sobre la mesa una demanda, un programa de “chatarrización” justo y una intervención urgente en el mercado de combustibles.
La modernización del transporte no es solo una cuestión de estética o comodidad, sino de seguridad vial y eficiencia logística. Sin embargo, en la comarca uno de los estados con el
parque vehicular más envejecido del país la brecha económica para renovar las unidades parece insalvable. Actualmente, un tractocamión nuevo tiene un valor de mercado que supera los tres millones de pesos, una cifra fuera del alcance de los pequeños y medianos transportistas.
La propuesta de CONATRAM es transformar el esquema de renovación. “Lo que nosotros estamos pidiendo es que eso sea un enganche, que sea lo que corresponde al IVA... que ese sea nuestro enganche, la chatarrización o modernización como ellos le llaman”, explican los líderes del sector.
Con la finalidad de que el vehículo antiguo no sea simplemente desechado, sino que se reconozca su valor residual como capital inicial para adquirir deuda crediticia, permitiendo que el transportista pueda enfrentar los pagos de una unidad de última generación.
Más allá de la adquisición del vehículo, el costo operativo diario es el factor que está asfixiando la economía estatal. El diésel representa el
más al rato”, comentó un familiar mientras esperaba noticias en el hospital. La brutalidad del ataque dejó a la joven con lesiones graves que la mantienen en una cama de terapia intensiva, rodeada de aparatos y con una familia que cuenta los minutos a la espera de un milagro médico.
El presunto responsable, tras cometer el acto, se dio a la fuga. Su paradero actual es desconocido, lo que ha incrementado la rabia de los manifestantes, quienes temen que el agresor logre salir de la zona para evadir la justicia.
La madre de Ana Luisa quien se encuentra afuera del hospital en Tuxtla Gutiérrez, mencionó que, para ella, la captura del sujeto es una necesidad de paz, aunque la salud de su hija sea la prioridad máxima.
“Que pronto lo agarren... que paguen lo que le hicieron, aunque nada podrá devolverle a mi hija su felicidad”, expresó, reflejando el sentir de una familia rota por la violencia.
Los participantes de la movilización hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para que el caso se investigue bajo el protocolo de feminicidio en grado de tentativa. Recalcaron que la violación de una orden de restricción
Recalcaron que la violación de una orden de restricción debe considerarse una agravante mayor, pues demuestra un desprecio absoluto por la ley y la vida humana
debe considerarse una agravante mayor, pues demuestra un desprecio absoluto por la ley y la vida humana.
Cintalapa se suma así a la lista de municipios chiapanecos donde la violencia de género ha encendido las alarmas rojas. Activistas presentes en la marcha señalaron que las medidas de protección son “letra muerta” si no hay patrullajes y un seguimiento estricto. La sociedad civil ha advertido que las movilizaciones continuarán hasta que se logre la detención del responsable y se garantice que Ana Luisa recibirá la atención integral que su estado requiere.
principal gasto de operación para los más de tres mil 300 vehículos de carga que circulan en Chiapas. Los transportistas denuncian una falta total de subsidios en peajes y combustibles, lo que genera un efecto dominó en los precios de los productos básicos. La exigencia es reducir el precio del diésel a 21 pesos por litro de forma gradual. Los transportistas argumentan que, a diferencia de otros sectores, ellos no reciben beneficios fiscales por volumen de carga. “En el transporte, si usted va a cargar mil litros de diésel o carga 10 litros... es el mismo precio”, señalaron con preocupación. Esta falta de control en el costo energético obliga a las empresas de transporte a trasladar el gasto directamente al flete, lo que se traduce en un incremento inevitable en el precio final de frutas, verduras y artículos de primera necesidad que llegan a las familias chiapanecas.
De las unidades que operan en la entidad, al menos dos mil 200 están adheridas a la CONATRAM, lo que otorga al gremio un peso es-
tratégico en la economía regional. Los transportistas recalcan que no están pidiendo dádivas, sino condiciones competitivas para trabajar.
“Ahí es donde queremos que el Gobierno federal haga su trabajo nada más. ¿Y qué es lo que pedimos?, que nuestra herramienta de trabajo, que es el tractocamión y que es el combustible, pues estén a precios justos”, enfatizaron. La falta de respuesta por parte de la federación podría llevar al sector a un punto de no retorno, donde la obsolescencia de los camiones y la carestía del diésel detengan el flujo de mercancías.
El gremio reconoce que una flota renovada reduciría significativamente los accidentes en las sinuosas carreteras de la región y disminuiría
la huella de carbono. No obstante, advierten que la responsabilidad ambiental y social no puede recaer exclusivamente en los hombros del transportista sin un respaldo gubernamental que garantice la sostenibilidad financiera de la inversión. La expectativa de CONATRAM es que se instale una mesa de diálogo resolutiva con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Hacienda. De no concretarse un programa de incentivos reales y un freno a la escalada del diésel, el motor que mueve a la comarca corre el riesgo de apagarse, afectando no solo a los dueños de los camiones, sino a cada consumidor que depende de su servicio.
CLAMAN POR condiciones competitivas para trabajar.
Estados con más agentes de seguridad asesinados
Cinco demarcaciones territoriales concentraron la mayor parte de los homicidios de miembros policiacos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La violencia contra fuerzas de seguridad en México se mantiene en niveles altos. En lo que va del año, 101 policías han sido asesinados a nivel nacional, de acuerdo con cifras de la organización Causa en Común.
Este nivel de violencia no solo impacta a las instituciones, sino que también debilita la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado.
Conoce las cinco entidades con mayor número de decesos:
2. Sinaloa calculó 12 fallecimientos.
1. Jalisco registró 29 muertes.
3. Morelos reportó 10 atentados.
5. Guanajuato contabilizó seis incidentes.
4. Estado de México identificó ocho asesinatos.
Museo del Infierno
Es un extenso complejo de esculturas, senderos arbolados y exposiciones centradas en las creencias budistas
PORTAVOZ/STAFF
La mayoría de los visitantes de Singapur se sienten atraídos por lugares emblemáticos como Gardens by the Bay o los puestos de comida callejera galardonados con estrellas Michelin. Pero si te desvías hacia el extremo suroeste de la isla, descubrirás una faceta más peculiar e inesperada de la Ciudad del León.
El Museo del Infierno en Haw Par Villa no es la típica trampa para turistas. Autoproclamado como el primer museo del mundo dedicado exclusivamente a la muerte y el más allá, se extiende a lo largo de 40 mil pies cuadrados dentro de los históricos Jardines Tiger Balm de Singapur. Construido en 1937 por los excéntricos fundadores de Tiger Balm, los hermanos Aw Boon Haw y Aw Boon Par, este parque temático de 8,5 hectáreas alberga más de mil estatuas y 150 dioramas, y fue concebido para enseñar a los niños mitos y cuentos populares chinos fundamentales. ¿Su
instalación más famosa? Los 10 Tribunales del Infierno.
Aunque la Villa Har Paw se concibió inicialmente en la década de 1930, fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruida en la década de 1950. Posteriormente, en la década de 1980, la ciudad invirtió considerablemente en la modernización del parque. Los 10 Tribunales del Infierno se ubicaban antiguamente en el vientre de un dragón gigante al que los visitantes accedían en barco, contemplando escenas del inframundo a lo largo del recorrido.
Ahora, la atracción se encuentra en un espacio completamente climatizado, y su mensaje también ha evolucionado. Lo que antes era un juego diseñado para asustar a los
niños y que se portaran bien, se ha transformado en una exploración reflexiva y cuidadosamente seleccionada de cómo las diferentes culturas conciben la muerte y el más allá. El museo guía a los visitantes a través de los sistemas de creencias budista, hindú, cristiana, islámica y otras de todo el mundo, culminando en los 10 Tribunales del Infierno budista. Estos dioramas surrealistas de color rojo sangre representan los espantosos castigos que aguardan a los pecadores en el más allá budista chino.
Durante generaciones, una visita a Haw Par Villa fue un rito de iniciación para los singapurenses. Pero a pesar de tener más de 90 años, las 10 cortes aún conservan un aire moderno.
No se trata de lo que tienes, se trata de lo que alcanzas”
Elizabeth Taylor
RIESGOS
Austeridad del Plan B pega a fiscalización de recursos
Las tareas de revisión del gasto y de políticas públicas son las áreas en las que advierten que habrá más reducciones
PORTAVOZ/AGENCIAS
LEntonces no solamente los órganos legislativos van a ser menos fuertes, tendrán menos capacidades para hacer su trabajo, sino también los órganos de fiscalización”,
a reducción del gasto en los Congresos estatales como parte del “Plan B” de la reforma electoral —que será declarada constitucional este miércoles— redefinirá la distribución de los recursos dentro de los poderes legislativos de los estados, donde uno de los riesgos son los recortes de recursos para tareas de fiscalización. En la reforma se establece que los Congresos locales no podrán superar el 0.70 por ciento del presupuesto total del estado, por lo que, en algunos casos, deberán reducir sus gastos. Sin embargo, analistas alertan que lejos de reducir los gastos personales de los diputados, como viáticos, asesores y prerrogativas, los ajustes podrán recaer en los Órganos Superiores de Fiscalización y las Auditorías Superiores de los Estados, encargados de revisar en qué se gasta el dinero público.
No habrá nuevo
Estos organismos, que forman parte de los poderes legislativos se encargan de auditar las Cuentas Públicas de los gobiernos estatales y municipales, los organismos descentralizados, así como los fideicomisos y entidades que manejan recursos públicos a nivel estatal.
Natalia Campos, coordinadora del área de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reconoce que este es uno de los rubros históricamente más castigados en la asignación de recursos.
“Lo que el IMCO encuentra o el hallazgo principal es que se destina muy poco porcentaje del total del presupuesto destinado al poder legislativo. En 10 estados menos del 20 por ciento se destina a auditorías estatales.
“El gasto destinado a esta función tan importante, puesto que es muy bajo como proporción del gasto total del legislativo y esto no solo tiene consecuencias muy importantes en el resultado de la fiscalización, también en la profesionalización y en las capacidades institucionales para revisar el gasto estatal”, expuso.
Pero cumplir con esta tarea enfrenta desafíos en aquellos
impuesto
a millonarios por el momento
La presidenta explicó que el país ya tiene un esquema de progresividad en el que quienes más recursos tienen, pagan más
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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó por el momento se vaya a impulsar una reforma fiscal que cobre más impuestos a los que más tienen, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que quienes tienen más, contribuyan más.
“Hay que analizar, por el momento no lo tenemos como parte de una reforma fiscal mayor, lo que hemos estado haciendo es actualizar esencialmente lo que se paga. El solo hecho de que ya no se con-
done, ya distribuye la riqueza”, dijo este martes.
De acuerdo con el Observatorio Fiscal Internacional (ITO, por sus siglas en inglés), México sería uno de los países que más ingresos generaría al fijar un impuesto mínimo sobre la riqueza extrema, debido al número de millonarios que hay en el país, pero también porque son los que más patrimonio acumulan en Latinoamérica.
Al respecto, la presidenta explicó que el país ya tiene un esquema de progresividad en el que quienes más recursos tienen, pagan más.
“México tiene una estructura de impuestos, con excepción de algunos de ellos, en donde se cobra más a quien más tiene. El presidente (Andrés Manuel) López Obrador hizo algo muy importante que fue
no permitir la condonación de impuestos por parte del SAT. Particularmente, el Impuesto Sobre la Renta paga más quien más tiene y hay una estructura de deducibilidad, que es en la que se fija mucho el SAT, que no se vaya a deducir cosas que no son o que se ponga como pérdida lo que no es pérdida”, afirmó.
Esta nueva política de cobro de impuestos y no de no condonación permite, agregó, elevar el ingreso para el país, por lo que poner impuestos a grandes riquezas es un asunto que se debe analizar.
“Si hay que poner un impuesto especial a las grandes fortunas es algo que en todo caso se debe analizar en nuestro país, pero lo cierto es que es histórico lo que se ha hecho con la ‘Cuarta Transformación’
EL REPARTO DE financiamiento es inequitativo. (FOTO: CORTESÍA)
estados donde la asignación de recursos es apenas una mínima proporción, como Durango y Morelos. En estas entidades, la fiscalización solo recibe siete y nueve centavos de cada peso gastado por el Poder Legislativo, según los datos del IMCO.
“Vale la pena poner sobre la mesa la discusión del presupuesto, porque no solo los congresos se llevan la mayor parte. Está todo este universo de auditorías estatales que reciben muy poco presupuesto, no tienen las capacidades y no están cumpliendo su función”, indicó la experta.
Estas instituciones son clave en la revisión de políticas públicas y la transparencia, y forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización (ASF), un andamiaje enfocado en prevenir, detectar y combatir la corrupción en el manejo de los recursos de manera coordinada entre federación y estados, pero que está inactivo desde hace años. El reparto de recursos a los órganos de fiscalización en las entidades en la mayor parte de los casos es inequitativo. Así lo demuestra el Informe Legislativo del IMCO 2023.
DEJÓ ABIERTA la posibilidad de que puedan contribuir más. (FOTO: CORTESÍA)
en el sentido que se dejó de condonar impuestos a las grandes fortunas dado que es inconstitucional hacerlo”, indicó. Comentó que esa política permite al país elevar el ingreso en México a seis billones de pesos. “Aquí vamos a presentar con la Secretaría de Hacienda cómo se distribuyen esos seis billones. De
esos seis billones, va de regreso a la gente de manera directa con los programas de Bienestar, un billón”, dijo.
La mandataria federal expuso que hay tres elementos que ayudan a combatir la desigualdad en el país: el aumento al salario mínimo, los programas de Bienestar y el dejar de condonar impuestos.
Leonardo Valdés
Avanza el relevo en el INE entre perfiles bajo la lupa
La lista de 100 aspirantes que pasarán a entrevistas mantuvo en la contienda a perfiles señalados por su cercanía con Morena, Guadalupe Taddei o el Tribunal Electoral
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El proceso para designar a los próximos tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) avanza entre polémicas y críticas. Este lunes quedó definida la lista de 100 aspirantes que pasarán a la fase de entrevistas, en una etapa marcada por cuestionamientos, puesto que entre quienes siguen en la contienda hay perfiles señalados por su cercanía con Morena, con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, o con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), mientras otros aspirantes con mayor trayectoria en la materia quedaron fuera.
México, cargo al que llegó por designación de la presidenta.
Pidieron máxima publicidad para transparentar currículums, ensayos, manifestaciones de intención y calificaciones de la fase de idoneidad
De 171 aspirantes que habían superado el examen, solo 100 siguieron en la carrera. Las entrevistas serán públicas y se realizarán de este martes al jueves 16 de abril, antes de que el comité integre las quintetas que serán enviadas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
La publicación de la lista no cerró la polémica. Por el contrario, mantiene bajo la lupa a varios perfiles que ya habían sido señalados por sus vínculos políticos o institucionales, en un relevo clave para el órgano encargado de organizar las elecciones y vigilar el cumplimiento de las reglas electorales.
Dos casos retratan buena parte de esa discusión: los de Arturo Manuel Chávez López y María del Carmen Alanís.
Arturo Manuel Chávez López avanzó a la fase de entrevistas después de obtener 99 aciertos de 100 en el examen, uno de los puntajes más altos del proceso. El punto que volvió polémico su pase es que no tiene trayectoria electoral pública documentada.
Su nombre quedó bajo la lupa por su cercanía con Claudia Sheinbaum. Fue colaborador suyo cuando gobernó Tlalpan, después fue su asesor en Regulación y Políticas Públicas cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México y más tarde ocupó un cargo en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Hoy es director de Talleres Gráficos de
Del otro lado quedó María del Carmen Alanís, y su exclusión hizo más visible ese contraste. Alanís fue magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde 2006 y fue la primera mujer en presidir ese órgano, entre 2007 y 2011. Aun con esa trayectoria, no apareció en la lista de 100 aspirantes que seguirán en la contienda.
No fue el único caso. Erika Estrada Ruiz, actual consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), tampoco pasó a entrevistas, pese a que su propia semblanza curricular señala que tiene más de 17 años de trayectoria en materia electoral. Con esas exclusiones, crecieron las dudas sobre el peso que tuvo la trayectoria electoral en esta fase de selección.
Otro de los nombres que avanzó fue Bernardo Valle Monroy. También obtuvo 99 aciertos de 100 en el examen. A diferencia de Arturo Chávez, Valle sí tiene trayectoria electoral, puesto que fue consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), sin embargo, está bajo observación por señalamientos sobre su cercanía con la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum y por sus decisiones durante su paso por el instituto capitalino, que la oposición consideró alineadas con el oficialismo.
También siguió en la contienda César Ernesto Ramos Mega, actual consejero del IECM, quien obtuvo 98 aciertos de 100. Su caso
es cuestionado porque, al igual que Bernardo Valle, ha sido señalado por sus votaciones en el instituto capitalino en asuntos vinculados con la reforma electoral local. Las controversias no se agotan ahí. Entre los 100 perfiles que siguen en la carrera aparecen Juan Manuel Vázquez Barajas, director jurídico del INE, y Roberto Félix López, encargado de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, ambos señalados en medios como cercanos a Guadalupe Taddei. En contraste, Flavio Cienfuegos Valencia, exjefe de oficina de la consejera presidenta, quedó fuera.
Lo que está en juego no es menor. Las tres personas que resulten electas llegarán al Consejo General del INE, el órgano encargado de organizar las elecciones federales, vigilar que se cumplan las reglas y tomar decisiones que impactan de forma directa en la competencia entre partidos y gobiernos. Por eso, en esta designación no solo importa quién sacó más puntos, sino si quienes avanzan ofrecen garantías de autonomía e independencia.
A esas dudas sobre los perfiles se sumaron nuevos cuestionamientos al proceso. El Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE), integrado por organizaciones como México Evalúa, Práctica, Disentir y Laboratorio Electoral, advirtió que los plazos han sido demasiado breves y que la convocatoria se emitió tarde, lo que podría afectar la calidad de la revisión de perfiles y la confianza ciudadana en el resultado.
También pidió máxima publicidad para transparentar currículums, ensayos, manifestaciones de intención y calificaciones de la fase de idoneidad.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados ya comenzó a aumentar la tensión. El diputado del PAN Héctor Saúl Téllez acusó en redes sociales que el acuerdo del Comité Técnico es inválido y arbitrario, dado que no explica por qué avanzaron esas 100 personas y no otras, ni publica los puntajes individuales de la fase de idoneidad.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, advirtió en conferencia que una eventual filtración del examen “sería brutal” en términos institucionales y democráticos, mientras que Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, evitó entrar al fondo de esas sospechas y dijo confiar en la autonomía y el profesionalismo del comité.
Con ese telón de fondo, el proceso entra ahora a su fase más visible. A partir de este día comenzarán las entrevistas públicas y, una vez concluidas, el Comité Técnico deberá integrar las quintetas que serán enviadas a la Jucopo de la Cámara de Diputados, mientras el pleno tendrá hasta el 22 de abril para votar las tres consejerías. La discusión ya no se trata solo de quiénes pasan, sino qué tipo de consejero electoral se está perfilando para estar en el INE los próximos nueve años.
ABRE UNA brecha que ahuyenta inversiones. (FOTO: CORTESÍA)
LUCES
Cuando una estudiante universitaria esperanzada e ingenua, Devon, le pide a la fría y segura Celeste que sea su compañera de cuarto, una amistad floreciente se convierte en una guerra pasivo agresiva
COMEDIA
PORTAVOZ/STAFF
Netflix ha lanzado el tráiler oficial de Compañeras de cuarto (Roommates), una comedia juvenil que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de la temporada. La película, producida por Adam
Sandler, marca el debut protagónico de su hija Sadie Sandler, quien comparte pantalla con Chloe East en una historia que mezcla humor, amistad y rivalidad.
El proyecto, dirigido por Chandler Levack, reconocida por su película I Like Movies (2022), se estrenará en la plataforma el 17 de abril de 2026. Con un elenco que combina jóvenes promesas y figuras consagradas de la comedia, la cinta busca captar tanto a la audiencia juvenil como a los seguidores de las producciones de Sandler.
¿DE QUÉ TRATA?
La trama sigue a Devon, una estudiante ingenua y optimista que inicia su primer año universitario. Al pedirle a la segura y carismática Celeste que sea su compañera de cuarto, lo que comienza como una amistad floreciente pronto se transforma en una guerra de agresividad pasiva. La película explora cómo las dinámicas de convivencia pueden convertirse en un campo de batalla emocional, con situaciones cómicas y tensiones que reflejan la vida universitaria.
¿QUIÉNES PROTAGONIZAN LA PELÍCULA?
El reparto está encabezado por Sadie Sandler y Chloe East, pero incluye también a figuras reconocidas como Sarah Sherman, Natasha Lyonne, Nick Kroll, Storm Reid, Bailee Madison, Carol Kane, Janeane Garofalo y Josh Segarra. Esta mezcla de talentos jóvenes y veteranos
asegura un equilibrio entre frescura y experiencia en la comedia.
¿CUÁNDO SE ESTRENA?
La película estará disponible en la plataforma a partir del 17 de abril de 2026, fecha confirmada por Netflix Latinoamérica en sus redes sociales. El tráiler ya ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes esperan ver cómo se desarrolla la historia y qué tan fuerte será el debut de
Sadie Sandler como protagonista. Compañeras de cuarto llega como una propuesta fresca dentro del catálogo de Netflix, con una historia que mezcla humor, amistad y rivalidad en el contexto universitario. Con la dirección de Chandler Levack, un guion firmado por talentos de Saturday Night Live y un elenco que combina juventud y experiencia, la película promete ser uno de los estrenos más comentados de abril.
PROMETE SER UNO de los estrenos más comentados de abril. (FOTOS: CORTESÍA)
LA PRENSA AYER
#¿SabíasQué? Un día como hoy, pero de 1817, desembarcó en Soto la Marina, hoy Tamaulipas, Francisco Xavier Mina, liberal español que luchó por la Independencia de México.
MUNDO “
RESIDENCIA
Para mandar hay que estar informadas, aprender y estar preparadas”
Eiza González
Gobierno español regularizará a medio millón de migrantes
El presidente Sánchez aseguró que esta medida es un acto de “normalización”
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EDeben estar en el país desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de estancia de forma ininterrumpida, además de no tener antecedentes penales
l Gobierno español aprobó una regularización extraordinaria de migrantes que prevé dar permiso de residencia y trabajo en España a alrededor de medio millón de personas que ya están en el país, defendida por el presidente Pedro Sánchez como un acto de justicia y de necesidad, y rechazada por la derecha y la ultraderecha.
Esta medida era demandada por un gran número de ONG y es apoyada por la iglesia Católica y los empresarios.
La regularización reconoce derechos a ciudadanos que ya viven en España, que ya “están aportando a la prosperidad y a la cohesión” del país, afirmó este martes Sánchez en una rueda de prensa en Pekín, donde está de viaje oficial.
Para beneficiarse de la regularización, los migrantres deben estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida, además de no tener antecedentes penales, entre otras condiciones que deben cumplir.
Las personas que quieran regularizar su situación podrán solicitarlo a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque hasta el día 20 no podrán acudir en persona a forma-
lizar su petición, señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos “a lo largo de todo el territorio”,
Merz prepara reunión para reactivar paz en Ucrania
El canciller alemán impulsará nueva reunión con EE. UU., Ucrania y Europa para reactivar las negociaciones
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El canciller alemán, Friedrich Merz, adelantó este martes que prepara una nueva reunión de europeos, ucranianos y estadounidenses para tratar de dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz, suspendidas desde que EE. UU. e Israel lanzaran a finales de febrero sus ataques contra Irán y que, aún con un alto el fuego temporal en vigor,
no se han retomado aún.
“Actualmente estamos organizando otra reunión, también a nivel de asesores de seguridad nacional. Invitamos a la parte estadounidense, como siempre, a participar”, señaló Merz en una rueda de prensa en Berlín tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que, sin embargo, no reveló cuántos países estarán invitados a la cita.
El canciller dijo que su intención es “intensificar aún más” las conversaciones en el seno de la UE para reactivar no solo las negociaciones tras estar el foco de EE. UU. y también de Europa en Oriente Medio durante el último mes, y
también para hacer oír la voz del Viejo Continente una vez restablecida la mesa de negociación para tratar de lograr un alto el fuego en Ucrania.
Merz se mostró “firmemente convencido de que no habrá acuerdos con Rusia a espaldas de los europeos” y que la Administración de Donald Trump, que intenta mediar entre Ucrania y Rusia, “lo sabe”.
“Si quiere la firma de Europa en cualquier acuerdo -y esa firma es necesaria, porque Europa debe ser parte del proceso y también del acuerdo de paz-, entonces Europa tiene que estar presente”, dijo.
El canciller recalcó que Alemania tiene que estar en la mesa
según Saiz, para recibir las solicitudes hasta el próximo 30 de junio, y la intención del Gobierno es dar respuesta a todas las peticiones en dos meses y medio, vengan de donde vengan.
como “el mayor apoyo a Ucrania desde el año pasado”. Zelenski se pronunció en el mismo sentido, al subrayar la importancia de que Europa, como el mayor donante en la lucha de Ucrania contra la agresión rusa, participe en las negociaciones.
“Sin embargo, Rusia sigue
cando motivos para no poner
a las
y esa es
de las
por las que un formato de negociación de este tipo aún no funciona”, señaló Zelenski.
bus-
fin
hostilidades,
una
principales razones
ES DEFENDIDA como un acto de justicia y necesidad. (FOTO: CORTESÍA)
MANTIENEN UN alto al fuego temporal. (FOTO: CORTESÍA)
HASTA ATRÁS
Propone Jovannie Ibarra tipificar el “terror social” como un delito
La iniciativa busca restringir herramientas que facilitan ese reclutamiento, y dar facultades a las autoridades para prevenirlo
Estados con más agentes
Cinco demarcaciones territoriales concentraron la mayor parte de los homicidios de miembros policiacos
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Museo del Infierno
Es un extenso complejo de esculturas, senderos arbolados y exposiciones centradas en las creencias budistas
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MARCO JURÍDICO
Págs. 12-13
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