JULIO

Contratos por adjudicación directa.

GENERAL DATACOMM DE MÉXICO

$197,200,000

VANESSA LIZETH VARGAS FLORES

$126,831,802 $58,137,459

CONSTRUCTURA IIAFER $44,226,142

F. MEDICAL

$37,500,000

no suelen garantizar que estamos obteniendo la mejor calidad de servicios, de productos, de obras al mejor precio”, alertó Pablo Montes, coordinador del área Anticorrupción del Imco.

“Es lamentablemente una tendencia que estamos viendo en muchos lugares, pero que deberíamos de estar viendo cómo revertir”, consideró.

Montos faraónicos

Los Servicios Estatales de Salud y la Secretaría de Salud realizaron compras directas millonarias a las empresas y personas físicas.

El 64 por ciento de los contratos en el sector Salud fueron suscritos bajo el procedimiento de adjudicación directa y el 49 por ciento registró montos superiores al millón de pesos.

Lo anterior contradice los Artículos 19 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, que privilegian la licitación pública en adquisiciones de bienes y servicios y enfatiza que la fi gura de adjudicación directa sólo debe ser usada en situaciones extraordinarias.

De acuerdo con los artículos 32 y 33 de esta ley, se prevé la adjudicación directa en situaciones de seguridad pública, para salvaguardar la integridad del Estado, cuando haya compras con campesinos o grupos marginados, en caso de obras de arte, patentes, derechos de autor y exclusivos.

Montes advirtió que el Gobierno de Quintana Roo no se apega a la ley para usar la fi gura de adjudicación directa sólo en situaciones que lo ameriten.

“Si se está utilizando con tanta frecuencia, lo más seguro es que no se esté limitando a ciertas situaciones excepcionales. Y el problema de las adjudicaciones directas son dos: el primero, que al no haber competencia, la decisión de quién gana el contrato suele ser un poco más discrecional (de los recursos públicos), no en todos los casos se hace uso discrecional, pero es más fácil hacerlo en la adjudicación directa, por eso el riesgo es mayor… puede ser un terreno fértil”, alertó.

“Segundo, al no poner a competir a las empresas, incluso si no hay uso discrecional de los recursos, no tenemos la garantía de que estamos obteniendo la mejor calidad al mejor precio.

“Entonces, es evitar en la medida de lo posible las adjudicaciones directas y facilitar la licitación pública, muchas veces no se hacen licitaciones públicas porque son tardadas, pero eso habla más de una mala planeación”, señaló.

El académico de Estudios Anticorrupción en la International Anti-Corruption Academy (IACA) de Viena explicó que las compras directas no deben exceder el 30 por ciento del gasto público.

La falta de concurso limita la calidad en los servicios que contrate el Gobierno, considera experto. (Mario Hernández)

Las más beneficiadas

La contratación directa más alta registrada en el sector Salud fue con la empresa General Datacomm de México, por 197 millones 200 mil pesos, de acuerdo con el contrato SESADA-AD-021-2019, suscrito en el primer trimestre de ese año.

Vanessa Lizeth Vargas Flores es otra proveedora benefi ciada con este esquema en el sector Salud estatal. En 2020 recibió cinco adjudicaciones que juntas suman 207 millones 105 mil 77 pesos. La ley prevé la adjudicación directa en situaciones de seguridad pública, para salvaguardar la integridad del Estado.

Además, obtuvo el contrato con el segundo monto más alto reportado bajo este procedimiento, por 126 millones 831 mil 802 pesos; sin embargo, incumplió con la colocación de las carpas móviles que debían colocarse afuera del Hospital General “Jesús Kumate” en Cancún y el Oncológico de Chetumal, para la atención de pacientes de COVID-19, de acuerdo con medios de comunicación.

Vargas Flores es también esposa de José Luis Brizuela, conocido con el alias de “El Venezolano”, quien, según medios de comunicación, es amigo del Gobernador.

La constructora Iiafer obtuvo un contrato por 44 millones 226 mil 142 pesos. Esta empresa fue señalada por estar vinculada con Brizuela Guevara.

En tanto, la empresa F Medical recibió 37 millones 500 mil pesos en el verano pasado y Biodist fi rmó por 31 millones 864 mil 856 pesos en 2018.

La mayor parte de las compras directas se realizaron en 2020, cuando el Gobierno de México declaró la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, lo que favoreció a las adquisiciones bajo este procedimiento.

Niegan contratos

El Gobierno de Quintana Roo no publicó el gasto público erogado en el sector Salud en 2017 en la PNT, justo el primer año de la administración de Joaquín González.

Durante esta investigación, Por Esto! solicitó las copias digitales de los contratos y las ampliaciones de los mismos, suscritos durante la administración actual; sin embargo, después de tres meses de espera, Servicios Estatales de Salud y la Secretaría de Salud negaron la información pública requerida vía Sistema Infomex.

Montes consideró en entrevista que es preocupante que las dependencias a cargo de la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, no respondan las solicitudes de información relacionadas con las compras en el sector.

“¿Y por qué no tienen esas cifras y esos contratos en formato mucho más fácil? Los datos de compra pública son una obligación común de transparencia, deberían estar publicados en plataformas y, es más, el propio Gobierno (de Quintana Roo) debería tener estas cifras a la mano, con herramientas tecnológicas”, criticó.

Esto también “habla de una opacidad constante y que no se tenga a disposición de la ciudadanía implica además un atraso tecnológico en las compras.

“Si se tiene atraso tecnológico, puede que ni el Gobierno tenga los datos a la mano, eso sería lo más preocupante, porque si no se tienen a la mano esas cifras, de cuánto hemos comprado hasta la fecha, bajo qué procedimientos, a quién; es decir, cifras de inteligencia de mercado, puede detonar en una mala política de compra y una mala planeación”, expuso.