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COMPENDIO DE

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

os jueves hábiles se reseñan algunas tesis aisladas y jurisprudencias federales por: contradicción, reiteración y precedentes; tanto sustantivas como adjetivas, seleccionadas en la medida que involucran la actividad jurisdiccional laboral. Así, se anotan en una gráfica: el número de registro, el tipo de resolución, su voz y los preceptos legales que se interpretan; construyendo un instrumento que facilita la actividad del usuario del derecho que, muchas veces, por la rapidez que exige la praxis, cuenta con poco tiempo para el escrutinio tardado. Adicionalmente, al final del boletín, se trascriben los criterios completos publicados digitalmente en el semanario judicial de la federación de la suprema corte de justicia mexicana.

21 de febrero de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2029948

Jurisprudencia (Laboral)

2029964

Jurisprudencia (Laboral)

2029968

Jurisprudencia (Laboral)

Artículos que impactan

Competencia por razón de materia. 527 fracción Corresponde a los tribunales laborales II, inciso 1 y federales de asuntos individuales conocer 899-A, primer del juicio contra una administradora de párrafo fondos para el retiro (AFORE), en el que se demanda la entrega de los rendimientos o de la Ley intereses que debieron generar las Federal del cantidades depositadas en la cuenta Trabajo individual del sistema de ahorro para el retiro de una persona pensionada durante su vida laboral. Pensión por viudez. Documentos que 899-C fracción deben acompañarse a la demanda, en VI de la Ley términos del artículo 899-C, fracción VI, de Federal del la ley federal del trabajo. Trabajo Procedimiento especial colectivo promovido por un sindicato minoritario. Es innecesario reponerlo para que el sindicato mayoritario participe como litisconsorte, si se advierte que se respetó su derecho al debido proceso al haber comparecido como tercero interesado.

690 de la Ley Federal del Trabajo

Undécima Época Registro: 2029948 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 21 de febrero de 2025 10:23 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T. J/23 L (11a.)

Competencia por razón de materia. Corresponde a los tribunales laborales federales de asuntos individuales conocer del juicio contra una administradora de fondos para el retiro (AFORE), en el que se demanda la entrega de los rendimientos o intereses que debieron generar las cantidades depositadas en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro de una

persona

pensionada

durante

vida

laboral.

Hechos: Personas pensionadas demandaron en la vía laboral de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), los rendimientos o intereses que debieron generar las aportaciones en su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro durante su vida laboral en activo. El Tribunal Laboral que previno en el conocimiento del asunto, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda por razón de la materia, al estimar que el competente para conocerla era un Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal que ejerciera jurisdicción en la propia ciudad; éste no aceptó la competencia

declinada, al considerar que el competente era el Juez laboral que previno en su conocimiento. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la competencia por razón de la materia para conocer del juicio contra una Administradora de Fondos para el Retiro, en el que se demanda la entrega de los rendimientos o intereses que debieron generar las cantidades depositadas en la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro de una persona pensionada durante su vida laboral, corresponde a los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales. Justificación: De los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 527, fracción II, inciso 1, y 899-A, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, se advierte, por una parte, que serán de la competencia laboral y federal, los asuntos relativos a empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal y, por otra, que los tribunales laborales son competentes para conocer de los conflictos individuales de seguridad social que tengan por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del seguro social, que deban cubrir las Administradoras de Fondos para el Retiro. En ese tenor, si la naturaleza de la prestación demandada involucra a órganos administrados en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal (Afores), así como el pago de los rendimientos o intereses que debieron generar las cuotas y aportaciones depositadas en la cuenta individual de ahorro para el retiro de los trabajadores que aquéllas tienen obligación de administrar, los cuales no pueden desvincularse de los recursos que son depositados en dichas cuentas, acorde con el artículo 18, fracciones I a

III de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y el diverso numeral 159, fracción I, de la Ley del Seguro Social, es inconcuso que la aludida prestación es de naturaleza laboral, por lo que la competencia para conocer de tal reclamo se actualiza a favor de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Conflicto competencial 32/2024. Suscitado entre el Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, ambos con sede en Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave. 28 de noviembre de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Arturo Navarro Plata. Conflicto competencial 39/2024. Suscitado entre el Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, ambos con sede en Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave. 28 de noviembre de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Víctor Hugo Millán Escalera. Conflicto competencial 29/2024. Suscitado entre el Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, ambos con sede en Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave. 28 de noviembre de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo Eduardo Serrano Ruiz. Secretario: Ismael Martínez Reyes. Conflicto competencial 102/2024. Suscitado entre el Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, ambos con sede en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 28 de

noviembre de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo Eduardo Serrano Ruiz. Secretario: José Vega Luna. Conflicto competencial 33/2024. Suscitado entre el Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, ambos con sede en Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave. 5 de diciembre de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo Eduardo Serrano Ruiz. Secretario: Juan Manuel Jiménez Jiménez. Nota: El criterio contenido en esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 133/2024, pendiente de resolverse por la Segunda Sala.

Undécima Época Registro: 2029964 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 21 de febrero de 2025 10:23 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/35 L (11a.)

Pensión por viudez. Documentos que deben acompañarse a la demanda, en términos del artículo 899-C, fracción VI, de la ley federal del trabajo.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si cuando se demanda una pensión por viudez debe exhibirse la resolución de otorgamiento o, en su caso, la negativa de tal pensión. Mientras que uno sostuvo que dicha solicitud no puede ser exigible a quien se ostenta como beneficiaria, pues es evidente que no podía ser otorgada una pensión por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin tener previamente tal carácter, que es justamente para lo que se promovió el conflicto individual de seguridad social; el otro indicó que en cumplimiento al artículo referido, la persona accionante al acudir ante el órgano jurisdiccional debe exhibir esa constancia, o bien, la solicitud que contenga los datos de que fue recibida por el Instituto y pueda advertirse que éste no le dio respuesta, ya que se trata de un requisito propio y necesario para la procedencia de la acción. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que

cuando se demande el otorgamiento de una pensión por viudez es necesario exhibir la resolución de otorgamiento o negativa, o en su defecto, la solicitud correspondiente, cuando el IMSS no otorgue una respuesta en el plazo razonable de 3 meses. Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2023 (11a.) y 2a./J. 42/2023 (11a.), determinó que si el actor omite presentar la constancia de otorgamiento o negativa de pensión a que se refiere el artículo 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo o, en su defecto, la solicitud de pensión respectiva, ello trae como consecuencia que no esté adecuadamente integrada la litis, lo que conduce a la improcedencia de la acción intentada. No obstante que ese criterio tuvo origen en un juicio en el que se demandó una pensión por vejez, las razones que sostuvo la Segunda Sala son aplicables a los juicios en los que se demande una pensión por viudez. Por tanto, cuando se demanda el otorgamiento de una pensión por viudez es necesario exhibir la resolución de otorgamiento o negativa, o en su defecto, la solicitud respectiva, cuando el IMSS no otorga una respuesta en el plazo razonable de 3 meses. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Contradicción de criterios 140/2024. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Octavo y Décimo Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 4 de diciembre de 2024. Tres votos de las Magistradas María Enriqueta Fernández Haggar y Guadalupe Madrigal Bueno, y del Magistrado

Héctor Lara González. Ponente: Magistrado Héctor Lara González. Secretaria: Laura Olivia Sánchez Aguirre. Tesis y/o criterios contendientes: El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1008/2022, del cual derivó la tesis aislada I.13o.T.10 L (11a.), de rubro: "PENSIÓN POR VIUDEZ. PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN RELATIVA ES NECESARIO EXHIBIR LA RESOLUCIÓN DE SU OTORGAMIENTO O NEGATIVA O, EN SU CASO,

ACOMPAÑAR

SOLICITUD

PENSIÓN

CORRESPONDIENTE, CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO OTORGUE RESPUESTA EN EL PLAZO RAZONABLE DE 3 MESES [APLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 36/2023 (11a.)].", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de diciembre de 2023 a las 10:27 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 32, Tomo IV, diciembre de 2023, página 4059, con número de registro digital: 2027872, y El sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1093/2023. Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2023 (11a.) y 2a./J. 42/2023 (11a.) citadas, aparecen publicadas con los rubros: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 899-C, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,

NECESARIO

EXHIBIR

RESOLUCIÓN

OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN O, EN SU CASO, ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PENSIÓN RESPECTIVA CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO OTORGUE UNA RESPUESTA EN EL PLAZO RAZONABLE DE TRES MESES." y "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LA CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE PENSIÓN

RESPECTIVA,

TRAE

COMO

CONSECUENCIA

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.", en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 16 de junio de 2023 a las 10:22 horas y 23 de junio de 2023 a las 10:29 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 26, Tomo V, junio de 2023, páginas 4152 y 4195, con números de registro digital: 2026696 y 2026747, respectivamente. De la sentencia que recayó al amparo directo 1093/2023, resuelto por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, derivó la tesis aislada I.8o.T.29 L (11a.), de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PENSIÓN POR VIUDEZ, LA EXHIBICIÓN DE LA CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN, NO CONSTITUYE UNO DE LOS ELEMENTOS QUE SE DEBA SATISFACER PARA SU OTORGAMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2024 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 44, diciembre de 2024, Tomo I, Volumen 1, página 928, con número de registro digital: 2029676.

Esta tesis se aparta del criterio sostenido por el propio Pleno Regional en su anterior denominación en la diversa PR.L.CS. J/11 L (11a.), de rubro: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LA CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN, PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de abril de 2023 a las 10:25 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 24, Tomo III, abril de 2023, página 2102, con número de registro digital: 2026329.

Undécima Época Registro: 2029968 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 21 de febrero de 2025 10:23 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/36 L (11a.)

Procedimiento especial colectivo promovido por un sindicato minoritario. Es innecesario reponerlo para que el sindicato mayoritario participe como litisconsorte, si se advierte que se respetó su derecho al debido proceso al haber

comparecido

como

tercero

interesado.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si se actualiza una violación al procedimiento laboral que amerite su reposición, cuando el sindicato minoritario demanda la aplicación a su favor de diversas cláusulas del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el patrón y el sindicato mayoritario titular de dicho pacto y, a este último, se le llamó a juicio con el carácter de tercero interesado y no como demandado. Mientras que uno resolvió que debía reponerse el procedimiento al configurarse un litisconsorcio pasivo necesario, el otro sostuvo que es suficiente tenerlo como tercero interesado, al haberse colmado sus derechos de audiencia y de defensa. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es innecesario reponer el procedimiento especial colectivo promovido por un

sindicato minoritario para que el mayoritario participe como litisconsorte, si se advierte que se respetó su derecho al debido proceso al haber comparecido como tercero interesado. Justificación: El artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo autoriza la intervención en el procedimiento laboral del tercero que tenga interés jurídico, ya sea compareciendo de manera espontánea o conforme al llamamiento que realice la autoridad. Su situación es autónoma de las partes, pues una vez que participa en el juicio con todas las formalidades que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda sujeto a lo que se resuelva. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2010, determinó que no sólo las partes formalmente reconocidas pueden ser afectadas por el laudo dictado en un juicio laboral, sino también otras personas (terceros interesados), quienes quedan obligados a acatarlo. Cuando se acredite que el sindicato tercero interesado participó activamente en el juicio ejerciendo su derecho al debido proceso, teniendo la oportunidad de oponer excepciones y ofrecer pruebas, debe considerarse que la relación jurídico procesal se integró debidamente. Así, es innecesario reponer el procedimiento, al haberse respetado sus derechos de audiencia y de defensa. Lo anterior es acorde con el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita, tutelado en el artículo 17 constitucional, ya que evita reposiciones innecesarias y privilegia la solución de fondo sobre formalismos procedimentales.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Contradicción de criterios 125/2024. Entre los sustentados por el Décimo Cuarto y el Décimo Sexto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 10 de diciembre de 2024. Mayoría de dos votos de la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar y del Magistrado Héctor Lara González. Disidente: Magistrada Guadalupe Madrigal Bueno, quien formuló voto particular. Ponente: Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar. Secretario: Luis Omar García Morales. Tesis y/o criterios contendientes: El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 244/2023, el cual dio origen a la tesis aislada I.14o.T.27 L (11a.), de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL COLECTIVO. SE ACTUALIZA CUANDO UN SINDICATO MINORITARIO DEMANDA LA APLICACIÓN

DIVERSAS

CLÁUSULAS

DEL

CONTRATO

COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL PATRÓN Y EL SINDICATO MAYORITARIO, POR LO QUE ESTE ÚLTIMO DEBE SER LLAMADO

COMO

DEMANDADO

COMO

TERCERO

INTERESADO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de noviembre de 2023 a las 10:35 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 31, Tomo V, noviembre de 2023, página 4724, con número de registro digital: 2027695, y

El sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1005/2023. Nota: La ejecutoria relativa a la solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 1288, con número de registro digital: 22361.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

28 de febrero de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2030002

Aislada (Laboral)

Artículos que impactan

Constancia de no conciliación prejudicial. El error en la fecha del conflicto no afecta su eficacia como requisito de procedibilidad de la demanda laboral.

872 apartado B, fracción I de la ley federal del trabajo

2030013

Aislada (Laboral)

Procedimiento de conciliación prejudicial. Es innecesario agotarlo cuando se demandan concomitantemente la designación de beneficiarios de un trabajador fallecido y el pago de cualquier prestación de índole laboral.

685 ter, fracción II de la ley federal del trabajo

Undécima Época Registro: 2030002 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 28 de febrero de 2025 10:30 horas Materia(s): Laboral Tesis: II.1o.T.6 L (11a.)

Constancia de no conciliación prejudicial. El error en la fecha del conflicto no afecta su eficacia como requisito de procedibilidad de la demanda laboral.

Hechos: Una persona trabajadora demandó su reinstalación y otras prestaciones con motivo de la conclusión de la relación laboral. El tribunal de la materia consideró que la constancia de no conciliación exhibida era ineficaz para cumplir el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 872, apartado B, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, pues la fecha del conflicto que aparecía en ese documento no correspondía con las pretensiones de la demanda. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el error en la fecha del conflicto no afecta la eficacia de la constancia de no conciliación prejudicial, como requisito de procedibilidad de la demanda laboral.

Justificación: La constancia de no conciliación expedida por el Centro de Conciliación hace prueba suficiente sobre el cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en la ley, con independencia del error que pudiera presentar en la fecha del conflicto, pues éste no es un elemento esencial sobre la falta de conciliación, sino un aspecto que, en su caso, será materia de prueba en el juicio. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 91/2023. 6 de junio de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Breyman Labastida Martínez. Secretaria: Maricruz García Enríquez.

Undécima Época Registro: 2030013 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 28 de febrero de 2025 10:30 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. 6 L (11a.)

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si cuando se demanda la designación de beneficiarios de un extinto trabajador, así como la entrega de los recursos de su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro y/o el pago de prestaciones que derivaron del vínculo laboral, se surte el supuesto de excepción previsto en la fracción II del artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es innecesario agotar el procedimiento conciliatorio prejudicial cuando se demandan concomitantemente la designación de beneficiarios de un trabajador fallecido y el pago de cualquier prestación derivada del vínculo de trabajo. Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 391/2023, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 58/2024 (11a.), de rubro: "PROCEDIMIENTO DE

CONCILIACIÓN CUANDO

DESIGNACIÓN

PREJUDICIAL. DEMANDAN DE

ÚNICA

INNECESARIO Y

BENEFICIARIOS

AGOTARLO

CONJUNTAMENTE DE

UNA

PERSONA

TRABAJADORA FALLECIDA Y LA ENTREGA DEL SALDO DE SU CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.", determinó que la fracción II del artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo exceptúa de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a la designación de beneficiarios de una persona trabajadora fallecida, lo que incluye tanto la solicitud de declaración como el pago de las prestaciones laborales, porque ambas constituyen una unidad. Al referirse a prestaciones laborales, no sólo se alude a la devolución de los fondos de su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, sino también a las generadas por el de cujus en su vida laboral, como por ejemplo, indemnización constitucional, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Contradicción de criterios 165/2023. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo Sexto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito. 8 de noviembre de 2024. Tres votos de las Magistradas Guadalupe Madrigal Bueno, María Enriqueta Fernández Haggar, y del Magistrado Héctor

Lara González. Ponente: Magistrada Guadalupe Madrigal Bueno. Secretario: Alan Antonio Morán Herrera. Nota: La sentencia relativa a la contradicción de criterios 391/2023 y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2024 (11a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de agosto de 2024 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 40, agosto de 2024, Tomo II, Volumen 1, páginas 403 y 429, con números de registro digital: 32619 y 2029253, respectivamente. Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque la contradicción de criterios de la cual deriva se declaró sin materia, ya que con posterioridad a su denuncia la Segunda Sala resolvió la diversa contradicción de criterios 391/2023, que resuelve el punto jurídico a debate.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

7 de marzo de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2030038

Jurisprudencia (Laboral)

Artículos que impactan

Cosa juzgada en el juicio laboral. La 782, 841, 842, autoridad jurisdiccional debe allegarse de y 873-K, de la las pruebas necesarias para su estudio. ley federal del trabajo

2030063

2030065

Aislada (Laboral)

Pensión por incapacidad permanente parcial. Procede condenar a su incremento por el grado que resulte probado, aun cuando difiera del solicitado por el actor.

841 y 842 de la ley federal del trabajo

Pensión por viudez. Tiene derecho a ella la 152 de la ley persona que procreó hijos en matrimonio del seguro con el asegurado y luego de su divorcio social vive en concubinato con él menos de 5 años (legislación vigente hasta el 30 de junio de publicada en el 1997). D.O.F. en 1973

Undécima Época Registro: 2030038 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 7 de marzo de 2025 10:10 horas Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 3/2025 (11a.)

Cosa juzgada en el juicio laboral. La autoridad jurisdiccional debe allegarse

las

pruebas

necesarias

para

estudio.

Hechos: Distintos Tribunales Colegiados de Circuito sustentaron criterios contradictorios al pronunciarse sobre el análisis de la cosa juzgada en el juicio laboral. Mientras que unos determinaron que únicamente debía resolverse con las constancias que obraban en autos, otros resolvieron que era necesario que la autoridad laboral recabara de oficio las constancias necesarias para verificar si se actualizaba dicha figura. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se advierta la posible actualización de la cosa juzgada, la autoridad laboral debe allegarse de las pruebas necesarias para su estudio, aun cuando no hubiera sido opuesta como excepción o no se cumpla con la carga procesal de acreditarla.

Justificación: Conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 75/2019 (10a.), la autoridad laboral debe realizar el estudio oficioso de la cosa juzgada aun cuando no se haya hecho valer como excepción. Cuando en autos existan elementos que permitan advertir su existencia, con independencia de si se ofrecieron o no pruebas tendentes a acreditarla o los términos en que se realizó, la autoridad jurisdiccional debe allegarse de todas las pruebas necesarias para alcanzar la verdad de los hechos, en términos de los artículos 841 y 842, en relación con los diversos 782 y 873-K de la Ley Federal del Trabajo, pues el análisis oficioso de dicha figura debe imperar sobre cualquier formalismo, ya que es una cuestión de orden público y se constituye como un mandato establecido en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en protección de los principios de seguridad y certeza jurídicas. SEGUNDA SALA. Contradicción de criterios 158/2024. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y los Tribunales Colegiados Segundo y Noveno, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Quinto en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Tercero en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Primero en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 27 de noviembre de 2024. Mayoría de tres votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Javier Laynez Potisek. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Lenia Batres Guadarrama. Secretario: Ángel Jonathan García Romo.

Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 523/2023, 669/2023 y 709/2023, el sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 748/2023, 1141/2023, 1017/2023 y 661/2023, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 764/2022, el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 91/2023, el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 267/2023, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 1788/2022, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 409/2022, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 374/2019, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 285/2023. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 75/2019 (10a.) citada, aparece publicada con el rubro: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO LABORAL. TANTO LA AUTORIDAD LABORAL COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBEN ANALIZARLA DE OFICIO, AUN CUANDO EL DEMANDADO NO LA HAYA OPUESTO COMO EXCEPCIÓN.", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de junio de 2019 a las 10:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Tomo III, junio de 2019, página 2072, con número de registro digital: 2019995.

De la sentencia que recayó al amparo directo 764/2022, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, derivó la tesis aislada I.2o.T.14 L (11a.), de rubro: "COSA JUZGADA EN MATERIA LABORAL. LA JUNTA DEBE ALLEGARSE DE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA EL ESTUDIO DE LA EXCEPCIÓN RELATIVA, AUN CUANDO LA PARTE QUE LA OPUSO NO CUMPLA CON SU CARGA PROCESAL DE ACREDITARLA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de febrero de 2024 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Tomo V, febrero de 2024, página 4567, con número de registro digital: 2028193. Tesis de jurisprudencia 3/2025 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de ocho de enero de dos mil veinticinco.

Undécima Época Registro: 2030063 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 7 de marzo de 2025 10:10 horas Materia(s): Laboral Tesis: XXI.2o.C.T.13 L (11a.)

Pensión por incapacidad permanente parcial. Procede condenar a su incremento por el grado que resulte probado, aun cuando difiera del solicitado

por

actor.

Hechos: Una persona demandó el pago de una pensión por incapacidad permanente parcial con carácter definitivo por dos padecimientos derivados de enfermedades de tipo profesional valuadas en un 45 % de disminución orgánico funcional o, en su caso, el que resultara más favorable durante la tramitación del juicio, en sustitución de la pensión que se le venía otorgando de un 40 %. La autoridad responsable estimó la inexistencia del conflicto respecto del porcentaje de valuación del segundo padecimiento y condenó al pago de una pensión por incapacidad permanente parcial, por ambos padecimientos, valuada en un 45 % de disminución orgánico funcional; sin embargo, en el juicio de amparo directo el trabajador argumentó que de acuerdo con los dictámenes periciales, debió haberse considerado un 50 %. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se demanda el incremento de una pensión por incapacidad permanente parcial con el argumento de que para su otorgamiento no se tomó en cuenta el

porcentaje real de la incapacidad, y de autos se advierte que dicho porcentaje de disminución orgánico funcional que presenta el operario es mayor al reclamado, la Junta debe condenar al que en realidad se haya demostrado en la contienda, aun cuando no coincida con el solicitado expresamente en el escrito de demanda. Justificación: La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada de la otrora Cuarta Sala, de rubro: "INCAPACIDAD, EL TRABAJADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEÑALAR EN SU DEMANDA EL GRADO DE LA.", determinó que el trabajador no está obligado a precisar el grado de incapacidad que le resultó de un riesgo de trabajo o enfermedad profesional, sino que basta con señalar que lo que reclama es el otorgamiento de una indemnización o pensión por incapacidad para que la Junta, con base en el resultado de la prueba pericial médica determine el grado de incapacidad correspondiente. De suerte que exigir al operario la expresión específica del grado de valuación torna el laudo ilegal. En efecto, los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo imponen al órgano de trabajo la obligación de emitir sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas ni formulismos, y ser congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones de las partes. En ese sentido, si de los dictámenes médicos rendidos en el juicio se advierte que el perito tercero en discordia consideró un porcentaje mayor de disminución orgánico funcional total del trabajador, se le debe otorgar valor probatorio por ser más favorable al operario; en consecuencia, debe condenarse al pago de ese porcentaje, máxime que el trabajador solicitó que se estuviera al resultado que más le favoreciera; de lo contrario se vulneran en su perjuicio los principios de

verdad sabida y buena fe guardada, así como el de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 243/2022. Domingo Muñoz Sánchez. 8 de febrero de 2023. Unanimidad de votos. Ponente: Basilio Rojas Zimbrón. Secretaria: Gricelda Guadalupe Sánchez Guzmán. Nota: La tesis aislada citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217 a 228, Quinta Parte, página 33, con número de registro digital: 242560.

Undécima Época Registro: 2030065 Instancia: Viernes 7 de marzo de 2025 10:10 horas Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 7 de marzo de 2025 10:10 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.16o.T.28 L (11a.)

Pensión por viudez. Tiene derecho a ella la persona que procreó hijos en matrimonio con el asegurado y luego de su divorcio vive en concubinato con él menos de 5 años (legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997).

Hechos: Después de 40 años de matrimonio en el que la actora procreó dos hijos, se divorció del trabajador pensionado-jubilado (hoy extinto), con quien posteriormente vivió en concubinato por casi 3 años hasta la muerte del asegurado. La actora demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por viudez, lo cual fue negado en la contestación de demanda, bajo el argumento de que no reunía los requisitos para tener derecho a la pensión (5 años de concubinato). Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la persona que procreó hijos en matrimonio con el asegurado fallecido y luego de su divorcio vivió en concubinato con él menos de 5 años, tiene derecho a la pensión por viudez. Justificación: De la interpretación gramatical del artículo 152 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, se advierte que la expresión "con la que hubiera tenido hijos" es categórica al establecer que basta

con que la concubina hubiera procreado hijos con el asegurado, sin que se requiera que éstos nazcan durante el concubinato, lo que además deja sin efectos la exigencia de una convivencia mínima de 5 años entre los concubinos. Esta interpretación es acorde con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho fundamental a la protección de la familia, el cual debe preponderarse dada su trascendencia social, siendo de interés superior la protección más amplia y la preservación de dicha entidad social en todas sus formas y manifestaciones, incluyendo –entre otras– a las familias que se constituyan a través de uniones de hecho. De ahí que la protección constitucional de la familia no debe obedecer a un solo modelo o estructura específico, al tratarse de un concepto social y dinámico que debe protegerse de manera amplia. No resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala al resolver los amparos en revisión 193/2018 y 438/2022, en los que estableció que la exigencia en el concubinato de acreditar la vida en común durante los 5 años previos a la fecha del fallecimiento era constitucionalmente válida, ya que en el caso concreto la concubina procreó hijos con el asegurado, lo que deja sin efectos ese requisito, aunado a que demostró más de 43 años de vida en común con el extinto asegurado. DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 83/2024. Instituto Mexicano del Seguro Social. 28 de mayo de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Gómez Villanueva. Secretario: José Raymundo Díaz Fernández.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

14 de marzo de 2025 Registro

Tipo de resolución

Voz

Artículos que impactan

2030091

Aislada Accidente de trabajo. Debe calificarse así 474, 500, 501 (Laboral) la muerte violenta de un elemento de y 502 de la ley (Constitucional) seguridad pública con motivo de su cargo, federal del al margen de que ocurra fuera de su jornada trabajo y lugar de trabajo.

2030113

Aislada Pensión jubilatoria. Para analizar si son 110 y de la ley (Laboral) justas las condiciones de los descuentos federal del (Constitucional) efectuados con motivo de deudas trabajo adquiridas por el trabajador con un tercero debe atenderse al parámetro previsto en el artículo 110, fracción I, de la ley federal del trabajo. Aislada Pensión por orfandad. Atendiendo al 134 y 136 de (Laboral) interés superior de la infancia, las reglas de la ley del filiación en materia civil no pueden seguro social aplicarse de manera perjudicial para negarla a personas menores de edad y/o adolescentes. Aislada Providencias cautelares en el juicio laboral. 17 y 857 de la (Laboral) Procede otorgar provisionalmente una ley federal del pensión por orfandad (interpretación del trabajo artículo 857 de la ley federal del trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el diario oficial de la federación el 1 de mayo de 2019).

2030114

2030116

2030124

Aislada (Laboral)

Reconocimiento de la relación laboral de 22, 472, 474 y una persona menor de edad. Debe 784 de la ley analizarse atendiendo al principio de federal del primacía de la realidad (trabajo infantil). trabajo

2030096

Jurisprudencia (Laboral)

Audiencia preliminar en el procedimiento 739, 739 Ter, ordinario laboral. No es necesario notificar 742, 742 Bis, personalmente el acuerdo que señala fecha 745, 745 Ter para su desahogo con los apercibimientos fracción I, 772, de ley. 774 y 873-E de la ley federal del trabajo

2030099

Jurisprudencia (Laboral)

Competencia para conocer de juicios 527, fracción I, laborales en los que es parte una empresa numeral 16, y cuyo objeto social sea comercializar, 698, párrafo distribuir, almacenar y transportar productos alimenticios. Corresponde a los segundo de la tribunales laborales locales. ley federal del trabajo

Undécima Época Registro: 2030091 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 14 de marzo de 2025 10:17 horas Materia(s): Laboral, Constitucional Tesis: XXX.1o.8 L (11a.)

Accidente de trabajo. Debe calificarse así la muerte violenta de un elemento de seguridad pública con motivo de su cargo, al margen de que ocurra fuera

jornada

lugar

trabajo.

Hechos: Dos menores de edad demandaron el otorgamiento de una pensión por orfandad derivada de la relación de trabajo de su progenitor con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. El Tribunal de Arbitraje declaró procedente la acción al estimar que la muerte del trabajador debe calificarse como accidente de trabajo, pues fue privado de la vida por el hecho de desempeñarse como policía. En amparo directo el instituto asegurador argumentó que no puede considerarse accidente de trabajo la muerte del servidor público ocurrida durante sus vacaciones y en el desarrollo de actividades personales. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe calificarse como accidente de trabajo la muerte violenta de un elemento de

seguridad pública con motivo de su cargo, al margen de que ocurra fuera de su jornada y lugar de trabajo. Justificación: De conformidad con la fracción I del artículo 54 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes abrogada (de idéntico contenido a la fracción I del artículo 4o. de la ley vigente, en su texto publicado en el Periódico Oficial el 26 de febrero de 2018), accidente de trabajo es toda lesión orgánica, perturbación funcional o la muerte, producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste, así como aquellos que ocurran al trabajador al trasladarse directamente de su domicilio al lugar en que se desempeñe o viceversa. Si la causa o razón por la que se privó de la vida a un servidor público fue por ser miembro de una corporación de seguridad pública

muerte

debe

calificarse

como

accidente

trabajo,

independientemente de si ocurrió durante sus vacaciones, periodos de descanso, o en lugar ajeno a donde prestaba sus servicios, pues se dio con motivo de su cargo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 534/2023. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. 16 de mayo de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo González Martínez. Secretario: Jorge Alberto Castañeda Rentería.

Undécima Época Registro: Instancia: Tipo de Tesis: Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 14 de marzo de 2025 10:17 horas Materia(s): Tesis:

Pensión jubilatoria. Para analizar si son justas las condiciones de los descuentos efectuados con motivo de deudas adquiridas por el trabajador con un tercero debe atenderse al parámetro previsto en el artículo 110, fracción

ley

federal

del

trabajo.

Hechos: Un trabajador retirado controvirtió en amparo directo el descuento que se aplica a su pensión jubilatoria con motivo de una deuda que adquirió con un tercero, pues consideró que era ilegal dado que no se actualizaba ninguno de los supuestos del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para analizar si son justas las condiciones de los descuentos efectuados a una pensión jubilatoria con motivo de deudas adquiridas por el trabajador con un tercero debe atenderse al parámetro previsto en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal del Trabajo. Justificación: De la interpretación literal de los artículos 110 de la Ley Federal del Trabajo, 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, así como 8 y 10 del Convenio Número 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección al salario, se deduce que fueron diseñados para

proteger el salario de los trabajadores en activo contra actos arbitrarios de su patrón. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 126/2023 (11a.), de rubro: "PENSIÓN JUBILATORIA O DE CESANTÍA POR EDAD AVANZADA. AMERITA LA MISMA PROTECCIÓN JURÍDICA QUE EL SALARIO.", determinó que atendiendo a que el salario y las pensiones o jubilaciones guardan equivalencia, estas últimas gozan de la protección al salario en los aspectos que les resulten aplicables. Por tanto, debe analizarse si las condiciones que rodean a un descuento efectuado a una pensión o jubilación son justas y no ponen en riesgo la subsistencia del trabajador retirado y/o la de su familia. Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 422/2013, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.), de rubro: "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que es válido aplicar como límite para efectos de embargo respecto de deudas contraídas por los trabajadores con terceros, lo dispuesto en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, es decir, el 30 % del excedente del salario mínimo que es el tope del monto del descuento que puede llevarse a cabo sobre el salario de los trabajadores para liquidar las deudas contraídas con los patrones. En ese contexto, un parámetro objetivo para establecer qué debe considerarse como un descuento justo aplicado a una pensión jubilatoria con motivo de que un trabajador retirado adquiera una deuda con un tercero es el establecido en el citado numeral 110, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 549/2023. 5 de diciembre de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretario: Marcelo Cabrera Hernández. Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 126/2023 (11a.); la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 422/2013 y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 29 de septiembre de 2023 a las 10:38 horas y 13 de junio de 2014 a las 9:37 horas; en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 29, Tomo II, septiembre de 2023, página 1417; Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, páginas 653 y 712, con números de registro digital: 2027325, 25085 y 2006672, respectivamente.

Undécima Época Registro: 2030114 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 14 de marzo de 2025 10:17 horas Materia(s): Laboral Tesis: IV.5o.T.2 L (11a.)

Pensión por orfandad. Atendiendo al interés superior de la infancia, las reglas de filiación en materia civil no pueden aplicarse de manera perjudicial para negarla a personas menores de edad y/o adolescentes.

Hechos: En un juicio laboral, la actora en su calidad de madre por adopción y en representación de sus hijos demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social la pensión por orfandad que en el ámbito administrativo se les negó. El tribunal condenó a otorgarla a partir del fallecimiento del asegurado (padre biológico de los menores de edad), pero limitó su pago hasta el momento en que los solicitantes fueron adoptados al extinguirse el vínculo con su progenitor, de conformidad con diversos preceptos del Código Civil Federal y de su similar en el Estado de Nuevo León. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en atención al interés superior de la infancia, las reglas de filiación previstas en materia civil no pueden aplicarse perjudicialmente para negar una pensión de orfandad a personas menores de edad. Justificación: De los artículos 134 y 136 de la Ley del Seguro Social se desprenden los supuestos para la extinción del derecho a recibir una pensión por

orfandad, entre los cuales no se encuentra el relativo a que los beneficiarios sean adoptados, por lo que no es permisible que el juzgador aplique esa restricción. Lo anterior, porque conforme a los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, así como al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia del Máximo Tribunal, debe tomarse en cuenta primordialmente el interés superior de la infancia y adolescencia para otorgarles una protección reforzada, pues no existe incompatibilidad jurídica en el hecho de que sean adoptados y adicionalmente gocen de la pensión por orfandad mientras se cumplan las exigencias de la ley, pues si bien la existencia de una nueva filiación podría generar el resguardo de ciertos derechos relacionados con esa prerrogativa, ello no puede ser utilizado para negar una protección reforzada y anular un derecho adquirido en relación con el trabajador fallecido (padre biológico), en razón de las aportaciones que efectuó durante su vida laboral. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 1080/2023. 24 de enero de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Iván Millán Escalera. Secretario: Elías Alán Rodríguez Torres.

Undécima Época Registro: 2030116 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 14 de marzo de 2025 10:17 horas Materia(s): Laboral Tesis: III.3o.T.1 L (11a.)

Providencias

cautelares

juicio

laboral.

Procede

otorgar

provisionalmente una pensión por orfandad (interpretación del artículo 857 de la ley federal del trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el diario oficial de la federación el 1 de mayo de 2019).

Hechos: Una persona, en representación de su hermano menor de edad, promovió juicio de amparo indirecto contra el acuerdo dictado por la Junta de Conciliación y Arbitraje que declaró improcedente la medida cautelar solicitada para la obtención de recursos que aseguraran el sustento del niño y ayuda para los gastos que se requirieran para la continuación de sus estudios y subsistencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede otorgar provisionalmente una pensión por orfandad, como providencia cautelar en el juicio laboral. Justificación: El artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, únicamente prevé como providencias cautelares el arraigo y el embargo precautorio, pero ello no impide interpretarlo extensiva y progresivamente para dotarlo de contenido, con la finalidad de respetar y

garantizar los derechos cuando están en riesgo derechos de un menor de edad y su

subsistencia.

examen

preliminar,

dable

sustraer

inconstitucionalidad del acto reclamado al negar la providencia cautelar innominada, pues en relación con el citado precepto y la petición del menor de edad, debe considerarse la posibilidad de decretar la medida para que provisionalmente le sea otorgada una pensión por orfandad tomando en cuenta la probabilidad de que se otorgue definitivamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social en salvaguarda de sus derechos y con base en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, que permite acudir a diversas disposiciones que regulen casos semejantes, a los principios generales del derecho, a la jurisprudencia, entre otros, con la finalidad de no interpretar literalmente el artículo 857 referido, sino de forma progresiva, conforme a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido de que la medida solicitada no supone decidir sobre el fondo, sino únicamente crear un estado jurídico provisional que puede servir para garantizar su subsistencia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. Queja 256/2023. 13 de noviembre de 2023. Mayoría de votos. Disidente: Roberto Charcas León. Ponente: Gabriela Guadalupe Huízar Flores. Secretaria: Martha Leticia Bustos Villarruel.

Undécima Época Registro: 2030124 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 14 de marzo de 2025 10:17 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.6o.T.6 L (11a.)

Reconocimiento de la relación laboral de una persona menor de edad. Debe analizarse atendiendo al principio de primacía de la realidad (trabajo infantil).

Hechos: Una persona demandó de una Alcaldía de la Ciudad de México el reconocimiento de un vínculo laboral, así como el otorgamiento de prestaciones de seguridad social, derivado del accidente de trabajo que sufrió en el desempeño de sus labores cuando aún era menor de edad. La autoridad laboral absolvió de los reclamos al considerar que no se demostró la relación laboral entre las partes. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se reclama el reconocimiento del vínculo laboral por parte de una persona menor de edad, los órganos jurisdiccionales deben analizar el conflicto atendiendo al principio de primacía de la realidad. Justificación: El trabajo de personas menores de edad es una realidad que la mayoría de los países en el mundo ha optado por regular con el objeto de evitar su desconocimiento y explotación a través de diversos tratados y convenios internacionales. En ese sentido, las personas trabajadoras menores de

edad requieren de una protección reforzada, por lo que las relaciones en donde intervengan deben analizarse con base en el principio de primacía de la realidad, privilegiando la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales y atendiendo a las características particulares en que se desarrolló el vínculo jurídico. Además, debe atenderse al parámetro de regularidad constitucional relativo y a las normas de carácter especial que protejan a los menores de edad de la explotación, malos tratos o cualquier otro acto que pongan en peligro su integridad, seguridad y vida y, consecuentemente, violen sus derechos fundamentales. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 124/2024. 23 de enero de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Sandra Verónica Camacho Cárdenas. Secretario: Carlos Alberto Sánchez Fierros.

Undécima Época Registro: 2030096 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 14 de marzo de 2025 10:17 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/34 L (11a.)

Audiencia preliminar en el procedimiento ordinario laboral. No es necesario notificar personalmente el acuerdo que señala fecha para su desahogo

con

los

apercibimientos

ley.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el acuerdo por el que se señala fecha para desahogar la audiencia preliminar prevista en el artículo 873-E de la Ley Federal del Trabajo, debe notificarse personalmente. Mientras que uno concluyó que sí, por la trascendencia y apercibimiento que implica, el otro declaró que no lo prevé la ley, en razón de los principios del sistema laboral actual. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el acuerdo mediante el cual se señala fecha para el desahogo de la audiencia preliminar en el juicio laboral no requiere notificación personal, aun cuando contenga apercibimiento de sanción en caso de inasistencia. Justificación: Los artículos 739, 739 Ter, 742, 742 Bis y 745 de la Ley Federal del Trabajo, vigentes a partir del 2 de mayo de 2019, establecen la forma

en que deben realizarse las notificaciones dentro del proceso laboral: a) personales; b) por oficio; c) por boletín o lista impresa y electrónica; o d) por buzón electrónico, cuando expresamente así lo soliciten las partes y previamente hayan obtenido la firma electrónica. Las notificaciones personales serán las relacionadas con: 1) el emplazamiento al juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte; 2) el auto de radicación del juicio; 3) la resolución en que un tribunal se declare incompetente; 4) el auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo; 5) la resolución que ordene la reanudación del procedimiento; 6) el auto que cite a absolver posiciones o responder un interrogatorio, siempre y cuando por causa justificada el absolvente o testigo, a criterio del Juez, no pueda ser presentado a la audiencia de juicio por las partes; 7) la resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio; 8) la sentencia laboral que no se dicte en la audiencia de juicio; 9) el auto que conceda término o señale fecha para reinstalar a un trabajador; 10) el auto por el que se ordena la reposición de actuaciones; 11) los casos previstos en los artículos 772 y 774 de la propia ley; 12) en casos urgentes; y 13) la primera notificación para comparecer a la audiencia obligatoria de conciliación ante los Centros de Conciliación. La Ley Federal del Trabajo refiere que la etapa escrita del procedimiento ordinario inicia con la presentación de la demanda, con lo que el Tribunal Laboral asigna al actor un buzón electrónico, ordena el emplazamiento de la demandada para que conteste la demanda, ofrezca pruebas e, incluso, reconvenga a la actora, bajo el apercibimiento de que: a) de no contestar la demanda se tendrán por admitidas las peticiones de la actora, salvo las contrarias a la ley, y b) se tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas y, en su caso, formular reconvención, asignándole también un buzón electrónico.

Transcurridos los plazos el tribunal deberá fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, dentro de los diez días siguientes. Las finalidades de la reforma en materia laboral son que el procedimiento laboral brinde a las partes agilidad procesal. Por ende, se previó un sistema de notificaciones que incorporó, además de las personales, por oficio, por boletín o lista impresa, la posibilidad de notificar de manera electrónica y por buzón electrónico, a efecto de que las partes puedan conocer inmediatamente los acuerdos y las resoluciones que se dicten. Con ello se privilegia el uso de las tecnologías de la información y se atiende al principio constitucional de tutela judicial efectiva. Que el acuerdo de citación a audiencia preliminar no sea notificado personalmente no limita la adecuada y oportuna defensa de las partes, pues éstas cuentan con diversos medios, incluso electrónicos, que les permiten conocer oportunamente los acuerdos o resoluciones que se dicten, aunque los mismos contengan apercibimientos. Por un lado, porque tales apercibimientos están determinados por la propia Ley Federal del Trabajo y, por otro, porque el artículo 745 Ter, fracción I, prevé que si las partes optaron por las notificaciones electrónicas, están obligadas a ingresar al buzón electrónico asignado todos los días para verificarlas. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Contradicción de criterios 137/2024. Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito. 4 de diciembre

de 2024. Tres votos de las Magistradas María Enriqueta Fernández Haggar y Guadalupe Madrigal Bueno, y del Magistrado Héctor Lara González. Ponente: Héctor Lara González. Secretaria: Gladys Eliza González León. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 93/2023, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver los amparos directos 84/2022 y 185/2022. Nota: De la sentencia que recayó al amparo directo 93/2023, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, derivó la tesis aislada VI.1o.T.14 L (11a.), de rubro: "AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL JUICIO LABORAL. LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE FIJA FECHA Y HORA PARA SU DESAHOGO DEBE REALIZARSE PERSONALMENTE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de junio de 2024 a las 10:27 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 38, Tomo IV, junio de 2024, página 3923, con número de registro digital: 2029037. De las sentencias que recayeron a los amparos directos 185/2022 y 84/2022, resueltos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, derivó la tesis aislada X.1o.T.19 L (11a.), de rubro: "AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL JUICIO LABORAL. LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE FIJA FECHA Y HORA PARA SU DESAHOGO PUEDE HACERSE POR BOLETÍN, AUN CUANDO EXISTA APERCIBIMIENTO DE SANCIÓN EN CASO DE INASISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de agosto de 2023 a las 10:26 horas y

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 28, Tomo V, agosto de 2023, página 4340, con número de registro digital: 2027003.

Undécima Época Registro: 2030099 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 14 de marzo de 2025 10:17 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CN. J/20 L (11a.)

Competencia para conocer de juicios laborales en los que es parte una empresa cuyo objeto social sea comercializar, distribuir, almacenar y transportar productos alimenticios. Corresponde a los tribunales laborales locales.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar qué tribunal laboral es competente por razón de fuero para conocer de conflictos suscitados entre trabajadores y empresas cuyo objeto social es comercializar, distribuir, almacenar y transportar productos alimenticios. Mientras que uno determinó que lo era un Tribunal Laboral Federal, porque esa clase de empresas realizan un proceso industrial, como preparar alimentos y venderlos; el otro concluyó que el competente era uno local, dado que la competencia federal está reservada para empresas que se dedican "exclusivamente" a la elaboración de alimentos. Criterio jurídico: Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es competente el Tribunal Laboral local para conocer de los conflictos entre trabajadores y empresas cuyo objeto social, enunciado en su escritura

constitutiva sea comercializar, distribuir, almacenar y transportar productos alimenticios. Justificación: Conforme a los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso a), numeral 16, de la Constitución Federal, 527, fracción I, numeral 16, y 698, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a los tribunales locales en sus respectivas jurisdicciones, pero es competencia exclusiva de los tribunales federales, entre otros, tratándose de la rama industrial de elaboración de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello. Si del objeto social contenido en la escritura constitutiva se advierte que la empresa se dedica a comercializar, vender, almacenar, transportar y distribuir productos alimenticios, y para cumplir con su objetivo compra ingredientes que son usados para la fabricación y manufactura de lo que vende, pero una empresa tercera realiza el proceso de transformación, elaboración, e industrialización del producto, es claro que no se actualiza la hipótesis de competencia federal, porque no participa en el proceso de fabricación o elaboración de los productos que comercializa. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Contradicción de criterios 132/2024. Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Décimo Séptimo Circuito. 30 de enero de 2025. Tres votos de la Magistrada Olga Estrever Escamilla, quien formuló voto concurrente, y de los Magistrados Miguel Bonilla López y Samuel Meraz Lares. Ponente: Magistrado Miguel Bonilla López. Secretaria: Karina Huerta Galicia.

Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 11/2023, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 8/2024.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

28 de marzo de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2030165

Jurisprudencia (Laboral)

2030146

Aislada (Laboral)

Artículos que impactan

Prueba de inspección en el juicio laboral. 827 y ss. de la Su finalidad cuando el demandado niega la ley federal del relación de trabajo, pero no su calidad de trabajo patrón, es que el actuario dé fe que en la documentación general aparece el nombre del trabajador. Hostigamiento y/o acoso laboral. Al juzgar 3o. Bis. y 51 con perspectiva de género, es suficiente fracciones II y que se acredite de manera indiciaria para III de la ley tenerlo por configurado. federal del trabajo

2030150

2030164

Aislada (Laboral)

Incidente de liquidación en materia laboral. La autoridad laboral y los tribunales de amparo deben analizar oficiosamente la congruencia de la interlocutoria que lo resuelve en relación con el laudo definitivo. Principio de primacía de la realidad. Su aplicación en el juicio laboral no implica tener por ciertas las manifestaciones realizadas por una de las partes, con el propósito de fincar la competencia para conocer de un asunto.

843 de la ley federal del trabajo 685 y 698 de la ley federal del trabajo

Undécima Época Registro: 2030165 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 28 de marzo de 2025 10:31 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.3o.T. J/3 L (11a.)

Prueba de inspección en el juicio laboral. Su finalidad cuando el demandado niega la relación de trabajo, pero no su calidad de patrón, es que el actuario dé fe que en la documentación general aparece el nombre del

trabajador.

Hechos: En diversos procedimientos laborales para acreditar la existencia de la relación de trabajo, ante la negativa lisa y llana de la parte demandada, los trabajadores ofrecieron la prueba de inspección sobre los documentos que el empleador tiene obligación de conservar y exhibir en juicio. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando el demandado niega la relación de trabajo, pero no su calidad de patrón, la finalidad de la prueba de inspección es que el actuario dé fe que en la documentación general aparece el nombre del trabajador. Justificación: Ante la negativa lisa y llana de la relación laboral, la prueba de inspección para acreditar su existencia debe ofrecerse sobre la documentación general de todos los trabajadores y no de forma personalizada

en relación con la parte actora, como listas de raya o nóminas, listas de operarios inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Servicio de Administración Tributaria, y cuyos documentos a inspeccionar, por ende, deben ser sobre la totalidad de los empleados para que a partir de su verificación pueda advertirse si obra o no el nombre del trabajador. Por tanto, si lo que éste pretende acreditar son aspectos inherentes a él, como categoría, fecha de ingreso, horario o salario, el ofrecimiento en esos términos lleva a concluir que los documentos respecto de los que ofreció la inspección se encuentran personalizados, porque esos aspectos únicamente pueden advertirse de documentos relativos al propio trabajador, por más que se haya ofrecido sobre todos los que el patrón está obligado a conservar, pues no debe perderse de vista que lo que se busca con la prueba de que se trata no es acreditar cada uno de los elementos citados, sino que el nombre del actor se encuentra dentro de alguno de los documentos a los que aluden las jurisprudencias 2a./J. 38/95 y 2a./J. 26/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estimar correcto el ofrecimiento para que el actuario dé fe de la categoría, jornada, fecha de ingreso, salario o algún otro dato inherente al trabajador, sería obligar al patrón a exhibir documentos respecto de cuya relación negó, lo cual sería ilegal en virtud de su postura defensiva, pues al negar el vínculo laboral, es lógico que no posea documentos del oferente de la prueba. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 652/2019. 19 de septiembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Caballero Rodríguez. Secretario: Víctor Raúl Camacho Segura.

Amparo directo 2/2021. 3 de junio de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán. Secretario: José Antonio Hernández Ortiz. Amparo directo 121/2021. 10 de junio de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Osiris Ramón Cedeño Muñoz. Secretario: Armando García Villalpando. Amparo directo 1021/2023. 25 de abril de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán. Secretario: Arturo Ramiro Amaya Salvador. Amparo directo 1116/2023. 30 de mayo de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Caballero Rodríguez. Secretaria: Alejandra Yunuen Silva Farías. Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 38/95 y 2a./J. 26/2004, de rubros: "RELACIÓN LABORAL, LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA SE ACTUALIZA SI CONFORME A LA PRUEBA DE INSPECCIÓN, EL PATRÓN NO EXHIBE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORME A LA LEY ESTÁ OBLIGADO A CONSERVAR." y "PATRÓN. TIENE OBLIGACIÓN DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO LOS DOCUMENTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 804 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AUNQUE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA." citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos II, agosto de 1995, página 174 y XIX, marzo de 2004, página 353, con números de registro digital: 200748 y 181911, respectivamente.

Undécima Época Registro: 2030146 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 28 de marzo de 2025 10:31 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.14o.T.46 L (11a.)

Hostigamiento y/o acoso laboral. Al juzgar con perspectiva de género, es suficiente que se acredite de manera indiciaria para tenerlo por configurado.

Hechos: Una trabajadora demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social la declaración de recomendar a su jefa inmediata que se abstuviera de ejercer hostigamiento y/o acoso laboral, ya que la sometía a actos de violencia psicológica, como aislamiento del equipo de trabajo, intimidaciones, maltrato, abuso de autoridad y humillaciones, lo que le ocasionó estrés, depresión y ansiedad diagnosticados por el propio patrón en su calidad de órgano asegurador, por lo que también exigió la permanencia en su empleo libre de violencia. El demandado argumentó que la conducta imputada no se acreditó de manera fehaciente e indubitable con base en situaciones jurídicas concretas. La Jueza laboral determinó que con el material probatorio allegado a juicio se demostró de manera indiciaria el hostigamiento y/o acoso laboral y, por ende, condenó a las prestaciones reclamadas. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al juzgar con perspectiva de género, la demostración de la conducta configurativa

del hostigamiento y/o acoso laboral no amerita un estándar de prueba estricto, sino flexible, debido a la dificultad para comprobarlos, por lo que basta que la trabajadora la acredite de manera indiciaria para que la carga probatoria se traslade al patrón a fin de desvirtuar los indicios de los actos atribuidos como violencia psicológica. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CCLII/2014 (10a.), determinó que el hostigamiento y/o acoso laboral (mobbing) es una conducta que se presenta sistemáticamente dentro de una relación laboral con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o satisfacer la necesidad que suele prestar el hostigador de agredir, controlar o destruir. Por tanto, constituye una prohibición que nace a partir de dos derechos fundamentales: el derecho a un trabajo digno, convencional y constitucionalmente reconocido en los artículos 5o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, reconocido en el artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará). En consecuencia, la demostración de la violencia psicológica en el derecho laboral no amerita un estándar de prueba estricto, sino flexible, debido a la dificultad para demostrar actos de esa naturaleza, por lo que basta que se acrediten indicios racionales de los que pueda deducirse que existieron actos de violencia con base en el género de las personas, en cuyo caso el empleador tiene la posibilidad de comprobar que éstos obedecían a una justificación objetiva, razonable y proporcional derivada de las necesidades de trabajo y así desvirtuar la fuerza probatoria de los indicios de violencia alegados.

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 344/2024. 6 de junio de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Manuel Martínez Estrada. Secretaria: Brenda Páez Torrecillas. Nota: La tesis aislada 1a. CCLII/2014 (10a.) citada, aparece publicada con el rubro: "ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA.", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 138, con número de registro digital: 2006870.

Undécima Época Registro: 2030150 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 28 de marzo de 2025 10:31 horas Materia(s): Laboral Tesis: XXI.2o.C.T.42 L (11a.)

Hechos: Derivado de un laudo emitido en un juicio laboral en el que se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al reconocimiento de la antigüedad y al pago correcto de la prestación denominada "ayuda de renta" (concepto 22), la Junta ordenó la apertura de un incidente de liquidación. En la resolución interlocutoria determinó no aprobar la planilla de liquidación presentada por la actora y condenó al instituto al pago de cierta cantidad por el concepto aludido. Contra esa determinación, el instituto promovió amparo indirecto, en el que el Juzgado de Distrito negó la protección constitucional por considerar inoperantes los conceptos de violación por ser novedosos. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la autoridad laboral y los tribunales de amparo deben analizar oficiosamente la congruencia de la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación, en relación con el laudo definitivo, incluso ante la falta de oposición del demandado respecto de la planilla propuesta por la actora.

Justificación: Conforme al artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se trate de prestaciones económicas se determinará el salario que sirva de base a la condena, la que deberá cuantificarse y señalar las medidas para su cumplimiento y, sólo por excepción, podrá ordenarse la tramitación de un incidente de liquidación. La materia de este incidente y de la interlocutoria que lo resuelve se limita a cuantificar las prestaciones económicas materia de condena cuando en el juicio laboral no obren elementos que permitan su cuantificación. Por ende, esa resolución debe ser congruente con lo determinado en el laudo definitivo, sin que la circunstancia de que las partes no objeten la planilla de su contraria implique su aceptación pues, admitir lo contrario, significaría modificar o desatender el sentido del laudo, cuya firmeza debe permanecer inalterable. De ahí que la autoridad laboral y los tribunales de amparo están obligados a observar y analizar, de oficio, los aspectos decididos en el laudo firme, con el fin de garantizar el acatamiento a su autoridad de cosa juzgada. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 75/2019 (10a.), determinó que la figura procesal de la cosa juzgada se configura como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias firmes. Se trata de una institución en la que descansan los principios de certeza y seguridad jurídica, y que en materia laboral, aun cuando no haya sido opuesta como excepción por las partes, debe analizarse de oficio, sin que ello implique suplir la deficiencia de la queja. De dicho criterio deriva que la congruencia de la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación con el laudo definitivo del que deriva obedece a su calidad de cosa juzgada, en virtud de la cual no puede ser modificado y debe ser cumplido en sus términos. Por ende,

corresponde a las autoridades jurisdiccionales laborales y de amparo garantizar su observancia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 70/2024. Instituto Mexicano del Seguro Social. 5 de diciembre de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Atenas Jaramillo Galán, secretaria de tribunal autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Iris Yanett Sánchez León. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 75/2019 (10a.) citada, aparece publicada con el rubro: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO LABORAL. TANTO LA AUTORIDAD LABORAL COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBEN ANALIZARLA DE OFICIO, AUN CUANDO EL DEMANDADO NO LA HAYA OPUESTO COMO EXCEPCIÓN.", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de junio de 2019 a las 10:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Tomo III, junio de 2019, página 2072, con número de registro digital: 2019995.

Undécima Época Registro: 2030164 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 28 de marzo de 2025 10:31 horas Materia(s): Laboral Tesis: XXIII.2o.13 L (11a.)

Principio de primacía de la realidad. Su aplicación en el juicio laboral no implica tener por ciertas las manifestaciones realizadas por una de las partes, con el propósito de fincar la competencia para conocer de un asunto.

Hechos: Una persona trabajadora presentó demanda laboral contra una empresa cuyo objeto social establece que se dedica a la fabricación de recipientes de cualquier material para el envase y empaque de todo tipo de bebidas, entre otras, cerveza, refresco y agua mineral o carbonatada. El Tribunal Laboral local que conoció de la demanda se declaró incompetente, pues consideró que la demandada se dedica a la industria vidriera, porque fabrica envases de vidrio, por lo que remitió el asunto a un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, quien rechazó la competencia declinada, toda vez que obraba en autos la manifestación de la apoderada de la empresa demandada en el sentido de que su representada únicamente produce bote de metal, tapa y plastitapa de envases de vidrio, concluyendo la autoridad federal que, atendiendo al principio de realidad, el objeto social estaba acotado a lo que fue indicado por dicho apoderado.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el principio de primacía de la realidad no implica tener por ciertas las manifestaciones de una de las partes con el propósito de fincar la competencia para conocer de un asunto laboral, pues dicho principio no puede aplicarse de manera automática para tomar como verdadero lo manifestado por alguna de ellas en relación con las actividades que se desempeñan en una fuente de trabajo, sino que debe ser producto de que existan circunstancias que ameriten apreciar la verdad de los hechos de una manera distinta de la que se advierta de los elementos que obren en autos. Justificación: El principio de primacía de la realidad en materia laboral debe entenderse en el sentido de que, en caso de discrepancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que se establece en los documentos, debe darse preferencia a lo primero. Ello, puesto que lo que se ve reflejado en los documentos no significa necesariamente que sea lo que sucede en los hechos, por lo que es más importante lo que ocurre en la práctica que en lo consignado por escrito. En ese orden de ideas, el principio de primacía de la realidad no tiene el carácter de prueba para sustentar una determinación judicial, como tampoco su aplicación puede tener como base subjetividades de quien juzga, sino que es un instrumento con el que cuentan las autoridades jurisdiccionales que les permite cuestionar la verosimilitud de los hechos contenidos en los documentos o que se desprendan de diversas pruebas o formalidades, a efecto de buscar aproximarse a la realidad de las cosas, pues permite a quien resuelve preguntarse si lo plasmado en documentos realmente sucedió, o bien, si atendiendo a las circunstancias específicas de cada asunto, su credibilidad es cuestionable, de modo que resulte más probable que haya ocurrido algo diferente. La aplicación de dicho principio requiere de rigor argumentativo, ya

que lo contrario se traduciría en que, de manera indiscriminada o con base en subjetividades, se desestimen todos aquellos hechos que se desprendan de las pruebas desahogadas, aun sin que existan circunstancias específicas del caso concreto que pongan en duda su verosimilitud o que den cuenta de una realidad distinta. Por tanto, el principio de primacía de la realidad no implica tener por ciertas las manifestaciones realizadas por una de las partes en un juicio laboral que no tengan algún sustento probatorio, o en circunstancias o datos de los que sea posible apreciar la verdad de los hechos de una manera distinta de la que se advierte de los elementos que obren en autos, pues de lo contrario se permitiría a las partes realizar una función exclusiva del órgano jurisdiccional, que es la determinación de su competencia. SEGUNDO

TRIBUNAL

COLEGIADO

DEL

VIGÉSIMO

TERCER

CIRCUITO. Conflicto competencial 32/2024. Suscitado entre el Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Zacatecas y el Tribunal Laboral de la Región Norte, con sede en Fresnillo, Zacatecas. 9 de enero de 2025. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Gelacio Villalobos Ovalle. Secretario: Erick Alejandro Zazueta Hernández.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

4 de abril de 2025 Registro

Tipo de resolución

Voz

Artículos que impactan

2030198

Jurisprudencia (Laboral)

Multa prevista en el artículo 48, quinto 48 párrafo párrafo, de la ley federal del trabajo. Es quinto de la improcedente imponerla por no haber ley federal del logrado la solución del conflicto en la trabajo conciliación prejudicial.

2030178

Aislada (Laboral)

2030190

Aislada (Laboral)

2030189

Aislada (Laboral)

2030191

Aislada (Laboral)

Aclaración de laudo. La falta de firma de 842 y 847 de alguno de los integrantes de la junta o del la ley federal secretario que autoriza y da fe, conduce a del trabajo conceder el amparo para que se subsane esa omisión. Carga de la prueba en el juicio laboral. 784 de la ley Corresponde al patrón cuando afirma que el federal del trabajador dejó de presentarse a laborar con trabajo anterioridad a la fecha del despido aducido por éste. Contestación de la demanda en el juicio 17 y 873-A de laboral. Puede depositarse en la oficina del la ley federal servicio postal mexicano cuando el del trabajo demandado radique en lugar distinto al de la residencia del tribunal del conocimiento. Cosa juzgada refleja. No se actualiza 503, fracción cuando en un juicio laboral previo se VII de la ley reconoció como beneficiaria de un federal del trabajador fallecido a una persona, y en un trabajo juicio posterior, otra persona, quien no intervino o participó en aquél, reclama su reconocimiento.

2030188

Jurisprudencia (Laboral)

Conflictos individuales de seguridad 899-C, social. La constancia de negativa de fracciones VI modificación de pensión expedida por el y VII de la ley instituto mexicano del seguro social o el federal del acuse de la solicitud, no son requisitos de procedencia que deban acompañarse a la trabajo demanda cuando se reclame su ajuste o modificación (artículo 899-c, fracciones VI y VII, de la ley federal del trabajo).

Undécima Época Registro: 2030198 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 4 de abril de 2025 10:08 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T. J/24 L (11a.)

Multa prevista en el artículo 48, quinto párrafo, de la ley federal del trabajo. Es improcedente imponerla por no haber logrado la solución del conflicto

conciliación

prejudicial.

Hechos: Un Tribunal Laboral Federal impuso una multa al apoderado legal de la parte demandada con fundamento en el artículo 48, quinto párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, pues al dictar sentencia calificó las excepciones opuestas como notoriamente improcedentes y señaló que el asunto pudo haberse resuelto en la etapa conciliatoria prejudicial, lo que hacía presumir un beneficio indebido para aquélla. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente imponer la multa prevista en el artículo 48, quinto párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, por no haber logrado la solución del conflicto en la conciliación prejudicial. Justificación: La finalidad de la referida norma es sancionar la conducta de los abogados, litigantes o representantes que promuevan, entre otras,

excepciones notoriamente improcedentes, siempre y cuando las hayan opuesto con el objetivo de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución del juicio. Si no existe prueba en autos que evidencie esa conducta, no se justifica su imposición, pues no debe coartarse el derecho de defensa de la demandada, por conducto de su apoderado o representante legal, a quien no se le puede obligar a llegar a una conciliación prejudicial para no instar un juicio, con el argumento de que debe procurarse una impartición de justicia pronta y expedita y que no debe generarse una carga laboral "innecesaria" a los tribunales de trabajo. Si bien es cierto que en el nuevo sistema de justicia laboral la conciliación es una etapa obligatoria que las partes deben agotar antes de acudir a los tribunales (salvo los casos de excepción), también lo es que la resolución de la controversia en esa vía es un derecho optativo de las partes. Estimar lo contrario implicaría constreñirlas a convenir una solución del conflicto en la vía prejudicial y prescindir de la jurisdiccional, lo que no fue intención del legislador, sino únicamente establecer una posibilidad de lograrlo a través de ese mecanismo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 64/2023. 5 de abril de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Anabel Morales Guzmán. Amparo directo 993/2023. 16 de mayo de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Edna Guadalupe Pérez García, secretaria en funciones de Magistrada de Circuito. Secretario: Ismael Martínez Reyes.

Amparo directo 421/2023. 7 de noviembre de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Silvia Valeska Soberanes Sánchez. Amparo directo 391/2023. 7 de noviembre de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Silvia Valeska Soberanes Sánchez. Amparo directo 613/2023. 23 de enero de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Silvia Valeska Soberanes Sánchez.

Undécima Época Registro: 2030178 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 4 de abril de 2025 10:08 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T.59 L (11a.)

Aclaración de laudo. La falta de firma de alguno de los integrantes de la junta o del secretario que autoriza y da fe, conduce a conceder el amparo para

que

subsane

esa

omisión.

Hechos: En un juicio laboral se dictó laudo, el cual fue firmado por todos los integrantes de la Junta. Una de las partes solicitó su aclaración, petición que fue desestimada y cuya resolución no firmó el representante de los patrones. El laudo fue impugnado en amparo directo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la falta de firma de alguno de los integrantes de la Junta o del secretario que autoriza y da fe en la resolución de aclaración de laudo impide analizar la constitucionalidad tanto del propio laudo como de la aclaración, independientemente del sentido de esta última. Justificación: En la tesis de jurisprudencia 2a./J. 23/2005, de rubro: "ACLARACIÓN DE LAUDO. AL SER PARTE INTEGRANTE DE ÉSTE, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la resolución que recae a la aclaración de laudo forma parte de éste, por lo que ambos tienen las mismas

exigencias formales y deben cumplir con los mismos requisitos de validez, entre otros, que se encuentren firmados. Cuando un laudo está firmado, pero no así la resolución que recae a su aclaración, independientemente de su sentido, ello impide analizar la constitucionalidad de ambos actos y amerita otorgar el amparo para que la autoridad responsable dicte uno nuevo debidamente firmado. Si existiera una solicitud de aclaración per se, ésta también deberá ser signada en los términos indicados. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 645/2023. 16 de enero de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretario: Marcelo Cabrera Hernández. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 23/2005 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 227, con número de registro digital: 179140.

Undécima Época Registro: 2030190 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 4 de abril de 2025 10:08 horas Materia(s): Laboral Tesis: (IV Región)2o.28 L (11a.)

Carga de la prueba en el juicio laboral. Corresponde al patrón cuando afirma que el trabajador dejó de presentarse a laborar con anterioridad a la

fecha

del

despido

aducido

por

éste.

Hechos: En un juicio laboral, la demandada negó el despido que se le atribuyó al argumentar que los hechos narrados por la trabajadora eran falsos, en virtud de que dejó de acudir a laborar antes de la fecha de despido que precisó en su demanda. La Junta tuvo por cierto el despido y condenó al patrón al considerar que le correspondía la carga procesal de acreditar la subsistencia del vínculo laboral. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando el despido aducido por el trabajador se ubica en fecha posterior a aquella en que el patrón afirma dejó de presentarse a sus labores, se produce una distribución sucesiva de las cargas probatorias, ya que primero corresponderá al patrón acreditar que a partir de determinado día el operario ya no se presentó a laborar y en el caso de que esa carga se satisfaga, corresponderá a la trabajadora acreditar la subsistencia de la relación laboral hasta la fecha en que se dijo despedida.

Justificación: El despido requiere como presupuesto la existencia de una relación laboral vigente, es decir, que a la fecha de la rescisión unilateral de la relación por parte del patrón haya una prestación de servicios subordinados mediante el pago de un salario. En consecuencia, si el demandado omite demostrar que a partir de un día específico el trabajador dejó de acudir al centro de trabajo, tampoco acreditará que el vínculo laboral aún subsistía, lo cual implicará que no justificó su defensa y pondrá de relieve la existencia del despido sin que, por ende, el operario quede constreñido a probar la subsistencia del nexo laboral. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Amparo directo 1842/2023 (cuaderno auxiliar 595/2024) del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 8 de agosto de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Quiñones Rodríguez. Secretario: Víctor Manuel Contreras Lugo. Esta tesis se publicó el viernes 04 de abril de 2025 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Undécima Época Registro: 2030189 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 4 de abril de 2025 10:08 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T.61 L (11a.)

Contestación de la demanda en el juicio laboral. Puede depositarse en la oficina del servicio postal mexicano cuando el demandado radique en lugar distinto

residencia

del

tribunal

del

conocimiento.

Hechos: En un juicio laboral la demandada depositó su contestación a la demanda en una Oficina del Servicio Postal Mexicano. La actora se inconformó manifestando que la Ley Federal del Trabajo no prevé esa posibilidad, por lo que debió tenérsele por contestada en sentido afirmativo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la contestación de la demanda laboral puede depositarse en la oficina del Servicio Postal Mexicano cuando el demandado radique en lugar distinto al de la residencia del tribunal del conocimiento. Justificación: Si bien en la Ley Federal del Trabajo no existe disposición que permita el depósito del escrito de contestación de demanda en una oficina del Servicio Postal Mexicano, su artículo 17 autoriza la aplicación de disposiciones que regulen casos semejantes ante la ausencia de disposición expresa en la Constitución, en la propia ley o en sus reglamentos. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (artículo 13, fracción III,

párrafo segundo) permite el depósito de la demanda de nulidad en el Servicio Postal Mexicano, siempre que el domicilio del actor se encuentre fuera de la población en donde tenga su sede el tribunal. Por tanto, es válido que en el juicio laboral se tenga por contestada la demanda depositada en la oficina del Servicio Postal Mexicano del lugar de residencia de la demandada. Con ello se garantizan los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 585/2023. 23 de enero de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Arturo Navarro Plata.

Undécima Época Registro: 2030191 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 4 de abril de 2025 10:08 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T.66 L (11a.)

Cosa juzgada refleja. No se actualiza cuando en un juicio laboral previo se reconoció como beneficiaria de un trabajador fallecido a una persona, y en un juicio posterior, otra persona, quien no intervino o participó en aquél, reclama

reconocimiento.

Hechos: Una persona solicitó la declaración como beneficiaria de un trabajador fallecido, en su calidad de concubina y, como consecuencia, el pago de diversas prestaciones; la Jueza Federal responsable, estimó actualizada la figura jurídica de la cosa juzgada refleja, en razón de que mediante resolución dictada en un juicio laboral previo, se reconoció como beneficiaria con ese mismo carácter (concubina) a una diversa persona; en consecuencia, absolvió de las prestaciones reclamadas. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la existencia de una resolución emitida por una autoridad laboral, donde se reconoció como beneficiaria de un trabajador fallecido a determinada persona, no actualiza la figura de la cosa juzgada refleja en un juicio laboral posterior promovido por otra persona que también reclama dicho reconocimiento, si ésta no intervino en aquél, pues al no haber participado en el mismo, lo resuelto en

éste no puede tener una eficacia indirecta dentro del juicio posterior, dada la naturaleza sui géneris de ese tipo de procedimientos. Justificación: El legislador ordinario previó en el artículo 503, fracción VII, última parte, de la Ley Federal del Trabajo en vigor, la eventualidad de que se presenten posibles beneficiarios a deducir derechos por el fallecimiento o desaparición de algún trabajador o trabajadora, posteriormente a que se hubiese reconocido la calidad de beneficiarios por resolución del tribunal laboral y otorgado el pago en favor de quien compareció al juicio previo; en la inteligencia de que sólo podrán deducir su acción en contra del beneficiario que lo recibió, se entiende, tratándose de un pago único. De lo anterior se sigue que tratándose de la declaración de beneficiarios, dada la naturaleza especial o particular del procedimiento, donde no existe un emplazamiento o llamamiento individual, no se configura la institución de la cosa juzgada refleja, pues la circunstancia de que en un juicio se reconozca como beneficiaria a una determinada persona, no impide que en juicio posterior reclame ese reconocimiento otra persona, habida cuenta que la finalidad de la norma jurídica es otorgar a todos quienes estimen y demuestren tener algún derecho, la oportunidad de ser reconocidos como beneficiarios; desde luego, siempre y cuando no hubiesen participado en el procedimiento previo, supuesto en el cual sí se configuraría la cosa juzgada directa. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 633/2023. 13 de febrero de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Adolfo Eduardo Serrano Ruiz. Secretario: Ismael Martínez Reyes.

Undécima Época Registro: 2030188 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 4 de abril de 2025 10:08 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CN. J/21 L (11a.)

Conflictos individuales de seguridad social. La constancia de negativa de modificación de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social o el acuse de la solicitud, no son requisitos de procedencia que deban acompañarse a la demanda cuando se reclame su ajuste o modificación (artículo 899-c, fracciones VI y VII, de la ley federal del trabajo).

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si cuando se reclama la modificación de una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, la actora debe acompañar a la demanda la constancia de negativa de modificación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o el acuse de recibo de su solicitud. Mientras que uno consideró que esas documentales constituyen un requisito de procedencia de la demanda de conformidad con el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo; el otro determinó que es suficiente exhibir la constancia de otorgamiento de la pensión para acreditar los términos en que fue concedida, sin que sea necesaria la resolución de negativa de modificación de pensión. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que

la constancia de negativa de modificación de pensión, o en su caso, el acuse de su solicitud, no constituyen requisitos de procedencia que deban acompañarse a la demanda cuando se reclame el ajuste o modificación de la pensión, en términos del artículo 899-C, fracciones VI y VII, de la Ley Federal del Trabajo. Justificación: La doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coinciden en que las leyes que establecen que con la demanda se deben acompañar los documentos fundatorios de la acción ejercida se basan en el principio de buena fe procesal, con el propósito de limitar el ejercicio de acciones carentes de fundamento y de permitir que no se sorprenda al adversario cuando éste ya no se encuentra en posibilidad de construir su defensa, tratando de lograr que el demandado conozca la justificación documental en que apoya su pretensión. Esto es lo que exige el artículo 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, si la pretensión del actor es que se revise el monto del pago de la pensión, la solicitud de modificación de pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no funda su derecho (que es el de recibir la pensión) y por ello, es irrelevante para la defensa del demandado. De no exhibirse ni la complica ni la impide, ya que está en condiciones de contestar la pretensión aducida, por ejemplo, refutando el cálculo propuesto por el actor o cuestionando la misma constancia de otorgamiento de la pensión por diferentes causas, al no constituir esta constancia un documento que funde un derecho, por lo que no se coloca al demandado en una situación de desventaja frente al actor. Por otro lado, la negativa de modificación de pensión o el acuse de recibo de haberla solicitado en sede administrativa no puede exigirse como imprescindible para la presentación de la demanda en términos de la fracción VII del mismo artículo 899-C. Esta fracción está referida a los documentos que,

provenientes del demandado, se encuentran en poder del actor y que, en aras de la inmediatez del proceso, está facultado para aportar al juicio desde la presentación de su demanda. La única consecuencia de no exhibirlos en ese momento es que el proceso podría demorar más, puesto que estaría sujeto a que los aporte el propio demandado en un momento procesal posterior. Por ello, cuando se demanda el ajuste o modificación de una pensión del régimen de seguridad social obligatorio no es requisito de procedencia de la acción que a la demanda se acompañe constancia de la negativa de modificación de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social ni, en su caso, el acuse de esa solicitud, pues en términos del artículo 899-C, fracciones VI y VII, de la Ley Federal del Trabajo, estos documentos no constituyen base de la acción. Exigir la exhibición con la demanda de la negativa de modificar la pensión o el acuse de recibo de que se hizo la solicitud contravendría el derecho de acceso a la justicia, pues supondría que un requisito de procedencia de la demanda no expresamente previsto en ley y que además no tiene vinculación directa con los hechos base de su acción, se constituyera en un obstáculo carente de toda razonabilidad entre él y el órgano jurisdiccional que sólo alargaría el tiempo de resolución. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Contradicción de criterios 145/2024. Entre los sustentados por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 13 de febrero de 2025. Tres votos de la Magistrada Olga Estrever Escamilla y de los Magistrados

Miguel Bonilla López y Samuel Meraz Lares. Ponente: Magistrado Miguel Bonilla López. Secretaria: Karina Huerta Galicia. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 568/2024, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 1297/2023.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

9 de mayo de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2030341

2030320

Aislada (Laboral, Constitucional)

Jurisprudencia (Laboral)

Artículos que impactan

Derecho humano al tiempo libre. Forma parte del parámetro de control de regularidad constitucional, al estar reconocido en el artículo 7, apartado H, del "Protocolo de San Salvador" Aguinaldo y prima vacacional. Generan intereses conforme a los artículos 48 de la ley federal del trabajo y 23 de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, aun cuando se calculen de forma autónoma al salario base de la condena.

58 al 68 de la Ley Federal del Trabajo 48 de la Ley Federal del Trabajo

Undécima Época Registro: 2030341 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 9 de mayo de 2025 10:14 horas Materia(s): Laboral, Constitucional Tesis: XXIV.2o.5 L (11a.)

Derecho humano al tiempo libre. Forma parte del parámetro de control de regularidad constitucional, al estar reconocido en el artículo 7, apartado H,

del

"Protocolo

San

Salvador".

Hechos: Un sindicato reclamó en amparo indirecto el artículo 29, párrafo segundo, de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Estimó que viola el derecho al tiempo libre, al prohibir a los trabajadores retirarse de su área de adscripción mientras haya personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio, se encuentren esperando ser atendidas. El Juzgado de Distrito negó el amparo en atención a que los trabajadores tendrán derecho al pago de horas extras por el tiempo excedente que laboren. El quejoso interpuso recurso de revisión en el que argumentó que el pago de horas extras no justifica la restricción al derecho al tiempo libre. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que aun cuando el derecho humano al tiempo libre no está previsto en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, forma parte del parámetro de control de regularidad constitucional al estar reconocido, entre otros instrumentos internacionales, en el artículo 7, apartado h, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", del cual el Estado Mexicano es Parte. Justificación: El derecho al tiempo libre es reconocido como un derecho fundamental que valora y reconoce la importancia de que las personas puedan disfrutar de periodos de descanso y de ocio, libres de estrés y demás obligaciones inherentes a su actividad laboral para descansar y preservar su bienestar físico y psicológico. Tal reconocimiento implica disfrutar de vacaciones pagadas y establecer límites en las horas laborales, así como el derecho a disfrutar del tiempo libre. El derecho al tiempo libre guarda una estrecha relación con el derecho al trabajo, pues implica la posibilidad de no laborar una jornada excesiva, tener establecidos los días y horas de descanso y recibir vacaciones pagadas. Tal derecho tiene como propósito proteger a la clase trabajadora y garantizar que no será explotada. Ello, aunado a que también abona al libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a que es apto para mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo cual es esencial para el bienestar y desarrollo de la persona. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 1008/2023. 12 de diciembre de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rochin García. Secretario: Irving Adrián Hernández Salcido.

Undécima Época Registro: 2030320 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 9 de mayo de 2025 10:14 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/45 L (11a.)

Aguinaldo y prima vacacional. Generan intereses conforme a los artículos 48 de la ley federal del trabajo y 23 de la ley para los servidores públicos del estado de jalisco y sus municipios, aun cuando se calculen de forma autónoma

salario

base

condena.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el pago del aguinaldo y la prima vacacional que no se integraron a la condena de los salarios caídos en un juicio laboral en el que se ejerció como acción principal la reinstalación, generan los intereses previstos en el tercer párrafo de los mencionados artículos 48 y 23. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el pago del aguinaldo y la prima vacacional a que se condena a la parte patronal en los juicios en los que se alega un despido injustificado sí generan los intereses previstos en el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, de idéntico contenido al tercer párrafo del artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, aun cuando se calculen de forma autónoma al salario base de la condena.

Justificación: Conforme al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo y la prima vacacional integran el salario, al ser prestaciones que se entregan a la parte trabajadora ordinariamente por su trabajo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 20/2018 (10a.), explicó que en la tesis 2a./J. 33/2002, se concluyó que el pago del aguinaldo integra el salario base para efectos indemnizatorios, cuya condena se encuentra limitada al plazo máximo de doce meses y, conforme al tercer párrafo del indicado artículo 48, deben excluirse del pago de los intereses las prestaciones o indemnizaciones que tengan un origen en hechos distintos a los salarios vencidos. El pago de los referidos intereses se estableció para sustituir la erogación ilimitada de salarios vencidos al trabajador derivada de un despido injustificado. Con ello se evita que los juicios laborales se prolonguen artificialmente, preservando el carácter indemnizatorio de los salarios caídos, y se logra la efectiva protección de los derechos de los trabajadores y la conservación de las fuentes de empleo. Dichos intereses tienen naturaleza similar a los salarios caídos y, al respecto, la propia Sala en la jurisprudencia 2a./J. 92/2003, determinó que éstos constituyen una

responsabilidad

forzosa

para

parte

patronal

que

despidió

injustificadamente a la persona trabajadora, así como una consecuencia directa e inmediata de la acción principal intentada. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Contradicción de criterios 147/2024. Entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de marzo de 2025. Tres votos de las Magistradas María Enriqueta Fernández Haggar y Guadalupe Madrigal Bueno, y del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar. Secretarios: Lucina Bringas Calvario y Luis Omar García Morales. Tesis y/o criterios contendientes: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 196/2017, el cual dio origen a la tesis aislada I.3o.T.40 L (10a.), de rubro: "FONDO DE AHORRO, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL. AL SER PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL SALARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SU CONDENA DEBE SER HASTA POR UN PERIODO MÁXIMO DE 12 MESES Y GENERAR INTERESES, AUN CUANDO SE CALCULEN DE FORMA AUTÓNOMA AL SALARIO BASE DE LAS CONDENAS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo IV, junio de 2017, página 2919, con número de registro digital: 2014546, y El diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 533/2023. Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2018 (10a.), 2a./J. 33/2002 y 2a./J. 92/2003 citadas, aparecen publicadas con los rubros: "AGUINALDO. ES PARTE

INTEGRANTE

DEL

PAGO

SALARIOS

VENCIDOS

TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN Y, POR ENDE, SU LIQUIDACIÓN TAMBIÉN ESTÁ LIMITADA HASTA UN MÁXIMO DE 12 MESES, CONFORME AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", "SALARIO. EL AGUINALDO. ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO." y "SALARIOS CAÍDOS. LA PROCEDENCIA DE SU PAGO DERIVA

DEL

DESPIDO

INJUSTIFICADO,

AUN

CUANDO

TRABAJADOR NO LO DEMANDE EXPRESAMENTE.", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de marzo de 2018 a las 10:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Tomo II, marzo de 2018, página 1242; y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XV, mayo de 2002, página 269 y XVIII, noviembre de 2003, página 223, con números de registro digital: 2016490, 186854 y 182765, respectivamente.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

16 de mayo de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2030396

Tesis aislada (Laboral)

Artículos que impactan

Condiciones de trabajo. Para modificarlas en perjuicio de un trabajador se requiere de una resolución judicial previa derivada de un conflicto individual de naturaleza económica.

5o. y 57 de la Ley Federal del Trabajo

Undécima Época Registro: 2030396 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 16 de mayo de 2025 10:21 horas Materia(s): Laboral Tesis: XXIV.2o.7 L (11a.)

Condiciones de trabajo. Para modificarlas en perjuicio de un trabajador se requiere de una resolución judicial previa derivada de un conflicto individual

naturaleza

económica.

Hechos: Un trabajador demandó el pago íntegro de su salario y el reconocimiento de la categoría salarial que previamente tenía. La Junta de Conciliación y Arbitraje emitió laudo en el que desestimó la pretensión laboral –básicamente– porque pese a que se redujeron tanto el salario y la categoría de la parte trabajadora, no se demostró en el juicio que dicho trabajador inicialmente haya obtenido esas prestaciones sujetándose a los trámites y procedimientos contractuales y legales para ello. Aunado a que, para el otorgamiento de esas prestaciones debió demostrarse que el patrón cuenta con capacidad presupuestaria para ese fin. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para modificar las condiciones de trabajo en perjuicio de un trabajador, se

requiere de una resolución judicial previa derivada de un conflicto individual de naturaleza económica. Justificación: El artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo prevé los conflictos individuales de orden económico, los cuales se promueven para crear, modificar, suspender o terminar las condiciones de trabajo en las relaciones individuales de trabajo. Tal artículo revela que –en principio– el patrón sí cuenta con la posibilidad de modificar o terminar las condiciones de trabajo en perjuicio de los trabajadores, pero ello está condicionado a que se actualicen dos requisitos: 1) Que lo solicite al Tribunal Laboral, a través de la sustanciación de un procedimiento individual económico; y 2) Que esa modificación de las condiciones de trabajo obedezca a circunstancias económicas que lo justifiquen. En este contexto, es legalmente posible que puedan modificarse las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador, en la inteligencia de que ello no podrá ir más allá de los límites reconocidos en ley y de que el patrón lo solicite al Tribunal Laboral, a través de la sustanciación de un procedimiento individual económico que obedezca a circunstancias económicas que lo justifiquen. Incluso, se considera que ni siquiera es dable que el trabajador y el empleador puedan pactar la reducción del salario o de cualquier otra condición de trabajo, pues tal pacto sería nulo en términos del artículo 5o. de la Ley Federal del Trabajo, al implicar la renuncia a los derechos laborales, lo cual evidencia –por mayoría de razón– que el patrón tampoco cuenta con la posibilidad legal de reducirlos unilateralmente, ni siquiera en el escenario de que se aduzca que existe imposibilidad presupuestaria para seguir otorgando las prestaciones de que se trate, ya que en todo caso y sin excepción alguna, es necesaria una

resolución judicial previa derivada de un conflicto individual de naturaleza económica. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 307/2022. 27 de febrero de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco René Chavaría Alaniz, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Irving Adrián Hernández Salcido.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

23 de mayo de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2030426

Aislada (Laboral)

Artículos que impactan

Constancia de no conciliación prejudicial. El hecho de que lo asentado en el apartado relativo al "objeto" no coincida con las acciones ejercidas, es insuficiente para considerar que no se agotó la etapa conciliatoria.

684-B, 684-C y 684-E de la Ley Federal del Trabajo

Undécima Época Registro: 2030426 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 23 de mayo de 2025 10:28 horas Materia(s): Laboral Tesis: III.2o.T.82 L (11a.)

Hechos: En un juicio laboral ordinario el Juez ordenó remitir el expediente al Centro de Conciliación para que se agotara la fase conciliatoria prejudicial. Consideró ineficaces las constancias de no conciliación exhibidas por el accionante, en virtud de que se asentó que el objeto de la conciliación fue el "pago de prestaciones" y la "rescisión de la relación de trabajo", lo cual estimó que no satisfacía la exigencia prevista en el artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo, porque se ejerció la acción de indemnización constitucional. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el hecho de que lo asentado en la constancia de no conciliación en el apartado relativo al "objeto" no coincida íntegramente con la acción ejercida, es insuficiente para considerar que no se agotó la etapa conciliatoria prejudicial prevista en el mencionado artículo 684-B.

Justificación: De los artículos 684-C y 684-E de la citada legislación se advierte que el requisito relativo al "objeto de la cita a la contraparte" se encuentra previsto para la solicitud de conciliación, no así para la constancia de no conciliación respectiva. Asimismo, que la información aportada por las partes, como lo es el objeto de la cita a la contraparte, no puede comunicarse a persona o autoridad alguna, sino que el Centro de Conciliación se debe concretar a expedir la constancia de no conciliación o, en su caso, el convenio de conciliación que se celebre. En ese supuesto, el propio Centro deberá remitir electrónicamente al tribunal que corresponda los documentos relativos. Además, de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 237/2023, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 4/2024 (11a.), de rubro: "ACCESO A LA ETAPA JURISDICCIONAL EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, LA CONSTANCIA QUE DEJA A SALVO LOS DERECHOS DEL SOLICITANTE DE LA CONCILIACIÓN PARA PROMOVER JUICIO ANTE EL TRIBUNAL COMPETENTE, FACULTA AL TRIBUNAL LABORAL PARA ANALIZAR LOS ACTOS DE NOTIFICACIÓN PREVIOS A LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA EN COMENTO.", se advierte que la intención del requisito de procedibilidad del juicio ordinario laboral relativo a la exhibición de la constancia expedida por el organismo de conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes, únicamente radica en verificar que se activó la etapa conciliatoria prejudicial y que ésta no prosperó, lo cual se satisface con la expedición de la constancia de no conciliación respectiva. A lo anterior se añade que la "rescisión de la relación de trabajo" se debe entender de manera amplia y flexible, en la medida en que la rescisión del vínculo laboral puede ser demandada tanto por la patronal como por la parte trabajadora.

Adicionalmente, el despido injustificado genera el derecho a demandar la reinstalación, o bien, el pago de la indemnización constitucional, lo cual no es factible conocer, a ciencia cierta y con sus implicaciones jurídicas, durante el procedimiento conciliatorio, sino hasta que se presenta la demanda. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 576/2024. 12 de marzo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Pérez Pérez. Secretaria: María Mireya Acevedo Manríquez. Nota: La sentencia relativa la contradicción de criterios 237/2023 y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 4/2024 (11a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de febrero de 2024 a las 10:11 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 34, Tomo II, febrero de 2024, páginas 1575 y 1609, con números de registro digital: 32134 y 2028142, respectivamente.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

30 de mayo de 2025 Registro

Tipo de resolución

2030448

Aislada (Laboral)

Voz

Artículos que impactan

Ayuda asistencial. La prevista en el artículo 164, fracción 164, fracción IV, de la ley del seguro social IV y 166 de la derogada, tiene naturaleza distinta a la Ley del Seguro establecida en el diverso 166. Social de 1973

Undécima Época Registro: 2030448 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 30 de mayo de 2025 10:35 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T.63 L (11a.)

Ayuda asistencial. La prevista en el artículo 164, fracción IV, de la ley del seguro social derogada, tiene naturaleza distinta a la establecida en el diverso

166.

Hechos: El Instituto Mexicano del Seguro Social controvirtió en amparo directo el laudo en el que se le condenó al pago de una pensión por invalidez, así como a la ayuda asistencial prevista en el referido artículo 164, fracción IV. Consideró que el asegurado no demostró requerir la asistencia permanente o continua de otra persona. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la ayuda asistencial prevista en el artículo 164, fracción IV, de la Ley del Seguro Social derogada, tiene un origen y naturaleza distintos de los de la prevista en el artículo 166. Justificación: De los aludidos artículos 164, fracción IV y 166, se advierte que existen dos clases de ayuda asistencial: 1) la del artículo 164, fracción IV, equivalente al quince por ciento de la cuantía de la pensión que

corresponda, que se configura por el simple hecho de que no exista evidencia de que el pensionado tenga esposa o concubina, hijos menores de dieciséis años, o padres que dependan económicamente de él; y 2) la del artículo 166, consistente en el aumento de hasta el veinte por ciento de la pensión, cuando el pensionado acredite que requiere de la asistencia permanente o continua de otra persona, caso en el cual no tendrá derecho a recibir la del artículo 164, fracción IV. Por lo anterior, la ayuda asistencial del artículo 164, fracción IV, tiene un origen y naturaleza distintos, y es excluyente de la prevista en el artículo 166. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 625/2024. Instituto Mexicano del Seguro Social. 13 de febrero de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretario: Marcelo Cabrera Hernández.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

16 de junio de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2030540

Aislada (Laboral)

Artículos que impactan

Prescripción en materia laboral. Conforme al artículo 517, fracción I, de la ley federal del trabajo prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, y corre a partir del día siguiente de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, no del momento en que se comprueben los errores cometidos, pérdidas o averías imputables al trabajador.

517 fracción I de la ley federal del trabajo

Undécima Época Registro: 2030540 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 13 de junio de 2025 10:19 horas Materia(s): Laboral Tesis: IV.4o.T.1 L (11a.)

Hechos: Un trabajador de confianza demandó de Petróleos Mexicanos (Pemex), como acción principal su reinstalación y opuso la excepción de prescripción para rescindir el contrato en términos del artículo 517, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. El Tribunal Laboral estimó actualizada la prescripción, puesto que la acción del patrón para despedir a sus trabajadores corre a partir del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta cometida por el trabajador. La demandada promovió juicio de amparo directo en el que hizo valer que la prescripción de la acción para separar al trabajador debió estudiarse tomando en consideración

los tres supuestos previstos por el referido artículo, y en especial la segunda de las hipótesis, que establece que dicha prescripción corre desde el momento en que se comprueban los errores cometidos, pérdidas o averías imputables al trabajador. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al artículo 517, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, y corre a partir del día siguiente de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, no del momento en que se comprueben los errores cometidos, pérdidas o averías imputables al trabajador. Justificación: El artículo 517, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, prevé que prescriben en un mes las acciones de los patrones para: a) Despedir a los trabajadores; b) Disciplinar sus faltas; y c) Efectuar descuentos en sus salarios. Asimismo, en el párrafo tercero del precepto legal, para establecer a partir de cuándo corre la prescripción, se utiliza la locución "respectivamente", para referirse a los tres supuestos descritos, esto es: 1) Para despedir a los trabajadores, la prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta; 2) Para disciplinar sus faltas, desde el momento en que se comprueben los errores cometidos, las pérdidas o averías imputables al trabajador; y 3) Para efectuar los descuentos en sus salarios, desde la fecha en que la deuda sea exigible. Entonces, si la falta atribuida al trabajador es la omisión de dar respuesta a una consulta de la patronal, la prescripción de la acción para despedirlo de su empleo corre a partir del día siguiente de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, y no así desde el momento en que se comprueben los errores cometidos, pérdidas o averías imputables al trabajador.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 1206/2023. Petróleos Mexicanos. 24 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Holder Gómez. Secretario: José Jeny Viveros Negrete.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

20 de junio de 2025 Registro

Tipo de resolución

2030563

2030578

Voz

Artículos que impactan

Aislada Audiencia de conciliación, demanda y 879 párrafo (Laboral) excepciones. El artículo 879, párrafo tercero de la (Constitucional) tercero, de la ley federal del trabajo, al ley federal del establecer que si el demandado no trabajo comparece se le tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo, no viola el derecho de audiencia (legislación vigente hasta el 1 de mayo de 2019). Aislada Discriminación laboral por origen 685 Ter, (Laboral) nacional. Para determinar si un asunto se fracción I de la encuentra exento de agotar la conciliación ley federal del prejudicial por ese motivo, el juzgador trabajo debe analizar los hechos narrados y las pruebas presentadas en la demanda.

Undécima Época Registro: 2030563 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 20 de junio de 2025 10:26 horas Materia(s): Laboral, Constitucional Tesis: I.14o.T.52 L (11a.)

Audiencia de conciliación, demanda y excepciones. El artículo 879, párrafo tercero, de la ley federal del trabajo, al establecer que si el demandado no comparece se le tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo, no viola el derecho de audiencia (legislación vigente hasta el 1 de mayo de 2019).

Hechos: Una trabajadora demandó la reinstalación y diversas prestaciones laborales con motivo del despido injustificado del que adujo fue objeto. Ante la incomparecencia de los demandados a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la Junta tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo con fundamento en el artículo referido, y seguido el procedimiento dictó laudo condenatorio. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 879, párrafo tercero, de la Ley Federal del Trabajo no viola el derecho de audiencia, pues la sanción derivada de la falta de comparecencia de la parte

demandada a la audiencia de ley, consistente en tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, admite prueba en contrario. Justificación: El derecho de audiencia consiste en ser oído y tener la oportunidad de ejercer una defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, con la finalidad de salvaguardar el derecho de defensa de la persona antes de que alguna autoridad modifique en forma definitiva su esfera jurídica. El tercer párrafo del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo establece que si el demandado no comparece a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (por sí o a través de su representante legal), la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo. Dicha consecuencia no impide al demandado que, en la etapa de pruebas, ofrezca las que considere pertinentes para demostrar que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido, o que no son ciertos los hechos afirmados. Además, la Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo que la determinación de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo permite dar certeza jurídica a las partes sobre lo que implica incumplir con sus cargas y obligaciones procesales en juicio. En ese tenor, la sanción referida no impide a la demandada acudir a juicio, hacer valer sus defensas y ofrecer pruebas a fin de destruir esa presunción, ni le niega la oportunidad de impugnar el laudo que se dicte en el juicio. DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 642/2024. Ronnan Moisés Chablé Gallegos. 6 de febrero de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Manuel Martínez Estrada. Secretaria: Marina de los Ángeles Amezcua Milán.

Undécima Época Registro: 2030578 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 20 de junio de 2025 10:26 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.2o.T.35 L (11a.)

Discriminación laboral por origen nacional. Para determinar si un asunto se encuentra exento de agotar la conciliación prejudicial por ese motivo, el juzgador debe analizar los hechos narrados y las pruebas presentadas en la demanda.

Hechos: Una trabajadora demandó el pago de diversas prestaciones derivadas de un despido injustificado, argumentando que había sido víctima de discriminación por ser extranjera. El tribunal laboral la requirió para que acreditara haber agotado el procedimiento de conciliación prejudicial sin que lo hubiera hecho. El tribunal, entonces, determinó no admitir la demanda, ordenó su remisión al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el archivo del asunto como totalmente concluido, pues sostuvo que la accionante no se encontraba en los supuestos de excepción establecidos en el artículo 685 Ter, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en los asuntos donde se alega discriminación laboral por origen nacional, para determinar si se encuentran exentos de agotar la conciliación prejudicial por ese

motivo, la persona juzgadora debe analizar los hechos narrados y las pruebas presentadas en la demanda. Justificación: La intención del legislador es clara al establecer, en la fracción I del artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo, la excepción a la instancia conciliatoria en casos de conflictos relacionados, entre otros, con la discriminación en el empleo, ya que por la naturaleza de esos conflictos se requiere de una tutela especial para proteger derechos fundamentales. Esta tutela está ordenada por el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados e instrumentos internacionales que integran nuestra Constitución. Dichas disposiciones prohíben toda discriminación motivada, entre otras razones, por el origen nacional. En consecuencia, todas las autoridades mexicanas, dentro de sus respectivas competencias, deben impedir incurrir o aceptar conductas discriminatorias. No importa si el artículo mencionado no contempla explícitamente el origen nacional como rubro prohibido de discriminación en el empleo, pues incluye el rubro "condición social". Entonces, debe recurrirse, como criterio obligatorio, a lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en el cual se estableció que la discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en cualquier factor social que implique marginación o desventaja –lo que ciertamente incluye el original nacional–, cuyo objetivo o consecuencia sea anular menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Por tanto, en la aplicación del artículo 685 Ter, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, la persona juzgadora debe determinar si efectivamente se trata de un conflicto relacionado con discriminación por los motivos de embarazo, sexo,

orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, acoso u hostigamiento sexual, y debe incluir en la interpretación de la expresión "condición social" cualquier factor que suponga marginación social, económica o política. Cuando realice la ponderación necesaria para verificar si se actualiza ese supuesto de excepción, se basará en el contenido de la demanda y en las pruebas que la acompañen, sin que ello implique prejuzgar sobre los hechos relatados. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 3/2024. 15 de agosto de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Villalpando Bravo. Secretaria: Alejandra Berenice Tamayo Chacón.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

27 de junio de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2030658

Jurisprudencia (Laboral)

Artículos que impactan

Sentencias en materia laboral. Son válidas las firmadas únicamente por el juez sin la asistencia del secretario instructor.

3o. Ter, fracción VI, 610, 720, fracción IV, 721, primer párrafo, 837, 839, 840, 857, 871, 873-J y 894 de la ley federal del trabajo

2030626

Aislada (Laboral)

2030619

Jurisprudencia (Laboral)

Conflictos individuales de seguridad 899-C, social. Cuando la parte actora demanda el fracción VI de reconocimiento como beneficiaria de los la ley federal derechos laborales de la persona fallecida y del trabajo simultáneamente la devolución de los saldos acumulados en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, no es necesario que exhiba algún estado de cuenta, ni la solicitud que hiciera a la afore de dicha documentación. Competencia para conocer de la demanda 871 de la ley presentada antes del nuevo sistema de federal del justicia laboral. Corresponde a una junta de

conciliación y arbitraje y, de haberse trabajo, así extinguido, a la homóloga designada como artículos conforme al decreto correspondiente transitorios quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del decreto por el que se reformó la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019 2030630

Jurisprudencia (Laboral)

2030636

Jurisprudencia (Laboral)

Estado de cuenta individual de personas 899-C de la ley trabajadoras fallecidas. No es un requisito federal del de procedencia que deba acompañarse a la trabajo demanda cuando se reclame simultáneamente la declaración de legítima beneficiaria y el pago de las aportaciones administradas por una afore. Incompetencia por declinatoria en el nuevo 685, 701, 735, sistema de justicia laboral. Pasos a seguir 873-A, párrafo por la persona juzgadora cuando la decreta sexto; 873-H, oficiosamente. párrafo

segundo y 873-K, párrafo segundo de la ley federal del trabajo

Undécima Época Registro: 2030658 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 27 de junio de 2025 10:33 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T. J/31 L (11a.)

Sentencias en materia laboral. Son válidas las firmadas únicamente por el juez

sin

asistencia

del

secretario

instructor.

Hechos: En diversos conflictos laborales, la sentencia definitiva que puso fin al mismo y que fue el acto reclamado en el juicio de amparo directo, fue firmada solamente por el Juez sin asistencia del secretario instructor. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la falta de firma del secretario instructor en una sentencia dictada en un conflicto individual de seguridad social o en un procedimiento ordinario laboral, no viola el principio de seguridad jurídica y, por ende, no invalida dichas resoluciones. Justificación: De la interpretación sistemática de los artículos 3o. Ter, fracción VI, 610, 720, fracción IV, 721, primer párrafo, 837, 839, 840, 857, 871, 873-J y 894 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que la sentencia sólo tendrá como requisito de validez la firma del único funcionario facultado para emitirla, es decir, el Juez, ya que dicha ley no exige que deba ser asistido por el secretario instructor o por algún otro funcionario. Esto se debe a que, una vez

concluida la fase escrita, el resto de las decisiones son responsabilidad única y exclusiva del Juez. Agotada dicha fase, el secretario instructor no puede dictar acuerdos, pues sustituiría al juzgador en una etapa en la que la ley no lo autoriza. Lo anterior se fundamenta en el principio de legalidad que impera en nuestro sistema jurídico, según el cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente las faculta la ley. Por ende, al no encontrarse expresamente facultado para emitir esa determinación, es evidente que el secretario instructor no puede autorizar o firmar otras actuaciones, con la única salvedad de signar las audiencias que se celebren. Consecuentemente, para que una sentencia sea válida, basta con la firma del Juez que la emitió, sin necesidad de que la suscriba el secretario instructor o cualquier otro funcionario; misma conclusión aplicaría tratándose de resoluciones interlocutorias, acorde con el principio de mayoría de razón. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 715/2023. 13 de marzo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretario: Marcelo Hernández Cabrera. Amparo directo 624/2023. 13 de marzo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo Eduardo Serrano Ruiz. Secretario: Dionisio Huesca Morales. Amparo directo 1029/2023. 24 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Anabel Morales Guzmán. Amparo directo 1030/2023. 24 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Anabel Morales Guzmán. Amparo directo 943/2023. 22 de mayo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Silvia Valeska Soberanes Sánchez.

Nota: El criterio contenido en esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 68/2025, resuelta por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México el 28 de mayo de 2025, de la que derivó la tesis de jurisprudencia PR.P.T.CS. J/60 L (11a.), pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación.

Undécima Época Registro: 2030626 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 27 de junio de 2025 10:33 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.5o.T.50 L (11a.)

Conflictos individuales de seguridad social. Cuando la parte actora demanda el reconocimiento como beneficiaria de los derechos laborales de la persona fallecida y simultáneamente la devolución de los saldos acumulados en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, no es necesario que exhiba algún estado de cuenta, ni la solicitud que hiciera a

afore

dicha

documentación.

Hechos: En un conflicto individual de seguridad social, una persona demandó tanto el reconocimiento de ser el beneficiario de la persona fallecida, como la devolución de los fondos acumulados en la cuenta individual de este último. El Tribunal Laboral desechó la demanda porque no se exhibió el estado de cuenta relativo al cuatrimestre previo a la presentación de la demanda, sino uno diverso, por lo que no se cumplió con el requisito previsto en la fracción VI del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando el actor demanda simultáneamente el reconocimiento como beneficiario de los derechos laborales de una persona fallecida y los saldos acumulados en la cuenta individual del de cujus, administrada por una Afore, no constituye un

requisito de procedibilidad la exhibición de algún estado de cuenta o de la solicitud que hiciera de él y, por tanto, no le deben ser exigidos. Justificación: De las tesis de jurisprudencia 2a./J. 52/2017 (10a.) y 2a./J. 32/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS

REQUISITOS

ARTÍCULO

PROCEDIBILIDAD

899-C

LEY

EXIGIDOS

FEDERAL

DEL

POR

TRABAJO,

CONSTITUYEN LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE PRESENTA EL ACTOR, EN LOS QUE DEBE FUNDAR SUS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR ENDE, SI NO LOS CUMPLE, NO PUEDE CONFIGURARSE LA ACCIÓN RESPECTIVA." y "CONFLICTOS INDIVIDUALES

SEGURIDAD

SOCIAL.

LAS

PRUEBAS

RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", respectivamente, se advierte que en los conflictos individuales de seguridad social los requisitos relacionados con la procedencia de la acción (señalados en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo) deben cumplirse al presentar la demanda. No obstante, en el segundo de esos criterios se precisó que ello debe ser "siempre y cuando se trate de aquellos que sean acordes con la naturaleza de la acción". Entonces, si bien la fracción VI del citado precepto que señala como requisito exhibir "el último estado de cuenta individual de ahorro para el retiro", ello sólo aplica al titular de la cuenta, pero no así cuando se trate de quien pretende que se le declare como su beneficiario, porque en ese caso no se justifica pedir que, junto con la demanda, se exhiba el último o algún estado de la cuenta individual de la cual

no es titular y, además, porque a la fecha de promoción del juicio no cuenta con el carácter de beneficiaria, por lo que carece de legitimación para obtenerlo a través de una solicitud dirigida a la Afore correspondiente. De ahí que, tratándose de beneficiarios, no constituye un requisito de procedibilidad la presentación de alguno de esos documentos, porque de otro modo se estaría imponiendo una carga desproporcionada, e incluso, imposible de cumplir, que obstaculiza injustificadamente el derecho de la parte actora a que un órgano jurisdiccional resuelva la controversia, negándole así el acceso a la tutela judicial efectiva. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 424/2024. 13 de marzo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Estela Berenice Vargas Bravo Piedras. Secretaria: Karla Virginia Román Colín. Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 52/2017 (10a.) y 2a./J. 32/2019 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 19 de mayo de 2017 a las 10:24 horas y 1 de marzo de 2019 a las 10:04 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 42, Tomo I, mayo de 2017, página 662; y 64, Tomo II, marzo de 2019, página 1809, con números de registro digital: 2014289 y 2019409, respectivamente. El criterio contenido en esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 53/2025, resuelta por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México el 14 de mayo de 2025, de la que derivó la tesis de jurisprudencia

PR.P.T.CS. J/56 L (11a.), de rubro: "ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL DE PERSONAS TRABAJADORAS FALLECIDAS. NO ES UN REQUISITO DE PROCEDENCIA QUE DEBA ACOMPAÑARSE A LA DEMANDA CUANDO SE RECLAME SIMULTÁNEAMENTE LA DECLARACIÓN DE LEGÍTIMA BENEFICIARIA Y EL PAGO DE LAS APORTACIONES ADMINISTRADAS POR UNA AFORE."

Undécima Época Registro: Instancia: Tipo de Tesis: Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 27 de junio de 2025 10:33 horas Materia(s): Laboral Tesis:

Competencia para conocer de la demanda presentada antes del nuevo sistema de justicia laboral. Corresponde a una junta de conciliación y arbitraje y, de haberse extinguido, a la homóloga designada conforme al decreto

correspondiente.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar a qué órgano corresponde resolver un juicio laboral promovido ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, si durante su sustanciación ésta se extinguió por decreto. Mientras que uno determinó que con base en la fecha de presentación de la demanda (que fue previa al inicio de funciones de los Tribunales Laborales del lugar donde se fincó la competencia), era competente la Junta indicada en el decreto de extinción y el otro consideró competente al Tribunal Laboral del lugar donde se fincó la competencia, aun cuando la demanda laboral se hubiera presentado con anterioridad a su inicio de funciones. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia para conocer de una demanda laboral presentada antes de la

implementación del nuevo sistema de justicia laboral corresponde a una Junta de Conciliación y Arbitraje y, de haberse extinguido, a la homóloga designada conforme al decreto correspondiente. Justificación: Conforme a los artículos transitorios quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del decreto por el que se reformó la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, por el que se implementó la reforma constitucional respecto del nuevo sistema de justicia laboral, una Junta de Conciliación y Arbitraje no puede conocer de un asunto del nuevo sistema, y un Tribunal Laboral no está en posibilidad de dar trámite a una demanda regida por el anterior. Por tanto, para determinar a qué órgano jurisdiccional corresponde el conocimiento de una demanda en el periodo temporal de la implementación del nuevo sistema y el inicio de funciones de los Tribunales Laborales debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda, pues corresponde a la del inicio del juicio, en términos del artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo. Por ello, si la demanda se presentó ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual se declaró incompetente, la declinación de competencia no puede ser en favor de un Tribunal Laboral, porque no le corresponde conocerla, debido a la fecha de presentación, conforme a los transitorios mencionados y las normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma, pues le corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Así, en caso de que la Junta haya sido extinguida por decreto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es competente la designada en el decreto respectivo.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Contradicción de criterios 10/2025. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Décimo Primero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 de abril de 2025. Tres votos de las Magistradas María Enriqueta Fernández Haggar y Guadalupe Madrigal Bueno, y del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar. Secretario: Luis Daniel Castillo Valdivia. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 49/2024, y el diverso sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 48/2024.

Undécima Época Registro: 2030630 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 27 de junio de 2025 10:33 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/56 L (11a.)

Estado de cuenta individual de personas trabajadoras fallecidas. No es un requisito de procedencia que deba acompañarse a la demanda cuando se reclame simultáneamente la declaración de legítima beneficiaria y el pago de

las

aportaciones

administradas

por

una

afore.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en los conflictos individuales de seguridad social en los que se demanda el reconocimiento como legítima beneficiaria de una persona trabajadora fallecida y la devolución de aportaciones administradas por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), es necesario exhibir junto con la demanda el estado de cuenta individual del titular. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se reclame simultáneamente la declaración de legítimo beneficiario y el pago de las aportaciones administradas por una Afore, el estado de cuenta individual de la extinta trabajadora no es un requisito de procedencia que deba acompañarse a la demanda.

Justificación: Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 52/2017 (10a.), 2a./J. 58/2017 (10a.), 2a./J. 50/2018 (10a.) y 2a./J. 32/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los requisitos que prevé el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo como parte de la demanda en los conflictos individuales de seguridad social, son indispensables para configurar la acción y para fijar la litis. Sin embargo, deben exigirse los que sean propios o correspondan a la acción intentada. Por tanto, debe atenderse a la naturaleza de la prestación reclamada y a los requisitos que el ordenamiento legal aplicable prevé para la procedencia de la acción. Cuando se reclame la declaración de beneficiarios y el pago de las aportaciones administradas por las Afores, no puede exigirse a la parte actora que exhiba el estado de cuenta de quien falleció y menos el último, porque no tiene legitimación para solicitar dicho documento antes de obtener ese carácter. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Contradicción de criterios 53/2025. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Quinto y Décimo Sexto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 14 de mayo de 2025. Tres votos de las Magistradas María Enriqueta Fernández Haggar y Guadalupe Madrigal Bueno, y del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar. Secretario: Luis Omar García Morales. Tesis y/o criterios contendientes: El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 821/2023, el cual dio origen a la tesis aislada

I.16o.T.25 L (11a.), de rubro: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. CUANDO LA PARTE ACTORA DEMANDA EL RECONOCIMIENTO COMO BENEFICIARIA DE LOS DERECHOS LABORALES DE LA PERSONA FALLECIDA Y, SIMULTÁNEAMENTE, LA OBTENCIÓN DE ALGÚN BENEFICIO CONDICIONADO A ELLO, BASTA CON QUE APORTE EL ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL CON QUE CUENTE, AUNQUE NO SEA EL ÚLTIMO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de abril de 2024 a las 10:23 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 36, Tomo V, abril de 2024, página 4476, con número de registro digital: 2028618, y El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 424/2024. Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 52/2017 (10a.), 2a./J. 58/2017 (10a.), 2a./J. 50/2018 (10a.) y 2a./J. 32/2019 (10a.) citadas, aparecen publicadas con los rubros: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS

REQUISITOS

ARTÍCULO

899-C

PROCEDIBILIDAD

LEY

EXIGIDOS

FEDERAL

DEL

POR

TRABAJO,

SEGURIDAD

SOCIAL.

ANTE

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PREVENIRSE AL ACTOR

PARA

QUE

SUBSANE

LAS

IRREGULARIDADES

ADVERTIDAS.", "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. SI BIEN LA DEMANDA PRESENTADA POR EL ACTOR DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO DEBE CONTENER AQUELLOS QUE SEAN PROPIOS DE LA ACCIÓN INTENTADA." y "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD

SOCIAL. LAS

PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 19 de mayo de 2017 a las 10:24 horas, 9 de junio de 2017 a las 10:15 horas, 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas y 1 de marzo de 2019 a las 10:04 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 42, Tomo I, mayo de 2017, página 662; 43, Tomo II, junio de 2017, página 890; 54, Tomo II, mayo de 2018, página 1328 y 64, Tomo II, marzo de 2019, página 1809, con números de registro digital: 2014289, 2014431, 2016914 y 2019409, respectivamente. De la sentencia que recayó al amparo directo 424/2024 resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, derivó la tesis aislada I.5o.T.50 L (11a.), de rubro: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. CUANDO LA PARTE ACTORA DEMANDA EL RECONOCIMIENTO COMO BENEFICIARIA DE LOS DERECHOS LABORALES DE LA PERSONA FALLECIDA Y SIMULTÁNEAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LOS SALDOS ACUMULADOS EN LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, NO ES NECESARIO QUE EXHIBA ALGÚN ESTADO DE CUENTA, NI LA

SOLICITUD

QUE

HICIERA

AFORE

DICHA

DOCUMENTACIÓN.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2025 a las 10:33 horas.

Undécima Época Registro: 2030636 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 27 de junio de 2025 10:33 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/52 L (11a.)

Incompetencia por declinatoria en el nuevo sistema de justicia laboral. Pasos a seguir por la persona juzgadora cuando la decreta oficiosamente.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones divergentes al resolver conflictos competenciales por fuero, suscitados en juicios ordinarios entre un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y uno estatal, en el que el primero sólo emplazó a la parte demandada y posteriormente emitió la determinación de incompetencia por declinatoria. Mientras uno consideró que no se actualizó el conflicto, pues no se realizó la citación a las partes respecto de la incompetencia decretada; el otro determinó que era suficiente el emplazamiento y que los tribunales laborales rechazaran conocer del asunto. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México determina que para que la persona juzgadora en materia laboral pueda declinar oficiosamente competencia en un juicio ordinario laboral en términos del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, debe: I) emplazar a la parte demandada; II) aguardar a la contestación de la demanda o su ausencia; III) emitir auto en el que exponga

las razones mínimas en las que sustenta la incompetencia pretendida, indicando a las partes que tienen derecho a ofrecer pruebas y hacer manifestaciones sobre ese tema; IV) citarlas para que en el plazo de tres días ejerzan esos derechos; y V) concluido dicho plazo, previo al desahogo de la audiencia preliminar, emitir la resolución respectiva, salvo que estime que resulta necesario el desahogo de una audiencia para emitirla. Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha forjado la siguiente teoría jurisprudencial sobre la declaratoria de incompetencia de oficio en las contradicciones de criterios 428/2022 y 117/2024: el emplazamiento de la parte demandada es un requisito procesal previo y que la declaratoria debe ser con citación a las partes. Sin embargo, no se ha pronunciado en relación con los pasos que debe seguir la persona juzgadora. Con independencia de las amplias facultades con que cuenta para conducir el procedimiento conferidas en los artículos 873-H, párrafo segundo y 873-K, párrafo segundo, en relación con el numeral 685, todos de la Ley Federal del Trabajo, el emplazamiento de la parte demandada es la primera fase del procedimiento aludido. Una vez realizado se estará en espera de la contestación de la demanda o de la ausencia de ésta, en tanto que conforme al párrafo sexto del artículo 873-A, la incompetencia no exime a la parte demandada de efectuar contestación. Ocurrido lo anterior, la persona juzgadora podrá tomar posición objetiva sobre su competencia y emitirá auto que contenga las razones mínimas en que funde su pretendida incompetencia, citando a las partes, para que puedan ofrecer pruebas y/o alegar con relación al tema competencial.

Para ello otorgará el plazo genérico de tres días hábiles conforme al artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, notificación que hará también las veces de la citación a que alude la Segunda Sala del Alto Tribunal. Transcurrido el plazo, tomando en cuenta lo que llegaren a manifestar las partes, emitirá resolución. En atención a las facultades con que cuenta, así como a las características de cada caso, podrá fijar fecha para el desahogo de una audiencia y en ella tomar su decisión. A fin de evitar dilaciones en el procedimiento, la resolución deberá pronunciarse antes de la fecha señalada para el desahogo de la audiencia preliminar. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Contradicción de criterios 95/2024. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 23 de abril de 2025. Tres votos de las Magistradas María Enriqueta Fernández Haggar y Guadalupe Madrigal Bueno, y del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar. Secretario: Luis Daniel Castillo Valdivia. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 2/2024, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 83/2023. Nota: Del conflicto competencial 2/2024, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, derivó la tesis aislada

III.2o.T.74 L (11a.), de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL EN MATERIA

LABORAL.

INEXISTENTE

ANTES

DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE OFICIO NO SE CITA A LAS PARTES,

AUN

CUANDO

DEMANDADA

HAYA

SIDO

EMPLAZADA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de noviembre de 2024 a las 10:33 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 43, noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 2, página 1546, con número de registro digital: 2029551. Las sentencias relativas a las contradicciones de criterios 428/2022 y 117/2024 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 21 de abril de 2023 a las 10:25 horas y 20 de septiembre de 2024 a las 10:29 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libros 24, Tomo II, abril de 2023, páginas 1674 y 41, septiembre de 2024, Tomo III, Volumen 2, página 1394, con números de registro digital: 31386 y 32701, respectivamente.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

4 de julio de 2025 Registro

Tipo de resolución

2030663

Jurisprudencia (Laboral)

2030670

Aislada (Laboral)

2030713

Aislada (Laboral)

2030728

Aislada (Laboral)

Voz

Artículos que impactan

Actas administrativas levantadas para 47 y 794 de la hacer constar faltas cometidas por el ley federal del trabajador. Su incomparecencia en el trabajo procedimiento llevado a cabo por el patrón no genera la presunción del reconocimiento de los hechos imputados, que haga innecesaria su ratificación en sede judicial Competencia para conocer del juicio en el 527, fracción que se demanda una prestación principal al II, inciso 1), de instituto de seguridad y servicios sociales la ley federal de los trabajadores del estado (ISSSTE) y del trabajo existen diversos codemandados cuya relación laboral se regula conforme al artículo 123, apartado a, de la constitución general. Corresponde a un tribunal laboral federal. Pensiones por incapacidad permanente. El 68 de la ley del artículo 68 de la ley del seguro social que seguro social determina que su cuantía será actualizada anualmente conforme al índice nacional de precios al consumidor (INPC), no viola el derecho al mínimo vital previsto en el artículo 4o. De la constitución política de los estados unidos mexicanos. Seguro social. El artículo 53 de la ley 503 de la ley relativa, al establecer que el instituto federal del mexicano del seguro social (IMSS) se

2030672

Jurisprudencia (Laboral)

subrogará en las obligaciones del patrón trabajo y 53 de respecto de los riesgos de trabajo, no viola la ley del el derecho a la seguridad social previsto en seguro social el artículo 123 constitucional. Competencia por razón de territorio en 503, fracciones materia laboral. Debe privilegiarse la I y II; 700, elección de quien demanda la declaración fracción II y de beneficiario de una persona trabajadora 753 de la ley fallecida. federal del Trabajo

Undécima Época Registro: 2030663 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 4 de julio de 2025 10:11 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T. J/30 L (11a.)

Actas administrativas levantadas para hacer constar faltas cometidas por el trabajador. Su incomparecencia en el procedimiento llevado a cabo por el patrón no genera la presunción del reconocimiento de los hechos imputados, que haga innecesaria su ratificación en sede judicial.

Hechos: En diversos conflictos laborales la parte trabajadora no compareció en el procedimiento llevado a cabo por el patrón, concretamente a la celebración del acta administrativa relativa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la falta de comparecencia del trabajador en el procedimiento llevado a cabo por el patrón no genera la presunción del reconocimiento de los hechos imputados, que haga innecesaria la ratificación en sede judicial de las actas administrativas levantadas para hacer constar faltas cometidas por el trabajador. Justificación: De la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181 a 186, Quinta Parte, enero a

junio de 1984, página 67, de rubro: "ACTAS ADMINISTRATIVAS, EN INVESTIGACIÓN DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES. DEBEN SER RATIFICADAS.", se advierte que las actas administrativas levantadas en la investigación por las faltas cometidas por los trabajadores, para que adquieran pleno valor probatorio deben ser ratificadas ante el órgano jurisdiccional por quienes las suscriben para dar oportunidad a la contraparte de repreguntar a sus firmantes y desvirtuar los hechos contenidos en ellas, aun cuando éstas no hayan sido objetadas; lo anterior, salvo que el trabajador acepte plena y expresamente su responsabilidad, ya sea en el acta administrativa o en cualquier actuación dentro del procedimiento de investigación o, incluso, en la demanda laboral, siempre que de dicha manifestación se colija que admite la falta cometida respecto de los hechos que se le atribuyen como causal de separación del trabajo; de ahí que si el trabajador no comparece en el procedimiento llevado a cabo por el patrón, concretamente, a la celebración del acta administrativa relativa, no puede generarse en su perjuicio la presunción de que cometió la conducta que se le atribuye, de forma que sea innecesario ratificarla por sus signantes ante el órgano jurisdiccional; en primer lugar, porque la Ley Federal del Trabajo no prevé una consecuencia de este tipo cuando aquél no se presenta al procedimiento que el patrón desarrolla para determinar si rescinde o no la relación laboral y, en segundo, porque dicha investigación únicamente tiene por objeto dar oportunidad al trabajador de defenderse de las faltas que se le atribuyen, esto es, evitar que sea privado de su empleo sin que se sustancie una investigación en la que pueda defenderse. Por tanto, la consecuencia de que el trabajador no comparezca a aquélla sólo puede ocasionar que se le tenga por perdida su oportunidad para defenderse, para alegar y ofrecer pruebas ante el patrón para desvirtuar la conducta que se le imputa; pero no puede generar una presunción que haga innecesaria la ratificación del acta administrativa

correspondiente; de ahí que solamente podrá eximirse al patrón de perfeccionar el acta administrativa cuando el trabajador admita plena y expresamente su responsabilidad dentro de dicho procedimiento, o en el propio juicio laboral, de conformidad con el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 579/2017. 14 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Silvia Valeska Soberanes Sánchez. Amparo directo 544/2017. 21 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. Secretario: Ismael Martínez Reyes. Amparo directo 429/2020. 29 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Renato de Jesús Martínez Lemus. Amparo directo 531/2023. 9 de enero de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Víctor Hugo Millán Escalera. Amparo directo 819/2023. 30 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo Eduardo Serrano Ruiz. Secretario: José Vega Luna.

Undécima Época Registro: 2030670 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 4 de julio de 2025 10:11 horas Materia(s): Laboral Tesis: VIII.1o.C.T.9 L (11a.)

Competencia para conocer del juicio en el que se demanda una prestación principal al instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado (ISSSTE) y existen diversos codemandados cuya relación laboral se regula conforme al artículo 123, apartado A, de la constitución general. Corresponde

tribunal

laboral

federal.

Hechos: Una persona beneficiaria promovió juicio contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y el sindicato de esa institución educativa, en el que reclamó una pensión de viudez, diversos beneficios inherentes a ese beneficio, la devolución del saldo que integró la cuenta de retiro, así como diversas prestaciones de carácter laboral y sindical. El tribunal local ante quien originalmente se promovió la demanda se declaró incompetente y declinó el asunto a favor de un tribunal federal, el cual no aceptó la competencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la competencia para conocer del juicio en el que se demandan como prestación principal el pago de una pensión por viudez al ISSSTE y otras prestaciones de

diversos codemandados cuyo régimen constitucional y legal se regula conforme al artículo 123, apartado A, de la Constitución General, corresponde a un Tribunal Laboral Federal. Justificación: De la evolución jurisprudencial emitida por el Alto Tribunal del país, del régimen constitucional y legal que reguló la relación laboral entre el extinto trabajador y la UJED, del que derivaron las cuotas a dicho organismo y que fue conforme al apartado A del artículo 123 constitucional, y de la reforma al sistema de justicia laboral, en congruencia con los principios de tutela judicial efectiva y de no división de la continencia de la causa vinculado al de economía procesal, se concluye que quien debe conocer del juicio es un Tribunal Laboral Federal, al ser el más idóneo, en términos de la fracción XX del citado precepto y apartado. Además, el ISSSTE es un organismo público descentralizado que se ubica en la hipótesis de competencia federal prevista en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1), de la Constitución, y 527, fracción II, inciso 1), de la Ley Federal del Trabajo, por lo que debe ser una autoridad federal quien conozca del juicio, ya que todo conflicto relacionado con las prestaciones que emanan de ese precepto constitucional y que puedan afectar el patrimonio federal, debe ser del conocimiento de un órgano jurisdiccional que pertenezca a dicho nivel de gobierno. Sin que sea obstáculo que la competencia para conocer de los asuntos relacionados con los diversos codemandados sea del ámbito local, pues en aras de tutelar la unidad del proceso debe conocer la autoridad federal por ser el fuero atractivo ante una pluralidad de demandados respecto de los cuales convergen ambos ámbitos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Conflicto competencial 31/2023. Suscitado entre el Tribunal de Justicia Laboral, con sede en Gómez Palacio, Durango, y el Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza. 16 de mayo de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Rodríguez. Secretario: Gustavo Bogar Camarillo Arreola.

Undécima Época Registro: 2030713 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 4 de julio de 2025 10:11 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.10o.T.28 L (11a.)

Pensiones por incapacidad permanente. El artículo 68 de la ley del seguro social que determina que su cuantía será actualizada anualmente conforme al índice nacional de precios al consumidor (INPC), no viola el derecho al mínimo vital previsto en el artículo 4o. De la constitución política de los estados

unidos

mexicanos.

Hechos: La madre de un trabajador fallecido demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del patrón, el reconocimiento como beneficiaria de su extinto hijo, el pago de indemnización por muerte y otras prestaciones devengadas no pagadas. La concubina del trabajador, por sí y en representación de su menor hijo, fueron llamados a juicio como terceros interesados, y demandó las mismas prestaciones. La Junta de Conciliación y Arbitraje condenó a otorgamiento de las pensiones por viudez y orfandad, y que sus incrementos fueran conforme al artículo 68 de la Ley del Seguro Social. Contra esa determinación la quejosa promovió juicio de amparo directo en el que argumentó la inconstitucionalidad de dicho artículo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 68 de la Ley del Seguro Social, que establece que la cuantía de las

pensiones por incapacidad permanente será actualizada anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), no viola el derecho al mínimo vital previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: El citado artículo 68, al disponer que la actualización de las pensiones por incapacidad permanente se realice conforme al INPC y no en salarios mínimos, no viola el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que no constituye una afectación al mínimo vital, pues la actualización de las pensiones no equivale a la remuneración que reciben los trabajadores por su labor, porque éstas se encuentran dentro de un nuevo ámbito de naturaleza administrativa y, por tanto, procede que se fije como parámetro en su actualización una medida de referencia como lo es el INPC, al ser el instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 762/2024. 3 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Rafael Durán Suárez, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Ivonne Karina Soto Sánchez. Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, con número de registro digital: 195528, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE

CIRCUITO.

AUNQUE

LAS

CONSIDERACIONES

SOBRE

CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE

AMPARO

DIRECTO,

SON

APTAS

PARA

INTEGRAR

JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

Undécima Época Registro: 2030728 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 4 de julio de 2025 10:11 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.10o.T.27 L (11a.)

Seguro social. El artículo 53 de la ley relativa, al establecer que el instituto mexicano del seguro social (IMSS) se subrogará en las obligaciones del patrón respecto de los riesgos de trabajo, no viola el derecho a la seguridad social

previsto

artículo

123

constitucional.

Hechos: La madre de un trabajador fallecido demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del patrón, el reconocimiento como beneficiaria de su extinto hijo, el pago de indemnización por muerte y otras prestaciones devengadas no pagadas. La concubina del trabajador por sí y en representación de su menor hijo, fueron llamados a juicio como terceros interesados, y demandó las mismas prestaciones. El organismo de seguridad social negó los reclamos de ambas y argumentó que debía seguirse el procedimiento previsto en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo; por su parte, el patrón además de negar acción y derecho, señaló que en su oportunidad dio de alta al de cujus ante el organismo de seguridad y éste debía responder de lo demandado; respecto a las demás prestaciones devengadas reconoció su adeudo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 53 de la Ley del Seguro Social al establecer que el IMSS se subrogará

en las obligaciones del patrón respecto de los riesgos de trabajo, no viola el derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123 constitucional. Justificación: Conforme a los artículos 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y así como al Convenio Número 102 relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la seguridad social es un derecho humano cuyo cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que el Estado, a través del ente de seguridad social, en el caso el IMSS, tiene la obligación de garantizar el pago correspondiente por la muerte del trabajador, derivada de un riesgo de trabajo, por lo que sale de la esfera de obligaciones del propio patrón, lo cual lejos de disminuir los derechos es un beneficio reforzado para los sujetos beneficiarios, por ello, ese organismo debe subrogarse y otorgar las prestaciones que correspondan a los familiares del de cujus, incluso cuando éste no fue dado de alta en el régimen obligatorio y, en su caso, determinar los capitales constitutivos a cargo del patrón omiso. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 762/2024. 3 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Rafael Durán Suárez, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Ivonne Karina Soto Sánchez. Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, con número de registro digital: 195528, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

AUNQUE

LAS

CONSIDERACIONES

SOBRE

CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE

AMPARO

DIRECTO,

SON

APTAS

PARA

INTEGRAR

JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

Undécima Época Registro: 2030672 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 4 de julio de 2025 10:11 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/49 L (11a.)

Competencia por razón de territorio en materia laboral. Debe privilegiarse la elección de quien demanda la declaración de beneficiario de una persona trabajadora

fallecida.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar conflictos competenciales por razón de territorio originados por tribunales laborales respecto de la aplicación de las reglas de competencia previstas en el artículo 700, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, en el marco de procedimientos paraprocesales instados para obtener el reconocimiento como legítimo beneficiario de una persona trabajadora fallecida. Mientras que uno sostuvo que es competente el tribunal laboral con jurisdicción en el domicilio de la última fuente de trabajo donde el de cujus prestó sus servicios; el otro determinó que es competente el órgano con jurisdicción en el domicilio elegido por quien presenta la solicitud respectiva, entre los tres supuestos previstos para ese efecto. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que debe privilegiarse la facultad de elección de quien demanda la declaración de

beneficiario de una persona trabajadora fallecida, optando por cualquiera de los supuestos de competencia por razón de territorio previstos en los incisos del artículo 700, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo. Justificación: Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 7/95, 2a./J. 161/2006 y 2a./J. 10/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe privilegiarse la facultad de elección en favor de quien insta, al buscar ser legítimo beneficiario de los derechos laborales de la persona fallecida, quien se encuentra en una posición de vulnerabilidad, ya que en muchas ocasiones posee la calidad de dependiente económico. Por ese motivo, le es aplicable la misma facultad de elección respecto de los conflictos individuales de trabajo en respeto a su derecho de acceso a la justicia efectiva, que comprende la libertad de optar por el lugar en que habría de presentar su demanda. Ello, con independencia de que ésta sea presentada ante el tribunal competente en el domicilio de la parte patronal, aunque su domicilio sea diverso al del último centro de trabajo en que la persona trabajadora fallecida haya prestado sus servicios. Si bien la investigación de dependientes económicos prevista en el artículo 503, fracciones I y II, de la ley de la materia debe llevarse a cabo en el último centro de trabajo, esa cuestión no impide que la indagación pueda efectuarse, vía exhorto, por un tribunal distinto, en términos del artículo 753 de la citada ley, incluso por plataforma electrónica para privilegiar lo ágil y sencillo del procedimiento paraprocesal, con las tecnologías de la información que utilizan los órganos jurisdiccionales del nuevo sistema de justicia laboral. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Contradicción de criterios 124/2024. Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 2 de abril de 2025. Tres votos de las Magistradas Guadalupe Madrigal Bueno y María Enriqueta Fernández Haggar, y del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Secretaria: Martha Izalia Miranda Arbona. Tesis y/o criterios contendientes: El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2023, el cual dio origen a la tesis aislada I.14o.T.22 L (11a.), de rubro: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO EN MATERIA LABORAL. EN UN JUICIO EN EL QUE SE SOLICITA LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS, CORRESPONDE AL TRIBUNAL DEL ÚLTIMO LUGAR DONDE EL TRABAJADOR FALLECIDO LABORÓ.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de mayo de 2023 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 25, Tomo III, mayo de 2023, página 3022, con número de registro digital: 2026385, y El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 18/2024. Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 7/95, 2a./J. 161/2006 y 2a./J. 10/2020 (10a.) citadas, aparecen publicadas con los rubros: "COMPETENCIA LABORAL PLURALIDAD DE DEMANDADOS CON DOMICILIOS EN DIFERENTES JURISDICCIONES TERRITORIALES.", "COMPETENCIA POR

TERRITORIO

AUTORIDAD

LABORAL.

PARA

DETERMINARLA PUEDE CONSIDERARSE EL DOMICILIO QUE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS ESTABLEZCAN EN CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA EN LA QUE DESARROLLEN

ACTIVIDAD

PREPONDERANTE,

INDEPENDIENTEMENTE DEL QUE SU LEY ORGÁNICA LES ASIGNE." y "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO DE LA AUTORIDAD LABORAL. PARA DETERMINARLA CUANDO SE DEMANDA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DEBE CONSIDERARSE EL DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO EN EL QUE EL ACTOR PRESTÓ SUS SERVICIOS.", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos I, mayo de 1995, página 190 y XXIV, diciembre de 2006, página 196; así como en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de febrero de 2020 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 75, Tomo I, febrero de 2020, página 746, con números de registro digital: 200812, 173813 y 2021690, respectivamente.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

11 de julio de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2030758

Jurisprudencia (Laboral)

Artículos que impactan

Prueba testimonial en el procedimiento laboral. Si la parte trabajadora omite mencionar en su demanda los hechos que pretende demostrar, el juzgador debe prevenirla para que subsane esa irregularidad.

776, fracción III, 872, fracción VI, y 873 de la ley federal del trabajo

2030740

Aislada (Laboral)

2030741

Aislada (Laboral)

2030764

Jurisprudencia (Laboral)

Conflictos individuales de seguridad 899-C de la ley social. Los requisitos de procedibilidad federal del previstos en el artículo 899-C de la ley trabajo federal del trabajo deben interpretarse estrictamente en su literalidad, sin que haya lugar a hacerlo de manera análoga, extensiva, sistemática, equiparable o similares. Contrato por obra y tiempo determinado. El 37, fracción I, patrón debe exhibir en juicio los 804, fracciones documentos para acreditar la causa objetiva I y V, y 805 de de la contratación, aun cuando contengan información confidencial o sujeta a sigilo la ley federal empresarial. del trabajo Sentencias dictadas en conflictos individuales en materia laboral. Para su validez basta que las firme la persona juzgadora.

artículos 3o. Ter, fracción VI, 610, 720,

fracción IV, 721, primer párrafo, 838, 839, 837, 839, 840, 857, 871, 873-J y 894 de la ley federal del trabajo

Undécima Época Registro: 2030758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 11 de julio de 2025 10:18 horas Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 28/2025 (11a.)

Prueba testimonial en el procedimiento laboral. Si la parte trabajadora omite mencionar en su demanda los hechos que pretende demostrar, el juzgador debe

prevenirla para que subsane esa irregularidad.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede desechar la prueba testimonial cuando la parte trabajadora omite señalar en la demanda los hechos sobre los que se referirán los testigos y lo que se busca probar. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando la parte trabajadora no menciona en la demanda los hechos que pretende demostrar con la prueba testimonial, el juzgador debe prevenirla para que subsane esa omisión, y no desecharla. Justificación: De la interpretación sistemática y correlacionada de los artículos 776, fracción III, 872, fracción VI, y 873 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que: a) la prueba testimonial es uno de los medios de convicción que pueden ofrecerse en el juicio laboral; b) las pruebas se ofrecen con el escrito

inicial de demanda y deben relacionarse con los hechos que el oferente pretende demostrar; c) cuando la parte trabajadora es la actora en el juicio natural, el Juez puede prevenirla cuando advierta irregularidades en el escrito de demanda; y d) el que la prueba testimonial no se encuentre correlacionada o no mencione los hechos que se pretenden demostrar, puede considerarse una irregularidad. Así, el juzgador debe prevenir a la parte trabajadora para que subsane esa irregularidad, pues no hacerlo actualizaría una violación procesal. SEGUNDA SALA. Contradicción de criterios 246/2024. Entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito. 4 de diciembre de 2024. Cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Lenia Batres Guadarrama. Secretaria: Martha Nayeli Núñez Cosio. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 1342/2021, y el diverso sustentado por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 388/2023. Nota: De la sentencia que recayó al amparo directo 1342/2021, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, derivó la tesis aislada II.2o.T.28 L (11a.), de rubro: "TESTIMONIAL EN MATERIA DE TRABAJO. EN SU OFRECIMIENTO DEBEN PRECISARSE LOS EXTREMOS A PROBAR, VINCULADOS CON LOS HECHOS CONTROVERTIDOS,

ATENCIÓN

LOS

PRINCIPIOS

CONCENTRACIÓN Y CELERIDAD (LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2019).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de agosto de 2022 a las 10:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 16, Tomo V, agosto de 2022, página 4553, con número de registro digital: 2025107. Tesis de jurisprudencia 28/2025 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de junio de dos mil veinticinco.

Undécima Época Registro: 2030740 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 11 de julio de 2025 10:18 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T.72 L (11a.)

Conflictos

individuales

seguridad

social.

Los

requisitos

procedibilidad previstos en el artículo 899-C de la ley federal del trabajo deben interpretarse estrictamente en su literalidad, sin que haya lugar a hacerlo de manera análoga, extensiva, sistemática, equiparable o similares.

Hechos: En un juicio de amparo directo, una persona trabajadora controvirtió el auto por el cual un Juez laboral tuvo por no presentada la demanda como consecuencia de no haber acreditado que agotó un procedimiento administrativo fiscalizador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dado que el secretario instructor lo requirió para tal efecto, como resultado de una interpretación por equiparación del artículo 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo deben interpretarse estrictamente en su literalidad, sin que haya lugar a hacerlo de manera análoga, extensiva, sistemática, equiparable o similares. Justificación: Los requisitos previstos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, al constituir una carga procesal que el gobernado debe

cumplir a fin de acceder a la tutela jurisdiccional, se tornan en un listado limitativo, no enunciativo, por lo que se deben interpretar estrictamente en su literalidad, sin que haya lugar a hacerlo de manera análoga, extensiva, sistemática, equiparable o similares. De lo contrario, admitir métodos de interpretación distintos al literal, se vulnerarían los principios de legalidad y seguridad jurídica, puesto que el gobernado no contaría con certeza legal de cuáles requisitos cumplir para judicializar un conflicto de seguridad social, lo que conllevaría que la procedibilidad del caso quedara al arbitrio y discreción del operador jurídico, hipótesis que iría en contra de la voluntad del legislador federal de limitar los presupuestos procesales para promover un conflicto de seguridad social a través del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, que constituye un listado limitativo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 923/2023. 16 de mayo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretario: Marcelo Cabrera Hernández.

Undécima Época Registro: 2030741 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 11 de julio de 2025 10:18 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T.73 L (11a.)

Contrato por obra y tiempo determinado. El patrón debe exhibir en juicio los documentos para acreditar la causa objetiva de la contratación, aun cuando contengan información confidencial o sujeta a sigilo empresarial.

Hechos: En un juicio laboral la parte patronal sustentó la contratación por obra y tiempo determinado de su trabajador en diversos pedidos, órdenes de trabajo o contratos celebrados con sus clientes; sin embargo, manifestó encontrarse imposibilitada para exhibirlos, argumentando que contenían información confidencial o sujeta a sigilo empresarial. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el patrón debe exhibir en juicio los documentos para acreditar la causa objetiva de un contrato por obra y tiempo determinado, aun cuando contengan información confidencial o sujeta a sigilo empresarial. Justificación: El deber de acreditar la causa objetiva que justifica una contratación por tiempo determinado deriva de los artículos 37, fracción I, 804, fracciones I y V, y 805 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales permiten este tipo de contratación laboral sólo cuando la naturaleza del trabajo lo exija y corresponde al patrón demostrar fehacientemente esta causa. Ahora, la

circunstancia de que el patrón sustente dicha causa de contratación en documentos que contengan información confidencial o empresarial, no impide que sean presentados al juicio para demostrar la legalidad de la contratación, pues el propio sistema jurídico prevé medidas de resguardo y protección como la posibilidad de acordar el manejo reservado de los documentos, limitando su consulta a las partes, abogados autorizados y personal jurisdiccional. Asimismo, pueden utilizarse versiones públicas de los documentos, testando datos sensibles sin eliminar el contenido esencial para fines probatorios, o bien, el juzgador puede mantener tales documentos bajo resguardo para que no se hagan públicos ni formen parte del expediente físico o electrónico sin autorización judicial. Por tanto, la confidencialidad de los documentos en los que se sustenta la contratación por obra o tiempo determinado no exime al patrón de su obligación probatoria, ya que existen mecanismos para que la documentación con información sensible se maneje con sigilo. De este modo, las empresas están obligadas a presentar dichos documentos ante el tribunal laboral, solicitando en todo caso las medidas de protección pertinentes, a fin de que la autoridad laboral pueda verificar la legalidad de la contratación temporal del actor. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 1021/2023. 22 de mayo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Silvia Valeska Soberanes Sánchez.

Undécima Época Registro: 2030764 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 11 de julio de 2025 10:18 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/60 L (11a.)

Sentencias dictadas en conflictos individuales en materia laboral. Para su validez basta que las firme la persona juzgadora.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si es válida la sentencia del juicio laboral firmada sólo por la persona juzgadora, o si es necesaria también la firma de la persona secretaria instructora. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que para la validez de las sentencias dictadas en conflictos individuales en el juicio laboral basta que las firme la persona juzgadora, sin necesidad de que también la signe la persona secretaria instructora o algún otro funcionario. Justificación: A partir del nuevo modelo de justicia laboral derivado de la reforma constitucional de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete y su instrumentación de uno de mayo de dos mil diecinueve, así como del análisis sistemático de los artículos 3o. Ter, fracción VI, 610, 720, fracción IV, 721, primer párrafo, 837, 839, 840, 857, 871, 873-J y 894 de la Ley Federal del

Trabajo, se advierte que el tribunal, entendido como la persona juzgadora, por ser la figura central del proceso, es la encargada de dirigirlo, presidir íntegramente las audiencias y emitir la sentencia que dilucida un conflicto individual laboral, y signarla como requisito de su validez formal. Esto responde al objetivo de garantizar una justicia laboral más accesible, pronta y eficaz, sustentada en los principios de inmediación, oralidad, celeridad y concentración, por lo que no tiene sustento exigir la intervención de la persona secretaria instructora. Por tanto, la intervención directa de la persona juzgadora garantiza la autenticidad y validez de la sentencia, de modo que la Ley Federal del Trabajo no prevé como requisito la firma del secretario instructor, lo cual confirma que su participación es de carácter auxiliar. Exigirla como condición de validez, no sólo contraviene el texto legal, sino además obstaculiza la operatividad del sistema al exigir un formalismo que no prevén los artículos 838 y 839 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior no significa que sea inválida la sentencia signada también por la persona secretaria instructora. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Contradicción de criterios 68/2025. Entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito. 28 de mayo de 2025. Tres votos de las Magistradas María Enriqueta Fernández Haggar y Guadalupe Madrigal Bueno, y del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Secretario: Víctor Raúl Camacho Segura.

Tesis y/o criterios contendientes: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver los amparos directos 756/2022, 1298/2022, 20/2023, 198/2023 y 322/2023, los cuales dieron origen a la tesis de jurisprudencia X.2o.T. J/2 L (11a.), de rubro: "SENTENCIAS EN EL JUICIO LABORAL. PARA SU VALIDEZ DEBEN FIRMARSE TANTO POR LA PERSONA JUZGADORA COMO POR EL SECRETARIO INSTRUCTOR.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de agosto de 2024 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 40, agosto de 2024, Tomo III, Volumen 1, página 517, con número de registro digital: 2029285, y El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver los amparos directos 624/2023 y 715/2023. Nota: De las sentencias que recayeron a los amparos directos 624/2023 y 715/2023, resueltos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, derivó la tesis de jurisprudencia VII.2o.T. J/31 L (11a.), de rubro: "SENTENCIAS EN MATERIA LABORAL. SON VÁLIDAS LAS FIRMADAS ÚNICAMENTE POR EL JUEZ SIN LA ASISTENCIA DEL SECRETARIO INSTRUCTOR.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2025 a las 10:33 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 50, junio de 2025, Tomo IV, Volumen 2, página 1345, con número de registro digital: 2030658.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

8 de agosto de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2030799

Jurisprudencia (Laboral)

2030829

Jurisprudencia (Laboral)

Artículos que impactan

Conciliación prejudicial. Debe agotarse 684-A y ss. de cuando admitida la demanda, de la la ley federal contestación o las pruebas ofrecidas, la del trabajo parte actora amplía la demanda y señala a una diversa persona como demandada. Intereses por salarios vencidos. Deben 48 párrafo cuantificarse en cantidad líquida en el tercero y 843 laudo o sentencia condenatoria. de la ley federal del trabajo

2030800

2030792

Aislada (Laboral)

Jurisprudencia (Laboral)

Concubinato. Para su acreditación en términos de la fracción III del artículo 501 de la ley federal del trabajo, debe existir convivencia en común como pareja, con fines de solidaridad y asistencia mutua en tiempo actual y al momento del fallecimiento del de cujus, sin que baste el hecho de que se hayan procreado hijos.

501 fracción III de la ley federal del trabajo

Competencia laboral por razón de fuero. La 692 fracción escritura pública que contenga el objeto III y 795 de la social de la empresa demandada es apta ley federal del para fincarla, salvo prueba en contrario. trabajo

Undécima Época Registro: 2030799 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 8 de agosto de 2025 10:16 horas Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 37/2025 (11a.)

Conciliación prejudicial. Debe agotarse cuando admitida la demanda, de la contestación o las pruebas ofrecidas, la parte actora amplía la demanda y señala a una diversa persona como demandada.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si es necesario agotar la etapa de conciliación prejudicial cuando, admitida la demanda, de los datos obtenidos en la contestación o de las pruebas ofrecidas, la parte actora amplía la demanda y señala a una diversa persona como demandada. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que debe agotarse el procedimiento de conciliación prejudicial cuando, admitida la demanda, de los datos obtenidos en la contestación o de las pruebas ofrecidas en el juicio la parte actora amplía la demanda y señala a una diversa persona como demandada.

Justificación: Con motivo de la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral, la etapa de conciliación, como mecanismo alternativo de solución de controversias se elevó a rango constitucional, como se advierte del artículo 123, apartado A, fracción XX, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al constituir una instancia obligatoria y previa a la que deben acudir trabajadores y patrones, es necesario agotarla en los casos como el citado. En tal supuesto el Tribunal Laboral, una vez que verifique que no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción, debe ordenar la devolución del expediente al Centro de Conciliación para que agote el procedimiento establecido en el Título Trece Bis de la Ley Federal del Trabajo respecto de quienes se amplió la demanda y suspender el juicio en relación con los demás demandados mientras se instaura el procedimiento de conciliación. SEGUNDA SALA. Contradicción de criterios 44/2025. Entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 21 de mayo de 2025. Cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Cristina Villeda Olvera. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 852/2023, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 964/2022.

Nota: De la sentencia que recayó al amparo directo 964/2022, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, derivó la tesis aislada XVI.1o.T.9 L (11a.), de rubro: "CONSTANCIA DE NO CONCILIACIÓN. NO ES EXIGIBLE SI CON MOTIVO DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA O DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PERSONA CONTRA QUIEN SE INICIÓ EL JUICIO LABORAL, EN LA ETAPA ESCRITA DEL PROCEDIMIENTO APARECE UN POSIBLE PATRÓN NO DEMANDADO Y EL ACTOR AMPLÍA EL ESCRITO INICIAL EN SU CONTRA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de enero de 2024 a las 10:27 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 33, Tomo VI, enero de 2024, página 5924, con número de registro digital: 2028059. Tesis de jurisprudencia 37/2025 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dos de julio de dos mil veinticinco.

Undécima Época Registro: 2030829 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 8 de agosto de 2025 10:16 horas Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 38/2025 (11a.)

Intereses por salarios vencidos. Deben cuantificarse en cantidad líquida en el laudo o sentencia condenatoria.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en el laudo o sentencia laboral condenatoria debe precisarse en cantidad líquida el monto a pagar por los intereses por salarios vencidos a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, o si la cuantificación debe realizarse en el incidente de liquidación respectivo y a petición de la parte trabajadora. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los intereses por salarios vencidos deben cuantificarse en cantidad líquida en el laudo o sentencia condenatoria. Justificación: El artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo establece que: a) en el laudo o sentencia condenatoria se determinará el salario que sirva de base a la condena; b) una vez cuantificado el importe de la prestación, se señalarán las medidas con las que debe cumplirse la resolución; y c) la apertura de un incidente de liquidación es de carácter excepcional, esto es, sólo para el

caso de que sea estrictamente necesario. Para el caso de la cuantificación de los intereses por salarios vencidos a que se refiere el párrafo tercero del mencionado artículo 48, el órgano jurisdiccional debe cuantificar en el laudo o sentencia laboral los salarios vencidos y los intereses que por derecho correspondan, sin perjuicio de los que se sigan generando. En caso de incrementos al salario acontecidos desde la fecha del despido, a solicitud de parte, deberá ordenarse la apertura del incidente de liquidación, a efecto de salvaguardar las diferencias que, en su caso, pudieren generarse tanto de los salarios vencidos como de los intereses, conforme al salario vigente al momento del pago. SEGUNDA SALA. Contradicción de criterios 67/2025. Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 21 de mayo de 2025. Cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama y Javier Laynez Potisek. Ponente: Lenia Batres Guadarrama. Secretario: Ángel Jonathan García Romo. Tesis y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 1429/2021, el cual dio origen a la tesis aislada II.1o.T.2 L (11a.), de rubro: "SALARIOS CAÍDOS E INTERESES. SI PROCEDE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN, LA AUTORIDAD LABORAL DEBE CUANTIFICARLOS EN CANTIDAD LÍQUIDA EN EL LAUDO, CUANDO TENGA ELEMENTOS PARA ELLO Y, EN CASO DE INCREMENTOS, A SOLICITUD DE LA PARTE TRABAJADORA, ORDENAR LA APERTURA DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, PARA

SALVAGUARDAR LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN GENERARSE CONFORME AL SALARIO VIGENTE AL MOMENTO DEL PAGO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de junio de 2023 a las 10:29 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 26, Tomo VII, junio de 2023, página 6974, con número de registro digital: 2026783, y El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 460/2024. Tesis de jurisprudencia 38/2025 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dos de julio de dos mil veinticinco.

Undécima Época Registro: 2030800 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 8 de agosto de 2025 10:16 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T.70 L (11a.)

Hechos: Una persona solicitó ante un Tribunal Laboral Federal el reconocimiento en su calidad de concubina de un trabajador fallecido, en términos del artículo 501, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, aduciendo únicamente que tuvo una hija con el de cujus, pero sin acreditar la cohabitación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que de conformidad con el artículo 501, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, para tener por acreditado el concubinato no basta el hecho de que con mucha antigüedad se hayan procreado hijos, sino que debe mantenerse una relación de solidaridad, asistencia mutua y convivencia como pareja, similar al matrimonio en tiempo actual e inmediatamente anterior al fallecimiento de uno de los concubinarios.

Justificación: De conformidad con el precepto legal invocado, el concubinato puede acreditarse en dos hipótesis: la primera, cuando los concubinarios han vivido juntos haciendo vida marital durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de uno de ellos; y la segunda cuando se hayan procreado hijos entre ellos; en este marco legal, el hecho de que con mucha antigüedad existan descendientes no exime del primer elemento, es decir, la convivencia vigente entre los padres, como si fueran cónyuges, ya que el solo nacimiento de un hijo con sobrada temporalidad frente al deceso, no da lugar a presumir la existencia del concubinato, pues el descendiente pudo ser producto de una relación pasada que quedó desplazada en el tiempo, transitoria o consumada que, desde luego, no colmaría los fines de asistencia mutua y solidaridad en tiempo presente (inmediatamente anterior al fallecimiento correspondiente) que anima a este tipo de relaciones humanas afectivas, caracterizadas por la estabilidad y permanencia en el tiempo, como sello distintivo de la unión familiar. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 603/2023. 22 de mayo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo Eduardo Serrano Ruiz. Secretario: Dionisio Huesca Morales.

Undécima Época Registro: 2030792 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 8 de agosto de 2025 10:16 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/61 L (11a.)

Competencia laboral por razón de fuero. La escritura pública que contenga el objeto social de la empresa demandada es apta para fincarla, salvo prueba en contrario.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver conflictos competenciales, sustentaron criterios contradictorios respecto a si una escritura pública en la que se otorgó un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en favor de ciertas personas y, en la que consta el objeto social de la empresa demandada, es suficiente para fincar competencia por razón de fuero de los tribunales laborales. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la escritura pública en la que constan el objeto social y las actividades de la empresa demandada en un juicio laboral es apta para fincar competencia por razón de fuero. Justificación: Conforme a los artículos 692, fracción III, y 795 de la Ley Federal del Trabajo y a la jurisprudencia 2a./J. 85/2000 de la Segunda Sala de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los requisitos de validez que debe cumplir la escritura pública que contenga poder general para pleitos y cobranzas, ofrecida en un procedimiento laboral, son los expresamente señalados en el párrafo tercero del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles: 1) denominación o razón social de la empresa; 2) domicilio; 3) duración; 4) importe del capital social; 5) objeto de la misma; 6) las facultades que conforme a sus estatutos correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder; y 7) si se otorga por conducto de una persona distinta a los órganos de representación de la sociedad, debe quedar acreditado que tiene facultades para ello. Por tanto, si cumple con esas exigencias, la escritura pública es válida y hace prueba plena de su contenido, salvo que antes de la audiencia de juicio se demuestre lo contrario. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Contradicción de criterios 48/2025. Entre los sustentados por el Quinto y el Sexto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 4 de junio de 2025. Tres votos de las Magistradas María Enriqueta Fernández Haggar y Guadalupe Madrigal Bueno, y del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar. Secretaria: Fabiola Lamoglia Ortiz. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 43/2024, y el diverso

sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 44/2024. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2000 citada, aparece publicada con el rubro:

"PERSONALIDAD

PROCEDIMIENTO

LABORAL.

REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER EL TESTIMONIO NOTARIAL RESPECTIVO, TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES MERCANTILES.", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 112, con número de registro digital: 191096.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

15 de agosto de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2030945

Laboral (Aislada)

2030955

Laboral (Aislada)

2030957

Laboral (Aislada)

Artículos que impactan

Licencias para el desempeño de comisiones sindicales solicitadas por sindicatos minoritarios. Deben otorgarse en función de las necesidades que hagan posible su eficaz funcionamiento y no conforme al número de trabajadores afiliados.

132, fracción X, 184, 388 y 396 de la ley federal del trabajo

Prescripción en materia laboral. 518 y 684-B Corresponde a la persona trabajadora de la ley demostrar que interrumpió oportunamente federal del el plazo prescriptivo en los casos en los que trabajo es exigible agotar la instancia conciliatoria prejudicial. Prima vacacional. Procede su pago si 80 y 685 de la prospera la acción de reinstalación, aun ley federal del cuando no se demande expresamente. trabajo

2030951

Laboral Personas jubiladas que demandan el 899-C fracción (Jurisprudencia) reconocimiento de una enfermedad IV de la ley profesional. forma en que deben señalar los federal del hechos en que basan su acción. trabajo

2030960

Laboral Recibos de nómina contenidos en (Jurisprudencia) comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). No requieren su entrega ni la firma de la persona trabajadora para demostrar el monto y pago del salario.

101 y 836-D fracción I, tercer párrafo de la ley

federal del trabajo

Undécima Época Registro: 2030945 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 15 de agosto de 2025 10:23 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.2o.T.38 L (11a.)

Hechos: Un sindicato minoritario demandó el otorgamiento de licencias para el desempeño de comisiones sindicales para hacer frente a las exigencias cotidianas de su funcionamiento normal. El sindicato mayoritario y el patrón refirieron que aquél no tenía derecho a esa prestación, porque rebasaba en proporción los permisos que se le otorgaban al organismo titular del contrato colectivo. La Junta condenó a los demandados a otorgar solamente un permiso sindical en favor de la secretaria general de la organización minoritaria con base en el principio de proporcionalidad matemática, conforme al número de afiliados. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las licencias para el desempeño de comisiones sindicales solicitadas por sindicatos

minoritarios deben otorgarse en función de las necesidades que hagan posible su eficaz funcionamiento, y no conforme al número de trabajadores afiliados. Justificación: Conforme al artículo 2 del Convenio Número 135 sobre los representantes de los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al amparo directo en revisión 303/2011, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los artículos 132, fracción X, 184, 388 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, la empresa deberá otorgar a los representantes de los trabajadores facilidades apropiadas para que desempeñen sus funciones de manera rápida y eficaz y, que para ello, se deberán tener en cuenta las características del sistema de relaciones obrero-patronales del país, sus necesidades, importancia, así como las posibilidades del empleador para que la concesión de dichas facilidades no perjudique su funcionamiento eficaz. Asimismo, si bien los sindicatos mayoritarios pueden tener privilegios, no pueden ser irrestrictos y tienen ciertos límites. De ahí que es desproporcional otorgar permisos sindicales al sindicato minoritario atendiendo al número de afiliados, en función de los que se hubieran otorgado a la organización mayoritaria, ya que el número de agremiados que requiere cada sindicato para atender las necesidades básicas sindicales debe partir de un criterio racional que apele a las personas necesarias para sostener su buen funcionamiento, así como la aplicación de normas correctivas en caso de sanción, la seguridad e higiene dentro de los centros de labores, la proposición de personas para la ocupación de plazas, entre otras, así como el desarrollo del plan de acción, ya que de lo contrario no sería posible que satisfaga el fin para el que fue creado, sin que ello perjudique el buen funcionamiento de la vida interna de aquellas empresas que prevén un sistema de licencias destinadas a cubrir los puestos cuyos titulares se

encuentran realizando funciones de índole sindical, con base en un criterio de racionalidad y prudencia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 230/2024. Sindicato Democrático y Auténtico de Trabajadores del Seguro Social. 13 de marzo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Santiago Ceballos, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Manuel Farrera Ortega.

Undécima Época Registro: 2030955 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 15 de agosto de 2025 10:23 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.14o.T.56 L (11a.)

Prescripción en materia laboral. Corresponde a la persona trabajadora demostrar que interrumpió oportunamente el plazo prescriptivo en los casos en los que es exigible agotar la instancia conciliatoria prejudicial.

Hechos: Una persona trabajadora, previo agotamiento del procedimiento conciliatorio prejudicial, ejerció la acción de reinstalación por despido injustificado. La demandada opuso la excepción de prescripción en términos del artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo contra la acción intentada por la actora y argumentó que no presentó oportunamente la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684-B. El Tribunal Laboral declaró fundada la excepción al considerar que conforme a las constancias de no conciliación que la persona trabajadora presentó con su demanda, no interrumpió oportunamente el plazo prescriptivo, por lo que a la fecha de presentación de la demanda, se había consumado la prescripción; en su réplica, la trabajadora intentó demostrar que solicitó el desahogo del procedimiento conciliatorio prejudicial oportunamente, lo que fue desestimado, ya que no se ofrecieron las constancias referidas en el escrito de demanda.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en los casos en los que resulta obligatorio agotar previamente la instancia conciliatoria prejudicial, si la parte demandada interpone la excepción de prescripción a que se refiere el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde a la persona trabajadora acreditar con la constancia de no conciliación exhibida con su demanda, que interrumpió oportunamente el plazo prescriptivo, sin que resulte factible que en vía de réplica alegue la existencia de una constancia distinta para desacreditar la excepción. Justificación: De conformidad con el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 4/2024 (11a.), las constancias que expide el Centro de Conciliación y permiten a la parte actora accionar la sede jurisdiccional, son la constancia que acredita haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, o bien, la constancia que deja a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el tribunal competente, de ahí que al ser obligación de la persona trabajadora presentar con su demanda la constancia de no conciliación respectiva en caso de que la demandada oponga la excepción de prescripción prevista en el citado artículo 518 argumentando que no fue interrumpida oportunamente por la presentación fuera de plazo de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684-B de la propia ley, recae en la persona trabajadora la carga de demostrar, conforme a la respectiva constancia de no conciliación que haya exhibido con su demanda, que interrumpió la prescripción de manera oportuna, pues al ser documentos que obtiene directamente del Centro de Conciliación, está en posibilidad de exhibirlos desde la presentación de la demanda, por lo que no resulta factible que exhiba una constancia distinta a la inicialmente presentada para desacreditar la excepción de prescripción, dado

que su carga procesal de exhibir la constancia que compruebe la conclusión de la instancia conciliatoria prejudicial obligatoria, se cumple al presentar su demanda a la autoridad jurisdiccional. DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 393/2024. 24 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Manuel Martínez Estrada. Secretario: Oscar Omar Patiño Beltrán. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 4/2024 (11a.) citada, aparece publicada con el rubro: "ACCESO A LA ETAPA JURISDICCIONAL EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, LA CONSTANCIA QUE DEJA A SALVO LOS DERECHOS DEL SOLICITANTE DE LA CONCILIACIÓN PARA PROMOVER JUICIO ANTE EL TRIBUNAL COMPETENTE, FACULTA AL TRIBUNAL LABORAL PARA ANALIZAR LOS ACTOS DE NOTIFICACIÓN PREVIOS A LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA EN COMENTO.", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de febrero de 2024 a las 10:11 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 34, Tomo II, febrero de 2024, página 1609, con número de registro digital: 2028142.

Undécima Época Registro: 2030957 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 15 de agosto de 2025 10:23 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.14o.T.54 L (11a.)

Prima vacacional. Procede su pago si prospera la acción de reinstalación, aun cuando no se demande expresamente.

Hechos: Una persona trabajadora de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México demandó su reinstalación con motivo del despido injustificado del que dijo ser objeto, el pago de salarios caídos y demás prestaciones autónomas, sin que formulara reclamo expreso en torno al pago de la prima vacacional como prestación accesoria. La responsable dictó laudo en el que consideró existente el despido, por lo que condenó a la reinstalación del trabajador, sin hacer pronunciamiento sobre la prima vacacional. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede el pago de la prima vacacional si prospera la acción de reinstalación, aun cuando no se demande expresamente. Justificación: En la tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2020 (10a.), de rubro: "AGUINALDO. PROCEDE SU PAGO AUN CUANDO NO SE DEMANDE EXPRESAMENTE, SI PROSPERA LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la

reinstalación tiene como objetivo la protección de la estabilidad de las personas trabajadoras en su empleo, por lo que en caso de que el patrón no demuestre la causa de terminación del vínculo laboral, la condena conlleva que la relación continúe en los términos pactados como si no se hubiese interrumpido, por lo que es procedente el pago de prestaciones que dejó de percibir durante la tramitación del juicio, como lo es el aguinaldo, aunque no se hubiese reclamado expresamente. En ese contexto, si la persona trabajadora dejó de percibir el pago de la prima vacacional por una causa imputable al patrón, entonces la procedencia de la reinstalación conlleva la consecuencia directa de su pago como prestación accesoria posterior al despido, sin que sea necesario que se haya demandado expresamente, ya que es un resultado inherente a la acción principal. DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 523/2024. 30 de enero de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Ana Lilia Gazanini García, secretaria de tribunal autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Jorge Armando Lucio Díaz. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2020 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de febrero de 2020 a las 10:09 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 75, Tomo I, febrero de 2020, página 725, con número de registro digital: 2021557.

Undécima Época Registro: 2030951 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 15 de agosto de 2025 10:23 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/63 L (11a.)

Personas jubiladas que demandan el reconocimiento de una enfermedad profesional. Forma en que deben señalar los hechos en que basan su acción.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar los hechos narrados en la demanda para el reconocimiento de una enfermedad profesional presentada por personas jubiladas. Mientras que uno consideró que es necesario precisarlos con exactitud para sustentar el nexo causal entre las actividades realizadas y el ambiente de trabajo, con la profesionalidad de las enfermedades, pues dicha información impacta en la legalidad de los dictámenes periciales basados en los hechos señalados en la demanda; el otro determinó que no es necesaria la precisión exacta de datos. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando personas jubiladas demanden el reconocimiento de una enfermedad profesional, deben señalar con razonable precisión los hechos en que basan su acción, al ser el sustento fundamental del nexo causal sobre el que dictaminen los peritos médicos.

Justificación: El artículo 899-C, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo prevé como elemento de la demanda en materia de seguridad social la exposición de los hechos y causas que dan origen al reclamo. Cuando la acción intentada por una persona jubilada sea el reconocimiento de una enfermedad como profesional, debe comprobar si el origen de los padecimientos se encuentra en las labores desarrolladas durante el trabajo o derivado de sus particulares condiciones de trabajo, para lo cual es idónea la pericial médica. Dicha prueba, al tratarse de una investigación de carácter científico, acorde con lo expresado por la Organización Internacional del Trabajo, requiere de los mayores elementos para que pueda emitirse una conclusión sobre la profesionalidad del padecimiento. Por ello, es necesario que la parte actora exprese con razonable precisión las categorías, la jornada, las condiciones de trabajo y la descripción de las actividades realizadas, al ser los hechos constitutivos de su acción y, por tanto, el sustento para la defensa de la demandada, y para que el perito médico pueda analizar si las actividades y las condiciones del trabajo, así como el tiempo de exposición a estos factores generaron un padecimiento, y si éste es de tipo profesional, o propio de su edad. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Contradicción de criterios 56/2025. Entre los sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Décimo Circuito. 11 de junio de 2025. Tres votos de las Magistradas María Enriqueta Fernández Haggar y Guadalupe Madrigal Bueno, y del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar. Secretaria: Lucina Bringas Calvario.

Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 703/2023, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 239/2024.

Undécima Época Registro: 2030960 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 15 de agosto de 2025 10:23 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/65 L (11a.)

Recibos de nómina contenidos en comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). No requieren su entrega ni la firma de la persona trabajadora

para

demostrar

monto

pago

del

salario.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si es necesaria la firma de la persona trabajadora para que los recibos de nómina contenidos en comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) sean aptos para demostrar el monto y pago del salario. Mientras que uno determinó que carecen de valor probatorio sin la firma de la persona trabajadora; el otro consideró que a pesar de la falta de firma tienen valor probatorio pleno. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que los recibos de nómina contenidos en CFDI tienen valor probatorio para acreditar el monto y pago del salario, sin que sea necesario que cuenten con la firma de la persona trabajadora. Justificación: El último párrafo del artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo establece que los recibos impresos deben contener la firma autógrafa

de la persona trabajadora para su validez. También señala que los recibos de pago contenidos en CFDI pueden sustituir a los impresos y que su validez depende de su verificación en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aun cuando no sean objetados. Para tal efecto, es necesario que al momento de su desahogo el Tribunal Laboral designe a un fedatario para que consulte la liga o ligas proporcionadas por el oferente de la prueba en donde se encuentran los CFDI, compulse su contenido y, de coincidir, se tendrán por perfeccionados, salvo prueba en contrario, como se desprende de la fracción I, tercer párrafo, del artículo 836-D de dicha ley. Por ello, los recibos de nómina contenidos en CFDI son aptos para satisfacer la carga de la prueba de la parte patronal atinente al monto y pago del salario, por lo que no es necesario que se constate su entrega a la persona trabajadora, ni que contengan su firma, como sí se exige tratándose de los recibos impresos que no poseen esas características. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Contradicción de criterios 74/2025. Entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado y el Cuarto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 18 de junio de 2025. Tres votos de las Magistradas Guadalupe Madrigal Bueno y María Enriqueta Fernández Haggar, y del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Magistrada Guadalupe Madrigal Bueno. Secretario: Eduardo Alfonso Guerrero Serrano. Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 567/2023, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 9/2024.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

22 de agosto de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2031001

2031012

2031018

2031019

Laboral (Aislada)

Constitucional, Laboral (Aislada)

Artículos que impactan

Declaración de beneficiarios. La omisión de la autoridad laboral de realizar la investigación administrativa prevista en el artículo 503 de la ley federal del trabajo, configura una violación procesal que amerita reponer el procedimiento. Interés superior de la niñez. Deber del tribunal laboral de recabar de oficio las pruebas necesarias en casos en que se involucre el cese de un trabajador por agresiones sexuales a infantes.

503 de la ley

Niñas, niños y adolescentes. Lineamientos que deben seguir los tribunales laborales en asuntos que involucren agresiones sexuales contra aquéllos.

Relacionado

Niñas, niños y adolescentes. Su participación directa en el juicio laboral en los casos que involucren el cese de trabajadores por presuntas agresiones sexuales contra aquéllos.

federal del trabajo

Relacionado 782 de la ley federal del trabajo 782 de la ley federal del trabajo Relacionado 782 de la ley federal del trabajo

Undécima Época Registro: 2031001 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 22 de agosto de 2025 10:30 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.2o.T.36 L (11a.)

Hechos: En un procedimiento especial se demandó el reconocimiento de una persona como legítima beneficiaria de los derechos laborales y de seguridad social del trabajador fallecido, así como la devolución de las aportaciones realizadas a las subcuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro y del fondo de vivienda. Sin efectuar la referida investigación administrativa la autoridad laboral hizo la declaratoria correspondiente y condenó a las demandadas. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la omisión de la autoridad laboral de realizar la investigación administrativa prevista en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo en el procedimiento especial de declaración de beneficiarios, configura una violación procesal que amerita reponer el procedimiento.

Justificación: Conforme al artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad laboral está obligada a realizar la investigación administrativa y ordenar que se fije la convocatoria ahí mencionada, al ser una cuestión de orden público e interés social, en atención a que lo que se pretende, en mayor medida, es garantizar el derecho de las personas a recibir las prestaciones laborales o de seguridad social de la persona trabajadora fallecida, principalmente cuando se trata de personas en situación de desventaja. En toda sociedad existen personas o colectivos que se encuentran en situación de desventaja potencial (vulnerables) o efectiva (vulnerados) por factores que pueden ser inherentes al grupo (edad, sexo o discapacidad) o provocados por su relación con el entorno en el que se desenvuelven (condiciones sociales, económicas o jurídicas). Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la existencia de grupos que requieren de una particular protección del Estado para poder desplegar su autonomía en condiciones de igualdad con los restantes miembros de la sociedad, y no se vean reducidos con menoscabo de su dignidad, a colectividades oprimidas frente a las necesidades más básicas. Esta circunstancia justifica que el Estado tome determinadas acciones en favor del grupo o personas que pertenecen a él para inhibir las desigualdades que afrontan y para cumplir con los principios de solidaridad e igualdad sustantiva señalados en el artículo 1o. constitucional. En consecuencia, la autoridad debe garantizar que con la designación de beneficiarios no se afecte a personas que puedan estar en una situación de mayor vulnerabilidad o que tengan mejor derecho a recibir las prestaciones laborales o de seguridad social de la persona trabajadora finada, como pudieran ser un niño, niña o adolescente al que se deba proteger su derecho a recibir alimentos; adultos mayores con derecho a la protección de la salud y alimentación; personas con discapacidad física o mental con necesidades de atención médica, educación, habilitación y rehabilitación, de

acuerdo con los artículos 24, 25 y 26 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; o personas que padezcan una enfermedad crónica, cuando éstas hayan dependido económicamente del trabajador. Lo anterior con independencia del criterio de filiación, al ser insuficiente para que se reconozca a una persona el carácter de beneficiaria, y al margen de quien promueva el juicio de amparo, pues de oficio debe otorgarse la protección constitucional para que se corrija la infracción al procedimiento de declaración de beneficiarios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 289/2024. Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 30 de enero de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Santiago Ceballos, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Nuria Montecillo Sánchez.

Undécima Época Registro: 2031012 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 22 de agosto de 2025 10:30 horas Materia(s): Constitucional, Laboral Tesis: I.2o.T.46 L (11a.)

Interés superior de la niñez. Deber del tribunal laboral de recabar de oficio las pruebas necesarias en casos en que se involucre el cese de un trabajador por agresiones sexuales a infantes.

Hechos: La madre de una niña informó a la directora de la escuela donde estudiaba su hija que ésta le narró que su maestro la había tocado debajo de su ropa interior. La Secretaría de Educación Pública (SEP) levantó el acta administrativa correspondiente y demandó la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento del profesor. La Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje determinó no autorizar la terminación del nombramiento porque la SEP no acreditó su acción, pues el acta administrativa que ofreció en juicio no fue ratificada por todos sus firmantes. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que tratándose de asuntos que involucren niñas, niños y adolescentes, no basta con que la persona juzgadora se atenga a las pruebas que aporten las partes en el juicio, sino que debe allegarse de toda la información necesaria para acercarse en la mayor medida posible a la verdad de los hechos; sólo así podrá valorar correctamente el asunto y no generar impactos injustificados en los derechos de

niñas, niños y adolescentes, ni violentar el derecho a la estabilidad en el empleo de las personas trabajadoras. Justificación: En la jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar la persona juzgadora, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a las infancias y a fin de velar por su interés superior, el órgano jurisdiccional está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, así como practicar las diligencias que considere oportunas y pertinentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos. En casos en los que se analice el cese de un trabajador por agresiones sexuales a un infante, con fundamento en los artículos 127 Bis, fracción III, 137 y 138 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el citado tribunal burocrático está obligado a ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria para acceder a mayor información y cumplir con sus deberes de buscar la verdad de los hechos, no generar impactos injustificados en los derechos de niñas, niños y adolescentes, y velar por el derecho a la estabilidad en el empleo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 233/2024. Secretaría de Educación Pública. 29 de mayo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Adriana Ortega Ortiz. Secretaria: Tanya Guadalupe Velázquez Díaz. Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.) citada, aparece publicada con el rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO,

EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 401, con número de registro digital: 2003069.

Undécima Época Registro: 2031018 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 22 de agosto de 2025 10:30 horas Materia(s): Laboral, Constitucional Tesis: I.2o.T.48 L (11a.)

Niñas, niños y adolescentes. Lineamientos que deben seguir los tribunales laborales en asuntos que involucren agresiones sexuales contra aquéllos.

Hechos: La madre de una niña informó a la directora de la escuela donde estudiaba su hija que ésta le narró que su maestro la había tocado debajo de su ropa interior. La Secretaría de Educación Pública (SEP) levantó el acta administrativa correspondiente y demandó la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento del profesor. La Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje determinó no autorizar la terminación del nombramiento porque la SEP no acreditó su acción, pues el acta administrativa que ofreció en juicio no fue ratificada por todos sus firmantes. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para cumplir con la obligación de juzgar con perspectiva de género y de infancia cuando exista una agresión sexual a un menor de edad imputada a una persona trabajadora, los tribunales laborales deben: 1) atender al contexto en que se presentan los hechos, tomando en cuenta que las agresiones sexuales se producen en ausencia de otras personas y no suelen denunciarse debido al estigma que la denuncia ocasiona; 2) considerar que la naturaleza traumática de

los actos de violencia sexual puede provocar que el recuento de los hechos presente algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad en que se solicita realizarlo; 3) valorar casuísticamente el testimonio de las infancias a la luz de elementos subjetivos (edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente vulnerado); 4) analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción (tales como dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones), recordando que es la prueba fundamental; 5) utilizar las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones como medios de prueba, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos; y 6) respetar el derecho a la estabilidad de toda persona trabajadora, esto es, a no ser cesada sino por causa justificada debidamente acreditada. Justificación: La violencia sexual suele ocurrir en contextos de privacidad y secrecía, de ahí que las personas juzgadoras deben tener especial cuidado en evaluar el material probatorio, tomar en cuenta este contexto, y evitar reproducir ideas estereotipadas o patrones de abuso y poder que propician violaciones a la dignidad e integridad de las mujeres. En el amparo directo en revisión 3186/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambos contra México, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se recogen los citados lineamientos de actuación en casos de violencia sexual. En los juicios laborales las decisiones de las personas juzgadoras tendrán un especial impacto en los derechos de todas las personas involucradas. En específico, tendrán impacto en los derechos a la honra y a la dignidad de la persona trabajadora y, de manera más precisa, en su derecho a la estabilidad en

el empleo, incluso, a la libertad de profesión. También tendrán impacto en las aspiraciones de justicia de la familia y de las infancias presuntamente agredidas. Por último, impactarán las oportunidades, habilidades y capacidad del sistema educativo para prevenir actos de violencia en las escuelas en general. Por ello, es de suma relevancia que en todos los casos laborales en que se discuta la justificación de un despido con base en la comisión de un acto de violencia sexual, las personas juzgadoras: a) analicen y decidan el caso con perspectiva de género y de infancia; b) prioricen el hallazgo de la verdad material; c) respeten el derecho a la defensa de la persona trabajadora y el de estabilidad en el empleo; y d) fomenten el equilibrio procesal entre las partes. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 233/2024. Secretaría de Educación Pública. 29 de mayo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Adriana Ortega Ortiz. Secretaria: Tanya Guadalupe Velázquez Díaz.

Undécima Época Registro: 2031019 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 22 de agosto de 2025 10:30 horas Materia(s): Constitucional, Laboral Tesis: I.2o.T.47 L (11a.)

Niñas, niños y adolescentes. Su participación directa en el juicio laboral en los casos que involucren el cese de trabajadores por presuntas agresiones sexuales contra aquéllos.

Hechos: La madre de una niña informó a la directora de la escuela donde estudiaba su hija que ésta le narró que su maestro la había tocado debajo de su ropa interior. La Secretaría de Educación Pública (SEP) levantó el acta administrativa correspondiente y demandó la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento del profesor. La Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje determinó no autorizar la terminación del nombramiento porque la SEP no acreditó su acción, pues el acta administrativa que ofreció en juicio no fue ratificada por todos sus firmantes. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en los juicios laborales que involucren el cese de un trabajador por presuntas agresiones sexuales a un infante, los tribunales deben valorar de manera adecuada y sensible y, en consecuencia, fundar suficientemente la necesidad de la participación de las niñas, niños y adolescentes en el proceso, conforme al

principio de participación informada, libre y voluntaria, y con la debida protección para evitar la revictimización. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 68/2022 (11a.), de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. DEBE EJERCERSE DE MANERA DIRECTA ANTE EL JUZGADOR, POR LO QUE NO PUEDE CONSIDERARSE SATISFECHO CUANDO OCURRA DE FORMA INDIRECTA.", determinó que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados en los procedimientos que afecten su esfera jurídica, establecido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no es irrestricto, pues la persona juzgadora, de manera fundada y motivada puede determinar una excepción a su ejercicio. Así, conforme a los parámetros y lineamientos establecidos por la Suprema Corte en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, las niñas, niños y adolescentes deben ser informados sobre su participación, externar su voluntad de hacerlo, encontrarse asistidos por un especialista en temas de infancia, así como por un representante que no constituya un conflicto de intereses, e incluso, por una persona de su confianza. Bajo esa lógica, para contribuir con el desarrollo efectivo del proceso, especialmente cuando no existan testigos de la violencia sexual, los tribunales laborales deben priorizar la participación de las niñas, niños o adolescentes conforme a los principios enunciados, evitando que se realice en contra de su voluntad, respetando sus opiniones y con la especial protección que requieren. Para ello, deberán valorar de manera adecuada y sensible, y –en consecuencia– fundar suficientemente la necesidad de que el infante presuntamente agredido participe en el proceso con la intención fundamental de evitar su revictimización. En especial, si a partir del material

probatorio del que la autoridad responsable se allegue, y el que deba recabar de oficio, puede alcanzar una convicción aceptable sobre los hechos que motivaron la separación del trabajador. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 233/2024. Secretaría de Educación Pública. 29 de mayo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Adriana Ortega Ortiz. Secretaria: Tanya Guadalupe Velázquez Díaz. Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 68/2022 (11a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de junio de 2022 a las 10:16 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 14, Tomo V, junio de 2022, página 4331, con número de registro digital: 2024783.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

29 de agosto de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2031057

2031090

2031113

2031078

Laboral Acta administrativa en el juicio laboral. Si (Jurisprudencia) consigna el testimonio de una mujer por actos de violencia o acoso sexual de un trabajador, no es necesaria su ratificación ante la autoridad jurisdiccional para que tenga valor probatorio, por lo que, a partir de un análisis con perspectiva de género, debe ser adminiculada con los demás elementos probatorios a fin de resolver lo que en derecho corresponda. Laboral Indemnización por riesgo de trabajo. Es (Jurisprudencia) improcedente incrementarla hasta por el monto de la que correspondería a una incapacidad permanente total, si la persona goza de una pensión por jubilación (inaplicabilidad del artículo 493 de la ley federal del trabajo). Laboral Relación de trabajo. Deberes de la persona (Jurisprudencia) juzgadora cuando la parte demandada niega su existencia y afirma que existió una diversa de tipo familiar con la actora. Laboral Despachadores de gasolina en estaciones (Aislada) de servicio. Parámetro para determinar el monto que les corresponde por concepto de propinas, al ser parte integrante de su salario.

Artículos que impactan Relacionado 800 de la ley federal del trabajo

493 de la ley federal del trabajo

784 y 804 de la ley federal del trabajo Relacionado 346 de la ley federal del trabajo

Undécima Época Registro: 2031057 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 29 de agosto de 2025 10:37 horas Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 47/2025 (11a.)

Acta administrativa en el juicio laboral. Si consigna el testimonio de una mujer por actos de violencia o acoso sexual de un trabajador, no es necesaria su ratificación ante la autoridad jurisdiccional para que tenga valor probatorio, por lo que, a partir de un análisis con perspectiva de género, debe ser adminiculada con los demás elementos probatorios a fin de

resolver

que

derecho

corresponda.

Hechos: Dos tribunales colegiados laborales de diversas regiones sostuvieron criterios contrarios respecto de la necesidad de que sea ratificada por su suscriptor en el juicio laboral un acta administrativa que consigna actos de violencia o acoso sexual contra una mujer por parte de un trabajador, pues mientras uno sostuvo que dicha ratificación era necesaria para otorgarle valor probatorio, al tratarse de un documento privado ofrecido por el patrón para acreditar la conducta reprochada a su trabajador, el otro órgano determinó que no era indispensable la ratificación.

Criterio Jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que un acta administrativa en el juicio laboral que consigna el testimonio de una mujer por actos de violencia o acoso sexual de un trabajador, no carece de valor, aunque no esté ratificada ante la autoridad jurisdiccional, si adminiculada con las demás pruebas queda acreditado el hecho que consigna. Justificación: En el marco jurídico del derecho de todas las mujeres a gozar de una vida libre de violencia, así como de las obligaciones del Estado Mexicano que tiene al respecto, cualquier acto de abuso o violencia sexual, en cualquier escenario donde se perpetre, constituye una prohibición asociada a garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y a que tengan un verdadero y efectivo acceso a la justicia, en la vertiente de que su agresor sea castigado por los actos lesivos en su contra, y que no sea absuelto por formalismos o barreras que no permiten a los juzgadores resolver con perspectiva de género. Por ello, esta Segunda Sala considera que se debe quitar el obstáculo o barrera formal de exigir la ratificación del testimonio de una mujer que haya sufrido violencia por parte de un trabajador, consignada en un acta administrativa, para que se le pueda otorgar valor probatorio en el juicio laboral, pues la declaración de la víctima debe constituir una prueba relevante, a partir de una valoración con perspectiva de género, la cual se debe examinar en conjunto con otros elementos de convicción, como pueden ser dictámenes médicos

psiquiátricos,

testimonios,

examinaciones

médicas,

pruebas

circunstanciales, indicios y presunciones, para poder llegar a la verdad de los hechos y tomar la determinación correspondiente debidamente sustentada. Maxime que exigir que la mujer víctima del acoso o violencia sexual ratifique el contenido del acta administrativa, siendo que estadísticamente la probabilidad de que lo haga es casi nula, por todas las implicaciones y barreras

que ello conlleva, podría propiciar un ambiente de impunidad que facilitaría y promovería la repetición de los hechos de violencia contra las mujeres, así como una persistente desconfianza en el sistema de impartición de justicia. Finalmente, en caso de que dicha acta no contenga los elementos mínimos que permitan identificar a la denunciante, a fin de no dejar en estado de indefensión al trabajador cuyo cese se pretende, será necesario que el juzgador corrobore la identidad de la mujer, a fin de tener certeza de que la denuncia es legítima y se puede atribuir su contenido a persona cierta y determinada. SEGUNDA SALA. Contradicción de criterios 78/2025. Entre los sustentados por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 2 de julio de 2025. Cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama y Javier Laynez Potisek. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretario: Mauricio Tapia Maltos. Tesis y/o criterio contendientes: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 1848/2021, el cual dio origen a la tesis aislada IV.2o.T.5 L (11a.), de rubro: "ACTA ADMINISTRATIVA POR ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA UNA MUJER. AL JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO LA AUTORIDAD DEBE PRESCINDIR DE LA RATIFICACIÓN PARA SU PERFECCIONAMIENTO, EN ARAS DE PROTEGER LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA, AUN CUANDO NO SEA PARTE DE LA RELACIÓN DE TRABAJO SUBYACENTE.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de mayo de 2023 a las 10:31 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,

Undécima Época, Libro 25, mayo de 2023, Tomo III, página 3006, con el registro digital: 2026486; y El sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 254/2024. Tesis de jurisprudencia 47/2025 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de seis de agosto de dos mil veinticinco.

Undécima Época Registro: 2031090 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 29 de agosto de 2025 10:37 horas Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 50/2025 (11a.)

Indemnización por riesgo de trabajo. Es improcedente incrementarla hasta por el monto de la que correspondería a una incapacidad permanente total, si la persona goza de una pensión por jubilación (inaplicabilidad del artículo

493

ley

federal

del

trabajo).

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si a las personas jubiladas que se les determinó una incapacidad parcial que implica la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes para desempeñar su profesión, se les puede incrementar la indemnización hasta por el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total, de conformidad con lo previsto por el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo. Mientras que uno sostuvo que no se actualiza ese supuesto porque la persona ya no se encuentra en activo; el otro determinó correcto aplicar esa norma, pues el derecho a la indemnización por riesgo de trabajo y el derecho a la jubilación son autónomos y de naturaleza distinta. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no es aplicable el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo para incrementar la indemnización por riesgo de trabajo hasta por el

monto de la que correspondería por una incapacidad permanente total, si la persona goza de una pensión por jubilación. Justificación: El artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de incrementar la indemnización por incapacidad parcial por riesgo de trabajo hasta por el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total. Esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 186/2005-SS, estableció su alcance en tres aspectos: 1. La determinación mediante prueba pericial de que la persona trabajadora presenta incapacidad parcial consistente en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes para desempeñar su profesión; 2. La facultad potestativa de la Junta –actualmente Tribunal Laboral– para aumentar el monto de la indemnización hasta la que correspondería por una incapacidad permanente total, que deriva del concepto "podrá"; y 3. Para el aumento de la indemnización se debe tomar en cuenta: a) la importancia de la profesión y, b) la posibilidad de desempeñar una de categoría similar susceptible de producir ingresos semejantes. Ahora, la persona a la que se le reconoce una incapacidad parcial por riesgo de trabajo con posterioridad al otorgamiento de una pensión jubilatoria ya no se encuentra en activo, pues su relación laboral concluyó. Por tanto, le es imposible al Tribunal Laboral valorar tanto la importancia de la profesión como la posibilidad de desempeñar una categoría similar susceptible de producir ingresos semejantes, porque al jubilarse dejó de existir la relación de trabajo, siendo éste el presupuesto necesario para emprender el análisis de aquellos aspectos. Además, la persona jubilada recibe una pensión (renta vitalicia) que sustituye al salario, por lo que no se ve comprometida su capacidad de recibir ingresos, pues su capacidad de ganancia ha quedado subsanada mediante el pago de la jubilación. SEGUNDA SALA.

Contradicción de criterios 66/2025. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Noveno Circuito y Segundo del Décimo Circuito. 2 de julio de 2025. Mayoría de tres votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek. Disidente: Lenia Batres Guadarrama. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretaria: Selene Villafuerte Alemán. Tesis y/o criterio contendientes: El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos directos 203/2006, 428/2006, 20/2007, 124/2007 y 249/2007, los cuales dieron origen a la tesis de jurisprudencia XIX.1o. J/8, de rubro: "INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO Y JUBILACIÓN. AL SER PRESTACIONES

AUTÓNOMAS

SON

COMPATIBLES,

CON

POSIBILIDAD DE QUE LA PRIMERA PUEDA INCREMENTARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 493 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 1144, con número de registro digital: 169482, y El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 99/2024. Nota: Las sentencias relativas a la contradicción de tesis 186/2005-SS y a la aclaración de sentencia en la contradicción de tesis 186/2005-SS, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, páginas 759 y 780, con números de registro digital: 20039 y 20042, respectivamente. Tesis de jurisprudencia 50/2025 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de seis de agosto de dos mil veinticinco.

Undécima Época Registro: 2031113 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 29 de agosto de 2025 10:37 horas Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 60/2025 (11a.)

Relación de trabajo. Deberes de la persona juzgadora cuando la parte demandada niega su existencia y afirma que existió una diversa de tipo familiar

con

actora.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si cuando la parte demandada niega la relación laboral con la actora y afirma la existencia de una diversa de tipo familiar (concubinato o matrimonio), la persona juzgadora debe tener por acreditado en automático el vínculo laboral para estimar que corresponde a la empleadora demostrar la inexistencia del despido, o debe analizar las pruebas para determinar la existencia del vínculo laboral. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando en un juicio laboral la parte empleadora niega la existencia de la relación de trabajo y aduce que entre las partes sólo existe una de tipo familiar (concubinato o matrimonio), la persona juzgadora no sólo debe analizar si aquélla demostró la existencia de dicho vínculo, sino que también debe realizar un ejercicio de motivación reforzado en el que estudie las

pruebas aportadas por las partes a fin de verificar si alguna acredita la existencia del vínculo de trabajo. Justificación: Cuando la parte demandada niega la existencia de la relación de trabajo y aduce que el único vínculo entre las partes fue de naturaleza familiar, derivado de una relación conyugal o de concubinato, el juzgador debe analizar los términos en que se suscitó la controversia planteada por las partes. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 40/99, debe estimar que corresponde a la parte patronal la carga de demostrar que las partes sostuvieron una relación familiar. Sin embargo, en atención a una perspectiva de género, también debe determinar si paralelamente al vínculo familiar se desarrolló una relación laboral entre las partes. Para ello, debe realizar un ejercicio de motivación reforzado en el que atendiendo al principio de primacía de la realidad, analice exhaustivamente los hechos y las pruebas aportadas a fin de verificar si se acredita la existencia del vínculo laboral. Sólo hasta que se verifique si quedó acreditada la existencia del vínculo laboral, podrá determinar si corresponde a la parte empleadora la carga de demostrar la inexistencia del despido, en términos de los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDA SALA. Contradicción de criterios 43/2025. Entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 6 de agosto de 2025. Cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Elizabeth Miranda Flores. Tesis y/o criterios contendientes:

El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 355/2018, el cual dio origen a la tesis aislada XXV.3o.2 L (10a.), de rubro: "DESPIDO. CUANDO EL PATRÓN NIEGUE LA RELACIÓN DE TRABAJO CON LA TRABAJADORA Y ACREDITE UNA DE CONCUBINATO QUE LO UNE CON ÉSTA, NO PROCEDE LA REVERSIÓN DE LA CARGA PROBATORIA, POR LO QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y TENER POR PROBADO EL VÍNCULO LABORAL Y EL PATRÓN DEBERÁ DEMOSTRAR LA INEXISTENCIA DE AQUÉL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Tomo IV, octubre de 2019, página 3494, con número de registro digital: 2020896, y; El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 126/2024. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 40/99 citada, aparece publicada con el rubro:

"RELACIÓN

LABORAL.

CARGA

PRUEBA.

CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO.", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 480, con número de registro digital: 194005. Tesis de jurisprudencia 60/2025 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de seis de agosto de dos mil veinticinco.

Undécima Época Registro: 2031078 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 29 de agosto de 2025 10:37 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.2o.T.43 L (11a.)

Despachadores de gasolina en estaciones de servicio. Parámetro para determinar el monto que les corresponde por concepto de propinas, al ser parte

integrante

salario.

Hechos: Un despachador de gasolina en estación de servicio demandó la integración de las propinas a su salario diario integrado, precisando el monto específico que percibía por dicho concepto semanalmente. Por su parte, la empresa demandada afirmó que no administraba y tampoco le pagaba alguna cantidad de dinero por concepto de propinas, pues este tipo de beneficios o dádivas eran entregados de forma personal y directa por los clientes del establecimiento al trabajador, sin intervención alguna de la parte demandada. En el laudo la Junta omitió resolver al respecto, pues no determinó si la cantidad que el actor percibía por concepto de propinas debía ser parte integrante de su salario base o no; tampoco determinó el monto. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de realidad y a la carga dinámica de la prueba, el empleador no está en posibilidad material de acreditar la cuantía de las propinas, las cuales generalmente se entregan en forma personal y directa al trabajador en

efectivo; sin embargo, es un hecho notorio que los despachadores de gasolina las reciben; por lo cual, ante la dificultad práctica que tendrían los propios trabajadores para demostrar el monto de las propinas que reciben, debe exentárseles de acreditar hasta un 5 % (cinco por ciento) del salario respectivo, como un porcentaje razonable. Justificación: Es un hecho notorio que los despachadores de gasolina en estaciones de servicio reciben directamente las propinas en efectivo, las cuales son de poca cuantía, sin que el patrón lleve un registro de las mismas; por ello, en atención al principio de realidad, a la carga dinámica de la prueba y a la cláusula de protección al salario, el trabajador tiene derecho al pago por concepto de propinas, que son parte integrante de su salario, pues así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/2020 (10a.), de rubro: "DESPACHADORES DE GASOLINA EN ESTACIONES DE SERVICIO. SU RELACIÓN LABORAL SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO XIV DEL TÍTULO VI DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."; por lo cual debe exentársele de acreditar hasta un 5 % (cinco por ciento) del salario, ante la dificultad práctica que tendrían los propios trabajadores para demostrar el monto de las propinas que reciben, por ello se establece dicho porcentaje razonable, en atención a que las propinas no son cuantiosas. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 196/2024. 13 de marzo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Hernández Ortiz, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Karla Lorena Sánchez Coronel.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/2020 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 75, Tomo I, febrero de 2020, página 819, con número de registro digital: 2021651.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

5 de septiembre de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2031163

2031166

2031175

Común, Laboral Desahogo de la prueba pericial en el (Aislada) procedimiento laboral. Al ser eminentemente oral, cuando en el juicio de amparo directo se invocan violaciones procesales relacionadas con irregularidades en el dictamen, la materia de examen es lo expresado por el perito en la audiencia y, en su caso, la forma en la que el juzgador dirigió el debate en la diligencia, no el contenido del documento exhibido por aquél (legislación vigente a partir del dos de mayo de dos mil diecinueve). Laboral Digitalización errónea de pruebas en el (Aislada) juicio laboral. El juez está facultado para regularizar el procedimiento a efecto de admitirlas, así como sus medios de perfeccionamiento, sin que ello implique revocar sus propias determinaciones. Constitucional, Hostigamiento y acoso laboral (mobbing). Laboral Cuando se demanda su cese, la omisión de (Aislada) la autoridad laboral de pronunciarse respecto de las medidas cautelares correspondientes, viola los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 17 de la constitución federal y el principio de exhaustividad.

Artículos que impactan 824, 825, 873H y 873-I de la ley federal del trabajo

686, 848 y 873-K de la ley federal del trabajo 3o. Bis y 842 de la ley federal del trabajo

2031196

Laboral (Aislada)

2031199

Laboral (Aislada)

2031142

Procedimiento ordinario individual en 435 y 873 de materia laboral. Debe sustanciarse aun la ley federal cuando la actora señale prestaciones del trabajo exigibles en la vía colectiva, si se advierte que la pretensión principal está vinculada con un aspecto de índole individual. Prueba pericial médica en el juicio laboral. 720 párrafos El juez debe formular preguntas al perito quinto y sexto, cuando el dictamen contenga 825 fracción irregularidades de tal magnitud que no sea IV y 873-H apto para el esclarecimiento de los hechos objeto de debate, por lo que esa omisión párrafo constituye una violación a las normas que segundo de la rigen el procedimiento que amerita su reposición (legislación vigente a partir del ley federal del dos de mayo de dos mil diecinueve). trabajo

Laboral Competencia por razón de fuero en materia (Jurisprudencia) laboral. Para determinarla debe analizarse la escritura pública que contenga el objeto social de la empresa demandada, concatenada con las demás pruebas aportadas.

527 y 529 de la ley federal del trabajo

Undécima Época Registro: 2031163 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 5 de septiembre de 2025 10:14 horas Materia(s): Común, Laboral Tesis: V.2o.C.T.2 L (11a.)

Desahogo de la prueba pericial en el procedimiento laboral. Al ser eminentemente oral, cuando en el juicio de amparo directo se invocan violaciones procesales relacionadas con irregularidades en el dictamen, la materia de examen es lo expresado por el perito en la audiencia y, en su caso, la forma en la que el juzgador dirigió el debate en la diligencia, no el contenido del documento exhibido por aquél (legislación vigente a partir del dos de mayo de dos mil diecinueve).

perito contenía contradicciones que, a su juicio, debieron restarle eficacia probatoria. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al ser oral el desahogo de la prueba pericial en el procedimiento laboral, cuando en el juicio de amparo directo se invocan violaciones procesales relacionadas con irregularidades en el dictamen, la materia de examen es lo expresado por el perito en la audiencia y, en su caso, la forma en la que el juzgador dirigió el debate en la diligencia, no el contenido del documento exhibido por aquél. Justificación: La finalidad de la reforma por la que se modificaron los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, fue lograr una impartición de justicia cuya prontitud, celeridad, eficacia y eficiencia fueran adecuadas para evitar rezagos en el pronunciamiento de las resoluciones que ponen fin a las controversias; por lo que se privilegió el uso de la palabra hablada. En concordancia con ello, en el caso de la prueba pericial, cuyo desahogo es eminentemente oral, conforme a los artículos 824, 825, 873-H y 873-I de la Ley Federal del Trabajo, ya que, entre otras cuestiones, dicha prueba tiene lugar en la audiencia de juicio, e intervienen en ella las partes, sus asesores, de contar con ellos, y el perito, quien debe "rendir su dictamen"; esa expresión debe entenderse en el sentido de que la prueba no se limita a la exhibición, por escrito, del estudio efectuado por el experto, sino que éste debe exponer sus conclusiones ante el Juez y los comparecientes, a fin de que puedan hacer preguntas o formular observaciones

respecto de la opinión pericial. Por tanto, si en el juicio de amparo directo promovido contra la sentencia la parte quejosa invoca violaciones procesales derivadas de la existencia de irregularidades en la emisión del dictamen que trascendieron al resultado del fallo, el análisis que realice el órgano colegiado no debe efectuarse sobre el documento que por escrito haya exhibido el perito, sino a su participación en la diligencia, así como, en su caso, a la forma en la que el Juez dirigió la audiencia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 665/2023. Ignacio Márquez Yépiz. 22 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Elhiu Montenegro Jiménez, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rafael Alberto Vásquez Elizondo.

Undécima Época Registro: 2031166 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 5 de septiembre de 2025 10:14 horas Materia(s): Laboral Tesis: II.3o.T.17 L (11a.)

Digitalización errónea de pruebas en el juicio laboral. El juez está facultado para regularizar el procedimiento a efecto de admitirlas, así como sus medios de perfeccionamiento, sin que ello implique revocar sus propias determinaciones.

Hechos: Una persona trabajadora demandó su indemnización constitucional y otras prestaciones, al afirmar que fue objeto de un despido injustificado. La empleadora opuso la excepción de renuncia y ofreció como prueba la carta renuncia respectiva, la cual fue digitalizada e incorporada al expediente electrónico, mientras que el original fue resguardado. Sin embargo, dicha digitalización se realizó incorrectamente, ya que en el documento escaneado no era visible la firma y huella digital que sí se observan en el documento físico, lo que derivó en que aquél se objetara en términos generales y que en la audiencia preliminar se desecharan los medios de perfeccionamiento. Esto fue posteriormente advertido por el Juez laboral, quien en audiencia de juicio regularizó el procedimiento y puso a la vista el documento original, cuya firma y huella digital fueron reconocidas por el trabajador, quien sólo desconoció el contenido, por lo que se admitió el medio de perfeccionamiento propuesto.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, ante la digitalización errónea de pruebas en el juicio laboral, el Juez está facultado para regularizar el procedimiento a efecto de corregir o subsanar cualquier irregularidad ocurrida en la admisión de las pruebas o sus medios de perfeccionamiento, sin que ello implique revocar sus propias determinaciones. Justificación: De conformidad con los artículos 686 y 873-K de la Ley Federal del Trabajo, el Juez laboral tiene la facultad de regularizar el procedimiento ante cualquier irregularidad advertida con la finalidad de ponerlo en estado de resolución, sin que ello implique que pueda revocar sus propias determinaciones. Al respecto, en la tesis de jurisprudencia PR.L.CN. J/25 L (11a.), el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León, precisó que tal regularización no deriva en la revocación de determinación alguna si en contra de la misma es improcedente el recurso de reconsideración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 848 de la ley en cita. En ese tenor, si durante la secuela procesal se advierte que el error en la digitalización de las pruebas derivó en la indebida objeción de documentos y la consecuente inadmisión de los medios de perfeccionamiento propuestos, entonces el Juez laboral tiene la facultad de regularizar los errores que se hayan cometido, sin que ello implique que con tal proceder revoque sus propias determinaciones, pues lo relativo a la admisión de pruebas y los respectivos medios probatorios reviste el carácter de un pronunciamiento efectuado por el Juez laboral durante el desahogo de la audiencia preliminar, de ahí que contra ello es improcedente el recurso de reconsideración, que es propio de las acciones u omisiones atribuidas al secretario instructor.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 1322/2023. Laura Moreno Cisneros. 19 de diciembre de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Abel Aguilar Sánchez. Secretaria: Angélica Iveth Leyva Guzmán. Nota: La tesis de jurisprudencia PR.L.CN. J/25 L (11a.) citada, aparece publicada con el rubro: "PROCEDIMIENTO LABORAL DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA EN LA MATERIA. EL JUEZ DE LA CAUSA, COMO RECTOR QUE ES DE ÉL, TIENE A SU ALCANCE UN AMPLIO ABANICO DE POSIBILIDADES PARA REGULARIZARLO CUANDO ADVIERTA

NECESIDAD

CORREGIR

SUBSANAR

CUALQUIER IRREGULARIDAD U OMISIÓN QUE APRECIE EN SU SUSTANCIACIÓN, A FIN DE PONERLO EN ESTADO DE RESOLUCIÓN, SALVO AQUELLAS QUE REQUIERAN DEL RECURSO PREVISTO EN LA LEY PARA ACTUAR EN CONSECUENCIA.", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de febrero de 2024 a las 10:04 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 34, Tomo III, febrero de 2024, página 2573, con número de registro digital: 2028126.

Undécima Época Registro: 2031175 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 5 de septiembre de 2025 10:14 horas Materia(s): Constitucional, Laboral Tesis: (IV Región)2o.29 L (11a.)

Hostigamiento y acoso laboral (mobbing). Cuando se demanda su cese, la omisión de la autoridad laboral de pronunciarse respecto de las medidas cautelares correspondientes, viola los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 17 de la constitución federal y el principio de exhaustividad.

Hechos: Un trabajador demandó a una universidad el reconocimiento de las condiciones generales de trabajo en el desempeño de una plaza base otorgada mediante nombramiento y formato único de personal y el pago de diversas prestaciones, debido a que la patronal le otorgó dicha plaza el uno de septiembre de dos mil quince, y de manera definitiva el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que sus derechos laborales respecto de esa plaza base los adquirió desde ese entonces, así como el cese del acoso laboral que dijo sufría; para ello, en el apartado de hechos de su demanda expuso –sustancialmente– que fue víctima de hostigamiento y acoso laboral (mobbing) por parte de los funcionarios del ente universitario demandado, quienes le impedían registrar su asistencia laboral, le retenían el pago de su salario y le impedían el normal desarrollo de sus funciones derivadas de la plaza que desempeñaba. La Junta

soslayó hacer algún pronunciamiento y dictar las medidas precautorias que correspondieron respecto del hostigamiento y acoso laboral alegado, y al emitir el laudo absolvió a la patronal de todo lo reclamado por el trabajador. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la omisión de la autoridad laboral de pronunciarse respecto de las medidas cautelares correspondientes ante el hostigamiento y acoso laboral (mobbing) aducido por el trabajador-justiciable, conculca los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, así como el principio de exhaustividad previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo. Justificación: El acoso laboral o mobbing es una conducta que se presenta dentro de una relación laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad que suele presentar el hostigador, de agredir, controlar o destruir; por lo que cuando el operario-quejoso acusa que ha sufrido un trato discriminatorio y de hostigamiento y acoso laboral (mobbing) en su centro de trabajo, es necesario verificar si esa conducta ha sido sistemática y ha cumplido dichos objetivos. Para ello la autoridad laboral está constreñida conforme a los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a dictar las medidas cautelares correspondientes a fin de garantizar que mientras se encuentre separado de su empleo no pierda sus prerrogativas elementales, como sus derechos a la seguridad social e incluso a la reanudación de éste; ello, en función de que una conducta de ese tipo puede generar en la persona diversos problemas de salud.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Amparo directo 331/2024 (cuaderno auxiliar 201/2025) del índice del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 10 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretaria: Fany Blanco Hernández.

Undécima Época Registro: 2031196 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 5 de septiembre de 2025 10:14 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.14o.T.48 L (11a.)

Procedimiento ordinario individual en materia laboral. Debe sustanciarse aun cuando la actora señale prestaciones exigibles en la vía colectiva, si se advierte que la pretensión principal está vinculada con un aspecto de índole individual.

Hechos: Un trabajador demandó en la vía ordinaria individual la terminación de la relación de trabajo en términos del artículo 435 de la Ley Federal del Trabajo, derivado de la declaración de quiebra de la empresa en que laboró, con el objeto de conseguir el pago de su indemnización constitucional. El tribunal previno para que señalara el procedimiento a través del cual intentaba ejercer su acción, pues advirtió que algunas prestaciones correspondían a la vía colectiva. Al desahogar la prevención expresó que la terminación pretendida era de carácter colectivo y la indemnización de índole individual. El tribunal determinó dar por concluido el juicio ordinario al considerar que la terminación laboral debía tramitarse a través del procedimiento especial colectivo, ya que no era posible desvincular las prestaciones reclamadas. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe sustanciarse el procedimiento ordinario individual, aun cuando la actora

señale prestaciones exigibles en la vía colectiva, si se advierte que la pretensión principal está vinculada con un aspecto de índole individual. Justificación: El Tribunal Laboral tiene la obligación de determinar la naturaleza de la pretensión, la cual va a depender de los fines de la reclamación y del interés que se persiga. Cuando deba resolverse sobre el interés profesional del grupo o sindicato, se estará frente a un conflicto de naturaleza colectiva, y cuando la cuestión jurídica tenga por objeto definir un derecho de una o varias personas trabajadoras de manera personal, con carácter sustantivo, el conflicto laboral tendrá naturaleza individual, por lo que esa pretensión debe ser dilucidada a través del procedimiento ordinario individual, salvo los casos especiales previstos en la ley. Por ello, aun cuando el actor exprese su voluntad de ejercer su pretensión a través de un procedimiento específico, el tribunal debe identificar el interés perseguido, dado que en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, tiene la obligación de subsanar las omisiones o irregularidades que advierta en el escrito inicial. DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 425/2024. Martín Torres Cárdenas. 28 de noviembre de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Báez Rivas, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: David Eduardo Corona Aldama.

Undécima Época Registro: 2031199 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 5 de septiembre de 2025 10:14 horas Materia(s): Laboral Tesis: V.2o.C.T.4 L (11a.)

Prueba pericial médica en el juicio laboral. El juez debe formular preguntas al perito cuando el dictamen contenga irregularidades de tal magnitud que no sea apto para el esclarecimiento de los hechos objeto de debate, por lo que esa omisión constituye una violación a las normas que rigen el procedimiento que amerita su reposición (legislación vigente a partir del dos de mayo de dos mil diecinueve).

Hechos: Un trabajador demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por invalidez, así como la nulidad de la resolución que le dictaminó un grado de incapacidad del 23 %, derivado de un accidente laboral. La autoridad responsable determinó que no acreditó un grado de disminución funcional superior al referido porcentaje. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo directo en el que formuló conceptos de violación en los que consideró que el dictamen físicamente exhibido por el perito contenía contradicciones que, a su juicio, debieron restarle eficacia probatoria. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en el desahogo de la prueba pericial médica en el juicio laboral, el Juez debe

formular preguntas al perito cuando el dictamen contenga irregularidades de tal magnitud que no sea apto para el esclarecimiento de los hechos objeto de debate, por lo que su omisión constituye una violación a las normas que rigen el procedimiento que amerita su reposición. Justificación: De los artículos 720, párrafos quinto y sexto, 873-H, párrafo segundo, y 825, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que las partes en el juicio laboral deben comparecer al desahogo de la prueba pericial, y ejercer la facultad de realizar preguntas al perito, formular observaciones sobre irregularidades en el dictamen, o destacar cuestiones relativas a la idoneidad del mismo, de modo que si no lo hacen, ese derecho precluye al finalizar la audiencia; entonces, si en un eventual juicio de amparo pretenden invocar aspectos novedosos relativos a la opinión pericial, que debieron hacerse valer en aquel acto, los conceptos de violación deben ser declarados inoperantes, lo cual constituye la regla general. No obstante, se actualiza una excepción a dicha regla en los casos en que las irregularidades en la rendición del dictamen sean tan evidentes y trascendentes que no permitan el esclarecimiento de la verdad, y que por ese hecho debieron motivar el ejercicio de la misma facultad por parte del Juez, que también le confiere el numeral 825, fracción IV, de modo que en ese supuesto, la omisión en que incurra el juzgador sí puede examinarse en el juicio de amparo directo como violación a las normas que rigen el procedimiento, de conformidad con los artículos 170 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, aunque las cuestiones relativas no hayan sido propuestas en el desahogo de la audiencia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 665/2023. 22 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Elhiu Montenegro Jiménez, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rafael Alberto Vásquez Elizondo.

Undécima Época Registro: 2031142 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 5 de septiembre de 2025 10:14 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/68 L (11a.)

Competencia por razón de fuero en materia laboral. Para determinarla debe analizarse la escritura pública que contenga el objeto social de la empresa demandada, concatenada con las demás pruebas aportadas.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar las mismas pruebas aportadas por una persona moral demandada en dos juicios laborales distintos, y determinar el órgano competente por razón de fuero. Mientras que uno analizó de manera concatenada las pruebas, entre ellas, un poder notarial que contenía el objeto social y determinó que el competente era un juzgado laboral local; el otro fincó la competencia en un homólogo del fuero federal, atendiendo al objeto social señalado en la misma escritura pública. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que para fincar la competencia por razón de fuero en materia laboral deben analizarse concatenadamente las pruebas aportadas, y no sólo ceñirse a lo señalado en la escritura pública que contenga el objeto social de la empresa demandada.

Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 4/96, determinó que el objeto social señalado en los estatutos de la sociedad es insuficiente, por sí solo, para determinar la competencia, pero es determinante cuando es el único medio de convicción y no es motivo de controversia entre las partes. Asimismo, este Pleno Regional, en la jurisprudencia PR.P.T.CS. J/61 L (11a.), determinó que cuando la escritura pública que contiene el objeto social es el único medio de prueba, dicho elemento es apto para fincar la competencia laboral por razón de fuero. Así, atendiendo al criterio de este propio órgano y a la directriz de la Segunda Sala, al existir otros medios de convicción, éstos deben analizarse en su conjunto, pues en ese caso el objeto social que se advierte de la copia certificada del poder notarial de la empresa no resulta suficiente para determinar la competencia por razón de fuero. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Contradicción de criterios 78/2025. Entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado y el Sexto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 13 de agosto de 2025. Tres votos de la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar, y de los Magistrados Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz y Casimiro Barrón Torres. Ponente: Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar. Secretaria: Lucina Bringas Calvario. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 74/2023, y el diverso sustentado

por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 72/2025. Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 4/96 y PR.P.T.CS. J/61 L (11a.) citadas, aparecen publicadas con los rubros: "COMPETENCIA LABORAL. AUNQUE EL OBJETO DE LAS SOCIEDADES ENUNCIADO EN SU ESTATUTO, RESULTA INSUFICIENTE, POR SI SOLO, PARA DEMOSTRAR LA ACTIVIDAD QUE REALMENTE REALIZAN, ES DETERMINANTE SI NO HAY ELEMENTO QUE LO DESVIRTUE." y "COMPETENCIA LABORAL POR RAZÓN DE FUERO. LA ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTENGA EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA DEMANDADA ES APTA PARA FINCARLA, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 213 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2025 a las 10:16 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 52, agosto de 2025, Tomo II, Volumen 2, página 1309, con números de registro digital: 200644 y 2030792, respectivamente.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

12 de septiembre de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2031227

2031232

2031234

2031242

Laboral (Aislada)

Artículos que impactan

Audiencia preliminar en el juicio laboral. Cuando en ésta se tiene por no acreditada la personalidad de quien contestó la demanda en representación de la empresa demandada, debe suspenderse para otorgarle la oportunidad de ofrecer pruebas para demostrar que la actora no era trabajadora o patrón, que no existió el despido, o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. Descuento salarial por concepto de siniestro. Si no se pactó entre las partes trabajadora y patronal, la acción para demandar su pago es imprescriptible (inaplicabilidad del artículo 516 de la ley federal del trabajo). Fondo de ahorro. Al ser una prestación extralegal que forma parte del salario y cuya disposición por parte del trabajador depende del vencimiento de un plazo previamente pactado, no se encuentra sujeto a la prescripción prevista en el artículo 516 de la ley federal del trabajo. Universidades para el bienestar Benito Juárez García. La relación jurídica entre el personal docente y el organismo coordinador es de naturaleza laboral.

873-A, párrafo séptimo, de la ley federal del trabajo

110, fracción I y 516 de la ley federal del trabajo 84 y 516 de la ley federal del trabajo

20 de la ley federal del trabajo

2031229

Laboral Conflictos individuales de seguridad 701, 704, 705 (Jurisprudencia) social. La autoridad laboral que reciba una y 705 Bis de la demanda en la que se reclame el pago de la ley federal del presunta minusvalía en los rendimientos de trabajo una cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro debe declarar su incompetencia legal y dejar a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la vía y forma que considere pertinente.

Undécima Época Registro: 2031227 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 12 de septiembre de 2025 10:21 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.15o.T.8 L (11a.)

Hechos: En la audiencia preliminar, con motivo del recurso de reconsideración que interpuso la parte actora, se tuvo por no acreditada la personalidad de la persona que contestó la demanda en representación de la empresa demandada y, como consecuencia, se le hizo efectiva la sanción prevista en el artículo 873A, párrafo séptimo, de la Ley Federal del Trabajo. En congruencia con el derecho de defensa, en ese momento se le exigió que ofreciera las pruebas a que dicho precepto se refiere. En el juicio de amparo directo que promovió contra el laudo, alegó que tal determinación trascendió al sentido de dicho fallo, ya que se le impidió ejercer su derecho de defensa adecuadamente.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando en la audiencia preliminar se tiene por no acreditada la personalidad de quien contestó la demanda en representación de la empresa demandada, el derecho de defensa contenido en el artículo 873-A, párrafo séptimo, de la Ley Federal del Trabajo, debe ejercerse en un plazo razonable, por lo que aquélla debe suspenderse para ese efecto. Justificación: El precepto legal mencionado protege el derecho de defensa de la parte demandada, al darle oportunidad de ofrecer pruebas para demostrar que la parte actora no era trabajadora o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda; ese derecho constituye una formalidad del procedimiento, por lo que para que se esté en posibilidad de defenderse, debe desarrollarse a través de un plazo razonable que dé oportunidad de realizar una adecuada y oportuna defensa, por lo que no puede exigirse que se exhiban tales pruebas inmediatamente después de que se desconoce la personalidad de la persona que contestó la demanda en representación de la demandada, ya que con esto se inhibe la oportunidad de reflexionar y de preparar una adecuada defensa; por lo que la audiencia preliminar debe suspenderse para efectos de otorgar a dicha parte un plazo probatorio razonable para el efecto señalado. DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 586/2024. 29 de mayo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Cedillo Orozco. Secretario: Rito Daniel Villanueva Magdaleno.

Undécima Época Registro: 2031232 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 12 de septiembre de 2025 10:21 horas Materia(s): Laboral Tesis: XXI.2o.C.T.43 L (11a.)

Descuento salarial por concepto de siniestro. Si no se pactó entre las partes trabajadora y patronal, la acción para demandar su pago es imprescriptible (inaplicabilidad del artículo 516 de la ley federal del trabajo).

Hechos: Un trabajador reclamó su reinstalación y, entre otras prestaciones, el pago del descuento quincenal por concepto de siniestro, durante todo el tiempo de la relación laboral. Al contestar la demanda la parte patronal confesó los hechos, pues aceptó que sí descontó ese concepto del salario del trabajador por causas imputables a éste y de mutuo acuerdo con él, quien autorizó se le descontara de manera quincenal, así como que aún adeudaba cierta cantidad, sin acreditarlo. La Junta condenó a su pago por un año anterior, por considerar que operó la prescripción prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el descuento salarial por concepto de siniestro no es una prestación de naturaleza laboral, cuando no se pacta su deducción entre las partes trabajadora y patronal,

por lo que no es aplicable la figura de la prescripción prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Justificación: El artículo 110, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que el patrón tiene derecho a hacer deducciones en los salarios de sus trabajadores, por errores que éstos cometan, anticipos de salario o por consumo de artículos dentro del establecimiento, y que para efectuar esos descuentos debe haber convenio previo celebrado con el trabajador, por así disponerlo expresamente la norma. Por ende, el descuento realizado sin ese pacto, no puede considerarse una prestación laboral a la que le sea aplicable la figura de la prescripción regulada en el citado precepto 516 de la referida ley, a fin de que sólo proceda la condena a su pago por el año anterior al que se demandó, pues debe demostrarse la base convenida para efectuarlo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 210/2024. 24 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Atenas Jaramillo Galán, secretaria de tribunal autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Jaime González García.

Undécima Época Registro: 2031234 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 12 de septiembre de 2025 10:21 horas Materia(s): Laboral Tesis: XXI.2o.C.T.44 L (11a.)

Fondo de ahorro. Al ser una prestación extralegal que forma parte del salario y cuya disposición por parte del trabajador depende del vencimiento de un plazo previamente pactado, no se encuentra sujeto a la prescripción prevista en el artículo 516 de la ley federal del trabajo.

Hechos: Un trabajador demandó su reinstalación y, entre otras prestaciones, el pago de las prestaciones denominadas ahorro fijo y fondo de ahorro descontados a su salario por todo el tiempo que duró la relación laboral. Al contestar la demanda, la parte patronal confesó que sí descontó esos conceptos del salario del trabajador y que el primero estaba a su disposición, mientras que respecto del segundo opuso la excepción de prescripción. La Junta condenó a su pago por el periodo de un año anterior a la fecha de presentación de la demanda, al considerar que operó la prescripción prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el fondo de ahorro, al ser una prestación extralegal que forma parte del salario y cuya disposición por parte del trabajador depende del vencimiento de un plazo

previamente pactado, no se encuentra sujeto a la prescripción prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Justificación: El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2011, de rubro: "SALARIO. EL FONDO DE AHORRO ES PARTE INTEGRANTE DE AQUÉL.", definió que el fondo de ahorro es una prestación extralegal que integra el salario y que además de incrementar el patrimonio del trabajador, tiene como fin primordial fomentar el hábito del ahorro. Por ende, no le es aplicable el término prescriptivo de un año, al ser dinero que se acumula y el trabajador no puede disponer libremente de él hasta que venza el plazo pactado con el patrón. De ahí que se trata de un ahorro que el patrón debe entregar al operario, en virtud de lo cual tiene una modalidad diferente de acreditarse y pagarse. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 210/2024. 24 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Atenas Jaramillo Galán, secretaria de tribunal autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Jaime González García. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2011 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 1064, con número de registro digital: 162722.

Undécima Época Registro: 2031242 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 12 de septiembre de 2025 10:21 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.15o.T.7 L (11a.)

Universidades para el bienestar Benito Juárez García. La relación jurídica entre el personal docente y el organismo coordinador es de naturaleza laboral.

Hechos: Los actores demandaron del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el reconocimiento de que el vínculo entre las partes contendientes es de naturaleza laboral, su reinstalación por despido injustificado y otras prestaciones. El demandado afirmó que la relación es de prestación de servicios docentes por tiempo determinado, bajo la modalidad prevista en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativa a apoyos económicos otorgados en régimen de subsidios. La Junta de Conciliación y Arbitraje absolvió a la demandada al considerar que no se acreditaron los elementos esenciales de una relación laboral, particularmente la subordinación, toda vez que los actores gozaban de la prerrogativa de prestar el servicio conforme a sus conocimientos profesionales. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que entre los docentes del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez

García y el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García existe una relación de naturaleza laboral en términos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Justificación: El Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2019, establece que su objeto es prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios para la impartición de educación superior de calidad a través de sedes educativas en zonas de alta y muy alta marginación del país. Sus estatutos orgánico y académico fijan los planes de estudio y las actividades de los docentes, quienes imparten clases presenciales en ciclos escolares y se detallan las directrices que deben cumplimentar. El organismo citado, para cumplir con su objeto y actividades, firmó convenios con los actores denominados de prestación de servicios educativos, en los que se obligaron a: 1) realizar acciones de apoyo para el inicio de actividades en sedes educativas, planear e impartir cursos; 2) conducir actividades académicas en aula o medios digitales o virtuales; 3) elaborar informes de evaluación académica, y 4) contribuir para el correcto funcionamiento de la sede educativa del programa con el cual colaboran. Dichas actividades evidencian la existencia de subordinación, que es el elemento propio de la relación de trabajo, porque el demandado está en posibilidad de disponer de los servicios de los actores quienes a su vez tienen la obligación correlativa de acatar las actividades asignadas por el demandado en las sedes pactadas mediante el pago de una remuneración económica, lo que determina la existencia del vínculo de trabajo. DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 531/2024. 26 de junio de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Perla Pérez Sánchez, secretaria de tribunal autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Germán Rodríguez Moreno.

Undécima Época Registro: 2031229 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 12 de septiembre de 2025 10:21 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/66 L (11a.)

Conflictos individuales de seguridad social. La autoridad laboral que reciba una demanda en la que se reclame el pago de la presunta minusvalía en los rendimientos de una cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro debe declarar su incompetencia legal y dejar a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la vía y forma que considere pertinente.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar qué decisión deben adoptar las autoridades jurisdiccionales laborales cuando se inste ante ellas un conflicto individual de seguridad social cuyo reclamo principal radica en el pago de pérdidas o minusvalías en los rendimientos generados por la inversión de los ahorros depositados en una cuenta individual, por el presunto incumplimiento atribuido a una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), de las obligaciones establecidas en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Mientras que uno concluyó que si la autoridad laboral determina que la vía laboral es improcedente, debe reencauzar la demanda a la autoridad jurisdiccional que considere competente por razón de materia; el otro sostuvo que la autoridad laboral debe limitarse a dejar a salvo los derechos de la accionante para que los

haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, porque el estudio de esa pretensión compete exclusivamente a una autoridad no jurisdiccional. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la autoridad laboral que reciba una demanda en la que se reclame el pago de la presunta minusvalía en los rendimientos de una cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, debe declarar su incompetencia legal y dejar a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la vía y forma que considere pertinente. Justificación: En la jurisprudencia 2a./J. 23/2025 (11a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la competencia para calificar la responsabilidad de las Afores frente a esas presuntas minusvalías corresponde a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la cual es una autoridad de índole administrativo. Asimismo, precisó que la vía laboral es improcedente para formular ese reclamo. Conforme al sistema normativo contenido en los artículos 701, 704 y 705 de la Ley Federal del Trabajo, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, así como los diversos 701, 704 y 705 Bis de la Ley Federal del Trabajo vigente, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Laborales no tienen atribuciones para declinar competencia a una autoridad de naturaleza administrativa, sino que sólo pueden hacerlo en favor de un diverso órgano jurisdiccional. En este supuesto excepcional las autoridades jurisdiccionales laborales no están obligadas a seguir el procedimiento de declinación de competencia a otras autoridades jurisdiccionales establecido en la Ley Federal del Trabajo, sino que deben limitarse a declarar su incompetencia legal con apoyo en la citada

jurisprudencia, y sin necesidad de remitir la demanda a una diversa autoridad no jurisdiccional, dejar a salvo los derechos de la accionante para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Contradicción de criterios 107/2024. Entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de agosto de 2025. Tres votos de la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar y de los Magistrados Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz y Casimiro Barrón Torres. Ponente: Magistrado Casimiro Barrón Torres. Secretario: Eduardo Alfonso Guerrero Serrano. Tesis y/o criterios contendientes: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver los amparos directos 41/2024, 86/2024, 88/2024, 105/2024 y 175/2024, los cuales dieron origen a la tesis de jurisprudencia VII.2o.T. J/20 L (11a.), de rubro: "DEMANDA LABORAL. EL TRIBUNAL DE TRABAJO CARECE DE FACULTADES PARA DESECHARLA Y ORDENAR SU ARCHIVO CUANDO CONSIDERE QUE LA PRESTACIÓN RECLAMADA NO ES LABORAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de junio de 2024 a las 10:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 38, Tomo IV, junio de 2024, página 3745, con número de registro digital: 2028935, y El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 720/2023 y 851/2023, los cuales

dieron origen a la tesis aislada I.14o.T.38 L (11a.), de rubro: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). LA VÍA

LABORAL

IMPROCEDENTE

PARA

DEMANDAR

RESPONSABILIDAD EN LA QUE PUEDEN INCURRIR POR LAS MINUSVALÍAS DE LOS AHORROS DE LOS TRABAJADORES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de abril de 2024 a las 10:23 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 36, Tomo V, abril de 2024, página 4455, con número de registro digital: 2028608. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 23/2025 (11a.) citada, aparece publicada con el rubro: "VÍA LABORAL. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL PAGO DE LA PRESUNTA MINUSVALÍA EN LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA INVERSIÓN DE LOS AHORROS DEPOSITADOS EN UNA CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de junio de 2025 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 50, junio de 2025, Tomo II, Volumen 1, página 270, con número de registro digital: 2030555.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

19 de septiembre de 2025 Registro

Tipo de resolución

Voz

Artículos que impactan

2031249

Laboral Convenios sancionados por los centros de 684-E fracción (Jurisprudencia) conciliación laboral. Es improcedente el XIII y 987 de planteamiento de su nulidad cuando se la ley federal aduce renuncia de derechos. del trabajo

2031260

Laboral Notificación por buzón electrónico en el 739 a 747; 745 (Jurisprudencia) juicio laboral. Momento en el que surte Ter, fracción I; efectos. 747 fracción III y 747 fracción IV de la ley federal del trabajo

Undécima Época Registro: 2031249 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 19 de septiembre de 2025 10:28 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T. J/32 L (11a.)

Convenios sancionados por los centros de conciliación laboral. Es improcedente el planteamiento de su nulidad cuando se aduce renuncia de derechos.

Hechos: Diversas personas trabajadoras demandaron el reconocimiento de su antigüedad genérica de empresa y diversas prestaciones accesorias. La persona juzgadora determinó que la acción era improcedente, al actualizarse la cosa juzgada, por existir un convenio celebrado entre las partes ante un Centro de Conciliación en el que reconocieron una determinada fecha de ingreso de la parte obrera a su fuente de empleo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el planteamiento de nulidad formulado contra convenios laborales sancionados por los Centros de Conciliación, cuando se aduce renuncia de derechos. Justificación: Los artículos 684-E, fracción XIII y 987 de la Ley Federal del Trabajo establecen que los convenios celebrados ante los Centros de

Conciliación, cuando no afecten derechos de los trabajadores, tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de sentencia ejecutoriada y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad la parte trabajadora haga valer su nulidad aduciendo renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que fueron materia de pronunciamiento por dichas autoridades; de ahí que resulte improcedente la acción de nulidad, conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN

ARBITRAJE.

IMPROCEDENTE

PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 1002/2022. 15 de febrero de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Víctor Hugo Millán Escalera. Amparo directo 23/2023. 5 de abril de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Arturo Navarro Plata. Amparo directo 111/2023. 23 de mayo de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Víctor Hugo Millán Escalera. Amparo directo 404/2023. 27 de junio de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Víctor Hugo Millán Escalera.

Amparo directo 1138/2023. 10 de julio de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Víctor Hugo Millán Escalera. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, página 699, con número de registro digital: 2008806.

Undécima Época Registro: 2031260 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 19 de septiembre de 2025 10:28 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/70 L (11a.)

Notificación por buzón electrónico en el juicio laboral. Momento en el que surte efectos.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios respecto del momento en que surten efectos las notificaciones realizadas por buzón electrónico en el juicio laboral. Mientras que uno concluyó que surten efectos a los dos días siguientes de que se realizaron, con independencia de que con antelación se genere la constancia de consulta realizada que refleja el aviso de la hora en que se recuperó la determinación judicial correspondiente, de conformidad con el artículo 747, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, el otro sostuvo que surten efectos en el momento en que se genera la constancia referida, de conformidad con la fracción IV del citado artículo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que las notificaciones realizadas por buzón electrónico en el juicio laboral surten efectos en el momento en que se genera la constancia de la consulta realizada que refleja el aviso de la hora en que se recuperó la determinación judicial

correspondiente, de conformidad con el artículo 747, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo. Justificación: De los artículos 739 a 747 de la Ley Federal del Trabajo se advierten las formas en que deben notificarse las determinaciones dictadas en el juicio laboral (entre las que se encuentran las realizadas mediante buzón electrónico). También se especifican las formalidades que deben seguirse y cuándo surten sus efectos. A las partes que solicitan y se les autoriza que les sean practicadas las notificaciones por este medio, se les impone la obligación de ingresar todos los días al buzón electrónico asignado para verificar si existe acuerdo o resolución de la que deban hacerse sabedoras, con la precisión de que cuentan con un plazo máximo de dos días contados a partir de que el órgano jurisdiccional haya enviado la determinación para recuperarla, conforme al artículo 745 Ter, fracción I, de la referida ley. Una vez que ingresen dentro de ese plazo y se genere la constancia de consulta correspondiente –misma que dará el aviso de la hora en que se recuperó la determinación judicial contenida en el archivo electrónico–, surte efectos la notificación realizada de conformidad con el artículo 747, fracción IV, de la ley citada. De no ingresar dentro del término señalado la notificación se tendrá por hecha al día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de dos días de enviada la notificación electrónica, esto es, cuando se genera el acuse de manera automática en términos de la fracción III de la disposición últimamente citada. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Contradicción de criterios 83/2025. Entre los sustentados por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 27 de agosto de 2025. Tres votos de la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar y de los Magistrados Casimiro Barrón Torres y Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Magistrado Casimiro Barrón Torres. Secretario: Erik Yonathan Nava Salas. Tesis y/o criterios contendientes: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver los recursos de reclamación 8/2022 y 19/2023, y los amparos directos 284/2022, 824/2022 y 26/2023, los cuales dieron origen a la tesis de jurisprudencia VII.2o.T. J/18 L (11a.), de rubro: "NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO LABORAL. SURTE EFECTOS CUANDO SE GENERA LA CONSTANCIA DE LA CONSULTA REALIZADA QUE REFLEJA EL AVISO DE LA HORA EN QUE SE RECUPERÓ LA DETERMINACIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE, ESTO ES, EL MISMO DÍA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de junio de 2024 a las 10:27 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 38, Tomo IV, junio de 2024, página 3824, con número de registro digital: 2029055, y El sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 15/2025.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

10 de octubre de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2031321

Tesis aislada (Laboral)

Artículos que impactan

Certificado de vigencia de derechos expedido por el instituto mexicano del seguro social. Cuando reporta una reducción de semanas cotizadas por el trabajador, para alcanzar valor probatorio en ese aspecto, se requiere que contenga la razón de esa reducción, a fin de que se esté en posibilidad de desvirtuarlo.

795 de la ley federal del trabajo

Duodécima Época Registro: 2031321 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 10 de octubre de 2025 10:20 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T.79 L (11a.)

Hechos: En un juicio laboral se negaron las pensiones de viudez y de orfandad solicitadas por los beneficiarios de un trabajador fallecido, con base en un certificado de vigencia de derechos que reportaba un número menor de semanas cotizadas, sin explicar su justificación. A partir de dicha reducción, la autoridad laboral determinó que el trabajador falleció fuera del periodo de conservación de derechos. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando el certificado de vigencia de derechos aportado por el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta una reducción de semanas cotizadas por el trabajador, para alcanzar valor probatorio en ese aspecto, se requiere que

contenga la razón o motivo de esa reducción, a fin de que se esté en posibilidad de desvirtuarlo. Justificación: El certificado de derechos tiene como finalidad establecer, entre otros aspectos, las semanas de cotización acumuladas por un trabajador. Dicho documento, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 39/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace prueba plena, salvo prueba en contrario, sin que sea necesario que se acompañen al mismo los avisos de alta, baja o modificación de salarios. No obstante, si el propio certificado reporta una reducción en las semanas cotizadas del asegurado, pero no especifica el motivo de esa reducción, se genera una afectación directa a los derechos del derechohabiente o de sus beneficiarios, al imposibilitarles identificar, cuestionar o desvirtuar esa reducción. Tal circunstancia le resta valor probatorio en ese aspecto, y aunque no sea necesario que se anexen al mismo los documentos que justifiquen la reducción respectiva, sí debe informar el motivo por el que se llevó a cabo. En esa tesitura, si el documento de mérito no contiene dicha información, no es idóneo para justificar la reducción de semanas cotizadas y, por ende, para sustentar un acto de autoridad que niegue una prestación de seguridad social, como las pensiones de viudez u orfandad, por supuestamente haberse extinguido el periodo de conservación de derechos. Así, el juzgador debe estimar como válidas todas las semanas efectivamente reconocidas como cotizadas en el propio certificado, sin aplicar deducciones carentes de justificación. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 1236/2023. 10 de julio de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Arturo Navarro Plata.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 39/2002 citada, aparece publicada con el rubro:

"SEGURO

SOCIAL.

CERTIFICADO

DERECHOS

APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 271, con número de registro digital: 186847. Esta tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2025 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

17 de octubre de 2025 Registro

Tipo de resolución

2031334

Laboral (Aislada)

2031342

Laboral (Aislada)

Voz

Artículos que impactan

Acoso sexual laboral continuado. Es 47 fracción innecesario que las víctimas expresen VIII de la ley pormenorizadamente circunstancias de federal del modo, tiempo y lugar para acreditar la trabajo causa de rescisión prevista en el artículo 47, fracción VIII, de la ley federal del trabajo. Gastos funerarios e indemnización por 473, 474, 486, muerte previstos en los artículos 500 y 502 500, 501 y 502 de la ley federal del trabajo. Forma de de la ley cuantificarlos. federal del trabajo

Undécima Época Registro: 2031334 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 17 de octubre de 2025 10:27 horas Materia(s): Laboral Tesis: XXXII.4 L (11a.)

Acoso sexual laboral continuado. Es innecesario que las víctimas expresen pormenorizadamente circunstancias de modo, tiempo y lugar para acreditar la causa de rescisión prevista en el artículo 47, fracción VIII, de la ley federal del trabajo.

Hechos: Una persona trabajadora demandó su reinstalación al Instituto Mexicano del Seguro Social con motivo del despido injustificado del que adujo fue objeto. La demandada sostuvo que rescindió la relación laboral porque el trabajador incurrió en actos de acoso sexual en perjuicio de cuatro pasantes médicas de servicio social. El Tribunal Laboral Federal, tras realizar un análisis con perspectiva de género, concluyó que la rescisión fue justificada. En amparo directo el trabajador argumentó que las pasantes no precisaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, en contravención al segundo párrafo del artículo referido, que exige que el aviso de rescisión señale con claridad la conducta imputada y la fecha en la que fue cometida, con el fin de garantizar el derecho de defensa del trabajador.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para tener por acreditada la causal de rescisión de la relación laboral contenida en el artículo 47, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, en casos de acoso sexual laboral continuado, es innecesario que las víctimas expresen pormenorizadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos. Justificación: La experiencia demuestra que no todas las víctimas de acoso sexual pueden recordar con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, especialmente cuando se trata de un patrón reiterado de violencia y no de un hecho aislado. En ese sentido, basta con que los hechos se expresen de manera concreta, a fin de que la parte señalada tenga claridad sobre las imputaciones y pueda ejercer adecuadamente su defensa. De acuerdo con el Manual para Juzgar con Perspectiva de Género en Materia Laboral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acreditación de los actos de violencia en materia laboral no requiere un estándar de prueba estricto como en materia penal, ya que no se trata de acreditar delitos, sino conductas ocurridas en el ámbito laboral, cuyas consecuencias se vinculan con derechos laborales y no con la libertad personal de los presuntos infractores. Dado que la violencia de género suele ser de difícil acreditación, debe existir flexibilidad en la carga de la prueba, considerando las diversas formas en que puede manifestarse. En ese contexto, es válido recurrir a la prueba indiciaria mediante la cual, a partir de hechos conocidos, se acreditan hechos desconocidos. En el entendido de que, si bien un solo indicio por sí mismo no puede acreditar los hechos señalados, su valor probatorio se refuerza cuando en el juicio concurren varios

indicios que generan certeza en la persona juzgadora sobre la existencia de los actos de violencia. Además, debe considerarse que cuando en los lugares de trabajo se alega violencia de género de tipo sexual, es frecuente que se ponga en duda el dicho de las víctimas atendiendo a estereotipos o prejuicios de género sobre: I) el comportamiento de la mujer previo o al momento de los hechos; II) la relación que guardaba con la persona que le agredió; y III) presunciones relacionadas con que las mujeres plantean fácilmente acusaciones sobre violencia sexual, entre otras. Por esa razón, las personas juzgadoras deben eliminar la carga estereotipada cuando realicen el análisis respectivo. Máxime que en la realización oculta de actos de este tipo de violencia, se torna sumamente difícil la acreditación de los hechos mediante la exhibición de pruebas gráficas o documentales. Por ello, la declaración de las víctimas de violencia sexual constituye una prueba fundamental sobre los hechos, debido a que normalmente se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras. Por tanto, las personas juzgadoras deben considerar la declaración de la persona denunciante como fundamental y concatenarla de forma indiciaria con la valoración de otros medios probatorios, a fin de establecer con claridad la responsabilidad laboral del presunto agresor. Esto no significa que dicha declaración deba ser pormenorizada, pues basta con acreditar indicios de afectación a los derechos y libertades de la mujer para justificar la rescisión laboral, al evidenciar que la relación ha perdido las condiciones de confianza, certeza y seguridad requeridas en un ámbito de interés social como el servicio de salud pública. TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 796/2023. 3 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Ángel Rubio Padilla. Secretaria: Jessica Lizeth Guillén Lucatero.

Undécima Época Registro: 2031342 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 17 de octubre de 2025 10:27 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T.33 L (11a.)

Gastos funerarios e indemnización por muerte previstos en los artículos 500 y 502 de la ley federal del trabajo. Forma de cuantificarlos.

Hechos: Una persona, en su calidad de progenitora, solicitó ser declarada beneficiaria de los derechos laborales que en vida le correspondieron al finado trabajador y, como consecuencia, que entre otras prestaciones se le cubrieran los pagos por indemnización por muerte y gastos funerarios previstos en los artículos referidos. Al ente patronal se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas. Al resolver el asunto, la Junta de Conciliación y Arbitraje condenó por aquellas prestaciones conforme al salario diario que percibía el operario al momento de su muerte, sin considerar el artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo, que establece un tope salarial para el pago de las indemnizaciones producidas por riesgos de trabajo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para establecer el monto de las indemnizaciones previstas en los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, cuando el salario percibido por el trabajador fallecido sea superior al tope previsto en el diverso 486, debe observarse la base máxima señalada en este precepto.

Justificación: Los artículos 473 y 474 de la Ley Federal del Trabajo establecen que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Definen al accidente de trabajo como toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, al igual que la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Asimismo, el diverso 501 de la ley aludida establece quiénes serán considerados beneficiarios del trabajador fallecido y las indemnizaciones que les corresponden cuando el riesgo de trabajo produzca la muerte del trabajador. Para ese caso, los numerales 500 y 502 citados disponen que las indemnizaciones comprenderán: 1) dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y 2) el pago de la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario. También, el artículo 486 de dicho ordenamiento señala que si el salario que percibió el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo, para efectos del pago de las indemnizaciones generadas por los riesgos de trabajo. Luego, para obtener el monto económico de las indemnizaciones correlativas debe confrontarse el salario que percibió el trabajador al momento de su muerte, con el doble del salario mínimo que correspondía al lugar de prestación de servicios, a fin de establecer la cifra con la cual habrán de cubrirse. Esto es, si el salario percibido con motivo de la labor supera el doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo del finado, entonces se tomará como base máxima el monto que arroje el doble del salario mínimo que correspondía al lugar de prestación de servicios. Sin embargo, si el salario percibido por el operario al día de su fallecimiento no supera al doble de

salario mínimo de referencia, será esa base salarial la que se utilice para cuantificar las prestaciones mencionadas. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 1096/2022. 24 de abril de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Renato de Jesús Martínez Lemus.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

24 de octubre de 2025 Registro

Tipo de

Voz

resolución 2031377

Tesis aislada

Artículos que impactan

Concubinato. Requisitos para tenerlo por acreditado para efectos del artículo 501, fracción III, de la ley federal del trabajo.

501 fracción III de la ley federal del trabajo

2031378

Tesis aislada

2031382

Tesis aislada

Constancia de semanas cotizadas que Relacionado contiene cadena original, sello digital, 795 de la ley secuencia notarial y número de serie, federal del expedida por el instituto mexicano del trabajo seguro social (IMSS). Tiene valor probatorio pleno para acreditar los datos que contiene. Discriminación antisindical. En los juicios 357, 358 y 359 en los que se reclamen actos de esa de la ley naturaleza debe aplicarse la doctrina de la federal del prueba indiciaria y la inversión de la carga trabajo probatoria, y si el demandado no los desvirtúa, la sentencia debe tener un efecto reparatorio.

Duodécima Época Registro: 2031377 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 24 de octubre de 2025 10:34 horas Materia(s): Laboral Tesis: IX.T.4 L (11a.)

Concubinato. Requisitos para tenerlo por acreditado para efectos del artículo

501,

fracción

III,

ley

federal

del

trabajo.

Hechos: En un procedimiento especial una mujer demandó la declaración y reconocimiento como legítima beneficiaria de los derechos laborales generados por quien, dijo, fue su concubinario. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 501, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, relativa al concubinato, es necesario demostrar que quien promueve tenía con la persona fallecida una relación de pareja constante y estable, fundada en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua, durante un tiempo inmediato anterior a su muerte y que perduró hasta ese día. Justificación: En la tesis aislada 2a. IV/2023 (11a.), de rubro: "BENEFICIARIOS DE LA PERSONA TRABAJADORA FALLECIDA. EL ARTÍCULO 501, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER QUE LA CONCUBINA O CONCUBINO DE AQUÉL

TENDRÁ

DERECHO

RECIBIR

INDEMNIZACIÓN

CONCURRENCIA CON OTROS BENEFICIARIOS SÓLO A FALTA DE CÓNYUGE

SUPÉRSTITE

PERMANECIDO

LIBRES

SIEMPRE

QUE

MATRIMONIO

AMBOS

HAYAN

DURANTE

CONCUBINATO, ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo referido, al establecer que la persona con la que el trabajador fallecido convivió durante los cinco años anteriores a su muerte, o con la que tuvo hijos, tendrá derecho a recibir indemnización en concurrencia con otros beneficiarios sólo a falta de cónyuge supérstite y siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, viola los derechos a la igualdad y a la protección de la familia. Asimismo, en la sentencia relativa a la contradicción de tesis 251/2010 señaló que "la mujer tiene derecho a la pensión de viudez, en su carácter de concubina del fallecido trabajador asegurado, cuando tuvo hijos con el asegurado fallecido y vivía con él en concubinato en la fecha de la muerte de éste". Y en el amparo directo en revisión 6910/2016 refirió que la condición de ser dependiente económico para ser considerado beneficiario está prevista en la fracción IV del artículo analizado. Por su parte, la Primera Sala, en la jurisprudencia 1a./J. 125/2022 (11a.), de rubro: "CONCUBINATO. EL PLAZO ESTABLECIDO COMO ELEMENTO PARA SU CONFIGURACIÓN NO PUEDE

JUSTIFICAR

POR

SÍ

MISMO

EXCLUSIÓN

DETERMINADOS MODELOS DE FAMILIA DE LA PROTECCIÓN LEGAL Y CONSTITUCIONAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE JALISCO).", determinó que es injustificado no reconocer la existencia del concubinato por no cumplir con la exigencia general de un plazo, pues si bien la temporalidad busca dar certeza y seguridad jurídica a una relación de hecho,

ello no debe convertirse en un requisito que prive a uno de los concubinos del derecho a la protección a la familia previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para tener por acreditado el concubinato para efectos del artículo 501, fracción III, mencionado, debe demostrarse que quien promueve tenía con la persona fallecida una relación de pareja constante y estable, de afecto, solidaridad y ayuda mutua, durante un tiempo inmediato anterior a su muerte y que perduró hasta ese día. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL NOVENO CIRCUITO. Amparo directo 1003/2024. 10 de julio de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Rafael López Jiménez. Secretaria: Lucía Morales Rueda. Nota: Las tesis aislada 2a. IV/2023 (11a.) y de jurisprudencia 1a./J. 125/2022 (11a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 8 de diciembre de 2023 a las 10:20 horas y 9 de septiembre de 2022 a las 10:18 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libros 32, Tomo III, diciembre de 2023, página 2337 y 17, Tomo III, septiembre de 2022, página 2614, con números de registro digital: 2027784 y 2025211, respectivamente. La parte conducente de la sentencia relativa a la contradicción de tesis 251/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 1000, con número de registro digital: 22602.

Duodécima Época Registro: 2031378 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 24 de octubre de 2025 10:34 horas Materia(s): Laboral Tesis: IX.T.3 L (11a.)

Constancia de semanas cotizadas que contiene cadena original, sello digital, secuencia notarial y número de serie, expedida por el instituto mexicano del seguro social (IMSS). Tiene valor probatorio pleno para acreditar los datos que contiene.

Hechos: En un juicio laboral se ofreció como prueba la impresión de la constancia de semanas cotizadas expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que contiene cadena original, sello digital, secuencia notarial y número de serie. La Junta le restó valor probatorio por no contener la firma del funcionario autorizado para emitirla y porque no fue perfeccionada como documento digital. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la referida constancia de semanas cotizadas impresa de un medio electrónico, que contiene cadena original, sello digital, secuencia notarial y número de serie, tiene valor probatorio pleno, por lo que es apta para acreditar los datos que contiene.

Justificación: Conforme al documento denominado "Procedimiento para la certificación de semanas cotizadas a solicitud de las personas aseguradas", que regula el proceso de certificación de semanas cotizadas en el SISEC (Sistema Integral de Semanas Cotizadas), que genera de forma automatizada la "Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS", la emisión de la constancia, en sus tres modalidades, debe realizarse a través de dicho Sistema, quedando prohibida la elaboración y/o emisión de un documento distinto al emitido por dicho Sistema, el cual cuenta con cadena original, sello digital y secuencia notarial que lo dotan de validez al permitir su rastreabilidad. Ello, con excepción de contingencia en el sistema por más de veinticuatro horas o por oposición a la publicación de datos personales en el portal electrónico, en cuyo caso sí se permite su elaboración manual con firma autógrafa de funcionario autorizado. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL NOVENO CIRCUITO. Amparo directo 976/2024. Instituto Mexicano del Seguro Social. 10 de julio de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Rafael López Jiménez. Secretaria: Lucía Morales Rueda. Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2025 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Undécima Época Registro: 2031382 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 24 de octubre de 2025 10:34 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.15o.T.10 L (11a.)

Discriminación antisindical. En los juicios en los que se reclamen actos de esa naturaleza debe aplicarse la doctrina de la prueba indiciaria y la inversión de la carga probatoria, y si el demandado no los desvirtúa, la sentencia debe tener un efecto reparatorio.

Hechos: Diversos trabajadores de una empresa, así como el sindicato correspondiente, demandaron actos de discriminación antisindical o de injerencia patronal, a partir de que los obreros se cambiaron del sindicato mayoritario al sindicato actor, por lo que solicitaron el cese de tales actos y el respeto de sus derechos laborales y sindicales. La empresa demandada, así como los trabajadores de ésta, con carácter de supervisores, negaron tales actos. El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos estimó que con las pruebas que se ofrecieron no quedaron demostrados los actos denunciados, por lo que absolvió a los demandados de todas las prestaciones reclamadas. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en los juicios en los que se reclamen actos de discriminación antisindical debe aplicarse la doctrina de la prueba indiciaria y la inversión de la carga probatoria, por lo que si la demandada no los desvirtúa, la sentencia que se emita no podría

tener un efecto meramente declarativo, sino reparatorio, de manera que se asegure una protección eficaz contra tales actos. Justificación: La discriminación antisindical, entendida como cualquier acción adoptada por un empleador con el objetivo de perjudicar a los trabajadores a causa de sus actividades sindicales o de disuadirlos de formar sindicatos o de afiliarse a ellos y/o de participar en actividades sindicales, representa una de las más graves violaciones de la libertad sindical. Ello, porque tiene un efecto intimidatorio sobre otros trabajadores y, por lo mismo, puede poner en peligro la propia existencia de los sindicatos. De ahí que deba garantizarse y protegerse la libertad de los trabajadores de decidir si constituyen sindicatos o si se afilian a ellos, a que se cambien de sindicato o a participar en actividades sindicales, sin presiones externas ni riesgos de consecuencias negativas, como el despido, el cambio de puestos o de turnos, la supresión de prestaciones o de oportunidades de ascenso, o de cualquier otra que pudiere ejercerse en represalia contra el trabajador. Así, el derecho a la libertad sindical, en su vertiente individual, garantiza el derecho del trabajador a no sufrir consecuencias desfavorables en la empresa por razón de su afiliación o actividad sindical, ya sea de forma aislada o constante. Por ello, la libertad de afiliarse a un sindicato o de no hacerlo, así como el desarrollo de la actividad inherente a la legítima actuación sindical en el ámbito de la empresa implican una garantía de indemnidad, que consiste en prohibir cualquier diferencia de trato por razón de la afiliación sindical o actividad sindical de los trabajadores o a sufrir represalias o amenazas por razón de su pertenencia a un sindicato. Por ello, cuando los trabajadores demandan actos de discriminación antisindical, debe aplicarse la doctrina relativa a la prueba indiciaria y a la inversión de la carga de la prueba, dado que, en esos casos, los actos de discriminación pueden quedar encubiertos tras la legalidad aparente del acto de la empleadora, debido

a que es difícil demostrar que la verdadera razón de cualquier acción contra un trabajador es la discriminación antisindical dado lo complejo, y a veces imposible, de demostrar que el motivo de un determinado comportamiento o decisión del empleador es de esa índole. Por esa razón al demandante únicamente se le exige que desarrolle o explique de forma suficientemente precisa y concreta los hechos de la existencia discriminatoria, así como que presente pruebas que sustenten la presunción, es decir, pruebas suficientes, no para demostrar realmente el comportamiento discriminatorio, sino simplemente para crear una presunción refutable de que los hechos afirmados son ciertos, y a la demandada, por el contrario, se le impone demostrar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas o ajenas a la pretendida discriminación antisindical. Por ello, si no desvirtúa los referidos actos, la sentencia que se emita no podría tener un efecto meramente declarativo, sino reparatorio (medidas de reparación y persuasivas), de manera que se asegure una protección eficaz contra tales actos. DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 632/2024. 26 de junio de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Cedillo Orozco. Secretario: Rito Daniel Villanueva Magdaleno.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

31 de octubre de 2025 Registro

Tipo de resolución

2031406

Tesis Aislada (Laboral)

Voz

Artículos que impactan

Demanda laboral. No es impedimento para 871 y 872, admitirla que el domicilio señalado para el apartado B, emplazamiento no coincida con el de la fracción I de la constancia de no conciliación. ley federal del trabajo

2031407

Tesis Aislada (Laboral)

2031410

Tesis Aislada (Laboral)

Indemnización por daño moral. Cuando en Relacionado 3º un juicio laboral la persona trabajadora y 3° bis, inciso demanda su pago y de autos se advierten b, indicios de que en ella concurren factores que exacerban su vulnerabilidad y, por ende, aumentan el riesgo de que sea objeto de violencia de género y de discriminación, el asunto debe juzgarse con perspectivas de género e interseccional y, en su caso, aplicar los ajustes al procedimiento que permitan resolver todas las pretensiones hechas valer, incluido el daño moral. Multa prevista en el artículo 48, párrafo 48 y 48 Bis, quinto, de la ley federal del trabajo. No fracción I, tiene por objeto sancionar a las partes por inciso d) de la no demostrar sus pretensiones. ley federal del trabajo

2031411

Tesis Aislada (Laboral)

Notificación personal vía electrónica en el juicio laboral. Se considera efectuada en la fecha, hora y minuto que se visualiza la notificación en la página web del tribunal, y surte efectos en ese mismo momento (legislación del estado de Tamaulipas).

747, fracción IV, de la ley federal del trabajo

Undécima Época Registro: 2031406 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 31 de octubre de 2025 10:41 horas Materia(s): Laboral Tesis: V.3o.C.T.5 L (11a.)

Demanda laboral. No es impedimento para admitirla que el domicilio señalado para el emplazamiento no coincida con el de la constancia de no conciliación.

Hechos: Una persona trabajadora demandó a una persona física y/o "quien resulte responsable de la fuente de trabajo", el pago de la indemnización constitucional y diversas prestaciones derivadas del despido injustificado del que afirmó ser objeto. El Juez laboral la previno para que exhibiera la constancia de no conciliación respecto del demandado y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, en virtud de que se advertía un domicilio diferente para emplazar a la demandada respecto del que obraba en la constancia de no conciliación. El actor afirmó que la circunstancia de que se hubiese señalado un domicilio para emplazar a la demandada y en la constancia de no conciliación se precisara uno distinto, no traía como consecuencia que se estuviese demandando a personas diferentes.

El Juez determinó que al no coincidir los domicilios precisados por la trabajadora se incumplía con el requisito previsto en el artículo 872, apartado B, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo (agotar la fase conciliatoria). Por tanto, ordenó remitir los autos al Centro Local de Conciliación Laboral para que el accionante exhibiera la constancia de no conciliación de la persona física demandada y/o quien resultara responsable de la fuente de trabajo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no es impedimento para admitir la demanda laboral el hecho de que el domicilio señalado para el emplazamiento no coincida con el de la constancia de no conciliación. Justificación: De los artículos 871 y 872, apartado B, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que la demanda debe señalar, entre otros datos, el nombre, denominación o razón social del demandado, así como su domicilio. Sin embargo, no se exige que ese domicilio coincida con aquel en el que se notificó a la contraparte en el procedimiento de conciliación prejudicial. En consecuencia, no es factible requerir o imponer al trabajador la carga procesal de que sean coincidentes el domicilio señalado para emplazar al demandado y el que obre en la constancia expedida por el organismo de conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 219/2024. 24 de julio de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Nieblas Germán, secretaria de tribunal autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Ana Kyndira Ortiz Flores.

Undécima Época Registro: 2031407 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 31 de octubre de 2025 10:41 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.6o.T.8 L (11a.)

Indemnización por daño moral. Cuando en un juicio laboral la persona trabajadora demanda su pago y de autos se advierten indicios de que en ella concurren factores que exacerban su vulnerabilidad y, por ende, aumentan el riesgo de que sea objeto de violencia de género y de discriminación, el asunto debe juzgarse con perspectivas de género e interseccional y, en su caso, aplicar los ajustes al procedimiento que permitan resolver todas las pretensiones hechas valer, incluido el daño moral.

Hechos: Una trabajadora demandó su reinstalación por despido injustificado, así como el pago del daño moral como medida reparatoria, al sostener que durante el vínculo laboral fue víctima de discriminación por padecer una enfermedad grave, así como de acoso sexual. La Junta tuvo por acreditado el despido injustificado, pero absolvió del daño moral alegando no estar facultada para emitir condena al respecto y porque la actora no demostró el acoso sexual. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si en un juicio laboral se reclama el daño moral derivado de actos o conductas que pudieran configurar violencia de género y/o discriminación por condición de

salud, cuando existan indicios que permitan advertir que en la persona trabajadora concurren factores que exacerban su vulnerabilidad, el órgano jurisdiccional debe tramitar y resolver el asunto bajo perspectivas de género y de interseccionalidad y, en su caso, aplicar los ajustes de procedimiento que permitan que en el propio juicio se resuelvan todas las pretensiones hechas valer en la demanda, incluido el daño moral. Justificación: El Alto Tribunal introdujo el método de juzgar con perspectiva de género con el objeto de evitar tratos y prácticas discriminatorias, ampliando la responsabilidad estatal para proteger a las mujeres, incluso contra actos que cometen personas privadas, para procurar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad y su acceso a la justicia, y con ello evitar invisibilizar su situación particular. También determinó que la obligación de juzgar bajo esa perspectiva implicaba tomar en cuenta el impacto interseccional, esto es, verificar la confluencia de múltiples factores de vulnerabilidad y riesgos de discriminación en una persona determinada o en ciertos grupos considerados vulnerables. Precisó que la interseccionalidad se complementa con la perspectiva de género en las decisiones judiciales, inicialmente, con el reconocimiento de tales factores a fin de que haya un acceso integral a la justicia. También consideró que algunas enfermedades pueden generar condiciones de discapacidad, y que para acercar la justicia a las personas que las padecen, podían aplicarse ajustes de procedimiento para lograr la igualdad de condiciones en los asuntos jurisdiccionales. En consecuencia, del parámetro de regularidad constitucional y convencional que prohíbe cualquier forma de discriminación contra una persona trabajadora, siendo una de ellas su condición de salud, en términos de los artículos 1o., último párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 del Convenio 111

(relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, de la Organización Internacional del Trabajo); 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y, I de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; así como del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como lo disponen los artículos 4o. constitucional, 2 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); y, 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), dada la obligación a cargo de las autoridades de prevenir y sancionar la transgresión a los derechos humanos prevista en el artículo 1o. de la Constitución Federal, se considera que en los juicios laborales en los que una persona trabajadora reclame el daño moral, la autoridad jurisdiccional puede avocarse a su estudio de concurrir en su persona factores que puedan exacerbar su vulnerabilidad, como su género y condición de salud que pueda generar discapacidad, pues en los casos señalados la aplicación del derecho de manera formal implicaría imponer una carga excesiva, dado que se le obligaría a esperar al resultado del juicio laboral para que acudiera a una vía jurisdiccional distinta a fin de que agotara otro procedimiento, a pesar de que dicho expediente puede erigirse como prueba preconstituida, además de que la condición de salud puede dar lugar a que se ponga en riesgo su vida. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 643/2024. María Guadalupe Puente Meraz. 20 de marzo de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Illiana Camarillo González, secretaria de

tribunal autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: José Ángel Villarruel Miranda. Esta tesis se publicó el viernes 31 de octubre de 2025 a las 10:41 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Undécima Época Registro: 2031410 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 31 de octubre de 2025 10:41 horas Materia(s): Laboral Tesis: III.2o.T.59 L (11a.)

Multa prevista en el artículo 48, párrafo quinto, de la ley federal del trabajo. No tiene por objeto sancionar a las partes por no demostrar sus pretensiones.

Hechos: En un juicio laboral se demandó el pago de horas extras, entre otras prestaciones. En la sentencia se tuvo por desvirtuada la jornada laboral manifestada por el actor respecto a una parte del periodo no prescrito, por lo que se decretó condena parcial contra la parte patronal. Asimismo, se impusieron multas al actor y a uno de sus apoderados al considerar que manifestaron una jornada laboral excesiva y que no se pagaron horas extras, lo que fue desvirtuado parcialmente por la demandada. El fundamento legal invocado por el juzgador para imponer tales multas fueron los artículos 48 y 48 Bis, fracción I, inciso d), de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la multa prevista en el artículo 48, párrafo quinto, de la Ley Federal del Trabajo, relacionado con el diverso 48 Bis, fracción I, inciso d), de la propia legislación, no tiene por objeto sancionar a las partes, a sus abogados o a sus representantes, por el solo hecho de no demostrar sus pretensiones en juicio, sino cuando

promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas y, en forma general, toda actuación notoriamente improcedente, siempre que lo hagan con la específica finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución del conflicto laboral. Justificación: El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo fue objeto de reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, que entró en vigor el día siguiente. Durante la vigencia de ese texto legal, que abarcó desde el uno de mayo de mil novecientos setenta hasta el treinta de noviembre de dos mil doce, se generó un fenómeno en relación con los litigios promovidos con motivo de los despidos que puso en riesgo la viabilidad económica de empresas y, en general, del sector empleador. Las personas que se dedicaban a ello prolongaban la duración de los procedimientos laborales para que se generaran salarios caídos sin límite alguno, haciendo de tal práctica un verdadero "negocio", lo que provocó la pérdida de empleos y el cierre de empresas pequeñas y medianas que no podían ni tenían la capacidad de enfrentar pasivos laborales, y que quebraban o simplemente cerraban su operación como consecuencia de las altas condenas en juicios individuales. Como respuesta o como acción correctiva, el Congreso de la Unión emitió el aludido decreto publicado el treinta de noviembre de dos mil doce, que reformó el citado artículo 48 para limitar el pago de salarios vencidos, en caso de despido injustificado, a doce meses. A la par, a fin de reforzar y asegurar el objetivo consistente en evitar el retraso indebido de los juicios, incluso con independencia de que el mismo fuera provocado o causado por la parte actora, por la demandada, por sus abogados, representantes o, hasta por los funcionarios que intervienen en la prestación del servicio de justicia laboral, todo relacionado con la legalidad del proceso laboral, el legislador también incluyó algunas medidas complementarias, las cuales quedaron previstas en los

últimos dos párrafos del artículo 48 y consistieron en sancionar con multa a los abogados, litigantes o representantes que promovieran acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general, toda actuación notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución del juicio laboral. Asimismo, en caso de que la dilación hubiera sido producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos; la medida consistió en suspenderlos hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia, destituirlos del cargo. Por ende, el órgano jurisdiccional no se encuentra facultado en términos del citado precepto legal, para imponer multa a la parte actora y a su abogado, basado en que en la demanda se afirmó una jornada de trabajo y un salario que el patrón controvirtió y que logró desvirtuar con las pruebas que aportó. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 567/2023. Israel Hernández Romero. 10 de octubre de 2023. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Pérez Pérez. Secretaria: María Mireya Acevedo Manríquez.

Undécima Época Registro: 2031411 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 31 de octubre de 2025 10:41 horas Materia(s): Laboral Tesis: XIX.1o.P.T.4 L (11a.)

Hechos: En un juicio de amparo derivado de un procedimiento ordinario laboral se decretó el sobreseimiento por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, esto es, por consentimiento tácito, teniendo en cuenta la notificación personal efectuada vía electrónica, siendo que la usuaria entró a la página web y visualizó la referida comunicación, y se tuvo por realizada en ese mismo momento, por lo que surtió sus efectos ese mismo día. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en un procedimiento ordinario laboral las notificaciones realizadas a través del Sistema del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas se consideran realizadas en la fecha, hora y minuto en que se consulta en la página web y se visualiza la notificación, y surte sus efectos en ese mismo momento.

Justificación: De los artículos 34 y 35 del Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas se desprenden dos reglas para determinar cuándo se tendrán por practicadas las notificaciones realizadas por medios electrónicos. La primera, cuando la notificación es consultada y visualizada por el usuario a través de la página web, la cual se considerará realizada en la fecha, hora y minuto en que se consulta y se mandará agregar un tanto al expediente. La segunda, cuando el usuario, pese a tener la obligación de ingresar al sistema electrónico dentro de un plazo máximo de dos días, no lo hace, por lo que la notificación se tendrá por practicada al segundo día ya señalado, debiendo agregarse a los autos la constancia que genera el sistema. Asimismo, del artículo 747, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las notificaciones realizadas vía electrónica surten sus efectos en el momento en que se genere la constancia de la consulta realizada donde se refleja la fecha, hora y minuto en que se recuperó la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico, esto es, el mismo día que se consulta. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo directo 193/2025. Beisy Iriaveth Coronado Román. 19 de agosto de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Saldaña Romo, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Cecilia Marissa Crespo Vázquez. Amparo directo 477/2024. Calzada Construcciones, S.A. de C.V. 27 de agosto de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Cuautle Vargas. Secretaria: Blanca Zulema García Cruz.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de octubre de 2025 a las 10:41 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes

14 de noviembre de 2025 Registro

Tipo de resolución

2031472

2031447

Voz

Artículos que impactan

Laboral Pensión por riesgo de trabajo. Cuando se 61 de la ley del (Jurisprudencia) demanda ante un tribunal laboral es seguro social inaplicable el artículo 61 de la ley del seguro social. Laboral Antigüedad genérica de empresa. Si el 784 fracciones (Aislada) patrón no exhibe el expediente personal del I y II, 804 y trabajador con motivo de la inspección 805 de la ley ofrecida por éste, se presumen ciertos los federal del hechos de la demanda, salvo prueba en contrario. trabajo

Undécima Época Registro: 2031472 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 14 de noviembre de 2025 10:25 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CN. J/1 L (12a.)

Pensión por riesgo de trabajo. Cuando se demanda ante un tribunal laboral es inaplicable el artículo 61 de la ley del seguro social.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si es aplicable el artículo 61 de la Ley del Seguro Social cuando una persona trabajadora reclama el otorgamiento de una pensión derivada de un riesgo de trabajo ante un Tribunal Laboral. Criterio jurídico: Cuando una persona trabajadora reclama el otorgamiento de una pensión derivada de un riesgo de trabajo ante un Tribunal Laboral es inaplicable el artículo 61 de la Ley del Seguro Social. Justificación: La Ley del Seguro Social desarrolla los principios de seguridad social previstos en el artículo 123, apartado A, fracciones XIV, XV y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la creación de un sistema de seguridad social para las personas trabajadoras.

A través de los principios que se desprenden del precepto constitucional citado, se garantiza la creación de un sistema de seguridad social para las personas trabajadoras que las proteja contra los riesgos de trabajo: enfermedades, accidentes, cesantía involuntaria, vejez e invalidez. Asimismo, que les asegure un retiro digno, atención médica, guarderías, entre otras, para asegurar su bienestar. Cuando una persona trabajadora sufre un riesgo de trabajo, ya sea por accidente o enfermedad profesional, se somete a las disposiciones que rigen el seguro de riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prevén una serie de etapas que se componen de beneficios en especie y en dinero. Si no recupera su salud, lo que le impide regresar a laborar, habrá de iniciar el trámite para el otorgamiento de una pensión por incapacidad, que puede ser permanente parcial o permanente total. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 29/2022 estableció que la persona asegurada que pretenda acceder al otorgamiento de una pensión debe solicitarla directamente ante el IMSS. Si no está de acuerdo con las determinaciones, podrá impugnarlas vía administrativa ante el propio instituto, o bien, optar por la vía jurisdiccional ante los Tribunales Laborales Federales. Por tanto, el indicado artículo 61 es inaplicable cuando se pretenda reclamar la pensión por riesgo o enfermedad profesional en sede judicial ante los tribunales laborales, pues tal disposición es aplicable en sede administrativa cuando el trámite se efectúa exclusivamente ante el IMSS. De llevarse a cabo el procedimiento ante la autoridad jurisdiccional, el derecho de la persona asegurada en lo relativo a la existencia, calificación o valoración, es materia de análisis en el conflicto individual de seguridad social sometido a conocimiento

de un Juez laboral. De ahí que la sentencia firme que reconoce un derecho para acceder al otorgamiento y pago de la pensión por incapacidad no puede restringirse o modificarse posteriormente mediante la aplicación del mencionado artículo 61. Actuar contrario a ello implicaría conceder a las partes la facultad discrecional de modificar en vía administrativa lo probado y resuelto en sede jurisdiccional, lo que trastocaría la cosa juzgada, vulnerándose así la seguridad jurídica de las partes. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Contradicción de criterios 59/2025. Entre los sustentados por el Primer, el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 2 de octubre de 2025. Tres votos de las Magistradas Verónica Alejandra Curiel Sandoval y Angélica Iveth Leyva Guzmán, y del Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro. Ponente: Magistrada Verónica Alejandra Curiel Sandoval. Secretaria: Karina Huerta Galicia. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 358/2023, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 132/2024. Nota: La sentencia relativa al amparo directo 29/2022 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de junio de 2023 a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima

Época, Libro 26, Tomo V, junio de 2023, página 4059, con número de registro digital: 31519.

Undécima Época Registro: 2031447 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 14 de noviembre de 2025 10:25 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T.83 L (11a.)

Antigüedad genérica de empresa. Si el patrón no exhibe el expediente personal del trabajador con motivo de la inspección ofrecida por éste, se presumen ciertos los hechos de la demanda, salvo prueba en contrario.

Hechos: Personas trabajadoras demandaron el reconocimiento de antigüedad genérica de empresa. Afirmaron haber iniciado la relación laboral en una fecha anterior a la reconocida por la empleadora. Para acreditar su dicho ofrecieron como medio de prueba la inspección del expediente personal que se encontraba bajo el resguardo de la patronal. La Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje requirió su exhibición sin que éste se presentara. En consecuencia, tuvo por ciertas las fechas de ingreso manifestadas en las demandas. Inconforme con dichas resoluciones la demandada promovió amparo directo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si un trabajador al demandar el reconocimiento de antigüedad genérica de empresa señala que la relación laboral inició en una fecha anterior a la reconocida por el patrón y ofrece como prueba la inspección sobre su expediente personal, pero el empleador no lo exhibe, se presume como cierta la data de inicio del vínculo laboral precisada en la demanda, salvo prueba en contrario.

Justificación: De conformidad con el artículo 784, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al empleador acreditar la fecha de ingreso y la antigüedad, esto es, si hubo o no interrupciones desde que inició la relación laboral, cuando pretenda demostrar que la antigüedad es menor a la reclamada, así como la fecha de ingreso de la persona trabajadora. Por otro lado, los artículos 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo establecen que los patrones están obligados a conservar y a exhibir los contratos individuales de trabajo, recibos de nómina, controles de asistencia, comprobantes de pago de participación de utilidades, vacaciones, aguinaldos, primas, así como los pagos de aportaciones y cuotas de seguridad social, so pena de que, en caso de no conservarlos ni exhibirlos, se presumirán ciertos los hechos de la demanda, salvo prueba en contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 1029/2021. Comisión Federal de Electricidad. 10 de febrero de 2023. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Silvia Valeska Soberanes Sánchez. Amparo directo 1325/2023. Comisión Federal de Electricidad. 31 de julio de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretario: Marcelo Cabrera Hernández.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes 1

2031545

Laboral (Aislada)

2031550

Laboral (Aislada)

Contrato colectivo de trabajo. La 184 y 396 de la cláusula que establece que el pacto sólo ley federal del es aplicable a las personas trabajadoras trabajo sindicalizadas viola los artículos 184 y 396 de la ley federal del trabajo. Manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal. El acuerdo de radicación de la demanda laboral no es la actuación idónea para revocar al designado por la parte actora, al no ser posible advertir una deficiencia reiterada en su actuación (artículo 685 bis de la ley federal del trabajo).

685 Bis de la ley federal del trabajo

Duodécima Época Registro: 2031545 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 5 de diciembre de 2025 10:17 horas Materia(s): Laboral Tesis: XIII.2o.P.T.1 L (12a.)

Contrato colectivo de trabajo. La cláusula que establece que el pacto sólo es aplicable a las personas trabajadoras sindicalizadas viola los artículos 184 y 396 de la ley federal del trabajo.

Hechos: En un juicio laboral la persona trabajadora promovió amparo directo contra el laudo dictado por la Junta responsable al considerar que la cuantificación de las prestaciones a las que fue condenado el Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, debió realizarse conforme a las estipulaciones del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con el Sindicato "12 de Julio" de Trabajadores y Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Criterio jurídico: La cláusula del contrato colectivo de trabajo que establece que el pacto sólo es aplicable a las personas trabajadoras sindicalizadas viola los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo.

Justificación: Conforme a los artículos referidos, las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas trabajadoras del centro de trabajo, incluso cuando no pertenezcan al sindicato, con la salvedad de que en el propio pacto colectivo se excluya expresamente al personal de confianza. De ahí que la cláusula tercera del contrato colectivo de trabajo referido que limita la aplicación del pacto a los trabajadores afiliados a su sindicato contraviene las disposiciones de orden público contenidas en los citados artículos. Esta interpretación es consistente con los artículos 2 del Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, de la Organización Internacional del Trabajo, y 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aplicar a la persona trabajadora la referida cláusula tercera contractual equivaldría a despojarle de los beneficios del contrato colectivo de trabajo por el solo hecho de no estar afiliada al sindicato titular, lo cual infringe la facultad derivada de su derecho convencional y constitucional de no formar parte de una agrupación sindical. Por tanto, aun cuando la persona trabajadora haya prestado sus servicios al mencionado Ayuntamiento mediante contrato temporal, sin estar afiliada a la agrupación sindical mencionada, le resultan aplicables el pacto colectivo y los beneficios en él contenidos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. Amparo directo 329/2025. 28 de octubre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Jaime Allier Campuzano, Brisa Albores Medina y Rocío Chong Velásquez. Ponente: Jaime Allier Campuzano. Secretaria: Dulce María Cruz Ramírez.

Duodécima Época Registro: 2031550 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 5 de diciembre de 2025 10:17 horas Materia(s): Laboral Tesis: VII.2o.T.2 L (12a.)

Manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal. El acuerdo de radicación de la demanda laboral no es la actuación idónea para revocar al designado por la parte actora, al no ser posible advertir una deficiencia reiterada en su actuación (artículo 685 bis de la ley federal del trabajo).

Hechos: Una persona trabajadora promovió juicio ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. El órgano jurisdiccional registró el expediente, pero ante las irregularidades detectadas en el escrito inicial, con fundamento en el artículo referido revocó la personalidad de su apoderado y le requirió designar otro. Ante la negativa de aceptar un defensor público sin justificar la causa legal o material de su decisión, el órgano tuvo por no presentada la demanda. Contra esta determinación la persona trabajadora promovió amparo directo. Criterio jurídico: Con la sola presentación de la demanda el Tribunal Laboral no se encuentra en aptitud de estimar, con base en las irregularidades detectadas en

ella, que el apoderado legal de la persona trabajadora incurrió en una manifiesta y sistemática incapacidad técnica. Justificación: El artículo 685 Bis de la Ley Federal del Trabajo exige la actualización de actos procesales concretos y reiterados que de manera objetiva evidencien un patrón obstructivo de la función jurisdiccional o, en su caso, una incapacidad técnica manifiesta y sistemática en el desempeño de la representación legal de la parte actora. Por ende, cualquier determinación que pretenda prejuzgar la conducta o una supuesta falta de capacidad técnica de las personas abogadas con motivo exclusivo de la presentación de la demanda resulta contraria a los principios de legalidad, del debido proceso y de seguridad jurídica previstos en la Constitución General, pues desconoce el derecho de toda persona a contar con una defensa adecuada en juicio. Únicamente con posterioridad a la interposición de la demanda y a partir de la valoración de las actuaciones desarrolladas dentro del procedimiento la persona juzgadora podrá determinar, con base en elementos objetivos y verificables, si se actualiza la hipótesis normativa prevista en el citado artículo, pero nunca de forma automática, preventiva o presuntiva con motivo exclusivo de la presentación del escrito inicial. Por ello, con la sola presentación del escrito de demanda resulta improcedente revocar a los apoderados legales de la parte actora con base en una pretendida incapacidad técnica, pues ello atenta contra la tutela judicial efectiva, la congruencia procesal y el derecho humano a una defensa adecuada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 1133/2023. 19 de septiembre de 2025. Unanimidad de votos de los Magistrados Juan Carlos Moreno Correa, Jorge Toss Capistrán y Adolfo Eduardo

Serrano Ruiz. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Renato de Jesús Martínez Lemus. Amparo directo 1509/2023. 25 de septiembre de 2025. Unanimidad de votos de los Magistrados Juan Carlos Moreno Correa, Jorge Toss Capistrán y Adolfo Eduardo Serrano Ruiz. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Anabel Morales Guzmán.

Tesis aisladas y jurisprudencias por: contradicción, reiteración y precedentes 1

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Laboral

Prueba confesional en el juicio laboral. 782 y 873-A, séptimo (Jurisprudencia) El tribunal está impedido para ordenar oficiosamente su desahogo a cargo de párrafo, de la la parte trabajadora, cuando la parte Ley Federal del patronal omitió comparecer a juicio, Trabajo. contestar la demanda y ofrecer pruebas. Laboral (Aislada)

Juicio laboral promovido por diversos 521 fracción I actores. Procede admitirlo respecto de y 685 de la Ley los que presentaron la constancia de no Federal del conciliación y remitir al centro de Trabajo. conciliación a quienes no la allegaron.

Duodécima Época Registro: 2031598 Instancia: Plenos Regionales Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 12 de diciembre de 2025 10:24 horas Materia(s): Laboral Tesis: PR.P.T.CS. J/2 L (12a.)

Prueba confesional en el juicio laboral. El tribunal está impedido para ordenar oficiosamente su desahogo a cargo de la parte trabajadora, cuando la parte patronal omitió comparecer a juicio, contestar la demanda y ofrecer pruebas.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si conforme al artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, el Tribunal Laboral puede ordenar de oficio el desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte actora, cuando la patronal no compareció a juicio y se le declaró en rebeldía. Mientras que uno estimó que dicha actuación oficiosa es jurídicamente viable para esclarecer los hechos; el otro consideró que es improcedente porque al haber operado la presunción de tener por ciertas las peticiones de la demanda, no existen hechos controvertidos que justifiquen su desahogo.

Criterio jurídico: El Tribunal Laboral está impedido para ordenar de oficio el desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte actora cuando la demandada omitió comparecer a juicio, contestar la demanda y ofrecer pruebas. Justificación: Conforme al artículo 873-A, séptimo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, cuando la parte patronal omite contestar la demanda instaurada en su contra se presumirán ciertas las peticiones de la actora, salvo prueba en contrario. En ese caso, podrá desvirtuarse dicha presunción mediante la prueba pertinente ofrecida antes de la audiencia preliminar. Permitir que el Tribunal Laboral supla tal omisión con fundamento en el artículo 782 de la misma ley y en el principio de supremacía de la realidad, bajo el argumento de esclarecer hechos que se tuvieron por no controvertidos, quebranta la igualdad entre las partes y el debido proceso, ya que implica asumir una función activa y decisiva en la práctica de una prueba de la cual se perdió el derecho a ofrecer, con lo que se compromete la imparcialidad judicial al sustituirse en la defensa de la patronal. PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Contradicción de criterios 96/2025. Entre los sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito. 12 de noviembre de 2025. Tres votos de las personas Magistradas Vanessa Heidi Nambo Huerta, Rodolfo Alejandro Ramos Santillán y Antonio Salazar López. Ponente: Rodolfo Alejandro Ramos Santillán. Secretario: Luis Omar García Morales. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, al resolver los amparos directos 887/2024, 889/2024 y 891/2024, y

el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, al resolver los amparos directos 528/2024 y 881/2024.

Duodécima Época Registro: 2031587 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 12 de diciembre de 2025 10:24 horas Materia(s): Laboral Tesis: I.1o.T.3 L (12a.)

Juicio laboral promovido por diversos actores. Procede admitirlo respecto de los que presentaron la constancia de no conciliación y remitir al centro de conciliación a quienes no la allegaron.

Hechos: Distintas personas trabajadoras demandaron de varias patronales la reinstalación y diversas prestaciones. Sin embargo, al no allegar las constancias de no conciliación respecto a algunos promoventes el Tribunal Laboral desechó y dejó a salvo el derecho de los accionantes para que lo hicieran valer una vez que reunieran los requisitos de procedencia para instar su acción, por lo que concluyó y archivó el asunto, sin considerar que las restantes personas trabajadoras sí agotaron la etapa prejudicial. Criterio jurídico: Cuando el juicio laboral es promovido por diversas personas deben analizarse de manera individual los requisitos de procedibilidad al ser la acción ejercida individual y no colectiva y, por ello, si algunas actoras no allegaron la constancia de no conciliación debe requerírseles para que dentro del término de tres días subsanen esa omisión, y de no realizarlo deberán remitirse las

constancias respectivas a la autoridad conciliadora para que inicie el procedimiento prejudicial obligatorio de conformidad con el artículo 521, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, concluyendo el asunto por cuanto a esas personas y continuando por quienes sí cumplieron. Justificación: Conforme al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, el proceso laboral se rige, entre otros, por los principios de economía, concentración y sencillez, los cuales garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva con el fin de que se respete la unidad del proceso, privilegiando la solución de los conflictos por encima de formalismos procedimentales y se fomente la impartición de justicia de forma expedita y efectiva, acorde con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Por esta razón es factible inadmitir la demanda únicamente por las personas trabajadoras que no agotaron la etapa prejudicial obligatoria y continuar con el juicio por quienes sí la presentaron, porque aunque el ejercicio de la acción se promueva por diversas actoras, peticionando las mismas prestaciones que derivan de los mismos hechos a las mismas partes demandadas, es jurídicamente posible determinar la legalidad de la acción respecto de cada persona trabajadora sin que afecte, fragmente o altere la procedencia de la acción respecto del resto de ellas, pues en el caso, aun y cuando es una acción ejercida por diversas partes actoras, la acción sigue siendo individual y no colectiva. Esta conclusión no altera el principio de la continencia de la causa, relacionado con el diverso de economía procesal, que implica resolver de forma concentrada las prestaciones vinculadas por la misma causa y origen, evitando que el trámite del juicio se demore, su materia se fragmente y/o se emitan resoluciones contradictorias respecto a un solo asunto en perjuicio de las partes. Por esta razón, el órgano jurisdiccional que conozca de la pretensión posee la facultad y la obligación para pronunciarse de las prestaciones respecto de cada una de las accionantes, pues la acción que se persiga en lo individual dependerá de

las manifestaciones vertidas por su contraparte y de las pruebas aportadas al juicio por los contendientes, en estricto apego a los derechos y principios fundamentales de economía procesal y de impartición de justicia pronta y completa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 261/2025. 23 de octubre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Susana Casado García y Abril Gabriela Velasco Soria, y de Jesús Báez Rivas, secretario de tribunal en funciones de Magistrado. Ponente: Jesús Báez Rivas. Secretaria: Ana Mónica González Pérez.

Compendio anual de Reseñas Laborales del Semanario Judicial de la Federación: Año 2025