Caiga quien caiga

Sigo defendiendo que, a pesar de los acontecimientos de las últimas semanas, el Presidente Boric y su gobierno no constituyen una administración corrupta, de igual forma como lo hice con los gobiernos de la Concertación. Lamentablemente, como en toda organización, muchas veces los intereses y malas intenciones personales o de pequeños grupos vulneran la vocación y proceder de la mayoría de un colectivo. Quizás esto fue lo que nunca entendió el Frente Amplio y que los llevó a juzgar con rudeza acciones del pasado, generalizando y condenando a otros partidos políticos. Como se juzgó al PPD en las primarias presidenciales, podría ser igualmente aplicable hoy con RD, pero, como en la vida, aún hay espacio para el aprendizaje y arrepentimiento. Este episodio es una buena oportunidad para bajarse del pedestal de la soberbia y arrogancia ética, pero no para renunciar al rechazo y condena a los actos de corrupción, caiga quien caiga.

El Presidente Boric ha dado señales concretas en torno a erradicar desde su gobierno este indicio de corrupción. Se ha pedido la renuncia del seremi involucrado y de la subsecretaria de la cartera, se están investigado todos los antecedentes y la diputada oficialista esta al menos “en capilla”. El presidente fue enfático en plantear que no pondrá las manos al fuego por nadie y se buscarán los responsables de esta forma de corrupción caiga quien caiga. Sin embargo, su mal entendida lealtad con ese círculo cercano de amistad una vez más lo traiciona y al poco andar termina poniéndole ropa al seremi del Maule, más tarde sumariado por el ministro Montes, por eventual conflicto de interés en la asignación de fondos. El presidente o quienes lo asesoraron en el apoyo al seremi del Maule han expuesto y puesto en primera fila de la polémica a la institución presidencial, arriesgando de paso el único capital político que sustenta a Apruebo Dignidad y el Gobierno, la figura del ciudadano Gabriel Boríc.

El Gobierno ha dado por cerrada la responsabilidad política con la salida de la subsecretaria; sin embargo, la UDI apunta al ministro Montes. Sin duda la responsabilidad política siempre será de la autoridad superior y en ese sentido el ministro Montes es quien debe velar por lo que suceda dentro de su cartera. En este caso en particular, lo sucedido hasta ahora amerita el respaldo del Presidente hacia Montes, ya que los involucrados pertenecen a RD, partido del círculo más cercano de apoyo del gobierno. Por lo demás el político Montes siempre ha sido un hombre probo y confiable, por tanto, se espera que su actuar en este caso sea eficaz, rápido y transparente y seguramente por ello será evaluado. Hacer pagar al ministro Montes no sólo sería injusto, sino además produciría un conflicto de grandes proporciones con el PS, especialmente con sus parlamentarios. Por otro lado, todo podría cambiar si se demuestra que este tipo de desvíos de dineros públicos es un hecho generalizado dentro de su cartera.

El el Gobierno anunció la comisión sobre probidad e integridad, con la cual retoma e insiste en la postura de caiga quien caiga, dándole contenido, metas y plazos, en un contexto institucional. El ministro Elizalde será quien estará a cargo por parte del gobierno de articular la agenda de probidad y participará en la comisión que deberá en un plazo de 45 días entregar un procedimiento democrático y trasparente a los traspasos de recursos públicos desde el Estado a las fundaciones. El Presidente intenta a través de una comisión integrada por personas idóneas y de prestigio dar una solución institucional a este foco de corrupción como una forma de evitar el mal uso de fondos del Estado y dejar fuera de cuestionamiento a instituciones privadas (sin fines de lucro) que ejecutan con abnegación y eficiencia la gestión pública (bajo un sistema subsidiario).

GERMán FLoRES, PERIoDIStA y ConCEJAL DE PUntA AREnAS