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PORTADA DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@contralinea.com.mx ASISTENTE DE DIRECCIÓN JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx JEFE DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx COORDINADOR DE FOTOGRAFÍA JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ julio@contralinea.com.mx RELACIONES PÚBLICAS MARCELA YARCE marcelayarce@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx

REPORTEROS ANA LILIA PÉREZ analilia@contralinea.com.mx ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx MAYELA SÁNCHEZ mayela@contralinea.com.mx PAULINA MONROY paulina@contralinea.com.mx NYDIA EGREMY nydiaep@contralinea.com.mx DAVID CILIA cilia@contralinea.com.mx RUBÉN DARÍO BETANCOURT ruben@contralinea.com.mx

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SOBREVIVIR A LA EMBOSCADA Un grupo de más de 20 hombres con armas largas se desgajó de uno de los cerros. Emboscó a la caravana de paz que se dirigía a San Juan Copala. Las balas de AK-47 o cuerno de chivo entraron por decenas en cada automóvil.

Mataron a dos personas e hirieron a casi una decena. Dos periodistas de Contralínea se encontraban en el lugar para documentar la conflictiva situación de la región triqui. Los reporteros se convirtieron en víctimas y en presa de la organización paramilitar que mantiene cercado al municipio autónomo.

Fueron casi tres días de huir por la montaña y sobrevivir hasta el rescate Érika Ramírez / David Cilia / enviados

26 CAPTURADO POR PARAMILITARES Luego de la emboscada a la caravana de paz que pretendía llegar a San Juan Copala, el periodista Roger Valle cayó en manos de los paramilitares.

El corresponsal en la Sierra Mixteca del diario Noticias de Oaxaca narra su experiencia como testigo del asesinato del finlandés Jiry Jaakkola, pues viajaba en el asiento ubicado detrás del chofer, en la Van blanca que encabezaba el convoy de ayuda humanitaria Roger Valle

DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS ABEL BARRERA abel.barrera@tlachinollan.org ALFREDO JALIFE-RAHME alfjal@prodigy.net.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx GUILLERMO GARDUÑO VALERO gavg@xanum.uam.mx GUILLERMO FABELA QUIÑONES gmofavela@hotmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com JUAN MANUEL BUENO SORIA jmbuenosoria@gmail.com MARCOS CHÁVEZ mchm1995@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com CORRESPONSALÍAS BAJA CALIFORNIA LORENA ROSAS GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ SONORA ÁLVARO CEPEDA TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ CAMPECHE • CHIAPAS • HIDALGO • MICHOACÁN • OAXACA PUEBLA • QUINTANA ROO • TABASCO • VERACRUZ • ZACATECAS DISEÑADORA

28 EL RESCATE Activistas y periodistas emboscados en las inmediaciones de San Juan Copala, Oaxaca, tuvieron que sobrevivir a los paramilitares; pero también a la indolencia de las autoridades políticas estatales y federales, y a la complicidad entre las corporaciones policiacas y la falange armada de la Ubisort. La presión social, nacional e internacional, replegó a los paramilitares y permitió la entrada de un periodista y un padre de familia a la zona, para buscar a los sobrevivientes Redacción

MARLENE CAMACHO

CARTONISTAS DAVID MANRIQUE manrique@contralinea.com.mx CÉSAR NÁNDEZ cesar_nandez@yahoo.com.mx CORRECTOR

ANTONIO NIETO

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MARTHA MORENO

36 EL CASTIGO A SAN JUAN COPALA

PÁGINA DE INTERNET GONZALO MONTERROSA www.contralinea.com.mx REDACCIÓN: 9149-9808 • PUBLICIDAD: 9149-9830 SUSCRIPCIONES: 9149-9809

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La reorganización de los grupos paramilitares en la región triqui inició luego del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La construcción del municipio autónomo fue vista por los caciques locales y por sectores del propio gobierno estatal como una declaración de guerra. La reprimenda se dirige contra los triquis que creyeron que podrían ser “autónomos” Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos / enviados

CONTRALÍNEA

40 CALDERÓN, AL BANQUILLO DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL El gobierno federal mexicano ya enfrenta un conflicto diplomático por su nula actuación ante la emboscada paramilitar contra una caravana humanitaria internacional, ocurrida en Oaxaca a fines de abril. Pese al mutismo oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea exigen a Felipe Calderón rendir cuentas. En Europa se multiplican las manifestaciones de repudio por ese ataque impune Ana Lilia Pérez

46 DEFENSORES SOCIALES, LAS VÍCTIMAS La emboscada paramilitar contra la caravana humanitaria –ocurrida en Juxtlahuaca, Oaxaca, el pasado 27 de abril– es el primer antecedente de un ataque de esta naturaleza en el mundo. El asesinato de los activistas Cariño Trujillo y Jiry Jaakkola se suma a las agresiones que sufren a diario los defensores de derechos humanos en México. La impunidad y el contexto de violencia e inseguridad favorecen esas embestidas, señalan organismos internacionales

Portada: autos emboscados por paramilitares en Oaxaca (foto: especial) / Rufino Juárez, líder de la Ubisort (foto: Julio César Hernández)

Mayela Sánchez

CARTONES

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COPALA O CUELLO Manrique

52 PARAMILITARES: ARMA GUBERNAMENTAL CONTRA LA SOCIEDAD

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DEPORTADO Nández

Arma en la guerra de baja intensidad, el paramilitarismo actúa en México con impunidad total. Ahora, los grupos civiles armados dejan de ser clandestinos, como ocurrió en los años del terror con sus cofrades salvadoreños y colombianos, advierten informes de organizaciones no gubernamentales y de Naciones Unidas. Este actor político independiente “libera” al Estado de la responsabilidad en actos criminales orquestados por el gobierno contra disidentes, como el genocidio y el terror político Nydia Egremy

OPINIÓN UBISORT, GRUPO ILEGAL ARMADO Raúl Ramírez Baena

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ESTRATEGICAMENTE UNA POLÍTICA ERRÓNEA Y FATAL

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Jorge Luis Sierra

CENTENARIO MÁRTIRES DE LA ENSEÑANZA

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Edgar González Ruiz

OCHO COLUMNAS

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LUIS DANIEL MÉNDEZ, UN ASESINATO ANUNCIADO Las amenazas de un alcalde y sus hermanos, una decena de testigos, un fugitivo y el arma homicida constituyen las pruebas en torno al asesinato del periodista Luis Daniel Méndez Hernández, reportero de la fuente legislativa y política de radio La Poderosa, de Tuxpan, Veracruz, ocurrido el 24 de febrero de 2009. Otro crimen que, pese a las evidencias, tampoco está resuelto

CONTRALÍNEA es una publicación semanal. Teléfonos: 9149-9829, 9149-9826, 9149-9830. Los textos aquí publicados están reservados y su reproducción y publicación son derechos privados. Editor responsable, Miguel Badillo. Número de reserva al título de derecho de autor 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título 12264, y de contenido 8918. Distribuido por CITEM, SA de CV, y la Unión de Voceadores de México, despacho Gloria Santillán. Impreso con Francisco Domínguez Ibarra.

CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores.

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía. SC, folio: 00010-RHY

Ana Lilia Pérez, enviada

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CARTÓN !

Copala o cuello

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Comisión Nacional de los Derechos Humanos Quinta Visitaduría General Asunto: Solicitud de medidas cautelares Expediente CNDH/5/2010/2256/Q Oficio Número QVG/21859 México, DF, 4 de mayo de 2010 Lic. Ulises Ruiz Ortiz Gobernador Constitucional del estado de Oaxaca Distinguido señor gobernador constitucional: Se hace de su conocimiento que en esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se recibió la queja que presentó la señora Ana Lilia Pérez Mendoza, periodista de la revista Contralínea, lo que originó el expediente citado al rubro, en la que hace valer hechos ocurridos el 27 de abril del presente año, en perjuicio de integrantes de organizaciones civiles de derechos humanos, así como colaboradores de medios de comunicación, quienes fueron objeto de diversas agresiones en el municipio de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca.

Derivado de estos lamentables hechos, se informó del fallecimiento de los defensores civiles Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS, AC), y el ciudadano finlandés Jyri Jaakkola.

Posteriormente, en ampliación de queja, la periodista Érika Soemi Ramírez Pardo describió los hechos ocurridos en su agravio, precisando que las personas que los atacaron desvalijaron el vehículo en el que se trasladaban el 27 de abril de 2010, en el cual ella y el señor David Cilia García llevaban computadoras personales con información periodística, así como la agenda de este último, que contenía datos de él y de su familia, por lo que solicita la adopción de medidas cautelares en favor de ambos.

Asimismo, ante la gravedad de los hechos, solicita que se implementen medidas cautelares a favor de los integrantes de la caravana que sobrevivieron al ataque ocurrido el pasado 27 de abril, y de los habitantes de la región triqui que habitan en el municipio de San Juan Copala, Oaxaca, quienes considera se encuentran sitiados por un grupo armado.

Por lo anterior, en virtud de la naturaleza de los hechos narrados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 6, fracción II, y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 116 al 118, de su Reglamento Interno, se solicita a usted gire las instrucciones respectivas para que se tomen todas las medidas necesarias a fin de evitar la consumación de hechos violentos de difícil o imposible reparación que puedan afectar los derechos humanos de las personas referidas.

En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respetuosamente solicito a usted se sirva informar a este Organismo Nacional en un plazo de 3 días naturales, contados a partir de esta fecha, respecto de la aceptación de las medidas requeridas, y en su caso, en qué consistirán.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente, El Quinto Visitador General, Fernando Batista Jiménez

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Escríbenos a info@contralinea.com.mx www.contralinea.com.mx

Se solidariza tras emboscada Primero, saludo y aplaudo la inteligente, necesaria y valiente labor periodística y la construcción de un medio impreso crítico, independiente e indispensable en la actual coyuntura que vive la sociedad mexicana. Segundo, solidaridad ante los preocupantes y deleznables hechos de los que son víctimas. Fraternos saludos.

Gustavo García

Se pronuncia en contra de la agresión Con mucha preocupación leo y escucho las agresiones de que son objeto todos ustedes indirectamente al haber sido violentadas sus instalaciones hace más de 15 días. Pero algo que se suma a mi preocupación, es saber que el equipo de periodistas agredido en el estado de Oaxaca ayer (27 de abril) es de la revista Contralínea.

Definitivamente me parece una acción sin precedente, lo que habla del estado de indefensión de la gente que protesta y, lo peor, de los periodistas que informan desde ese lado de las cosas. Es inmediato pensar que es el Partido Revolucionario Institucional estatal el que desea imprimir miedo y terror a sus propios coterráneos para mantener el poder y ganar las próximas elecciones estatales. Espero se encuentren bien los reporteros Érika Ramírez y David Cilia, y sean auxiliados por algún organismo de derechos humanos. Yo desde esta humilde trinchera haré un llamado a la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) para que se vuelva hacia esa situación a todas luces anómala. Insisto, reciban todo mi apoyo y todo el ánimo para seguir adelante, con ese valor para darnos a conocer todas las rapacerías de nuestras autoridades y “carroñeros” que los acompañan.

Silvio J Tinoco P Instituto de Astronomía Departamento de Instrumentación de la Universidad Nacional Autónoma de México

cipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca (MASJC), fue agredida con armas de alto poder por integrantes de la organización priista Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) a la altura de la población triqui denominada La Sabana, en el camino que conduce a dicho municipio.

La caravana –integrada por organismos nacionales, como Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Red de Radios y Comunicadores del Sureste Mexicano, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, profesores de la Sección 22, así como observadores internacionales de Bélgica, Finlandia e Italia y reporteros de distintos medios de comunicación– tenía como finalidad entregar alimentos, víveres, ropa y cobijas al MASJC, ya que desde hace meses la población vive un aislamiento sistemático orquestado por la Ubisort y avalado por el gobierno del estado.

En la agresión, perdió la vida la compañera Alberta Cariño Trujillo, de la organización Cactus, así como Jiry Antero Jaakkola, originario de Finlandia (…)

Repudiamos esta agresión y hacemos responsables al gobernador del estado Ulises Ruiz y a la dirección política de la Ubisort del paradero e integridad física de todos los integrantes de esta caravana pacífica que se encuentran desaparecidos [hasta el 29 de abril]. Exigimos que cesen las agresiones contra el municipio autónomo de San Juan Copala, sus autoridades y habitantes, se detenga y procese a los agresores y se respete el derecho de libre determinación de los pueblos.

Ethelia Ruiz Medrano, DEH-INAH; Guillhem Oliver IIH-UNAM; Heriberto Rodríguez, Oscar Banda, Aleida Tovar, Hugo Gómez Partida, Yacotzin Bravo, Liliana López, Aleida Hernández, Colectivo de Estudios Críticos en Derecho-RADAR, y 28 firmantes más

Académicos condenan ataque paramilitar Alto a la represión en San Juan Copala, exigen investigadores México, Distrito Federal, 28 de abril de 2010 El día 27 de abril, alrededor de las 14:50 horas, una caravana humanitaria de organizaciones sociales que se dirigía al muni8

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Los académicos y académicas abajo firmantes hemos tenido conocimiento, a través de la prensa y de diversos informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil, que el pasado martes 27 de abril fue atacada, por un grupo armado, una caravana de paz conformada por organizaciones sociales y de derechos humanos, por periodistas y por observadores internacionales. Como resultado de

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dicha acción, se ha confirmado que perdieron la vida Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiry Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa. Además, varias personas resultaron heridas. (…) Manifestamos nuestro mayor repudio frente a estos acontecimientos que son intolerables al interior de un estado de derecho.

Asimismo, manifestamos nuestra máxima preocupación por el clima ascendente de violencia que predomina en la región, debido a la proliferación de grupos civiles armados, y exigimos que las autoridades responsables: a) Garanticen la integridad plena a familiares, defensores de derechos humanos y sociedad civil que se encuentran en la zona para exigir el esclarecimiento de los hechos y el fin del cerco a San Juan Copala. b) Realicen las investigaciones procedentes para sancionar a las personas responsables. c) Reparen los derechos violentados de las víctimas de estos sucesos. d) Adopten las medidas necesarias para acabar con la violencia en la zona, incluyendo el desarme de los grupos armados. e) Abran los canales de diálogo necesarios para disminuir la tensión en la zona, respetando los derechos a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México.

Rodrigo Gutiérrez Rivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM; José Luis Caballero Ochoa, Universidad Iberoamericana; Daniel Vázquez Valencia, Flacso-México; Pedro Salazar Ugarte, IIJUNAM; Lorenzo Córdova Vianello, IIJ-UNAM; Enrique González Ruiz, UACM; Alejandro Anaya Muñoz, CIDE; Ariadna Estévez López, Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM; Luis Eduardo Zavala de Alba, Proyecto de Investigación Derechos Humanos EGAP/CEM, Tecnológico de Monterrey; John M Ackerman, IIJUNAM, y 56 firmantes más

Poderes atacan periodismo independiente, señala La agresión que sufrieron David Cilia y Érika Ramírez, fotógrafo y reportera de Contralínea, entre otras personas, el pasado 27 de abril en Oaxaca, viene a sumarse a una larga cadena de ataques de sectores poderosos contra el periodismo independiente.

El 10 de abril fueron allanadas las oficinas de Contralínea por cuarta vez en lo que va del sexenio, agravio que se suma al acoso judicial de que han sido objeto Miguel Badillo, director de la revista, al igual que algunos reporteros y colaboradores, por haberse atrevido a denunciar casos escandalosos de corrupción en México.

En muchos países, hay gobiernos, empresas y grupos que, incapaces de combatir con razones las verdades que, en forma impresa y en la web, difunden medios críticos, recurren a la agresión directa,

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sea en el plano material o con argucias legales, para anular la libertad de expresión.

Blancos de esa represión han sido periodistas de Red Voltaire, como su fundador, Thierry Meyssan (quien tuvo que exiliarse en Líbano luego de haber denunciado vínculos de Sarkozy con la Agencia Central de Inteligencia); Jürgen Cain Külbel, en Alemania (encarcelado en 2008 debido a su labor periodística), y Herbert Mújica, en Perú (a quien desde hace años persigue judicialmente la empresa LAP, concesionaria del aeropuerto de Lima, por haber denunciado sus corruptelas).

Esa tendencia global busca que sólo tengan voz los grandes intereses económicos y sus testaferros.

Edgar González Ruiz

“Ulises Ruiz, responsable del ataque en Copala” Responsabilizo al asesino de Ulises Ruiz de cualquier agresión física y sicológica en contra de los compañeros Érika y David.

Alto a la represión. No podrán callar nuestras voces jamás. Álvaro Albarrán G

Protesta enérgicamente por “abusos” de Ulises Ruiz Me permito enviar estas líneas para protestar enérgicamente por los abusos de poder del cacique que ejerce el poder en el admirable estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. El hecho de que existan gobernadores como éste es producto de la terrible descomposición del sistema político mexicano, pero también de que ha sido exitosa la política de la burguesía tendiente a enajenar a la ciudadanía, despojarla de su conciencia de clase y de su capacidad de indignación. Lo que sucedió a nuestros compañeros periodistas Érika Ramírez y David Cilia nos puede suceder a todos los que nos atrevamos a cumplir nuestra responsabilidad profesional y social. Me solidarizo con ellos y espero que se restablezcan pronto del trauma que debe haberles ocasionado haber sido víctimas en una escena de horror orquestada por un grupo paramilitar al servicio del cacique. Un abrazo.

Guillermo Fabela Quiñones

“Agresiones sin fin a periodistas” Afortunadamente no asesinaron a David Cilia y Érika Ramírez. Él tiene dos impactos de bala, uno importante en una pierna; ella salió ilesa. Ambos junto con los activistas de derechos humanos Noé Bautista y David Venegas caminaron durante horas para alejarse de San Juan Copala –lugar de la agresión– y enviaron un video en el que se mostraba que seguían vivos, algo importantísimo para que no los desaparecieran y luego mataran.

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El asunto muestra tres enseñanzas, cuando menos: existen zonas en nuestro país controladas por grupos armados que no tienen relación con el narcotráfico, donde no hay ley, sólo la del más fuerte; las procuradurías en general no actúan para defender a las víctimas de los atropellos ni siquiera en situaciones límite y, como sabemos, la actividad periodística es de alto riesgo y sin protección oficial.

El par de reporteros de la revista Contralínea fueron rescatados gracias a que el director del semanario, Miguel Badillo, y el padre de Cilia, del mismo nombre, llegaron en un helicóptero y realizaron el trabajo que los judiciales no hicieron.

Las policías y la Procuraduría General de la República no movieron un dedo no sólo para proteger una caravana de paz, sino para entrar en un territorio dominado por el grupo priista Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, afín al gobierno de Ulises Ruiz. Éste en varias declaraciones únicamente lamentó los asesinatos de Beatriz Cariño y el finés Jiry Yakkola, aunque censuró que un extranjero se encontrara en Copala.

Sería inútil pedirle al gobierno federal que haga lo que le ordena la Constitución: posibilitar el ejercicio periodístico, las libertades de información y expresión y la defensa de los periodistas. La exigencia en 10 años no se ha tomado en cuenta. Es hora de organizarnos para lograr que no sigan en el poder caciques de la talla de Ulises Ruiz, Mario Marín y otros sujetos por el estilo.

Jorge Meléndez Preciado

Red por la Paz Chiapas condena ataque armado contra caravana Las organizaciones civiles que integramos la Red por la Paz Chiapas condenamos enérgicamente el ataque armado que sufrieron integrantes de la caravana humanitaria conformada por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales. La caravana se dirigía a la comunidad de San Juan Copala en la región triqui, cuando fue emboscada y agredida con armas de fuego presuntamente por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalada como teniendo corte paramilitar. El saldo de la agresión fue de dos muertos, Beatriz Alberta Cariño Trujillo, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, AC (Cactus) y Jiry Antero Jaakkola, observador internacional finlandés, así como de varios heridos.

Esta agresión se dio en contra de una caravana humanitaria y pacífica de observación, refrendando el riesgo que corren las y los defensores de derechos humanos, así como los periodistas en México.

Vemos con preocupación la situación de vulnerabilidad de las y los que trabajan a favor de la defensa y promoción de los derechos hu10

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manos frente a la cada vez más recurrente violencia política, a la criminalización de su labor y a la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física.

De igual modo nos parece de particular gravedad que, frente a la muerte de Jiry Antero Jaakkola durante la agresión, el gobierno del estado de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos.

El gobierno estatal se deslinda de toda responsabilidad en estos hechos de violencia. La impunidad en los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrado en la zona triqui han contribuido, mínimamente por omisión, a crear la situación de violencia en la región.

Finalmente, nos preocupa que, como se suele dar en Chiapas, la respuesta a este ataque se quede en una atención limitada a restablecer un mínimo de orden público sin afrontar las causas de fondo detrás de la violencia que ha prevalecido en la zona triqui.

Ante esta situación, las organizaciones que integramos la Red por la Paz Chiapas, exigimos: • Inmediata intervención de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca y de la Procuraduría General de la República para que realicen una investigación imparcial, frenen la violencia en el lugar, se haga justicia y se castiguen a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos.

• Actuar de inmediato para atender de fondo la violencia que viven las comunidades triquis, poniendo especial énfasis en el respeto y garantías al proceso de diálogo interno.

• Que se investiguen y desmantelen los presuntos grupos paramilitares en la región.

• Asegurar condiciones que permitan el restablecimiento de la seguridad para toda la población sin distinción, situación que consideramos no se restablecería por la simple militarización de la zona.

• Buscar soluciones a las razones que dieron pie a la organización de esta caravana (falta de acceso a servicios básicos de parte de la población).

Atentamente, Organizaciones integrantes de la Red por la Paz; Educación para la Paz; Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, AC; Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC; Servicio Internacional para la Paz; Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, AC; Enlace, Comunicación y Capacitación AC; Servicios y Asesoría para la Paz, AC; Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC; Centro de Derechos Indígenas, AC; Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC. Chiapas, México a 30 de abril de 2010

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OPINIÓN !

Ubisort, grupo ilegal armado Raúl Ramírez Baena*

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or un lado, los mexicanos hemos sido testigos del discurso, las reformas legales y los operativos policiaco-militares en la “guerra” de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.

Por otro, gracias a la oportunidad y solidaridad de los medios, fuimos testigos del brutal ataque que el pasado 27 de abril perpetraron impunemente integrantes de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, leales al gobernador de Oaxaca y a su partido, contra una misión civil internacional que llevaba víveres, ropa y cobijas a la comunidad indígena de San Juan Copala, declarada autónoma en 2007 por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente, asediada y aislada por los paramilitares de la Ubisort por ser opositora al régimen de Ulises Ruiz. Esta tragedia tiene la siguiente secuela: 1. En 2001, en el marco de la caravana zapatista que partió de la Selva Lacandona en Chiapas, el Estado mexicano se negó a concretar las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, acordes a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, derivados de la negociación entre los rebeldes y el gobierno federal mexicano, con la asistencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) de la Cámara de Diputados y de la Comisión Nacional de Intermediación, encabezada por el obispo Samuel Ruiz.

Teniendo como marco la negativa de los legisladores panistas de asistir a la sesión de trabajo del 26 de marzo de 2001 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena para concretar la llamada Ley Cocopa, finalmente, ante las maniobras del presidente Vicente Fox y del entonces senador Diego Fernández de Cevallos, entre otros, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) aprobaron una reforma al artículo 2 constitucional no acorde al espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Entre otros puntos fundamentales, negaron el reconocimiento a la autonomía de las comunidades indígenas, basada en sus usos 12

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y costumbres, tal y como se establece en la Convención 169 de la OIT, tratado ratificado por el Senado mexicano el 5 de septiembre de 1990.

2. Pese al incumplimiento del Estado mexicano del reconocimiento a la autonomía indígena, varias comunidades autóctonas del país, haciendo uso de sus derechos amparados por la Convención 169 de la OIT, se han dado la autonomía de facto de sus territorios, como fue el caso de la comunidad indígena de San Juan Copala.

3. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en lugar de propiciar un clima de diálogo, ha promovido la violencia a través de una serie de maniobras políticas y de fuerza por conducto de su partido, el PRI, de organizaciones civiles y de grupos paramilitares afines que actúan en la impunidad para impedir el desarrollo y goce de los derechos indígenas, civiles, políticos y sociales de comunidades independientes o afiliadas a partidos y organizaciones sindicales, campesinas y sociales opositoras a su régimen. Con ello, el gobernador persigue la preservación del PRI en el poder, aún a costa de violentar las leyes y los derechos de la población.

4. Ulises Ruiz merecía juicio político por el Congreso de Oaxaca y su separación del cargo tras los graves acontecimientos de 2006 en la capital del estado, a raíz de las protestas y plantón de maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que derivó en una violenta confrontación entre autoridades y manifestantes. El conflicto arrojó la muerte de 17 activistas (incluyendo la del documentalista estadunidense independiente William Bradley Roland, Brad Will) y decenas de heridos y detenidos. Sin embargo, lejos de ser juzgado como principal responsable de la violencia, los acuerdos e intereses desde el poder impidieron cualquier acción legal en su contra. El 13 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia encontró a Ulises Ruiz responsable de la violación a las garantías individuales durante el conflicto que se vivió en la capital de Oaxaca de mayo de 2006 a enero de 2007. Nuevamente, los intereses PRI-PAN-Presidencia impidieron cualquier acción legal contra el gobernador.

5. Las secuelas de la impunidad traen nuevamente la violencia a Oaxaca. En esta ocasión, el 27 de abril pasado, 27 acCONTRALÍNEA

tivistas y periodistas nacionales y extranjeros (de Finlandia, Bélgica e Italia), integrantes de la “Caravana de Observación por la Paz”, fueron emboscados con armas de alto poder por encapuchados de la Ubisort afín al PRI, cerca de la comunidad triqui de San Juan Copala. La acción arrojó dos muertos: el ambientalista finlandés Jiry Jaakkola y Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y seis heridos. Durante más de dos días, dos periodistas del semanario Contralínea, Érika Ramírez y David Cilia (herido), estuvieron desaparecidos, escondiéndose de sus agresores. Otros dos activistas lograron escapar antes. De manera increíble, el gobierno de Oaxaca y la federación no intervinieron durante el conflicto y en la búsqueda de los desaparecidos tras el ataque, argumentando que los policías son recibidos a tiros por los paramilitares, deslindándose del ataque a la misión internacional, como si no hubiera ley ni gobierno para someter a los agresores y como si no hubiera libre tránsito en el país (“para qué fueron a esa zona de conflicto”, según el gobierno estatal). “Sabemos qué organismos vienen politizados, sabemos de financiamientos de organizaciones extranjeras donde actúan políticamente, indebidamente (…) Deben ser expulsados si no tienen los permisos y la justificación federal”, dijo el gobierno de Ulises Ruiz en un comunicado oficial, evadiendo su responsabilidad, erigiéndose como autoridad migratoria y pasando por alto los intercambios y compromisos de México con Finlandia y la Unión Europea, incluso, en materia de derechos humanos.

6. Una vez desatado el conflicto en San Juan Copala, el gobierno de Oaxaca nombró como interlocutor al secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Ramírez (exprocurador General de Justicia del Estado, exombudsman de Oaxaca y expresidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, de 2000 a 2001), que jamás tuvo comunicación con las víctimas ni con los directivos de Contralínea. Como una broma de mal gusto y fuerte tufo electoral, Ulises Ruiz responsabilizó a la coalición PAN-Partido de la Revolución Democrática-PT-Convergencia y a su candidato a la gubernatura, Gabino Cué, de ser los promotores del ataque armado.

7. En febrero de 2010, a promoción de la Representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) accedieron a organizar un seminario con invitados internacionales y representantes de las organizaciones no guCONTRALÍNEA

bernamentales, periodistas y organismos públicos de protección, tendiente a crear en México un mecanismo nacional de protección a periodistas y defensores civiles, ante contingencias urgentes y amenazas graves a éstos. A reserva de que no se ha creado tal mecanismo, por principio de cuentas debieron funcionar canales oficiales de protección expedita en el caso de San Juan Copala. Sin embargo, los funcionarios de la Unidad Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH estuvieron atenidos a “la voluntad política del gobierno” de Ulises Ruiz, arriesgando la integridad y la vida de los periodistas y activistas. El helicóptero del gobierno del estado en el que policías estatales, el padre de David Cilia y Miguel Badillo, director de Contralínea, viajaron

para encontrar a los dos periodistas escondidos, originalmente era para vigilar a la caravana y al propio Badillo.

8. Si los atacantes de la Ubisort a la misión internacional fueron más de tres, con uniforme camuflado, capuchas y armas de alto poder exclusivas de las Fuerzas Armadas, provocando dos muertos, cinco heridos y cuatro desaparecidos, sólo en este ataque de muchos en que han cobrado otras víctimas, ¿no es entonces un grupo ilegal perteneciente a la “delincuencia organizada”, según la legislación penal federal? ¿No se merecía la acción inmediata del Ejército o la Marina (que nunca se aparecieron a pesar de ser un incidente internacional, lo cual es muy sugestivo), o sólo intervienen tratándose de narcos? Ni una sola mención del gobierno de Felipe Calderón al incidente. ¿El gobierno federal, una vez más, encubre a Ulises Ruiz? Sólo pregunto. *Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC. 9 D E M AYO D E 2 0 1 0

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ESTRATÉGICAMENTE !

Una política errónea y fatal Jorge Luis Sierra*

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n la violencia que aqueja a México es difícil saber quién está ganando la batalla: en este gobierno han ocurrido más de 18 mil ejecuciones, pero las bandas del crimen organizado parecen intactas, sus mandos estratégicos están renovándose y ha surgido una nueva alianza nacional entre distintas bandas del narcotráfico.

Supuestos voceros de la nueva federación criminal argumentan en los comunicados distribuidos en las zonas de batalla que los cárteles acordaron un nuevo reparto territorial de las rutas del tráfico de drogas, con anuencia del gobierno. Ese arreglo, supuestamente aprobado por el propio gobierno mexicano, tendería a pacificar las regiones azotadas por la violencia y desplazar a Los Zetas de la zona fronteriza para confinarlos en Monterrey, Nuevo León, donde ahora los helicópteros de la Armada de México los enfrentan desde el aire en operaciones conjuntas con el Ejército.

Con una postura que pretende usar el lenguaje de un gobierno paralelo, la nueva alianza del narcotráfico ofrece a los ciudadanos protección y seguridad pública a cambio de respetar los toques de queda y obedecer todas las ordenanzas que emiten las organizaciones criminales. Los ciudadanos son conminados a comunicarse directamente con las bandas en caso de que tengan dudas, deseen rendir información, conseguir un trabajo en la banda o garantizar su seguridad.

Los narcotraficantes pretenden que la población siga trabajando normalmente y que los ciudadanos se cubran detrás de paredes y automóviles en caso de que lleguen a verse atrapados en medio de los tiroteos entre grupos rivales.

En la mayoría de los casos ocurridos en la frontera entre Tamaulipas y Texas y entre Tamaulipas y Nuevo León, los enfrentamientos ocurren sin la presencia de fuerzas federales. Eso ocurre en parte, se tratan de explicar los propios ciudadanos afectados, porque los choques son incidentales y ocurren cuando dos grupos rivales se encuentran de manera inesperada. Sin embargo, en general, la fuerza pública está ausente. Las calles suelen ser vigiladas por patrullas clonadas, automóviles y camionetas particulares y ciclistas que recorren las calles con celular o aparatos de radiocomunicación en mano.

El gobierno del presidente Felipe Calderón ha dispuesto no solamente al Ejército, sino también a las fuerzas especiales de la Armada de México a luchar contra el narcotráfico y busca ahora la aprobación de las iniciativas de ley que permitirían respaldar jurídicamente la intervención militar en las políticas de seguridad pública. El presidente Calderón ha insistido una y otra vez en que la única opción viable es enfrentar al crimen organizado con toda la fuerza del Estado.

Pero los ciudadanos ven que algo diferente está ocurriendo en las calles.

Los enfrentamientos entre supuestas bandas rivales de narcotraficantes ocurren sin que ninguna autoridad se aparezca y trate de contener la violencia. Cuando el enfrentamiento ocurre entre las fuerzas policiales y militares contra grupos criminales, el intercambio de disparos ocurre en medio de la población que queda atrapada en el fuego cruzado. En varios casos reportados, los portavoces de los organismos militares o policiales no incluyen en sus cifras el número de transeúntes abatidos en el fuego cruzado. Las cifras reales podrían llegar a ser muy altas, pero el gobierno no parece dispuesto a informar cándidamente el monto de las llamadas bajas colaterales.

jlsierrag@yahoo.com 14

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CONTRALÍNEA

¿Qué tanta verdad hay entonces en la afirmación de los grupos criminales sobre el supuesto arreglo con el gobierno federal mexicano? Fuera de los círculos más cerrados de inteligencia civil y militar, esa pregunta es difícil de responder.

Una parte de esta respuesta seguirá oculta bajo una reserva profunda, pues más allá del decir de los propios grupos criminales, no existe aún ningún testimonio ni investigación conocida públicamente sobre la responsabilidad del gobierno federal o de los funcionarios de su gabinete de seguridad en la negligencia para contener la ola de violencia cuyo conteo supera ya las 18 mil víctimas en los últimos tres años y medio. ¿Cómo fue que llegamos a este grado de violencia? Algunas claves para entender el fenómeno pueden hallarse en el pasado reciente a lo largo de diferentes administraciones. Las primeras lecturas del fenómeno del narcotráfico en México empezaron a hacerse luego de la captura del capo Juan García Ábrego y su traslado forzado a Estados Unidos en 1995. Los estrategas del gobierno mexicano comprendieron que las ejecuciones en serie que ocurrieron en las semanas posteriores al descabezamiento del cártel del Golfo podrían ser un fenómeno característico del narcotráfico en México.

García Ábrego fue sentenciado posteriormente a pasar varias cadenas perpetuas en una prisión de máxima seguridad de Colorado. Pero para esas alturas, el capo había sido relevado en una lucha atroz entre células que luchaban por recuperar el control en la llamada frontera chica y la zona limítrofe de Tamaulipas con Nuevo León.

De las matanzas ocurridas, emergió Osiel Cárdenas Guillén, un nuevo líder más joven y audaz que supo allegarse el apoyo de desertores del Ejército y formar al grupo llamado Los Zetas, el brazo armado con mayor capacidad de violencia que haya existido alguna vez en la historia contemporánea del crimen organizado en México.

Aunque Cárdenas contaba con ese brazo armado entrenado profesionalmente para ejercer la violencia, la experiencia mostraba que en la eventualidad de que Cárdenas quedara desplazado de la cadena de mando, era probable que ocurrieran una serie de matanzas similares a las experimentadas en 1995. Con el paso de los años, esa información llegaría a ser crucial en la definición de las estrategias para CONTRALÍNEA

combatir al crimen organizado.

Cada vez que había una ruptura en la cadena de mando criminal, ocurría una lucha encarnizada en las facciones restantes por tomar el control de la plaza e imponer sus reglas del juego. Ese fenómeno de violencia se repitió más tarde después de la muerte de Amado Carrillo en julio de 1997 y también con el asesinato y detenciones de integrantes de las familias de los hermanos Arellano Félix y Beltrán Leyva.

En algún momento, el gobierno federal decidió no investigar ninguna ejecución, así fuera atribuida al narcotráfico. Su argumento fue que esos homicidios eran del fuero común y por tanto su investigación era competencia de las autoridades estatales de procuración de justicia.

En lugar de desmantelar a los brazos armados de los narcotraficantes e impedir el reclutamiento de más sicarios, los gobiernos prácticamente permitieron que los grupos del narcotráfico se mataran entre sí.

Diferentes voceros del gobierno del presidente Felipe Calderón han tratado de convencer a la población de que la violencia es una respuesta agonizante del crimen organizado ante la acción decidida de las fuerzas federales. Amplias capas de la población, por supuesto, no creyeron en esa retórica y votaron en contra de candidatos del partido en el poder en las elecciones de 2009.

Pero más allá de esa retórica, lo que hemos estado viviendo ha sido una violencia con altos niveles de planificación en contra no sólo de delincuentes y policías rivales, sino también en contra de soldados, marinos, abogados, jueces, periodistas y empresarios. Protegidos por la noción gubernamental de que ésos eran homicidios del fuero común y por la complicidad de las policías estatales, los narcotraficantes rebasaron fácilmente la capacidad de control gubernamental.

Si el gobierno actual y los anteriores pensaron que permitir que los narcotraficantes se mataran entre sí iba a ser la medida más económica y eficaz para atacar al crimen organizado, los hechos demuestran que esa política era una profunda equivocación. *Especialistas en fuerzas armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Denfensa Nacional en Washington 9 D E M AYO D E 2 0 1 0

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CENTENARIO !

Mártires de la enseñanza Edgar González Ruiz*

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l 15 de mayo forma parte del calendario cívico nacido de la Revolución Mexicana, que hoy la derecha en el poder quiere anular.

El Día del Maestro se instituyó oficialmente en 1918, bajo la premisa de que el maestro había sido factor decisivo del progreso de la nación y dado que los maestros fueron de los primeros en unirse al movimiento de 1910.

Durante la Guerra Cristera, de 1926 a 1929, en la que el clero se opuso a la educación laica y en general al laicismo, muchos maestros fueron perseguidos por los cristeros, que en la década siguiente renovaron sus ataques.

El 15 de mayo de 1935, el presidente Lázaro Cárdenas presidió una ceremonia en honor de los educadores asesinados o desorejados por los cristeros, y dispuso que cada año, en esa fiesta cívica, se leyeran los nombres de 10 de esos mártires de la educación.

En esa época, los intentos de implantar la enseñanza socialista y los rudimentos de la educación sexual en las escuelas primarias motivaron reacciones violentas de grupos de fanáticos que destruían escuelas y libros de texto, asesinaban, mutilaban y ultrajaban a maestras y maestros rurales.

Con el tiempo, se ha ido perdiendo la memoria de los maestros sacrificados, mientras que los herederos ideológicos de los cristeros han llegado al poder y con los recursos del erario promueven el culto a los fanáticos de hace varias décadas.

El odio que profesa el gobierno derechista hacia la educación pública propicia también que se relegue la labor magisterial. Por ello, vale la pena recordar los nombres de algunos de esos maestros sacrificados por el fanatismo.

Así asesinaron a la maestra María Rodríguez Murillo, una profesora muy dedicada, que trabajaba en Huiscolco, municipio de Tabasco, Zacatecas. A la mañana siguiente del sangriento asesinato, el cura del lugar dijo misa y absolvió a los asesinos.

La señorita Murillo fue acusada de ser comunista y de apoyar el reparto de tierras, mientras que la gran mayoría del clero condenaba el agrarismo y amenazaba a los campesinos que recibieran tierras con los castigos eternos del infierno.

Murillo se había enfrentado con el cacique del lugar porque él no quería que sus trabajadores aprendieran a leer y escribir, mientras que el cura la tachaba de hereje.

Carlos Toledano En la misma época, en la región de Tlapacoyan, cerca de Altotonga, Veracruz, los cristeros cometían en esa época desmanes similares. De acuerdo con Indalecio Sáyago, político mexicano que en esa época era maestro rural: “…Los terratenientes, los ‘guardias blancas’, los acaparadores de los productos del campo, los curas, organizaron la más feroz campaña en contra de los trabajadores de la educación: maestras violadas y mutiladas de los senos, profesores desorejados y asesinados. En esos días, un grupo de ‘guardias blancas’, en pleno día, rodeó la escuela donde estaba laborando el maestro Carlos Toledano. Lo ataron con alambre de púas de pies y manos. Con los muebles de la escuela, cuadernos y libros, hicieron una hoguera y lo quemaron vivo frente a sus alumnos” (Miguel Baltazar Vázquez Altotonga, Un pueblo con historia, Altotonga, Veracruz, 2005, pp. 231-32).

María Rodríguez Murillo Los mártires de Teziutlán La madrugada del 26 de octubre de 1935, los cristeros le advirtieron a la maestra que se fuera del pueblo; como no lo hizo, la violaron, la golpearon, la amarraron con una soga de los pies y la arrastraron a galope de caballo por el camino terregoso que lleva a la salida de Huiscolco. Le cortaron los senos y los colgaron en arbustos localizados en la orilla del camino. Uno a la derecha, otro a la izquierda, como ejemplo, para que los demás maestros rurales desistieran de impartir educación socialista (véase David L Raby, Educación y revolución social en México, 1921 a 1940, SEP, México, 1974, p. 137; Salvador Frausto Crotte, “Maestra María R Murillo. Víctima de fanatismo y rencor religioso”, El Universal, 17 de junio de 2001).

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El 15 de noviembre de 1935, en Teziutlán, Puebla, fueron asesinados, en sus escuelas, en presencia de sus alumnos, tres maestros rurales: Carlos Sayago Hernández, en La Legua; Carlos Pastrana Jiménez, en Ixtipan, y Librado Labastida Navarrete, en San Juan Xiutetelco; a quienes apuñalaron al grito de ¡Viva cristo rey!

Todo indica que los cristeros se pusieron de acuerdo para matarlos al mismo tiempo y secuestrar a la profesora Nieves González, de 20 años, a quien se llevaron para ultrajarla. En uno de sus partes de guerra, los cristeros se jactaron de haber asesinado a esos profesores: CONTRALÍNEA

“(…) Debemos hacer resaltar el hecho de que (los cristeros de la zona) han castigado severa y definitivamente a varios pervertidores de la niñez, que al amparo de la tiranía venían desarrollando una labor incalificable. Los nombres de esos llamados ‘profesores’ son los siguientes: Librado Labastida, de la escuela de Santiago, municipio de Xiutetelco; Carlos Sayago, de la escuela La Legua, y Carlos Pastrana, que prestaba sus servicios en la escuela rural de Ixtipan. Todos han sido muertos y estampados aquí sus nombres, para ignominia de los mismos…” (Consuelo Reguer, Dios y mi derecho, Tomo 4, Jus, México, 1997, p. 532).

En Teziutlán, año con año, se lleva a cabo una ceremonia en honor de los maestros mártires, y en el centro del poblado, hay tres placas conmemorativas.

Micaela y Enriqueta Palacios En el local de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en Guadalajara, se exhibe el mural “En honor a los mártires de la educación”, del profesor David Carmona, colocado el 7 de diciembre de 2007, junto con una placa conmemorativa con los nombres de maestros y maestras asesinados o mutilados por los cristeros.

Desde hace décadas, el sector magisterial ha procurado rendir homenaje a los maestros mártires, y se tenía el proyecto de CONTRALÍNEA

construir un monumento en Guadalajara en honor a ellos, mismo que fue abandonado en 1995 con la llegada del Partido Acción Nacional al poder.

En la placa conmemorativa se mencionan a las maestras Micaela y Enriqueta Palacios, agredidas el 19 de noviembre de 1935. La prensa de la época reportó los graves atropellos que las profesoras sufrieron de un grupo de sublevados que asaltó la escuela oficial de la ranchería de Camajapita (en los Altos de Jalisco).

“Relataron las víctimas que cerca de las 23 horas se presentó un grupo de alzados (…) Violentamente sujetaron al padre de las muchachas, atándolo con una soga al cuello, en tanto que las profesoras sufrían toda suerte de atropellos y vejaciones. Seguidamente los hombres de la partida les dijeron que iban a proceder a un gran escarmiento por impartir educación socialista, y sin escuchar los gritos y lamentos de las infelices mujeres ni las imprecaciones del padre, procedieron a cortar con un enorme cuchillo una oreja a cada una de las profesoras y al padre originándoles una fuerte hemorragia. Los asaltantes agregaron que si permanecían en la ranchería ellas, estaban dispuestos a regresar para matarlas.

Antes de partir, quemaron gran cantidad de libros de texto y los títulos oficiales de las profesoras y destrozaron los muebles y las puertas.”

Vicente Escudero: héroe de la Prevocacional El profesor Vicente Escudero, de apenas 16 años, fue uno de los alumnos de la Prevocacional número 7, Rafael Dondé, que por su alto desempeño escolar fue propuesto para ocupar las plazas de maestro rural en 1934.

Ese mismo año se trasladó al poblado de Santa Mónica de viudas, en Valparaíso, Zacatecas, para desarrollar su labor, pero pronto fue víctima del odio de los cristeros, que lo acusaban de ser comunista y ateo.

El 5 de abril llegaron hasta su casa unos 70 de ellos, cuando el joven profesor se estaba vistiendo para ir a dar sus clases.

Lo apresaron, lo arrastraron, le desollaron las plantas de los pies, le cortaron las rodillas con un cuchillo, y así, ensangrentado y con lágrimas en los ojos, lo apedrearon y luego lo colgaron de un árbol, pues los fanáticos lo consideraban un “anticristo” que ofendía a la Iglesia. *Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México 9 D E M AYO D E 2 0 1 0

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PORTADA ?

SOBREVIVIR a la emboscada

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CONTRALÍNEA

Cortesía de VOCAL

Un grupo de más de 20 hombres con armas largas se desgajó de uno de los cerros. Emboscó a la caravana de paz que se dirigía a San Juan Copala.

Las balas de AK-47 o cuerno de chivo entraron por decenas en cada automóvil. Mataron a dos personas e hirieron a casi una decena. Dos periodistas de Contralínea se encontraban en el lugar para documentar la conflictiva situación de la región triqui. Los reporteros se convirtieron en víctimas y en presa de la organización paramilitar que mantiene cercado al municipio autónomo. Fueron casi tres días de huir por la montaña y sobrevivir hasta el rescate CONTRALÍNEA

Érika Ramírez / enviada

L

a Sabana, Oaxaca. “¡No me quiero morir!”, grité con desesperación cuando la primera ráfaga de plomo traspasó el auto donde viajaba con mi compañero fotógrafo David Cilia.

Habíamos ingresado a la zona triqui dominada por la organización Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). Un disparo al aire precedió al ataque.

Minutos antes, alrededor de las 14:30 horas, todo transcurría con normalidad en esta comunidad indígena: los niños, en la escuela; mujeres cargando víveres rumbo a sus casas; hombres caminando las veredas del monte. Una nube de humo blanco llenó el ambiente de olores fétidos, parecía que quemaban el cuerpo de algún animal. Olía a muerte.

La caravana de paz, que acompañábamos como periodistas, arribaba a la zona.

El objetivo de los organizadores: llevar “apoyo activo a la organización del municipio autónomo de San Juan Copala y su lucha por unir al pueblo triqui, así como contribuir a detener cualquier tipo de agresión contra la comunidad”; también llevaban alimentos y agua.

Los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pretendían entablar un diálogo que les permitiera regresar a las aulas, de las que fueron “expulsados” por los paramilitares desde enero pasado.

Nosotros acudíamos a documentar el estado de sitio y la violencia en que sobreviven las personas del municipio. Además, pretendíamos recuperar las historias de vida de las locutoras asesinadas en 2008, Teresa Bautista y Felícitas Martínez. El mismo 27 de abril habían secuestrado a dos adolescentes en la zona.

La emboscada Una hilera de piedras, colocadas sobre el camino terregoso en el paraje Los Pinos, comunidad La Sabana, detuvo la marcha de la camioneta blanca al frente del contingente.

En el vehículo tipo Van, viajaban unas 12 personas. Como copilotos, Alberta 9 D E M AYO D E 2 0 1 0

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Especial

Con el primer “operativo”, la Agencia Estatal de Investigaciones rescató los cuerpos de los activistas asesinados

Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, hoy asesinados.

El cofre de la camioneta portaba una manta blanca que decía: “Prensa y Caravana de Observación”. Enseguida viajábamos David Cilia y yo en un auto Dodge, Attitude, rentado la tarde anterior.

Nos seguía una camioneta negra Ford, modelo Explorer, abordada por maestros y los activistas David Venegas y Noé Bautista, integrantes de la organización social Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, (VOCAL).

Un estruendo a lo lejos puso en alerta a David Cilia, quien de inmediato gritó: “Están disparando”.

“No es cierto”, dije, todavía incrédula.

Alcé la mirada y cerré el libro que leía.

Busqué en el monte que teníamos frente a nosotros. Una veintena de gatilleros portaban armas largas, bajaban corriendo del cerro. Nos disparaban.

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Las balas entraron en cuestión de segundos por el parabrisas; perforaron las puertas. Los impactos nos hicieron reaccionar de inmediato.

Me tiré al piso del carro, traté de cubrirme con el tablero. David se abalanzó sobre mí para protegerme. Entonces le hirieron su pierna y su costado izquierdo.

—¡Ya me dieron!” –gritó.

Herido, trató de echar a andar el auto en reversa para escapar. Éste colisionó con la Ford Explorer negra que se había paralizado detrás de nuestro vehículo, con placas de Quintana Roo. Cilia volvió a caer sobre mí. “Vámonos”, me dijo. “¡Salte, salte!”, ordenó.

Intenté abrir la puerta del lugar del copiloto en donde viajaba. El seguro se atoró. Quedamos atrapados por unos instantes mientras la ráfaga de plomo continuaba sobre nosotros.

Nuevamente mi compañero se alzó un poco para desactivar el seguro de las puertas, desde el lugar del conductor.

Los tres impactos de bala lo desangraban.

La puerta del Dodge azul se abrió; me tiré al piso inmediatamente, justo a la altura del auto. David saltó hacia los matorrales. Me vigilaba. La lluvia de proyectiles seguía. Éstos pasaban cerca de nosotros, cortaban el aire, la respiración.

No paraban, cada vez se oían más cerca. Recordé las declaraciones de Rufino Juárez, dirigente de la Ubisort, a los medios unos días antes: que “bajo ninguna circunstancia permitirían la entrada de ninguna caravana”.

La huida Paralizada, tirada en el piso, boca abajo, abrazaba la mochila de tela en la que siempre cargo libretas, bolígrafos, una grabadora, un frasco de vitaminas, un estuche de lentes y artículos para sostener el cabello. En soliloquio repetía: “No me quiero morir, no me quiero morir”.

Lloraba.

CONTRALÍNEA

Especial Especial Julio César Hernández

CONTRALÍNEA

“¡Quítate de ahí, te van a atropellar!”, me advertía David Cilia, quien, resguardado desde una cuneta, me vigilaba. La camioneta tipo Van intentaba, nuevamente, escapar. Chocó contra nuestro auto, lo movió. Yo seguía debajo de él.

Rodé un par de metros por el camino terregoso; alcancé a David, quien estiraba su mano para auxiliarme. “¡Ahora corre!”, ordenó.

“En pocos minutos, yo ya no podré hacerlo”, me dijo, al momento que levantaba su pantalón, ya cubierto de sangre.

Una ojiva había entrado y salido de su pierna izquierda. El hueso de su espinilla estaba expuesto.

Corrimos juntos. Una diadema de estambre azul se convirtió en torniquete para cortar el sangrando.

El tiroteo seguía. Bajamos por la pendiente del cerro, en dirección recta. Nos arrastramos, rodamos, deslizamos entre matorrales espinosos. Coincidimos con dos jóvenes que huían en la misma dirección que nosotros: David Venegas y Noé Bautista, este último también iba herido de bala. Una había atravesado su brazo; otra, su nalga derecha.

Descalzo, Noé auxilió a Cilia; lo cargó. Sus zapatos se habían atorado con el tablero de la Ford Explorer al momento de escapar. Con muchos esfuerzos, y casi sin aliento, llegamos al límite de nuestro recorrido: un río que dividía al monte. La boca seca, sangre e incertidumbre entre nosotros.

Ahí nos refugiamos entre enormes piedras de río. El desasosiego nos invadía. Nos preguntábamos quién además de nosotros había podido librar el ataque, quién había quedado tirado, muerto.

Las hipótesis eran terribles. Creíamos que llegarían hasta nosotros para ejecutarnos; que los que no habían podido escapar eran ejecutados. Los disparos se seguían escuchando, ahora de uno en uno. Cilia comenzó a sentir dolor en la pierna y debíamos salir de ahí.

Auxilio sin respuesta Habían pasado unos 10 minutos desde el inicio del ataque. Cesó. David Venegas se aventuró a subir en busca de sobrevivientes, iniciaron entonces otra vez las detonaciones. Lo imaginamos muerto.

Permanecíamos en nuestro primer refugio. Bebimos agua del río y limpiamos un poco la sangre que escurría de los cuerpos de Noé y David.

Una libreta negra Moleskine se convertía en bitácora de la embestida. Si algo nos pasaba y llegaba a las autoridades, sabrían cómo ocurrió todo.

Venegas regresó pálido, sin respiración: había sorteado la ráfaga de plomo que le tiraron cuando trataba de acercarse a los automóviles embestidos.

—Escuche el quejido de una mujer –nos dijo–. No sé quién haya quedado vivo. No vi a nadie.

El activista prendió un radio transmisor, lanzó la señal de auxilio.

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La respuesta fue corta: “Resistan, vamos por ustedes”. Luego, conversaciones en lengua triqui nos impedían saber más.

Pensamos que los gatilleros sabían nuestro paradero.

El joven de VOCAL recomendó salir de ahí: “Si nos buscan, nos encontrarán pronto”, advirtió. La Moleskine ya tenía los primeros detalles de la embestida. También pequeños mensajes de despedida para Yamilé, hija de David Cilia, y para Emiliano, mi pequeño.

Bouchers de banco se convirtieron en nuestra identificación; nombre y teléfonos particulares fueron anotados y depositados en los bolsillos de nuestro pantalón. Esperábamos lo peor.

Venegas encabezó la búsqueda de un nuevo refugio: caminó sobre el río.

Los disparos se escuchaban interrumpidamente. Luego pararon. Trepó el monte, volvió a desaparecer.

Noé y yo caminábamos en el sentido en que fluía el agua del río. Cilia montaba el cuerpo del joven oaxaqueño. No podíamos parar, tampoco hacer mucho ruido: no llorar ni gritar en caso de escuchar nuevas detonaciones. Ése fue el acuerdo. Avanzamos cautelosos.

La hojarasca nos delataba, y las piedras de río no eran amables con nuestro andar: filosas, resbaladizas. Habían transcurrido un par de horas.

Las aves que saltaban sobre las copas

de los árboles activaban nuestro sistema de alerta: parábamos intentando saber si se trataba de los gatilleros que venían en nuestra búsqueda.

Venegas regresó. Encontró un brazo de río seco. Ahí esperaríamos nuestro rescate o muerte. Eran las únicas dos posibilidades en nuestra vida.

60 horas de infierno Bebimos el último trago de agua de ese día. Trepamos unos metros por el cerro.

Los jóvenes de VOCAL se turnaban para cargar a Cilia; él hacía todo su esfuerzo por no dejar caer todo su peso sobre ellos.

Yo los seguía.

Solidaridad en la sierra triqui

“¡N

o disparen!”, grito, pero parece que ésa es la señal para mostrar el blanco. Una ráfaga atraviesa la carrocería, los vidrios me brincan al rostro. El sonido de las balas cortando el aire es más intenso. Siento un golpe en la cintura, veo sangre, pienso que me cortaron los cristales.

La última advertencia de no ir a San Juan Copala nos la dio Omar, ocho minutos antes. En ese momento. me enteraba que era el esposo de Beatriz Cariño. “Yo aquí me quedo, no puedo entrar, las cosas están muy calientes allá adentro. Al menor intento de que alguien impida su acceso, no insistan y regresen. Si hay un retén o el camino está bloqueado, inmediatamente se dan media vuelta. Si los de la Ubisort acceden a darles una entrevista, nosotros no tenemos problema, háganla pero no insistan.

Cualquier cosa, estamos pendientes. Mi chava se va con ustedes, se las encargo”.

Con esa advertencia abandonamos la carretera que viene de Juxtlahuaca. Tomamos un camino de terracería. Ese punto se llama La Sa22

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bana, hay mucha gente en las calles sin pavimentar, en la cancha de basquetbol y la agencia municipal.

Las mujeres observan el paso de la caravana formada por dos camionetas y mi vehículo, lo hacen con desconcierto; otras, agachan la mirada cuando les sonrío y saludo con un gesto, es una costumbre que tengo al entrar a las comunidades rurales. Un hombre con pantalón tipo comando hace un gesto: “¿A dónde, a dónde?”

Continuamos el descenso. Dejamos el pueblo atrás: 100 metros adelante, unas rocas bloquean el camino. La Van blanca hace alto total y yo, en seguida de ella. Hay silencio y desconcierto. Supongo que todos recordamos las palabras de Omar. Tomo la palanca de velocidades y la coloco en posición de reversa. Me doy cuenta que hemos cometido un error: los tres vehículos están muy juntos, no podemos maniobrar.

Dos segundos después de hacer alto total suena el primer disparo. Es la señal para abrir fuego.

Intento retroceder sin éxito. El silbido de los proyectiles se acerca. Las balas se impactan contra la carro-

cería. Suena el aire que se escapa de las llantas. Me vuelvo hacia atrás para ver si ya puedo retroceder, pero la camioneta negra detrás de mí sigue inmóvil. Érika grita: “¡No me quiero morir, no disparen!” Los cristales se rompen. Sin salirme de mi lugar, me arrojo sobre su espalda. Ella pregunta desesperada qué hacemos. Me gustaría saber la respuesta. Lo único que se me ocurre es levantarme y gritar que dejen de disparar, pero la lluvia de plomo arrecia aun más. Me vuelvo a tender sobre ella. Siento un golpe en la cintura, veo vidrios y sangre pero no duele, sólo tengo un ligero ardor. “¡Nos quieren matar!”, dice Érika. Ahora siento un fuerte golpe en la espinilla derecha, no miro la herida y sigo cubriéndola. Pienso que salir del auto nos convierte en un blanco más fácil. No conozco el terreno ni la ubicación de los tiradores.

Me levanto una vez más. Veo mi pierna llena de sangre. Hay que salir a como dé lugar. Retrocedo y golpeo a la camioneta detrás de mí, lo mismo hace la vanguardia con mi vehículo. De reojo veo un comando de hombres que se diri-

gen hacia nosotros desde el flanco izquierdo, de ahí vienen los disparos, su posición es más elevada; somos blanco fácil. Érika sigue agachada, le grito que estoy herido. Es hora de abandonar el auto. Ella no puede abrir la puerta. Me levanto una vez más y libero los seguros, la empujo, salimos por su puerta y me tiro a la orilla del camino. Ella se queda agachada inmediatamente bajando de su puerta. La camioneta de la vanguardia insiste en retroceder, golpea mi auto una y otra vez. Está a punto de ser atropellada. Le grito insistentemente que me siga, pero no lo hace. Me pongo de pie y le grito al chofer que ya no retroceda; una bala pasa cerca de mi cabeza, escucho su silbido; me acerco a Érika y le insisto: “¡Vámonos!

Ahí dejamos el auto, descartamos la forma más rápida para salir del lugar. El equipo de video y fotografía, las computadoras personales y las chamarras se quedaron a bordo. Corremos desesperadamente en dirección opuesta al grupo armado.

Entre los matorrales encuentro a dos jóvenes de la caravana, uno de ellos también se llama David, me propone regresar a rescatar a CONTRALÍNEA

Dejamos atrás la corriente de agua. Dieron las 18:15 horas. Volvíamos a tomar nota en la Moleskine. Nadie llegaba al lugar en el que habían asaltado a tiros a una caravana de paz.

Saqué la grabadora de reportero de la mochila de tela. Había que dejar testimonios de que libramos la muerte por todos los medios posibles. Noé comenzó a filmar con el celular que cargaba en el bolsillo de su pantalón.

Dimos pequeños detalles de nuestra situación. Todo era registrado en voz baja, no podíamos exponernos más. Los compañeros mostraban sus heridas. Yo, ilesa, sentenciaba que si algo más nos ocurría, sería culpa de las autoridades que no acudían en nuestro auxilio. En tanto, la sangre coagulada de los heridos se convertía en festín de los insectos.

La noche caía. El zumbido de los animales se agudizaba.

Luciérnagas a nuestro alrededor. Los rayos de luz se despedían entre los árboles. La oscuridad dominó.

Regresó el estallido de las armas de fuego. Retumbaban

los heridos pero los disparos no cesan. Me levanto el pantalón, veo mi pierna izquierda bañada en sangre: tiene dos orificios, veo el hueso astillado. David Venegas regresa, yo sólo alcanzo a dar un par de pasos, veo la camioneta de la vanguardia con las puertas abiertas. Escucho quejidos y súplicas. Cuando mueve los arbustos inmediatamente revela su posición y le disparan una ráfaga; retrocede.

Así, los cuatro corremos loma abajo, lo hacemos agachados para evitar los disparos. Todo es incierto, no sabemos a dónde nos dirigimos.

Hacemos una pausa, descansamos. Érika está sofocada, no deja de decir que nos quieren matar. David va a explorar, busca un escondite, una ruta de escape tal vez.

Los disparos cada vez suenan más cerca. Los paramilitares se encuentran en el sitio de los automóviles. Creo que nos persiguen.

Decidimos avanzar pero David Venegas no regresa. Cuando intento dar el primer paso se me dobla el pie, ya no resiste mi peso, duele excesivamente. Noé, el otro muchacho que huye con nosotros se ofrece a cargarme. Me niego, pero me apoyo en su hombro. Avanzamos unos CONTRALÍNEA

cuantos metros. Mi pierna ya no resiste más. Érika me da un trapo para improvisar un torniquete. Me levanto, ya no puedo siquiera apoyarme, entonces Noé se coloca frente a mí: “Te cargo de caballito, carnal. Si éstos nos alcanzan, nos matan”. Avanzamos, yo sobre la espalda de Noé. La prisa hace perder el cuidado, pasamos por encima de todo: piedras, ramas, espinas; me araño el rostro y golpeo mis heridas. Veo mis manos llenas de sangre, pero no es mía, suelto su hombro, tiene una herida de bala que lo atraviesa.

Llegamos a un río, no es caudaloso, se puede caminar sobre las piedras sin mojarse. Reposamos.

Tengo la boca seca pero recuerdo el testimonio de una joven que días antes me dijo en la capital de Oaxaca que los de la Ubisort le envenenan el río a los de San Juan Copala. Huelo el agua, luce clara y limpia pero sólo mojo mis labios.

No sabemos a dónde ir, especulamos, discutimos en voz muy baja. Veo que Noé está descalzo, le pregunto. Me explica que perdió los zapatos cuando escapó de la camioneta, se le atoraron. También tiene una herida en el glúteo, no

nuestros oídos; algo ocurría muy cerca de nosotros. Silenciosos, nos colocábamos en posición fetal entre las piedras. No teníamos otra opción que esperar.

Incertidumbre Las lajas húmedas nos hacían titiritar de frío; los cuatro que llegamos al brazo de río vestíamos playeras ligeras y pantalones de mezclilla. Animales rastreros se subían por nuestros cuerpos, se agazapaban en nuestra piel, nos llenaban de ronchas.

Cada movimiento extraño nos sobresaltaba. La naturaleza nos traicionaba y nos hacía alucinar cuerpos en movimiento entre los matorrales, luces, pasos, voces.

Nadie debía dejarse vencer por el sueño, era el siguiente acuerdo. Las vitaminas salieron de la mochila de tela, quizá nos servirían de algo para resistir, pensé. Cada uno de nosotros tragó una con su propia saliva.

deja de sangrar. Le doy mis tenis, dadas las condiciones en que me encuentro no me sirven de mucho.

Caminamos río abajo. Nuevamente me carga. Después de avanzar un poco, David se separa, va a explorar.

Regresa, dice que encontró un posible refugio mientras llega la ayuda.

El temor y la duda prevalecen.

Escuchamos el ruido de las hojas que se quiebran, alguien se acerca, tal vez un paramilitar. Se mueve el follaje, las ramas se quiebran conforme avanza hacia nosotros. Cada quien toma una piedra, nuestra única arma para defendernos. Ese alguien que se oculta tras los arbustos también nos detecta, guarda silencio, sus movimientos son sigilosos.

Pasan cinco minutos, nadie se mueve ni habla. La persona avanza hacia nosotros, que apretamos con más fuerza las piedras. “¡Compas, se me perdieron, los estaba buscando!” Es David Venegas, por fin respiramos. Nos dice que encontró un escondite, nos explica, inspira confianza. Necesitamos un lugar para guarecernos y muy posiblemente pasar la noche.

David me carga, subimos la loma por un afluente seco del río.

Cuando se cansa, me arrastro. Ellos me jalan. En el refugio me brindan el escondite más protegido, se trata de un riachuelo seco, revisamos nuestras lesiones. Érika me da una diadema de tela para cubrir la herida de la pierna. Aprieto fuertemente. La sangre sigue brotando. Me revisan la cintura, me dicen que la bala entró y salió en mi llantita izquierda. “Bueno, de algo me tendrían que servir estas llantas”, fue una de las pocas bromas que hice durante esos largos e inciertos días.

Las balas, aunque más espaciadamente, siguen sonando constantemente. Tratamos de hacer un recuento, la lista de las personas que conformaban la caravana, las que vimos heridas y las que huyeron, el pronóstico no es muy optimista. Agradecemos seguir con vida. Los disparos no cesan, imaginamos que están ejecutando a los sobrevivientes. Decidimos no salir hasta que llegue la autoridad a levantar los cadáveres. Suponemos que eso no tardará. Esa misma tarde o en el transcurso de la noche.

Nunca imaginamos que estábamos por vivir 60 horas ocultos en tierra de nadie. Las peores 60 horas de nuestras vidas. (David Cilia) 9 D E M AYO D E 2 0 1 0

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Especial

Un ejemplar del periódico El Gráfico de Oaxaca servía para proteger nuestras espaldas; las hojas de papel bond que contenían el proyecto periodístico sirvieron para recubrir un poco nuestros pechos. La mochila de tela fue el respaldo de David Cilia, quien era el más delicado.

Creíamos que el amanecer traería buenas noticias: nuestro rescate. No fue así.

28 de abril La mañana del día siguiente llegó sin nada que nos alentara. La amenaza seguía; toda la madrugada escuchamos detonaciones. No sabíamos si la noticia de la emboscada ya había llegado a nuestra redacción, a nuestras familias, a nuestra gente.

Cada minuto que pasaba era eterno.

Contamos 18 horas desde el ataque, luego 24, 48, y nada. Ni una torreta de patrulla ni un altavoz voceando nuestros nombres, ni motores encendidos. Creíamos que alguien tendría que recoger los cuerpos de los caídos en la emboscada, de los heridos, que ese sería el momento de nuestro rescate. Comenzó la desesperación, la desolación.

No habíamos ingerido un solo alimento y tampoco nos atrevíamos a bajar al río para calmar nuestra sed. Sí, teníamos miedo.

Ese día Venegas salió del refugio en busca de un camino. Se despidió de su compañero de VOCAL; le aseguró que regresaría. Pararon varias horas. Noé, Cilia y yo sólo nos mirábamos las caras, desencajados, desalentados.

Platicábamos en voz baja de nuestras vidas, de los problemas sociales de Oaxaca, de nuestros hijos y familia. De por qué debíamos resistir. El joven de VOCAL regresó. Juntó unos frutos diminutos, silvestres, unos cinco para cada uno. Fue nuestro único alimento. El frasco de vitaminas sirvió para subir un poco de agua para David Cilia, el resto de nosotros había bajado al río con toda cautela.

Una vez que bebimos un poco de agua y tragamos los frutos, escuchamos la propuesta que había planeado Vene24

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“Ese era el día límite. Teníamos que salir”. En la foto, un aspecto del operativo de rescate gas para salir y, quizá, encontrar la carretera que lleva al distrito de Juxtlahuaca.

Expuesto el plan, propusieron que saliéramos los cuatro juntos. Había que atravesar dos cerros, trepar. Se ofrecieron para cargar a Cilia.

David, mi compañero, se negó. Argumentó que sólo entorpecería la huida, arriesgaría más nuestras vidas: se sentía débil. Dudaba en apoyar la pierna herida.

—Vete con ellos. Tienes más posibilidades de salir y pedir auxilio, yo espero aquí. Si nada pasa antes de las tres de la tarde de mañana, me entrego a la comunidad. Ya veré cómo le hago –me dijo.

Mi respuesta fue un rotundo no.

Habíamos llegado juntos; juntos saldríamos. No podía abandonar a mi compañero, quien me cubrió con su cuerpo a la hora del ataque.

Noé y Venegas saldrían por la madrugada, a las cuatro de la mañana. Si llegaban a algún lugar, tenían la misión de mostrar el video grabado, contactar con nuestros compañeros de la revista y decir que estábamos vivos. Fue la promesa.

29 de abril La madrugada de ese día fue más larga que la anterior, el frío nos acicalaba el cuerpo. Decidimos salir del brazo de río y recostarnos sobre la tierra seca, dormitamos por lapsos cortos. Uno vigilaba

mientras el resto trataba de reparar el sueño. Ya no resistíamos.

Pasaron 40 horas después del ataque.

Llegó el tiempo establecido. La partida de Noé Bautista y David Venegas fue puntual. Se despidieron con la esperanza de volvernos a ver.

Cilia y yo nos quedamos solos con el ruido de los animales, la luz de las luciérnagas y la alucinación que nos provocaba la naturaleza. “Debiste irte”, dijo. Yo no hice más comentarios.

La luz comenzó a entrar por las copas de los árboles. Era el día límite para nosotros.

Algo debía pasar. Cada media hora prendíamos el radio, con la esperanza de que Noé y David enviaran alguna señal. Nada.

Al medio día, decidimos abandonar nuestro refugio. Si nos entregaríamos a las tres de la tarde, debíamos de ir avanzando. Yo lloraba, temía caer en manos de los gatilleros. David me alentaba: “No va a pasar nada”, decía.

Llegamos otra vez al río, bebimos agua, orinamos. Iniciamos la partida. Cilia, apoyado de una rama de árbol y sostenido de mi hombro. Las lajas y el río nos complicaban el camino. Andaba descalzo. Unos calcetines de algodón protegían sus pies. Se le iban enterrando ramas, piedras, hojas secas. Descansábamos apenas un par de segundos en el trayecto. Las pastas gruesas de una libreta protegieron sus pies, atrapadas con mis calcetines blancos.

CONTRALÍNEA

Ese día sólo escuchamos un par de tiros al aire, parecía que se había dado un toque de queda. No como las horas anteriores, que vivimos en sobresalto.

Avanzamos lentamente. Llegamos a la altura del ataque, caminando sobre el río y sus orillas. Nos resistimos a subir, nos resistimos a entregarnos. Seguimos en dirección opuesta al flujo del agua. “¿Qué más nos podía pasar?”, pensamos. “Si ya libré las balas, la suerte está de nuestro lado. No te preocupes”, me decía.

Desesperanza El sol caía sobre nosotros y no veíamos rumbo. Caminamos. El río comenzaba a traicionarnos, se partía, se dividía, se perdía.

Había tramos casi secos que nos confundían. Seguíamos avanzando en búsqueda de la carretera que nos había permitido el acceso a la zona.

Seis horas y nada. Entramos en un tramo en donde la vegetación cambiaba, había bambúes, hojas de plátano; atrás habían quedado los árboles del monte. Me sentí perdida, lloré.

“Tranquila, vamos a salir de ésta”, dijo mi compañero.

Llegamos a un punto en donde ya no veíamos el cielo, las copas de las palmeras nos cubrían. Un helicóptero se oyó sobrevolar.

“Nos están buscando. Debemos regresar”, grité. Desalentado, Cilia se resistió a regresar. “No están buscando bien, subamos a algún punto para que nos vean”, dijo.

La búsqueda

Especial

Volvimos a trepar, subimos el monte. Sacamos fuerza no sé de dónde. Él se apoyaba en el palo de árbol; yo subía, lue-

“El indígena triqui que había apoyado la búsqueda desapareció. Su vida seguía y sigue en peligro”

CONTRALÍNEA

go lo jalaba. Así se nos fueron un par de horas. La noche amenazaba de nuevo y el helicóptero se dejó de escuchar.

Eran las ocho de la noche del 29 de abril. Otra vez perdíamos la esperanza. Nos disponíamos a pasar la noche nuevamente en el monte. Muy alejados de nuestro primer refugio. Habíamos perdido el rastro de todo.

Hacíamos a un lado la hojarasca del lugar donde descansaríamos…

Un grito hizo eco… “¡Érika!”

Grité de la emoción y respondí de inmediato. Cilia desconfiaba. Pasaron unos minutos antes de que se escuchara el segundo grito. Esta vez: ¡David!

Nos quedamos atónitos y comenzamos a gritar juntos: “¡Auxilio! ¡No nos dejen!”

La voz de David Cilia Olmos se escuchó por un altavoz; vimos las luces de una torreta encendidas, gritamos. Emocionados, abandonamos el lugar y nos resbalamos por el monte hasta llegar al río.

Caminamos nuevamente iluminados con la lámpara de un celular. Volvimos a atravesar el espacio selvático del monte. Dejamos de escuchar nuestros nombres, pero no cejamos. Ése era el día límite. Teníamos que salir.

Cerca de las 10 de la noche, volvimos a escuchar las voces que nos llamaban. Cada vez más cerca. La luz del celular se agotó. Prendimos una memoria USB para iluminarnos. Seguimos el camino.

Las luces de varias lámparas y gritos nos anunciaban que estábamos cerca de alguien. Gritamos más fuerte. Nos acercamos. Las voces del equipo de búsqueda y las nuestras eran cada vez más nítidas. “¡Érika, David!”, nos llamaban.

Cilia gritó: “Quiénes son”. Un oficial de la policía estatal se adelantó para responder. Miguel Badillo alzó la voz con su nombre. Llegaron, llegamos. Rompimos en llanto, nos abrazamos.

Un indígena triqui había apoyado la búsqueda, encabezada por Miguel Badillo y David Cilia Olmos. Los oficiales, que horas antes se habían resistido a explorar el monte supuestamente por temor a ser atacados por los paramilitares, nos apresuraron a salir del lugar. Estábamos juntos, vivos.

Nos esperaba un dispositivo de 60 elementos de la policía estatal, patrullas y camionetas. El indígena triqui desapareció. Su vida seguía y sigue en peligro. Abandonamos la zona a toda velocidad.

Llegamos al hospital rural de Juxtlahuaca, donde fuimos recibidos por autoridades de todas las instancias de seguridad de Oaxaca: ministerios públicos, juzgados de distrito, funcionarios de la Procuraduría Estatal. Los mismos que 60 horas nos habían dejado a nuestra suerte.

Hoy estamos aquí, después de una búsqueda intensa de los amigos y compañeros de Contralínea, de nuestras familias y periodistas que se preocuparon por nosotros. Los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala siguen en estado de sitio. A ellos ¿quién los va a rescatar?

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ESPECIAL -

CAPTURADO Julio César Hernández

por paramilitares

Luego de la emboscada a la caravana de paz que pretendía llegar a San Juan Copala, el periodista Roger Valle cayó en manos de los paramilitares. El corresponsal en la Sierra Mixteca del diario Noticias de Oaxaca narra su experiencia como testigo del asesinato del finlandés Jiry Jaakkola, pues viajaba en el asiento ubicado detrás del chofer, en la Van blanca que encabezaba el convoy de ayuda humanitaria Roger Valle

H

uajuapan de León, Oaxaca.

Medios estatales, locales y observadores de derechos humanos empezamos a reunirnos en punto de las 8:00 horas en el Parque de la Libertad de Expresión de esta ciu-

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dad. A los pocos minutos, arriba un contingente de maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para respaldar a los integrantes de la caravana por la paz, que tenían como destino la comunidad autónoma de San Juan Copala.

10:35 horas. Los medios y los integrantes de comunicación de observación de Alemania y Finlandia abordamos la Van blanca con el logotipo “Frente Nacional Indígena y Campesino”, y encabezamos la caravana conformada por seis vehículos. Hasta entonces también viajaban Omar Esparza Zarate, integrante del Movimiento Indígena Zapatista, y Macario García Merino, integrante del municipio autónomo.

Los vehículos que conformaban la caravana eran una camioneta Nissan color roja, sin placas de circulación; un Volkswagen color verde; el vehículo marca Dodge, de color azul, con placas de circulación 4761-TND, del estado de Quintana Roo; una Ford Explorer de color negro, con placas de circulación EAU 51-87, del estado de Chihuahua, y una camioneta Ranger color blanca, sin placas de circulación.

13:45 horas. Arribamos a la altura de la gasolinera ubicada en la carretera federal 135 Putla-Juxtlahuaca. Se intercambian pláticas y se deciden los vehículos que entrarán a la comunidad de Copala. Antes, Omar Esparza Zárate [quien ya no acompañaría la caravana por estar amenazado de muerte] dice que les reportaron que tres mujeres fueron secuestradas y desconocen su paradero. Por ello, insiste que si la caravana detecta el camino bloqueado, no entremos.

13:55 horas. En el paraje Los Pinos, comunidad de La Sabana, nos percatamos que está bloqueada la carretera con piedras.

Cuando pretendemos tomar fotografías, alguien dice: “Hay gente armada en los cerros.

De pronto, una lluvia de balas cae sobre nosotros. Buscamos cómo esquivar las balas.

—Vamos, regresemos.

—Demos vuelta.

CONTRALÍNEA

CONTRALÍNEA

que regresaría: mi amada esposa, mi hija y mis dos hijos. Ruego a dios que me ayude.

Salimos a rastras. Luego de varios metros, caemos frente a ellos. Intentamos regresar pero a mis espaldas se escucha el cerrajear de un arma. Nos llevan presos por más de 40 minutos.

Uno de ellos nos da un discurso muy largo, que omito por motivos de seguridad. Termina de hablar. Nos permiten salir, según ellos, nos perdonan la vida.

Emprendemos la caminata: 2 kilómetros, aproximadamente, pero para nosotros significa caminar el mundo en una hora.

al llamado de las víctimas de una agresión de esta naturaleza. Todos somos libres de transitar en el país sin pasaporte y sin ser molestados, dice la Constitución Mexicana. ¿Sabrán eso las autoridades?

Este suceso no se lo deseo a nadie. Es una muestra más del estado de descomposición que se vive en Oaxaca. El hecho también revela que algunos medios de comunicación y periodistas estamos comprometidos con la verdad.

Le doy gracias a dios y a todos los medios nacionales e internacionales, en especial a Noticias de Oaxaca, por todo

Julio César Hernández

Aproximadamente 15 personas fuertemente armadas vienen sobre nosotros al momento que una lluvia de balas cae sobre la Van. Veo cuando Jiry Jaakkola cae muerto por un disparo en la cabeza. También percibo el odio de las personas que, a sangre fría, tratan de matarnos.

Los gritos de las mujeres crean pánico.

No logramos coordinarnos: cada quien busca salvar su propia vida. Me tiro al piso.

La lluvia de balas cruza sobre mí. Son segundos de terror interminables. Dejan de echar bala. “Están cambiando el cargador de sus armas”, grita alguien.

—Hay que salir corriendo.

Me arrastro hasta alcanzar el suelo, caigo y emprendo la huída. Las balas siguen detrás de nosotros. Pienso que somos la presa, el animal que busca escapar del cazador.

Buscamos cómo parapetarnos. Alguien grita “por aquí”. “Ya vienen, vamos”. Las balas no cesan. Tomamos caminos distintos.

Sólo se escuchan detonaciones de los cuernos de chivo. Las balas zumban al romper el aire.

A unos los alcanzan y los llevan presos; otros buscan la forma de salvar su vida. Parece zona de guerra: el enemigo de los defensores de derechos humanos y de los medios de comunicación tiene mucha ventaja.

Logro escapar y esconderme en un arbusto. Otros compañeros se esconden entre las piedras. Pasan más de cuatro horas.

Estoy casi al lado de mi compañero Rubén Valencia (después supe su nombre). Los armados andan cerca de nosotros.

—Vámonos –me dice Rubén.

—No, mejor no. Nos van a matar.

—¿Alguna vez éstos han matado periodistas?

—Que yo sepa, no; pero están locos y muy agresivos.

—Se los llevan presos por el río. Ya los agarraron, los tienen a todos –me dice Valencia.

Yo estoy tan asustado que había cerrado los ojos y no me percaté de eso. El sol penetra nuestras pieles. El dolor no nos vence. Al caer la noche, decidimos salir.

Nos encomendamos a dios, a quien le doy las gracias por haberme salvado.

Me doy por muerto. Ocasionalmente me preparo, pero sigo luchando porque hay cuatro personas a las que les prometí

Los periodistas sobrevivientes Roger Valle (izquierda) y David Cilia (derecha) conversan en un restaurante de Huajuapan de León, Oaxaca

Alrededor de las 21:35 horas salimos a la carretera. Nadie nos quiere levantar. La luna nos alumbra el camino.

Al cabo de unos minutos, el conductor de un vehículo nos dice que subamos rápido. Nos lleva hasta Santiago Juxtlahuaca. Yo vuelvo a nacer.

Me comunico con mi familia, que ya está muy preocupada. Buscamos a nuestros compañeros en el hospital. Intercambiamos puntos de vista. Luego solicitamos a la policía ir por los demás desaparecidos. Lamentablemente, ninguna corporación policiaca quiere ir a la zona. Justifican su actitud: es muy peligroso.

Me pregunto cómo es posible que ninguna corporación policiaca acudiera

su apoyo. Después de ver los vehículos donde viajamos y ser el segundo pasajero (detrás del chofer), no entiendo cómo sobreviví a la lluvia de balas.

Lamento el fallecimiento de Beatriz Alberta Cariño y de Jiry Jaakkola. Me alegro por mis otros compañeros que lograron salvar la vida. Les pido perdón si no los pude ayudar.

No fue nada fácil sobrevivir a este artero ataque: sólo contaba con una cámara y una grabadora que, a diferencia de las armas, no matan; pero mis herramientas de trabajo sí demuestran y plasman el estado de sitio, la agresión y la violación de los derechos humanos de las cuales son objeto los pueblos indígenas en México.

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ESPECIAL ?

EL RESCATE

E

l timbre del teléfono celular interrumpió la comida. El mensaje fue escalofriante: hace hora y media (14:30 horas), un grupo de hombres armados atacó la caravana por la paz que se dirigía al pueblo autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Allí viajaban Érika Ramírez y David Cilia, periodistas de este semanario.

—Hay muertos y heridos –comentó la voz–. No sabemos

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cuál es la situación de los reporteros.

La pesadilla para la redacción de Contralínea apenas empezaba aquella tarde del martes 27 de abril de 2010. Hasta antes de las 16:00 horas, el reporte era normal: cuatro reporteros enviados. Dos a Oaxaca, reportero y fotógrafo, y otros dos a Quintana Roo. Sus órdenes eran realizar una radiografía político electoral de esos estados y reconstruir las historias de los periodistas asesinados en esas regiones, como parte de un reCONTRALÍNEA

Activistas y periodistas emboscados en las inmediaciones de San Juan Copala, Oaxaca, tuvieron que sobrevivir a los paramilitares; pero también a la indolencia de las autoridades políticas estatales y federales, y a la complicidad entre las corporaciones policiacas y la falange armada de la Ubisort. La presión social, nacional e internacional, replegó a los paramilitares y permitió la entrada de un periodista y un padre de familia a la zona para buscar a los sobrevivientes Redacción / Julio César Hernández, fotos

portaje amplio sobre los casi 80 periodistas asesinados y desaparecidos desde que el Partido Acción Nacional asumió el Poder Ejecutivo federal.

El equipo directivo del semanario convocó de inmediato a junta y, sin mucho pensarlo, envió a Oaxaca a un equipo de periodistas para investigar el CONTRALÍNEA

paradero y el estado de salud de nuestros reporteros Érika Ramírez y David Cilia.

El grupo se trasladó a la zona en conflicto el mismo día de la brutal agresión; lo integraban el jefe de información, Zósimo Camacho; el jefe de fotografía, Julio César Hernández, y el jefe de circulación, Antonio de la Torre.

La madrugada del miércoles 28 empezaron los primeros reportes, algunos de ellos, estremecedores: tres testigos que lograron huir del ataque contra la caravana compuesta por observadores internacionales, organizaciones sociales, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa9 D E M AYO D E 2 0 1 0

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ción y periodistas, afirmaban que los dos reporteros de la revista Contralínea no habían podido escapar de las ráfagas de fusiles de asalto AK-47, que disparaba el grupo paramilitar desde el monte. Aseguraban que los periodistas habían quedado abatidos en el mismo vehículo.

Para ellos, no había duda. El grupo de sobrevivientes fue entrevistado a las puertas del hospital rural 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Santiago Juxtlahuaca, cabecera municipal localizada a 100 kilómetros de La Sabana, el lugar del ataque.

A lo largo de ese día, el equipo de Contralínea intentó ingresar a la zona, a la zaga de un operativo de 10 camionetas con 50 efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), a cargo del comandante regional Lázaro Hernández; un cuerpo de peritos y uno de médicos. Sin embargo, los agentes cerraron el paso al vehículo de los periodistas apenas al salir de Juxtlahuaca.

Por la tarde, el convoy regresaría con los cuerpos de Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y el observador de derechos humanos finlandés Jiry Jaakkola, quienes habían sido asesinados al interior de uno de los vehículos. Ante las demandas de integrantes de organizaciones sociales para que se buscara a los en-

tonces 22 desaparecidos, la AEI inició una nueva incursión, de la que las autoridades no ofrecieron resultados.

Ante el ocultamiento de información, la tarde del día 28 el grupo de periodistas enviado por Contralínea interceptó en la carretera que baja de San Juan Copala a Juxtlahuaca las grúas que trasladaban los automóviles atacados. Constató que decenas de balas penetraron los vehículos desde el costado izquierdo. En todos había rastros de sangre. Sin embargo, era claro que en la camioneta blanca Van, marca Ford, en que viajaban los activistas asesinados, la sangre había escurrido abundantemente.

Un segundo grupo de periodistas encabezado por el director y subdirector de Contralínea, Miguel Badillo y José Réyez, respectivamente, había salido muy temprano por carretera ese mismo miércoles. Por la tarde, los periodistas arribaron a Juxtlahuaca, con la intención de acercarse a la comunidad de La Sabana, lugar del ataque en contra de la caravana y cuya zona es dominada por la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), en donde su líder, Rufino Juárez, decide la vida y destino de la población.

La primera llamada telefónica fue al secretario general de gobierno, Evencio Nicolás Ramírez, exprocurador General de Justicia y exombudsman de Oaxaca, a quien señalan como

Auto en el que viajaban Érika y David, interceptado en la carretera por los enviados de Contralínea 30

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CONTRALÍNEA

“No voy a arriesgar la vida de mis hombres, así que no me pida que vayamos a buscar ahorita a los periodistas”: Lázaro Hernández, comandante regional de la Agencia Estatal de Investigaciones

responsable de controlar y negociar con las organizaciones triquis, así como ser el encargado de “mantener la paz” en la región. La respuesta a la petición fue de rechazo: él no hablaría con los periodistas de Contralínea.

En Juxtlahuaca, el comandante de la Policía Estatal, Lázaro Hernández, fue tajante: “No vamos a volver a entrar, ya lo hicimos dos veces y nos dispararon, tuvimos que replegarnos; hay muchos hombres armados, no voy a arriesgar la vida de mis hombres, así que no me pida que vayamos a buscar ahorita a los periodistas. Para qué entraron, si ya sabían que era peligroso”.

—Pero ustedes son la policía, ¿no deben restablecer el orden y aplicar la ley en la zona, y buscar a los desparecidos?

—Lo siento mucho, pero no, mis hombres están exhaustos; véalos, ya lo intentamos dos veces y nos tiraron, nos dispararon, están armados hasta los dientes, nos tuvimos que replegar; sólo pudimos CONTRALÍNEA

rescatar los dos cadáveres (se refería a los cuerpos de Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus, y del observador finlandés Jiry Jaakkola) y los tres vehículos de la caravana. No nos vamos a arriesgar más, y menos de noche, allí nadie entra de noche, es muy peligroso.

—¿Por qué no hablan con los líderes y que nos dejen buscar a nuestros compañeros periodistas?

—Es muy difícil convencerlos; ya le dije, nosotros no vamos. Si ustedes quieren entrar no lo vamos a impedir, pero es responsabilidad de ustedes.

Una llamada telefónica al inspector de la Policía Estatal confirmaba la negativa del gobierno de Ulises Ruiz para ayudar al rescate de los compañeros desaparecidos. Hasta ese momento, eran cuatro personas las que estaban en esa condición: los dos periodistas de Contralínea y los activistas Noé Bautista y David Venegas.

El inspector Jorge Alberto Calzada explicaba por qué no podían entrar a la zona: “Es una región muy difícil. Para entrar tenemos que pedir permiso; si los líderes nos autorizan, entonces la policía puede entrar, pero hasta el momento no hemos podido dialogar con ellos. La situación está muy difícil, muy tensa; esos hijos de su puta madre están bien armados, disparan a todo lo que se mueve. Si entramos, nos cazan, así que mis hombres no van a entrar. Hay que esperar”.

—¿Quiénes encabezan el grupo paramilitar responsable de la agresión a la caravana?

—Cuál grupo paramilitar –responde molesto el inspector Calzada–. Mira, mano, es un pinche grupo de indígenas armados hasta los dientes, que les vale madre todo y están dispuestos a matar.

Sólo son eso, no hay ningún grupo paramilitar; de dónde sacan eso ustedes.

Agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional se pasean por Jux9 D E M AYO D E 2 0 1 0

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Noé Bautista, herido durante la emboscada paramilitar. El

sobreviviente grabó con su celular la prueba de vida de los periodistas

tlahuaca. Todo husmean, escuchan conversaciones, se acercan a los reporteros de Contralínea y se identifican. Buscan toda la información disponible para enviarla al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; sólo eso. Al gobierno federal no le preocupa que periodistas y civiles estén desaparecidos y menos busca el diálogo con los líderes triquis que permita la búsqueda de las personas.

Jueves 29: ya han pasado 48 horas y nada con certeza se sabe de los periodistas. Circulan versiones entre reporteros de que los cuatro desaparecidos están heridos y fueron capturados por el grupo paramilitar. Algunos dicen que los utilizarán como rehenes para exigir que el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente deje la cabecera municipal de San Juan Copala y asuma el control el grupo comandado por Rufino Juárez, el líder de la Ubisort, a quien indígenas de la región responsabilizan de la masacre. Otros comentan que pedirán recompensa económica por el rescate. Sólo rumores.

Todo es confusión y las versiones periodísticas son diversas.

Nadie confirma nada. Sólo dudas, miedo y nerviosismo por los muertos y heridos. Lo único cierto es que cuatro personas no aparecen y los gobiernos de Ulises Ruiz, en Oaxaca, y de Felipe Calderón, en México, no se hacen responsables de la situación y menos planean alguna operación de rescate o búsqueda.

“Pinches periodistas, para que se meten allí”, se alcanza a escuchar decir a uno de los policías estatales.

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La situación se ha tornado alarmante. El equipo de la revista Contralínea y el padre de David Cilia, con el mismo nombre y viejo luchador social, deciden que deben entrar a la zona de conflicto para buscar personalmente a los dos reporteros desaparecidos. La decisión tomada se anuncia muy temprano en el noticiario de la periodista Carmen Aristegui, a quien se le informa que el viernes 30, a las 10 de la mañana, el equipo de la revista Contralínea y David Cilia padre se dirigirán al poblado de La Sabana, lugar del ataque, ante la negativa de la policía para buscar a los periodistas Érika y David.

En Huajuapan de León, a 100 kilómetros de Juxtlahuaca, la organización Cactus, a la que pertenecía la joven mujer acribillada en el ataque, Beatriz Alberta Cariño, organiza una conferencia de prensa para que familiares y compañeros de los asesinados y desaparecidos puedan hablar con los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales.

En pleno desarrollo de la rueda de prensa, una llamada de la procuradora general de Justicia de Oaxaca entra al celular del director de Contralínea, quien le dice que “el gobierno de Ulises Ruiz está muy preocupado por los hechos violentos y que han iniciado un trabajo investigativo para dar con el paradero de los dos periodistas”.

—¿Pero quién los está buscando, si los comandantes de la policía y su jefe, el inspector Calzada, dicen que ellos no van a entrar porque les disparan?

—Lo que está haciendo la Procuraduría es reconstruir los hechos desde el primer día que llegaron los periodistas a Oaxaca, para saber en dónde se hospedaron y a partir de allí iniciar la búsqueda.

—Pero si ellos llegaron a Oaxaca hace ocho días, procuradora, y ya sabemos que hace dos días viajaban con la caravana cuando en el pueblo de La Sabana los emboscaron los paramilitares. ¿Por qué no arman un operativo policial y entran a buscarlos? Nosotros los acompañamos.

La procuradora de Oaxaca dijo que buscaría a los reporteros

“en los hoteles de la capital” del estado. En la imagen, preparativos del operativo de rescate impulsado por la sociedad civil y este semanario CONTRALÍNEA

Rufino Juárez, líder de la Ubisort, dio su “autorización” para que se llevara a cabo el rescate

—Primero estamos buscándolos para estar seguros de que no están escondidos en algún hotel de Oaxaca; tenemos que reconstruir su ruta…

—Procuradora, lo que se necesita es buscarlos en el monte, creemos que están heridos y ya pasaron dos días.

—No podemos entrar así nada más; es una zona de mucho conflicto y la gente está armada, se tiene que pedir permiso a las comunidades y…

—¿Si ustedes no pueden, por qué no piden ayuda al gobierno federal, al Ejército?

—Eso tampoco se puede hacer.

—Adiós, procuradora.

El mismo jueves 28, Zósimo Camacho recibió una llamada a su teléfono celular. El de la voz se identificó en voz baja como David Venegas: “Yo estuve hasta hoy en la mañana con tus compañeros; porque son tus compañeros Érika y David, ¿no? les prometimos que te llamaríamos en cuanto llegáramos a donde CONTRALÍNEA

tuviéramos señal”, dijo entre aturdido y emocionado.

David Venegas y Noé Bautista, activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, habían roto el cerco paramilitar. Llegaron a la cabecera municipal de Santiago Juxtlahuaca al medio día, luego de ocho horas de camino por el monte.

Con voracidad, comieron pan dulce y bebieron soda. Bautista, receloso y atemorizado, mostró a hurtadillas las heridas de bala que padecía en su costado izquierdo.

Los sobrevivientes llegaron también con la prueba de que los reporteros se encontraban vivos y a la espera de ser rescatados: una videograbación captada con un teléfono celular horas después del ataque. El enlace de los periodistas con la sociedad era un video de menos de tres minutos en el que David Cilia mostraba su pie herido y Érika Ramírez dejaba en claro que no morirían de las

heridas producidas por el taque paramilitar, sino de la inacción del gobierno estatal de Ulises Ruiz.

La grabación, difundida por Contralínea, mostró a los periodistas a salvo, pero con el temor de ser encontrados por los paramilitares.

No había más que hacer ante las autoridades de Oaxaca. Los periodistas empezaron a planear cómo ingresar a la zona, con el menor riesgo posible, para iniciar la búsqueda, pero antes se le avisaría a los medios de comunicación y a las autoridades de esa decisión.

A las 13 horas del jueves, el inspector de la Policía Estatal se vuelve a comunicar vía telefónica e informa que harán un operativo con todos los policías para entrar al área en conflicto, y piden que los periodistas no entren solos: “Tenemos instrucciones de darles protección para evitar una nueva desgracia”. El problema, dice el inspector Calzada, es que sólo podrá ir un periodista en el helicóp9 D E M AYO D E 2 0 1 0

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Miguel Badillo y David Cilia Olmos exigieron a los agentes continuar con la búsqueda hasta dar con los sobrevivientes

tero de la policía, porque no hay espacio.

La estrategia de entrar a la zona de conflicto el viernes por la mañana se había modificado. El aviso de que nuestros compañeros estaban vivos, aunque heridos y hambrientos, animó al equipo de Contralínea para iniciar la búsqueda esa misma tarde de jueves. De esa decisión se informó al inspector de la policía Jorge Alberto Quezada, quien alarmado pidió tiempo para que los periodistas fueran acompañados por policías y pudiera aterrizar el helicóptero desde donde serían trasladados al área de conflicto.

La aeronave llegó a Juxtlahuaca a las 16:30 horas y fue abordada por el director de Contralínea y el padre de David Cilia. Los acompañaban tres elementos fuertemente armados del grupo de fuerzas especiales del estado. Por tierra, 10 camionetas-patrulla se observaban desde el helicóptero y abordo iban 50 efectivos policiales armados con fusiles de asalto, seis comandantes y cuatro delegados de la Policía Estatal. En total, 60 efectivos policiacos que ingresarían a la zona para cubrir la búsqueda.

Desde Juxtlahuaca, el presidente de la Ubisort, Rufino Juárez, “coordinó”, junto con el comandante regional de la Agencia Estatal de Investigaciones, Lázaro Hernández, la entrada del operativo de rescate. Más tarde, el comandante policiaco reconocería que el ingreso de Miguel Badillo, David Cilia Olmos y los policías a las inmediaciones de la comunidad de La 34

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Sabana fue realizado con la “autorización” del líder del grupo paramilitar al que se le atribuye la agresión.

El helicóptero con el periodista y el familiar abordo descendió en una zona neutral del municipio de San Juan Copala y, a partir de allí, los comandantes responsables del operativo se trasladaron hasta la población de La Sabana, en donde negociaron con el líder Rufino Juárez que permitiera la búsqueda de los dos reporteros.

El convoy de policías y los dos civiles se trasladaron hasta el lugar donde fue la emboscada y perdieron la vida dos personas y otras cinco resultaron heridas. A partir de allí, David Cilia Olmos y Miguel Badillo entraron solos al monte en busca de los desaparecidos, quienes llevaban más de 50 horas escondidos entre árboles y arbustos.

Molesto por la presencia de intrusos, el líder de la Ubisort, Rufino Juárez, propuso a los policías que 30 mujeres triquis los acompañaran en la búsqueda, pero David Cilia padre rechazó el ofrecimiento, pues eran habitantes del mismo pueblo en donde se había cometido la agresión.

El sol caía y su luz cada minuto que pasaba era más tenue.

Después de tres horas de la primera incursión de rescate, la búsqueda fue infructuosa. Llegó la noche y las órdenes de los policías fueron suspender el operativo y retirarse del lugar. Para convencer de suspender la búsqueda, el comandante a cargo prometía regresar al día siguiente para continuar. Pero Cilia y CONTRALÍNEA

Badillo habían decidido no retirarse del lugar hasta dar con los periodistas y así se lo hicieron saber. Eso discutían con los comandantes cuando un indígena se acercó al convoy policiaco y alertó de que el reportero David Cilia se había comunicado con un radio portátil pidiendo ayuda y decía que no abandonaran la búsqueda, que él y Érika se arrastraban por el monte hacia la carretera en donde veían a lo lejos las luces de las patrullas.

Los comandantes a cargo del operativo policial no creían la versión del indígena triqui y ordenaron salir de la zona. Cilia y Badillo discutieron con ellos y se opusieron a abandonar el lugar.

Los policías aceptaron y regresaron al punto inicial de búsqueda, en donde había sido el ataque con armas de fuego.

Eran las 20:00 horas y la noche había ganado el espacio.

El nerviosismo en los policías volvió

y así inició la segunda incursión a las montañas, sólo que esta vez un indígena triqui, de la comunidad de San Juan Copala, guiaba la búsqueda, seguido del periodista, el padre del reportero y seis policías.

Casi tres horas después, hasta las 22:40 horas, la caravana de auxilio encontró desfallecidos y hambrientos a los dos reporteros. David, herido de tres balazos, fue levantado en hombros por el periodista y los policías hasta alcanzar la carretera. La reportera Érika Ramírez prefirió caminar para salir más rápido del lugar.

Como parte del convoy policiaco, los periodistas fueron trasladados al hospital más cercano de Juxtlahuaca, a unos 100 kilómetros de distancia, por un camino de terracería. A la una de la madrugada del viernes 30 de abril, Érika y David ingresaban al hospital del IMSS

para su atención.

Al medio día, el timbre del teléfono celular sonó nuevamente. Recién había concluido la conferencia de prensa en el hospital de Juxtlahuaca, donde Érika Ramírez, periodista sobreviviente, señaló que la emboscada contra la caravana de paz demostró al mundo la impunidad con la que operan los paramilitares en México. Entonces Ulises Ruiz Ortiz decía a Miguel Badillo: —Te ofrezco un avión para trasladar a tu reportero (David Cilia) a Los Ángeles. Yo pago los gastos médicos de su recuperación.

El director de este semanario agradeció la “ayuda” del gobierno estatal. A las cinco de la tarde de ese mismo 30 de abril, los periodistas de Contralínea regresaron a México por tierra. La pesadilla que duró más de 60 horas había terminado.

David Cilia recibe las primeras atenciones médicas en el hospital del IMSS en Juxtlahuaca, la madrugada del 30 de abril CONTRALÍNEA

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ESPECIAL ?

EL CASTIGO a San Juan Copala La reorganización de los grupos paramilitares en la región triqui inició luego del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La construcción del municipio autónomo fue vista por los caciques locales y por sectores del propio gobierno estatal como una declaración de guerra. La reprimenda se dirige contra los triquis que creyeron que podrían ser “autónomos” Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos / enviados

S

antiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Rufino Juárez Hernández, presidente de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), se pasea por las calles de esta cabecera municipal sin ser molestado. Por el contrario, él decide cuándo hablar con los comandantes venidos desde Huajuapan de León para encargarse del traslado de los cuerpos y de los automóviles baleados y saqueados, que dejó como saldo la emboscada del 27 de abril pasado en las inmediaciones de la comunidad La Sabana, una de las pocas que aún controla su organización, afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pareciera que para los comandantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Lázaro Hernández 36

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Rendón y Rodrigo Peralta Mejía, se tratara de un par o un superior suyo.

Ningún policía investigador ni comandante o agente del Ministerio Público le cuestiona a Rufino Juárez su participación en la emboscada contra la caravana de paz, a pesar de que las víctimas lo señalan como el autor intelectual de los crímenes y públicamente se asume como el líder de la Ubisort, la organización que ha puesto en estado de sitio a la comunidad política y ceremonial más importante de la cultura triqui: San Juan Copala.

Tampoco lo increpan los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional ni los elementos de la sección segunda del Ejército Mexicano que se han desplegado en la zona. Algunos fingen no verlo; otros, lo miran pasar sin que se le cuestione nada. Todo, a pesar

de que Rufino va armado y cuatro de sus guardaespaldas apenas si se molestan en disimular sus armas largas debajo de sus chamarras de cuero que les cuelgan hasta las rodillas.

Las secuelas de la “autonomía” Nadie recuerda una balacera en esta cabecera municipal. Los complejos CONTRALÍNEA

En la “coordinación” del rescate de los periodistas participó directamente Rufino Juárez, líder de la Ubisort acuerdos de los bandos en pugna en la región triqui alcanzan para mantener la paz en esta pequeña ciudad de menos de 10 mil habitantes, a menos de 100 kilómetros del corazón de las disputas, el propio San Juan Copala, declarado por sus pobladores municipio autónomo en enero de 2007.

CONTRALÍNEA

La construcción de la autonomía triqui desató dos procesos de manera simultánea: por un lado, una cohesión de la etnia como no se veía en décadas.

En 2007, y por primera vez en más de 30 años, la fiesta triqui más importante, conocida como “tercer viernes” o carnaval, fue realizada en San Juan Co-

pala por integrantes de todas las organizaciones que han estado enfrentadas: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI), Ubisort y los incorporados a la Confederación Nacional Campesina (CNC).

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Triquis que impulsan municipio autónomo buscan solidaridad de organizaciones sociales. En la imagen, indígenas y activistas de Cactus a la espera de atención médica en Juxtlahuaca

El otro proceso que se desató fue el rearme de los líderes que se sintieron desplazados por las nuevas autoridades autónomas.

—El principal beneficiario de que los triquis estén enfrentados entre ellos es el Estado mexicano. Pero también, y particularmente, salen beneficiados los cacicazgos políticos y económicos de la región. Se trata de las familias poderosas de las ciudades de Putla, Juxtlahuaca y Tlaxiaco –explica el abogado e investigador del posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Francisco López Bárcenas.

Para el autor de San Juan Copala: dominación política y resistencia popular, la violencia que vive el pueblo triqui ha sido impuesta y atizada desde fuera.

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—De los triquis se han codiciado sus tierras y sus cosechas: café, plátano manila, maíz; y han padecido un desprecio y un racismo muy fuerte. Además, en la región se padece una impunidad muy grande: cualquiera sabe que se puede matar sin que pase algo. Y ellos también han generado una resistencia y un orgullo fuertes.

El investigador de posgrado explica que los caciques de las ciudades aledañas dicen que los triquis son violentos y asesinos, “pero no dicen que ellos les venden las armas”; dicen que son flojos, “pero porque no trabajan para ellos”; y dicen que son ignorantes, pero no “que los caciques siempre se opusieron a la entrada de maestros a las comunidades triquis”.

La creación del municipio autónomo desgajó a las organizaciones MULT

y Ubisort. Al tratarse de una etnia que se agrupa en clanes, decenas de familias, barrios y comunidades enteras abandonaron las organizaciones en que habían militado por décadas y se sumaron al municipio autónomo. La organización que impulsó decididamente la autonomía fue el MULTI. A decir de López Bárcenas, la inspiración y el discurso de los autónomos triquis ha sido el zapatismo; pero “el ejemplo y la experiencia práctica” fue la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Las organizaciones triquis La Ubisort casi desapareció. Se quedó con dos comunidades pequeñas: La Sabana, lugar del ataque a la caravana de paz, a escasos 10 kilómetros de San CONTRALÍNEA

Juan Copala, y Unión Los Ángeles. También mantiene algunos simpatizantes en Tilapa. Se estima que, en total, sus miembros no son más de 300. La Ubisort se apoya ahora casi exclusivamente en sus armas. Para nadie es un secreto que las tres organizaciones principales están armadas con fusiles de asalto AK-47. La diferencia sería que la Ubisort posee entrenamiento, mayor número de unidades y la supuesta complacencia de los caciques locales y del propio gobierno estatal de Ulises Ruiz. La organización fue creada en octubre de 1994 para contener la influencia de los alzados zapatistas en Chiapas.

Luego de una desbandada que logró frenar con asambleas, concesiones, amenazas y enfrentamientos, el MULT se conservó como la organización más grande del pueblo triqui. Integra alrededor de 22 comunidades y cuenta con aproximadamente 7 mil miembros.

La organización que impulsó la autonomía triqui, luego de haberse integrado a la APPO en 2006, fue el MULTI. Está integrado por 10 comunidades, entre ellas San Juan Copala. Cuenta aproximadamente con 3 mil 500 integrantes.

Finalmente, se encuentran aquellos incorporados al PRI, pero no por la vía de la Ubisort, sino de la CNC. Básicamente se trata de una comunidad, El Carrizal, y de integrantes minoritarios de otras comunidades. No rebasan las 500 personas.

La caja de resonancia Las noticias de las emboscadas, los enfrentamientos, las ejecuciones, las venganzas difícilmente llegan a las planas de los periódicos locales o nacionales. Menos aún encuentran espacio en los medios de comunicación electrónicos. Pero triquis, nu'saavi y mestizos de Juxtlahuaca siempre están enterados de lo que sucede montes arriba.

La plaza principal, el mercado, los sitios de taxi son grandes orejas y bocas donde incluso las organizaciones antagónicas pueden intercambiar mensajes. Y, a manera de los cárteles traficantes de drogas, cuentan con halcones que les informan de quienes llegan y salen de esta cabecera municipal.

Rufino Juárez cuenta con una organización de puesteros del mercado, dos sitios de taxis y vigilantes apostados en la plaza del palacio municipal y en negocios de las afueras de la ciudad. Cuando una persona o un grupo de personas sale con rumbo a San Juan Copala, el líder de la Ubisort ya lo sabe.

El cerco paramilitar En la zona, todo triqui pertenece a alguna organización. La filiación se realiza por clanes. Aunque está presente el discurso ideológico, todo se subordina a los lazos familiares. Si un abuelo decide ingresar a una organización, lo hace junto con las familias de sus hijos.

En México habitan 30 mil triquis. Sólo alrededor de 15 mil de ellos se encuentran en su región. Por la violencia y la pobreza, la otra mitad ha trasladado su residencia a la ciudad de México y a Hermosillo, Sonora, entre otros estados del país; algunos más han emigrado a Estados Unidos.

El cerco paramilitar sobre San Juan Copala fue instalado el 28 de noviembre de 2009. Desde entonces, no hay mercado ni las mercancías pueden conseguirse fácilmente. El grupo de la Ubisort también cortó la línea del teléfono y los cables de la luz eléctrica. Las escuelas se encuentran cerradas. La propia Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dependencia federal, cerró sus oficinas en el poblado. Las únicas que no abandonaron la comunidad fueron las monjas de la diócesis de Copala, que mantienen un internado educativo para los niños del lugar.

—Allá está muy difícil. La gente no puede salir del pueblo porque le disparan. Luego no hay ni para comer –explica Víctor Castillo, integrante del MULTI y simpatizante del municipio autónomo.

—Y cómo se mantiene la comunidad.

—Los compas ya han encontrado sus formas…

CONTRALÍNEA

Estado mexicano y caciques locales, principales beneficiarios del conflicto armado en zona triqui: López Bárcenas

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ESPECIAL ?

CALDERÓN

El gobierno federal mexicano ya enfrenta un conflicto diplomático por su nula actuación ante la emboscada paramilitar contra una caravana humanitaria internacional, ocurrida en Oaxaca a fines de abril. Pese al mutismo oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea exigen a Felipe Calderón rendir cuentas. En Europa se multiplican las manifestaciones de repudio por ese ataque impune Ana Lilia Pérez

N

unca en la historia de México había ocurrido un ataque a una caravana de paz, y nadie hubiese siquiera imaginado que un grupo de hombres armados balearía a quienes llevaban alimentos y medicamentos para un pueblo indígena depauperado. De manera que la emboscada ocurrida la tarde del 40

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27 de abril en el paraje La Sabana, en el municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca, dejó atónitos a los representantes de los organismos internacionales de derechos humanos, pero más aún el mutismo del gobierno federal, que, pasada una semana –hasta el cierre de esta edición–, no había hecho pronunciamiento alguno.

En contraste, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),

Cortesía de Eladio Ortiz

al banquillo de la justicia internacional

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea han exigido al Estado mexicano rendición de cuentas, pero además, desde sus respectivas oficinas realizan sus propias indagatorias del tema. En la ONU, por ejemplo, son tres relatorías las que integran ya sus procedimientos internos sobre el caso Copala: la Relatoría para la Libertad de Expresión, la Relatoría de Defensores CONTRALÍNEA

de Derechos Humanos y la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales y Sumarias, revela a Contralínea un funcionario de la ONU, quien detalla que representantes de ese organismo realizarán una visita al territorio triqui.

Negligencia y agravios Por negligencia o en una omisión deliberada, el gobierno de Felipe Calderón se negó a intervenir en la ubicación y rescate de los periodistas de Contralínea, desaparecidos tras la embosCONTRALÍNEA

cada y rescatados el pasado 29 de abril, a las 22:40 horas. Más allá del agravio moral, ello constituye el incumplimiento a los convenios y acuerdos internacionales en materia derechos humanos que, como representante del Estado mexicano, Calderón debe salvaguardar.

En entrevista con este semanario, el abogado Carlos de la Torre Martínez, coordinador de la Unidad Jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), explica: “La responsabilidad del Estado mexicano en los hechos de San Juan Copala es 9 D E M AYO D E 2 0 1 0

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Rubén Darío Betancourt

La emboscada en Copala es resultado de una política en la que el Estado dejó de intervenir, de tener presencia en la zona y de no establecer medidas para desarticular la violencia: Oficina del Alto Comisionado de la ONU. En la foto, solidaridad del municipio autónomo con movimientos sociales

clara, porque el Estado en su conjunto tiene el deber de proteger todos los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida y a la integridad personal. Pero además, hay que hacer hincapié en que el Estado no sólo es responsable de las violaciones a los derechos humanos que pueden cometer los funcionarios del Estado, las autoridades o servidores públicos, sino también de las que pueden cometer los particulares o grupos armados en contra de otras personas, como ocurrió en Copala.

“Este caso también implica el incumplimiento del Estado en sus deberes de protección y prevención, porque desde hace tiempo se dejó incrementar la escalada de violencia en esa zona, que las tensiones entre los grupos se hicieran más fuertes y que estos grupos se armaran. Así que lo que ocurrió en San Juan Copala es resultado de una política donde el Estado dejó de intervenir, de tener presencia en la zona y de no establecer medidas para desarticular la violencia.”

Según los estándares internacionales en materia de derechos humanos, tras el ataque, el deber de Felipe Calderón como representante del Estado mexicano era intervenir inmediatamente para ubicar a los sobrevivientes, lo que tampoco 42

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ocurrió. Carlos de la Torre, abogado de la OACNUDH, detalla: “La autoridad tenía que intervenir de manera inmediata, sobre todo para identificar a las personas que habían sido reportadas como desaparecidas, porque ésa es su responsabilidad. Ahora lo que viene es el deber de investigación, que también es responsabilidad del Estado: esclarecer los hechos, identificar a los culpables, procesarlos e indemnizar a las víctimas, pero además determinar las omisiones”.

Las complicidades La tarde del 27 de abril, media hora después del tiroteo, la redacción de Contralínea tuvo conocimiento de la agresión por la comunicación de uno de los activistas que viajaba en la misma caravana que los enviados de este semanario, Érika Ramírez y David Cilia. Con los primeros disparos, él echó a correr al monte y desde su escondite lo informó al exterior a través de un walkie talkie.

En las horas subsecuentes no hubo información oficial sobre el paradero de los reporteros, quienes acudirían a Copala para documentar, como parte de la serie “México: cacería de periodistas”, el asesinato de las locutoras triquis Felícitas

Martínez y Teresa Bautista, ocurrido el 7 de febrero de 2007. Dicho crimen, impune hasta ahora, incrimina a la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui, el mismo grupo paramilitar identificado como responsable de la emboscada.

Desde esa misma tarde se supo que la defensora de derechos humanos Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, AC, y el observador finlandés, Jiry Antero Jaakkola, habían sido acribillados con los primeros tiros de armas de alto poder, que aquel martes negro rociaron con balas aquel paraje de la Sierra Mixteca.

Ante las versiones que iban y venían sobre la identidad de asesinados y desaparecidos, Contralínea hizo del conocimiento de la OACNUDH la desaparición de sus reporteros. Se informó también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de Gobernación (Segob) y, lógicamente, a las instancias del gobierno de Oaxaca. Los familiares de los reporteros intentaron presentar una denuncia ante la PGR, en donde les respondieron que no era de su competencia, que lo hicieran en Oaxaca.

CONTRALÍNEA

Cortesía de Miriam Sánchez

El 28 de abril, la OACNUDH condenó el atentado y exigió al gobierno una “investigación imparcial, expedita y efectiva de los hechos que tenga como objetivo el procesamiento y, en su caso, la sanción de las personas responsables”.

En un comunicado difundido esa mañana, la OACNUDH manifestó su preocupación “por el clima de violencia que ha prevalecido en la zona triqui, así como por la proliferación de grupos civiles armados en la región”. Resaltó que “a esta Oficina la preocupa especialmente que el ataque haya impactado negativamente en periodistas, defensoras y defensores, coartando el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la información”.

“El Estado mexicano tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal frente a terceros. Esta obligación se torna particularmente relevante en una zona cuyo clima de violencia había sido previamente denunciada por diversas organizaciones de la sociedad civil”, destacó.

Dentro de su informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, difundido el año pasado, la OACNUDH había advertido del contexto adverso que defensores y periodistas enfrentan en el desarrollo de sus actividades en la región, sin que hubiese atención del gobierno al tema ni tampoco prevención.

Por ello, tras la emboscada, el organismo internacional subrayó la urgencia de “que se conozca a la brevedad la situación de las personas cuyo paradero aún se desconoce y que se brinde atención médica adecuada a las personas heridas”. Pero el comunicado no tuvo réplica por parte del gobierno mexicano.

El jueves 29 de abril, en conferencia de prensa, Alberto Brunori, titular de la OACNUDH, denunció la desaparición de los dos periodistas de Contralínea, con los cuales, explicó, “suman ya 12 periodistas desaparecidos desde 2000”. Agencias y medios de comunicación internacionales, como CNN, difundieron ampliamente el señalamiento de Brunori en el sen-

“También es deber del Estado tomar acciones en el caso de la comunidad triqui en el sentido de establecer las vías para distender el conflicto, para establecer un diálogo entre las comunidades, para hacer un proceso de desarme importante. Allí se vincula también otro tema que es el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, que también tiene que ser garantizado y respetado por el Estado”: Carlos de la Torre, oficial de Derechos Humanos tido de que “el Estado debe asumir su responsabilidad por acción y omisión, investigar los hechos, procesar a los presuntos responsables y juzgarlos”.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde Washington encabeza la doctora Catalina Botero, mostró preocupación por el tema: pidió a Contralínea puntuales datos sobre el caso. Ese mismo día, emitió un comunicado en el que exigió al gobierno garantizar la seguridad para el periodismo en México.

Durante los dos días que precedieron a la emboscada, familiares, amigos, representantes de organizaciones no gubernamentales, lectores de Contralínea y un amplio sector del gremio encabezados por el Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, realizaron protestas ante la Segob y la PGR para exigir la intervención en la búsqueda y rescate de los dos repoteros. En la Secretaría a cargo de Fernando Gómez Mont, el encargado en turno de seguridad respondió a los familiares que era mejor que enviaran “una carta al presidente”; en la segunda se informó que ninguna autoridad recibiría a los manifestantes.

La “respuesta” llegó por parte de las autoridades capitalinas: 200 granaderos enviados por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal para desalojar a los manifestantes apostados a las afueras de la PGR, sobre Paseo de la Reforma. Los granaderos agredieron a algunos manifestantes, entre ellos los hermanos del fotógrafo David Cilia García. Por tal motivo, esa misma noche la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal abrió una queja de oficio.

Caos en el Congreso

Protesta frente a la PGR, en la cual se exigía la presentación con vida de Érika y David y la intervención del gobierno federal

CONTRALÍNEA

Fueron muchas las vías por las cuales se solicitó la intervención del gobierno federal en el caso Copala. Muchos los actores políticos, representantes de organismos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, políticos, directivos de medios de comunicación que pidieron a Fernando Gómez Mont empujara el operativo para la búsqueda y rescate de los periodistas y activistas desaparecidos. Ninguna, la respuesta.

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En el Legislativo, varias fracciones distas, ni se ofreció siquiera el millonario parlamentarias coincidieron de que en la equipo adquirido con recursos públicos sesión del jueves 29 de abril presentarían –tanto del Ejército como de las numerosendos pronunciamientos tanto en la sas corporaciones policiacas– para que Cámara de Diputados en San Lázaro, otros los rescataran. como en la Asamblea Legislativa del Artículo XIX –que junto con diver- Calderón y Ruiz, desprecio por Distrito Federal, para exigir la interven- sas organizaciones nacionales e interna- los derechos humanos ción del gobierno federal. Se habló in- cionales de defensa de libertad de cluso de que el Ejército entrara en la expresión inició trabajos de colabora- La omisión del gobierno de Felipe Caldezona. Pero en San Lázaro, un sector del ción con la revista Contralínea para el rón en el rescate de los periodistas de este Partido Revolucionario Institucional rescate de los reporteros Érika y David– semanario se suma al rosario de agravios (PRI), vinculado al gobernador de Oa- gestionaba un operativo de rescate de ca- que en su administración se han gestado xaca Ulises Ruiz, cabildeaba para “convencer” al gobernador de la necesidad de realizar el operativo de búsqueda.

La difusión de la prueba de vida fue crucial para que el director de este semanario, Miguel Badillo, adelantara la incursión en la zona, anunciada para el viernes 30 de abril: el video que ocultos en La Sabana grabaron los periodistas de Contralínea junto con los activistas David Venegas y Noé Bautista, estos últimos, quienes lograron romper el cerco paramilitar y llegar a Juxtlahuaca para llevar la evidencia de que Érika y David seguían con vida, aunque Cilia yacía herido por dos balas de grueso calibre, pero que si morían en la Sierra sería por la dilación en el rescate.

El gobierno de Felipe Calderón ni siquiera parpadeó. Ninguna autoridad civil ni militar se dijo dispuesta a realizar La Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal inició una queja de oficio por agresiones que sufrieron algunos manifestantes el 29 de abril el operativo para rescatar a los dos perio44

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CONTRALÍNEA

Cortesía de Miriam Sánchez

Guillermo Perea / Cuartoscuro

Presión política en el Congreso buscaba la intervención de los diputados

rácter internacional.

En tanto, algunos representantes de organismos internacionales de derechos humanos plantearon a los integrantes del PRI en el Legislativo que la conducta de Ulises Ruiz tenía tintes criminales.

Las presiones de su fracción en el Congreso de la Unión obligaron al gobernador de Oaxaca a designar un helicóptero para que Miguel Badillo y David Cilia Olmos ingresaran a La Sabana, en un “operativo” donde los seis elementos policacos se limitaron a seguir a Badillo y Cilia Olmos en su peregrinar por la sierra durante más de cinco horas.

En realidad, por parte del gobierno nunca hubo búsqueda de sobrevivientes. A su arribo a Juxtlahuaca, cuando recién escapó junto con Noé Bautista del control paramilitar, David Venegas narró a Contralínea que, cuando los elementos de la policía del estado supuestamente entraron a “buscar” a los sobrevivientes, únicamente trasladaron en grúas privadas los automóviles baleados, entre ellos el de Contralínea.

Cortesía de Hermes Quetzalcóatl

Sociedad civil nacional e internacional exige el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el ataque paramilitar en Oaxaca

en contra de la revista Contralínea: el acoso judicial, la persecución, amenazas de muerte, veto publicitario y discriminación informativa, acreditadas desde 2009 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que derivaron en la Recomendación 57/2009, emitida en septiembre pasado.

Los hechos más recientes le han valido ya el repudio internacional y extrañamientos de carácter diplomático.

El 30 de abril, desde su sede en Washington, la Relatoría para la Libertad de Expresión emitió un comunicado en que subraya que las autoridades deben investigar con celeridad lo ocurrido en San Juan Copala, en un afán de proteger “a las comunidades de la zona, cuyos derechos, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión, se encuentran amenazados por los grupos armados que originaron el ataque”.

La Relatoría Especial recuerda que el principio nueve de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

En Europa y en diversos países de América Latina, ha habido en los últimos días intensas manifestaciones de repudio a lo ocurrido en San Juan Copala, con la exigencia de que el gobierno esclarezca los hechos.

El pasado 3 de mayo, la Unión Europea (UE) condenó el ataque. Mediante un comunicado emitido por la embajada de EsCONTRALÍNEA

paña –país que actualmente tiene la presidencia de la UE–, llamó a las administraciones federal, estatal y municipal a “hacer todo lo posible para detener y castigar a los culpables”. Por ello, cita el comunicado, “la Unión Europea seguirá con atención la evolución de los acontecimientos”.

Meri Marjaana Mononen, coordinadora en México de la Unión Finlandesa por la Paz, sobreviviente de la agresión, se trasladó a San José de Costa Rica para denunciar el caso ante la sede regional de CIDH. Hasta la tarde del sábado 1 de mayo, la PGR atrajo la investigación de los hechos en contra de “quien o quienes resulten responsables de la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, en la indagatoria PGR/OAX/HL/I/102/2010, según lo informó en un comunicado de prensa.

En el ámbito diplomático, desde el momento de la agresión, diversas embajadas de países europeos prendieron sus focos rojos al tener conocimiento de que, en la caravana, viajaban observadores de Finlandia, Italia y Bélgica y, sobre todo, en las reacciones posteriores por parte del gobierno.

Pese a las formalidades de la diplomacia, las declaraciones de Ulises Ruiz sobre el tema azuzaron a varios diplomáticos. El sábado 1 de mayo, mientras que en París, Alemania y Argentina se realizaban movilizaciones de repudio frente a las embajadas de México, en la capital de Oaxaca, durante la inauguración del Parque Recreativo Infantil, el mandatario local pidió al gobierno federal expulsar a los extranjeros de Oaxaca. Calderón también enmudeció.

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ESPECIAL ?

Defensores sociales La emboscada paramilitar contra la caravana humanitaria –ocurrida en Juxtlahuaca, Oaxaca, el pasado 27 de abril– es el primer antecedente de un ataque de esta naturaleza en el mundo. El asesinato de los activistas Cariño Trujillo y Jiry Jaakkola se suma a las agresiones que sufren a diario los defensores de derechos humanos en México. La impunidad y el contexto de violencia e inseguridad favorecen esas embestidas, señalan organismos internacionales

Julio César Hernández

LAS VÍCTIMAS

Mayela Sánchez

L

os activistas Beatriz Alberta Cariño Trujillo y Jiry Antero Jaakkola fueron asesinados el pasado 27 de abril en una emboscada a la caravana humanitaria de paz que se dirigía a la comunidad autónoma de San Juan Copala, Oaxaca, para llevar víveres y documentar las 46

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CONTRALÍNEA

Julio César Hernández

El Estado es responsable de las agresiones en contra de los defensores de derechos humanos, sea por acción u omisión: Miguel Concha (izquierda)

violaciones a los derechos humanos que sufren sus habitantes.

El contingente fue atacado por un grupo armado que disparó contra los vehículos en que se transportaban activistas, observadores internacionales y periodistas. Nueve personas resultaron lesionadas, y la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y el activista finlandés sucumbieron a las balas.

El asesinato de Cariño Trujillo y Jaakkola se suma a los 11 homicidios de defensores sociales perpetrados en el país desde 2006, de acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de Amnistía Internacional (AI). Amén de los decesos, en los últimos cuatro años se han enlistado 128 agresiones y obstaculizaciones al trabajo de los defensores de derechos humanos, que van desde amenazas y detenciones arbitrarias hasta agresiones físicas en contra de los defensores o de sus familiares.

De acuerdo con el informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, de la OACNUDH, la mayoría de estos incidentes ha tenido lugar en Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero y Chiapas.

Con excepción del Distrito Federal, se traCONTRALÍNEA

ta de entidades con los más altos niveles de marginación del país, así como de exclusión social, represión y violencia, a decir del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

No obstante, la emboscada paramilitar del pasado 27 de abril sería el primer ataque a una caravana humanitaria en el ámbito nacional e internacional, pues recientes informes de AI, del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, y de la OACNUDH no documentan casos similares en ninguna parte del mundo en los últimos años, ni siquiera en paí-

La emboscada paramilitar del pasado 27 de abril sería el primer ataque a una caravana humanitaria en el ámbito nacional e internacional

ses con conflictos armados en el sureste asiático y la región de los Balcanes.

Estado, responsable de agresiones El informe Exigiendo justicia y dignidad.

Defensores y defensoras de los derechos humanos en México es contundente: “México es un país peligroso para defender los derechos humanos”. El documento de AI señala que aun cuando el Estado está obligado a responder por los ataques a defensores sociales, en ocasiones son las propias autoridades, en sus tres niveles, quienes presentan cargos falsos en su contra o los procesan indebidamente y suelen ser lentas en dar respuesta a sus denuncias y en investigar, “lo que agrava aún más los abusos”.

Para el doctor Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, el Estado es siempre responsable de estas agresiones, ya sea por acción u omisión.

En el caso de Oaxaca, el doctor en teología considera que la responsabilidad recae en el gobierno local por la protección que brinda a grupos paramilitares en la región.

El informe de la OACNUDH señala que durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz se han cometido 26 agresiones 9 D E M AYO D E 2 0 1 0

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Defensores sociales asesinados en México (2006-2010) Entidad Fecha Trabajo que realizaba donde fue asesinado

del homicidio

Opositor a las actividades de la Empresa Minera en Peña Colorada

Jalisco

Su cuerpo fue hallado el 11 de marzo de 2006

Santiago Rafael Cruz

Coordinador del Foro Laboral del Obrero Campesino

Nuevo León

Su cadáver fue encontrado el 9 de abril de 2007

Asesor de trabajadores agrícolas que se desplazaban a Estados Unidos

Aldo Zamora Gómez

Ecologista

Estado de México

15 de mayo de 2007

Denunciar, junto con su padre y su hermano, la tala clandestina de árboles en el bosque de San Juan Atzingo

Ricardo Murillo Monge

Fundador del Frente Cívico Sinaloense

Sinaloa

Su cuerpo fue encontrado el 6 de septiembre de 2007

Denunciar casos de tortura y otros abusos presuntamente cometidos por la policía y el Ejército en Sinaloa

Teresa Locutora de la estación Bautista de radio comunitaria La Voz que Merino Rompe el Silencio

Guerrero

7 de abril de 2008

Denunciar abusos cometidos por los caciques de la zona triqui en Oaxaca

Felícitas Locutora de la estación Martínez de radio comunitaria La Voz que Sánchez Rompe el Silencio

Guerrero

7 de abril de 2008

Denunciar abusos cometidos por los caciques de la zona triqui en Oaxaca

Guerrero

Secuestrado el 9 de febrero de 2008, su cuerpo fue encontrado al día siguiente

Denunciar la esterilización forzada de indígenas en la comunidad de El Camalote. Se presume que su hermana fue violada en 2001 por elementos del Ejército

Chihuahua

14 de marzo de 2008

Participante del movimiento nacional de productores y campesinos que solicitaban al gobierno federal la revisión del Tratado de Libre Comercio para América del Norte

Nombre

Cargo

Francisco Quiñones

Lorenzo Fernánde z Ortega

Miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa

Dirigente de la Armando Organización Villarreal Martha Agrodinámica Nacional

al momento de su muerte

---

Fernando Mayén

Abogado y vecino de San Luis Ayucán, Jilotzingo

Estado de México

12 de marzo de 2008

Defensor jurídico de los habitantes de Jilotzingo, opositores a un proyecto de relleno sanitario

Raúl Lucas Lucía

Presidente de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos

Guerrero

Secuestrado el 13 de febrero de 2009; hallado sin vida el 20 de febrero

Defensor de los pueblos indígenas me'phaa (tlapanecos) y na savi (mixtecos)

Manuel Ponce Rosas

Secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos

Guerrero

Secuestrado el 13 de febrero de 2009; hallado sin vida el 20 de febrero

Defensor de los pueblos indígenas me'phaa (tlapanecos) y na savi (mixtecos)

Beatriz Directora del Centro de Alberta Apoyo Comunitario Trabajando Unidos Cariño Trujillo

Oaxaca

27 de abril de 2010

Integrante de una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala

Jiry Activista, miembro de la Antero organización Uusi Tuuli Ry (Nueve Vientos) Jaakkola

Oaxaca

27 de abril de 2010

Integrante de una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala

Fuente: OACNUDH y Amnistía Internacional 48

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Velorio de la activista Beatríz Alberta

Cariño, una de las dos víctimas mortales de la emboscada del pasado 27 de abril

contra defensores y organizaciones sociales en Oaxaca, con lo que ocupa el primer lugar de los estados donde se perpetran ataques en contra de este sector. En ninguno de los casos ha habido consignados, no obstante que, conforme a los tratados internacionales en derechos humanos, el Estado debe rendir cuentas de los ataques cometidos contra defensores.

Entre las agresiones que la OACNUDH enlista, sobresale el de las indígenas triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, quienes desde la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio denunciaban los abusos cometidos por los caciques de la zona. Las locutoras fueron emboscadas y asesinadas cuando viajaban rumbo a Putla, Guerrero, en abril de 2008. A dos años de su muerte, las investigaciones no han arrojado datos que permitan identificar a un responsable.

Concha Malo apunta que el riesgo para los defensores de derechos humanos se CONTRALÍNEA

Miguel Dimayuga / Procesofoto

incrementa en entidades donde son vistos como “enemigos del Estado mexicano”, que suele ser donde hay interés de aprovechar los recursos naturales, donde hay planes de supuesto desarrollo, sin que se informe o se haga partícipe de los proyectos a la comunidad, o cuando hay pueblos que quieren ejercer su legítimo derecho a la autonomía y no se doblegan a los cacicazgos tradicionales.

Defensores en la indefensión Agnieska Racsynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), ve en el caso del ataque a la caravana humanitaria un mensaje de desdén hacia los defensores sociales.

“Nos están diciendo que no hay garantías al trabajo de solidaridad nacional e internacional y que no importa.

[La muerte de los activistas] es muy grave, pero más allá de una vida, está amenazada toda una comunidad, toda una organización, entonces todos nos sentimos afectados y desprotegidos”.

Cortesía de Prometeo Lucero

Solidaridad de organizaciones sociales

dos días de que la caravana humanitaria en la que viajaban 27 personas fuera emboscada camino al municipio autónomo de San Juan Copala, más de 30 organizaciones de derechos humanos se reunieron para reflexionar sobre el hecho. En ese contexto, se planteó el reto de hacer visible la añeja problemática de la comunidad triqui, “no por el dolor de la sangre, sino por la esperanza de un proceso de paz que urge impulsar”.

A

CONTRALÍNEA

El 30 de abril se dio un pronunciamiento a nombre de 36 agrupaciones y 21 personas en el que acusan al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz “por su negligencia e impunidad”, al no actuar ante la violencia histórica que vive la comunidad indígena triqui a manos de paramilitares.

En el documento también se denunció la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los defensores de organizaciones sociales y civiles, debido a la violencia política, la criminalización de su labor y la indiferencia del Estado para proteger su vida e integridad física.

El pronunciamiento se dio a conocer en una manifestación frente a las oficinas de la Representación del Gobierno del Estado de Oaxaca, en la que participaron cerca de 50 personas, entre ellas miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, y de Servicios y Asesoría para la Paz, AC, así como familiares de los dos reporteros de Contralínea, Érika Ramírez Pardo y David Cilia García, quienes hasta la noche del 29 de abril estaban desaparecidos.

El día anterior, en Huajuapan de León, Oaxaca, 13 agrupaciones, entre ellas el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hicieron un pronunciamiento similar en el que además acusan al gobierno estatal de no haber brindado las mínimas garantías de seguridad a la caravana y de haber actuado con lentitud ante el ataque. (MS) 9 D E M AYO D E 2 0 1 0

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En 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que quienes agreden a defensores sociales buscan producir un “efecto ejemplificador” que detenga o reduzca las denuncias de violaciones o motive el abandono de las organizaciones de derechos humanos en determinadas zonas.

Frente a este panorama de vulnerabilidad, los defensores han asumido las agresiones como una realidad implícita en su trabajo y no como situaciones extraordinarias que deben ser prevenidas y, cuando sea el caso, investigadas y sancionadas, lo cual resulta “preocupante”, a decir de la OACNUDH. El organismo señala que 92 por ciento de los defensores de derechos humanos ha sido objeto de alguna agresión.

Las amenazas suelen ser el mecanismo más recurrente, pero en muchos casos, los amagos son el preámbulo de una serie de agresiones que implican hostigamiento, campañas de desprestigio, detenciones arbitrarias, atentados, secuestros, desapariciones e incluso el asesinato del defensor.

En una reunión de organizaciones sociales realizada en la ciudad de México el 29 de abril, se reflexionó sobre las implicaciones de la emboscada en Oaxaca.

Para los defensores, y particularmente para las misiones de derechos humanos,

el ataque a la caravana estaría señalando los límites del discurso de los derechos humanos y la manera en que los defensores también son agraviados: el principio de solidaridad no tiene garantía.

Criminalización de la protesta Los informes de la OACNUDH, AI y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos coinciden en señalar que el incremento de la violencia y de la inseguridad en el país, así como la impunidad con que se cometen las agresiones son factores que vulneran el trabajo de los defensores de derechos humanos en México.

Pero consideran que los prejuicios y el desprestigio de su trabajo también son obstáculos que los defensores tienen que librar, entre los que son comunes señalamientos de que protegen delincuentes, obstaculizan la labor de la justicia, se oponen al desarrollo, lucran con su labor, no canalizan sus demandas por las vías institucionales, o que sólo protestan y no contribuyen a nada.

En febrero pasado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, dio a conocer el informe Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual, en el que advierte del patrón de desprestigio

y criminalización en contra de los defensores de derechos humanos que existe en México.

Señala que en este país no sólo no se reconoce la labor de defensores y organizaciones sociales, sino que “hay una tendencia a criminalizar su actividad”, al acusarlos de delitos que no cometieron para justificar su detención o para desacreditarlos ante la sociedad. Ello deriva en que los abusos contra los defensores queden impunes y la defensa y promoción de los derechos humanos sean castigadas. De esta forma, el gobierno también criminaliza a las comunidades o individuos que ante los abusos responden exigiendo sus derechos.

Agnieska Racsynska advierte que la defensa de los derechos humanos en México es una cuestión histórica en la que se ha tenido que reivindicar la imagen de los defensores para luego hacer que se reconozca el trabajo que realizan.

Agrega que ha habido un giro en la descalificación del defensor social, al pasar de un “defensor de delincuentes” a aquél que “no quiere que México mejore”.

Para la representante de la Red TDT, las amenazas a la defensa de los derechos fundamentales exhiben la ausencia de una democracia auténtica, a la que se suma la persistencia de la impunidad tanto en los casos de los defensores como en los asuntos que ellos protegen.

Contralínea presenta queja ante CNDH l pasado 3 de mayo, el equipo de Contralínea presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En ella, le solicita “realizar una investigación exhaustiva” sobre los hechos ocurridos durante la emboscada a la caravana de paz con destino al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, en la que participaban, en calidad de reporteros, Érika Ramírez y David Cilia, integrantes de esta publicación.

“Vamos a responsabilizar al gobierno de Ulises Ruiz, al presidente municipal, a Rufino Juárez, jefe de los paramilitares, y a quien resulte responsable de todo esto”, declaró Érika Ramírez a los medios de comunicación.

Ante funcionarios de la CNDH, Miguel Badillo, director del semanario, y Érika Ramírez evidenciaron la “inacción” de los gobiernos federal, estatal y municipal –de la que se derivan responsabilidades– durante todo el conflicto y, en particular, cuando se les pidió que coadyuvaran en la búsqueda de los dos periodistas, hasta entonces desaparecidos. Érika Ramírez solicitó a esta instancia medidas cautelares para ella y para su compañero David Cilia, pues, al huir del ataque armado, sus

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documentos e información de carácter personal [carteras, teléfonos celulares, computadoras portátiles] se quedaron en el automóvil en que viajaban. “No sabemos qué quieran hacer con esta información” [los integrantes del grupo paramilitar], comentó. Además, la solicitud de protección se extendió a los pobladores del municipio autónomo, quienes viven en constante asedio y violencia.

La reportera de Contralínea se refirió al estado de salud de Cilia, quien continúa hospitalizado, y ha sido intervenido en tres ocasiones, consecuencia de los balazos que recibió. “Estuvo a punto de perder la pierna”, denunció, pues los médicos del hospital de Juxtlahuaca no se percataron de la magnitud de la lesión: perdió el 30 por ciento del hueso.

Andrés Calero, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, y Gerardo Monfort, director general de la Quinta Visitaduría de esta Comisión, informaron a Contralínea que ya iniciaron el expediente y que están en la mejor disposición de “conocer y atender los pormenores del caso”. Por ahora, están “solicitando todos los elementos a la autoridad”. (Flor Goche) CONTRALÍNEA

DESARROLLA BUAP prototipo para purificar agua contaminada con plomo o mercurio

I

nvestigadores del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ICUAP) diseñan prototipo con tecnología solar capaz de purificar, al ciento por ciento, agua contaminada con plomo, mercurio y otros elementos, que permitirá atender el problema de contaminación del vital líquido, para consumo humano, que se registra en diversas regiones del país.

Griselda Corro Hernández, investigadora del Laboratorio de Catálisis y Energía del ICUAP, informó que este prototipo conformado por una parábola en tres dimensiones tiene como fin concentrar la radiación solar en un punto específico, de manera que cualquier elemento que se ubique en él, se calentará de manera impredecible.

“Se trata de un recipiente de acero inoxidable que contiene agua, que está acondicionado para destilarla y recuperarla con una pureza muy elevada, en corto tiempo. Este prototipo, “en cuestión de media hora, logró destilar 250 mililitros, con un sistema parabólico pequeño. Pensamos trabajar con un proto51

CONTRALÍNEA

tipo pequeño para ver si funcionaba y sí resultó”.

La investigadora explicó que luego de obtener agua destilada pura, se disolvieron sales de plomo y mercurio, en una cantidad concentrada para verificar el grado de pureza obtenida o eficiencia del destilador, “y estoy a punto de tomarme el agua destilada, porque el análisis reveló cero partes por millón de mercurio y del plomo de nuestro producto”.

El volumen, señaló, depende del tamaño de la parábola para una destilación rápida y abundante. Por otra parte, este prototipo es resultado de un trabajo de investigación no previsto, pues originalmente iba a ser utilizado para producción de biocombustibles, específicamente de biodiesel a partir del aceite, pero en la primera prueba con agua encontraron su funcionalidad.

Corro Hernández expuso que, con este desarrollo, se podrá atender a regiones donde el agua muestra proporciones de sales, como mercurio o plomo, capaces de provocar enfermedades, como sucede en la región de Acatlán, donde las

condiciones climáticas permitirían aprovechar el sol.

“Sería una forma de purificar el agua que consumen, pues hay regiones de nuestro país donde se registran elevados índices de contaminación con plomo o mercurio, como consecuencia de que tiramos las pilas a la basura y van a dar al agua de los ríos y lagos.”

La cantidad de agua destilada, especificó la investigadora del ICUAP, dependerá del tamaño de la parábola, del estado del tiempo y de la estación; por ejemplo, en esta estación donde hay mucho sol, el calentamiento es muy fuerte, y con 1 metro de radio y 2 metros de diámetro, la destilación sería mucha y muy rápida.

Finalmente expresó su interés de patentar este prototipo para poder atender necesidades sociales: “Vamos a proponerlo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Puebla, porque yo no quiero que se quede aquí en el laboratorio, lo mejor sería que existiera un prototipo o patente, para que se ocuparan de su industrialización y reparto”, concluyó.

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Paramilitares:

www.amnestyusa.org

ESPECIAL ?

ARMA

GUBERNAMENTAL

CONTRA LA SOCIEDAD Arma en la guerra de baja intensidad, el paramilitarismo actúa en México con impunidad total. Ahora, los grupos civiles armados dejan de ser clandestinos, como ocurrió en los años del terror con sus cofrades salvadoreños y colombianos, advierten informes de organizaciones no gubernamentales y de Naciones Unidas. Este actor político independiente “libera” al Estado de la responsabilidad en actos criminales orquestados por el gobierno contra disidentes, como el genocidio y el terror político Nydia Egremy

L

as brigadas asedian a caseríos y poblaciones rurales; sus elementos ocupan veredas y caminos para aterrorizar a los campesinos hasta obligarlos a vender sus tierras o huir de la zona. Desaparecen y aniquilan de modo selectivo a los pobladores de una región; sus escuadrones de la muerte siembran el terror en los barrios, al tiempo que asaltan albergues de 52

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migrantes y de adictos. Son los paramilitares que sirven al Estado.

Ese fenómeno es viejo en América Latina. En la década de 1960 se crearon pequeños grupos para realizar misiones específicas y después se organizaron tropas paramilitares para actuar en forma más prolongada, como el caso del Batallón Olimpia, que intervino en la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Eran militares vestidos de

civiles que realizaron una tarea específica de manera encubierta y clandestina.

Para Alfredo Jalife, geopolitólogo mexicano, los paramilitares son una creación de los gobiernos totalitarios que están en guerra. Explica que, de esta manera, “el Estado disfraza sus peores intenciones”, que ejecuta a través de estos cuerpos paramilitares que son exmilicianos o excriminales, o personas que sirven precisamente a los intereses aviesos.

CONTRALÍNEA

“Hacen cosas que no hacen los militares, como lo sucedido en Colombia, Argentina y Chile. Incluso Estados Unidos lo hace al privatizar el combate contra civiles en Irak y Afganistán a través de las fuerzas paramilitares de Blackwater”, agrega el investigador en temas internacionales.

La afirmación de Jalife Rahme se sostiene en el informe que presentó, el 1 de septiembre de 2007, el Comité de Reformas Gubernamentales y Supervisión Interior CONTRALÍNEA

del Congreso de Estados Unidos. Ahí se indica que la empresa de seguridad Blackwater, que opera en Irak, se ha visto envuelta en varios escándalos. Es “una organización fuera de control que permanece indiferente ante la muerte de civiles iraquíes”.

De acuerdo con el antropólogo y politólogo Gilberto López y Rivas, el rastro de un segundo grupo paramilitar en la historia contemporánea de México actuó en el mismo marco del conflicto estu-

diantil: Los Halcones. Este grupo fue entrenado por los militares. En ese contexto se integró la paramilitar Brigada Blanca, que por muchos años actuó con estructura de mando, es decir, con jerarquías militares involucradas, señala el intelectual.

Este grupo fue conocido por la opinión pública mexicana luego de que Amnistía Internacional (AI) señalara, en su informe de abril de 1977, que eran numerosas las denuncias de aprehensiones y subsecuentes 9 D E M AYO D E 2 0 1 0

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La solicitud de Rabasa n enero de 1972, el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Emilio O Rabasa, envió un telegrama al Departamento de Estado en el que confirmaba el “repetido interés personal” del presidente Luis Echeverría Álvarez en el programa de entrenamiento para elementos de la policía mexicana en Estados Unidos.

Bajo el encabezado “Confidential México 232”, el telegrama, emitido desde la embajada en México y dirigido a la Secretaría de Estado en Washington, DC, explica en el punto número 1 que el secretario de Estado Mc Bride “esperaría recibir al Coronel Díaz Escobar en Washington”, y más tarde concertar los arreglos de un programa satisfactorio para estos jóvenes mexicanos.

El punto 2 del telegrama indica que reportaría las opiniones de Rabasa y seguirá su contacto con él sobre el tema. El documento fue desclasificado el 9 de junio de 2002 y está firmado por Mc Bride. El marco de fondo de este mensaje se refiere al acercamiento del canciller mexicano Rabasa con Robert McBride, a quien presentó la solicitud del presidente Echeverría para que Washington emprendiera un programa de entrenamiento policiaco para un grupo de las fuerzas de seguridad mexicanas.

La visita de Rabasa a Washington fue seguida de otras, como la del subsecretario de Relaciones Exteriores, José S Gallastegui, y del coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa. A este militar es al que alude el telegrama de la embajada estadunidense en México, el 6 de enero de 1972. Según ese documento, Díaz Escobar dijo que los hombres estarían “particularmente ansiosos” de capacitarse en “control de multitudes, negociación con manifestaciones de estudiantes y reyertas”. También, les interesaba capacitarse en tácticas de defensa física y combate mano a mano.

De acuerdo con la embajada estadunidense en México, Díaz Escobar era un coronel del Ejército Mexicano que, entre otras cosas, “también está a cargo de un grupo de individuos conocidos como Los Halcones. Aclara el mensaje dirigido al secretario McBride que este grupo fue responsable de acabar con la ostensible marcha estudiantil (del 4 de noviembre de 1970) para celebrar la victoria electoral del presidente chileno Allende”.

Agrega que Los Halcones usaron varas de bambú en este esfuerzo “y fueron identificados por los estudiantes y descritos como personas violentas”. Señala que los miembros de esta organización son aproximadamente 2 mil. (NE)

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detenciones, practicadas por autoridades administrativas, policiacas o militares, “en violación a las garantías constitucionales”.

AI denunciaba: “Hay fuertes indicios de que agentes del poder público practican detenciones extralegales, que las víctimas y sus familiares asimilan, no injustificadamente a secuestros”.

Después del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, brotaron en Chiapas otros grupos de corte paramilitar. Advierte López y Rivas, expresidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que debe distinguirse a las guardias blancas de finqueros y terratenientes de los grupos paramilitares. En su opinión, la escuela chiapaneca de formación de paramilitares sigue la experiencia guatemalteca, en donde estos grupos se nutren de elementos de extracción indígena bajo la idea de que “la cuña debe ser del mismo palo”.

Recuerda que, siendo presidente de CONTRALÍNEA

www.colombiadrogas.wordpress.com

Estados Unidos también emplea paramilitares, pues en Irak y Afganistán contrata las fuerzas Black Water: Jalife-Rahme

la Cocopa, presentó una denuncia (cuya asesora legal fue la ya fallecida defensora de derechos humanos Digna Ochoa) sobre la existencia de grupos paramilitares en Chiapas. Afirma que, en una reunión de esa Comisión con el entonces procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, le informó que la Procuraduría tenía el registro de al menos 12 grupos que podían ser considerados paramilitares, aunque empleaban un eufemismo para calificarlos: “grupos de civiles presuntamente armados”.

Actualmente, señala el intelectual, grupos como el Ejército de Dios –que opera en Chiapas– es ejemplo de la modernización del paramilitarismo mexicano. Llama la atención al hecho de que, en 2008, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) denunció que realizaba combates en dos frentes: por CONTRALÍNEA

un lado, contra el ejército contrainsurgente, y por el otro, contra grupos de sicarios que el Ejército usa para ubicar a la guerrilla y ajusticiar a sus simpatizantes.

Para Gilberto López y Rivas, los paramilitares son empleados para incursiones militares en ciertos poblados. Su dicho se respalda con lo que el 24 de marzo de 2008 declararon Rodolfo y Ramón, milicianos del ERPI, al diario La Jornada, cuando afirmaron que “ya hay células de grupos paramilitares en Metlatónoc, Guerrero, y en otras zonas de La Montaña, o en Tierra Caliente, Costa Chica y Costa Grande”.

Origen oscuro e ilegal La existencia de mercenarios que realizan sus acciones en nombre del Estado no es nueva, pues se dio en la Edad Media.

Desde 1998 se pidió a la ONU actuar contra paramilitares l 3 de agosto de 1998, en Ginebra, Suiza, en la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió la delegación de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), integrada por Jean Barth, Erika Hennequin, vicepresidenta de los verdes de Suiza; Anne Plattner, de Suiza, Teresa Niubo, e Ignacio García de Catalunya (Estado español), con la comisionada Mary Robinson.

La entrevista duró 50 minutos. Ahí se presentaron las conclusiones y recomendaciones del informe de la CCIODH. Erika Hennequin, recién llegada de Chiapas, informó a la comisionada Robinson sobre la gravedad de los últimos acontecimientos en la zona del bosque chiapaneco y aseguró que “la intervención del Ejército y seguridad pública” desmanteló el municipio autónomo de San Juan de la Libertad.

Una de las partes del informe, decía: “No pecamos de exageración si afirmamos que la situación actual es peor que la que observamos en febrero de 2008. Puede consultar infinidad de informes con datos sobre la actividad de los grupos paramilitares, sobre la intervención de las fuerzas de seguridad en operativos sobre la población. La lentitud de justicia para clarificar los hechos de Acteal y la rapidez con que interviene, con todo lujo de irregularidades incluso denunciadas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre las comunidades en resistencia.”

El informe señalaba que el 10 de junio anterior, la intervención de las fuerzas armadas provocó la muerte de ocho campesinos y “la dramática situación de la población civil, en especial de las mujeres y los refugiados por causa de la guerra”.

Por ese escenario, la CCIODH sugirió la necesidad de que la Organización de las Naciones Unidas realizara un informe sobre la situación de los derechos humanos en la zona de conflicto. (NE)

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www.filipspagnoli.wordpress.com

Estado, instigador de particulares

ina Jilani, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, presentó, en abril de 2002, el Informe sobre la situación que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Colombia. Entre los principales temas que preocuparon a la delegación que ella encabezó, durante su visita a aquel país, entre el 23 y 30 de octubre de 2001, destaca que fue el centrarse en los asuntos por los cuales el Estado colombiano es “directamente responsable; vale decir, las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos o por particulares que actúan instigados por o con el consentimiento o la aquiescencia de las autoridades públicas”.

Agrega el informe que la representante especial no hace referencia a aquellos asuntos en los que los grupos armados al margen de la ley (grupos guerrilleros) se encuentran involucrados.

También, la preocupación se extiende al “ambiente de impunidad” que rodea las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Por tal razón, el informe describe que “el Estado es jurídicamente responsable”, tanto por los ataques perpetrados directamente por las fuerzas armadas colombianas, como por los perpetrados “por organizaciones paramilitares.

Describe que la representante especial “pudo observar que los grupos paramilitares son los principales responsables” de las violaciones a los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos. Por lo tanto, entre las recomendaciones que emite el informe de Jilani, destaca: “Combatir el paramilitarismo en forma eficiente y desmantelarlo de forma definitiva, mediante la detención, el procesamiento y la sanción de todo aquel que promueva, dirija, participe, apoye o financie este fenómeno”. (NE)

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Eran personas a sueldo que tenían la cobertura del príncipe en turno, como las compañías de lanceros (de unos 100 hombres) y que dio origen al término anglosajón freelance, señala Jalife Rahme.

En la actualidad, los mercenarios de la empresa multinacional Blackwater están desplegados en Irak y Afganistán, y, según cálculos que cita Jalife, constituyen una tercera parte de las fuerzas que libran combates en ambos países. “No existe una cifra confiable –explica el experto–, pues la dejan a propósito abierta o incierta, laxa”. Hace notar que, para engrosar las filas de mercenarios y paramilitares, el gobierno estadunidense contrató a los francotiradores que participaron en la guerra de los Balcanes.

“Ahora están contratando a cierto grupo y les pagan de 5 mil a 10 mil dólares al mes, lo que es una fortuna”.

Como muestra de la gran colusión entre el Estado y los paramilitares, existe la protección que gozan cuando se les acusa de sus crímenes. Exclama: “¡Nunca se les persigue, es muy raro cuando eso ocurre!

A veces se hacen juicios de tipo chivo expiatorio cuando se les pasa la mano”.

En su opinión, la práctica paramilitar se escenifica en tres escenarios: uno, en caso de guerra irregular, porque los soldados no pueden hacer abiertamente las acciones que se asignan a estos cuerpos; el otro, es cuando existe una gran situación de caos, pues eso permite al Estado “tomarse revanchas contra sus enemigos o rivales”, y el tercero, un escenario de paramilitarismo latente, como fuerza disuasiva.

Para esos tres escenarios, Jalife Rahme considera que se trata de mercenarios adoptados por el Estado, aunque no de forma directa, “porque obviamente eso atenta contra presupuestos y la transparencia de la democracia”. El paramilitarismo es el lado oscuro de los Estados fascistas.

En este momento, asegura el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, tal es el caso de algunos gobernadores, “incluso del mismo gobierno federal”, que sostiene a cuerpos ligados a las fuerzas policiacas.

Por su parte, López y Rivas refiere que para conocer la naturaleza del paramilita-

rismo es necesario observar que son grupos irregulares, clandestinos que actúan bajo una conexión –igual, irregular, ilegal y clandestina– con el gobierno, con el Estado. Generalmente están adscritos a la Sección Segunda del Estado Mayor, que es la inteligencia militar. Describe que el paramilitarismo “es una extensión de las fuerzas armadas por otras vías”.

Asegura que el paramilitarismo tiene sus raíces en las escuelas de contrainsurgencia que puso en activo el gobierno estadunidense después de su derrota en Vietnam y que se continúan en las llamadas guerras de cuarta generación, que recogen toda la experiencia de las fuerzas armadas del Pentágono en el mundo.

Bajo esa lógica, los paramilitares en México reciben entrenamiento, apoyo en armas y municiones, cobertura de inteligencia, de comunicaciones y todo lo que tiene que ver con su acción. En muchas ocasiones, son pagados directamente por esta inteligencia militar o de la Sección Segunda del Ejército.

En Colombia así operaron los grupos paramilitares: comenzaron como las Autodefensas Unidas de Colombia y ahora continúan las Águilas Negras. El informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que se presentó en agosto de 1998, ya citaba que la policía y el ejército colombianos eran acusados de complicidad por abstenerse de intervenir para prevenir o proteger a los civiles de las masacres y asesinatos cometidos por los paramilitares. “Esto contribuye a crear un ambiente de terror entre la población de Barrancabermeja y Urabá”, explicaba el informe.

En todos los casos, ya sea a través de ramificaciones ultrasecretas o abiertas, el paramilitarismo es un fenómeno de la represión del Estado “por otras vías”; es el ejercicio de la acción autoritaria y de la violencia extrema del Estado, particularmente contra grupos de disidencia, de resistencia o de carácter revolucionario, señala López y Rivas.

En México se sigue el esquema uribista, porque Álvaro Uribe, presidente de Colombia, ha sido el paladín de este tipo de planes o proyectos, llámese IniCONTRALÍNEA

Cortesía de Prometeo Lucero

ciativa Mérida o Plan Colombia o Alianza para la Seguridad y Prosperidad para América del Norte, indica el también profesor de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos Hace ver que los militares mexicanos recurren a la estrategia de enviar soldados de línea debidamente disfrazados a cometer asesinatos particularmente de jóvenes, que luego son acusados de delincuentes.

“Sea esto real o no, responde a la idea de la limpieza social”, explica el autor del estudio Autonomías, democracia o contrainsurgencia (2004).

Sostiene que esa “limpieza social se dio en Colombia cuando se elegía como víctimas del paramilitarismo a jóvenes de la ciudad o del campo, que por algún motivo disgustan a los aparatos de poder y son usados como cadáveres útiles por los soldados regulares o mercenarios que así cobran las recompensas. Pero también hay una “En México, la limpieza social que se da es através de los paramilitares”. En la imagen, una protesta en contra de esos grupos civiles armados limpieza social en el sentido de que en aquel país también se registra en la lista de los llamados falsos positivos (es decir, a los Se aterroriza a la población a partir de vida del finlandés Jiry Antero Jaakkola y de presuntos criminales) a los discapacitados la lucha contra el narcotráfico y, en reali- la mexicana Beatriz Alberta Cariño. o jóvenes con ideas democráticas”. dad, lo que se observa en este momento en “Estamos regresando a los gorilatos. La Incluso están haciendo limpias de pe- México es una guerra social: “Es una gue- juventud de ahora no tiene esa memoria. queños delincuentes; los que ya distribu- rra del poder contra las organizaciones de Oaxaca es un estado gorila y no hay que yen drogas y se les persigue bajo un criterio resistencia, contra una juventud que está perderlo de vista, la prensa europea es muy de mercado para normarlo, pues se prefie- siendo aniquilada en los campos de batalla importante porque tiene que venir con el re tener a un solo distribuidor en lugar de de esta guerra contra todo lo que se mue- gobierno federal y aquí tiene que dar luz”. muchos. ve; ahí el paramilitarismo tiene una funDescribe que en esa acción “les salió el Gilberto López y Rivas anticipa que, ción qué cumplir”. tiro por la culata; cometieron un error”, en México, ya empieza a haber esa limpiePara Jalife Rahme, el que los grupos pues son criminales no bien entrenados y za social “dentro de estos 22 mil 700 paramilitares que operan en los estados muchos de ellos no midieron el impacto y muertos que Felipe Calderón desprecia”, más pobres de México, como Oaxaca, ac- la presión internacional por sus acciones. porque, según las autoridades, se trata de túen de manera más visible y en una cir- Este analista de la escena internacional remuertes entre criminales. La mayoría, in- cunstancia previa a las elecciones “es muy frenda que “toda la escoria de la criminalisiste, es joven de entre 17 y 25 años, y que interesante, macabramente hablando”. dad se concentra en los paramilitares y su constituye o no un sicariato, pero muchos Se refiere a la emboscada que sufrió la objetivo único es cumplir en forma siniesse incorporan como objetivos a partir de caravana internacional de paz que intenta- tra los objetivos que no pueden hacer en las necesidades que tienen los militares y ba llevar ayuda humanitaria a la comuni- forma democrática los Estados. Por eso, los policías de justificar tanto sus salarios dad autónoma de San Juan Copala, en el creo que se debe ser muy severo en contra como sus acciones en contra del narcotrá- municipio de Juxtlahuaca, y que cobró la de ellos”. fico y del terrorismo.

Para el especialista, el paramilitarismo colombiano es una especie de espejo en el “Toda la escoria de la criminalidad se concentra en los que se reflejan el paramilitarismo guateparamilitares y su objetivo único es cumplir en forma malteco y mexicano. Cuando se observan en México esas demostraciones de cruelsiniestra los objetivos que no pueden hacer en forma dad infinita, como las decapitaciones, se democrática los Estados” deben definir como el “terror de Estado por otras vías”, como el terrorismo, señala.

CONTRALÍNEA

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LUIS DANIEL MÉNDEZ

un asesinato anunciado Las amenazas de un alcalde y sus hermanos, una decena de testigos, un fugitivo y el arma homicida constituyen las pruebas en torno al asesinato del periodista Luis Daniel Méndez Hernández, reportero de la fuente legislativa y política de radio La Poderosa, de Tuxpan, Veracruz, ocurrido el 24 de febrero de 2009. Otro crimen que, pese a las evidencias, tampoco está resuelto Ana Lilia Pérez, enviada

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uayacocotla, Veracruz. A esas horas, el salón estaba completamente lleno.

Era el baile principal, el del domingo de carnaval, donde lugareños y fuereños se reúnen para lucir sus mejores trajes: máscaras, capotes, penachos y toda la indumentaria concebida durante un año, justo para ese día, el más grande de Huayacocotla, cuando la pandilla de cada

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barrio se afana en destacar en la fiesta religiosa y carnestolendas más popular de la Huasteca.

Al ritmo de los acordes de la banda de viento, hombres, mujeres y niños cabrioleaban en el Club Social Barrio Los Pinos, un galerón de paredes pintadas de azul con blanco y verde tierno, y los logotipos de Corona, “la cerveza de México y el mundo”. En medio de la música, el alcalde Mario Jorge Pérez Martínez tomó el micrófono: “¡Luis

Daniel, ven, sube!”, conminó al joven que en medio del salón departía con sus amigos.

Animado, el muchacho, que cubría su rostro con una máscara de madera rojiza narigona –de viejo de carnaval– y sombrero con penacho, se abrió paso entre la multitud, subió al estrado y se plantó junto al alcalde. “¡Aquí tenemos a Luis Daniel Méndez, nuestro amigo de La Poderosa!... ¡Él es Luis Daniel Méndez!”, insistió antes de quitarle la máscara, levantar

el sombrero y dejar al descubierto el rostro sonriente, henchido de orgullo, el orgullo de ser un profesionista en un pueblo con mayoría indígena y analfabeta y trazarse un futuro promisorio en el periodismo y la política.

Aplausos y cumplidos; descendió y regresó con sus amigos.

En medio del jolgorio, recordó que le había prometido a Teresa que la llevaría a ella y al pequeño Jesús Daniel a la feria. Pasaban de las 10 de CONTRALÍNEA

Cortesía de la familia de Luis Daniel Méndez

MAYO 2010

Los detenidos Marcelo Hernández Escalante, Rogelio Hernández López e Israel Rodríguez Hernández fueron liberados el 25 de febrero de 2009 El 26 de febrero se ordenó mantener encarcelado a Pedro Mérida Rodríguez en el reclusorio de Huayacocotla, por el delito de encubrimiento por favorecimiento. El 4 de marzo se le dictó auto de formal prisión El 5 de marzo de 2009 se giró orden de aprehensión en contra de Alejandro Rodríguez Hernández, por homicidio doloso en contra de Luis Daniel Méndez, dentro de la causa penal número 6/2009. Hasta hoy, sigue prófugo El padre de Daniel al igual que Nicanor Badillo, su exjefe en La Poderosa, dudan que Rodríguez haya actuado por cuenta propia y sin ningún móvil aparente; sin embargo, explican, habrá que esperar a que la Procuraduría lo detenga para que esclarezca el móvil

la noche. A sus 16 meses de edad, el niño ya estaría dormido, ¡pero ultimadamente eran días de fiesta y había que trasnochar!

Desde su infancia fue asiduo participante de las fiestas del pueblo; aún en los años que vivió en la ciudad de El reportero Luis Daniel Méndez CONTRALÍNEA

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Puebla cursando la carrera de ciencia política en la Universidad Iberoamericana, cada febrero llegaba puntual para danzar con su pandilla. Ese último carnaval fue particular. Durante meses se esmeró en conseguir las telas para el atuendo que Teresa le diseñó: capote verde con blanco de terciopelo, sedas y lentejuela.

Según la versión de los amigos que lo acompañaban aquella noche, pasadas las 10 se despidió de ellos. Cruzó el salón camino a la salida; entre el gentío se topó con un

grupo de hombres que peleaban a golpes. Se abrió paso y siguió de filo.

A sus espaldas, el hombre levantó el brazo y apunto: el revolver Smith & Wesson Mágnum 357 soltó el primer disparo. Con la puerta delante de sus ojos, Luis Daniel sintió un dolor agudo en la espalda, el calor incesante y un ligero olor a chamuscado de su propia carne. Se le avisparon los sentidos, apretó el paso y alcanzó el portón de herrería color verde del salón.

Apenas cruzó el umbral,

La esposa “Me llamo Teresa Benítez Escalante. Esa mañana, como a las 11, Luis Daniel salió con sus amigos Gilberto, Rafael y Gaspar. Todos iban disfrazados. Luis Daniel, con una capa de color blanco con bordados en color verde de lentejuela y penacho en el mismo color.

Como a la media hora, regresó con la pandilla de la Cinco de Mayo; bailaron tres o cuatro piezas en nuestro domicilio y luego se fueron.

A las 15 horas llegó con la pandilla de Potrero Seco, bailaron y él les obsequió 500 pesos.

“Entramos a la casa, estábamos todos menos mi cuñada Linda Mariana, que se quedó en un ensayo porque esa tarde iba a bailar huapango. Luis Daniel nos comentó que estaba muy feliz porque le habían halagado su traje, que desde el momento en que entró a bailar lo mandaron traer al foro y que el presidente municipal Mario Jorge le dijo que estaba muy bonita su capa; le preguntó que quién se le había diseñado y él le dijo que yo.

“Se fue otra vez y regresó. Como a las 17:30 se quitó su capote porque no quería que se lo maltrataran, pues el día estaba lluvioso.

Se vistió con camisa y pantalón caqui y una máscara de madera roja, narizona, y se puso un sombrero. Le dio un beso a su hijo y a mí, y nos dijo que pronto regresaba para llevarnos a la feria.

“Mi suegra se fue a ver bailar a mi cuñada. Regresaron a las nueve de la noche, ella se puso a lavar los trastes y yo a arreglarle las uñas a mi cuñada. Eran casi la 11 cuando escuchamos los gritos de Francisco, al que le apodan el Listo, llamando a mi suegra.

Le dije que no saliera, pero luego gritó más fuerte. Corrimos a la puerta. Nos dijo que a mi esposo le habían disparado. Agarré a mi suegra de la mano y nos fuimos corriendo hacia el salón donde era el baile.

“Afuera del salón estaban sus amigos. Les pregunté que qué había pasado y dijeron que afuera estaban peleándose unos individuos, que mi esposo nada tenía que ver con la bronca, pero que cuando salió le dispararon.

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¡pum!, otro impacto que le abrió el lóbulo de la oreja izquierda, le desgarró la región molar y le estalló en el ojo derecho. ¡Pum!, un impacto más en el hombro derecho que le desgarró el omóplato.

Y luego otro que le perforó el riñón izquierdo. Cayó de bruces sobre el piso sin asfaltar de la calle Niño Perdido.

Una de las balas que tenía como destino el cuerpo de Luis Daniel, se desvió rozando en su camino la cabeza de Fernando Felipe Fernández –un niño de 14 años que, al

amparo de la noche, justo en esos momentos orinaba afuera del salón–, para terminar impactándose en la pared de la miscelánea Jessy.

Luis Daniel quedó tendido boca abajo. Domingo Felipe Tolentino, uno de los parroquianos, se agachó y tomó la cabeza entre sus manos, le limpió el rostro que sangraba profusamente. Minutos antes de que el hombre le disparara, a su paso entre la muchedumbre, Luis Daniel fue desenmascarado, de manera que el gatillero sabía

“Si hubiese sido una bala perdida, únicamente una le hubiera dado, pero fueron cuatro balazos los que le dieron por la espalda; además mi esposo andaba disfrazado, pero cuando lo mataron, estaba sin máscara; por ello es que pienso que la persona que lo hizo fue con la intensión de matarlo, porque además mi esposo recibió amenazas de muerte, una por el señor Martín Monroy, en el cual mi esposo vino a solicitarle ayuda al presidente y él se negó a dársela y hasta lo insultó: le dijo que cómo un escuincle se ponía con los perros más grandes; que le fuera bajando o que si no le podía pasar algo peor.

“Otra amenaza fue de Armando Pérez Martínez, hermano del presidente municipal, fue en junio del año 2008 cuando andaba en lo de las campañas. Mi esposo estaba conmigo en la papelería que teníamos frente a la escuela preparatoria, cuando llegaron dos o tres hermanos del alcalde; le hablaron y en la esquina le empezaron a reclamar lo que hablaba en el radio. Como mi esposo era reportero de La Poderosa, él daba reportes diarios desde el Congreso del Estado y ellos pensaban que todas las cosas que informaba eran sobre ellos. Se lo tomaron personal.

“Mi esposo les contestó que si les quedaba el saco, que se lo pusieran, pero que analizaran bien las cosas y se fijaran bien en lo que grababa. Armando le dijo que se andaba buscando problemas ajenos y que la verdad estaba muy cría para andar en la grilla; que cómo se ponía con los perros grandes, que no los conocía como eran, le dijo que se anduviera con cuidado que porque ellos sabían a qué hora viajaba, cuándo y dónde, que algo le podía ocurrir. Discutieron durante casi una hora.

Luego le dijeron que ya estaba informado de lo que le podía pasar y se fueron.

“Escuché todo claramente porque ellos le hablaban en voz alta a mi esposo. '¿Cómo vez hija?', me dijo, y yo le contesté que tuviera más cuidado. Él se puso triste y me dijo que sí, que iba a cuidarse.”(ALP)

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La madre

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“Mi hijo no tenía problemas con los vecinos de la colonia, pero en la época de campaña para presidente municipal de Mario Jorge Pérez, aproximadamente en el año 2007, me enteré que tuvo problemas con él, con su hermano el señor Armando Pérez y con el señor Martín Monroy Cuenca, el expresidente municipal, ya que mi hijo trabajaba en La Poderosa y, por los comentarios que hacía, pensaban que esos comentarios eran contra ellos. Mi hijo me comentó que el señor Martín lo pendejeó y lo amenazó; que se anduviera con cuidado porque podría ocurrirle algo.

“Aquel domingo 22 de febrero vi a mi hijo a las tres de la tar-

El Listo “Me llamo Francisco Javier Reyes Fuentes, pero nadie me dice por mi nombre, todos me llaman el Listo. Escuché los disparos y vi cuando Luis Daniel cayó al suelo. Me acerqué y vi que tenía los balazos en la espalda. Estaba ensangrentado pero respirando. El señor Sergio me dijo que no lo levantara, que esperáramos a que llegara la ambulancia. Me fui corriendo a la casa del profesor Mariano; hablé con su esposa Herlinda, le dije que su hijo estaba tendido en el piso.”

de; estaba en el patio de mi casa bailando con la pandilla de viejos de carnaval de la comunidad Potrero Seco. Le pregunté que si les daría de comer; me dijo que él no se había comprometido. Estaba muy contento porque todos le alababan su capote. Media hora después, salió de la casa. Dijo a dónde iba, pero como yo estaba haciendo la comida, no le puse mucha atención.

“Eran entre 10 y media y 11 de la noche. Yo estaba con mi nuera Teresa y mi hija Linda, cuando un muchachito llamado Francisco, del que no recuerdo sus apellidos pero sé que le dicen el Listo, llegó gritando '¡maestra, maestra, a su hijo Luis le dieron de balazos, yo no sé si esté muerto o no!”.(ALP)

perfectamente a quién masacró por la espalda.

No hubo ambulancia.

Otro parroquiano, a quien en Huayacocotla todos conocen como el Ñunga, lo subió a su camioneta y lo llevó al Hospital General de Salubridad, en la calle Deportivo Lázaro Cárdenas; lo ingresaron al área de urgencias.

Pese a la emoción cotidiana que le provocaban aquellas fiestas, los últimos días Luis Daniel dudó en viajar a Huayacocotla. Su jefe Nicanor Badillo, exdirector de noticieros en La Poderosa, dice que a los dos les parecía extraña la insistencia del alcalde Mario Jorge Pérez para que ellos dos estuvieran en el baile de aquel domingo.

“Durante varios meses, estuvo insistiendo, y hasta nos llamaba al noticiero y al aire hacía pública la invitación.

Yo le prometí que también iría, porque ya hasta parecía desesperado, pero a la mera hora le dije a Luis Daniel que me quedaba en Tuxpan; así que de algo estoy seguro, si el alcalde tuvo algo que ver en ese crimen, también pensaban matarme a mí”.

El canto de la cigarra Entre la espesura de la sierra,

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incesantes, las cigarras entonaban su chirrido copular. A las cero horas con 30 minutos, del lunes 23 de febrero, el perito médico José Roberto Fernández Leyva y la agente del Ministerio Público Angélica Jiménez San Martín se apersonaron en el cuarterón que comprende el área de “urgencias” del hospital rural para certificar que el bulto que yacía sobre una camilla cubierto con una sábana blanca era el cuerpo de quien en vida llevó el nombre de Luis Daniel Méndez Hernández.

Estaba en posición de cubito dorsal con la cabeza orientada al noreste y los pies al sureste, los brazos paralelos al cuerpo.

Vestía pantalón de gabardina color caqui, el cual quedó cubierto con múltiples manchas hemáticas, boxer de algodón azul marino con rayas delgadas blancas y rojas, calcetines de algodón de color café oscuro, zapatos de media bota color negro Flexi número 25; desnudo del tórax y abdomen (blanco de los impactos); de complexión robusta, tez blanca, cabello lacio y negro, frente amplia, cara redonda; 24 años de edad, de profesión periodista.

El dictamen forense indica que murió a las 23:30 horas 9 D E M AYO D E 2 0 1 0

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Fernando, daño colateral “Fui al baile con mi hermano Juan Carlos. Llegamos a las ocho de la noche. El ambiente era bueno, había muchos hombres disfrazados. Después de bailar unas horas, entré al baño, estaba muy sucio, así que mejor fui a orinar afuera. Sentí como que algo me pasó por la cabeza y escuché cinco balazos y a la gente que comenzó a gritar y chillar. Como no me dolía, me metí a seguir bailando con una chamaca que se llama Heydi de la Cruz González. Me tocó la cabeza y me dijo que me estaba saliendo sangre, luego corrió a avisar-

le a mi tía Guadalupe Islas, quien se encontraba vendiendo gorditas en el patio.

“Mi tía María Pérez y mi tío Domingo Felipe me sacaron del salón. Afuera vi al muchacho que habían balaceado; estaba tirado boca abajo hacia la calle Niño Perdido. Tenía varios huecos en la espalda y le estaba saliendo sangre. Mi tío Domingo se agachó, le agarró la cabeza entre las manos y le limpió la cara, todavía estaba vivo; luego un señor al que le apodan Ñunga lo llevó al hospital. Mi tía Guadalupe le fue a avisar a mi mamá.”(ALP)

Un dolor indescriptible David Cilia

por shock hipovolémico secundario a heridas penetrantes de tórax y abdomen por arma de fuego. Trece heridas externas e internas provocadas por el plomo incrustado en sus 166 centímetros de estatura; quemados los pulmones, perforados los intestinos.

A las seis de la mañana, Herlinda Hernández Hernández, maestra de ciencias naturales en la primaria y telesecundaria de Huaya, se presentó ante la Agencia del Ministerio Público a exigir que se indagaran las amenazas de muerte que Luis Daniel recibió y que se castigara a sus asesinos. Ahogado el llanto, la maestra rural, que junto con su esposo Mariano, también docente, sacrificó media vida para sufragar la educación del primogénito, pidió “que se me haga la entrega formal del cadáver de mi hijo para velarlo y hacer los trámites para su inhumación, porque será inhumado y enterrado en el panteón municipal”.

Pero la historia del crimen de Luis Daniel quizá deba comenzar a contarse desde la tarde del viernes 20 de febrero de 2009, cuando llegó a Huaya con su esposa e hijo desde Veracruz, donde radicaba desde hacía poco más de dos años, cuando ingresó como encargado del área de prensa de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, labor que combinaba con su actividad como reportero. O quizá comience en 2007, cuando el alcalde Martín Monroy y su sucesor Mario Jorge Pérez le advirtieron que lo matarían “por ponerse con los perros grandes”, y una vez en fun-

ace un año que Mariano Méndez vive muerto en vida. La ley de la vida le jugó una jugarreta: murió el hijo antes que el padre. El vacío de su ausencia, dice don Mariano, “es indescriptible”.

Los ojos se le humedecen, la voz se le quiebra. “Definitivamente no puedo explicarlo porque aún no lo creo”, señala frente a la mesa del pequeño restaurantito donde el profesor se reúne con Contralínea para compartir las numerosas dudas en torno al asesinato de su hijo.

“Este dolor no se lo deseo a nadie. La ley de la vida es que muera el padre, no el hijo, pero lo peor es vivir con la incertidumbre del móvil de su muerte, así que, aunque detuvieran al que le disparó y no se aclara, su muerte seguirá impune y seguirá viva la indignación, el coraje, la reclamación.” (ALP)

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Cortesía de la familia de Luis Daniel Méndez

El reportero fue acribillado el 22 de febrero de 2009 en una fiesta de carnaval. En la imagen, Luis Daniel Méndez junto a sus copañeros de trabajo

El encubridor Pedro Mérida Rodríguez, 32 años de edad, de oficio albañil, avecindado en el Barrio El Ocotal, Huayacocotla.

“Pasaban de la 11 de la noche, estaba durmiendo con mi esposa Dominga Minerva Cruz Mérida cuando escuchamos que alguien corría afuera de la casa y luego, unos fuertes toquidos en la puerta: —¿Quién? -pregunté.

—Sal, quiero hablar contigo -era mi primo Alejandro. Abrí la puerta y vi que traía una pistola y una bolsa de plástico de color transparente. Me dijo que le diera permiso de esconderse porque había echo un desmadre.

Estaba nervioso y en estado de ebriedad. Yo le dije que no porque allí tenía a mis hijos, que mejor se quedara en la casa de mi cuñada Alejandra Cruz Mérida, que estaba sola, allí mismo en esa calle. Lo llevé y le dejé las llaves. Yo no sabía lo que había hecho. Al día siguiente me fui a su casa y le pedí a su esposa Gregoria el lonche. Cuando se lo llevé Alejandro me contó

y me dijo que se iba a ir a casa de su abuela Matilde en el rancho La Mesa. Yo le pedí la llave. Se me hizo fácil ayudarlo, no di parte a las autoridades porque es mi familiar. Daniel era mi amigo porque jugábamos y nos disfrazábamos juntos.

Pedro Mérida dice que la noche en que su primo Alejandro llegó a pedirle que lo escondiera, no sabía que había matado a Luis Daniel, sin embargo, la versión de su esposa Dominga Minerva indica lo contrario. Ante el Ministerio Público ésta declaró que esa noche, después de que Alejandro tocó a su puerta, ella le preguntó que qué había pasado: “Mató a Daniel”, le respondió Pedro. La mujer también dijo que escuchó que Alejandro bajaba unos escalones y quitaba la lámina de zinc que cubre el pozo de su casa y que aventó algo. “Suponía” que era el arma.

Ratificó que, en efecto, Daniel era amigo de su esposo, y que al día siguiente, Pedro fue “a pedirle el lonche de Alejandro” a su esposa Gregoria.(ALP)

ciones, tanto Pérez como sus hermanos le refrendaron tales amenazas.

Aunque las autoridades locales consideran que este caso es cosa juzgada, la familia piensa lo contrario. Mariano Méndez Corona, padre de Luis Daniel, explica a Contralínea que en tanto no se detenga al autor material y se aclare el móvil, él seguirá demandando justicia. La voz de familiares, amigos y testigos del crimen permite vislumbrar de forma más nítida lo que ocurrió la noche del 22 de febrero, cuando el reportero de La Poderosa fue acribillado en una fiesta de carnaval.

El ejecutor Alejandro Rodríguez Her-

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María del Carmen Fernández “Ese domingo, como a las 11:45 de la noche, llegó a mi casa –en el Barrio El Ocotal– mi prima Guadalupe Islas para decirme que a Fernando, el menor de mis hijos, le habían pegado un tiro en la cabeza en el baile del salón Los Pinos. Yo sí conocía al muchacho que mataron porque hace unos años trabajé con su mamá, la maestra Herlinda. Dicen que le dispararon y todavía salió a la calle caminando, que cayó boca abajo y después se murió.”

nández nació el 11 de agosto de 1975. Ahora tiene 35 años de edad. Es de complexión mediana, moreno, cabello negro, lacio, cejas finas rectas, nariz mediana puntiaguda, boca regular. Usa bigote delgado y, ocasionalmente, barba cerrada. Al igual que sus hermanos, se dedica a la albañilería. El día en que asesinó al periodista Luis Daniel Méndez, vestía chamarra negra con letras verdes, pantalón café y camisa clara, calzaba botas negras.

Para la Procuraduría General de Justicia del Estado

de Veracruz y para la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, el asesinato del periodista Luis Daniel Méndez está oficialmente resuelto, pero Alejandro Rodríguez, el autor material, no ha sido detenido, y la Procuraduría nunca indagó las amenazas de los ediles contra el periodista, según pudo comprobar Contralínea al tener acceso al expediente del caso.

Las llamadas telefónicas, mensajes vía correo electrónico, anónimos o amenazas directas son algunas de las vías mediante las

Los inculpados os disparos condujeron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado hasta el salón Los Pinos.

Luis Daniel aún yacía sobre el suelo cuando la gente comenzó a dispersarse: unos, despavoridos evitando ser blanco de una agresión, otros, para evitar conflictos.

L

A unas calles, 25 minutos antes de la medianoche, la unidad número 1016 de la SSP detuvo a Rogelio Hernández López, Israel Rodríguez Hernández, Marcelo Hernández Escalante y Agustín Rodríguez López, por la responsabilidad “que resulte” en el asesinato de Luis Daniel Méndez, dentro de la indagatoria HUAY-19/2009-02. Permanecieron en los separos de la agencia del Ministerio Público durante las siguientes 48 horas y después, liberados, cuando cada uno identificó al agresor y sus versiones coincidieron: Rogelio Hernández López, 47 años de edad, originario de Tenatitlán, Huayacocotla, avecindado en San Miguel Topilejo, delegación Tlalpan, México Distrito Federal, de ocupación policía auxiliar segundo del Distrito Federal.

“Tenía unos 14 o 15 años que no venía a Huaya, y vine con mi esposa Cipriana y con mis hijas Mariana y Sandra y mis nietos Sofía

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y Marcial, porque mi comadre Gregoria Granada nos invitó a la fiesta del pueblo. Llegamos el viernes, en su casa estaba ella, su esposo Alejandro Rodríguez Hernández y sus hermanos Agustín e Israel.

“El domingo, por gusto de todos, nos fuimos al baile en el salón. Había música de banda de viento que venía de la comunidad Potrero Seco. Agustín e Israel compraron dos cartones de cerveza y comenzaron a tomar, yo no porque estoy enfermo de diabetes. Pasadas las 10, salí al patio a comprar unas gorditas. Mi comadre Gregoria salió corriendo a decirme que entrara al salón, porque a su marido Alejandro lo estaban golpeando y que ella iba a buscar una patrulla.

“Alejandro sacó su pistola del lado derecho de la cintura y realizó cuatro disparos hacia la multitud que venía correteándolo, y los disparos le pegaron a un muchacho que andaba disfrazado de viejo de carnaval, pero no traía máscara; yo presencié cuando mi compadre Alejandro le dio los balazos. El muchacho se fue de frente, cayendo al suelo boca abajo. “¡Agárrenlo!, comenzaron a gritar; pero mi compadre Alejandro se fue corriendo por la calle en dirección al monte y no lo pudieron agarrar. Me fui con mi familia rumbo a la casa de mi comadre Gregoria; seguidamente me di cuenta que detrás de nosotros iba ca-

minado mi primo Marcelo junto con su familia. Antes de llegar a la casa, nos encontraron dos patrullas y nos dijeron que estábamos detenidos; subimos a la patrulla sin oponer resistencia. Cuando llegamos a la comandancia, ya tenían a Israel, el hermano de Alejandro.”

Israel Rodríguez Hernández, 21 años de edad, de oficio albañil, originario de Huayacocotla y avecindado en la Colonia La Xochiaca, municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

“Llegué al salón de baile con mi primo Jesús Lira. Allí me encontré a mi hermano Agustín y a mi tío Marcelo. Comencé a tomar unas cervezas. Luego vi a mi hermano Alejandro y mi cuñada Gregoria. Comencé a bailar con una chava y un muchacho me echó bronca, pero no pasó a mayores. Pasadas las 10, comenzó el pleito con ese chavo. Yo y Agustín le dijimos a los chavos que nos quería pegar, que no queríamos broncas. Nos dispersamos pero nos dimos cuenta de que varios le estaban pegando a Alejandro. Yo comencé a correr pero me caí porque andaba medio tomado y al momento en que me caía me comenzaron a golpear.

“Vi que mi hermano sacó una pistola y

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cuales algunos periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido intimidados previo a sufrir una agresión, a ser levantados o asesinados. En la lógica, las autoridades ministeriales debían considerarlas como parte de la indagatoria, aunque por absurdo que parezca, en su mayoría no es así; el de Luis Daniel Méndez es uno de estos casos.

El 25 de febrero, la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas emitió un comunicado en el

Gregoria Granada Pérez “El lunes, a las ocho y media de la mañana, llegó a mi casa Pedro Mérida. Me dijo que si podía calentarle algo de comida, que él se la iba a llevar a mi esposo Alejandro, porque estaba escondido en una de las casas del Ocotal. Que la comida se la mandara a su casa con mi hija Yesica, una de las más chicas: tiene 13 años. Le mandé arroz, tortillas, algunas carnitas y café.

“Mi esposo y yo vivíamos temporadas en Chimalhuacán y temporadas acá. Esa vez lle-

comenzó a disparar. Yo estaba muy golpeado.

Una señora me dio papel de baño para que me limpiara la sangre que tenía en la cara.

Aunque mi hermano fue el que mató al muchacho a balazos, llegó la policía y me subieron a la camioneta. Ya llevaban a mis tíos Rogelio y Marcelo.”

Marcelo Hernández Escalante, 52 años de edad, de oficio albañil, originario de Huayacocotla y avecindado en la colonia La Xochiaca, municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

“Llegamos desde el viernes; dos días antes del baile. Mi primo Rogelio y yo con nuestras familias rentamos una casa para dormir. Está un poco más arriba de la casa de mi sobrino Alejandro, quien llegó a Huaya un día antes con su mujer Gregoria, porque sus hijos tenían el compromiso de danzar.

“Ese domingo, dimos de almorzar a la gente del carnaval y a las ocho de la noche nos fuimos al baile mi mujer María Concepción, mi primo Rogelio, su esposa Cipriana con sus hijas y sus nietecitos. Estábamos con unos amigos de Potrero Seco y luego me fui con mis sobrinos Alejandro, Israel y Agustín, quienes me invitaron unas cervezas; luego me separé de ellos y me puse a bailar con mi esposa.

“Unos individuos se pusieron a pelear. Mi

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esposa me dijo que me asomara si no estaba nuestro hijo José Eduardo; me asomé y me pegaron en la nariz. Le dije a mi esposa que nos fuéramos. Bajamos por Niño Perdido y escuchamos varios disparos. En el camino nos encontramos a mi primo Rogelio y su familia; luego llegaron dos patrullas y nos detuvieron a los dos. Estando en la cárcel, me enteré que mataron a un muchacho. Yo no tuve nada que ver; yo ni lo conocía porque vivo en el Estado de México. No sé si mi sobrino Alejandro tenga pistola porque él y sus hermanos viven aparte.

También detuvieron a Israel y Agustín”.

Agustín Rodríguez Hernández, 26 años de edad, empleado de la Central de Abastos de Iztapalapa, avecindado en la colonia Alfredo del Mazo, municipio de Chalco, Estado de México.

“Cuando llegamos al salón de baile, mi hermano Israel ya andaba ebrio, pero todos nosotros estábamos bien. Estábamos tomando pero como que cada quien andaba bailando por su lado. De repente, vimos que Israel empezó a insultar a otro muchacho; lo jalamos y le dijimos que se calmara, pero después de un rato volvieron a golpearse y otra vez los separamos.

“Mi hermano Alejandro y yo sacamos a Israel del salón. Cuando íbamos para afuera del salón, el chavo con el que se había insultado Is-

gamos el viernes a las 11 de la mañana a bordo de su camioneta verde (una Ford pickup tubular), porque yo tenía el compromiso de darle de desayunar a los niños danzantes el sábado 21 de febrero en mi casa, en la calle Topacio.

“Alejandro tenía la pistola desde hacía dos meses. No sé donde la compró o quién se la dio, porque nunca me comenta sus cosas. La traía desde el Estado de México en una mochila color negro. Ese domingo que fuimos al baile, también fue Edith, mi hija, la mayor”. (ALP)

rael ya estaba afuera como a medio patio, esperándolo. Formaron como una hilera de chavos que nos rodearon y comenzaron a golpear a Israel; unos estaban enmascarados. A mi me jalaron de la camisa, me empinaron, me desgarraron la camisa y me rasguñaron la nariz.

“Con los golpes y empujones, nos sacaron a la calle. Cuando vio mi hermano Alejandro que se nos venía el montón de gente, corrió hacia la calle Niño Perdido, pero por la parte de abajo, y el muchacho que murió lo iba correteando. Alejandro se dio la vuelta y le disparó como cuatro o cinco ocasiones. El muchacho cayó en la calle y mi hermano Alejandro se dio a la fuga. Pensé que nada más lo había lesionado; no pensé que lo había matado. De allí me siguieron varias personas que me estaban golpeando, me arrinconé a la pared y me rodearon, me seguían golpeando hasta que dije 'ya estuvo'.

“Me di cuenta que el chavo seguía tirado.

Me fui a casa de mi cuñada Gregoria, le dije que Alejandro había matado a balazos un muchacho afuera del salón. Allí fue llegando la familia, pero Alejandro no, se fue a dormir a una casa que le prestaron y nosotros también nos dormimos. En la mañana llegó mi primo Pedro Mérida Rodríguez y le dijo a mi cuñada que le hicieran el lonche a Alejandro para que se lo pudiera llevar. Pedro fue quien lo anduvo poniendo al tanto de la situación.”

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Destaca también que las diferencias entre los ediles de Huayacocotla derivaron de las aspiraciones políticas de Luis Daniel Méndez, quien a pesar de su corta edad, tenía mucha aceptación entre el pueblo para convertirse en alcalde. “En este proceso electoral, él sería el candidato, y seguro ganaría porque tenía el apoyo de muchísima gente y grupos políticos”, agrega Badillo.

El comunicador apunta un detalle: “Cuando la policía hacía las primeras investigaciones, el alcalde dijo que él sabía dónde estaba el arma, y él mismo prestó su bomba para que ésta fuera extraída del pozo. Nadie lo cuestionó”.

El asesinato de Luis Daniel Méndez colocó a Veracruz como un foco rojo para la libertad de expresión, a ojos de las organizaciones Artículo XIX y del Centro de Comunicación Social, que para esa fecha había registrado el creciente número de agresiones a periodistas y medios de comunicación en esta entidad.

“Fui al baile con mi esposo Javier Ángeles García, también fue mi mamá Gregoria y su marido Alejandro; él empezó a tomar cerveza desde que llegaron al salón. Yo estaba cansada y le dije a mi esposo que nos fuéramos. Eran como las 9:40. Mi mamá me despertó como a las 11; me dijo que la acompañara a buscar una patrulla porque, en el baile, su cuñado Israel se había peleado y que su esposo se metió a defenderlo; que cuando venía para acá, escuchó unos disparos.

“No me atrevía a decir nada respecto a la muerte del joven Daniel porque Alejandro le pega muy seguido a mi mamá Gregoria, y por miedo a que me vaya a hacer algún daño a mi o a mi mamá, por eso me callé, porque tengo mucho miedo de Alejandro, porque es una persona muy violenta. Cuando vivía con mi mamá, le pegaba mucho.”

Julio César Hernández

cual asegura que “ha sido debidamente aclarado el homicidio del periodista Méndez Hernández”, y que “esta agresión es ajena a una acción en contra del libre ejercicio del periodismo”.

Sin embargo, en la indagatoria judicial ni siquiera se citó a declarar al alcalde o sus hermanos, identificados como responsables directos de las amenazas públicas contra el periodista. Tampoco se indagó el origen del arma homicida y nunca se tuvo la declaración del autor material.

El comunicador Nicanor Badillo descarta que la muerte de Luis Daniel se haya tratado “de un pleito de borrachos”, versión oficial de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz y de la Comisión Estatal que encabeza Gerardo Perdomo. “Para mí, es un asunto político que el culpable aún no ha sido detenido para que se le interrogue y diga quién le dio el arma o quién lo mandó matar a Luis Daniel”, explica en entrevista.

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A la derecha, el presidente municipal Mario Jorge Pérez

Edith Pelicastre Granada

Aumentan las agresiones contra periodistas en Veracruz CONTRALÍNEA