PROCLAMA 93

EDICIÓN 93

NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SI POR LA PAZ. NELSON JULIAN VILLAMIZAR♦ Pág. 2

CITA A CIEGAS POR LA PAZ. CARLOS PARRA DUSSAN♦ Pág. 3

UN DÍA DE GUERRA EN COLOMBIA CUESTA 22.000 MILLONES DE PESOS. EL TIEMPO♦ Pág. 4

COMUNICACIÓN COMUNITARIA Y ALTERNATIVA AL FILO DE LAS DEFINICIONES POLÍTICAS. RODRIGO ACOSTA ♦ Pág. 5

PRESENCIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. MARÍA PATRICIA SARMIENTO ♦ Pág. 6 Y 7

¿POR QUÉ MUCHOS ARTISTAS VOTAREMOS POR EL SI?

UNA INVITACIÓN DE PAZ.

LA PAZ SE LEE EN BRAILLE.

ARTISTAS EN NODO POR LA EDUCACIÓN♦ Pág. 8

LUZ DARY RODRÍGUEZ♦ Pág. 10

DIANA BELÉN MORA ♦ Pág. 11

EL INCI ESTÁ COMPROMETIDO CON LA PEDAGOGÍA SOBRE EL ACUERDO DE PAZ. #LaPazSeLeeEnBraille♦ Pág. 12

¿Por qué bien explicadito?♦ COMÚN ACUERDO♦ Página 2

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Editorial

EDICIÓN 93

NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SI POR LA PAZ Nelson Julián Villamizar

No hay camino para la paz, la paz es el camino.

-MAHATMA GANDHI-

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n los umbrales de la historia la humanidad recuerda con vergüenza actos de barbarie correspondientes a su para entonces precaria evolución, es el caso de las personas con discapacidad ofrendadas en ceremoniales seudo-religiosas a los dioses paganos con el supuesto de calmar sus iras o ganar dadivas mediante estos sacrificios que en realidad encubrían prácticas de asepsia social, que resultaban para entonces muy rentables pues inmolar a sus esclavos o a sus animales domésticos para ellos resultaba más costoso y siendo sociedades guerreristas por su indefensión sobraban los maltrechos e incompletos.

Esta patética lógica motivo a los Nazis liderados por el tristemente célebre Adolfo Hitler buscando psicopáticamente el perfeccionamiento de la especie humana en las mismas aberrantes expresiones eugenésicas sumando en su bestial comprensión a los negros, los gitanos, judíos, homosexuales, como discapacidades en degradación de raza inferior que debían se exterminadas por el bien de lo que ellos los Arios del tercer Reich concebían como súper hombre, siendo los demás, los diferentes a la súper raza Germánica una plebe o caterva que exigía para su enajenado fin la “solución final”.

En la práctica los defensores de la sociedad de consumo y el neoliberalismo también incurren en aniquilar a los más débiles imponiendo sus posiciones dominantes sobre el derecho a existir de aquellos que no cumplen con sus patrones y dinámicas socioeconómicas, de la faz de la tierra deben desaparecer por inanición o física hambre no solo los hijos de los negros del Chocó o los indígenas Wayuu, también los habitantes de la calle y las personas con discapacidad, asumidos por esas castas superiores como personas improductivas o lastres de una sociedad que debe moverse a modelos desarrollistas.

Esa violencia está sucediendo en este momento en el Distrito Capital quienes crean que es una exageración pueden revisar el actual Plan de Desarrollo de la “Bogotá Mejor para Todos” y podrán comprobar cómo las política sociales que caracterizaron las anteriores administraciones fueron totalmente arrasadas y cómo la masacre laboral viene siendo absoluta entre las personas con discapacidad, que habían alcanzado una inclusión, antes y después de los gobiernos de izquierda democrática jamás vista, el exterminio también afecta otras conquistas sociales de nuestra comunidad.

El llamado es a que cese la persecución en contra de lo social que no se siga estigmatizando a las causas de las poblaciones vulnerables como satánicos componentes de un pasado que avergüence o atemorice a las derechas que no pueden desconocer la razón de ser del Estado en su magna función social y la corresponsabilidad que tenemos todas y todos superando las ideologías y los distingos partidistas, asumiendo los compromisos del Estado social de derecho que obliga a los gobernantes de turno o a sus modelos de administración pasajera a servir en beneficio de todas y todos y no en contra de nadie.

El pasado 22 de septiembre en ocasión del debate a la Política Pública de Discapacidad y su idónea aplicación o efectiva ejecución en el Distrito Capital, las Concejalas y los Concejales en el seno de la comisión de Gobierno del Concejo Distrital de Bogotá plantearon serios requerimientos sobre los que profundizaremos en próxima edición de Proclama, recogiendo

el clamor de nuestra comunidad quedando en el ambiente reclamaciones y redireccionamientos que apuntan entre otras acciones populares con la declaratoria de emergencia laboral para las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores a establecer en la Mesa Permanente de Trabajo con presencia de voceros de todas las bancadas reforzados con las servidoras y servidores de los organismos de control social, político y fiscal y la inspección del Ministerio del Trabajo.

La tarea fundamental e inmediata de esta mesa que hasta la fecha ha sido liderada por el Concejal Celio Nieves con la bancada del Polo Democrático Alternativo y respaldada por el Concejal Hollman Morris del Progresismo, es que con la sumatoria de todos los actores y sectores antes mencionados sin diferenciaciones políticas y correspondiendo a los compromisos internacionales particularmente los suscritos por Colombia ante la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos

de las personas con discapacidad, con el superlativo protagonismo de las lideresas y los líderes de nuestra población, la comisión delegada del Ministerio del Trabajo en coordinación con los organismos de control desencadenen los mecanismos e instrumentos conducentes a determinar, evaluar y poner fin al holocausto laboral, restituyendo los derechos de las personas con discapacidad, restaurando sus oportunidades laborales, estableciendo ese otro acuerdo de paz, también reclamado por nuestra comunidad.

Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, debemos clamar a toda voz y con toda energía lanzar nuestra Proclama: “NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SI A LA PAZ”.

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CITA A CIEGAS POR LA PAZ Carlos Parra Dussan / Director General Instituto Nacional para Ciegos INCI

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omo comisionado de Naciones Unidas para la discapacidad, saludo el acuerdo de paz, pues sabido es que muchas personas con discapacidad llevan la huella de la guerra en sus rostros.

Yo por mi parte, como Director General del Instituto Nacional para Ciegos -INCI, transmito en la emisora INCIRADIO, donde tengo dos programas: “las cosas al derecho” donde abordo temas jurídicos y “cita a ciegas” donde tengo invitados especiales.

La paz también se escribe en braille, pues la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, consagra el sistema Braille como un derecho en su artículo 9º sobre accesibilidad y el 24 sobre educación inclusiva.

Como director del Instituto General para Ciegos, soy el guardián de la población con discapacidad, defendiendo sus derechos, promoviendo su participación y garantizando su inclusión en la sociedad.

En este sentido, tengo pendiente una cita a ciegas con Jesús Santrich, pues él como ciego ha participado en la guerra, mientras que yo como ciego he participado en la paz, pero ahora podremos convivir en un mismo país.

Jesús Santrich es uno de los ideólogos más importantes del grupo

Seusis Pausivas Hernández alias Jesús Santrich y Carlos Alberto Parra guerrillero, un hombre nacido en Tolú Sucre, que cursó la primaria en Pasto, el bachillerato en Sincelejo, luego estudió derecho en la Universidad del Atlántico en Barranquilla.

Su verdadero nombre es Seusis

LA PAZ SÍ ES INCLUSIÓN Hollman Felipe Morris / Concejal Progresista de Bogotá D.C.

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l texto del acuerdo para el final de la guerra con las FARC, en la extensión de su prosa, es un reconocimiento a las bondades del ordenamiento jurídico escrito en la Constitución de 1991. En otras palabras, lo que hace un cuarto de siglo se aislaron del escenario donde se escribió a setenta y dos manos el texto de la Constitución Política, ahora lo valoran y expresan, no sólo acogerse a sus mandatos sino, también, incorporar el compromiso con la paz en el Bloque de Constitucionalidad.

Así pues, con el texto constitucional, las FARC abandonan la lucha armada y se avienen al debate democrático con la palabra y las ideas. En la transición breve, dos períodos, han acordado participar en las cámaras legislativas, en un numero de cinco en Senado e igual número en la Cámara de Representantes (0,2% por ciento del total de integrantes), previo compromiso de presentar listas en la próxima contienda electoral, a fin de gestionar las leyes que desarrollen el compromiso pactado en La Habana, entre ellos el Estatuto de la Oposición, acogiendo el imperativo del Artículo 112 de la Constitución. Por otra parte, con la misma visión con la que se elaboró hace veinticinco años las normas constitucionales transitorias para involucrar a los territorios afectados por la violencia a los beneficios de la paz, se tienen prevista 16 Circunscripciones Especiales de Paz para elegir igual número de Representantes, habilitando para el efecto a las comunidades y grupos significativo de ciudadanos que

Hollman Felipe Morris residan en estas geografías. En este orden de ideas, las poblaciones en condición de discapacidad, sus organizaciones y liderazgos, tienen todo el derecho para presentar candidaturas por la Circunscripción Especial de Paz, si así lo determinan.

Otro asunto de especial importancia para las comunidades y las ciudadanías, sin duda, lo constituye la reiteración en poner en el centro de las dinámicas que se deriven de los acuerdos de La Habana al ser humano en general y, en particular, a las víctimas del conflicto armado interno. Entonces, con la letra del acuerdo, seis millones de colombianos serán los primeros beneficiarios del final de la guerra. Los casi diez mil afectados por las atrocidades de las minas antipersonal (10% son niños) tendrán tratamiento especial en los programas que se derivan de los acuerdos, en especial la población víctima de la ruralidad, desplazados y despojados, podrán acceder a los beneficios del Fondo de Tierra, acordado para darle un renovado impulso al agro Colombiano y a los campesinos afectados por el

Pausivas Hernández, que en los años ochenta se vinculó a la Juventud Comunista, así llegó a la guerrilla, ha concentrado su trabajo en las ideas políticas entre la población civil y el despliegue de la conformación de estructuras de la guerrilla urbana.

Santrich se encarga primordialmente de las comunicaciones y propaganda de la guerrilla a través de la red clandestina de emisoras de las FARC, como la Cadena Radial Bolivariana Voz de la Resistencia de la cual es uno de sus fundadores.

Recordemos que el artículo 5º de la nueva Ley estatutaria del plebiscito ordena la publicación y divulgación incluido el sistema braille, tenemos pendiente con Santrich esta cita a ciegas para entregarle un ejemplar de los acuerdos en este sistema, porque la paz también se escribe en braille.

conflicto. Es, desde esta perspectiva, una paz con sabor a inclusión, a beneficio de las víctimas, entre ellas a la población vulnerable en condiciones de discapacidad.

armado, que expresado mi total apoyo. Estoy recorriendo las Localidades bogotanas y la geografía nacional, haciendo pedagogía para que los ciudadanos respalden el SI en el plebiscito del 2 de octubre.

Adicionalmente, con Gustavo Petro, estamos proponiendo la realización de un escenario constituyente a fin de desatar la dinámica de cambio

de las ciudadanías hacia un nuevo Pacto de la Ciudadanías que selle una paz duradera y estable con el sabor de los derechos y el aroma de la inclusión. En Bogotá, así lo he expresado en varios escenarios, el final de la guerra debe servirnos para hacer de Bogotá la Capital de la Paz. Ese es el reto, ese el desafío.

Sí Podemos.

Como Concejal Progresista de la ciudad de Bogotá, desde el mismo momento en que se iniciaron los esfuerzos para el final del conflicto

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UN DÍA DE GUERRA EN COLOMBIA

CUESTA 22.000 MILLONES DE PESOS El monto equivale a lo que gastan tres millones de familias en comida al día, según Indepaz.

El Tiempo

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esde 1964, el país ha recibido de Estados Unidos 8.729 millones de dólares para costear el conflicto.

De acuerdo con el estudio ‘Las cifras de la guerra y de la transición’, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la Agencia de Comunicaciones para la Paz (Acpaz), en seis décadas el país ha gastado en la guerra 411 billones de pesos.

Según la investigación, el promedio del gasto estatal en lo que tiene que ver con la guerra fue de $ 7,6 billones por año, lo que significa que fue de 22.000 millones de pesos por día.

Esta última cifra equivale a lo que gastan a diario en comida cerca de tres millones de familias colombianas, si se tiene en cuenta que aproximadamente 70 % de los hogares pobres del país cuentan con ingresos por debajo del salario mínimo legal vigente.

El documento, que se basó en el trabajo realizado por Diego Otero Prada en su libro Gastos de guerra en Colombia, además sostiene que bastaría con el gasto de 10 días de conflicto bélico para cumplir con los pagos que quedaron establecidos para todos los excombatientes de las Farc en los acuerdos que se alcanzaron con esa guerrilla en La Habana.

Otras cifras de este informe indican que el total de gasto en el pago de excombatientes más los costos de seguridad y apoyo al nuevo partido político suman lo que se gasta en la guerra en 15 días.

“El costo total de la Jurisdicción de Paz acordada en La Habana, en los próximos 10 años, equivale al gasto de un mes de guerra (…), mientras que todos los gastos de paz dedicados a excombatientes en los próximos 10 años son inferiores a lo que se ha gastado en guerra cada seis meses”, señala el documento.

Por otro lado, tomando como base los últimos siete periodos presidenciales, se evidencia que el primer mandato de Juan Manuel Santos es el que más ha invertido en gastos de la guerra al acumular 47.053 millones de dólares, de los cuales 40.879 millones fueron destinados a defensa y 6.173 millones a justicia.

El cuatrienio de Virgilio Barco (1986-1990) es el que menos ha gastado en el conflicto armado interno: 4.457 millones de dólares. En este caso, para defensa se invirtieron 3.729 millones, mientras que la justicia recibió 727 millones.

Igualmente, el jefe de Estado que mayor incremento realizó en este rubro fue Ernesto Samper (1994-1998), quien durante su mandato destinó 8.691 millones de dólares, un 188 por ciento más que César Gaviria (1990-1994), quien invirtió 3.009 millones de dólares.

En cuanto a la ayuda internacional que ha recibido el país para costear el conflicto, el estudio revela que desde 1964 a la fecha Estados Unidos ha girado 8.729 millones de dólares.

Por periodos individuales, Uribe fue el que más recursos recibió con un total de 765 millones de dólares.

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COMUNICACIÓN COMUNITARIA Y ALTERNATIVA AL FILO DE LAS DEFINICIONES POLÍTICAS

Por: Rodrigo Acosta

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os medios comunitarios y alternativos son esenciales para el logro de las transformaciones sociales al garantizar los procesos participativos cuando informan a las comunidades sobre la gestión pública e interactúan con la población al darle una vocería calificada. Así es como la legislación internacional y las orientaciones de las instituciones de la ONU lo han indicado.

Incluso en los acuerdos de la Habana entre el gobierno y las Farc que serán motivos del plebiscito se ha incluido el siguiente compromiso que hace parte del numeral 2.2.3.

Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales: “Para avanzar en el logro de estos fines, el Gobierno Nacional se compromete a: • Abrir nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto, y promover la democratización de la información y del uso del espectro electromagnético disponible.

• Promover la capacitación técnica de los trabajadores de los medios comunitarios, y la formación y capacitación dé comunicadores comunitarios y de operadores de medios de comunicación, mediante p ro c e s o s q u e b u s q u e n dignificar la libre expresión y opinión.

• Abrir espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, y de las comunidades en general, así como de contenidos relacionados con los derechos de poblaciones vulnerables, con la paz con justicia social y la reconciliación y como la implementación de los planes y programas acordados en el marco de éste acuerdo.

• Financiar la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz con justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés público y comunitario. La asignación se llevará a cabo mediante concursos públicos y transparentes que contarán con mecanismos de veeduría ciudadana.”

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PRESENCIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA Síntesis de María Patricia Sarmiento

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ste documento resume aspectos relacionados con la población con discapacidad víctima del conflicto que son de suma importancia para ser recogidos en documentos de trabajo que estén orientados a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y la base para su construcción, se da en el marco de la Convención Internacional de Derechos de las PCD (recomendaciones ONU del 2 de septiembre del 2016), la Ley de Victimas 1448 del 2011 y el documento Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

1.2. Programas de desarrollo con enfoque Territorial. (PDET).

1.2.3. Planes de Acción para la transformación regional.

Los planes deben contemplar: • El enfoque territorial de las comunidades rurales que tenga en cuenta las características sociohistóricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, así como sus necesidades diferenciadas en razón del género, edad, pertenencia étnica, orientación sexual e identidad de género diversa, y condición de discapacidad, y la

vocación de los suelos, para poder desplegar los recursos de inversión pública de manera suficiente y en armonía con los valores tangibles e intangibles de la nación.

1.3.2. Desarrollo social salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.1.3.2.1. Salud: con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades niños, niñas, mujeres, hombres, personas con pertenencia étnica, personas con orientación sexual e identidad de género diversa y en condición de discapacidad, fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural.

Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios: • La construcción y el mejoramiento de la infraestructura sobre la base de un diagnóstico amplio y participativo que permita atender al mayor número de usuarios y usuarias en cada región, la dotación de equipos, incluyendo la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la atención (ej.

Telemedicina), y la disponibilidad

María Patricia Sarmiento y permanencia de personal calificado.

1 . 3 . 2 . 2 E d u c a c i ó n r u ra l • Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres, incluyendo p e rs o n a s e n c o n d i c i ó n d e discapacidad.

1.3.3.5. Formalización laboral rural y protección social. Se tomarán medidas especiales para incentivar el acceso y permanencia de las mujeres rurales. La promoción de la vinculación laboral de las personas en situación de discapacidad.

3.4.2. Pacto Político Nacional.

El anhelo del país de alcanzar una paz estable y duradera se funda en el reconocimiento de la necesidad de superar el conflicto armado. El Gobierno Nacional y el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, se comprometen a promover un Pacto Político Nacional y desde las regiones, con los partidos y movimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la Nación, la sociedad organizada y las comunidades en los territorios, sindicatos, el Consejo Nacional Gremial y los diferentes gremios económicos, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, las iglesias, la academia e instituciones educativas, las organizaciones de mujeres y de diversidad sexual, de personas con discapacidad, jóvenes, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las organizaciones de víctimas y de defensoras y defensores de derechos humanos y las demás organizaciones sociales.

4.2.1. Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas: El Gobierno creará el Programa

Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo.

4.2.1.1. Principios: La política nacional frente al consumo de drogas ilícitas se guiará por los siguientes principios. • Enfoque diferencial y de género: en el marco del respeto a los derechos humanos, para que las acciones que se implementen en materia de consumo respondan a las realidades de los consumidores y las consumidoras y sean efectivas y sostenibles, es necesario un enfoque diferencial definiendo las poblaciones más vulnerables según edad, género, orientación sexual e identidad de género diversa, condición de discapacidad, condición socioeconómica y ubicación geográfica, entre otros.

La Comisión deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado. Será transversal al desarrollo de la Comisión un adecuado enfoque diferencial y de género que permita evidenciar las formas diferenciales en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los defensores y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, p e r i o d i sta s , a g r i c u l to re s y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios y empresarias, entre otros.

5.1. Sistema Integral de Verdad, J u s t i c i a , Re p a ra c i ó n y N o Repetición.

5 . 1 . 1 . 1 . C o m i s i ó n p a ra e l Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto.

Colombia necesita saber qué pasó y qué no debe volver a suceder nunca más, para forjar un futuro de dignificación y de bienestar general y así contribuir a romper definitivamente los ciclos de violencia que han caracterizado la historia de Colombia. En este nuevo

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EDICIÓN 93 escenario será posible aportar a la construcción y preservación de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no sólo se satisfaga el derecho a la verdad sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación, y la no repetición. Con este propósito el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición (en adelante la Comisión), que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra-judicial. La Comisión hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. Por ello, la Comisión no puede entenderse de manera aislada del Sistema Integral, que incluye mecanismos judiciales y extrajudiciales para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, además de contribuir a garantizar a los colombianos y las colombianas la no repetición del conflicto. Esta Comisión responde a la necesidad ética, política e histórica de contribuir, junto con otras iniciativas, a crear las condiciones, los compromisos y las garantías de no repetición.

La Comisión deberá cumplir tres objetivos fundamentales, que en su conjunto contribuyen a la no repetición del conflicto: En primer lugar, la Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato que se describen más adelante, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros. En segundo lugar, la Comisión deberá promover y contribuir al reconocimiento.

Eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país; el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir. Y en tercer lugar, la Comisión deberá promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. Para ello promoverá un ambiente de diálogo y creará

espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación y la solidaridad, la justicia social, la equidad de género, y una cultura democrática que cultive la tolerancia, promueva el buen vivir, y nos libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás. La Comisión deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado.

Será transversal al desarrollo de la Comisión un adecuado enfoque diferencial y de género que permita evidenciar las formas diferenciales en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los defensores y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, p e r i o d i sta s , a g r i c u l to re s y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios y empresarias, entre otros.

5.1.1.1.2. Mandato: La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de: • Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron.• Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto, por las prácticas y hechos a los que se refiere el párrafo anterior. • El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los defensores y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, p e r i o d i sta s , a g r i c u l to re s y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios y empresarias, entre otros.

5.1.2. Justicia: En materia de Justicia se acordó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Jurisdicción especial para la paz I. Principios básicos del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No

Repetición (SIVJRNR) 1. "Los Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla"7.

Diferenciados, los campesinos, los más pobres, las personas en condición de discapacidad.

5.2. Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos En el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el Gobierno y las FARC-EP el 26 de agosto de 2012, está estipulado de manera específica que “el respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, es un fin del Estado que debe promoverse”. El Gobierno Nacional en representación del Estado colombiano reitera su compromiso con la protección de los derechos humanos y de quienes trabajan por esta causa. Es deber del Estado Colombiano promover, proteger, respetar y garantizar, los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un enfoque diferencial y de género,

atendiendo a los principios de igualdad y progresividad, y garantizar el derecho a la paz, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto.

Por su parte, las FARC-EP reiteran su irrestricto compromiso con los derechos humanos y se comprometen a que tanto sus integrantes como la organización que surja de su tránsito a la vida política legal promuevan y respeten las libertades individuales y los derechos humanos de todos y todas, así como la convivencia pacífica en los territorios. El Acuerdo en su conjunto debe contribuir a construir una visión compartida sobre la necesidad del respeto de todos los derechos humanos. El Estado trabajará para garantizar la plena satisfacción de los mismos en sus dimensiones de universalidad, integralidad, indivisibilidad e interdependencia, como base de la justicia y materialización del reconocimiento de la dignidad humana. En el nuevo escenario de construcción de paz y de apertura democrática, la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos, más allá de su enunciación, contribuirán a materializar los derechos de todos y todas. Se trata también de promover que todos y todas los colombianos y las colombianas hagamos conciencia de los derechos de los otros y las otras, y nos comprometamos con su respeto y con la promoción de relaciones de convivencia y coexistencia social, sobre la base de la tolerancia y del respeto a las diferencias, en especial las diferencias de pensamiento,

incluyendo el pensamiento crítico, para así sentar las bases para la reconciliación, la no repetición, y la construcción de la paz. El compromiso del respeto y promoción de los derechos humanos en el proceso de reconciliación que se adelante como parte del logro de la paz, supone el reconocimiento de la necesidad de adelantar políticas públicas de promoción de una cultura política, democrática y participativa de respeto a los derechos humanos. Además dicho compromiso implica el respeto por la diversidad cultural y étnica.

El fin del conflicto constituye la mejor oportunidad para materializar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y en general asegurar la satisfacción plena de los derechos humanos de todos y todas, incluyendo los de las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, de las personas en situación de discapacidad, l o s p u e b l o s i n d í ge n a s , l a s comunidades campesinas, las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, l a p o b l a c i ó n LG BT I , y l o s defensores y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, p e r i o d i sta s , a g r i c u l to re s y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios y empresarias; lo cual implica además la adopción de medidas de acción afirmativa, para garantizar de manera plena los derechos de quienes han sido más afectados por el conflicto.

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¿POR QUÉ MUCHOS ARTISTAS VOTAREMOS POR EL SI? Artistas en nodo por la educación

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l 2 de octubre se realizará el plebiscito para refrendar el acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y el grupo guerrillero de las FARC. Los colombianos podremos decir sí o no a la pregunta: “¿Apo-

ya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”. ¿Por qué nosotros, ARTISTAS EN NODO POR LA EDUCACIÓN, promovemos el voto

por el sí? Porque estamos ante una oportunidad histórica difícilmente repetible… al menos en muchos años.

Significa darle vida a la posibilidad de que abramos una nueva página en la historia de nuestro país, para que las

diferencias no se resuelvan por la vía armada, como lo ha sido por 100 años de soledad, y para que podamos discutir una agenda sobre la construcción de una Colombia donde quepamos, vivamos y nos encontremos todos.

El acuerdo final no es la panacea que resolverá todos los problemas del país, pero marca un hito importante en nuestra historia: 1) Crea un espacio de reconciliación y sanación espiritual con base en la verdad y en la reparación a las víctimas; 2) Aborda de manera focal la problemática de nuestra abandonada Colombia rural y agraria; 3) Genera nuevos instrumentos para ampliar la participación comunitaria en la vida social y política; 4) Aporta elementos en la elaboración de una política sobre narcotráfico y cultivos ilícitos; 5) Establece el marco jurídico y las garantías para que los integrantes de las FARC se incorporen a la vida civil; 6) y en especial, establece las condiciones en que las FARC

abandonan las armas y las actividades ilegales, y se integran a la vida política sin ellas.

Somos muchos los colombianos que convocamos a nuestros conciudadanos para que voten a favor del sí, en el plebiscito del 2 de octubre, entre ellos un gran número que pertenecemos a la comunidad artística y cultural, porque ese día se da un paso importante en el camino de construir una CULTURA DE LA PAZ, LA VIDA Y LA CONVIVENCIA (de la que siempre hemos sido promotores e impulsadores) que reemplace la cultura de la guerra, del odio y de la exclusión que nos ha dominado por tantos años.

Nosotros, artistas y culturales congregados en ARTISTAS EN NODO POR LA EDUCACIÓN, estamos convencidos que con el voto afirmativo de los colombianos se nos abre a todos y a todas la oportunidad para un importante cambio hacia la cultura de la creación y la vida.

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UNA INVITACIÓN DE PAZ Luz Dary Rodríguez / Subdirectora General INCI

Luz Dary Rodríguez

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a escuela es un espacio de convivencia en los cuales se interrelacionan diversidad de niños y jóvenes que día a día se enfrentan a situaciones de aprendizaje, que van desde lo académico hasta las interrelaciones personales y afectivas que se establecen en el diario convivir.

Es importante destacar que estos escenarios de convivencia están permeados por las condiciones

socioeconómicas y culturales de los estudiantes, las cuales pueden desencadenar situaciones de intolerancia en las aulas.

La institución educativa por su parte, debe generar puntos de reflexión con los estudiantes sobre los argumentos y comportamientos favorables o desfavorables en pro del fortalecimiento de la convivencia escolar. Por ello, una pedagogía para la paz

implica conllevar que los agentes educativos y sus comunidades estudiantiles estén en sintonía con la tolerancia, el respeto como actuaciones básicas para complementar y establecer prácticas inclusivas escolares.

El 24 de agosto se firmó los acuerdos de paz adelantados en la Habana Cuba entre el gobierno colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. En este acuerdo se establecen 297 páginas que contienen los 6 puntos establecidos para las votaciones que se generarán el 2 de octubre del año en curso.

Qué mejor escenario para comprender como dos partes logran establecer un acuerdo para el fortalecimiento de la convivencia y la paz de un país, y porque no ser éste un modelo a tomar en los escenarios de tensiones de trato o intolerancia que se presentan en las escuelas entorno a la inclusión de población con algún tipo de discapacidad.

Por ello, desarrollar una cultura educativa incluyente en la escuela conlleva al fortalecimiento de las relaciones del estudiante con su entorno, por lo cual es relevante y pertinente que la población estudiantil con discapacidad visual esté al tanto de lo que

sucede en su escuela y su país alrededor de la paz, en aras de ir apersonándose de su rol como sujeto político de cara al país que habitará en sus años de adultez y/o como profesional. De esta manera, se resalta la importancia por parte de los maestros sobre dar a conocer a sus estudiantes el reconocimiento de un evento importante en la historia de su país sin necesidad de poner ningún tinte de favoritismo; sino dar a entender a la población con discapacidad sobre la importancia de éste evento histórico en Colombia.

Frente a este tema, el Ministerio de Educación celebró el día 24 de agosto “los niños pintan por la paz”, celebración en el cual participaron estudiantes con baja visión que manifestaron a través de sus dibujos y verbalmente el deseo de tener un país en paz y sin guerra. De manera tal que no se debe desconocer que los estudiantes con discapacidad no están ajenos a la comprensión de la realidad que se les presenta a través de los diarios o en los medios de televisión, por lo cual se hace pertinente que la población esté informada sobre lo que acontece en su país y que mejor que desde la escuela.

De allí radica la importancia en que las escuelas se e sta b l ezc a n a m b i e n te s d e a p re n d i za j e b a s a d o s e n l a tolerancia y de ésta manera no tener solo el concepto de inclusión desde los ajustes para el aprendizaje sino también las implicaciones para la enseñanza de la tolerancia y la convivencia y de ésta manera se construya una escuela para la paz.

Finalmente e independientemente que los estudiantes con discapacidad visual que por su edad no puedan ejercer su derecho al voto, no los excluye de saber cuál es la realidad de su país y mucho menos de un momento tan historio para Colombia, por ello la invitación a las instituciones educativas para que se tomen un tiempo y den a conocer no solo a los estudiantes con discapacidad visual sino en general al estudiantado, las condiciones del país que viven actualmente frente al tema de la paz y de cuáles podrían ser las condiciones que se esperan para los próximos años en un país que le apuesta desde la educación de nuevas generaciones para la paz.

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LA PAZ SE LEE EN BRAILLE

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Inclusión para garantizar una paz estable y duradera Diana Belén Mora / Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

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asumido una postura clara: no escatimar esfuerzos para que desde nuestro ámbito de influencia podamos generar las condiciones necesarias que le permitan a la población con discapacidad visual tomar decisiones informadas.

or estos días Colombia tiene un tema de conversación común: los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Y una pregunta es casi ineludible sobre el mismo asunto: ¿Votaremos sí o no en la refrendación? E incluso una más ¿Aceptaremos la cita con las urnas?

No pretendemos incidir en un sí o en un no. Más bien, poner al servicio de los ciudadanos nuestra capacidad para ofrecerles diversas alternativas que les permitan acceder en igualdad de condiciones a la información necesaria para formarse criterios propios que definan su respuesta en la refrendación del próximo 2 de octubre.

Desde que cumplí la mayoría de edad he ejercido mi derecho al voto; no solo por la convicción de cumplir con un deber ciudadano sino porque para mí es una manera de honrar las luchas sociales y políticas de quienes trabajaron para que el voto femenino fuera una realidad en mi país y a quienes les debo el poder gozar de ese derecho.

En esta nueva etapa profesional en la que he tenido el privilegio de conocer de cerca a la población con discapacidad visual, y de trabajar para garantizar sus derechos, -sumada a la coyuntura del plebiscito por

Diana Belén Mora

la paz- cada vez me hace más sentido ejercer y promover el deber y el derecho de votar.

Es un motivo de orgullo com-

partirles que como servidores públicos, el equipo de pedagogía de paz del Instituto Nacional para Ciegos, liderado por el Dr. Carlos Parra Dussan, hemos

Para el equipo de pedagogía de paz del Instituto Nacional para Ciegos -INCI no es suficiente llevar al braille, a macrotipo, a formatos de audio y a códigos QR los seis puntos del Acuerdo, además de diversos contenidos publicados en las redes sociales y en la web institucional. Creemos que es necesario generar espacios de

PLANTILLA ELECTORAL EN BRAILLE

En las votaciones del plebiscito para la paz, por primera vez se implementará la plantilla en braille, que es un sobre con la pregunta en braille y con dos rótulos: uno para el sí y otro para el no, de tal manera, que al introducir la tarjeta electoral la persona invidente pueda marcar en estos orificios su preferencia.

conversación ciudadana que permitan poner en común criterios convergentes y disímiles que amplíen el espectro de la comprensión individual.

Por eso hemos programado conversatorios y actividades de pedagogía de paz con niños, jóvenes, adultos mayores y mujeres para, además, incentivar el diálogo de saberes entre pares.

Este es, sin duda, un momento histórico para Colombia y para la población con discapacidad visual: desde el Gobierno Nacional se les han procurado todas las garantías para facilitar su derecho al voto, al voto informado y autónomo. Ahora, la corresponsabilidad de informarse y tomar decisiones está literalmente en sus manos.

Mantenerse activo en el debate público es una de las maneras más eficaces de contribuir a que en nuestro país se establezca una paz estable y duradera. ¡Qué la Paz se lea, se escriba, es escuche y se viva en braille!

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