Denuncia Julen Rementería fraude con las concesiones de taxis en Veracruz

El senador de la República, Julen Rementería del Puerto e integrantes de la Federación Veracruzana de Transportistas en Todas sus Modalidades, denunciaron el fraude millonario por parte del Gobierno del estado de Veracruz, al vender y revender títulos de concesión.

“Este gobierno que se llena la boca diciendo que no es corrupto, nada más y nada menos se ha dedicado a revender folios de pago de derechos de concesión de taxi, a terceras personas y hoy venimos a denunciar públicamente un nuevo caso que no tiene precedentes, una red de corrupción integrada por diversos servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas, entre otras dependencias, que actúan bajo la complacencia del propio gobernador del estado”, expresó.

En rueda de prensa, Rementería del Puerto cedió la palabra al dirigente de la Federación Veracruzana de Transportistas en Todas sus Modalidades, Jesús Prieto Villegas, quien expuso dos de los más de mil casos que han descubierto, de cómo este gobierno ha permitido la reventa de folios de concesión de taxi en perjuicio de este sector.

“El gobierno de Cuitláhuac García revende el pago de derecho de concesiones a otras personas, aquí y en China se llama ‘fraude’, en esta ocasión sus víctimas, y a quienes han timado, es a personas que han puesto en riesgo su propio patrimonio. Es inadmisible que un gobierno avale estas irregularidades”, apuntó.

El senador panista añadió que una concesión de taxi tiene un costo que va desde 100 mil hasta 500 mil pesos, así que es una estafa redonda, porque el gobierno del estado comete fraude en perjuicio de dos personas o más. presidente de la República- causan tales perjuicios o afectan el buen despacho de los intereses públicos fundamentales.

“Se estima que son cerca de 25 mil personas tan solo de esta asociación, las que se encuentran en esta situación, sin que a la fecha les haya sido otorgado su título de concesión. La Federación que hoy nos acompaña tiene en sus manos los documentos de mil de estos casos, y es urgente que se les dé certeza y se les haga justicia ante este acto de completa ilegalidad y corrupción”, expresó.

Por su parte, el titular de la Federación Veracruzana de Transportistas en Todas sus Modalidades acusó que esta red de corrupción involucra a las Secretarías de Finanzas, Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno, Dirección General de Transporte, la Contraloría General y la Fiscalía.

“En la Ciudad de Huatusco, el señor José Omar Castelán García fue a dar de baja un accidentado vehículo de uso público y dar de alta otro para reincorporarse en su trabajo como taxista, pero al tratar de finalizar su trámite ante la dependencia de Transporte, observó que la concesión estaba a otro nombre, de Miguel Mendoza Fuentes, en la ciudad de Tuxpan”, relató.

Ante la presentación de documentos y diversas pruebas, el legislador veracruzano señaló que no es un asunto personal de Julen Rementería, sino la voz y documentos de cientos de transportistas que se han acercado para exponer el mismo fraude cometido en diversos puntos de la entidad.

“La transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales son derechos humanos considerados en nuestra Carta Magna, que forma parte de compromisos internacionales de acuerdo con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos suscrita por México, por ende, sujeta igualmente a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado mexicano”, dijo.

Pérez-Jaén Zermeño precisó que la fundamentación radica en su valor constitucional, cuya infracción implica igualmente la ruptura del orden constitucional que, en consecuencia, “se traduce en el ataque a la forma de gobierno republicano, pues la cosa pública, como son las instituciones dedicadas a la protección de los derechos fundamentales, como lo es el Inai, sirve de contrapeso para las decisiones del Estado.

“Se trata de derechos humanos establecidos en la Constitución (Artículo 6 y 16), cuyo cumplimiento debe ser garantizado por todas las autoridades del Estado, mediante su respeto y protección, y que toda autoridad se encuentra constreñida conforme al párrafo tercero del artículo primero constitucional”, agregó.

No hay prisa por acelerar la aprobación de Ley Minera

El presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González (Morena), dijo que “no hay prisa” por acelerar la aprobación de la Ley Minera, ya que apenas se buscará establecer la mejor ruta de análisis, discusión y dictaminación.

“Evidentemente es un tema trascendental, por lo mismo necesitamos tomarlo con toda la responsabilidad y seriedad posible. El turno de la Mesa Directiva es para comisiones unidas de Energía y de Economía; en ese orden tenemos que unirnos y de manera conjunta establecer la ruta a seguir para el análisis de esta iniciativa, su discusión y posteriormente dictaminación”, señaló en declaraciones a representantes de medios de comunicación al término de la reunión de la Comisión que preside.

Dijo que entablará comunicación con el presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para acordar el proceso, pero “puedo garantizar que prisa no hay por hacerlo; sí hay un compromiso de realizar nuestra labor parlamentaria, es decir, no se va a quedar mucho tiempo en espera”.

“No nos hemos reunido todavía en comisiones unidas, eso será próximamente, pero lo que sí les puedo decir es que sorpresas no va a haber. Esto no será un proceso que arranque y termine muy rápido”, reiteró.

Enfatizó en que la dinámica que ha seguido la Comisión de Energía es la de realizar las consultas necesarias, sobre todo al tratarse de un tema de tanta trascendencia e interés. “¿Eso qué significa? Que tendremos que tener sesiones de Parlamento Abierto, el número que sean necesarias en función de lo que acordemos”.

El diputado resaltó la importancia de escuchar a todos los actores involucrados: el sector privado, social y público, así como a investigadores, científicos y académicos Comentó que es una iniciativa de un tema trascendental porque, si bien, los recursos naturales que generan energía y riqueza son de todos, “tenemos que hacer una explotación racional y garantizar que haya la soberanía del Estado mexicano sobre ellos”.

Asimismo, agregó, que beneficie directamente a los ciudadanos de este país; además, que esa explotación sea sostenible y sustentable, entendiendo que la población de México merece tener agua y aire puro, estar libres de contaminación.

El legislador dijo que es poco factible que esta reforma sea analizada, discutida y aprobada en este periodo ordinario de sesiones.