A la Unión Americana mexicanos acusados de homicidio con armas mortíferas

estado apoyando mucho la Secretaría de Marina (Semar). Hemos estado haciendo patrullajes continuos con la Marina en Milpa Alta, y en Tláhuac con Guardia Nacional y Ejército mexicano”.

Hasta el momento, cinco de los detenidos vinculados con esta agresión, no han sido llamados a declarar sobre el atentado contra el conductor de noticiarios de radio y TV, se trata de Pool Pedro, su pareja sentimental Cinthia “N”, Aniceto “N”, Israel “N” y Daniel “N”, quienes el 18 de enero fueron vinculados a proceso por diversos delitos, pero no por homicidio en grado de tentativa.

El representante legal de estas personas internas en el Reclusorio Norte y el penal femenil de Santa Martha, David Hernández dio a conocer que sus clientes “no han sido citados, no los han llamado a declarar como testigos o como imputados en la carpeta del atentado contra Gómez Leyva. Hasta este momento no los han mandado citar. Solamente les han señalado como partícipes en los delitos que los agarraron en flagrancia, esto es, ya sabe, cohecho, contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas”.

Reveló, hasta el momento sólo Cinthia “N” pareja de Pool Pedro “N”, ha sido interrogada en prisión, pero de forma ilegal por gendarmes de la SSC, “fueron al Reclusorio, con el apoyo de la directora que ahí estuvo, le estuvieron haciendo durante cinco horas aproximadamente preguntas, tratando de sacar algún tipo de información, le cuestionaron acerca de varias personas, mostraron algunas fotografías. Ella manifiesta que no los conoce, nunca los ha visto, y hasta ahí, no refirió más”.

Desmantelan red de corrupción en la Cofepris

Personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), realizaron una investigación que derivó en la separación del cargo a 11 servidores públicos en total, por su presunta colusión con el sector regulado.

La Semar informó que las personas involucradas eran responsables de analizar posibles riesgos sanitarios en el proceso de elaboración de Normas Oficiales Mexicanas, en sustancias y productos de suma importancia, como plaguicidas.

Apuntó, como resultado de los trabajos permanentes de inteligencia se encontró evidencia de destrucción de información (discos duros), filtración de proyectos de modificación a normas, e intercambio de correos electrónicos donde se reportaba de manera periódica a una exfuncionaria de alto nivel sobre acciones operativas e información relacionada a autorizaciones de Cofepris.

Resaltó, la exfuncionaria de quien se hace mención y fuera directora ejecutiva de Evidencia de Riesgos en Cofepris, actualmente funge como titular de una empresa gestora de trámites de asuntos relacionados con la salud. Con la separación del cargo de las personas presuntamente implicadas, también se realizaron las denuncias pertinentes ante el Órgano Interno de Control (OIC) para las investigaciones correspondientes por presuntas responsabilidades administrativas, será la autoridad jurisdiccional quien determine la acción penal correspondiente con base en evidencias recabadas por la Marina y Cofepris.

Dentro del tratado de extradición suscrito entre México y los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la República (FGR), en causas penales diferentes, entregó en extradición al gobierno americano a los connacionales José Luis Barrón y Lorenzo Castellanos, para que respondan por la probable comisión de distintos delitos.

La FGR mencionó que en el primer caso José Luis es requerido por la Corte Superior de California, Condado de Riverside, por los delitos de tentativa de homicidio premeditado, lesiones con un arma mortífera e infligir deliberadamente una lesión corporal, luego de que en septiembre de 2014 atacó a su expareja con un machete y un cuchillo de cocina, provocándole varias heridas y cortes en el cuerpo.

Mientras, en el caso de Lorenzo Castellanos fue requerido por la Corte citada en el caso anterior, por los delitos de homicidio y uso de un instrumento mortífero y peligroso, en específico uno para apuñalar. En 2001, dicho individuo realizó múltiples lesiones en cuello y pecho con un cuchillo a una mujer, lo que provocó su muerte.

Apuntó, una vez que los jueces federales encargados de evaluar las solicitudes, dieron su opinión favorable la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) concedió la extradición de ambos sujetos al gobierno estadounidense, por lo que fueron entregados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes de dicho país designados para su traslado final.

En otro caso, un juez federal sentenció a cinco años de prisión y multa de más de 70 mil pesos a Hiroshige Cid Hernández al encontrarlo responsable del delito de trata de personas en la modalidad de pornografía de personas menores de 18 años.

La Fiscalía Especializada en materia de

Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la delegación del Estado de México de la FGR, informó que en la carpeta de investigación del caso se refiere que Hiroshige Cid fue detenido en marzo de 2021 en un domicilio en Ecatepec, Estado de México, se le vincula con la difusión masiva a nivel internacional de material con contenido pornográfico infantil. Lo anterior derivado de una investigación en colaboración con la Policía de Berna, en Suiza, Interpol México, la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la FEMDO.

Confirman amparo a excolaborador de exgobernador Javier Duarte de Ochoa

El III Tribunal Colegiado en materia penal confirmó la resolución del juzgado I de distrito de amparo en materia penal, de conceder el juicio de garantías al testigo colaborador Antonio Tarek Abdalá Saad, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) no quiso darle una copia del criterio de oportunidad que firmó, el cual lo salvó de ir a la cárcel después de dar información sobre el desvío de recursos en el estado de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Tarek Abdalá fue tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de esa entidad, promovió un juicio de garantías debido a que el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, rechazó entregarle una copia auténtica del acuerdo firmado el 27 de noviembre de 2018.

Cabe recordar que Antonio Tarek es testigo colaborador de la FGR y la información que aportó a la dependencia fue importante para encarcelar y sentenciar a Duarte de Ochoa. La desaparecida PGR le otorgó un criterio de oportunidad, impidiendo así que se le imputara por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos, a pesar, que, su nombre aparecía en 32 carpetas de investigación y en 11 averiguaciones previas.

El exservidor público veracruzano cuenta con dos órdenes de aprehensión más libradas por jueces de Control, una por probablemente disponer de 2 mil 300 millones de pesos con lo que se dejó de proveer de elementos de salud a los veracruzanos, la otra por supuesto uso de 303 millones 915 mil 816 pesos retenidos al Sindicato del Seguro Social de Trabajadores de la Educación de Veracruz, para un fin distinto al que estaban destinados.