ESPECIAL YPFB

Jueves 1 de julio de 2021

ESPECIAL

Historia de un gobierno corrupto

Capítulo:

Destrucción económica de YPFB

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ESPECIAL

Jueves 1 de julio de 2021

En 11 meses del régimen de facto

Exautoridades generaron un daño económico millonario a YPFB Redacción Central La corrupción y la mala administración predominaron en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y sus empresas subsidiarias durante los 11 meses del régimen de facto de Jeanine Añez, cuyas exautoridades generaron a la petrolera nacionalizada un millonario daño económico, principalmente a la planta petroquímica de urea y amoniaco de Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba.

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n el periodo noviembre de 2019 y octubre de 2020, la estatal petrolera tuvo cuatro presidentes con una gestión que se caracterizó por acciones irregulares que en la actualidad son investigadas en el Ministerio Público y mediante procesos de auditorías.

El 19 de noviembre de 2019, a pocos días de consumarse el golpe de Estado que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales Ayma, el gobierno de facto designó a José Luis Rivero como presidente de YPFB y pocos días después —debido a que había afirmado que la estatal petrolera estaba “en quiebra”— éste fue reemplazado el 16 de diciembre del mismo año por Herland Soliz Montenegro, quien luego de una serie de irregularidades sería destituido y reemplazado el 7 de mayo de 2020 por Richard Botello, el cual, cinco meses después, renunció al cargo por cuestiones personales y en su lugar fue posesionada Katya Diederich, el 12 de octubre.

Varias acciones irregulares caracterizaron a la pasada gestión administrativa a cargo de YPFB, que tiene como

principales protagonistas a Herland Soliz y el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora Castedo, este último posesionado por Jeanine Añez el 14 noviembre de 2019 y acompañaría a la expresidenta inconstitucional durante 11 meses.

HERLAND SOLIZ Sobre Soliz, quien antes de llegar a YPFB fue funcionario de la Gobernación Departamental de Santa Cruz, en la gestión de Rubén Costas, pesan denuncias referidas a la contratación directa de una póliza de seguros a la empre-

290 millones de dólares es el cálculo del daño económico al Estado, por la paralización de la planta de urea y amoniaco.

sa Credinform por más de Bs 49 millones, la adjudicación del servicio de provisión de alimentos a la empresa Newrest Bolivia Soporte SRL, por un costo unitario (por trabajador) de Bs 416 por día, el manejo irregular de $us 1,2 millones para el programa Unidades Médicas de Emergencia por Covid (UMEC) y el daño económico generado a la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo.

VÍCTOR HUGO ZAMORA La Fiscalía también determinó ampliar las investi-

gaciones en contra del exministro Víctor Hugo Zamora por el caso de las adjudicaciones directas de bienes y servicios que habría autorizado Herland Soliz. Asimismo, fue vinculado al caso UMEC, tomando en cuenta que habría instruido la aplicación de este programa mediante la Resolución Ministerial 031-2020, del 23 de marzo de 2020, pese a no tener “ninguna competencia”, según señala un informe de YPFB. Al igual que Soliz, el exministro Zamora también es procesado penalmente por

ESPECIAL Infografía: Yuri Rojas

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IRREGULARIDADES EN LAS EMPRESAS SUBSIDIARIAS El 13 de mayo, la actual administración de YPFB Logística, subsidiaria de YPFB, denunció que en la gestión 2020 los exejecutivos causaron a la empresa un daño económico de Bs 4,4 millones al haber contratado, de manera irregular, a 94 personas.

El caso fue presentado ante la Fiscalía en contra de los exmiembros del directorio y exejecutivos de la empresa por los delitos de malversación, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

El 20 de mayo, la estatal petrolera informó sobre investigaciones y auditorías especiales en subsidiarias de YPFB y en el programa de Unidades Médicas de Emergencia por Covid (UMEC), con un posible daño económico al Estado.

Las empresas YPFB Transporte, YPFB Transierra y Gas TransBoliviano instruyeron el inicio de auditorías especiales en el marco de las competencias de las direcciones de auditoría interna y las unidades de transparencia.

De acuerdo con el informe preliminar, en YPFB Transporte hubo direccionamiento a un proveedor específico con fecha anterior, inclusive a la

haber instruido paralizar la planta de urea, sin ningún tipo de respaldo técnico ni legal. Este hecho generó un daño económico al Estado por $us 290 millones.

PLANTA DE UREA En diciembre de 2020, la nueva administración de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos y Energías formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de Zamora y Soliz, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, re-

feridos al daño ocasionado a la planta de urea y amoniaco.

La denuncia penal también recae contra Jorge Roberto Blancourt Calvo, exvicepresidente Nacional de Operaciones; Óscar Alberto Boutier Hurtado, exgerente de Industrialización; Carlos Manuel Segundo Vilar Gutiérrez, exdirector de Operación y Mantenimiento de la planta de amoniaco y urea, e Ivert Fernando Oliva Soria, excoordinador de Operación y Mantenimiento del complejo petroquímico.

“Hay un daño más importante que el económico, y es el

1,2 millones de dólares fue el manejo irregular detectado en la ejecución del plan Unidades Médicas de Emergencia por Covid (UMEC) en 2020.

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daño que se le hace a la imagen del país, a los propósitos, al futuro del país, de dejar de ser productor y vendedor de materias primas”, dijo en pasadas declaraciones el gerente legal de YPFB, Gonzalo Claure.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, en declaraciones realizadas el 27 de abril, señaló que la justicia debe investigar la denuncia sobre el daño económico a YPFB y sus subsidiarias por parte de autoridades del gobierno de facto.

“La justicia tiene que actuar, como YPFB somos parte de las

emisión de la Resolución Ministerial 031-2020 del MHE, que crea el Plan UMEC. Hubo el pago por anticipado por el monto total de $us 325.000 al proveedor, sin la emisión de una boleta de garantía.

En Gas TransBoliviano, relacionado al programa UMEC, se comprobó que las acciones comenzaron el 23 de marzo de 2020 con una solicitud de parte de la Dirección de Gestión Corporativa de YPFB a Gas TransBoliviano para un aporte extraordinario de $us 200.000, según el comunicado de la estatal petrolera.

En el caso de YPFB Transierra, se remitió una solicitud de YPFB para el aporte extraordinario de $us 200.000. El 23 de marzo de 2020, la empresa recibió una cotización para la compra de seis contenedores metálicos móviles con materiales y equipamiento médico de un proveedor local a nombre de YPFB. Dos días después, la empresa realizó la adjudicación al mismo proveedor y procedió al pago, cuyo proceso se ejecutó en cinco días, cuando el tiempo del trámite es de tres semanas, por lo que se habría incurrido en un proceso irregular de contratación.

víctimas, una vez que se hagan las investigaciones, se tiene que mostrar el daño económico y conocer cómo se han administrado las empresas de los bolivianos”, sostuvo la autoridad.

La planta de urea y amoniaco está ubicada en el municipio de Entre Ríos, en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, fue el primer proyecto de industrialización del gas natural que logró consolidar Bolivia en el periodo 2006-2019, con una inversión histórica que alcanzó a $us 953 millones en su construcción.

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Fiscalía imputó a Herland Soliz por tres delitos Redacción Central El 16 de diciembre de 2019, el entonces ministro Víctor Hugo Zamora Castedo recomendó a Herland Soliz Montenegro para que asuma el cargo de presidente de YPFB.

Huyó a Paraguay o Argentina

Zamora está implicado en al menos 2 hechos de corrupción

Redacción Central El 14 de noviembre de 2019, la entonces presidenta Jeanine Añez posesionó a Víctor Hugo Zamora como ministro de Hidrocarburos, quien se mantuvo en el cargo hasta el 8 de noviembre de 2020.

Durante su gestión, Zamora estuvo vinculado a varios hechos irregulares y de corrupción, por lo que el Ministerio Público lo citó para que declare; sin embargo, como ocurrió con otros exministros, como Arturo Murillo y Luis Fernando López, huyó de Bolivia para evitar a la justicia.

Se sospecha que se encuentra en Argentina o Paraguay, países con los que Tarija, donde presuntamente residía, limita.

La Fiscalía informó que es investigado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, en al menos tres procesos penales en los que tiene diversos grados de responsabilidad.

Zamora tiene vínculos con la firma de la Resolución Administrativa Interna 78/2020 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para las adjudicaciones directas de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria de 2020.

A finales de 2020, YPFB presentó una querella en su contra por las pérdidas de al menos $us 290 millones que ocasionó al ordenar la suspensión de la venta de urea.

MUERTES EN SENKATA

Fue incluido en la investigación por los hechos ocurridos en Senkata en noviembre de 2019, donde se registraron 10 fallecidos y 31 heridos.

En aquella ocasión, Zamora coordinó el operativo de traslado de combustible desde la planta de YPFB en El Alto, donde hubo enfrentamientos.

CASO UMEC

El 26 de abril, la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB develó el presunto manejo irregular de $us 1,2 millones para la ejecución del plan Unidades Médicas de Emergencia por Covid (UMEC) durante las administraciones de Soliz y Zamora.

Soliz fungió durante seis años como secretario de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz. En su momento fue el impulsor de que se declare el campo Incahuasi como perteneciente al 100% al departamento cruceño.

Durante su gestión se cometieron al menos tres hechos de corrupción en el interior de la estatal petrolera; sin embargo, la entonces autoridad afirmó que se trataba de acusaciones infundadas, sin pruebas y que pretendían dañar su trabajo y trayectoria profesional.

Aunque en varias oportunidades dijo que no dimitiría a su cargo, el 5 de mayo presentó su renuncia a la presidencia de YPFB

de manera irrevocable alegando motivos personales y familiares.

El gobierno de Añez le había solicitado anular los contratos millonarios que canalizó debido a que los realizó de manera directa.

LAS INVESTIGACIONES

A mediados de junio de 2020, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión para Soliz debido a que no se había presentado a declarar a las instancias judiciales.

El 19 de junio, la Policía y Fiscalía allanaron su vivienda, en el barrio Las Palmeras en la zona San Aurelio en Santa Cruz, pero no fue encontrado.

El 23 de junio de 2020 se activó la alerta migratoria para evitar que salga del país.

A pesar de que hasta la fecha no hay una información oficial, se sospecha que Soliz, como lo hicieron otras exautoridades del régimen de facto, huyó de Bolivia para evitar a la justicia. Posiblemente se encuentra en Estados Unidos.