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Domingo 19 de septiembre de 2021

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Camacho y cívicos cruceños usan a indígenas políticamente

Bajo el falso discurso de cuidar la tierra

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Camacho posiciona demanda de tierras para recuperar el liderazgo perdido en Santa Cruz El expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz y ahora Gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, intenta posicionar una demanda de tierras que no existe, en su afán de recuperar el liderazgo perdido en esa región. Utiliza a un grupo de indígenas benianos para defender intereses privados que son ajenos a los que marchan hasta la capital cruceña.

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a afirmación fue divulgada en una entrevista con Ahora El Pueblo por los analistas Hugo Siles y Gustavo Torrico, por separado, en la que coinciden en que, a cinco meses de gestión, Camacho no ha cumplido ninguna de las promesas electorales, como la creación de fuentes de empleo, la compra de vacunas contra el Covid-19 y la inmunización total de la población hasta este mes, entre otros.

Señalan que no existe riesgo en la titulación colectiva de tierras y territorios, porque la Constitución Política del Estado garantiza ese derecho a través de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), por lo que se descarta la falsa narrativa mediática de avasallamiento de predios indígenas impulsada por Camacho, el Comité Cívico de Santa Cruz, las bancadas de oposición Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).

Los analistas coinciden en que en el artículo 139 de la Carta Magna el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda.

El artículo 394, en su inciso III, señala que el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y las comunidades campesinas.

Además la propiedad colec-

tiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria.

El artículo 395 indica que las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean

La marcha afín a Luis Fernando Camacho se dirige hacia Santa Cruz.

o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas.

En el 398 se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la te-

nencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder cinco mil hectáreas.

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Redacción Central

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Defiende intereses ajenos a los de los indígenas

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HUGO SILES afirma que en Camacho se ve un comportamiento permanente de vulnerar las normas y la Constitución Política del Estado, ahora a través del tema tierras.

Siete miembros de la Unión Juvenil Cruceñista detenidos con armas cuando se dirigían al Congreso de Tierras en San Ignacio de Velasco.

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presariales que están alejados de cualquier reivindicación indígena originaria campesina.

VIOLACIÓN Hugo Siles señaló que Camacho mantiene un comportamiento permanente de vulnerar las normas y la Constitución Política del Estado con mentiras como el avasallamiento de tierras fiscales, la defensa de la democracia o el fraude electoral.

“Tiene un antecedente en el comportamiento contrario a la Constitución Política

GUSTAVO TORRICO advierte que Luis Fernando Camacho ha perdido representatividad en Santa Cruz y busca recuperar su liderazgo con el falso discurso de avasallamientos.

del Estado, fue responsable directo de organizar y protagonizar el golpe de Estado de noviembre de 2019. Hoy como gobernador su agenda es la confrontación, utilizando el tema sensible de tierra y territorio”, precisó.

LEGITIMIDAD El analista Gustavo Torrico dijo que más allá de lo jurídico o de la defensa de la tierra, Luis Fernando Camacho se aferra al tema delicado de los predios fiscales, primero para defender la ilegal titulación de tierras del exministro de Economía de Jeanine Añez, Branko Marinkovic, quien se adjudicó de manera irregular al menos 34 mil hectáreas en Santa Cruz, y segundo para recuperar la legitimidad perdida en el departamento cruceño.

“Debemos ver que Camacho no tiene una buena aceptación política por su mala gestión y está buscando un espacio de manejar un grupo de indígenas para hacer ver que las tierras que se estaría defendiendo son las que están tituladas por TCO y que son propiedad de los pueblos indígenas; pero también genera un conflicto ficticio de avasallamiento para obtener dividendos económicos de los agroindustriales y fortalecerse, porque ya no tiene representación, ya no es el

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RESPETO El analista político Hugo Siles advierte que Luis Fernando Camacho falta a la verdad con la narrativa de avasallamientos a las TCO en su afán de desvirtuar el cumplimiento constitucional de la administración de Luis Alberto Arce Catacora en la distribución de tierras fiscales.

Recordó que durante el régimen de facto de Jeanine Añez algunos empresarios y políticos que fueron parte de la ruptura del orden constitucional, en noviembre de 2019, influyeron en la designación de ministros como Branko Marinkovic, que hicieron uso discrecional, arbitrario e interesado en los trámites de tierras, titulando grandes extensiones en el oriente boliviano “en tiempo record” y sin cumplir el procedimiento enmarcado en la norma.

“Hoy los sectores en Santa Cruz que defienden y sostienen la agenda conflictiva del gobernador Luis Fernando Camacho, sobre el tema tierras, cierran filas en función de defender esos intereses particulares, empresariales, que van en contra de la tradición que ha tenido (Evo) Morales y (Luis) Arce de priorizar la titulación para originarios indígena campesinos, a los pequeños y medianos empresarios con equidad”, sostuvo.

Aseguró que la defensa que hacen algunos sectores en Santa Cruz, aprovechándose de los indígenas de tierras bajas, representa otros intereses em-

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El Gobierno le pide a la marcha afín a Camacho su pliego petitorio.

representante de la oligarquía cruceña, porque se dieron cuenta que Camacho en vez de un remedio es un cáncer para los intereses de los cruceños”, sostuvo.

Insistió en que en el fondo Luis Fernando Camacho intenta reconstituirse a través de la tierra con la esperanza de un apoyo nacional,

pero dijo que ni Beni ni Pando lo hacen porque saben que su derecho a la tierra y territorio está garantizado por la Constitución Política y por el Gobierno del MAS, “por lo tanto quiere hacer frente y conseguir una fuente de financiamiento que le permita reposicionarse, y no creo que lo consiga”.

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Redacción Central El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) logró sanear y titular 32,3 millones de hectáreas (ha) de tierras en Santa Cruz, lo que representa el 90% de la superficie objeto de saneamiento en ese departamento, que alcanza a 35,7 millones de ha.

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Quedan pendientes 3,4 millones de hectáreas

INRA saneó el 90% de tierras del departamento de Santa Cruz

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e acuerdo con los datos oficiales, la superficie total del departamento de Santa Cruz es de 37.062.100 ha, de las cuales 1.265.047 ha corresponden a manchas urbanas, cuerpos de agua y otros, mientras que la superficie objeto de saneamiento alcanza a 35.797.053 ha. De esta última cifra, 32.304.409 ha fueron saneadas y tituladas y representan el 90%, y quedan pendientes 3.492.643 ha (10%).

De la superficie pendiente, están en proceso de legalización o saneamiento 2.071.861 ha y paralizadas o en conflicto 1.420.782 ha.

“Desde el nivel central se planifican las políticas que están orientadas a encarar un desarrollo rural sustentable en nuestro país. Sobre las tierras fiscales, nuestra Constitución menciona que las tierras fiscales disponibles son para dotación gratuita a campesinos, indígenas, originarios, interculturales y afrobolivianos”, explicó el ejecutivo nacional del INRA, Eulogio Núñez.

Para el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Rolando Borda, en el periodo 2006-2019 se “avanzó mucho” en el proceso de distribución de tierras con el entonces presidente Evo Morales; sin embargo, el golpe de Estado, perpetrado en noviembre de 2019, comenzó una persecución al sector campesino con el despojo de sus propiedades en beneficio de los empresarios terratenientes.

NACIONAL En el ámbito nacional, el proceso de saneamiento de tierras alcanzó el 87%, que representa 89,4 millones de ha, queda pendiente sólo un 13% por sanear, que representa 13,8 millones de ha, que el INRA pro-

yectó concluir hasta 2023.

Según Núñez, desde que el presidente Luis Arce Catacora asumió el mando del país —el 8 de noviembre de 2020— el proceso de saneamiento de predios, en el marco de la reactivación productiva y económica del país, bajó en un punto porcentual.

“En el periodo del hermano presidente Luis Arce y David (Choquehuanca) ya hemos bajado un punto y nos queda solamente un 13 por ciento (de superficie por sanear)”, manifestó.

Remarcó que el saneamiento y titulación de tierras es de competencia “privativa” del Gobierno nacional, además de la distribución de predios fiscales disponibles que es ejecutada mediante el INRA.

35,7 MILLONES de hectáreas es la superficie objeto de saneamiento en el departamento de Santa Cruz.

37 MILLONES de hectáreas es la superficie total del departamento cruceño, según los datos del INRA.

PENDIENTE La superficie nacional pendiente de saneamiento alcanza a 13,8 millones de ha (13%). De esta cifra se encuentran en plena ejecución 5,7 millones, paralizadas o en conflicto 6,9 millones y por mensurar 1,1 millones.

En el periodo 1996-2021 fueron emitidos 1,3 millones de títulos de propiedad agraria con un total de beneficiarios que alcanza a 2,7 millones.

Actualmente, la estructura de la tenencia de la tierra se distribuye en predio fiscal con 26,7 millones de ha (30%), campesinos e interculturales con 24,8 millones, Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) con 24,3

ESPECIAL // INFOGRAFÍA: YURI ROJAS

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millones (27%) y empresarial con 13,6 millones (15%).

MUJERES Los datos del INRA muestran que históricamente, en el periodo 1952-1992, las mujeres no fueron consideradas sujetos de derecho para acceder a la tierra, tomando en cuenta que los hombres ostentaban el 90% de los títulos de propiedad frente a sólo un 10% que correspondía a las mujeres.

Sin embargo, entre 1996 y 2021 el acceso a la propiedad de la tierra registró una transformación trascendental —en particular desde 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Evo Morales asumió nuevas políticas en el tema tierras— beneficiando a

1,2 millones de mujeres (45%) con la entrega del título agrario, 1,4 millones (53%) para varones y 48.767 (2%) a persona jurídica.

“En 14 años, evidentemente hubo bastante cobertura para las mujeres gracias a nuestro hermano Evo Morales (...) Gracias a él nosotras hemos podido avanzar en lo que es la formación política, ideológica e incluso académica, muchas compañeras han salido bachilleres, han continuado, ahora son profesionales. Entonces hemos avanzado, pero necesitamos profundizar”, dijo Maribel Ávalos, de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - ‘Bartolina Sisa’.

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Es apadrinada por Fernando Camacho

Marcha indígena no busca respeto a las tierras, sino a intereses de cívicos cruceños Redacción Central La marcha indígena afín a Camacho, iniciada el 25 de agosto en Trinidad, Beni, en supuesto respeto al territorio, recursos naturales e identidad cultural de los pueblos indígenas, fue desvirtuada desde el momento en que hubo intromisión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de parte de los cívicos cruceños que decidieron financiar la movilización con fines políticos, coinciden asambleístas y dirigentes indígenas.

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sta movilización, encabezada por 200 indígenas de tierras bajas del país, se da en un contexto de profunda crisis socio-organizativa de las organizaciones indígenas de tierras bajas, la gran mayoría de las organizaciones están divididas, politizadas y sin agendas propias.

Un resultado de la actual marcha indígena es la creación del parlamento indígena como una alternativa a sus organizaciones tradicionales hoy cuestionadas e interpeladas por ellos mismos, o una alternativa para dar cuenta de su descontento con sus propios representantes indígenas en los órganos legislativos en los distintos niveles de gobierno.

Ante esta ambigüedad, aún no se vislumbra su sostenibilidad en el tiempo, por lo que tiene el riesgo de que tampoco representará la verdadera autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, ya que carece principalmente de la decisión unánime desde las bases.

INTROMISIÓN POLÍTICA El 27 de agosto, el primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, anunció que se trasla-

daría hasta la frontera con el Beni, en la localidad de San Pablo, para recibir la marcha indígena y que la acompañaría durante su caminata hasta llegar a Santa Cruz.

Según Larach, la decisión nació en la Asamblea de la Cruceñidad, donde se determinó apoyar todas las manifestaciones relacionadas con la defensa de la tierra y la lucha por la democracia. “Vamos a acompañarlos un trecho de la marcha”, puntualizó el dirigente cívico.

La columnista Jhannise Vaca Daza indicaba, en uno de sus artículos sobre el apoyo a la marcha indígena, que “es un secreto a voces entre grupos activistas en Santa Cruz que la coordinación de cualquier iniciativa con el Comité Cívico es casi imposible porque siempre buscan adueñarse del protagonismo y no son transparentes con sus planes”.

200 personas conforman la columna de marchistas.

Hombres, mujeres, ancianos y niños representan una treintena de pueblos indígenas del oriente boliviano (amazonia) y del chaco.

Ante estos pronunciamientos, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Danny Daniel Rojas acusó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de usar la marcha de los indígenas como “bandera política” y una excusa para “desestabilizar” el país.

“Como siempre, la Gobernación de Santa Cruz queriendo mentir y llamar la atención, ahora (se presentan como) los grandes defensores de los indígenas. Parece que para (ellos) hay indígenas de primera y de segunda. Lo más lamentable es que se esté politizando (la marcha de) los hermanos indígenas, quieren (…) desestabilizar (el país)”, cuestionó el legislador.

Clemente Ramos, portavoz de la agrupación en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, apunta a que el Gobernador

está detrás de la marcha indígena organizada por la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB).

Ramos, junto con sus compañeros de bancada, criticó la manipulación política de los pueblos indígenas con el ánimo de desestabilizar al Gobierno nacional. “Son las ideologías de derechas las que mueven la marcha”, señaló el asambleísta.

“Así como en 2011 y 2012, usan el nombre de los indígenas para dar un golpe de Estado”, denunció el vocero del MAS mientras apuntó al Gobernador por “inducir a la marcha” para provocar mayor tensión con el conflicto de las tierras.

El asambleísta consideró que Camacho sostiene que el argumento de los avasallamientos es para justificar su “persecución al INRA” y desconocer la verdadera com-

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chiquitano, María Inocenta Poñé Poiché, la marcha indígena, que está apadrinada por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, no cuenta con un pliego petitorio porque busca desgastar al gobierno de Luis Arce.

Poñé dijo que esa movilización tiene el sello de pseudodirigentes como Adolfo Chávez, que no tienen ninguna representatividad y no es ningún interlocutor válido.

Una de las autoridades cuestionadas por su poca o ninguna participación en los conflictos y violentas represiones de 2019 y su inclinada posición de apoyo a políticos del gobierno del régimen de facto de Añez, Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, anunció que se sumará a la marcha indígena de tierras bajas desde este lunes, por lo que pidió garantías al Gobierno para que no exista intervención porque lo único que hacen es reclamar el respeto a su territorio.

petencia privativa que corresponde al poder central.

Ramos observa “un tinte político” en estas demandas, que también inciden en la marcha indígena que cumple el séptimo día.

Por su parte, la alianza política de Creemos propuso apadrinar a los marchistas y a través del presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña, José Carlos Gutiérrez, planteó a cada cruceño que “apadrine” a un indígena de la XI Marcha.

“Nosotros pedimos que como cruceños apadrinemos a cada uno de ellos (indígenas), porque es una marcha por la vida”, dijo el asambleísta. “Lo mínimo que podemos hacer es brindarles logística y ayudarles en su camino a Santa Cruz”, complementó Gutiérrez.

Para la exasambleísta departamental por el pueblo

MARCHA INDÍGENA SIN DEMANDAS El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, afirmó que hasta ahora el Gobierno nacional no conoce las demandas o el pliego petitorio de los marchistas indígenas que se aproximan a la ciudad de Santa Cruz, por lo que hay un trasfondo político alentado por los partidos de la oposición, como Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).

“Lo que sí nos encantaría conocer es su demanda porque en 20 días de marcha y hasta hoy no conocemos su pliego petitorio. Lamentamos que no exista esa voluntad de transparentar sus demandas, el pliego petitorio, porque si no lo transparentan, se empieza a generar susceptibilidades, peor cuando actores políticos como de la oposición Creemos y Comunidad Ciudadana empiezan a participar. Claramente detrás de la marcha hay un trasfondo político”, dijo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, manifestó que los marchistas no dieron a conocer cuáles son sus demandas específicas para que el Gobierno las atienda como corresponde.

Así como en 2011 y 2012 usaron el nombre de los indígenas para dar un golpe de Estado, ahora el Gobernador de Santa Cruz induce a la marcha para provocar mayor tensión con el tema de las tierras”. Álvaro Ruiz Viceministro de Autonomías

“Tenemos que preguntarnos cuál es el pliego de demandas de la marcha indígena, eso nos preocupa, no estamos criticando. Si los hermanos que están marchando tienen exigencias vamos a trabajarlas, si son referidas a temas de legislación o del Órgano Ejecutivo, pero siem-

pre en el marco del respeto, de una reivindicación sana para el pueblo indígena”, sostuvo.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, adelantó que las autoridades gubernamentales están dispuestas a escuchar las demandas de los indígenas marchistas y recomendó no caer ante las pretensiones de políticos cruceños que buscan instrumentalizar la movilización.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ignacio Ríos, se reunió con los marchistas en la comunidad de Cerro Chico. De acuerdo a las declaraciones de la autoridad, se trató de un primer encuentro para conocer las demandas de los marchistas, pero no hubo resultados.

CUESTIONAMIENTOS DE OTROS SECTORES INDÍGENAS Patricia Tellería, de la Central Indígena Chiquitana, indicó que existen lazos de la marcha indígena con el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien, según la dirigente, busca instrumentalizar el apoyo rural debido a que fracasó en su propuesta de titular y redistribuir la tierra.

Dijo que esa marcha carece de pliego petitorio cono-

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cido y sus protagonistas no tienen la representatividad ni fueron elegidos por las bases indígenas.

El dirigente del Tipnis Carlos Fabricano afirmó que la marcha indígena se moviliza por intereses personales y no del pueblo indígena. Incluso acusó a los movilizados de recibir Bs 300 y Bs 400 para llevar adelante la “marchilla”.

Mencionó también que marchan por intereses personales porque están ganando Bs 300 o Bs 400, es una marchilla que no ha sido consultada con las bases.

“No tiene sentido, Adolfo Chávez trabaja con la oposición, no tiene ninguna representación”, agregó.

La marcha indígena avanzó más de 250 kilómetros y se encuentra en territorio cruceño. Ha sido una marcha indígena poco anunciada por sus promotores, no cuenta con el consenso de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y logró su organización a partir de la participación de líderes históricos como los tatas marchistas del 90, quienes reivindican el respeto de los territorios y derechos de los pueblos indígenas de tierras bajas.

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//INFOGRAFIA : YURI ROJAS

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Entregó 700 mil hectáreas de superficie

Añez favoreció a los Marinkovic y a empresarios terratenientes

Redacción Central Al menos 700 mil hectáreas (ha) de tierras, que representan el 70% del millón saneadas de manera irregular durante el gobierno inconstitucional de Jeanine Añez, beneficiaron a empresarios terratenientes del departamento de Santa Cruz, entre ellos la familia del exministro de Economía Branko Marinkovic.

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os datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) señalan que en la gestión de Jeanine Añez se titularon 1.087.534 ha, de las cuales la mayor parte, con 760.750 ha, que representa el 70%, benefició a la grande y mediana empresa; 313.377 ha (29%) al sector campesino más interculturales y 13.407 ha (1%) a la Tierra Comunitaria de Origen y Territorio Indígena Originario Campesino (TCO/TIOC).

En abril de este año, el direc- Remmy Gonzales, señaló que tor ejecutivo nacional del INRA, Añez favoreció a 46 empresaEulogio Núñez, denunció que el rios terratenientes y que el Gogobierno de facto paralizó más bierno nacional llevó el caso de 7 mil trámites de titulación ante el Tribunal Agroambiende predios, sin embargo prio- tal, instancia que es responrizó la emisable de sión de reimpartir soluciones justicia para otorgar especiael derecho lizada en de propiem at e r i a dad de tea g ra r ia, rrenos por forestal, encima de pecuaEMPRESARIOS aproximadamente las 5 mil ha, ria, amse beneficiaron con la entrega de que es conbie nt a l, tierras de manera irregular durante traria a lo aguas y establecido biodiveren la Conssidad, en titución Poel marco lítica del Estado. de lo establecido por la ConstiAdemás, entre otras irre- tución Política del Estado y las gularidades, mencionó que leyes vigentes. en la pasada gestión se procedió a la reimpresión de 79.617 CASO MARINKOVIC títulos agrarios —de noviemEn abril de este año, el bre de 2019— para presentar- INRA emitió las notificaciolos como resultado del go- nes al Viceministerio de Tiebierno de Añez. rras por el caso de saneamienEl 13 de julio, el ministro to irregular de 34.320 ha de de Desarrollo Rural y Tierras, tierras en Santa Cruz a favor

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de la familia del exministro Branko Marinkovic, para iniciar la investigación.

Se trata de los predios Tierras Bajas del Norte y Laguna Corazón. En el primer caso, ubicado en el municipio San José de Chiquitos, el saneamiento data de 1998 y hasta 2019 (en 21 años) el INRA se mantuvo en reconocer sólo 5.000 ha según la Constitución Política del Estado; sin em-

En la gestión de Jeanine Añez se titularon 1.087.534 hectáreas (ha) de tierras, de las cuales la mayor parte, con 760.750 ha, que representan el 70%, benefició a la grande y mediana empresa; 313.377 ha (29%) al sector campesino más interculturales; y 13.407 ha (1%) a la Tierra Comunitaria de Origen y Territorio Indígena Originario Campesino (TCO/ TIOC)”.

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) bargo, durante el gobierno de Añez (en sólo un año) se pretendió legalizar 21.839 ha.

Respecto al predio Laguna Corazón, del municipio Ascensión de Guarayos, el saneamiento data del año 2000 y hasta 2019 (en 19 años) el INRA se mantuvo en reconocer 2.274 ha, pero en el régimen de facto se intentó sanear 12.481 ha con un daño al Estado de 10.207 ha.

El exministro de Economía del régimen de facto Branko Marinkovic.