ESPECIAL - RJC

ESPECIAL

RJC, el grupo parapolicial que sembró terror y violencia en 2019

Lunes 6 de junio de 2022

Especial 6.06.2022

REDACCIÓN CENTRAL

D

e acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el primer registro sobre la aparición de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) data del 29 de octubre de 2019, en Cochabamba. Este grupo parapolicial participó en enfrentamientos registrados en el puente Muyurina, en apoyo de grupos de bloqueadores, opositores al gobierno del entonces presidente Evo Morales.

La organización, integrada en su mayor parte por jóvenes, se caracterizó por movilizarse en motos y portar armas de factoría casera, como fusiles y bazookas.

El reporte del GIEI da cuenta de que el grupo también estuvo implicado en la quema del cerro San Pedro, en la capital cochabambina, ese mismo día.

Otro grupo de la RJC fue filmado recorriendo las calles del centro de Cochabamba, cuando se cruzaron con dos mujeres de pollera, a quienes no dudaron en agredirlas y golpearlas.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Heroínas y 25 de Mayo.

A partir de ese momento, la RJC tomó protagonismo en las movilizaciones de sectores que buscaban el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, participaron activamente en éstas mediante el amedrentamiento y agresión a personas de origen aymara, quechua y humilde. Pese a que desplegaron su aparataje de violencia sistemática, se presentaban ante los

// 2

RJC

RACISMO, VIOLENCIA Y TERROR: LAS

HUELLAS DE LA RJC CRÍMENES. La Resistencia Juvenil Cochala comenzó a operar en enfrentamientos junto con ciudadanos que se oponían al entonces gobierno constitucional. Sus actuaciones más funestas tuvieron lugar el 6 de noviembre, cuando amedrentaron a una marcha de mujeres campesinas y secuestraron a la exalcaldesa de Vinto Patricia Arce.

+ datos Cuando se gestó y concretó el golpe de Estado, los integrantes de la RJC salían a patrullar diariamente las calles y avenidas de la ciudad de Cochabamba y de algunas provincias en sus motocicletas, atacando a campesinos, personas humildes, mujeres que vestían pollera, dirigentes y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y cualquier otra persona que pensaba diferente a ellos.

medios de comunicación como una organización pacífica.

VIOLENCIA DESMEDIDA

El 6 de noviembre, cuando una marcha de mujeres indígenas y campesinas fue convocada para pedir paz, respeto a la democracia y el cese de la violencia, la RJC cometió los hechos más funestos dentro de su prontuario criminal.

Ese día, una facción, conformada por 300 integrantes de este grupo, se trasladó hasta Vinto para secuestrar a la entonces alcaldesa de ese municipio, María Patricia Arce Guzmán.

Los miembros de la RJC, armados con palos, piedras y otros objetos contundentes, atacaron el frontis del edificio municipal y rompieron cámaras de seguridad y ventanas.

Arce fue interceptada en el camino por un grupo de personas que inmediatamente comenzó a golpearla con palos y a insultarla.

Producto del ataque perdió el conocimiento, pero sus agresores le echaron aguaparareanimarla.

Entonces fue o b l i gada a

caminar descalza hacia Quillacollo por la avenida Blanco Galindo mientras era agredida. Casi en Quillacollo, apareció una mujer que se acercó, la golpeó con unos palos con clavos y le cortó el cabello. Mientras estos hechos sucedían, varias personas sacaron fotografías y videos que aún circulan por redes sociales.

Entretanto, otro grupo de la RJC, a bordo de motocicletas, interceptaron a mujeres que participaron en la masiva marcha femenina que se alistaba para irse a sus poblaciones, las obligaron a bajar, pincharon las llantas de los buses que iban a trasladarlas, según establece el mismo informe del GIEI. Además, varias de estas mujeres fueron obligadas a marchar como escudos humanos de los miembros de la RJC, de acuerdo con videos grabados ese día. El informe del GIEI también establece que los integrantes de la RJC amenazaban a estas mujeres con agresiones sexuales.

El grupo continuó participando activamente en las jornadas posteriores, hasta que se consumó el golpe de Estado. Fue así que se registraron los acontecimientos del 19 de diciembre de 2019 frente a la Asamblea Departamental de Cochabamba, cuando un grupo mayoritariamente de mujeres fue al lugar.

“Ahí, presuntos miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) los/las agredieron e insultaron: Según una de las mujeres que estaba presente, miembros de la RJC amenazaron a las mujeres, gritándoles ‘a ti te vamos

RESISTENCIA JUVENIL COCHALA

// FOTO: ARCHIVO

Un grupo de la RJC patrulla las calles de Cochabamba, amedrentando a la ciudadanía.

Durante el régimen de facto de Jeanine Añez, la RJC estuvo a punto de legalizar sus actividades de terror, gracias a que el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, les ofreció ser guardia oficial.

+ datos El 19 de octubre de 2021, la encargada de Negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, envió una carta en la que insta a que el Estado boliviano implemente las recomendaciones del GIEI y desmantele los grupos paraestatales, como los motoqueros de la Resistencia Juvenil Cochala.

6.06.2022

GIEI Y EL CAT DEMANDAN DESARTICULAR LA RJC Y LA UJC El Comité contra la Tortura (CAT) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) coincidieron en que es necesaria la desarticulación de organizaciones parapoliciales como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

De hecho, el informe del GIEI catalogó a la agrupación irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC) como un grupo de choque parapolicial. Dentro del reporte destaca su participación durante el Golpe de Estado en Bolivia y su actuación para enfrentar y disolver a agrupaciones del Movimiento Al Socialismo por medio de armamento casero, además de explosivos.

El informe del GIEI relata cómo la RJC agredió inclusive a mujeres de pollera bajo la excusa de ser militantes del Movimiento Al Socialismo en el departamento de Cochabamba. De igual manera tenía la misión de resguardar los puntos de bloqueo ejecutados por agrupaciones de la clase media cochabambina.

El informe señala que “La RJC se organizó desde el principio de los bloqueos y adquirió importante protagonismo en diversos enfrentamientos, como un grupo de choque que se autoasignó la misión de proteger primero los bloqueos y luego la ciudad. Se movilizaban de a dos en motocicletas, una persona conduciendo y otra con una bazuca artesanal, petardos u otros artefactos explosivos, imitando tácticas policiales para enfrentar y disolver de manera violenta marchas de adeptos al MAS”.

// FOTO: ARCHIVO

Con el retorno de la democracia y la asunción al gobierno del presidente constitucional Luis Arce, la RJC dejó de operar y varios de sus miembros y cabecillas tuvieron que enfrentar a la justicia por los crímenes cometidos.

Es así que su principal cabecilla, Yassir Molina, está detenido, lo mismo que Mario Antonio Bascopé y Fabio Alejandro Bascopé, mientras que Milena Soto guarda detención domiciliaria. Todos enfrentan procesos por daños a bienes del Estado, violencia y agresiones.

// FOTO: ARCHIVO

a violar’, ‘estás fichada, sabemos dónde vives’, ‘tenemos pagado el motel, te vamos a meter un hijo para que sepas de qué lado tienes que estar’”.

Este tipo de agresiones también era proferido contra los varones que acompañaban la movilización y cuya fisonomía era indígena.

El grado de impunidad de este grupo fue evidente durante el régimen de facto de Jeanine Añez, pues el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, llegó a felicitarlos por su actuación y los invitó a ser “la guardia oficial” de esa cartera de Estado.

Especial

Los cabecillas de la RJC. En el centro y de negro, el principal dirigente: Yassir Molina.

// 3

Especial 6.06.2022

RJC

// FOTO: OPINIÓN MULTIMEDIA

Uno de los miembros de la RJC con armamento casero para generar disturbios.

//FOTOS: DICO SOLIZ, OPINIÓN.

Miembros de la Resistencia Juvenil Cochala cometieron actos de discriminación, desnudaron a algunos.

La violencia generada por el grupo parapolicial se manifestó principalmente en las calles de Cochabamba.

// 4

LA VIOLE LA RJC C

EN IMÁ

CONTADA ÁGENES

Especial 6.06.2022

La RJC se caracterizó porque sus miembros utilizaban motos para recorrer la calle generando temor.

Armados de palos, el grupo agredió a cochabambinos por su color de piel, tildándolos de masistas.

//FOTOS: DICO SOLIZ, OPINIÓN.

ENCIA DE

RESISTENCIA JUVENIL COCHALA

La exalcaldesa de Vinto fue víctima de estas agresiones.

Le cortaron el cabello, la hicieron caminar descalza y le echaron pintura.

// 5

Especial 6.06.2022

RJC

// FOTO: ARCHIVO

La violencia generada por estos grupos parapoliciales causó daños económicos al Estado, toda vez que atentaron contra sitios públicos.

REDACCIÓN CENTRAL

L

// 6

as logias, a través de los llamados comités cívicos y las élites desde otras formas ajenas a las entidades vivas en el país, promueven y financian grupos parapoliciales contra gobiernos democráticamente constituidos por intereses políticos, económicos y de poder, aseguró el analista político Hugo Siles.

En entrevista con Ahora El Pueblo, el experto explicó que esos grupos irregulares y de choque se constituyen en el soporte violento de la derecha opositora en dos escenarios de la vida política del país: el primero en 2008, durante el fallido golpe cívico prefectural contra la administración de Evo Morales Ayma, a través de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo operador del Comité Cívico pro Santa Cruz; y el segundo, durante el golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019 a través de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) en Cochabamba.

En ambos casos predominaron acciones violentas, de discriminación, racismo y desprecio a lo indígena originario campesino, a través de jóvenes armados que se adjudican el rol de la Policía para asumir el control total, elimi-

LAS ÉLITES Y LAS LOGIAS FINANCIARON GRUPOS

PARAPOLICIALES POR INTERÉS POLÍTICO Y DE PODER RECURSOS. En Santa Cruz provienen de todas las instituciones vivas, de las cooperativas y de los empresarios que hacen aportes mensuales o anuales. En Cochabamba están atribuidos a los partidos de oposición que terminan apoyando y sustentándolos.

+ datos

Predominan acciones violentas, de discriminación, racismo y desprecio a lo indígena originario campesino, a través de jóvenes armados que se adjudican el rol de la Policía para asumir el control total, eliminando cualquier posibilidad de diálogo o a la confrontación de ideas en su afán de la toma del poder por la fuerza y la intimidación.

nando cualquier posibilidad de diálogo o a la confrontación de ideas en su afán de la toma del poder por la fuerza y la intimidación.

“En esos departamentos (Santa Cruz-Cochabamba) se da esa forma violenta de promover la intolerancia política y el matonaje que tienen los sectores políticos radicales que orquestan su accionar desde los llamados comités cívicos como es el de Santa Cruz, o de unas plataformas parapolíticas como en Cochabamba con la Resistencia Juvenil Cochala”, sostuvo.

SANTA CRUZ Hugo Siles explicó que la constitución del Comité Cívico pro Santa Cruz se da con la conformación de la Unión Juvenil Cruceñista en octubre de 1950 con el objetivo de luchar por los intereses regionales, como la equitativa redistribución de los fondos por la explotación de recursos, de velar por el engrandecimiento moral y material del departamento, entre otros; pero esos principios y convicciones poco a poco fueron apartados por intereses políticos y económicos de una élite o logias cruceñas.

RESISTENCIA JUVENIL COCHALA “Eso se fue trastocando, los temas de agenda regional ya no son de trámite del Comité Cívico, sino los temas de necesidad política y de interés económico y de oposición al Gobierno democráticamente establecido, por las élites y las logias en Santa Cruz. Ahora la agenda del Comité Cívico está íntimamente ligada a la oposición en el país”, precisó.

RESISTENCIA COCHALA En el caso de los grupos irregulares de Cochabamba, el analista político dijo que los antecedentes se remontan al año 2008, cuando el entonces prefecto por Nueva Fuerza Republicana (NFR), Manfred Reyes Villa, conforma como parte de su entorno y de su militancia esos grupos de choque que protagonizaron acciones de violencia, “de ahí subyace la presencia de este grupo paramilitar y ahora parapolicial que protagoniza diferentes acciones de violencia, pero que está ajeno al Comité Cívico de Cochabamba”.

“La presencia de este grupo paramilitar, parapolicial en Cochabamba está ajeno al Comité Cívico porque es la expresión violenta de los grupos de élite políticos conservadores y radicales que se han jugado en Cochabamba”, aseguró.

Especial 6.06.2022

ACTO DE RACISMO Y VIOLENCIA EN CONTRA DE LA EXALCALDESA DE VINTO

RACISMO Señaló que lo demostrado a raíz de los acontecimientos del intento del golpe cívico prefectural de 2008, los integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista han tenido una clara muestra de actos de racismo y de discriminación hacia campesinos indígenas del occidente que viven en Santa Cruz, focalizando su actuación violenta y desprecio contra bolivianos.

FINANCIAMIENTO En ese contexto, el analista explicó que el Comité Cívico pro Santa Cruz financia todas las actividades del grupo irregular parapolicial de la Unión Juvenil Cruceñista con fondos provenientes de todas las instituciones vivas, de las cooperativas y de los empresarios que hacen aportes económicos mensuales o anuales para su funcionamiento.

En tanto que en el caso de Cochabamba el financiamiento está atribuido a los partidos de oposición, que son los que finalmente terminan apoyando y sustentando a los grupos irregulares, “por ello es que el exministro de facto Arturo Murillo era el que se mostraba con la Unión Juvenil Cochala”.

Antes, durante y después del golpe de Estado en Bolivia en 2019, grupos parapoliciales y paramilitares de la UJC protagonizaron actos de violencia, discriminación y racismo extremo en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, atacando a niños, mujeres e indígenas.

Así lo refleja el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó lo ocurrido en el país desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019.

El odio y la violencia ejercida por esos grupos irregulares contra líderes políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS) deslizó un terror indescriptible en las víctimas que, en algunos casos, se vieron obligadas a renunciar a sus cargos porque sus familiares fueron secuestrados y amenazados de muerte, y otros porque fueron objeto de tortura, humillaciones y discriminación.

Es el caso de la entonces alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Flores, quien la tarde del 7 de noviembre de 2019 fue víctima de una turba de enardecidos liderados por la Resistencia Juvenil Cochala. Ingresaron por la fuerza a la Alcaldía para luego arrastrarla por el suelo, llevarla descalza a empujones hasta la calle donde fue rociada el cuerpo entero con una pintura de color rojizo y le cortaron el cabello en vía pública, rodeada de jóvenes armados con palos y piedras.

“Si quieren matarme, que me maten (…) No tengo miedo, es-

toy en un país libre”, respondía cuando intentaban obligarla a que firme su carta de renuncia al cargo de alcaldesa.

“Olvidar todo eso es abrir paso para que vuelva a suceder, y no lo vamos a permitir”, dijo Arce.

La también exalcaldesa de Vinto señaló que no sorprende que agrupaciones políticas como las opositoras CC y Creemos salgan ahora en defensa del grupo paramilitar ya que “se entiende, porque ellos han sido parte” del golpe de Estado.

Además de esta violencia, los miembros de la RJC también destruyeron bienes públicos, como el edificio de la Fiscalía General del Estado, que es considerada patrimonio arquitectónico en Sucre, entre otras instalaciones estatales.

Un informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia ocurridos en 2019 identificó a la RJC como una tropa de choque que protagonizó excesos contra personas y bienes públicos.

“El GIEI tuvo acceso a más de 20 videos donde se puede observar a personas con distintivos de la RJC ejecutando actos de violencia, racismo y discriminación en contra de civiles”, señaló este reporte con la recomendación de que esta falange racista sea desarticulada.

// 7

RJC

Especial 6.06.2022

REDACCIÓN CENTRAL

L

uego de año y medio, debido a los actos de violencia cometidos y los daños a bienes públicos, hoy está previsto el inicio del juicio en contra de los cabecillas del grupo irregular, como lo señala el GIEI en su informe, Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

Para este propósito, la Fiscalía pidió a la autoridad jurisdiccional que señale el auto de apertura del juicio oral por causar daños a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el que pedirá 20 años de privación de libertad.

El fiscal de Chuquisaca Javier Gorena explicó que de acuerdo con los elementos colectados en la investigación se estableció que Yassir Molina, Mario Bascopé R., Fabio Bascopé R. y Milena Soto L., en su calidad de cabecillas, impartieron instrucciones y directrices para que sus subordinados ejecuten el hecho ilícito en el inmueble considerado patrimonio arquitectónico en Sucre.

En este proceso, Molina es señalado como líder del grupo irregular RJC y es acusado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal con relación a delito de destrucción, deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad, fabricación ilícita, tenencia y porte, portación ilícita, atentado contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado.

Además, en la investigación se estableció que Mario S.S. y Ayda R.L.T. habrían facilitado los medios logísticos y recursos humanos para engrosar las filas de esta organización para cometer el hecho criminal, por lo que fueron acusados por presunta complicidad.

Los sindicados son acusados por la presunta comisión de los

LA JUSTICIA INICIA EL PROCESO CONTRA EL GRUPO PARAPOLICIAL ENTRE SUS PRINCIPALES ACUSACIONES están los daños causados a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado, que es considerada patrimonio arquitectónico de Sucre. delitos de organización criminal con relación al delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; tenencia, porte o portación y fabricación ilícita y daño calificado.

El Ministerio Público tiene listos 128 elementos de pruebas documentales y 28 pruebas testificales con la finalidad de demostrar la autoría y participación de los principales investigados y sus cómplices, como el caso de Patricia Arce, quien era alcaldesa de Vinto en 2019 y sufrió agresiones y humillaciones públicas, luego de que este grupo la agredió, le cortó el cabello, le echó pintura y la hizo caminar descalza por las calles, siendo que cada que se desmaya-

ba, la hacían reaccionar con agua.

“Han causado terror en la población, más aún en las personas que vestían pollera o pensaban diferente, realmente 20 años (de prisión) es muy poco para todas las víctimas que hemos sufrido (…) Vamos a exigir que sean más de 20 años porque han causado terror, la desestabilización económica, social y política de nuestro país”, dijo a los medios la exalcaldesa.

DEFENSA DESDE LA OPOSICIÓN Luego de conocerse que los acusados de la RJC tenían hasta hoy para presentar sus descargos en este proceso, políticos de oposición manifestaron su respaldo al grupo irregular, pese a las evi-

dencias que hay de su participación durante los hechos previos y posteriores al golpe de Estado.

Tal es el caso de Creemos, de Luis Fernando Camacho; Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa; el Comité Cívico pro Santa Cruz; el Conade y otras instancias y personajes también involucrados en los hechos de 2019 que permitieron la autoproclamación de Añez como presidenta.

“Conade, Creemos y otras agrupaciones similares lo que buscan es impunidad; ellos saben, están conscientes de que han sido actores intelectuales y financiadores de grupos parapoliciales, y en esa medida necesitan exacerbar la politización del tema, para que la atención se centre en un falso debate entre fuerzas políticas, y se olviden que el objetivo final es hacer una suerte de reparación a las víctimas del golpe de Estado”, señaló al respecto el analista Luis Arancibia a Bolivia TV.

La Fiscalía anunció que pedirá a la autoridad jurisdiccional que señale el auto de apertura del juicio oral en contra de los cabecillas. Hoy vence el plazo para que los cabecillas del grupo irregular armado conocido como Resistencia Juvenil Cochala (RJC) presenten sus pruebas de descargo en este proceso.

// 4

//FOTOS: DICO SOLIZ, OPINIÓN.

+ datos