ESPECIAL - INFORME DE COMISION

Jueves 28 de octubre de 2021

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Comisión Mixta legislativa

En 2020 recomendaron juicio ordinario contra Jeanine Añez

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Jueves 28 de octubre de 2021

El informe fue aprobado por la Asamblea Legislativa

FOTOS: ARCHIVO

Comisión Mixta recomendó en 2020 juicios ordinarios y de responsabilidades por las masacres de 2019

Redacción Central El pleno de la Asamblea Legislativa, el 29 de octubre de 2020, aprobó el informe de la Comisión Mixta que investigó las masacres de Betanzos, Pedregal, Sacaba, Senkata y Montero en noviembre de 2019, mismo que recomienda juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez por genocidio y procesos ordinarios contra el gabinete de ministros por vulneración de derechos y garantías constitucionales.

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espués de la ruptura del orden constitucional, el golpe de Estado, la sucesión inconstitucional y el asesinato de 38 personas por el régimen de facto de Jeanine Añez y sus cómplices Carlos

Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), Luis Fernando Camacho, de Creemos, y varias plataformas políticas de oposición, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, el 6 de marzo de 2020 la Asamblea Legislativa Plurinacional conformó una Comisión Mixta para la investigación de esos hechos hasta el 10 de octubre.

Esa instancia quedó conformada por las senadoras Sonia Chiri y Lineth Guzmán, del Mov i m iento Al Socialismo (MAS); Rosario Rodríguez, de Partido Demócrata Cristiano (PDC); además de los diputados Mireya Montaño, Patricia Gutiérrez, Víctor Borda y Juan Cala (MAS), y Amílcar Barral y

Eida Middag, de Unidad Demócrata (UD).

AMPLIACIÓN DE PLAZOS La Comisión Mixta que investiga la vulneración de los derechos y garantías constitucionales en los violentos hechos de 2019, el 10 de octubre determinó la ampliación del plazo de trabajo hasta el 16 de ese mismo mes para posteriormente presentar el informe conclusivo al pleno de la Asamblea.

Cumplido el plazo, el 29 de octubre, la comisión entregó el documento de 120 hojas en el que hace un repaso de los hechos suscitados en el municipio de Betanzos, de Potosí; Montero, de Santa Cruz; Pedregal, Ovejuyo y Chasqui-

Se recomienda juicio ordinario al excomandante de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar; al excomandante de la Policía en La Paz, Iván Rojas; al comandante de Acción Conjunta, Franco Zuares”.

Informe Comisión Mixta

pampa, de la zona Sur de la ciudad de La Paz; el puente Huayllani en Sacaba, Cochabamba; y la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde se movilizaron sectores sociales en defensa de la democracia.

Desde la Asamblea Legislativa se informó que el documento de la Comisión Mixta se enviará a la Fiscalía General del Estado para su valoración, y a la siguiente legislatura la responsabilidad de seguimiento y autorización de juicios de responsabilidades con más de dos tercios de votos, conforme establece la Ley 044.

DELITOS La Comisión Mixta recomienda un juicio de responsabilidades para Jeanine Añez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesina-

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PROCESO CONTRA EL COMANDANTE DE LAS FFAA WILLIAMS KALIMAN Se recomienda juicio ordinario al excomandante en jefe de las FFAA Williams Kaliman, por haber autorizado la salida de los militares en los hechos de Ovejuyo y Betanzos, y contra los comandantes de las Fuerzas Armadas. Así como al comandante general de la Policía Boliviana, por haber sido parte de la represión social que demandó la vida de 38 personas en octubre de 2019.

to, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.

En tanto que juicio ordinario para la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric; Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia; Arturo Murillo, ministro de Gobierno; Fernando López, ministro de Defensa; José Luis Parada, exministro de Economía; Álvaro Guzmán, exministro de Energía; Yerko Núñez, ministro de la Presidencia; Álvaro Coímbra, ministro de Justicia; María Elva Pinckert, ministra de Medio Ambiente y Agua; Mauricio Ordóñez, exministro de Desarrollo Rural y Tierras; y Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación, por los mismos delitos.

TESTIMONIOS El documento refleja en detalle las declaraciones de decenas de familiares de víctimas fatales y heridos que asistieron a la comisión investigadora a fin de brindar sus declaraciones. Además, adjunta los testimonios de las personas que entrevistaron en inspecciones efectuadas en los lugares de los hechos.

Un ejemplo: el asesinato de dos ciudadanos en el barrio Guadalupe de Cofadena, del municipio de Montero; un muerto en el municipio de Betanzos, Potosí; tres falleci-

dos en la zona de Pedregal de la ciudad de La Paz, 10 en el puente Huayllani, Sacaba; y 10 en la planta de Senkata de la ciudad de El Alto.

DECRETO DE LA MUERTE El informe final da cuenta que tras el golpe de Estado, la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y la sucesión ilegal de Jeanine Añez el 12 de noviembre de 2019, el gobierno y el gabinete de ministros del régimen de facto, el 14 de noviembre, aprobó el Decreto Supremo N° 4078 que confiere impunidad a los efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Boliviana por la muerte de personas con disparos de armas de fuego.

Señala que la norma que exime de responsabilidad penal al personal de las FFAA y de la Policía que participó en los operativos para el restablecimiento del orden interno es contraria al bloque de constitucionalidad establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por lo que vulnera los derechos y garantías constitucionales, evitando incluso así que las víctimas puedan demandar su derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos y no se conozca jamás la verdad de lo ocurrido.

Familiares de las víctimas de la masacre de Senkata son gasificados cuando enterraban a los caídos.

Afirma que en cumplimiento al cuestionado decreto, las Fuerzas Armadas al advertir los conflictos en el territorio nacional alegan haber ejecutado el Plan de Operaciones de fuerzas conjuntas, en coordinación con la Policía, para el restablecimiento del orden público.

Finalmente, señala que en el caso de Sacaba y Senkata, denominados como ma-

sacres, “nos vemos frente a delitos de lesa humanidad, con todas las implicancias que ello conlleva, hechos que ameritan ser investigados. Asimismo, se advierte denuncias de la existencia de un centenar de heridos y detenidos, de los cuales se debe identificar a los responsables sobre la vulneración de los derechos y garantías constitucionales”.

38 PERSONAS FUERON asesinadas por impactos de bala de militares durante la represión social de octubre de 2019 en el territorio nacional.

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// FOTO: ABI

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La Comisión Mixta recibe declaraciones de víctimas en 2019.

Víctor Borda Exdiputado del MAS.

El DS 4078 se sustentó en una ley abrogada

Víctor Borda: Corresponde juicio ordinario para Jeanine Añez Redacción Central El expresidente de la Cámara de Diputados por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda aseguró que tras la reciente sentencia constitucional N° 052/2021, que establece que durante la crisis social del 10 al 12 de octubre de 2019 no existió ausencia de poder, corresponde un juicio ordinario contra la entonces senadora por Unidad Demócrata (UD) Jeanine Añez, por el delito de usurpación de funciones.

E

l exdiputado, quien también fue parte de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investigó los hechos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, dijo que a Jeanine Añez por Reglamento no le correspondía asumir la presidencia de la Cámara de Senadores. “A partir de la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional, que estable-

ce que no ha habido una sucesión constitucional legal, que no hubo una ausencia de poder, sino usurpación de funciones, corresponde un juicio ordinario y no de responsabilidades por delitos de lesa humanidad, asesinatos, torturas y vejámenes para que nunca más se vuelva a cometer esos hechos”, sostuvo en declaraciones a la Red Patria Nueva.

BETANZOS En ese contexto, Borda explicó que la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa asumió su investigación desde el 11 de noviembre de 2019, cuando la administración del régimen de facto instruyó el despliegue militar y policial para intervenir un presunto bloqueo de carretera en la comunidad de Betanzos, de la provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí.

“Hay imágenes de cómo inician disparos de francotiradores y fallece una persona por impacto de bala que le perfora el cráneo; también

APUNTES SOBRE LA INVESTIGACIÓN El objetivo de eliminar a la gente era imponer un gobierno de facto, el miedo y el temor.

De acuerdo con los informes del IDIF, varias personas fallecidas presentaban penetración en el centro de la cabeza, por lo que se deduce que fueron disparos desde un helicóptero.

Un informe establece con absoluta certeza que, por datos de inteligencia policial y militar, no había intención de dinamitar, que ni siquiera había rumores de que un grupo de personas quería hacer volar la planta de Senkata.

hay como cinco heridos por impactos de bala”, sostuvo.

PEDREGAL Señaló que el 13 de noviembre se hizo una intervención combinada militar y policial en Pedregal de La Paz, con el pretexto de defensa de la democracia; las redes sociales y los medios de comunicación televisivos reflejaron cómo se comete una ejecución sumaria, “hay una persona o un presunto policía que le dispara a uno a unos 30 centímetros de frente y fallece, después se ve también cómo es que encañona a la madre del que ha muerto. En Pedregal fallecen tres personas por impactos de bala”, precisó.

DECRETO DE LA MUERTE El 15 de noviembre de 2019, el gobierno de Jeanine Añez promulgó el Decreto Supremo N° 4078 que, entre otras disposiciones, eximía de responsabilidad penal a los efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) que repriman las protestas.

A partir de la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional, que establece que no ha habido una sucesión constitucional legal, que no hubo una ausencia de poder, sino usurpación de funciones, corresponde un juicio ordinario y no uno de responsabilidades”.

El artículo tercero señala: “El personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal.

Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.

Borda explicó que el decreto se sustentó en la Ley 1760 que ya había sido abrogada y que hace referencia a la abreviación procesal y asistencia familiar, “es decir que con una ley civil abrogada han sustentado la facultad que no establece la Constitución Política del Estado para que los militares puedan salir a las calles a restituir el orden exento de responsabilidad penal”.