SUPLEMENTO ALMA MATER N° 340

SISTEMA DE COMUNICACIONES • DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y PRENSA

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N° 340 Medellín, julio 23 de 2013

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ace cuatro meses permanece en predios del campus de la Universidad de Antioquia un grupo de niños y adultos que se declararon víctimas del megaproyecto Hidroituango. Desde entonces las directivas universitarias han adelantado una serie de gestiones para que las autoridades correspondientes atiendan los requerimientos de esa población no solo por las precarias condiciones en las que se encuentra, sino también por las dificultades que genera esta situación en el normal desarrollo de las actividades de la comunidad universitaria y de la institución.

La causa de quienes desde el 20 de marzo de este año ocupan el viejo coliseo de la Alma Máter ha despertado la solidaridad de un sector de los universitarios, pero también el malestar de otra parte de la comunidad que se ha visto directa o indirectamente afectada por la presencia prolongada de personas provenientes de distintas localidades del departamento.

Según el vicerrector General, John Jairo Arboleda Céspedes, en un primer momento los ocupantes solicitaron que se les permitiera amanecer en el camPasa a la página 2 N° 340 • Medellín, julio 23 de 2013

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por la institución con la sociedad, y comporta riesgos para la salud tanto de los niños y adultos que ocupan el coliseo como para los estudiantes, docentes y empleados.

Gestiones

Ante tales circunstancias, reitera el vicerrector General, la Universidad desde el principio puso en conocimiento de las distintas autoridades competentes los he-

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pus con el compromiso de que reanudarían su marcha para adelantar, en el parque de los Pies descalzos y frente al edificio inteligente de EPM, un movimiento de protesta por el proyecto hidroeléctrico en jurisdicción del municipio de Ituango. Dos días después, con el concurso de la Universidad que les facilitó los medios para transportarse, se ubicaron en otros lugares de la ciudad.

En la segunda fase, observa el directivo, después de Semana Santa y sin mediar diálogo alguno, varios grupos de personas ingresaron a la Universidad y ocuparon otra vez el coliseo hasta el día de hoy.

“Somos conscientes —dice Arboleda Céspedes— de que se trata de una población vulnerable, que la situación es difícil, que rebasa las posibilidades de la Universidad, que no es lugar adecuado para la permanencia de estas personas y que se perjudica enormemente las actividades misionales y los contratos vigentes con la firma constructora del coliseo nuevo que debe demoler la antigua edificación”.

El directivo insiste en que la situación desborda las capacidades y las competencias de la Universidad, trastoca el diario vivir de los universitarios, obstaculiza las actividades recreodeportivas de la comunidad universitaria y el cumplimiento de los compromisos asumidos

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Viene de la página 1

chos —el municipio de Medellín, las Empresas Públicas de Medellín, EPM, la gobernación, la personería de Medellín, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Cruz Roja, Derechos Humanos, etc.—.

Así, por ejemplo, en comunicaciones dirigidas al secretario de Gobierno de Antioquia Santiago Londoño Uribe, a la secretaria general de Antioquia Clara Luz Mejía Vélez, al procurador Regional David Alonso Rodas Salguero, al personero de Medellín Rodrigo Ardila Vargas, el rector Alberto Uribe Correa les solicitó que integraran una comisión “encargada de dialogar con las 328 personas que desde el día sábado permanecen en las instalaciones de la Universidad de Antioquia en protesta de las obras de la hidroeléctrica Ituango, con la finalidad de lograr acuerdos que permitan el desplazamiento de estas personas de las instalaciones de la entidad, toda vez que a la fecha están interviniendo con las labores académicas y de extensión”.

El secretario de Gobierno de Antioquia encargado, Esteban Mesa García, en respuesta a dicha solicitud, manifestó al rector que la comisión ya existía, la misma que, dijo, se reunió el 22 de marzo en las instalaciones de Corantioquia, en una reunión en la que participaron Isabel Cristina Zuleta y cuatro representantes

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA • Rector Alberto Uribe Correa • Departamento de Información y Prensa • Bloque 16 oficina 336 • Teléfonos 2195023 y 2195026 • almamater@arhuaco.udea.edu.co

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más de la Corporación Ríos Vivos con el secretario de Gobierno del Departamento Santiago Londoño, el comunicador Sergio Valencia y representantes de EPM. Por otro lado, en comunicación dirigida al entonces director general del ICBF, Diego Andrés Molano Aponte, el rector Uribe Correa le solicitó a la entidad que valorara “la situación en la que se encuentran más de treinta niños en el coliseo universitario, en compañía de sus familiares, y a quienes por limitaciones y condiciones no aptas es imposible proporcionarles el bienestar y el ambiente favorable para su desarrollo”.

La petición, precisó el Rector, fue formulada en consideración a que el ICBF coordina el Sistema Nacional de Pro-

tección de la Infancia, y a la luz del precepto constitucional que consagra la defensa y protección de los derechos de los niños, los cuales prevalecen sobre cualquier interés.

Por su parte, Luz Patricia Correa Madrigal, directora técnica de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, solicitó al rector los datos de las personas que ocuparon el coliseo de la Universidad con la intención de “avanzar en el proceso de censo que se viene realizando en el marco de la ley 1448 de 2011 (Víctimas y restitución de tierras)”, y habida cuenta de que se trata, precisamente, “de las personas que están solicitando su ingreso al registro único

de víctimas a través de la declaración de un hecho victimizante de desplazamiento forzado de carácter masivo”.

“Huelga decir —precisó la funcionaria— que sin esta información no es posible dar la debida observancia a las responsabilidades legales del ente territorial”.

Censo difícil

En respuesta a la solicitud de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas la directiva universitaria señaló que desde el 20 de marzo de 2013, fecha de ingreso de las personas, para la Universidad “ha sido imposible obtener el registro o censo de las mismas, toda vez que cuando lo hemos intentado éstas se niegan a suministrar tal información, aduciendo problemas de seguridad, amén

de que alegan que no es competencia nuestra, y sí lo es de la Secretaría de Gobierno de Medellín y de la Personería Municipal”.

En relación con la solicitud al ICBF, la coordinadora encargada del Grupo de Protección de esa entidad, Mónica Mabel Sánchez Cadavid, manifestó a las directivas universitarias que se le informó a la coordinadora del Centro Zonal Nororiental para que adelantara las acciones respectivas, y que ésta a su vez designó una Defensoría de Familia para constar el estado de cumplimiento de derechos de los niños allí albergados, “realizándose visita el día 24 de mayo de 2013, sin lograr una verificación real por la negativa de las personas para suministrar la información y

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menos aún establecer el número de niños, niñas y adolescentes”.

Sin embargo —añadió Sánchez Cadavid—, “el equipo interdisciplinario observó que la población menor de edad se encontraba con sus familias en condiciones poco favorables, en particular la preparación y suministro de los alimentos.”

En la misma misiva, la coordinadora encargada del Grupo de Protección del ICBF informó a las directivas univer-

manera, definir las competencias institucionales en relación con la problemática.

No obstante —aclara—, “sólo se tuvo conocimiento de los avances hasta el 19 de junio, fecha en la que convocaron a reunión extraordinaria a las instituciones integrantes de dicho Comité, donde se expusieron las inconsistencias encontradas en el levantamiento del censo. De igual forma, los participantes reite-

una de las instituciones responsables, “concluyéndose nuevamente la negativa de la población frente a la atención que le compete no sólo al ICBF, sino a las demás instituciones del SNARIVSistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.”

En vista de lo anterior —informa Sánchez Cadavid—, el Subcomité aprueba la realización de una visita no anunciada, para la verificación de manera conjunta con

sistencia de las personas frente al quehacer institucional y para suministrar la información.”

Ante todas las dificultades presentadas y las relacionadas con la salida e ingreso de quienes desde hace más de 120 días ocupan el viejo coliseo, el Consejo Académico exigió el estricto cumplimiento de los horarios para entrar al campus. Los días ordinarios hasta las 10 de la noche, el sábado hasta las 4 de la tarde y

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sitarias que se acordó en la reunión del Subcomité de Prevención y Protección del Comité de Justicia Transicional del Municipio de Medellín que la Personería de Medellín tomaría las declaraciones respectivas y las remitiría a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para su validación, y que, además, la Unidad de Atención a las Víctimas levantaría el censo para, de esta

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raron la prevención por parte de la población albergada para suministrar la información, impidiendo la intervención oportuna de cada una de las instituciones.”

Agrega la funcionaria que el 26 de junio de 2013 se cumplió otra reunión extraordinaria del Subcomité de Prevención y Protección para analizar la situación de dicha población y dar cuenta de las actuaciones adelantadas por cada

Personería, Unidad de Atención a Víctimas, Procuraduría General de la Nación y el ICBF, para establecer las condiciones de vulneración y adelantar así las acciones pertinentes.”

Por último, concluye que en la visita interinstitucional el 29 de junio de 2013, tampoco se logró “la verificación del estado de cumplimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, por persistir la re-

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los domingos y festivos hasta la 1 de la tarde.

Así mismo, en comunicación dirigida al Gobernador de Antioquia y presidente del Consejo Superior Universitario, al Alcalde de Medellín, al Gerente General de EPM y a la Directora encargada del ICBF, el Consejo Académico pidió que, mediante un trabajo conjunto entre las instituciones, se resuelva prontamente la situación.

1010-9481 Medellín, 19 de julio de 2013 Doctor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA Gobernador de Antioquia Presidente del Consejo Superior Universitario Doctor ANIBAL GAVIRIA CORREA Alcalde de Medellín Doctor JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO Gerente General de EPM Doctora ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ MAXCYCLAK Directora encargada del ICBF Medellín Cordial saludo: En la última sesión del Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, la Corporación reflexionó y debatió la problemática que se ha presentado en la ciudadela universitaria a raíz de la toma del antiguo coliseo universitario por parte de un grupo de personas que afirman provenir de la región norte del departamento, y que realizan diferentes protestas y reclamos frente a la ejecución del proyecto de construcción de la represa Hidroituango. Al respecto, considera el Consejo Académico que es pertinente exponer ante ustedes las siguientes consideraciones: El pasado 20 de marzo un grupo de campesinos, compuesto por hombres, mujeres, damas en estado de embarazo, niños, y personas de la tercera edad, que, según afirmaron en su momento, venían en proceso de movilización desde el norte de Antioquia con el fin de dar a conocer sus inconformidades y sus reclamos a las autoridades departamentales y municipales, llegaron a las instalaciones de la ciudadela universitaria, ingresaron sin autorización, y solicitaron que transitoriamente se les permitiera el alojamiento por lo menos durante dos días más ante la imposibilidad de tener otro albergue transitorio para dar continuidad a su proceso de movilización.

Es importante indicar que la movilización y el ingreso a la Universidad por parte de estas personas fueron

acompañados por organizaciones de derechos humanos y por funcionarios de la Personería de Medellín.

Ante esta solicitud, la Institución les manifestó, y les dejó en claro, que el campus no disponía de condiciones para la pernocta y alojamiento de ellos, y que, además, no era responsabilidad de la Institución dar satisfacción a esta solicitud. No obstante, dichas personas insistieron en albergarse transitoriamente por dos días en el antiguo coliseo, con el compromiso de retirarse luego del campus.

Partiendo de la buena fe de quienes hicieron este compromiso, y ante una situación dramática desde el punto de vista humanitario por las condiciones en las que se encontraban, especialmente los niños, las mujeres en embarazo y algunos ancianos, las directivas universitarias aceptaron la pernocta con el compromiso de que en dos días se debían retirar del lugar.

Desde este momento, la Universidad comunicó la situación a las secretarías de Gobierno Departamental y Municipal, y solicitó su intervención y su apoyo.

El retiro de los campesinos, de las instalaciones del coliseo, se cumplió el día viernes 22 de marzo en las horas de la noche.

El día 5 de abril, la Universidad programó una cátedra pública con el senador Iván Cepeda sobre el derecho de las víctimas del conflicto armado, cátedra a la que asistió un gran número de las personas que en su momento se alojaron en el coliseo y, después de terminada dicha cátedra, estas personas se dirigieron al campus, al que ingresaron sin autorización alguna, se tomaron el antiguo coliseo y se instalaron en el mismo.

En esta segunda ocasión no existió ningún diálogo, comunicación o petición de parte de estas personas, a las directivas de la Universidad; se trató de una toma de hecho, con expresiones solidarias de sectores estudiantiles y gremiales. Ante esta situación, las directivas universitarias remitieron sendas cartas a las autoridades correspondientes, para solicitar su pronta intervención y su ayuda en la solución de este conflicto.

Somos conscientes de que, durante este tiempo, diversas personas que representan a la Alcaldía de Medellín, a Empresas Públicas de Medellín y a la Gobernación de Antioquia, se han reunido con los líderes de este grupo, sin concretar un acuerdo entre las partes. Se ha realizado una audiencia pública con presencia de dos senadores de la República: Iván Cepeda y Wilson Arias, y del Secretario de Gobier-

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Consideraciones del Consejo Académico sobre la ocupación del coliseo

no Departamental. Igualmente han hecho presencia organismos humanitarios, como la Cruz Roja y el Dapard, además del interés constante de otras entidades, como la Personería de Medellín.

Las directivas universitarias hemos intentado sortear con prudencia esta realidad, procurando la menor afectación posible a las actividades académicas, entendiendo el drama humanitario de niños y de otras poblaciones en condición de vulnerabilidad albergados en el coliseo, esperando que por medio del diálogo que se ha tenido con las autoridades se alcance una solución, y, ante todo, evitando que una medida de fuerza genere como consecuencia un cierre del campus.

Sin embargo, ya han transcurrido más de cien días sin que exista una solución a la vista, con el agravante de que durante este tiempo se han producido hechos que generan alarma y preocupación, de los cuales exponemos algunos por considerar fundamental que ustedes los conozcan: Existe un número significativo de niños que desde hace cien días habitan un espacio que no ofrece las condiciones mínimas para una estadía permanente en un ambiente de dignidad. Además preocupa su desescolarización y la exposición a posibles situaciones de mendicidad.

Según manifestaciones de integrantes de la comunidad universitaria, algunas de las personas que se alojan en el antiguo coliseo consumen sustancias alucinógenas e ingieren licor, aun en presencia de los menores de edad que los acompañan.

El lugar en el que se encuentran alojados no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad, como se les ha manifestado a ellos muchas veces, además de que se tiene programada la demolición de ese edificio precisamente por las dificultades estructurales que ostenta. Es de anotar que la Universidad no dispone de ningún espacio a donde los pueda trasladar.

Además, no es su función constitucional y legal servir de albergue.

Desde el año pasado la Universidad inició la construcción de un nuevo coliseo, obra que en este momento se encuentra suspendida ante la imposibilidad de continuar con las ejecuciones proyectadas, lo cual genera, entre otros perjuicios, el desplazamiento y la cancelación de procesos de formación, de entrenamiento y de representación deportiva, dirigidos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

Más de tres mil de nuestros deportistas se ven privados de la posibilidad de practicar sus disciplinas deportivas; en este sentido nuestra propia comunidad se siente desplazada.

Las personas alojadas en el antiguo coliseo están recurriendo a la mendicidad, en aulas de clase y en sitios públicos, y realizan ventas informales como

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mecanismo para proveerse el sustento económico durante su estadía en ese lugar.

No existen condiciones de salubridad en el antiguo coliseo, como se dejó constancia en un informe de la Secretaría de Salud de Medellín, en el que, además, se evidencia que, al no darse un manejo adecuado de residuos sólidos, se incrementa la presencia de animales transmisores de enfermedades, como ratas, cucarachas, zancudos y moscas.

Frente a este complejo panorama, el Consejo Académico manifiesta que la Universidad constituye un bien académico, cultural y científico que no puede quedar a merced de quien se la quiera tomar para reivindicar sus intereses. La Universidad pertenece a la sociedad, pero esta condición no otorga una patente para que cualquier persona la utilice o se apropie de sus espacios sin reconocer las reglas y las autoridades instituidas precisamente para salvaguardar este bien y garantizar que cumpla con su misión de educación superior.

El Consejo Académico reivindica a la Universidad de Antioquia como un espacio para la búsqueda del conocimiento, para la formación de profesionales, para la preservación y difusión de la cultura, para la formación y el entrenamiento deportivo, para el debate de los problemas sociales, económicos y políticos, inclusive para la expresión política no violenta; pero cuando estas funciones no se cumplen, la Universidad pierde su razón de ser, y la función social que tanto predica se ve disuelta en un discurso que confunde la solidaridad con la perpetuación de la indigencia que arrebata la dignidad a quienes precisamente se quiere socorrer, porque los mantiene en situación miserable.

Por las anteriores razones, pedimos a ustedes que, mediante un trabajo conjunto entre las instituciones, se resuelva prontamente esta situación que causa serios perjuicios a la Universidad, y que, al prolongarse, aumenta la complejidad y disminuye la posibilidad de una solución serena.

Atentamente, ALBERTO URIBE CORREA Presidente Consejo Académico LUQUEGI GIL NEIRA Secretario Consejo Académico CC. Procuraduría Regional de Antioquia Defensoría del Pueblo

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En comunicación dirigida al Consejo Superior Universitario, un grupo de universitarios expresan inconformidad por la ocupación del coliseo universitario por parte de personas que se declaran víctimas del megaproyecto Hidroituando

Medellín, 12 de julio de 2013 Señores CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Universidad de Antioquia Medellín Asunto: EXPRESIÓN DE INCONFORMIDAD RESPECTO A LA OCUPACIÓN DEL COLISEO DEPORTIVO POR PARTE DE PARTICULARES QUE PROTESTAN POR EL PROYECTO HIDROITUANGO. “Se ha explicado por la jurisprudencia que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos, que implica tanto el derecho a comunicar a otros el propio punto de vista y las informaciones u opiniones, como el derecho de todos a recibir y conocer tales puntos de vista, informaciones, opiniones, relatos o noticias, libremente y sin interferencias. Sobre este punto se ha precisado que para el ciudadano es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o la información de que disponen otros, como el del legítimo derecho a difundir la propia.” (Sentencia T-1037/2010 Honorable Corte Constitucional) Cordial saludo, En uso del derecho fundamental a la libre expresión, estipulado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, entendiendo que es un derecho inalienable, imprescriptible e inviolable nos permitimos expresar las siguientes situaciones respecto a la ocupación actual del coliseo universitario: 1. La Universidad de Antioquia es una institución de orden académica, donde los procesos misionales de investigación, docencia y extensión son prioritarios; como institución pública nos compromete a todos a cuidarla, protegerla y velar por su conservación. La ocupación actual atenta contra estos principios, dado que entorpece las actividades de bienestar universitario de las personas ejecutoras, beneficiadas y protagonistas ya que desplaza e impide el acceso a un espacio en particular como lo es el coliseo deportivo bloque 27.

2. La presente ocupación atenta contra el principio de universalidad del Sistema de Bienestar Universitario estipulado en el Acuerdo Superior Universitario 173 de 2000, el cual establece: “Universalidad. La comunidad universitaria podrá acceder, sin discriminación, a los programas y servicios de bienestar universitario, según la normatividad de la institución.” Actualmente ningún integrante de la comunidad universitaria puede acceder a programas deportivos al interior de la Dirección de Bienestar por esta problemática, tales como gimnasia, escalada, entre otros, y en los pocos que pueden lo hacen con muchas restricciones de orden locativo, en seguridad, técnico, ambiental, que ya han generado incidentes laborales que pusieron en riesgo la integridad de varias personas (incidente ocurrido en el mes de mayo y reportado con el video probatorio

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al Comité Paritario de Salud Ocupacional).

3. Atenta contra la política de Bienestar Universitario [que] “buscará mejores condiciones para el desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria, orientadas a elevar la calidad de vida de sus miembros, al cultivo de la armonía con los semejantes, y al respeto por el medio que los rodea...” (Acuerdo Superior Universitario 173 de 2000).

4. Hemos evidenciado problemáticas de orden sanitario, de salud, de población de alto grado de vulnerabilidad como la de sujetos de derecho en primera infancia, niños en edad escolar por fuera de las aulas que a bien le deben corresponder en la escuela o colegio; todo eso evidenciado en brotes de gripa, niños deambulando semidesnudos en zonas verdes y en la calle circunvalar en muchos casos sin el cuidado de adulto alguno.

5. Particularmente a nosotros como practicantes del arte marcial del karate do nos impide el acceso a la práctica en condiciones dignas, técnicamente aceptables, con la disponibilidad de horarios que den respuestas a las necesidades requeridas, ya que actualmente se comparte un espacio improvisado con judo y aikido.

6. La práctica del karate do, judo y aikido se desarrolla en el segundo piso del bloque 22, en el área de tenis de mesa, contiguo a las oficinas de Cartera, Tesorería y otras, un espacio en el cual interrumpimos las labores de los funcionarios por la dinámica de estos deportes que son ruidosos, de naturaleza potente y de concentración, afectando el clima laboral y la salud mental, generando situaciones de estrés.

7. Expresamos nuestro pesar y rechazo por esta toma de un espacio público por parte de particulares sin que las administraciones gubernamentales como la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, así como las Empresas Públicas de Medellín hayan tomado medidas efectivas que resuelvan esta problemática que es completamente ajena a la Universidad.

8. Expresamos nuestro pesar y rechazo por el bajo perfil con el que se ha manejado esta situación en los medios de comunicación, la ausencia de pronunciamiento por parte del Consejo Superior Universitario, y en especial por el señor Gobernador de Antioquia como cabeza del máximo estamento del Alma Máter, patrimonio de todos los antioqueños en la administración Antioquia la más educada.

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9. Exigimos una solución expedita ante esta gravísima situación, con el ánimo de evitar las acciones legales ante la Procuraduría General de la Nación para establecer las responsabilidades a las que haya lugar por omisión frente a la toma de un bien público por parte de particulares.

Sin otro particular, (Siguen firmas)

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ás de 3.500 usuarios de los servicios e instalaciones deportivas en la ciudad universitaria se han visto afectados debido a la ocupación del coliseo por parte campesinos que protestan por el proyecto Hidroituango desde hace cuatro meses. La situación ha imposibilitado garantizar que se presten adecuadamente los diferentes servicios, hecho que ha derivado en la suspensión definitiva de algunos cursos formativos como levantamiento de pesas, gimnasia, porrismo y muro escalada. Así mismo, en algunas disciplinas tales como gimnasio y multifuncional se registra una deserción de hasta un 70% de practicantes debido a las condiciones en que han terminado las instalaciones deportivas.

“Nos hemos visto obligados a entrenar en situaciones precarias y a tener que soportar olores bastante desagradables, inhalar el humo proveniente de los fogones de los campesinos, entrenar a puerta cerrada, y otras situaciones más, que poco a poco podrían desatar un problema de salud pública entre nosotros”, expresó el equipo de levantamiento de pesas en una comunicación dirigida a Bienestar Universitario y al Departamento de Deportes.

Por su parte, el grupo de practicantes de karate do, judo y aikido manifestó su inconformidad en una carta al Consejo Superior universitario en la cual, además de las con-

diciones sanitarias para los deportistas, se refiere a los riesgos que corren los mismos campesinos: “Observamos problemáticas de población de alto grado de vulnerabilidad (…) todo esto evidenciado en brotes de gripa, niños deambulando semidesnudos en zonas verdes y en muchos casos sin el cuidado de adultos”.

Algunas de las alternativas adoptadas para remediar el impacto de la ocupación en los entrenamientos y prácticas deportivas han consistido en la utilización de espacios alternos como la pista atlética, el estadio, las canchas de los bajos del Metro, algunos corredores y salones de la Fa-

cultad de Artes, con las consecuencias propias que de ello se derivan.

En el bloque 22, por ejemplo, en el área dedicada al tenis de mesa, hay tal congestión con las prácticas de karate do, aikido y judo, que los mismos deportistas advierten sobre el riesgo para el clima laboral y la salud mental de los empleados que trabajan en las oficinas de cartera y tesorería, contiguas a ese lugar.

En el caso de las actividades a las que se les ha asignado algún escenario en la Ciudadela de Robledo el problema consiste en la dificultad de desplazamiento de los estudiantes o empleados que participan de ellas.

“Se gestionaron espacios alternos por fuera de la Universidad con el Inder de Medellín, pero no se logró una respuesta positiva dada la especificidad de este tipo de escenarios y el alto costo de la póliza exigida por la Alcaldía de Medellín”, informa Bienestar Universitario.

Otro espacio deportivo seriamente afectado por la situación es el nuevo coliseo, cuya construcción incluía por parte del contratista la demolición de las instalaciones actualmente ocupadas. “La demolición tendrá que esperar porque el contrato con la constructora debió ser suspendido el 12 de abril con una fecha de reinicio aún desconocida”, aclara Mauricio Londoño Vélez, director de Gestión Logística e Infraestructura.

Para Juan Francisco Medina, miembro del Departamento de Deportes, en las condiciones actuales existe un riesgo inminente para la participación de las delegaciones universitarias en los eventos deportivos de los que tradicionalmente hace parte la Universidad y que se desarrollarán en los próximos meses: juegos regionales Ascún, competencias en las diferentes ligas deportivas, juegos nacionales universitarios de estudiantes y los juegos nacionales de empleados. “La ocupación del coliseo y de la zona deportiva no solo ha perjudicado a los deportistas, y a los campesinos mismos. Es la comunidad universitaria en general la que se ha visto afectada”.

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Facultad de Medicina les ayudaron a recolectar medicinas y que algunos enfermos han sido acogidos por la clínica León XIII de la IPS universitaria.

Además de la preocupación por las condiciones sanitarias y de salubridad, la convivencia con los protestantes ha generado varios conflictos que van desde el desplazamiento de los deportistas hasta el surgimiento de rumores que se han esparcido gracias a las redes sociales y, según los mismos campesinos, a los medios de comunicación que no han sabido contar su historia. Desde ingresos no autorizados a la piscina y la supuesta extracción de oro de una brecha en los terrenos aledaños al estadio, que según ellos

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os campesinos que ocupan el coliseo desde el 20 de marzo, y que se han declarado desplazados por la construcción de Hidroituango, provienen de los municipios de la zona de influencia del megaproyecto: Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Valdivia, Briceño, Yarumal, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Liborina, Olaya y Santa Fe de Antioquia. Ellos comprenden el impacto negativo que su presencia ha generado en la comunidad universitaria aunque sus líderes manifiestan de manera enfática que no abandonarán la protesta hasta que los responsables de la obra acepten negociar con ellos.

“Hemos venido a reclamarle al Estado. Hidroituango nos desalojó por medio de la fuerza pública. Tenemos derecho a reclamar las playas donde trabajamos.

Nosotros queremos que no nos vendan el río”, dice Ovidio Areiza, uno de los líderes del grupo, quien admite que desde su llegada a la Universidad han encontrado apoyo, especialmente por parte de un sector de los estudiantes, pero que así mismo saben que algunos piden su desalojo.

“Nos reclaman que hemos traído a los niños, pero es que muchos de nosotros no tenemos con quién dejarlos”, declara Mábel Méndez de Ituango, madre de dos niños, quien recuerda que en los primeros días de su estadía estudiantes de la

surgió de una demostración que quisieron hacer de cómo se barequea, hasta la creación de una fábrica de trapeadoras.

“Cuando llueve este coliseo se inunda y por eso hicimos varias trapeadoras”, aclara Carlos Echavarría, minero habitante de Toledo.

“Hay rumores también de que hemos creado ventas informales,” comenta Rosa Angélica Mazo, de Briceño; “lo que pasa es que un compañero se puso a vender confites aquí adentro a nosotros mismos para costearse los cigarrillos.

Pero no siguió desde que armaron el alboroto”.

Respecto de los señalamientos según los cuales las personas que llegaron en marzo han sido relevadas por otros campesinos, Leonel Muñoz, otro de los líderes explica que debido a las condiciones precarias, algunas personas se han enfermado, razón por la cual el grupo ha decidido enviarlos temporalmente adonde sus familiares en los barrios de la ciudad: “Pero los mismos que vinimos somos los que estamos aquí actualmente”, asegura Muñoz.

Reconocen que ha existido una buena relación con el personal de vigilancia de la Universidad y desmienten el asedio de la fuerza pública: “la fuerza pública no nos ha atacado… nos sentimos tranquilos… donde no tenemos las garantías para reclamar nuestros derecho es en nuestro propio territorio…”

Programa de Proyección Pedagógica cumple 35 años Jorge Páez

Foto Sara Giraldo Maestre

“Bendito seas entre todas las mujeres”, es así como le dicen a don Ramón Hernández, único hombre que asiste al Programa de Proyección Pedagógica, PPP, que agrupa a 50 mujeres de la tercera edad. El proyecto, que celebró sus 35 años el 13 de julio, es producto de la solidaridad y empeño de Jorge Luis Páez, profesor jubilado del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia.

En 1978, cuando Páez tenía a su cargo la asignatura Juegos básicos y predeportivos, motivó a sus alumnos a que aplicaran la teoría del curso.

Fue así como aprendices y profesor comenzaron a desarrollar actividades con madres gestantes, niños en estimulación, jóvenes y adultos.

En 2005, fecha de su jubilación, Jorge Luis evidenció que los vinculados al programa eran, en su mayoría, adultos mayores. Así, en la actualidad, el grupo está conformado por mujeres que van desde los 50 hasta los 85 años de edad.

Cada semana se reúnen para hacer aeróbicos, abdominales, ejercicios de elasticidad y de fuerza, eso sí, de acuerdo con la capacidad de cada quien, aclara. “No solo es sudar por sudar sino que tienen un sentido social y cultural. Ellas mismas organizan una natillera y se celebran los cumpleaños”, cuenta Páez.

Foto Cortesía

Por SARA GIRALDO MAESTRE

Todos los sábados sin falta, a las ocho de la mañana comienza la clase, aunque desde las siete está listo el grupo entero reunido en la oficina, mejor conocida como la cafetería de deportes donde, entre tinto y charla, se preparan para la actividad.

El profesor cuenta que en ocasiones les ha tocado librar algunas batallas para no permitir que el programa se acabe. “El deseo vehemente de servir, la decisión y la perseverancia, el sentido

social y el espíritu universitario del profesor Páez y de sus colaboradores lograron que el PPP sobreviviera a épocas difíciles como el prolongado cierre de la Universidad en 1980”, afirma Grimaldo Oleas, también profesor jubilado.

Este programa, abierto para quien “tenga muy buena voluntad y motivación”, ha recibido menciones honoríficas por parte de la Rectoría, el Consejo Superior Universitario y el Instituto de Educación Física; así mismo también cuenta con reconocimientos de entidades como la Cámara de Representantes e Indeportes Antioquia.

Sin embargo para Paéz

la satisfacción está en que además de la felicidad que les causa asistir al programa a las “cuchachas”, como les llama, la “actividad física les ha servido para reducir tantas pastillas que tenían que consumir”.

El proyecto se sostiene con los $70.000 pesos semestrales que debe pagar cada integrante, no obstante, Páez resalta el apoyo que ha recibido de algunas dependencias.

“Si bien estos estímulos contribuyen a fortalecer el espíritu solidario, considero de suma importancia que el programa se institucionalice como parte de las actividades oficiales de extensión de la Universidad de Antioquia”, opina Oleas. Páez, por su lado, tiene la ilusión y la voluntad de celebrar junto a su grupo los 50 años del Programa en 2028, eso sí, dice en medio de una carcajada, “por si acaso estamos”.

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El rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa, y el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Juan Luis Isaza Londoño, invitan al acto de entrega de la declaratoria de bienes de interés cultural del ámbito nacional al conjunto arquitectónico de San Ignacio y a la Ciudad Universitaria, que se realizará el próximo viernes 26 de julio de 2013, a las 11:00 a.m., en el Paraninfo del Edicio de San Ignacio.

Agenda Cultural, 200 ediciones La Agenda Cultural llega a su número doscientos, lo cual no deja de ser un gran mérito, dada la corta vida y el incierto destino que acompañan, casi sin excepción, a las publicaciones periódicas en nuestro país (y quizás en muchos otros). Para la edición 200 la Agenda invitó a varios escritores a participar con un texto literario original, en lo posible atinente al número al que llega la revista, pero no siempre ocurrió de esa manera dada la obvia dificultad que ello significa…

El Departamento de Extensión Cultural de la Vicerrectoría de Extensión, con el apoyo de la Casa de la Música, Fundación EPM, hará un acto especial para celebrar la permanencia de la Agenda Cultural, el jueves 25 de julio de 2013, a las 6:00 de la tarde, en el salón principal N°. 2 de la Casa de la Música.

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N° 340 • Medellín, julio 23 de 2013