La Universidad de Antioquia propone

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Presentación

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La sociedad que queremos

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Nuestras voces

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Reforma a la justicia. Urge que se supere el pugilato jurídico

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¿Cuáles son los retos políticos para el próximo cuatrienio presidencial?

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Hacia la reforma política

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La paz: un imperativo moral y político

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Política de ciencia, tecnología e innovación en la educación superior Su papel en el bienestar social y el desarrollo económico

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Hacia una sociedad del conocimiento: retos para el nuevo gobierno nacional

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El sistema de salud que Colombia necesita

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La salud debe considerarse, de una vez por todas, derecho fundamental

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Más recursos para salud y más salud con los recursos

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La agenda pendiente de políticas públicas en salud

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Educación, la prioridad

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Por un país de veras bilingüe

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El fortalecimiento de los escenarios para la cultura y el arte nacional

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Educación física, deporte y recreación

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Ciencias exactas y naturales, esenciales para el desarrollo

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Es clave promover una ingeniería socialmente responsable

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Elementos para una política económica

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El sector agrario necesita grandes transformaciones

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Medio ambiente. Ideas para superar la catástrofe

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La Universidad de Antioquia propone...

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Presentacion

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ara una institución pública como la Universidad de Antioquia resulta un imperativo extender permanentemente sus reflexiones académicas más allá de sus laboratorios y de sus aulas de clase. En ese sentido, la mirada crítica del entorno, el seguimiento a los diversos procesos que se generan en la sociedad y el análisis de los impactos de las decisiones y acontecimientos que afectan a las comunidades, se convierten en un insumo de cuyo estudio se derivan propuestas y puntos de vista que deberían ser acogidos por quienes tienen el poder de aplicar las políticas de gobierno.

Por eso hoy, en un momento en el que el país se prepara para elegir a un nuevo presidente, la Alma Mater ha invocado la participación de grupos de investigación para que desde sus saberes específicos planteen a los candidatos a la presidencia lo que consideran deben ser puntos clave en sus propuestas para llegar a la jefatura del Estado.

Se trata de un ejercicio académico alrededor de temas tan disímiles como la paz, la justicia, la educación, la salud, la economía, la política, la cultura, el medio ambiente, la recreación, la ciencia y la tecnología, entre otros.

El análisis de dichos tópicos, fruto de proyectos de investigación o de estudios elaborados previamente por profesores y estudiantes, no representa una mera visión coyuntural de los hechos, sino que se deriva de los intereses de los investigadores en sus áreas de estudio aplicadas a los problemas sociales que las impactan. En tal sentido, el soporte de las concepciones aquí expresadas se evidencia en un interés estrictamente universitario y como tal debe ser interpretado y comprendido.

Si bien son muchas las aristas que se quedan sin explorar, los textos que componen esta separata pretenden, ante todo, poner en debate elementos de juicio que sirvan como puntos de partida y rutas posibles de solución a las dificultades que más nos aquejan como nación.

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La sociedad que queremos

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l Instituto de Estudios Regionales, INER, de la Universidad de Antioquia, en ejercicio democrático y con base en el conocimiento acumulado de años de investigación, considera relevantes los siguientes ejes de trabajo para incluir en las agendas de los y las candidatas presidenciales:

1) Producción de modelos económicos alternativos con parámetros más humanos para la medición del desarrollo: inclusión, autonomía y espacios de vida

Es necesario reivindicar otras economías que coexistan con la economía mundial y que procuren desarrollos locales y territoriales sensibles a las historias de poblamiento, las relaciones socioambientales y las configuraciones socioculturales particulares. La justicia social y la humanización de la economía pasa por reconocer la existencia de distintas visiones de desarrollo entre los colombianos y la imposibilidad de aplicar los mismos modelos extractivos o productivos en todos los territorios. Es necesaria la regulación interna del sector privado para contrarrestar las políticas financieras mundiales que se superponen a los derechos sociales y económicos de los colombianos, los cuales deben ser garantizados por el Estado. Las políticas económicas de nuestro país perpetúan y aumentan la exclusión histórica y la vulneración en salud, educación, hábitat, ingresos económicos dignos, empleo, entre otros indicadores. Las poblaciones locales no discrepan del desarrollo sino que su inconformidad, muchas veces, es por no estar incluidos en él con la garantía de tener una vida digna.

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Urge reconocer la coexistencia de modos de vida urbanos y rurales que no pueden seguir erosionándose por la expansión de una lógica mercantil focalizada en atender una determinada forma de desarrollo. Se requieren acciones reguladoras en las zonas rurales para protegerlas de la privatización y explotación de los territorios. Así como políticas de regulación de la urbanización.

Los planes de desarrollo con un enfoque diferencial deben expresarse en políticas públicas, usos del suelo, gestión de los recursos y modelos sociales formulados desde las personas y que repercutan en su bienestar.

Así como los territorios, los modelos económicos también deben ser diferenciales. Si la minería es la vocación en algunos, la agricultura y otras actividades lo son en otros. La propagación de la minería a gran escala, que no es viable en todas las circunstancias, debe ser limitada por el Estado y, este, además de recuperar su soberanía sobre los recursos, no puede permitir la extracción acelerada a cambio de impuestos irrisorios y regalías a corto plazo. De esa manera seguiremos favoreciendo políticas para los mercados y no para los territorios, generando deterioro ambiental, pobreza y destrucción de modos de vida y culturas tradicionales que son nuestro patrimonio. En la actualidad, los conflictos socioambientales se perfilan como una fuente importante de desplazamientos y de empobrecimiento de poblaciones que dependen de los recursos para su sustento.

Las formas de medición del desarrollo no pueden seguir enfatizando en cómo le está yendo al mercado sino en cómo va la vida de las personas de acuerdo con las particularidades territoriales. Debemos revertir la visión actual y reivindicar la idea de que mercado, infraestructura, políticas públicas, inversión social, están al servicio de la vida de las personas. Nuestro modelo económico no resuelve las necesidades básicas de la población ni nuestros modelos de medición del desarrollo indican cómo están viviendo las personas. ¿Cómo garantizar el derecho a la vida digna, al territorio y a las prácticas económicas propias?

2) La tramitación política para fortalecer nuestra cultura política: participación, ciudadanías, ejercicio de derechos y resolución de conflictos El escenario actual nos reta a construir ciudadanías diferenciadas y plurales, primero, en la convivencia entre quienes participaron de forma activa en el conflicto armado y, segundo, en la coexistencia de formas de tramitación de las diferencias e injusticias en un amplio contexto de violencias, simbólicas y prácticas, continuas ejercidas desde el Estado y otros actores económicos y sociales.

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Quizá la clave para asumir estos retos radique en comprender la vida democrática más allá de procesos electorales y partidistas. Las ciudadanías plurales deben poder expresar sus desacuerdos y diferencias en la sociedad concebida como ámbito público: nos referimos a jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, pequeños mineros, pescadores, estudiantes, víctimas del conflicto armado, profesores, líderes, abstencionistas y muchos otros actores individuales y colectivos de la sociedad colombiana.

El desafío es entender el devenir de la ciudadanía en un plano cotidiano de acción social individual y colectiva. Las subjetividades políticas se forman y transforman en diálogo y contestación con las políticas de reconocimiento.

El cine, el teatro, la danza, y todas aquellas estéticas y prácticas cotidianas de cohesión, que también permiten la consolidación de las subjetividades, no están disponibles para todos por la inequidad de oportunidades. Vemos con preocupación el aumento de la justicia por mano propia practicada, cada vez más, por grupos particulares que deslegitiman al Estado e impiden la vida en comunidad. Resulta indispensable superar las relaciones entendidas desde la perspectiva amigo-enemigo por relaciones que hagan posible los antagonismos políticos y la consideración de otras posiciones. Requerimos acciones gubernamentales en formación política, ciudadana y democrática, dirigidas de manera creativa y propositiva hacia la pluralidad política en los distintos territorios.

Las ciudadanías plurales se gestan en ámbitos familiares, escolares, barriales, espacios de socialización política que, con los medios de comunicación, tienen un papel preponderante en la formación de subjetividades democráticas y participativas. Es papel fundamental del Estado apoyar y potenciar estas ciudadanías fortaleciendo, por ejemplo, la radio y la televisión públicas que ofrezcan diferentes modelos de representación identitaria, socioeconómica y socioambiental.

Proponemos también políticas desde la seguridad humana basada en enfoques socio-preventivos, en los que se tome como centro a las personas y a las comunidades locales; políticas que sean receptivas a sus iniciativas, con énfasis en el tratamiento pacífico de los conflictos, con políticas sociales que fortalecen el respeto a los derechos humanos y que doten a las fuerzas policiales de alta capacitación en derechos humanos. En fin, invitamos a superar las tradicionales políticas de seguridad cuyos resultados dependen del aumento del pie de fuerza y de acciones represivas y a promover la resolución pacífica y política de conflictos. ¿Cómo promover ciudadanías incluyentes y participativas de forma efectiva y con viabilidad institucional?

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3) Un escenario de transformación que avanza hacia el posconflicto y brinda horizontes de posibilidad para construir agendas territoriales diferenciadas Requerimos un gobierno comprometido con una salida negociada del conflicto armado interno aunque éste no sea el único conflicto de nuestra sociedad. Cualquier pacto social debe tener en cuenta las particularidades territoriales por las implicaciones diferenciales del conflicto armado en las localidades y, en consecuencia, las particularidades de los procesos de reparación, restitución y memoria también deben ser sensibles a las múltiples historias del conflicto. Para este enfoque diferencial es clave la mirada a las jurisdicciones, órdenes e institucionalidades legales, ilegales, informales, formales, alternas al Estado y consolidadas en los territorios, que deberán ser transformadas para construir agendas ciudadanas y colectivas.

Dado que una política de posconflicto no resume las múltiples formas de violencia o conflictos sociales, el Estado deberá: —Acoger la visión territorial desde el mismo territorio con base en la propia experiencia del conflicto armado, pues el mismo modelo de postconflicto con sus acciones de reparación y reconciliación no pueden ser formalizados de manera homogénea en los distintos territorios.

—Enfoques de seguridad, desde la seguridad humana.

—Promover la reconciliación y la reparación haciendo posible todas las formas de memoria desde los diversos actores del conflicto armado y darle nuevas denominaciones a los actores de modo que no favorezcan el estigma social. La inclusión, además de discursiva, debe implicar oportunidades laborales efectivas para todos los actores y proyectos sociales consolidados y viables hacia el largo plazo. ¿Cómo potenciar los escenarios de posconflicto y abordar los otros conflictos sociales y las violencias en los territorios de manera diferencial?

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Nuestras voces

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uchos son los tópicos que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas puede abordar por la multiplicidad disciplinar que la constituyen. Algunas de las reflexiones se condensan en este paneo, cuyo objetivo es relievar aspectos nodales y problemáticos de nuestro contexto social, que un candidato a la presidencia de la República debe considerar.

Está fuera de discusión que la Constitución Política de 1991 corrigió de un plumazo la ceguera de las constituciones del pasado, reacias al reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural del país. Hay todo un botín de conciencia antropológica en el artículo 7°. de la actual Carta Magna, el cual declara que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”.

Sin embargo, cabe hoy en día la misma inquietud que, del modo más irónico, expresó Víctor Hugo respecto de la Constitución de 1863: que se trate de aspiraciones solo realizables en un país de ángeles. Así lo sugieren los actuales conflictos por la posesión de la tierra, desatados en el marco del auge minero o de los narcocultivos; conflictos que con odiosa regularidad se escenifican en territorios ancestrales y cuyas víctimas suelen ser miles de indígenas, ahítos de impotencia y abandono.

Pero también pueden revisarse las estadísticas galopantes de la mendicidad indígena en las principales capitales del país; o se puede reparar en el sofoco sangriento en que actualmente sucumbe Buenaventura; o apelar al escándalo desatado recientemente por la elección de unos representantes de negritudes en el Congreso en que está puesta en tela

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de juicio la legitimidad étnica. Tan evidente inconsistencia entre ideal político y praxis social señala el norte de un compromiso ineludible para el presidente colombiano del periodo 2014-2018.

La marcada tendencia de Colombia a la urbanización trae problemas asociados a la planeación, cuyo propósito es lograr ciudades más habitables. En esta matriz compleja, el tema de la movilidad está dentro de los primeros traumatismos que las ciudades deben lidiar. La teoría y la práctica demuestran que lo deseable en este momento es avanzar en el concepto de ciudades compactas que no privilegien la construcción de nueva infraestructura vial y que, al tiempo, sancionen formas inconvenientes de la movilidad como el uso del vehículo particular.

Nuestras ciudades necesitan más y mejores formas de movilidad pública: peatonalización; desestímulos a los vehículos particulares; refuerzo de los sistemas masivos de transporte con participación pública y privada deberían ser el eje de la actuación en materia de movilidad.

El país no logra encontrar el rumbo en materia de ordenamiento territorial que permita armar regiones coherentes con los procesos sociales, económicos, ambientales, políticos e históricos, que garanticen escenarios verdaderos para el desarrollo a largo plazo e incidan en la planeación sectorial. No es posible que la planeación del desarrollo siga siendo orientada en Colombia por los planes resultantes de la Ley 152 de 1994 que, además de moverse sólo en el corto plazo, conciben el desarrollo de manera fragmentada y desarticulada con las lógicas actuales, donde las fronteras invisibles ordenan en otra dinámica el espacio real y simbólico de los sujetos.

Colombia tiene sin resolver adecuadamente el tema de la minería.

Problema de trascendencia mayor porque somos un país con grandes reservas de minerales estratégicos. Las reservas de oro, carbón, petróleo por mencionar sólo tres, crean grandes oportunidades para captar importantes flujos de capital que al tiempo chocan con los intereses ambientales y de las minorías étnicas que habitan estos territorios. La minería asociada a las multinacionales y a los grandes flujos de capital no ha logrado generar condiciones de sostenibilidad social ni ambiental en ningún lugar del país. Esta minería a gran escala ha sido privilegiada por las políticas de Estado y se ha condenado en función de los intereses capitalistas la minería artesanal.

La agenda minera del país debe balancear los intereses ambientales, los económicos de la nación y el estímulo a la minería en pequeña escala que articula social e históricamente a los nativos.

Este mismo problema se reedita con la agricultura y la misma propuesta debe considerar el gobierno, teniendo en cuenta que las movilizaciones

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campesinas han demostrado que existen propuestas claras, pertinentes y factibles económica, ambiental, social y culturalmente. Sumado a lo cual el país podría encontrar fórmulas que contribuyen al respeto por lo propio, al saber ancestral, de la experiencia que el trabajo propicia los soportes que facilitan la reconstrucción del tejido social y que logran matizar las fuentes permanentes de conflicto que pasan por la pobreza, la desigualdad, la falta de empleo, entre otros; y a sí mismo poco a poco hacen barrera al impacto que el narcotráfico ha producido en nuestra sociedad, dado que su poder y enraizamiento se nutre de la falta de ofertas y de posibilidades de subsistencia de la población. No basta erradicar los cultivos como un acto moralizante; se debe apoyar e incentivar esta actividad artesanal, agrícola, minera, pesquera para que ellas representen una opción de vida sostenible. El narcotráfico se constituye en la prueba reina del modelo neoliberal, donde el capital por el capital, cercenado de la fuerza de trabajo, produce los desiertos que hoy aparecen en el globo terráqueo. Es un desierto no solo de productos necesarios para la existencia y la subsistencia, sino que, paradójicamente, en la abundancia de los objetos que el mercado ofrece, el sujeto se ve condicionado y sometido a una lógica mortífera del consumo, como la misma droga que no propicia las respuestas de sentido que el saber y el trabajo le aportan para hacer una vida humana digna.

El proceso de la firma de la paz enseña un nuevo escenario posible de vida social. Este escenario se concibe con una tramitación del conflicto que no está solamente sujetada al acto de la firma de la paz, sino que este acto abre la posibilidad de pensar al otro “enemigo” como el otro que somos. Con este presupuesto mínimo, la convocatoria es a construir una sociedad colombiana menos violenta, lo que no significa sin violencia, porque es su tópico, por la misma condición humana y por lo que el semejante siempre genera de rivalidad, de competencia, de dominio, de colonización; en otras palabras, de someterlo como objeto es la lucha en la que la humanidad siempre se ha debatido. La ganancia, entonces, de este acto puede cifrarse en la construcción de una política que propenda por hacer del semejante el prójimo y que integre en su afán por conquistar esa paz o, en otros términos, por minimizar el conflicto, la contribución que las formas del mercado hoy condicionan los lazos sociales; la desigualdad y la pobreza que están implicadas en ella. Y, de otra parte, el considerar que cada sujeto es en sí mismo un mundo y un ser que padece el malestar diario de la existencia.

Los conflictos y la violencia no son causados solamente por la violencia política; en nuestro país, los más altos índices de violencia se dan por la presencia ilegal del mercado y por las condiciones que el poder del dinero

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produce en la objetivización del otro. El otro se convierte también en objeto de mercado. Adicionalmente se debe considerar que el 70% de nuestra población es analfabeta, que el 60% de nuestra población está afectado con problemas psíquicos, que el 20% necesita una intervención clínica psicológica, que el 20 % fue reclutado de niño en la lógica de la violencia.

El problema de la desmovilización y de la conquista de la paz no es un problema económico, sino la necesidad de un apoyo psíquico, emocional y social.

En consecuencia, es fundamental una política en salud pública novedosa, que aliente la intervención clínica y que garantice el acceso a los espacios donde los sujetos puedan encontrar una solución a sus problemas psíquicos, además de los derechos que en salud orgánica son necesarios promover, minimizando el impacto de las multinacionales con la venta de medicamentos y el apoyo a las propuestas que desde los centros de investigación de las universidades en medicina y química farmacéutica promueven, como una industria local.

No es suficiente que las políticas de salud mental centren su mayor actividad en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en especial la salud mental, si contamos con los índices psíquicos que contribuyen a la violencia familiar y social.

Una propuesta presidencial que no contemple en sus políticas el reconocimiento y el papel fundamental de los profesionales de las ciencias sociales y humanas en su contribución a la reconstrucción de nuestro tejido social, está de espaldas no solo a la realidad sino al futuro de una Colombia próspera, porque las voces de los profesionales en el sistema de salud —sicólogos y trabajadores sociales—, en las propuestas sociales y políticas —sociólogos, antropólogos e historiadores—, avanzan al ritmo de la intervención y del decir que estos profesionales aportan.

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Reforma a la justicia Urge que se supere el pugilato jurídico

Urge también que se supere el pugilato jurídico Uno de los propósitos del Constituyente de 1991 fue el de crear las condiciones necesarias para darle a la justicia y a la función judicial el poder y la dignidad como protagonista de la construcción y defensa del Estado social de derecho y de la democracia.

El balance del cumplimiento de este propósito es deficitario. En la actualidad se asiste al descrédito de la función judicial y en concreto de las altas cortes. Se considera que la justicia se ha politizado, ha sido mal administrada en sus recursos y esta imposibilitada para cumplir con el compromiso de garantizar de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior se observa que la rama judicial está fraccionada en su estructura entre Jueces de inferior jerarquía y Jueces de superior jerarquía.

Su función se ha sesgado hacia la politización y así se evidencia en casos concretos como el poder que tienen dichas cortes en la designación y nombramiento de altos funcionarios.

El mal manejo de los recursos es el resultado del diseño institucional de una corte como el Consejo Superior de la Judicatura, que es el encargado de la administración de la rama judicial y su composición no obedece a su carácter técnico; actualmente su sala administrativa la componen abogados que poco conocen de economía y finanzas.

Además de su politización y el mal manejo de los recursos, el desarrollo de la jurisdicción encargada a los jueces y tribunales ha visto negada y

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frustrada la opción de garantizar los derechos fundamentales por el enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado con la Corte Constitucional.

Esta división surge de la consagración constitucional que establece que todas las jurisdicciones se encuentran en la misma jerarquía y por ende ninguna es superior a la otra; a lo que se añade un debate teórico acerca del derecho. En este debate, para la Corte Suprema de Justicia y para el Consejo de Estado la aplicación de la ley no conlleva a la vulneración de derechos fundamentales, pues se cumple con el fin de la seguridad jurídica; para la Corte Constitucional, en cambio, la aplicación de la ley en un caso concreto puede vulnerar los derechos fundamentales de un particular que se encuentra en un caso trágico o dramático.

Lo anterior ha mantenido dividida a la jurisdicción y la ha fraccionado. Al dividirse por razones institucionales y teóricas ha evitado una defensa conjunta del Estado de derecho, donde el pluralismo teórico es posible para la garantía del derecho. Además, este pugilato teórico ha creado en los jueces de inferior jerarquía la imposibilidad de separarse del precedente de su superior jerárquico, pues podría incurrir en el delito de prevaricato, lo que determina que no sólo se ha dividido, sino que se ha fraccionado entre decisiones de cortes que son obligatorias y decisiones de jueces y tribunales que no deben separarse de lo dicho por su superior jerárquico.

Esta tres realidades (entre otras), que muestran el fracaso del Estado constitucional en nuestro medio, sacrifica finalmente al ciudadano, al que se le deniega justicia de manera permanente.

Proponemos un debate en torno a la administración de justicia y a su revisión, en la que el próximo gobierno nacional debe considerar aspectos tanto estructurales como materiales.

Aspectos estructurales 1. La estructura de la administración interna de la rama judicial que actualmente se encuentra en cabeza de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en la que se privilegie una composición de profesionales de la economía, la administración pública y las finanzas: es necesario revisar el carácter técnico y no jurídico de dicha sala.

2. La eliminación de las igualdades jerárquicas entre cortes en lo referente a la defensa de los derechos fundamentales. Es la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución la que debe decidir en qué casos trágicos la aplicación del derecho por parte de la jurisdicción ordinaria y contenciosa pueden vulnerar las garantías del Estado constitucional.

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3. Proscribir el nombramiento y la designación en ternas de altos funcionarios por parte de las altas cortes.

4. Revisar el mapa judicial en el que se privilegia la justicia urbana y se excluye el problema rural más grave de la actualidad: la restitución de tierras en el conflicto.

Aspectos materiales 1. La revisión de los contenidos de los programas de derecho impartidos por las instituciones de educación superior que han propiciado una polarización y enfrentamiento de las diferentes teorías de la justicia y del derecho en nuestro medio. Con ello se ha evitado una formación pluralista de lo jurídico que permitiría aceptar que en términos de justicia el debate no se resolverá salvo en casos concretos.

2. La pedagogía constitucional hecha en los colegios es institucionalista y no despierta sensibilidad hacia la justicia y a los derechos de los otros.

Debemos apostar por una pedagogía de la justicia, de los derechos y de la Constitución que promueva la alteridad a pesar del conflicto, cercana a la lúdica, a la reconstrucción de la memoria.

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¿Cuáles son los retos políticos para el próximo cuatrienio presidencial?

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unque existen marcadas diferencias ideológicas entre los candidatos y candidatas que compiten por habitar la Casa de Nariño por los próximos cuatro años, hay asuntos importantes que en materia política absorberán las miradas de analistas, los medios de comunicación y la población en general y que son de vital importancia que sean atendidos por el próximo presidente o presidenta.

Algunos de estos asuntos han ido surgiendo a medida que los actores ponen a prueba los marcos normativos vigentes y la democracia misma y otros se han mostrado como tareas inconclusas de anteriores periodos legislativos y de gobierno, pero lo que tienen en común es su trascendencia, en tal magnitud que muchos, en tono fatalista, han llegado a opinar que para darles solución se hace necesario realizar cambios transcendentales como citar a una nueva constituyente, con el fin de dar un vuelco completo a nuestro aparato normativo.

Sin embargo, tan solo resulta necesario realizar un par de ajustes para enfrentar los retos que la coyuntura impone, para dar coherencia a las normas y para fortalecer el funcionamiento de nuestra democracia.

Sin duda alguna, el epicentro será el desarrollo de las conversaciones en La Habana. Aunque la información circulante sobre los posibles acuerdos a los que se ha llegado es bastante vaga, así como amplias son las especulaciones que se realizan al respecto, es importante que,

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conocidos los puntos sobre la mesa, se facilite el cumplimiento de los pactos que se logren en las negociaciones sin importar el tinte ideológico del gobierno, así como igual de importante es sentar precedentes para una posible negociación con el ELN. Con respecto a lo anterior, se debe mencionar que la negociación trasciende la dejación de armas por parte del grupo insurgente, lo que invita a dar un mayor estatus político a sus alcances, por ejemplo, a reconocer los diversos sectores que allí desean incluirse como el campesinado y las víctimas (con los primeros creando mecanismos para el trámite de sus demandas y con los segundos garantizar una reparación integral), es decir, a darle una mayor inclusión política.

También es necesario dejar claras las condiciones bajo las cuales podrán (o no) competir electoralmente sus desmovilizados, lo que seguramente debe acarrear cambios importantes en las normas de competencia electoral en varios frentes: las limitaciones sobre quienes pueden ser candidatos, la forma en que compiten los partidos de la oposición, la representación territorial de los colombianos para hacerlo más inclusivo ante los resultados de la negociación, la representación especial (o no) de este grupo en el Congreso, el acceso a recursos del Estado, espacios en los medios de comunicación, seguridad para los partidarios, etc.

Finalmente, un gran reto, incluso para continuar con los diálogos, será definir la suerte jurídica de los miembros de estos grupos y ponerla a tono con el respeto por el derecho de las víctimas.

Otro punto que la coyuntura nos trae es el papel y los alcances de las funciones de los organismos de control. En primer lugar, después de los sucesos en Bogotá con Gustavo Petro hay que pensar seriamente en cuál es el papel de instancias como la Procuraduría General de la Nación y sus alcances. Obviamente esto está pidiendo con urgencia que se limiten sus poderes de forma tal que no contradigan los principios democráticos de la voluntad popular, es decir, se hace necesario un análisis al Código disciplinario único, para que las decisiones no sean tomadas de forma discrecional; esto en últimas apunta a que se realicen ajustes a los mecanismos mediante los cuales se pueden tomar las decisiones sobre la destitución y las sanciones a los funcionarios y determinar los mecanismos sobre quiénes y cómo deben ser procesados los funcionarios públicos que comentan faltas disciplinarias; con ello se hace referencia a que no se presenten desproporciones en las investigaciones y sanciones, las cuales pueden usarse con fines políticos.

Y en segundo lugar, se debe actualizar el Código electoral colombiano, pero no solo con miras a analizar el papel que está cumpliendo el Concejo Nacional Electoral en la observancia efectiva de los comicios

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para evitar irregularidades (como la financiación de las campañas), sino que esta actualización debe imputar mayores responsabilidades a los partidos políticos por las acciones de sus integrantes, presionando a sus directivas para que realicen mayor control de los avales que asignan.

Igualmente, debe contener un control específico de cuentas bancarias de los candidatos, ya que actualmente es casi imposible conocer los verdaderos montos que se gastan en campaña; en otras palabras, debe incluir formas de cotejo más estricto entre los gastos y las actividades realizadas por los candidatos. Finalmente, se deben conceptualizar mejor y esclarecer los alcances de los movimientos significativos de ciudadanos para presentar listas a elección popular, pues actualmente no se entiende a qué se refiere este término, excepto por la recolección de firmas; así, hay que hacer más incluyente la participación de los firmantes en las contiendas electorales, asignándoles mayor responsabilidad con los grupos o candidatos que avalan.

Un tercer punto hace referencia a las limitaciones a la democracia que impone la figura de la reelección. El próximo presidente debe plantear seriamente en eliminarla, ya que los periodos juegan en contra de los tiempos de elección por parte del presidente de algunos órganos de control, de magistrados de las cortes y de algunos de los miembros de la junta del Banco de la República (jugando en contra del equilibrio de poderes). Más bien debería pensarse en ampliar el periodo presidencial a 6 años, lo mismo que debería aplicarse a otros cargos uninominales como las alcaldías y gobernaciones, pues la experiencia muestra que esta figura es un camino a la perpetuación de grupos políticos en los poderes locales, regionales y nacionales.

Finalmente, un último punto crucial para el próximo presidente es afinar las formas de financiación de las localidades y regiones, así como la profundización de los alcances de la descentralización política. De esta forma, fijar estándares de financiación equitativos y dar potestades de decisión a las autoridades locales con base en la consulta popular, no solo apunta a mejorar los indicadores de desarrollo económico, sino que es crucial para romper con las cadenas de clientela que se forman cuando actores políticos intermedian recursos hacia algunas regiones.

Así mismo, es importante, a fin de garantizar la promesa incumplida de la Constitución de 1991, dar mayor acceso a los ciudadanos a mecanismos de participación y decisión sobre el futuro de su entorno próximo.

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Hacia la reforma política

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a reelección presidencial inmediata como escenario posible para favorecer electoralmente a partidarios del presidente-candidato en la contienda parlamentaria; los evidentes problemas del sistema electoral colombiano, y la politización de las ramas del poder público, hacen parte del transfondo en el que se debe reflexionar sobre la conveniencia para el país de abordar una nueva reforma política.

Una respuesta positiva implicaría una reforma a la Constitución de 1991 con todo lo que ello conlleva, pero el consenso entre los analistas consultados por el periódico Alma Mater es que, con reforma o sin ella, es necesario abrir el debate frente a algunos temas sensibles.

Bernardita Pérez, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, considera que se debe eliminar la reelección presidencial inmediata, pues ha generado corrupción y desigualdad entre los candidatos a la presidencia. En igual sentido opina John Fredy Bedoya, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, al afirmar que más bien debería pensarse en ampliar el período presidencial a 6 años y que esto mismo se aplique para alcaldes y gobernadores.

Al contrario, Juan Carlos Arenas, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, no ve necesario una nueva reforma. En su concepto, las últimas dos, con las modificaciones que sufrieron, han contribuido progresivamente a generar los incentivos para estructurar un sistema de partidos ordenado y pequeño, y para perfilar la distribución de las fuerzas políticas de izquierda y derecha en el país.

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Sistema electoral Arenas considera que la actual coyuntura exige deslindar partidos, candidaturas y criminalidad, una de las razones por la cual surgió la reforma política de 2009. Recalca que es necesario que el Congreso gestione un código que haga coherente al sistema electoral colombiano.

En tanto Armado López, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, plantea que a los partidos semejantes debe exigírseles más desde el punto de vista programático; además, limitar los costos de las campañas electorales, pues la participación democrática se volvió inalcanzable con tanto capital invertido en propaganda y publicidad electoral; también endurecer las sanciones al clientelismo.

Bedoya advierte que a los partidos políticos se les debería imputar responsabilidades por las acciones de sus integrantes y cree conveniente controlar los movimientos significativos de ciudadanos para presentar listas a elección popular, pues actualmente, dice, no se entiende qué es un grupo significativo de ciudadanos, excepto por la recolección de firmas.

Pérez precisa que hay un asunto de ajustes a la norma. Para ella hay que garantizar que no haya violencia electoral, en términos de fraude; pulir la institución del voto en blanco; que el Consejo Nacional Electoral funcione mejor como tribunal judicial que como órgano administrativo, y considera que debería existir una regulación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades mucho más fuerte para congresistas y representantes de elección popular.

Arenas habla de un proyecto de código electoral que ordene el sistema y actualice las reglas de competencia. Algo así como atar los cabos sueltos de la actual legislación para darle dientes a la autoridad electoral a la hora de investigar y juzgar delitos electorales como compra y venta de votos, la infiltración de grupos criminales, y la determinación de resultados por parte de ellos en algunas regiones del país, entre otros.

La reforma y el proceso de paz Una reforma política debería facilitar el cumplimiento de los acuerdos que se logren en las negociaciones de paz con las FARC y sentar precedentes para una posible negociación con el ELN. Así lo afirma Bedoya.

Para él, la reforma debe plantear las normas de juego que ayuden a delimitar los alcances de los acuerdo logrados, como lo referido a la participación política, y opina que deberían afinarse las garantías para que la oposición en general pueda participar en igualdad de condiciones en el debate electoral, con acceso a recursos del Estado, espacios en medios de comunicación, y lo más importante, seguridad para los miembros de los partidos políticos.

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Senado no representa todo el país Los problemas del sistema electoral colombiano se ven reflejados en el Senado. En las pasadas elecciones cerca del 50% de los senadores electos provienen de cuatro regiones, y cerca de la mitad de los departamentos del país se quedaron sin representantes.

López y Pérez ven en esto una dificultad del sistema, porque es claro que departamentos con gran poder económico tienen una representación exagerada en el Senado. Para ellos eso es una clara concentración de la política del país en pocos nombres y regiones.

Los poderes del procurador Según Bedoya, hay que pensar seriamente en cuál es el papel de la Procuraduría y cuáles son los alcances de sus decisiones. Indica que se deben determinar los mecanismos sobre quiénes y cómo deben ser procesados los funcionarios públicos que cometan faltas disciplinarias, para que no se presenten investigaciones y sanciones desproporcionadas que puedan usarse con fines políticos.

La justicia Para López, se tendría que hacer una reforma a la justicia en lo relacionado con la elección de magistrados. Una reforma, subraya, en la que se respete la independencia de la justicia, pero que le quite a la administración de justicia algunas facultades electivas que tiene en la actualidad, porque la rama se contagió de politiquería y clientelismo.

Ajustar la normatividad existente o aventurarse en una reforma política será útil en la medida que no se comentan los errores del pasado. “… Hay que aprender de ellas, advertir sus defectos… esa reformitis continua es fatal para un régimen político”, recuerda Pérez.

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La paz: un imperativo moral y político

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n imperativo es una necesidad urgente y deseada, es moral cuando alude a la conciencia humana y es político cuando vincula el poder de decisión. En este sentido los colombianos estamos en la obligación moral de promover la paz y el respeto de los derechos humanos; y exigir a otros, cuando no lo hacen, tomar las decisiones más convenientes para lograr y/o conservar los principios y estados convenientes de convivencia pacífica, en una sociedad multicultural y diferenciada.

Es indudable que la paz ha sido uno de los temas recurrentes en todos los escenarios de la vida pública y privada, donde se tejen en el día a día esperanzas de un mejor futuro para este país hermoso, pero lleno de problemas. Las tensiones permanentes que la opinión pública recrea, no son más que el testimonio elocuente de una sociedad polarizada, optimista y pesimista, sobre un devenir cargado de mucha emotividad, pasión y cálculos instrumentales sobre los efectos de un escenario posible de dejación de armas y de desmovilización de las FARC- EP, en los próximos meses.

De cara a las elecciones presidenciales del próximo 25 mayo el país se juega una carta aplazada durante 60 años. El conflicto armado que hemos vivido los colombianos ha condicionado y determinado los sueños, los proyectos de vida y el desarrollo integral de una sociedad que ha tenido limitada sus esperanzas.

Más de cinco millones de desplazados, alrededor de 100 mil desaparecidos y 711 mil homicidios entre 1985 y 2014, según la Unidad de

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Víctimas1 son cifras escalofriantes que deberían conmover y movilizar a una sociedad entera; son más víctimas que todas las dejadas por las dictaduras del cono sur, lo que sirve para seguir dejando a Colombia como uno de los países más violentos del mundo.

“Una guerra sin nombre”, fue lo que dijeron Francisco Gutiérrez y Gonzalo Sánchez2, dos de los más avezados investigadores sobre la violencia y el conflicto en el país, es lo que ha pasado en Colombia. No sólo por la cantidad de víctimas, sino también por la recursividad y maniobrabilidad de los actores de la guerra. Actores de diversos matices ideológicos, quienes se han atrincherado entre la sociedad civil, entre algunos políticos en ejercicio y entre algunos empresarios inescrupulosos que han colindado sus intereses particulares con los intereses de quienes han pretendido resolver sus conflictos y necesidades a punta de bala e intimidaciones.

De modo que los actores del conflicto en Colombia, que no han sido solo las FARC y el ELN, son respaldados por muchos colombianos y colombianas. Esta es una realidad que no podemos desconocer y por tanto las iniciativas para lograr la paz en el país deben involucrar no sólo al Estado y sus instituciones, a los actores armados en este caso en primer instancia a las FARC, para que no se levante de la mesa de negociación de La Habana; al ELN, el otro grupo insurgente, el cual ha manifestado su intención de sentarse a conversar, sino también a la ciudadanía en general, en el marco de una vindicación de la apropiación de una realidad que nos compete a todos y todas.

Para aludir a esta apropiación de la realidad hay que realizar un reconocimiento inicial, y es el de la co-implicación entre ciudadanía y conflicto.

Es decir, la ciudadanización del conflicto, algo que tienen que ver con el reconocimiento del mismo por parte de sujetos de derecho, lo que implica la construcción de esferas colectivas de asimilación de realidades, adversas a los principios de justicia, libertad y convivencia pacífica.

Es así que dichas colectividades adquieren la capacidad de responder a través de diversas estrategias a los efectos de la violencia e injusticia que acarrea el accionar de todos los grupos armados, e introduciendo la deliberación allí donde tiene cabida la confrontación violenta y restituyendo las causas y comportamientos estructurales del conflicto como objeto de la política3.

Así las cosas, una ciudadanización del conflicto, como estrategia, actitud y aptitud para afrontar los flagelos de la guerra en Colombia, exige no sólo compromisos individuales y colectivos, además demanda un reconocimiento y aceptación de que las salidas políticas siempre serán menos estruendosas, menos dolorosas y menos desesperanzadoras.

Adicionalmente, la comprensión integral de los flagelos del conflicto que

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nuestro país ha vivido exige miradas menos pasionales, que permitan entender, como sostiene Johan Galtung, que tener una imagen consciente y cabal del conflicto, con todos sus aspectos profundos, sus condicionantes históricas, será una conditio sine qua non para la transformación del mismo4.

Las condiciones históricas del conflicto colombiano han demostrado la diversidad de intereses que se agrupan alrededor de los discursos de la paz y de la guerra. Así mismo, se ha demostrado en los últimos años, que esos discursos han tenido la capacidad de seducir y movilizar a la población en distintos episodios, uno de ellos fundamental para la democracia y el país en general, las elecciones.

No es este el espacio para ahondar sobre las recientes elecciones al Congreso el pasado 9 de marzo, y de las pocas propuestas y discursos favorables de los candidatos alrededor de la paz y la solución política de los conflictos del país. Algo sintomático de la política nacional, pero estando ad portas de las elecciones presidenciales es inaplazable señalar cuatro píldoras para la reflexión y las acciones a tomar como colombianos el próximo 25 de mayo: 1. La paz no se logra sólo con el diálogo, negociación y desmovilización de los grupos insurgentes FARC y ELN, pero sin este paso continuaremos siendo un país en guerra y con un conflicto armado interno, no resuelto por falta de voluntad o por la incapacidad de estos actores y nuestros gobernantes de negociar el conflicto que ya lleva 60 años.

2. Los actores armados que se han configurado, luego de la mutación de los paramilitares reinsertados en Colombia, deben ser objeto de un tratamiento “especial”, es decir, se debe implementar una acción de desmantelamiento de estas estructuras criminales de parte del Estado y promover la entrega de armas y sometimiento a la justicia. De lo contrario, el conflicto continuaría, pese a la ausencia de guerrillas en Colombia, en el caso de su desmovilización.

3. Las condiciones sociales y económicas de los afectados por el conflicto social y político deben ser atendidas integralmente, de manera que las oportunidades en educación y trabajo constituyan el factor más importante que desestimule el involucramiento con estructuras armadas, llámense bandas, combos o grupos insurgentes.

4. Finalmente, las elecciones no resuelven las necesidades generales de una sociedad, en ocasiones resuelven los egos personales de candidatos con sed de poder, y en otras, las necesidades de quienes venden un voto por una compensación pueril y descabellada. Pero para la democracia, imperfecta y limitada, y para una búsqueda permanente de un futuro mejor para el país, significan una oportunidad. Para los candidatos pre-

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sidenciales significan un momento estelar de la vida a la hora de dirigir los destinos de más de 45 millones de personas y poder enderezar una torcida realidad, que sería menos dolorosa si se continúa por la senda de las salidas políticas y negociadas del conflicto. Para los ciudadanos, por su parte, la elecciones representan la oportunidad de elegir conscientemente en aras de apoyar a quienes sí creen en la paz y en un país con grandes potencialidades, pero que ello implique, obviamente, una paz con justicia social.

Notas 1. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Colombia. Consulta en línea. Marzo de 2014. http://www.unidadvictimas.gov.co/.

2. Gutiérrez Sanín, Francisco (Coord.) (2006). Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. IEPRI, Universidad Nacional, editorial Norma, Colombia.

3. Serna Dimas, Adrián. “Pacificar ciudadanos o ciudadanizar el conflicto”. En: Ciudadanía y conflicto. Memorias del Seminario Internacional. María Teresa Cifuentes y Adrián Serna Compiladores. 2006. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

4. Galtung, J (2003). Trascender y transformar: una introducción al trabajo de conflictos. México, Quimera.

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Política de ciencia, tecnología e innovación en la educación superior Su papel en el bienestar social y el desarrollo económico

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oy existen suficientes evidencias que demuestran que la diseminación del conocimiento y la formación y entrenamiento en habilidades son los factores más importantes para promover la productividad económica y la disminución de la inequidad social; en tal sentido, la universidad se ha convertido en uno de los actores centrales de crecimiento y transformación de las sociedades en los dos últimos siglos. Sin embargo, en nuestro país esto no ha ocurrido en la magnitud suficiente para lograr dicho cambio porque no es claro el modelo de universidad a priorizar.

La Ley 30 de 1992 estableció que un elemento central para que una institución de educación superior fuera reconocida como universidad era que desarrollara investigación científica, pero sin que existiera un concepto sistémico de ciencia y tecnología como elemento fundamental de un ecosistema de innovación.

En el artículo 19 de dicha Ley se establece: “Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y posdoctorados, de conformidad con la presente Ley.”

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Por su parte en el literal a del artículo 20 se precisa que se podrá reconocer como universidad a las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que dentro de un proceso de acreditación demuestren tener experiencia en investigación científica de alto nivel. Esto se convirtió en una estrategia para promover la investigación por parte de las instituciones de educación superior, IES, con el fin principal de “Fomentar la producción del conocimiento y el acceso del país al dominio de la ciencia y la tecnología” (Artículo 31, literal g), lo cual, en conjunto con otras políticas e iniciativas de orden estatal e institucional, ha conducido a que no exista claridad de lo que debería ser la misión de la universidad en Colombia: 1. Muchas IES han asumido como parte de su misión la investigación científica y tecnológica sin tener las condiciones académicas, de capital humano y financieras para desarrollar esta actividad, solo lo han hecho para tener el reconocimiento como universidad de forma que puedan acceder a recursos del sistema universitario estatal o para ser competitivas en el mercado de la educación superior.

2. Esta primacía de la investigación en las universidades ha conducido a que se desatiendan otros aspectos esenciales de la función universitaria, en particular lo que tiene que ver con la formación de alta calidad en el pregrado, pues en la medida que los docentes universitarios dedican más tiempo a la investigación ha sido necesario recurrir a docentes de cátedra para cubrir las necesidades de docencia en muchos de los programas académicos.

3. El modelo de investigación que se constituyó alrededor de iniciativas particulares de personas o grupos no ha permitido una articulación suficiente entre distintos campos del conocimiento y entre la generación y aplicación del conocimiento. Aunque han existido iniciativas para avanzar hacia modelos interdisciplinarios e interinstitucionales de investigación, estas no han recibido el adecuado apoyo por parte del gobierno o de las mismas IES para favorecer su consolidación. Es de particular relevancia la falta de un trabajo interdisciplinario entre las ciencias sociales y humanas y la educación con otras áreas de investigación de forma que se produzcan procesos convergentes de generación y aplicación del conocimiento.

4. En vez de promover una sinergia entre las universidades y los centros de investigación y desarrollo tecnológico que existían en el país, la política de educación superior generó una competencia por los recursos limitados que entregaba el Estado para la ciencia y la tecnología, de lo cual salieron menos favorecidos dichos centros y por tanto se perdieron muchas capacidades que se habían venido consolidando en sectores importantes para la innovación y el desarrollo basado en conocimiento.

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5. La fragmentación institucional de la investigación ha hecho que la masa crítica de investigadores en muchas, sino en todas las áreas del conocimiento, siga siendo muy baja o al menos está demasiado dispersa pues la prioridad ha sido responder a los indicadores propios de cada institución.

6. A pesar de que en las dos décadas pasadas se le apostó a que fueran las IES las que lideraran los procesos de generación y transferencia del conocimiento, la reciente política de regalías para ciencia y tecnología le entregó la mayor responsabilidad a los gobiernos territoriales, lo cual ha conducido a que se presente un desencuentro entre las capacidades existentes para investigación y desarrollo con los intereses propios de los gobernantes en las distintas regiones del país.

7. Como consecuencia de estos nuevos arreglos institucionales, Colciencias ha perdido peso como ente líder de la política de ciencia, tecnología e innovación y ha sido relegado a responder por aspectos más operativos del sistema que estratégicos.

Lo anterior ha sido un factor importante para que Colombia no tenga una industria lo suficientemente competitiva que le permita un crecimiento sostenible con indicadores sobresalientes de desarrollo económico y equidad social. Para lograr este tipo de industria es necesario fortalecer las capacidades de generación de nuevo conocimiento, condición necesaria para potenciar la innovación, la cual a su vez nos abrirá el camino para competir globalmente con productos y servicios de alto valor agregado.

Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF, 2012), Colombia se viene desindustrializando desde 1975 debido al bajo valor agregado que le se le da a las materias primas. Hace tres décadas la producción industrial contribuía con el 24% del PIB, mientras que para el período 2012-2020, si la tendencia sigue igual, la contribución al PIB estaría entre 9-12%. Este efecto se ve reflejado directamente en la disminución del empleo en el renglón del sector industrial.

Es también importante tener presente que en el periodo 2005-2011 la inversión extranjera fue alrededor de US$10.000 millones por año, de los cuales cerca del 65% fue para minería (explotación y exportación) y casi nada para desarrollos industriales, como sí ocurre en otros países de Latinoamérica y otras regiones del mundo. El futuro para Colombia es bastante incierto porque los TLC se están firmando con países donde hay desarrollos de alta tecnología con mano de obra altamente calificada, lo cual se refleja en una mayor productividad con costos menores de producción que los de los países en proceso de desarrollo que en buena medida continúan utilizando tecnologías del siglo pasado.

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Se requiere entonces adoptar una política de Estado que favorezca el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sólida, consistente y de largo plazo. Se trata de medidas adoptadas exitosamente por países como Israel, Alemania, Italia, Bélgica, Corea, Malasia, Singapur, entre otros, donde la innovación basada en el conocimiento les ha permitido aumentar su competitividad en el mundo globalizado, asegurar economías estables, mejorar el empleo y disminuir la inequidad social, entre otros efectos importantes.

Por ejemplo, Corea del Sur, con una población similar a la colombiana, invierte anualmente alrededor del 3,7% del PIB, representado en aproximadamente 37.000 millones de dólares, en actividades de ciencia y tecnología. En otra región del mundo, en 2013, el parlamento de Kenia aprobó destinar el 2% del PIB para actividades de ciencia y tecnología, recursos que se empezarán a ejecutar a partir de 2014. Los ejemplos en todo el mundo nos indican que en un período corto Colombia debe invertir alrededor del 2% del PIB en actividades de ciencia y tecnología, lo cual representaría alrededor de 7.000 millones de dólares anuales. Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —OECD por sus siglas en inglés— plantea que Colombia necesita aumentar los recursos para ciencia y tecnología a valores que sean significativos para impulsar las reformas que requiere el país.

Elementos para una política en educación superior A partir de los aspectos anteriores es posible plantear una serie de elementos en los que una política para la educación superior del país debería hacer énfasis con el fin de lograr una construcción de un verdadero sistema de ciencia, tecnología e innovación, que permita el flujo de conocimiento desde las universidades hacia los demás actores de la sociedad. Los elementos más importantes podrían ser: 1. Se requiere que los decisores de las políticas públicas en ciencia y tecnología tengan la formación, la experiencia y el liderazgo suficientes para posicionar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como elementos esenciales para el crecimiento económico y el bienestar social del país.

2. Es necesario un modelo pedagógico en todos los niveles de la educación que promueva la indagación y la investigación como aspecto central de forma que sea posible tener una cultura en la que el conocimiento sea considerado como la base de los procesos que buscan no sólo generar mayor riqueza sino además disminuir la inequidad social.

3. El país requiere de un ente rector de política de ciencia, tecnología

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e innovación con la suficiente valoración y reconocimiento para que se puedan promover políticas de estado en este ámbito. Colciencias puede cumplir este papel siempre y cuando su función principal sea la de construir una visión estratégica que permita posicionar el conocimiento como uno de los recursos más importantes para el desarrollo socioeconómico de Colombia.

4. Se necesita una política adecuada de financiamiento por parte del Estado de las actividades de ciencia y tecnología acompañada por estrategias de estímulos al sector empresarial, que promuevan no solo la generación de conocimiento sino, sobre todo, su transferencia para la resolver problemas y necesidades tanto del sector productivo como de la sociedad civil.

5. Es fundamental un sistema de ciencia, tecnología e innovación que promueva el trabajo articulado entre las distintas IES y entre estas y los centros de investigación y desarrollo tecnológico que tiene el país, de forma que se logre una optimización del uso de los recursos, y en particular la convergencia entre distintos campos del saber.

6. Se debe discutir la creación o la reconversión de algunas IES existentes, en unas pocas instituciones que tengan como misión fundamental la generación y aplicación del conocimiento de manera que Colombia pueda tener verdaderas universidades de investigación.

7. Definición y financiamiento apropiado de institutos nacionales de investigación, independientes de las universidades, especializados por sectores, con una estructura que responda a las exigencias de competitividad mundial, y que se adecúen a las condiciones del país. Serían espacios donde trabajan científicos dedicados a la solución de problemas específicos a partir de la generación de conocimiento fundamental, pero inspirado en las potenciales aplicaciones para la solución de problemáticas sociales, económicas o académicas. Estos institutos podrían ser fundamentales en el desarrollo de las regiones, ya que estarían ubicados en diferentes departamentos. Una evolución de esta estrategia es definir y crear parques científicos y tecnológicos en los sectores económicos o sociales relevantes para el país.

8. Promover una política de formación de talento humano de alto nivel. Por un lado es es necesario impulsar la formación de ingenieros en diversas áreas del conocimiento: se requiere, por lo menos, triplicar el número de ingenieros en Colombia, profesión directamente involucrada en el desarrollo social y económico de cualquier nación. De otro lado, se debe incrementar el número de doctores formados en Colombia y en el exterior, como mínimo a 2000 por año, lo cual debería acompañarse

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por un programa de financiación de posdoctorados. Igualmente, se requiere una política clara de estímulos para la repatriación de científicos colombianos trabajando en el exterior.

9. Desarrollo de políticas de estado que permitan blindar los recursos para CTI y que permitan hacer evaluaciones cada cinco años para hacer los ajustes que se requieran.

Solo con la definición y ejecución de estrategias claras de parte del gobierno será posible tener un cambio en el desarrollo social y económico del país que nos permita mantener un crecimiento económico de largo plazo y, sobre todo, reducir la inequidad. Esto será posible si utilizamos de manera inteligente nuestros recursos naturales, dándoles valor agregado y no simplemente vendiéndolos en el mercado mundial como mercancías.

Pocos países en el mundo tienen tan abundante cantidad y calidad de recursos naturales como para ser usados como fuente de riqueza.

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Hacia una sociedad del conocimiento: retos para el nuevo gobierno nacional

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olombia cuenta con varias iniciativas o declaraciones que buscan hacer del conocimiento un fin primordial de diversas políticas, al tiempo que sirva para alentar el crecimiento económico y para elevar el bienestar de la población. Pueden mencionarse tres documentos que ofrecen una mirada de largo plazo y que son fuente de consulta sobre estos asuntos: el informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de 1994; la visión Colombia 2019, planteada en 2005 por el Departamento Nacional de Planeación, y la propuesta de política Colombia construye y siembra futuro, presentada por Colciencias en 2008.

En los últimos años se han dado varios pasos que aparentemente buscan facilitar el logro del gran propósito de “producir, difundir, usar e integrar el conocimiento para contribuir a la transformación productiva y social del país” (Visión Colombia 2019). Entre estos pasos se destacan la aprobación de la Ley 1286 de 2009, que transforma a Colciencias e integra el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; la asignación del 10% de recursos de regalías por el Acto Legislativo 05 de 2011, y la adopción de la estrategia nacional de innovación en el marco del plan de desarrollo 2010-2014.

¿Cómo están las cosas?

Aunque podría pensarse que estarían dadas las condiciones para avanzar con mayor dinamismo en el alcance de las metas trazadas en los informes y documentos mencionados, lo cierto es que Colombia continúa

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rezagada en esta materia y predomina una percepción pesimista sobre los logros que podrían alcanzarse con el andamiaje institucional en construcción y con los recursos de regalías que comienzan a irrigarse en las regiones. Existe una sensación generalizada de haber perdido baluartes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, reglamentado por la Ley 29 de 1990, principalmente la confianza entre actores y la credibilidad y la efectividad de las políticas, mientras se aprecian fenómenos como la marginación y la pérdida de gobernabilidad de Colciencias, y la asignación de recursos sin atender a las capacidades científicas y tecnológicas, sin correspondencia con las políticas en la materia.

En resumen, se tiene una situación de crisis en donde se perciben al menos dos modelos o lógicas, con tensiones entre actores y reglas del juego: por un lado, un modelo basado en la oferta cuyos actores mantienen el ideal de recibir apoyo para desarrollar primordialmente la investigación básica y fomentar la formación científica de alto nivel y, por otro lado, un modelo basado en la demanda, con nuevos actores que ostentan capacidad de pago para adquirir soluciones a sus requerimientos y que por tanto lo que importa es contratar servicios para dar lugar a hechos o productos concretos.

Lo que puede hacer el nuevo gobierno En estas condiciones, el período 2014-2018 puede servir para recuperar tiempos y oportunidades que no han sido bien aprovechados en los últimos años. Teniendo claro que en una mirada integral es fundamental partir de la educación como base fundamental de esta problemática, así que este tema merece consideraciones especiales por parte de expertos, a continuación se esbozan varios aspectos que pueden servir para establecer prioridades y líneas de acción en materia de ciencia, tecnología e innovación , CTeI.

1. Reinvención del sistema Al país le hace falta renovar un análisis estratégico y de prospectiva que permita “ensamblar” de nuevo el sistema. Entre los resultados, estaría la respuesta a si la Ley 1286 está en vigor y qué reglamentaciones podrían tener lugar, o si definitivamente se requiere una nueva norma. Se trata de modernizar el sistema, acorde con las nuevas realidades y las expectativas de crecimiento y desarrollo del país, lo cual puede abordarse a partir de tres aspectos fundamentales: Las reglas del juego: renovar y actualizar las políticas, estrategias, programas y proyectos. Esto implica actualizar y aplicar la ley de forma colectiva y organizada entre los actores y el sistema, de-construir la política

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de financiación, establecer un código nacional, resignificar e implementar el Consejo Nacional de CTeI como instancia de política nacional, y definir y aplicar un pacto nacional. Se resalta la importancia de contar con un consejo nacional, que sea representativo de la realidad del sistema y que cuente con autoridad y con independencia para establecer las políticas.

El papel de los jugadores: quiénes, qué y cómo juegan las instituciones y las organizaciones. En el plano institucional, es necesario formalizar los roles de los jugadores, apoyar la creación y sostenibilidad de pocas organizaciones para obtener calidad y capacidad institucional, generar y disponer un entorno innovador para generar una cultura y apropiación social del conocimiento, buscar localización y cercanía para el relacionamiento, la interacción y el networking entre los jugadores. En cuanto a las organizaciones, especializar la oferta de productos y servicios sin desviar el objeto social de las organizaciones, es decir, elegir si su rol es coordinar, financiar o ejecutar las políticas.

Los jugadores ante la política: cuáles son los procesos claves de los jugadores del sistema y cómo aprenden de ellos. Habrá que diferenciar tres tipos de jugadores, lo que puede llevar a una escisión de Colciencias e incluso a elevar su rango a ministerio: quienes coordinan la política, para que definan, formalicen y coordinen las políticas, estrategias, programas y proyectos; quienes financian, y quienes ejecutan la política. En cuanto a la política, es importante evaluar aspectos como los mecanismos de implementación de la triple hélice en el país, sobre todo con el ánimo de considerar los aprendizajes de otros países en donde esta figura presenta señales de agotamiento y antagonismos con la producción científica de calidad.

2. Legislación El país necesita un código de CTeI, en forma similar a como se cuenta con un código civil o un código de contratación administrativa, en el cual se formalicen e integren las normas y se regulen las actividades de CTeI en asuntos como relaciones entre actores, presupuesto público y contratos.

Dichas normas deben dar lugar al reconocimiento de un área especializada en la legislación, en las instancias de control y jurisdiccionales, así como en el estudio del derecho en las universidades. Aunque la Ley 29 de 1990 había dado pautas sobre el particular y se contaba con reglamentación para facilitar las actividades de CTeI, especialmente en el tema de contratos, hace falta claridad frente a los desarrollos de los últimos años y a la manera como Colciencias ha quedado subsumido en la lógica de las entidades del ejecutivo a nivel central, de modo que aquellas facilidades se han escapado de sus propias manos.

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3. Financiación Es importante resaltar que los recursos de regalías no serán suficientes para los propósitos nacionales, y que por tanto debe retomarse la meta de aumento del gasto en CTeI como proporción del PIB, que en 2013 apenas podría llegar al 0,6% y que desde hace muchos años se ha buscado ascienda al 2%. Sobre el particular, hay tres líneas de trabajo que se entrecruzan: Aumento de recursos del Presupuesto General de la Nación y de las entidades descentralizadas. Mediante ley o decreto podría ordenarse la destinación de por lo menos el 2% del presupuesto público para CTeI, de modo que todas las entidades nacionales se obliguen a invertir este porcentaje de sus ingresos, o de los excedentes en el caso de empresas industriales y comerciales, recursos que deberían ser manejados a través del Fondo Francisco José de Caldas.

Aumento del gasto privado. Aunque se cuenta con cambios recientes para motivar la inversión de las empresas en investigación e innovación, vía estímulos tributarios, se mantiene la preocupación por el bajo gasto privado. Así que es necesario establecer una clara reglamentación que otorgue mayores responsabilidades a las empresas, incluyendo la posibilidad de obligar una inversión mínima, por ejemplo una proporción de las utilidades.

Asignación de recursos de regalías. Es necesario establecer una nueva reglamentación que garantice un buen uso de estos recursos en programas que si bien tengan su expresión regional, estén articulados a la política nacional y que por tanto su uso esté limitado a estos programas, y eventualmente a contribuir a los mismos con un alcance nacional. Para este fin puede ser útil la experiencia que se ha tenido en el país en materia de descentralización, con las leyes sobre competencias y recursos, de modo que se regule la asignación de recursos conforme a las actividades de mayor impacto y a los programas del sistema nacional de CTeI, estableciendo porcentajes o montos para finalidades específicas, como la formación científica, la investigación básica o aplicada, y la innovación.

4. Designación de director(a) de Colciencias Es preciso recuperar la buena práctica que imperó en el pasado, en cuanto a la designación del director de Colciencias, quien exhibía tradicionalmente una amplia trayectoria tanto académica como en la gestión de la ciencia y la tecnología, sin mayores filiaciones políticas. Ello garantiza una mayor y mejor interlocución con los diversos actores del sistema, además de la confianza en la organización y en las políticas. Sumado a

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esto, la trayectoria del director(a) facilita el proceso de reconocimiento, conservación y consolidación de las buenas prácticas de gestión de CTeI que han surgido durante los más de cuarenta años de la entidad, conocimiento que será clave para enfrentar sus nuevos retos sobre todo en lo que concierne a lograr un equilibrio entre ciencia de calidad e innovación.

Gráfica Colombia: Gasto en Ciencia, Tecnología e Innovación, 1995-2011 (% PIB)

Notas: ACT: Gasto en Actividades de Ciencia y Tecnología como % del PIB; I+D: Gasto en Investigación y Desarrollo como % del PIB.

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El sistema de salud que Colombia necesita

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ara la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia la definición del modelo y del sistema de salud no puede depender exclusivamente de las tendencias y políticas predominantes en el mundo, sino principalmente de las particularidades como país, la composición socio-demográfica, los valores y preferencias de la población de acuerdo con la diversidad cultural, y las condiciones económicas, políticas y de infraestructura nacionales.

La balanza pone de un lado el deterioro o escaso progreso en términos de indicadores de salud, carga de enfermedad y satisfacción de los ciudadanos, en contraste con aumento del gasto en salud, trabas administrativas y enriquecimiento del intermediario o asegurador. Organizar el sistema de salud bajo la premisa de hacer coincidir el bienestar y el negocio es incompatible con considerar la salud un derecho fundamental y elemento prioritario de progreso social y económico.

Inclinar la balanza hacia algo más equitativo y de mayor satisfacción para los colombianos implica el reconocimiento y garantía de la salud como derecho fundamental y la completa eliminación de la intermediación financiera con dineros de la salud. Se requiere inversión y apuesta política por un modelo de atención primaria en salud, sin descuidar en el periodo de transición la atención adecuada de la enfermedad y sus complicaciones.

Además de estos principios del modelo, es importante instaurar medidas estructurales sin las que ningún modelo de salud puede alcanzar resultados favorables para la población. La primera es establecer un

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sistema de información nacional que permita identificar las características y ubicación de los ciudadanos y conocer sus necesidades en salud, de tal manera que sea posible ofrecer las actividades de promoción, prevención y atención que requieran. Un sistema de información bien estructurado es el insumo para definir políticas en salud, planear y hacer seguimiento de las intervenciones. En efecto, la estimación de necesidades en recurso humano y la planificación de su formación debe responder a la identificación clara de cuáles falencias tenemos, en dónde las tenemos y para qué queremos ese recurso humano. Continuar afirmando que se requieren más especialistas, sin precisar claramente cuántos, en dónde y qué tipo de especialistas, es seguir dando respuesta a presiones polarizadas del mercado. El país debe definir a dónde quiere llegar en metas de salud, qué tenemos en la actualidad para hacerlo y qué recurso humano adicional se requiere para alcanzar esas metas.

La segunda medida también es facilitada por un sistema de información. Se refiere a fortalecer los organismos de vigilancia y control a las instituciones de salud y al gasto en salud específicamente. Es imposible lograr la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos si el Estado no está dispuesto a asumir con determinación las funciones de control. Si se continúa dejando al mercado la función regulatoria continuaremos asistiendo al enriquecimiento de particulares con recursos de la salud. Las entidades de control no sólo deben tener mayores recursos para hacer más y mejor vigilancia, también se necesita que exista una estructura legal que implique sanciones de peso para aquellos que utilicen los dineros de la salud para su propio usufructo a expensas de restringir el derecho a la salud de la población y poner en riesgo sus vidas.

La tercera medida clave en cualquier sistema de salud es contar con herramientas de control a la industria de tecnologías médicas, bien sea la de producción de medicamentos o de manufactura de dispositivos. Ningún sistema de salud en el mundo puede incorporar todas las tecnologías que la industria produce, a los precios que la producen.

Como otros países en Latinoamérica y el mundo, Colombia debe tener reglas claras de negociación con la industria y regulación a la propiedad intelectual. Además se deben prohibir los incentivos inmorales que la industria ofrece a los profesionales de la salud, de tal manera que las decisiones sobre qué tecnologías usar respondan a criterios de evidencia científica de efectividad, seguridad y preferencia de los pacientes.

Cuando estos aspectos previamente descritos se hayan incorporado al modelo y sistema de salud tendrá sentido implementar medidas como un fondo nacional que sirva de pagador único, pues es más fácil vigilar

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y controlar un fondo que varios. Pero si el fondo único se instaura antes de tener sistemas de información, vigilancia, control, regulación de la industria de tecnologías, prohibición de la especulación financiera con recursos de salud y modelo claro, lo único que se hace es pasar la corrupción y las irregularidades de un lado a otro. Continuar discutiendo cómo financiar el sistema, aisladamente de estas otras medidas, no impactará positivamente los resultados en salud ni la satisfacción de los colombianos con el sistema.

Estas medidas deben acompañarse de principios como el trabajo decente de todo el recurso humano en salud, del respeto a la autonomía profesional y del estímulo a la auto-regulación ética de los mismos. Además, promover mayor participación de los colombianos en su propio cuidado de la salud, en la toma de decisiones de acuerdo a las preferencias para la atención en salud, no sólo en dónde se atiende o por quién, sino además en poder aceptar o rechazar intervenciones de acuerdo con sus propios valores. Finalmente, el país debe apostar por la formación del talento humano con calidad y sentido de responsabilidad social con el país.

Aunque estas propuestas no implican la totalidad de cambios que deberían generarse en el sistema de salud colombiano sí recogen los más significativos y prioritarios, que han hecho parte del debate político y social en el que la Facultad de Medicina ha participado en los últimos años.

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La salud debe considerarse, de una vez por todas, derecho fundamental

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l derecho a la salud en un verdadero derecho. No es caridad, ni una mera expectativa o promesa vacía. Tampoco es igual a un sistema, ni tampoco es solo un servicio. Es un derecho fundamental con una dimensión prestacional en su carácter de servicio público esencial garantizado por el Estado.

Como derecho se encuentra consagrado no solo en la Constitución de 1991, sino también en múltiples instrumentos jurídicos internacionales que hoy hacen parte de nuestra normativa por vía del llamado bloque de constitucionalidad. Igualmente, se encuentra desarrollado en innumerables disposiciones de origen legal y reglamentario, en especial por medio de las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011.

Debido a la ubicación inicial del derecho a la salud en nuestra Constitución de 1991 mucho se ha dicho sobre su naturaleza jurídica. Quizá ha sido la Corte Constitucional quien ha ido estabilizando vía jurisprudencial la iusfundamentalidad del derecho en cuestión. Decurso que ha sido controversial, no lineal, no pacífico y en veces ha sufrido serios retrocesos.

No obstante, hoy parece haberse consolidado la fundamentalidad del derecho a la salud como un verdadero derecho fundamental autónomo, per se y directo.

Precisamente, por su relación directa con la dignidad humana, por ser universal, inherente a la persona humana, indisponible, irrenunciable, por entrañar libertades y derechos, por su esencialidad en la materialización de una vida digna y con calidad, por ser un derecho integral e integrador de otros derechos y condiciones vitales, por tener una dimensión individual,

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pero también una dimensión colectiva es que el derecho a la salud, sin lugar a dudas, es un derecho fundamental; y como derecho seriamente fundamental debe ser objeto de todas las garantías constitucionales y legales previstas para tal tipo de derechos y no sólo para efectos de su justiciabilidad por la vía de la acción de tutela.

En tal sentido, reconstruido el concepto de salud, éste emerge como un concepto integral e integrador. Integral porque cobija al ser humano en todas sus dimensiones, no sólo física sino también mental, emocional, espiritual, psicológica, y porque además lo abarca desde su individualidad; pero también lo hace desde su connotación colectiva, comunitaria y social.

Integrador porque se encuentra relacionado en forma inescindible con otros factores determinantes para su materialización, tales como factores sociales, ambientales, servicios de salud y por supuesto los biológicos.

Del mismo modo, es un concepto de salud que muta, por lo menos en teoría, desde la enfermedad como centro de su concepción al concepto de salud como la posibilidad de un pleno y armónico desarrollo de la persona y de la sociedad. Desde una concepción morbi-céntrica a una concepción cuyo eje sea el bienestar y la calidad de vida de las personas y de las comunidades. Desde la curación a los procesos de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. También cambia, desde sus orígenes mágico-religiosos a concepciones holísticas.

En consecuencia, el derecho fundamental a la salud igualmente emerge como un derecho integral e integrador. Integral por el objeto que garantiza: la salud, e integrador por su relación sistémica e íntima con la mayoría de los derechos constitucionales, en especial con el derecho a la dignidad humana. Derecho que debe ser garantizado por el Estado en su acceso efectivo para cada uno de nosotros.

Finalmente y en ese orden de ideas, siendo el derecho a la salud un derecho fundamental debe compartir con los demás derechos fundamentales de la Constitución de 1991 la esfera de garantía y de protección que ella les otorga. Es decir, vincula a todo los poderes públicos1, debe ser un derecho de aplicación directa por los jueces y órganos administrativos2, debe estar dotado de la garantía de la reserva de ley3 y ser un derecho protegido aun frente al poder constituyente secundario, en Colombia4, debe gozar de la garantía del contenido esencial frente al poder legislativo y estar garantizado mediante acciones de amparo constitucional5 y no podrá ser suspendido durante los estados de excepción6.

Propuestas La propuesta principal es el cambio del artículo 49 de la Constitución Política actual, en cuanto al derecho a la salud, por medio de un acto

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legislativo o un referendo constitucional, a fin de determinar de una vez por todas la fundamentalidad de tal derecho, el cual podría ser consagrado en estos términos: El derecho a la salud es un derecho fundamental. En los casos de los menores prevalece sobre los derechos de los demás. En su faceta de servicio público esencial, es garantizado por el Estado a todas las personas, tanto en su dimensión de salud pública como en su dimensión de salud individual. Al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar, controlar y vigilar la prestación de servicios de salud a los habitantes del territorio nacional, conforme a los principios de solidaridad, universalidad, integralidad, participación, unidad, eficiencia social, calidad e internacionalización, con énfasis en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención primaria de salud. Así mismo, corresponde al Estado instaurar las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. El servicio público esencial de salud se organizará en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

El servicio público esencial de salud será administrado por el Estado y podrá ser prestado por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. El derecho fundamental a la salud debe articularse con los demás derechos de esta Constitución. En todo caso, se interpretará de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales sobre el derecho a la salud ratificados por Colombia.

Derivado de la anterior propuesta, o aun sin su materialización, se debe expedir una ley estatutaria, un estatuto o un código que unifique la normativa vigente sobre el derecho fundamental a la salud. Que contemple los aspectos básicos de su regulación, enfatizando en la resolución de los aspectos conflictivos que ha demostrado el sistema general de seguridad social en salud, SGSSS, en lo que va corrido de su vigencia.

Así mismo, contemplar en dicha normativa los componentes mínimos que integran o deben integrar el concepto del derecho fundamental a la salud. En dicha ley, y con base en el artículo 89 de la Constitución de 1991, se debe contemplar una acción de defensa del derecho a la salud, que en los casos de extrema urgencia, y sin necesidad de interponer la acción de tutela, y en ella una medida provisional, se pueda solicitar la inmediata protección del derecho fundamental a la salud, que podría denominarse como habeas salud.

En la misma óptica, se deben concertar socialmente las prioridades

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de salud de los colombianos. Acordar democráticamente cuál será el objetivo de una plan de beneficios, cuáles los criterios de conformación, cuáles sus contenidos, sus exclusiones, cómo será el procedimiento de su actualización o revisión, cómo y cuáles sus fuentes de financiación, cómo se accederá a tales beneficios, cómo será el mecanismo de la solidaridad, a fin de contribuir al cierre de la brecha de equidad7. En fin, una norma, social y democráticamente discutida y concertada, que garantice a través de un nuevo POS o de un nuevo plan de beneficios, cualquiera sea su denominación, la eficacia del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos y los residentes en su territorio8. En todo caso, definir un modelo de salud cuyo centro sea, precisamente, la salud y no la enfermedad, y que de solución a las fallas estructurales del actual SGSSS que de igual forma afectan la eficacia del derecho fundamental a la salud en ambos regímenes9. En ese mismo orden de ideas, buscar la estructuración de incentivos económicos para la EPS e IPS –en el evento de seguir el modelo actual– que permita el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y la garantía de la libertad económica a tales actores. Entre otros, podrían ser: exención de impuestos sobre material e insumo médico, deducción de los gastos incurridos en la capacitación de personal de salud especializado, deducción de los gastos realizados en promoción de la salud y en prevención de la enfermedad, siempre y cuando se demuestren niveles de calidad y de oportunidad en la atención de los servicios de salud y de reconocimiento real del POS. De otra parte, definir un efecto inter pares a las sentencias de tutela que versen sobre el derecho fundamental a la salud, o la unificación oportuna de la línea jurisprudencial, cuando se refiera a temas relacionados con tal derecho o con el SGSSS e, igualmente, definir sanciones por la reiteración de las negativas en las EPS, en casos en los cuales haya unificación de líneas jurisprudenciales o en los casos que se falle en contra de estas entidades y se demuestre su negligencia en el cobro de las cotizaciones a los empleadores morosos o que hayan recibido en forma extemporánea dichas cotizaciones e intereses de mora, y que pese a ello se hayan hecho tutelar. Así mismo, en el caso de existir comprobada temeridad en la interposición de una acción de tutela se condene en costas al tutelante a favor del SGSSS o de la rama judicial.

Finalmente, se propone la creación de una jurisdicción especial que conozca de todos los conflictos jurídicos relacionados con la seguridad social y con el derecho fundamental a la salud, sin diferenciar si el conflicto proviene del SSSI, del SGSSS o de los regímenes excepcionados.

Así mismo, que exista un ministerio exclusivamente dedicado al tema de la seguridad social y del derecho fundamental en salud.

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Notas 1. Artículo 4º de la Constitución de 1991.

2. Artículo 85 de la Constitución de 1991.

3. Por lo cual requeriría que su regulación legislativa sea por medio de ley estatutaria –artículo 152 de la Constitución de 1991–.

4. Debe someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a tal derecho y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, un cinco por ciento de los ciudadanos que integren el censo electoral. Artículo 377 de la Constitución de 1991.

5. Por ejemplo por medio de la acción de tutela. Artículo 86 de la Constitución de 1991.

6. Artículo 214, numeral 2º de la Constitución de 1991.

7. En palabras de Úrsula Giedion, se debe definir claramente acerca de un nuevo plan de beneficios: sus objetivos, criterios y procesos, se debe estructurar con base en más de un criterio, y no sólo en el de costo-efectividad, se deben establecer criterios claros para la priorización, las decisiones deben ser públicas y transparentes, definición de coberturas más allá de una lista de mercado, no sólo determinar qué y cómo sino también revisar el contexto. Véase presentación Financiamiento de la salud desde la perspectiva internacional. Diapositivas 31-32. Foro: ¿Para dónde va el sistema de salud en Colombia? Centro de Pensamiento Social. 2009.

8. Citando a Habermas: “[…] el mundo de la vida constituye, considerado en conjunto, una red de acciones comunicativas. Bajo el aspecto de coordinación de la acción su componente sociedad viene formada por la totalidad de relaciones interpersonales ordenadas en términos de legitimidad”. Véase Habermas, Jürguen, Facticidad y validez. Colección estructuras y procesos. Serie Filosofía. Madrid: Editorial Trotta, 2005, p. 689.

9. Entre otras fallas estructurales, las siguientes: falta de conceptos claros y consolidados respecto al derecho a la salud como un derecho seriamente fundamental, desarticulación del sistema, falta de información oportuna y confiable, falta de una modulación coherente y de reglas claras de regulación y direccionamiento del sistema, falta de un sistema de inspección, vigilancia y de control fuerte; falta de mecanismos ágiles y oportunos de flujo de los recursos de la salud, inoperancia fáctica de las redes de servicios, falta de especialistas en algunas áreas de salud, falta de mayor capacitación del talento humano del área de la salud, existencia generalizadas de barreras de acceso real y de goce efectivo de los servicios de salud, y un generalizado desconocimiento de los derechos y deberes por parte de los beneficiarios del sistema; falta de control a comercio de medicamentos, exceso de normatividad legal y reglamentaria –muchas veces, ambigua e incoherente–. De otra parte altos niveles de pobreza, altos niveles de desempleo y falta de políticas estables de salud pública y de atención primaria en salud.

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Más recursos para salud y más salud con los recursos

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n el informe sobre la salud en el mundo del año 2010, la Organización Mundial de la Salud, OMS, examina y plantea alternativas para financiar la cobertura universal en salud. Entre las propuestas y preguntas que se desprenden de este informe, las cuales durante un buen tiempo seguramente servirán para fortalecer la agenda de investigación en el campo de las políticas y los sistemas de salud, y serán también una ayuda importante para formular y evaluar las políticas mismas, se destacan las que se orientan a generar más recursos para ampliar la cobertura y las que están destinadas a mejorar el uso de los recursos para que estos ofrezcan unos resultados más alentadores.

Colombia se encuentra en una situación en la que tienen cabida ambos tipos de propuestas para que conjuntamente contribuyan al logro de la cobertura universal. A continuación, unas líneas generales para motivar la discusión y el análisis sobre la ruta a seguir por el gobierno nacional durante el período 2014-2018. Estas reflexiones se enmarcan en el estudio de la economía de la salud.

Principales avances del sistema de salud Es importante partir de reconocer que el país ha dado pasos muy importantes frente al propósito de lograr la cobertura universal de los servicios de salud, tanto en lo que respecta al porcentaje de población afiliada como a la cobertura de servicios y a la protección financiera, aspectos que deben cuidarse para no generar retrocesos. Aunque no se alcanzó la meta en el año 2000, como fue fijada en 1993, el país cuenta

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en la actualidad con más del 90% de su población afiliada al sistema de seguridad social en salud (ver gráfica 1) y todas las personas afiliadas tienen derecho a recibir el mismo plan de beneficios, el POS, el cual se ha ampliado a lo largo de la historia, aunque a un ritmo lento; además, como hecho destacado en el mundo, los colombianos tienen una menor presión a realizar pagos directos por servicios de salud o medicamentos, así que mientras en América Latina el gasto privado es cercano al 50% del gasto total en salud, en Colombia se encuentra alrededor del 20%.

Retos fundamentales No obstante el panorama alentador, en cuanto a la cobertura que pudiera llamarse teórica o legal y también estadística, aún hace falta completar la cobertura mediante la afiliación de unos cinco millones de colombianos, es necesario considerar la situación real sobre el acceso, y se precisa claridad sobre la sostenibilidad financiera del sistema para garantizar la conservación de los logros alcanzados y responder por los nuevos retos. Entre las principales preocupaciones se encuentran: las dificultades para lograr el acceso efectivo a los servicios de salud, principalmente en cuanto a la continuidad de la atención a nivel de consulta especializada y tratamientos médicos, lo cual incide negativamente en la percepción que tienen los ciudadanos sobre el sistema de salud; las tensiones entre el derecho a la salud y las limitaciones de recursos, así que existe una polarización entre quienes piensan que el derecho no puede ser limitado y quienes argumentan la necesidad de establecer límites para garantizar un buen uso de los recursos disponibles, y la fragmentación de la política de salud, de modo que esta parece concentrarse en los servicios de salud y en el aseguramiento, pero olvida los determinantes sociales de la salud para fomentar la participación de otros sectores.

Más recursos para salud Ante este panorama, el país debe apostarle a un incremento de recursos públicos teniendo en cuenta la necesidad de completar la cobertura para el 100% de la población, mantener la igualación del POS para que todos los colombianos reciban los mismos servicios, y buscar una ampliación progresiva de dicho plan. Esta propuesta se encuentra además reforzada si se considera que el gasto colombiano como porcentaje del producto interno bruto, PIB, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Si bien la reforma de 1993 implicó un aumento transitorio, especialmente por el alza en las cotizaciones y por mayores transferencias a los municipios, el esfuerzo se mantiene entre un 6,5% y un 7% (ver gráfica 2), lo que resulta inferior al de otros países de América Latina y al promedio de los países de ingresos medios y altos. Esto implica que Colombia tiene un espacio para un aumento del gasto.

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Así que el país puede prepararse para destinar a salud una mayor proporción de recursos públicos, de modo que conviene examinar las experiencias recientes que han apuntado en esta dirección. Se destacan la Ley 1393 de 2010, por la cual se estableció como principal recurso un aumento de los impuestos a la cerveza y a los licores, y la reforma tributaria de 2012, la cual si bien no estableció recursos adicionales, y acaso ni siquiera logre mantener el recaudo histórico del régimen contributivo, de todos modos da un paso adelante en la sustitución de fuentes de recursos buscando un mayor predominio de los impuestos generales sobre las cotizaciones provenientes de la nómina. De manera que entre las alternativas para sumar recursos, entre los que se encuentran un déficit anual que podría estar cercano a los cuatro billones de pesos para cumplir las obligaciones contraídas por ley, estarían una mayor destinación de impuestos generales, como el CREE, o el cobro de impuestos específicos del tipo impuestos a los licores, a las cervezas o a las loterías.

Por una mejor salud Es claro que la demanda por mayor financiación debe estar acompañada de un buen aprovechamiento de los recursos, así que se impone la necesidad de reconocer fuentes de ineficiencia e introducir ajustes sobre el sistema para mejorar los resultados. El punto de partida para esto, con todas las implicaciones que ello pueda tener a nivel político, se refiere a la gobernanza del sistema. Es necesario recuperar y fortalecer una instancia colectiva que asuma la dirección del sistema, con un esquema de gobierno corporativo, de modo que en ella estén representados todos los actores y allí se tramiten las diferencias y los conflictos entre los mismos. El país requiere de un nuevo consejo nacional de salud, como órgano máximo de política en donde, además de fortalecer el carácter público, se daría impulso a la participación de los diferentes sectores del desarrollo para hacer realidad la formulación de una política integral.

Sobre la base de un consejo nacional que puede dar mayor legitimidad al sistema y que ofrezca al ciudadano mecanismos de participación más efectivos, desde este consejo podrían impulsarse diferentes iniciativas encaminadas a mejorar la eficiencia. Si se trabaja con todos los actores en un mecanismo de priorización que apunte a emplear los recursos en las necesidades más apremiantes y con unas soluciones validadas de manera técnica y participativa, seguramente se podrán poner en marcha varias iniciativas que promuevan la eficiencia y la mejor distribución de los recursos.

Uno de los proyectos estratégicos que podrían ponerse en marcha se refiere a la integración de hospitales en grandes consorcios u otras

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modalidades de gestión para que se aprovechen economías de escala en la gestión y por tanto los costos unitarios de esta función se reduzcan para cada uno de los hospitales. Igualmente, ante el reconocimiento de que la competencia puede haberse agotado en varios espacios o en todo caso tiene serias limitaciones, conviene poner en marcha la idea muchas veces planteada de limitar la oferta de empresas promotoras de salud en los diferentes territorios. Todo esto, obviamente, demanda de mayores capacidades del gobierno para ejercer la regulación, y esta ha sido precisamente una gran debilidad.

Gráfica 1 Colombia: Cobertura de la seguridad social en salud, 1994-2012 (Número de afiliados y tasa de cobertura por régimen y total nacional)

Fuente: Informes anuales del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de la Comisión de Regulación en Salud y del Ministerio de Salud y Protección Social.

Cálculos del GES.

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Notas: Las barras de la gráfica indican el número de personas afiliadas en cada régimen, lo que puede leerse en el eje izquierdo; las líneas, por su parte, indican la cobertura de cada régimen y la cobertura nacional, que pueden leerse en el eje derecho. Debe tenerse en cuenta que a esta cifra se suman los regímenes especiales que cubren principalmente a las fuerzas militares, al magisterio y a la empresa de petróleos Ecopetrol, algo más del 4% de la población del país.

Los datos para el régimen contributivo corresponden al promedio anual de afiliados compensados; para el régimen subsidiado, al total de subsidios plenos. Para 1996 no se encontró información para el régimen contributivo. Los datos para 2012 son estimados al mes de noviembre, según el informe más reciente del Ministerio. Para calcular las coberturas se usaron las series población del Dane: estimaciones 19852005 y proyecciones 2005-2020.

Gráfica 2 Colombia: Gasto total en salud (% del PIB)

Fuente: Financiación del sistema de seguridad social en salud en Colombia; (Morales, 1997), CEPAL. Cuentas de salud de Colombia 1993-2003: El gasto en salud en Colombia y su financiamiento; (Barón, 2007). (Datos desde 1990-1995). Indicadores del Banco Mundial (Datos desde 1996-2011) e Informe de actividades del Ministerio de salud y Protección Social al Congreso de la República 2012-2013 (Datos desde 2012-2013). Cálculos del GES.

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La agenda pendiente de políticas públicas en salud

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l 2013 fue intenso en disputas acerca del sistema de salud colombiano y la reforma en torno al derecho a la salud. El afán del Ministerio de Salud fue darle estabilidad al modelo económico del sistema, muy convulso por los malos manejos de las EPS y la voracidad de ganancia de las trasnacionales farmacéuticas, la corrupción y la negación del servicio a los colombianos. El gobierno ha ido en la vía de mantener el esquema de aseguramiento individual y la intermediación financiera, para lo cual ha intentado varias estrategias y escenarios de “ablandamiento” de los diversos actores, con miras a cerrarle el paso a otras iniciativas de reforma estructural que le pudieran dar otro aire al sistema. Esta contradicción mantuvo encendido el ánimo durante gran parte de 2013. El año 2014 sigue igual o con mayor intensidad, dado que el tema ha estado ligado a los intereses electorales de los congresistas y del propio gobierno, que utilizan el sistema de salud y la reforma como bandera política.

Se espera, entonces, que el movimiento por una reorientación de la política tome nuevos ímpetus en el próximo cuatrienio presidencial, extendiéndose a más ciudades del país, es decir que se genere una mayor dinámica en el proceso de configuración de la política en salud (policy making processes). En este contexto, el presente análisis busca mostrar algunos puntos cruciales para la política en salud en Colombia durante el próximo mandato presidencial. Sin duda, definir el nuevo modelo del sistema de salud colombiano, como se ha venido debatiendo desde diferentes actores, es un tema urgente pero no el único en la agenda propuesta. Según el vocero de la Comisión de seguimiento a la sentencia

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T-760 y de reforma estructural del sistema de salud, CSR, en él se juegan como mínimo: la salud y el bienestar de la población, los diferentes enfoques sobre la seguridad, la salud y el papel del Estado en su garantía, los diferentes intereses económicos y políticos que participan en el sector, y una parte importante del poder1.

La política en proceso El 2013 fue el año de la ley estatutaria de salud, en la cual quedó reducido el derecho a la salud a una mínima expresión y atado a la sostenibilidad financiera de la prestación. De otro lado, se mantuvo el debate alrededor del proyecto de ley ordinaria que hace mayor énfasis en los arreglos económicos, administrativos del sistema.

Los temas verdaderamente relacionados con el concepto amplio de salud y del derecho a la salud ni siquiera logran entrar en la agenda política: políticas públicas para reducir desigualdades de los determinantes sociales de la salud, la oportunidad para tener una norma que defienda de veras la salud. Como corolario, quedó un sentir mayoritario de la población: que se liquiden definitivamente las EPS y todo lo que se les parezca (gestoras, intermediación); que nuestros dineros de la cotización y de la unidad de pago por capitación no vayan en 2014 a fines distintos a los estrictamente asistenciales, ni a financiar las campañas políticas al Congreso y demás organismos gubernamentales.

La otra dimensión de la política pública en salud Hoy sabemos que más allá del debate sectorial por los servicios de salud y su apropiación por los agentes del mercado (ley ordinaria, ley estatutaria), a la salud le es inherente un concepto amplio que rebasa la enfermedad, el enfoque morbicéntrico y la gestión del estrecho marco sectorial. Debemos ampliar el ámbito de la política pública a “las políticas transectoriales” y considerar “la salud en todas las políticas”2. De acuerdo con este nuevo enfoque, “…la mejor forma de alcanzar los objetivos de gobierno consiste en que todos los sectores incluyan la salud y el bienestar como componente esencial de la formulación de políticas. Esto es así porque las causas de la salud y el bienestar están fuera del ámbito del sector de la salud y tienen una génesis económica y social…” De otro lado, según otra iniciativa mundial, sabemos que la salud depende de los determinantes sociales3 y no de factores de riesgo aislados. En ese sentido, las políticas “de salud” y la política de prestación de servicios en Colombia (único objeto posible en el marco de la reforma sectorial y de la ley 100 de 1993) se han quedado cortas.

De otro tenor se pueden considerar las políticas inmersas en los

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proyectos presentados por la alianza nacional por un nuevo sistema de salud, ANSA,2 y las iniciativas de la sociedad civil2 en el debate de los dos últimos años, fundamentadas en: i) El derecho de las personas y las comunidades a ejercer su libertad y autonomía para controlar su salud y su cuerpo, ii) los derechos sexuales y reproductivos (libertad sexual y genésica), iii) los derechos culturales y el desarrollo, iv) el derecho a una muerte digna, v) el derecho a la no discriminación (étnica, de género, económica), vi) el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuados.

En este contexto son prioritarias políticas que tomen en cuenta o definan de una vez por todas en el país2, la universalidad en: i) acceso al agua potable y a condiciones sanitarias adecuadas, ii) acceso a alimentos sanos y a la nutrición adecuada, basados en políticas de soberanía alimentaria, iii) la tenencia de una vivienda digna, adecuada y saludable, iv) condiciones saludables y dignas en el trabajo, v) la protección ambiental frente a todos los riesgos principalmente los de orden socio-antropogénico, vi) el acceso a la educación adecuada en todas sus etapas de la vida, vi) la participación ciudadana y ejercicio efectivo de los derechos políticos de todos los ciudadanos; vii) por supuesto que también el universalismo en el acceso a los bienes y servicios de salud y de atención integral.

Una ley de salud pública Hablando de políticas de salud para la agenda del próximo gobierno, una ley de salud pública se torna importante. Si bien las leyes no son más instrumentos de políticas, esta idea es relevante para Colombia por cuanto sectores políticos de diverso raigambre, incluidos los gubernamentales de varios períodos, han reconocido que nuestro país desde 1993 no pensó en una ley de salud pública.

Algunas ideas se pueden retomar de sociedades más avanzadas y democráticas, como las implementadas, por ejemplo, por el gobierno español en el 20114, para el cual una ley de salud pública incluye varios de los temas expuestos en esta agenda: “pretende luchar contra las desigualdades en salud y garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos”, sirve para “reforzar las acciones preventivas y de promoción y protección de la salud”, es el norte y la brújula para las actuaciones de las distintas administraciones en salud pública.

Debe hacerse énfasis en algunas ideas-fuerza: entender la salud como un derecho ligado a la condición humana, bajo exigencias de igualdad y dignidad, no restringido por una ley limitada por la sostenibilidad financiera de un sector sin consultar las posibilidades amplias de todo un país; el norte de las políticas públicas en salud durante el cuatrienio que se

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avecina deberá estar marcado por una perspectiva positiva de la vida y del bienestar individual y colectivo; guiado por un Estado encaminado al bienestar ciudadano y garante de los derechos sociales. Debe legislarse en contra de las asimetrías de poder, en defensa de la equidad en salud y corrigiendo los efectos de los determinantes políticos globales, con especial desvelo por la protección ambiental.

Conclusión Es necesario avanzar en Colombia, siguiendo la orientación anterior, por un real derecho a la salud con sentido político y no económico, ampliando y dándole participación a la ciudadanía, integrando las acciones de todos los niveles del gobierno y los de la sociedad en su conjunto, logrando la articulación de todas las políticas, en los objetivos y principios de la salud pública. También obliga esta perspectiva a mantener siempre la salud en la agenda política, a considerar los problemas y la soluciones desde los propios afectados, de los ciudadanos y de los pacientes, en particular. Se ampliará su rango de acción, al dar un vuelco en la perspectiva de las políticas transectoriales y considerar la “salud en todas las políticas”. Un elemento insustituible será la capacidad del gobierno en el próximo cuatrienio para liderar procesos políticos participativos basados en la concertación.

Notas 1. CSR/ANSA. Salud: iniciativas legislativas desde la sociedad civil. Bogotá: viva la ciudadanía; enero de 2014.

2. Declaración sobre la salud en todas las políticas. OMS, Gobierno de South Australia, Adelaide 2010.

3. CSDH/ WHO. Commission on social determinants of health. Closing the gap in a generation (…) 2008.

4. JANO.es y agencias. Aprobado el anteproyecto de ley de salud pública. 28 de febrero de 2011.

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Educación, la prioridad

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ace algunos años, poner el tema de la educación en boca de candidatos al Congreso y a la presidencia de Colombia no era algo que “registrara” en los medios ni en la opinión pública. La coyuntura actual ha dado un espacio importante para que personas influyentes hablen sobre la educación en medios de comunicación y pongan el tema al orden del día. No obstante, el debate se ha centrado en la educación formal y en la formación de los maestros y maestras, tocando de manera directa a las facultades de educación. El tema ha estado centrado en el servicio educativo prestado por instituciones públicas y privadas de las grandes y medianas ciudades y no ha tocado la provincia colombiana, que es en donde se presentan los grandes desafíos para los gobernantes. De cada 10 municipios de Colombia 7 se encuentran en el sector rural.

El caso del departamento de Antioquia es una muestra del tamaño del desafío. El actual gobernador se montó en la idea de hacer de Antioquia la más educada, eslogan luego retomado por el presidente Santos para Colombia. No obstante, el territorio de Antioquia y Colombia no son homogéneos y las diferencias en cuanto a las oportunidades muestran a las principales ciudades con grandes ventajas sobre los municipios periféricos. Estas ventajas se ven reflejadas en la disponibilidad de recursos humanos calificados, recursos materiales y económicos, facilidad en el uso de recursos educativos (museos, centros interactivos, parques y centros interactivos de ciencia y tecnología, entre otros). En el caso de Antioquia, la diferencia entre logros educativos de un municipio a otro está directamente relacionada con su distancia a la ciudad capital o el área metropolitana de influencia.

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Un gran porcentaje de instituciones educativas públicas de los municipios de Antioquia que están a un radio de entre 100 y 150 kilómetros de distancia de Medellín y del área metropolitana presentan de manera consistente mejores resultados que las instituciones públicas de municipios cuya distancia a estos mismos puntos está más allá de los 200 kilómetros. Al parecer existen dos antioquias, la primera Antioquia cercana a las oportunidades, representada por los municipios que conforman las subregiones del Valle de Aburrá, Oriente, Suroeste y Norte y, la segunda Antioquia, la de las precariedades, la violencia y el subdesarrollo, en donde están los municipios de las subregiones de Occidente, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste y Urabá.

La Antioquia más educada puede decir que tiene a 14 de los municipios con instituciones educativas más educados dentro de los 100 municipios con mejores desempeños en las pruebas Saber, mientras la Antioquia de las precariedades tiene la gran mayoría de sus municipios ubicados en las posiciones entre los 600 a 1.100 en el ranking nacional. ¿Qué hace diferentes los municipios de Entrerríos, puesto 7 en el escalafón de los municipios del país, y Vigía del Fuerte, puesto 1.084 en este ranking? Resolver esta pregunta es la clave para comprender por qué no es posible asumir el tema educativo con una única mirada y sobre todo con una mirada inmediatista.

Tomar como parámetro de medida los resultados de las pruebas saber tiene a los gobernantes preocupados por no poder cumplir sus promesas de campaña. El problema no radica en centrar la acción del Estado en promover a las instituciones educativas para que sus desempeños sean cada vez mejores en las pruebas saber; el problema es mucho más complejo y tiene que verse en perspectiva y a largo plazo. No de otra manera los departamentos de Colombia lograrán hacer que los municipios que están lejos de las oportunidades se acerquen a un futuro mejor, independiente de que estén cerca o lejos en kilómetros de los centros urbanos.

Una política en educación en Colombia pasa por reconocer el contexto de la ruralidad, la diversidad humana representada en las diferentes culturas que hacen presencia en el territorio, los fenómenos de violencia, que en algunas regiones parecen endémicos, la no presencia del Estado y en su lugar la influencia de grupos al margen de la ley con el control y decisión sobre el territorio.

Considerar que el problema de la educación es culpa de los maestros y maestras y por extensión las facultades de educación y las escuelas normales superiores, no deja de ser una forma fácil de ver el asunto. Pero además representa un enfoque equivocado que desconoce los aportes realizados por esos maestros y maestras a la gobernabilidad, la presencia del Estado y a la construcción de oportunidades de poblaciones históricamente olvidadas1.

Un indicador de que el problema no son los maestros se puede apreciar al comparar los resultados obtenidos entre colegios públicos y privados en

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las pruebas saber 11. Estos resultados muestran que son los estudiantes de los colegios privados ubicados en los estratos 4, 5 y 6 los que obtienen mejores desempeños en las pruebas Saber. La razón es que en estos colegios están los estudiantes que tienen las mejores oportunidades, dadas por su condición social, la formación de sus padres y las características privilegiadas del entorno en el que viven. No obstante, cuando se comparan los colegios oficiales y privados que prestan el servicio educativo en poblaciones de estratos 1, 2 y 3, se encuentra que los mejores desempeños los obtienen los estudiantes de los colegios oficiales. Por supuesto no es lo mismo la educación privada que se ofrece en los estratos 1, 2 y 3 en comparación con la educación privada que se ofrece en los estratos 4, 5 y 6. Siguen siendo importantes los esfuerzos públicos en sectores de pobreza.

Infortunadamente, la mirada actual para determinar si la educación que reciben los niños, los adolescentes, y los adultos, es o no de calidad, se ha centrado en los resultados de las pruebas que desde el Ministerio de Educación Nacional y desde el Icfes se administran. El panorama se agrava cuando las pruebas no contemplan diferencias existentes entre poblaciones rurales y urbanas, estilos de aprendizaje, diversidad cultural, entre otras variables.

Desde el plano internacional, el ingreso de Colombia a la Ocde ha obligado al país a medir a los estudiantes de 15 años de edad con sus homólogos pertenecientes a este club de países ricos. La prueba PISA (siglas en inglés de Programa para la evaluación internacional de alumnos) mide la capacidad basada en los conocimientos, experiencias, valores y actitudes que una persona ha desarrollado. Lo anterior permite inferir que los resultados de la prueba están en función del tipo de oportunidades culturales, sociales y económicas que tienen los habitantes de una nación.

Cuando se intenta comparar a Singapur, puntero de la lista en PISA, con Colombia, ubicado en los últimos lugares de esta prueba, afloran diferencias históricas, geopolíticas y económicas que no permiten comparar los sistemas educativos. Singapur es una pequeña ciudad-nación con cerca de cinco millones de habitantes ubicados en un área de 714 metros cuadrados, que no posee recursos naturales. Su presupuesto para educación es del orden de los U$8.6 billones equivalente al 3 % de su PIB. Singapur es una nación que ha buscado permanentemente el vínculo entre la educación y el desarrollo económico. Singapur se inspira en un modelo social meritocrático que premia a los mejores (sin distingo de género, raza, o nivel socio económico) y los promueve para que escalen las posiciones de liderazgo del país. Singapur ha entendido que el único recurso con el que cuenta como sociedad es el humano, por lo que ha tenido que desarrollar y poner en práctica políticas y construir entornos en donde las diferentes comunidades étnicas convivan en paz y se apoyen de manera solidaria.

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Medir a Colombia en el contexto internacional de las prueba PISA ha permitido identificar a las naciones que han reconocido en la educación la gran posibilidad para alcanzar el desarrollo económico y por ende lograr el bienestar de sus poblaciones. Tener una educación de calidad en Colombia necesariamente pasa por discutir el modelo político, social, cultural y económico que tiene la nación. Revisar este modelo trae como consecuencia una redefinición del sistema educativo, no lo contrario.

Iniciativas como la presentada por la Fundación Compartir, que compara el sistema educativo colombiano con sistemas educativos de países que sobresalen en la esfera mundial por su altos desempeños en las pruebas de medición internacionales —Finlandia, Singapur, Canadá (Ontario), Coreo del Sur y Japón—, con el propósito de diseñar una política pública y de inversión para transformar el sistema educativo, abordan el problema de manera parcial.

El desafío va más allá de mejorar el salario de los maestros, cualificar los procesos y programas de formación e implementar un programa de subsidios que incentive el ingreso y permanencia de los mejores bachilleres como futuros maestros en las facultades de educación. El desafío para que la educación sea el eje transversal de la sociedad colombiana pasa por reconocer y avanzar en propuestas de solución para: Resolver el problema del conflicto armado y abordar el desarrollo de buenas prácticas que cierren el paso a la corrupción y que permitan implementar un modelo meritocrático para que lo mejor de la sociedad colombiana llegue a los puestos de liderazgo y conducción de los municipios, departamentos y la nación.

Hacer de Colombia un país equitativo y socialmente justo que reconozca las diferencias en las oportunidades y las corrija.

Reconocer el carácter pluriétnico de Colombia y la necesidad de hablar de diferentes educaciones para diferentes poblaciones y regiones. En este sentido no tiene presentación utilizar un único instrumento para medir el logro escolar en Colombia.

Comprometer a los gobernantes (alcaldes y gobernadores) para que sus localidades y regiones cuenten con la infraestructura necesaria que permita suplir necesidades básicas como la salud, la vivienda, la nutrición, la seguridad y la educación. No es posible hablar de calidad de la educación cuando la prioridad de los individuos sea la supervivencia.

Avanzar de manera rápida en la expansión universitaria permitiendo que las regiones y municipios periféricos tengan las condiciones de formación y bienestar que brindan las universidades de calidad. Lo anterior es lo que permite que las facultades de educación puedan cumplir con su cometido

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de formar maestros y maestras idóneos y de igual manera ofrecer un acompañamiento en el proceso de formación en servicio y posgraduado.

Fortalecer el sistema de ciencia y tecnología dotando a Colciencias de herramientas legales y financieras para impulsar la investigación educativa como un eje sustancial y estratégico para el desarrollo nacional.

Ampliar la base social e institucional con responsabilidad directa e indirecta sobre la educación. En este sentido la reflexión debe ir más allá de centrar el problema en el modo de la educación formal; existe hoy un consenso que la escuela (sistema educativo desde preescolar hasta la universidad) ya no tiene el monopolio de la educación y que han emergido otros actores e instituciones que hacen presencia en las grandes ciudades y que pueden ampliar el espectro de posibilidades de aprendizaje y formación de los ciudadanos. En este sentido es necesario reconocer el aporte que pueden hacer las instituciones que están en el sector de la educación no formal e informal. Dentro de esta base social e institucional la familia, los medios de comunicación, el internet, los museos y centros interactivos, entre otros, ejercen gran influencia sobre las experiencias de aprendizaje de los individuos, en algunos casos más definitiva que las ofrecidas por las instituciones de educación formal.

Muchos de los temas que se plantean aquí son de largo aliento y no obedecen a un asunto que se pueda resolver en un período de cuatro años.

Necesitamos de políticas públicas y gobiernos que se comprometan con asumir estos compromisos corrigiendo las inequidades del país.

Notas 1. En el programa desarrollado por la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia del entonces gobernador Aníbal Gaviria, denominado Maestros para la vida, durante varios años se convocó a maestros y maestras de Antioquia para que con el acompañamiento de académicos escribieran sus propias historias de vida. El resultado de este trabajo fue un conjunto de libros que recogen los relatos de maestros y maestras que dan testimonio de esa Colombia rural, olvidada, en donde la presencia del Estado se reduce a la presencia de maestros y maestras oficiales. Experiencias de vida que dan cuenta de los enormes desequilibrios entre la Colombia urbana y la Colombia rural, y la Colombia intercultural.

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Por un país de veras bilingüe

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as agendas educativas de muchos países en el mundo se orientan a la formación de ciudadanos competitivos en el mercado laboral globalizado. Dos componentes sobresalen en la preparación para un mejor desempeño: el ser capaz de comunicarse en inglés y el usar de manera eficiente las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Colombia no se ha sustraído de esta tendencia.

El gobierno nacional se ha propuesto desde hace varios años como ejes que sobresalen en planes de desarrollo y de educación para lograr estas dos competencias el Programa Nacional de Bilingüismo, PNB, y el uso y acceso masivo a las TIC. Con relación al primero, se propuso para 2019 el alcance de metas que se traducen en competencias lingüísticas en inglés, tanto para todos los estudiantes del país, como para los docentes de dicha lengua. Para el segundo, el aumento de la cobertura tecnológica y conexiones de banda ancha, y la promoción de diseño y difusión de contenidos digitales, entre otros.

Específicamente en el sector educativo, desde la propuesta del PNB como política lingüística, nombre que posteriormente se modificó a Programa de fortalecimiento del desarrollo de competencias en lengua extranjera, PFDCLE, se han desarrollado acciones tales como la adopción del Marco Común Europeo de Referencia, MCER, para la enseñanza del inglés; el establecimiento de estándares de aprendizaje para la educación básica y media; la realización de evaluaciones masivas de las competencias lingüísticas de los docentes de inglés; el desarrollo de proyectos de infraestructura y compra de materiales educativos; y la promoción

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de programas de desarrollo profesional para estos profesionales. Todas estas acciones apuntan a que en 2019 todos los estudiantes se ubiquen en el nivel B1 y todos los docentes en el nivel B2 del MCER en sus competencias en inglés.

Si bien se reconoce un avance importante en la inversión para la enseñanza del inglés en el país, este proyecto ha generado algunas reacciones de varios sectores académicos, teniendo como base las investigaciones desarrolladas antes y durante el diseño e implementación de esta iniciativa. Un primer punto que se ha discutido es que el PNB, o el PFDCLE, restringen la visión del bilingüismo al hacer un énfasis tan particular a la promoción del inglés. Esta perspectiva desconoce que los colombianos bilingües y multilingües son muchos en el país, pero como las lenguas que usan no cuentan con prestigio económico o social, no se proponen acciones educativas que les permitan desarrollar competencias en ellas.

Tampoco se apoya de manera decisiva la enseñanza de otras lenguas extranjeras en los currículos del ciclo educativo. Un segundo aspecto es la falta de preparación del país para alcanzar las metas propuestas, especialmente en la educación pública, aspecto que se hace más notorio fuera de los centros urbanos más grandes. No se cuenta ni con el número de docentes formados, ni con los recursos didácticos, ni con las condiciones educativas que permitan el desarrollo de competencias comunicativas en la población estudiantil en todo el país. El programa introduce la enseñanza del inglés desde el grado primero hasta el grado once, pero no se tienen suficientes docentes licenciados para hacerlo.

En las condiciones actuales no hay ni siquiera el número de profesores que se requiere para cubrir la demanda educativa de la educación media.

Para responder a la carencia de profesionales para la educación básica primaria los docentes del sector público deben enseñar una hora de inglés a la semana, independientemente de su formación académica de base y de que no tengan competencias en la lengua inglesa. Esto por supuesto afecta notoriamente la calidad de del aprendizaje del inglés y hace que la mayoría de niños y niñas lleguen a sexto grado sin los conocimientos que se espera que tengan para iniciar el bachillerato. Los recursos didácticos para desarrollar habilidades de habla, escucha, lectura y escritura son bastante reducidos en la mayoría de instituciones educativas públicas.

Se carece de libros de texto, diccionarios, material audiovisual o software educativo al que pueda acceder cada estudiante. Un tercer elemento es el limitado tiempo de instrucción en la lengua inglesa que tienen los estudiantes. Para la educación primaria es una hora y para la educación media está entre dos y tres horas por semana. Un cuarto aspecto es la formación en inglés y en metodologías de enseñanza que se da en pro-

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gramas de capacitación para los docentes en ejercicio. Estos programas apuntan muchas veces más a la cobertura que a la calidad, ya que no son sostenibles en el tiempo. Adicionalmente, muchos fallan en su objetivo ya que pretenden desarrollar en un número reducido de horas las competencias lingüísticas y didácticas que desarrolla un licenciado en cuatro o cinco años de formación universitaria.

Otro punto, aunque se podrían abordar muchos más, como las condiciones laborales de los docentes, es el número de estudiantes por clase.

A pesar de que un profesor pueda ser bastante creativo y que promueva el trabajo en grupo, el promedio de alumnos de la mayoría de las aulas duplica el número ideal de 20, recomendado tanto por la literatura de enseñanza de lenguas como por las investigaciones que tienen en cuenta las voces de los educadores. En estas condiciones difícilmente un estudiante tiene espacio para comunicarse en inglés y ser evaluado adecuadamente durante todas las fases del proceso de aprendizaje.

La respuesta del sector educativo privado a la política del PNB, o PFDCLE, ha sido contundente en muchas instituciones del país. Si bien sabemos que los colegios privados de un nivel élite, llamados “colegios bilingües”, han considerado el inglés, la enseñanza de contenidos en inglés desde la educación prescolar y una mayor intensidad semanal de instrucción antes que se creara la política, muchos otros colegios privados han emprendido cambios para lograr las metas del país. Dos acciones sobresalen en este nuevo escenario: el nombramiento de docentes formados como licenciados en idiomas desde la educación básica primaria y el aumento de las horas de instrucción en inglés. Este factor ha fortalecido la demanda laboral de docentes bien preparados y ha hecho que la mayoría de egresados de los programas de licenciaturas en idiomas se vinculen al sector privado urbano.

Como puede deducirse de esta argumentación, el diseño y la implementación de la política nacional de bilingüismo han aumentado la brecha de calidad de la educación pública y la privada, de la urbana y la rural, a pesar de la mayor inversión en recursos y las iniciativas para tener formación para docentes en ejercicio. Las pruebas estandarizadas de medición de las competencias en inglés hechas por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, para estudiantes y docentes, y los exámenes internacionales como los que ha realizado Education first para determinar el índice de nivel de inglés, muestran a Colombia con mínimos avances en su bajo desempeño en las competencias lingüísticas en esta lengua extranjera. Los análisis hechos tanto por el MEN como por algunos expertos internacionales, ampliamente difundidos por los medios de comunicación, tienen como responsables primarios de estos pobres resultados a los docentes de

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inglés. En esta cadena de responsabilidades se ha incluso cuestionado la calidad de los programas de licenciatura en idiomas que ofrecemos las universidades. Nada más desacertado que esta conclusión. Los análisis de los académicos y de los docentes mismos han repetido en muchos espacios que para lograr las metas educativas en inglés necesitamos muchos más docentes formados como licenciados en idiomas, especialmente en el sector público, que puedan empezar su trabajo desde la educación primaria; que tengan más y mejores recursos educativos, mayor tiempo de instrucción y, por supuesto, mejores condiciones laborales.

Finalmente, sería más que ideal que al menos una mínima parte de las acciones llevadas a cabo para fortalecer el desarrollo de las competencias en inglés, y de las que aún se necesitan, llegaran a impactar la enseñanza y el aprendizaje de nuestras lenguas nativas. Así sí seríamos verdaderamente un país bilingüe.

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El fortalecimiento de los escenarios para la cultura y el arte nacional

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ablar de arte y cultura en relación con el desarrollo social de las comunidades es algo realmente reciente, pero si algún aspecto se reconoce en la actualidad como fundamental para el desarrollo social desde las disciplinas que analizan la actividad humana y las características de las sociedades es el protagonismo que tienen el arte y la cultura en la construcción de una mejor calidad de vida para los individuos y los pueblos.

Tanto la Unesco como otras instituciones de carácter internacional en diversas declaraciones señalan al arte y los instrumentos de la cultura como aspectos esenciales para el desarrollo social de las comunidades e incluso los reconocen como factores cada vez más importantes del desarrollo económico de los pueblos.

En el país empieza de igual manera a reconocerse la importancia de dichos factores a partir de conceptos un poco abstractos para algunos pero ya presentes en los preceptos constitucionales desde la constitución del 91, allí ya se señala, por ejemplo, la diversidad cultural como un valor esencial de la nacionalidad.

La existencia de un ministerio de cultura en el país hace manifiesto el reconocimiento que el gobierno nacional hace de la necesidad de disponer mecanismos para la gestión de las actividades culturales y la generación de políticas públicas en relación con los campos disciplinares artísticos y patrimoniales.

Pero en este país que todos reconocemos como diverso y especialmente rico en expresiones culturales autóctonas, en legados patrimoniales

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ancestrales y en producciones artísticas, debemos también aceptar el hecho de que esta realidad está también afectada por los más incipientes desarrollos y el papel más bien marginal que la actividad cultural tiene en la construcción de ciudadanía; los proyectos que realmente impactan esta realidad son escasos.

Debemos reconocer la pobreza de las instalaciones e infraestructuras dedicadas al desarrollo y difusión de la actividad cultural, el escaso apoyo a los creadores, sean estos individuos o grupos, la carencia de políticas para apoyar el fortalecimiento de una cultura nacional, la marginalidad de la educación artística en el contexto de la oferta nacional y en el currículo de la educación básica y el incipiente desarrollo de la investigación en artes y para las artes.

Muchas de las acciones que impulsan el desarrollo de la actividad artística y cultural del país, tales como festivales, concursos, convocatorias, premios, programas de formación, orquestas y otros eventos se producen y financian desde acciones individuales, desde el mecenazgo, o desde la iniciativa privada.

Pero si, como todos deseamos y avizoramos, el futuro cercano de la nación nos pondrá de cara a unas nuevas realidades políticas y sociales, sería entonces necesario que nos preparáramos para la construcción de unas propuestas académicas, disciplinares y sociales que nos garanticen que podremos vivir en el futuro en un país más consciente de sus grandes riquezas culturales, que podremos disfrutar de forma más democrática de las expresiones artísticas y que tendremos un reconocimiento más claro de nuestros valores patrimoniales.

La construcción de ese nuevo país podría hacerse de mejor manera si pudiéramos garantizar el fortalecimiento de procesos artísticos y culturales que nos permitan impulsar conceptos nuevos de nación y de ciudadanía, en escenarios en los que todos resultemos ganadores.

Para lograr estas metas será necesario fortalecer conceptual y financieramente el ministerio de Cultura, favorecer desde allí y desde otros ministerios, como el de Educación, el apoyo efectivo a las manifestaciones regionales, la formación de públicos, la creación de industrias culturales, el estímulo a la creación y el apoyo a las instituciones culturales y de formación básica y del nivel superior. Será necesario además garantizar la formación de los cuadros directivos y gestores para que se encuentren capacitados y comprometidos con los procesos de cambio del país.

La investigación en artes y para las artes es todavía incipiente y todos los desarrollos que se puedan impulsar con miras a favorecer su consolidación deben ser bienvenidos; el papel que debe jugar Colciencias en la promoción y financiación de estos proyectos es definitivo.

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El país requiere también de una red de museos que haga aportes significativos en la recuperación, conservación, circulación y difusión del patrimonio mueble e inmueble de la nación y que apoye con programas de diversa índole la formación de públicos alrededor de las distintas disciplinas artísticas. De igual forma es necesaria una clara política de restauración y conservación de los bienes patrimoniales y los monumentos públicos.

La implementación de la nueva ley del espectáculo es un instrumento de transformación de las condiciones de producción y difusión que seguramente producirá muy buenos resultados a medida que su aplicación vaya afectando el desarrollo del sector, pero además es un piloto para medir el impacto transformador de una política pública que bien podría extenderse a otros ámbitos de la producción artística.

En temas de arte y cultura son manifiestas las diferencias en el desarrollo y las oportunidades con que cuentan las zonas urbanas, mucho más ricas y variadas en oferta y desarrollo y las zonas rurales donde la carencia de oportunidades y desarrollos es muy notable. La oferta de programas de formación en artes es supremamente escasa y está concentrada en unos pocos centros urbanos, lo que deja completamente marginados a los niños y jóvenes de las pequeñas localidades y las zonas rurales del país; incluso las ciudades intermedias están al margen.

Las posibilidades de formarse en las disciplinas artísticas en la actualidad es un privilegio reservado para jóvenes de las tres o cuatro ciudades más grandes del país, mientras que ciudades de menor tamaño, pueblos y localidades más pequeñas no disponen de ninguna oferta.

La construcción de un país más equitativo pasa también por el fomento del desarrollo artístico y cultural de las zonas rurales, donde pueda funcionar con eficacia un sistema de formación y difusión de las artes, lo cual se podría alcanzar con base en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y con la presencia de las universidades en las regiones.

El día que los niños y jóvenes de todos los rincones de Colombia conozcan en detalle la conformación instrumental de una orquesta sinfónica, disfruten de nuestros ritmos dancísticos tradicionales, puedan enterarse de las propuestas de los artistas del mundo y pueden acceder con éxito a las pruebas específicas de admisión de los programas de pregrado en artes, contaríamos con seguridad con una sociedad significativamente diferente, donde las diferencias no signifiquen inequidad ni exclusión.

Por la vía del fomento de las industrias culturales y creativas es posible articular las variadas expresiones artísticas, artesanales y culturales

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a la economía del país, lo cual no solo beneficia a los individuos y sus familias, sino que además constituye una fuente inigualable de recuperación y protección del patrimonio cultural de la nación. En este aspecto el Estado debería atender el desarrollo de comunidades hoy olvidadas y que conservan la tradición de oficios y procesos diversos y bastante desconocidos.

La educación artística desde edades tempranas constituye la mejor forma de acercar las nuevas generaciones a los escenarios del arte y de brindarles la oportunidad de desarrollar sus talentos, es la mejor forma en la que podríamos garantizar que nuestros jóvenes podrán competir de manera más exitosa de acuerdo con parámetros internacionales.

La doble tarea de la educación artística se ubica en la necesidad de formar a nuestros artistas de acuerdo con parámetros internacionales, pero garantizar al mismo tiempo su capacidad para alcanzar un reconocimiento de lo que podríamos llamar las expresiones autóctonas y que de esa forma se conviertan en artífices de la construcción de una cultura y un arte nacional.

La oportunidad única de poder participar en la construcción de una nueva conciencia nacional pasa por la construcción de una forma de ciudadanía renovada, a la cual el arte y la cultura tiene grandes aportes por hacer, un escenario donde la universidad pública podría hacer importantes contribuciones.

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Educación física, deporte y recreación

“La educación no sólo proyecta imágenes de hombre individuales o colectivas que se corresponden con la época y que son construcciones culturales, sino que, el hombre se hace a través de la educación, “el hombre es lo que la educación hace de él” (Kant, 2003: 20)

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l Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia pretende consolidarse cada vez más como un proyecto que apunta al desarrollo del conocimiento local, regional, nacional e internacional. Para cumplir con dicho propósito viene centrando sus esfuerzos en impartir una educación de calidad que se ve reflejada en sus docentes, estudiantes, egresados y demás actores que entran a formar parte de los procesos formativos que se imparten desde los programas de pregrado, posgrado y educación continua, los cuales han logrado consolidar una estructura académica e investigativa que ha permitido afianzar los programas desde diversas perspectivas, lo que se evidencian permanentemente al hacer los análisis del campo de formación, hablamos en este caso de la educación física, el deporte, la recreación, el ocio y tiempo libre, la actividad física y la administración deportiva.

Es así como a partir de este abanico, encontramos que en Colombia actualmente hay más de 40 universidades e instituciones de educación superior que ofertan más de 60 programas con registro calificado dirigidos

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a la formación de licenciados, profesionales y tecnólogos en diferentes área de conocimiento, lo que conlleva a que los problemas de nuestro campo de formación aún sea indeterminado y como tal se constituya en un objeto de reflexión permanente, sin embargo en general los programas hacen referencia a la educación, la formación y la promoción de talentos, lo cual implica una concepción de ser humano como potenciación del sí mismo en relación con el otro y con el mundo que lo rodea.

De ahí que para los diferentes actores que hacen parte de los programas, hablar de formación nos lleva a problematizar un tipo de educación que posibilita al sujeto adaptaciones variadas a las experiencias de vida dadas por las múltiples miradas que ofrece nuestro campo de formación, el cual debe estar ligado según Roldán (1977) a “un proceso activo de constitución del sujeto en sus dimensiones individual y social, el cual se realiza en contextos y en situaciones de interacción: podemos comprender que hacerse sujeto implica alcanzar conciencia de sí y del mundo y tomar posicionamiento en el orden de lo histórico, lo cultural, lo político y lo social, en aras de participar en su transformación”.

Es aquí, precisamente, donde cobra sentido la educación centrada en el desarrollo de las potencialidades humanas, en la medida en que el interés pedagógico centre su atención en la autorrealización del sujeto, es decir, hacer-se sujeto a través de múltiples formas expresivas, donde además de propiciar el desarrollo de capacidades, también se posibilite a los sujetos hablar y expresar desde el sentimiento, la experiencia, la emoción, la motivación y desde la ética individual y colectiva, asuntos que están íntimamente relacionados con la responsabilidad y corresponsabilidad consigo mismo, con los demás y con los entornos en los cuales nos relacionamos.

Lo anterior posibilita al sujeto trascender y convertirse en un ser autónomo y consciente de su proceso formativo, resaltando en ello la intencionalidad, la creación, la socialización y la responsabilidad, aspectos que permiten establecer una interacción entre el sentir, el querer, el hacer y el pensar, lo cual redunda en elementos esenciales tales como el autocuidado, la autoconfianza, la satisfacción individual, la motivación, la identidad, la autoestima, la autoevaluación, la capacidad creadora, la fluidez y la exploración de los sujetos durante toda la vida.

Por tanto, las prácticas que desde cada una de las áreas se imparte, tratan asuntos relacionados con la diferencia, con la pluralidad, la multiculturalidad, con el conflicto, con la participación, con la negociación, con el acuerdo y con la resolución de problemas, donde el sujeto es el principal actor, ya que es quien vive y padece experiencias que permanentemente están conectadas con su vida y con la toma de decisiones

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que involucran al sujeto mismo, a las personas, a los contextos y a los escenarios, donde se “construyen los dos planos básicos de la realidad: la realidad objetiva atinente al mundo social institucionalizado y la realidad subjetiva atinente al mundo personal e individual”. Roldán (1977).

Es en dicha realidad, precisamente, donde se logra formar un sujeto moral, constituyéndose así la formación en un proceso de de-construcción de la subjetividad fundada objetivamente hacia un sujeto que vuelca su mirada hacia la reflexión, la acción y la decisión, es decir se trata de construir una idea de hombre que se autoconstruya y se transforme cuando se encuentre con experiencias que se fundamentan en el conocimiento de sí mismo, condición esencial para gobernarse a sí mismo y relacionarse con los demás.

En Colombia, con la participación de las comunidades académicas, se ha avanzado en la legislación de dichas profesiones y hacen parte de ello la Ley 115 de 1994 (ley general de educación); la Ley 934 de 2004 (Política Nacional de Educación Física); la Ley 729 de 2001 (por la cual se crean los centros de acondicionamiento y preparación física en Colombia); proyecto de ley 180 de 2011 Senado, 248 de 2011 Cámara, por la cual se reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión del entrenador deportivo; asimismo otras leyes hacen alusión a la actividad física, la educación y la salud, igualmente la Ley de Infancia y Adolescencia y la ley de obesidad.

Propuestas En educación física y deportes en el sistema nacional de educación, como ya está estipulado en las normas, la ley y la academia, es fundamental entre otros: garantizar el acceso y el cubrimiento universal de calidad en todos los niveles de la educación formal, con el nombramiento pertinente de profesionales idóneos en el área para todos los grados, programar una intensidad y frecuencia mínima de tres sesiones o clases por semana, mantener una adecuada dotación de recursos didácticos e infraestructura de calidad, garantizar la cualificación y formación de los educadores mediante el acceso a oportunidades, la promoción en la educación, la formación avanzada y la investigación.

En entrenamiento deportivo es necesario aplicar la ley que reglamenta el ejercicio de la profesión del entrenador deportivo, la cual define la naturaleza y el propósito de la profesión, determina el ámbito del ejercicio profesional, desarrolla los principios que la rigen y establece sus entes rectores de dirección, organización y control del ejercicio profesional.

En actividad física y salud es indispensable modificar el artículo 2 de

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la Ley 729 de 2001, porque como su nombre lo indica, son más que un servicio médico, son, ante todo, “centros de acondicionamiento físico y preparación física”; por tal razón, los licenciados en educación física, los profesionales en deporte y los entrenadores deportivos que reciben formación científica y profesional específica en el área objeto de la ley, y son formados en universidades e instituciones de educación superior con programas con registro calificado y algunos con acreditación de alta calidad, son competentes para ejercer su ejercicio profesional en calidad de profesores, instructores, directores y coordinadores de los centros.

Desde de la administración y gestión deportiva es necesario aportar al fortalecimiento del área, dado que su nivel de desarrollo es aun escaso; se requiere regular los cargos que ocupan los gerentes o directores de las organizaciones deportivas, especialmente desde las organizaciones que hacen parte del sistema nacional del deporte en Colombia, dado que en su mayoría y según lo respaldan estudios investigativos que se han desarrollado, son ocupados por profesionales de otras áreas sin un perfil de formación específico. Esto genera desviaciones en la relación entre universidad y el sector, dado que la universidad está incluyendo en sus currículos la formación de profesionales en administración deportiva, pero el egresado ve reducido su campo de acción, puesto que las organizaciones que administrativamente funcionan desde órganos colegiados, como las ligas y los clubes por ejemplo, no posibilitan contratación en estos cargos, lo que explica que sean ejercidos por profesionales de otras áreas que tienen definida su situación laboral en otro escenario y aportan a la organización de manera voluntaria y en los tiempos que su carga laboral lo permita.

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Ciencias exactas y naturales, esenciales para el desarrollo

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ebe decirse que discurrir sobre este tema resulta redundante puesto que ha sido ampliamente discutido tanto en el contexto nacional como internacional, desde los sectores académicos1,2, económicos3 y en Colombia, incluso desde el Departamento de Planeación Nacional4. No obstante estar tan ampliamente diagnosticado y habiéndose establecido la educación y el avance de la ciencia como uno de los factores diferenciadores entre los países desarrollados y aquellos en vía de desarrollo, aspecto claramente analizado por la misión de sabios a inicio de los 905, el Estado Colombiano no ha logrado establecer este como un eje esencial para el desarrollo del país.

En un país como Colombia, con un gran y diverso patrimonio natural, la generación de riqueza debería estar fundamentada en el aprovechamiento sostenible de estos recursos, pero sobre todo en que ese aprovechamiento no sea solo extractivo (como lo ha sido ya por varios siglos) sino centrado en la adición de valor agregado a las materias primas naturales de que disponemos.

Para transformar los recursos disponibles en la naturaleza el primer paso es conocerla desde sus entrañas, en su composición biológica, estructura química, comportamiento físico, en fin, todo aquel conocimiento que precisamente las ciencias exactas y naturales proporcionan. Este conocimiento de base permite cultivar desarrollos que conduzcan tanto a la exportación de productos derivados de nuestros recursos naturales, así como a la sustitución de importaciones de diversas materias primas, que son actualmente procesadas en otras latitudes a partir de nuestros recursos crudos, retornando al país con valor agregado, y un sustancial incremento en los costos, lo que explica la paradoja histórica: países ricos en recursos naturales y pobres en desarrollo económico y social.

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Desde hace unas dos décadas, en Colombia se habla de innovación y de cómo la ciencia debe estar orientada a generar productos o procesos que resuelvan problemas de la sociedad, no obstante hay que considerar que no se puede innovar si primero no se tiene el conocimiento de base y que, como lo demuestra la historia, pueden pasar décadas entre la generación del conocimiento y su aplicación y puesta en uso. Es claro también que el reto es cada vez más grande, cuando se busca hacer contribuciones relevantes desde la ciencia, puesto que la generación de información es avasalladora y la competencia, queramos o no, es global, y así mismo los países en vía de desarrollo se enfrentan a exigencias mucho mayores que aquellos que han construido su progreso, progresiva y sostenidamente durante siglos.

No se puede esperar tampoco que sean las entidades generadoras del conocimiento, universidades y centros de investigación, las que hagan el ciclo completo entre educación-ciencia-tecnología-innovación y por tanto es imprescindible que la industria se articule al proceso e invierta en él, lo cual tal vez solo ocurra si el sistema ofrece incentivos llamativos. Asunto que tampoco es una novedad, pues desde comienzos del siglo XX la industria estadounidense se persuadió de la necesidad de patrocinar su propia investigación de modo que les permitiera mantenerse vigentes6.

En todo este engranaje es importante considerar también la divulgación de la ciencia como un elemento que facilita entre la sociedad y sobre todo entre los tomadores de decisiones y los inversionistas un acercamiento al lenguaje de las ciencias exactas y naturales, el reconocimiento de lo que son y el papel que han jugado en el crecimiento económico de los países desarrollados. Así mismo la popularización de la ciencia contribuiría a desmitificarla como profesión y hacerla atractiva a las nuevas generaciones, como una opción de vida.

Pero no habrá tecnología si no hay ciencia y no habrá ciencia sin educación, de modo que en materia de formación en ciencia básica es necesario considerar el fortalecimiento de los pregrados con mayor inversión en recurso docente, instrumental y de infraestructura física, así como un aumento en la oferta de becas para maestría y doctorados, acompañado de mayores recursos para los proyectos de investigación, que son nicho fundamental para la formación de los estudiantes de posgrado y que además nutren la formación en pregrado.

Todo lo anterior implica políticas de Estado que propendan por una mayor inversión en las ciencias básicas, tanto en educación como en investigación, pero que además impulse la inversión del sector productivo e incentive de manera decidida la vinculación de científicos con alto nivel de formación a la industria nacional. Es posible también que el país desarrolle una política científica de Estado, en la cual defina áreas prioritarias, que

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enlace de manera coherente todos los elementos del sistema educativo y de investigación, trazando una estrategia de largo plazo, que le permita a la comunidad educativa y científica establecer, con base en sus fortalezas e intereses, hacia qué áreas prioritarias direccionar sus esfuerzos y los planes de desarrollo de las instituciones, lo cual podría implicar además reformas sustanciales tanto a la educación superior como a la educación básica, con la consolidación de programas de carácter técnico, tecnológico y por competencias laborales.

La definición de políticas es determinante para que se articulen los diferentes actores; nada de lo propuesto resulta factible si como parte de dichas políticas de Estado no se considera una inversión relevante en ciencia para el país, lo cual está suficientemente claro cuando se revisa el porcentaje del producto interno bruto que invierten en este reglón los países desarrollados y aquellos que en las últimas décadas han alcanzado avances importantes, lo cual fluctúa entre el 2 al 4%, mentras que para Colombia, aún con la reciente inyección de la ley de regalías, solo llega a medio punto, de modo que en el próximo quinquenio se esperaría que crezca al menos en un 100%, para acercarse al 1% del PIB. En síntesis, mayor inversión, empezando por la educación, genera mejores condiciones para el desarrollo de la ciencia, la cual a su vez, en un entorno propicio de relacionamiento con la industria, da lugar al desarrollo tecnológico y finalmente al crecimiento económico del país. El crecimiento de la economía, no necesariamente implica mejoramiento del bienestar general, puesto que esto último depende de la distribución equitativa de la riqueza con generación de más y mejores oportunidades de empleo y educación, pasando aquí al terreno de las ciencias sociales y humanas.

Notas 1. Roadl Hoffmann. Reflections on science in the low income economies, (1992), Washington, D.C., World Bank.

2. Boris Rodríguez, ¿Por qué hacer ciencia (básica) en Colombia?: la visión muy personal de un “científico” colombiano. Tecno. Lógicas. N°. 30 Medellín, Jan/June 2013.

3. http://www.semana.com/foro/articulo/colombia-invierte-menos-del-04-su-pib-ciencia-tecnologia/265843-3.

4. https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND/gaviria_Estrategias_del_plan5.pdf.

5. Misión Ciencia, Educación y Desarrollo (autor corporativo). Colombia al filo de la oportunidad. Informe de la misión de sabios (1996) 214 p.

6. Alan Brinkley. American History A Survey, (2003). McGraw-Hill Higher Education New York, Eleventh Edition. Pag. 476.

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Es clave promover una ingeniería socialmente responsable

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n este momento histórico colombiano la ingeniería tiene retos sin precedentes. A partir de los nuevos liderazgos gubernamentales se han proyectado y construido obras de infraestructura que esperan potenciar la economía del país, subir el producto interno bruto y el bienestar social. Esta tendencia de los últimos años ha creado una demanda de ingenieros que nos ha llevado a tomar acciones otrora impensables como vincular personal especializado de otros países por no contar con la suficiente mano de obra calificada en el nuestro o porque la demanda no corresponde a las ofertas de formación local. En algunos casos extremos, y como respuesta a estas necesidades, hemos caído en el afán de ofrecer desde las instituciones de educación superior personal parcialmente calificado con las competencias justas para iniciar una vida profesional.

En este contexto, lo que realmente está preocupando a la comunidad académica responsable de la formación de ingenieros son los resultados observados en la sociedad como efecto de las nuevas generaciones de egresados, con tendencia a degradar el ejercicio de la profesión antes que enaltecerla aceptando y realizando con altura los retos que demanda esta nueva oleada de crecimiento.

Este comportamiento ha sido estudiado por asociaciones de ingenieros y en especial por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, tratando de establecer qué está pasando en la formación de los ingenieros y qué intervenciones se pueden realizar de tal forma que se pueda revertir la tendencia de aquellos egresados en ingeniería hacia lo fácil y rápido. A continuación se expone los elementos esenciales identificados como precursores de la tendencia y relacionados con las políticas de gobierno.

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Son varios los factores provenientes de las políticas actuales resultado de gobiernos pasados que se están volviendo de facto en políticas de Estado y que se identifican como influyentes en los procesos de formación, constitutivos del cambio de actitud de algunos egresados. La primera es la tendencia a pasar la responsabilidad de la formación de los estudiantes desde las comunidades académicas a las comunidades de contratistas. El estado dejó de proveer los recursos necesarios para mantener la estructura de formación basada en comunidades académicas consolidadas demandando una masiva participación de estudiantes en el aula sin fortalecer la base profesoral formada en las buenas prácticas que ocurren en la academia, direccionando las instituciones hacia la contratación de expositores de temas que, debido a su precariedad contractual, no tienen tiempo de interactuar con los estudiantes fuera del aula, así como tampoco de asesorarlos en sus dificultades de aprendizaje, y mucho menos tienen tiempo de reflexionar sobre el mejoramiento del sistema de formación.

En general, se estima que 1 de cada 7 docentes en una universidad acreditada está vinculado de manera indefinida, esto quiere decir que son ellos, los 1, quienes quedan como responsables de las buenas prácticas académicas de una comunidad consolidada, sobre la cual sólo es posible formar ingenieros basados en la ética, la calidad y la pertinencia. Los otros 7 se han inoculado en el sistema con otra lógica, basada en el logro por el logro, sin tener espacio ni auditorio para su evaluación.

La segunda tendencia que está socavando las bases de una buena formación de ingenieros es el cambio impulsado por la nueva dinámica proyectada a las universidades por los gobiernos de turno de incentivar la investigación productiva en la universidad. Es claro que era algo que el país estaba en mora de realizar y que ha traído beneficios tangibles especialmente en la exitosa articulación de la universidad, la empresa y el Estado. No obstante, esta nueva dinámica no fue acompañada con los elementos necesarios para que no afectara a la misma universidad y su formación de profesionales.

Los laboratorios que otrora estaban destinados a la docencia han sido tomados por la fuerza de las circunstancias para realizar investigaciones, dada la dificultad de encontrar recursos frescos para la construcción, sostenimiento y desarrollo de nuevos espacios para la investigación.

Las plazas de docentes, que antes dedicaban todo su tiempo a la formación de profesionales, ahora son reemplazados por investigadores que requieren tiempo para desarrollar sus proyectos, dejando en el peor de los casos cualquier relación con el pregrado a eventos anecdóticos de vinculación de auxiliares de actividades de investigación, quedando entonces la docencia a los contratistas previamente mencionados.

Los recursos que provenían del Estado hacia las universidades para la

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vinculación de nuevos docentes o investigadores siguen en la práctica congelados, pasando de presupuestos indexados a bolsas de estímulo económico para realizar nuevas actividades en la universidad dirigidas a todo tipo de público, basados en la premisa del rédito a ultranza de indicadores anuales, sin estudios previos o proyecciones realistas que permitan consolidar una comunidad que por su naturaleza se cuece lentamente para alimentar debidamente la formación de los nuevos profesionales.

Es de remarcar que una de estas tendencias es la presión que hay sobre la ampliación de la oferta hacia aspirantes cada vez menos formados en los ciclos previos, con prebendas para su ingreso imposibles de subsanar en el sistema de formación profesional. Dicho de forma coloquial, estamos haciendo un segundo piso con los ladrillos del primero, con más metros cuadrados que su base, lo cual ineludiblemente hará que al final la estructura no aguante y se caiga.

La tercera tendencia, consecuencia de las anteriores, es que las decisiones curriculares están quedando en manos de personal administrativo, fundamentada en la lógica de la productividad, lo que de fondo tiende a dejar de lado todo aquello “no necesario” o “improductivo” para el ejercicio profesional como la educación en conceptos de ética, socio humanística y economía, los cuales pueden sonar suntuosos y onerosos respecto a una visión tecnicista de los administradores.

Unido a todo lo dicho hasta ahora, comienza a desdibujarse el concepto que desde una comunidad académica se conoce como base para la formación de profesionales éticos, de calidad, pertinentes y con sentido social, debido a la pérdida de las buenas prácticas que de la comunidad se derivan.

Para agravar esta nuevo método de hacer las cosas, los sistemas de promoción y vigilancia del Estado se han acomodado al facilismo que subyace en estas nuevas formas de hacer formación, otorgando incentivos a las instituciones por aplicarlas como ocurre con los fondos concursables del Sistema Universitario Estata, con la aquiescencia del Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación, quienes se han acomodado a su manera de observar la calidad de un programa de acuerdo con indicadores orientados mayormente a la productividad y no a las buenas prácticas que fundamentan la academia.

Desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia proponemos la realización de un trabajo conjunto, que incluya los actores que requieren un profesional íntegro, aquellos que se encargan de recibir la formación y realizarla, así como todos los actores políticos que ofrecen representatividad desde la sociedad, para que definamos las nuevas rutas a seguir, desde una concepción que debe venir del entendimiento de Estado, en articulación con sus organismos de creación, seguimiento y control, a la luz de todos los ciudadanos.

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Elementos para una política económica

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onsolidar el crecimiento económico por encima del 4.5%, recuperar la industria y fortalecer la agricultura con miras a aumentar los niveles de empleo de calidad, reducir la informalidad y mantener la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos años, son algunos de los retos más importantes que enfrentará el próximo gobierno en el cuatrenio 2014-2018. Esto no es tarea fácil, si se tiene en cuenta el escenario de incertidumbres que hoy caracteriza el desempeño de la economía nacional, donde se destacan: (i) en el frente externo, la inestabilidad del precio de los commodities y el lento proceso de recuperación de las economías industrializadas; (ii) a nivel local, los problemas estructurales que enfrentan la industria y la agricultura y la dinámica de crecimiento que registran la minera y la construcción y (iii), la eventual firma de un acuerdo de paz.

En el caso de la realidad que enfrentan sectores productivos tradicionales, la pérdida de dinamismo de la industria nacional, la cual se ha visto agravada por el deterior del empleo formal y la fuerte desindustrialización, requiere de la construcción y puesta en marcha de una verdadera política industrial que defina una acertada política de diversificación productiva con un alto componente de innovación y creatividad, que le permita a la industria nacional, no sólo hacer explícitos mediante programas de reconversión industrial los beneficios de los TLC, sino, también, insertarse en la nueva dinámica de los mercados mundiales de manufactura. Vale la pena recordar que por su naturaleza son muchos los valores agregados que se generan en este sector, de modo tal que su contracción afecta los objetivos que en materia de empleo se trace el gobierno.

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La situación también es delicada en el sector agropecuario, otro campo de la economía nacional que concentra un número importante de empleos. Al respecto, el gobierno debe definir una ruta clara frente a los procesos de restitución de tierra y de reparación de las víctimas del conflicto armado, si quiere en el mediano plazo impactar positivamente la producción agrícola y pecuaria. De igual forma, al interior del sector, la tecnificación de los procesos, mejorar la distribución del ingreso, reducir la concentración de la tierra, impulsar una política eficiente en el uso de la tierra y mejorar la infraestructura, son tareas esenciales en el camino de lograr una agricultura sostenible y con impacto social y económico.

Al igual de lo que ocurre con la industria, el campo hoy sobrevive por iniciativas privadas que atienden en gran medida los requerimientos impuestos por el mercado local y con una mirada hacia el sector externo con muy poco valor agregado. El reto, por tanto, consiste en promover un crecimiento equilibrado del sector, en el cual no solo se logren mejores niveles de productividad asociados a una mayor diversificación de cultivos, sino que a su vez promueva una mayor oferta interna y un fortalecimiento de las exportaciones.

En otros frentes los problemas son diferentes. Por ejemplo la construcción y la minería, sectores que han venido soportando el crecimiento económico en los últimos años, tienen que contar con una mayor regulación, vigilancia y control por parte del gobierno, con el fin de evitar los choques negativos de una posible burbuja inmobiliaria y los efectos adversos de la degradación ambiental y social que trae consigo parte de la producción minera. Adicionalmente, en ambos casos el gobierno tiene la obligación de revisar el funcionamiento en estos sectores y las concesiones brindadas, para evitar una captura de rentas públicas por parte de particulares.

En tal sentido, un aspecto transversal a los señalados tiene que ver con el manejo de la hacienda pública. Ciertamente, los próximos años deberán servir para consolidar procesos como el de la regla y la sostenibilidad fiscal, al tiempo que el gobierno reduzca el gasto y los niveles de endeudamiento, tanto interno como externo. Al respecto es necesario recordar que el manejo de la política fiscal debe hacerse en forma contraria a la dinámica del ciclo económico, es decir llevar una postura contracíclica, lo cual garantiza recursos en épocas de vacas flacas.

En el frente de las finanzas públicas, un eventual posconflicto implica el diseño por parte del gobierno nacional de un plan de choque que permita contar con los recursos necesarios, tanto para incorporar a los actores armados al aparato productivo, como para continuar con los procesos de reparación de víctimas. En consecuencia, ante la urgencia

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de recursos, se requiere de una nueva reforma tributaria, y la continuidad del impuesto al 4 por mil, que se creó para atender necesidades de primer orden en el país.

Del lado de la demanda, el gobierno tiene que propiciar políticas para la recuperación de la inversión privada, entre ellas, la facilidad de promover incentivos tributarios para aquellas empresas que impulsen la productividad y el empleo, y la creación de fondos de garantías para dinamizar el crédito empresarial. El crecimiento de la economía colombiana en el mediano y largo plazo dependerá en gran medida de las expectativas que se creen hoy en los inversionistas nacionales e internacionales. Al respecto resultan positivas las miradas que se tienen sobre la economía nacional, la cual resulta atractiva dados sus niveles de estabilidad económica y política. No obstante, la permanente turbulencia internacional también ha creado un ambiente de agitación e incertidumbre, en el cual los actores que mejor comprenden e interpretan las diferentes situaciones son quienes obtienen mayores ganancias.

En síntesis, si bien hoy la economía atraviesa por un buen momento, esto no quiere decir que el próximo gobierno la tenga fácil. Los retos no solo tienen que ver con mantener y mejorar el actual ritmo de crecimiento, sino que a su vez deberán recuperarse sectores tradicionales de la economía nacional, que son fuentes permanentes de empleo y bienestar para un conjunto importante de colombianos.

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El sector agrario necesita grandes trasformaciones

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ste documento contempla las principales propuestas y conclusiones que desde el sector agrario se han definido en las mesas de trabajo y foros realizados en el Departamento de Antioquia desde comienzos de 2013, coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo la dirección de Diego Miguel Sierra como secretario, en algunas de las cuales ha participado la Universidad de Antioquia, además de los diferentes actores del sector y de los cuales existen diversos documentos (ver referencias) en el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural destinado a generar insumos para la elaboración de lineamientos de política para el sector agropecuario y rural, a partir de la participación directa de los actores rurales en los consejos municipales de desarrollo rural, en los consejos seccionales de desarrollo agropecuario y en el Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial.

De acuerdo con el reporte del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el país requiere una reforma rural transformadora para combatir la pobreza y resolver el conflicto rural, alcanzar una sociedad rural estable, sostenible y moderna, que involucre componentes como la seguridad humana, el desarrollo institucional, el desarrollo rural y una política integral de tierras. Para todo esto es indispensable que exista una red social y académica de reflexión y conocimiento sobre el problema rural y es por tanto un reto que se nos plantea, en la formulación de propuestas que contribuyan al logro de estos objetivos. Reiterando lo

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dicho y tal y como lo describe este mismo informe, es invaluable el aporte que pueden hacer especialmente los técnicos profesionales al fortalecimiento de las capacidades de los pobladores rurales, a la apropiación social del conocimiento, a la búsqueda de alternativas de desarrollo y a la construcción de proyectos comunitarios que favorezcan a los más vulnerables y excluidos.

Colombia no cuenta con una política de Estado para el desarrollo rural que sea integral, sostenible, incluyente, con enfoque territorial y diferencial. De acuerdo con lo expuesto en los diferentes espacios en los cuales el desarrollo rural ha sido el tema central, hay coincidencia en afirmar que la crisis que enfrenta el ámbito rural está relacionada con la problemática de la concentración de la tierra, el uso inadecuado del suelo, la alta informalidad en la propiedad rural, el despojo y abandono de tierras por el conflicto. Esto asociado a la insuficiente investigación, desarrollo tecnológico e innovación; a la falta de programas pertinentes de transferencia de tecnología y asistencia técnica; deficiente infraestructura vial para conectarse con los mercados; deficiente infraestructura de apoyo a la producción; falta de servicios públicos; baja competitividad frente al mercado interno y externo; bajo acceso por parte de la población campesina a servicios de crédito; poca capacidad organizativa y de participación; bajo nivel educativo y deficiente asistencia social, que han dado como resultado el atraso y desconocimiento de derechos a los pobladores rurales, lo cual se refleja en el abandono generalizado del campo por parte del Estado.

Con base en los resultados de las diferentes mesas y foros se estableció que es necesario trabajar en la normatividad existente en el país con el fin de: 1. Definir una nueva política de Estado para el desarrollo rural integral, sostenible e incluyente, con enfoque territorial, atención prioritaria a familias campesinas, pequeños productores, pescadores y pequeños mineros; debe declararse estratégico y de interés público el sector rural del país y desarrollarse como una política con enfoque integral.

2. Intervenir a fondo y mejorar sustancialmente el cumplimiento de las funciones y competencias de las instituciones relacionadas con el desarrollo rural: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Banco Agrario, Instituto Colombiano Agropecuario, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento Nacional de Planeación, institutos de investigación, Superintendencia de Notariado y Registro, Servicio Nacional de Aprendizaje, autoridades

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ambientales, centros de educación y formación técnica rural del país, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros, y orientar intervenciones equivalentes en las entidades territoriales. Para el cumplimiento de las expectativas en tierras, hay que hacer una nueva institucionalidad porque la existente es incapaz e inoperante.

3. Descentralizar y desconcentrar la gestión pública y fortalecer mecanismos de participación ciudadana como los consejos municipales de desarrollo rural, propiciando una efectiva articulación público-socialacadémico y privado.

4. Crear una unidad administrativa con capacidad técnica y social para asuntos de agricultura familiar campesina, en el marco de la política pública nacional y departamental de seguridad alimentaria y nutricional, con el fin de dirigir, articular y coordinar el desarrollo integral de la economía campesina.

5. Formular una política de la vivienda rural, teniendo en cuenta que las características y alternativas de las viviendas sean acordes con las necesidades reales locales y que permita flexibilizar los reglamentos operativos en las modalidades de vivienda nueva, de mejoramiento y saneamiento básico.

6. Hacerse una implementación real y efectiva de la Ley 731 de 2002, por la cual se dictan normas que favorecen a las mujeres rurales para mejorar su calidad de vida; y del Conpes 161 de 2013 de política pública de mujeres.

7. Revisar la norma de ajuste y estudio catastral realizado por el IGAC y el Departamento de Antioquia y evitar que se suban los impuestos a valores que hacen imposible su pago por parte del campesinado.

8. Además de ajustar las normas existentes para simplificar los procesos de formalización de la propiedad, modificar el Código de recursos naturales en el artículo 209 para permitir la adjudicación de baldíos en reservas forestales de Ley 2 de 1959 a las familias campesinas, de acuerdo con el régimen especial.

9. La concertación de una nueva legislación minera y de propiedad del subsuelo.

10. Concentrar los esfuerzos institucionales y normativos en generar tecnología para fortalecer la agricultura campesina, mantener la biodiversidad y estimular la agricultura sostenible.

11. Revisar y modificar la normatividad relacionada con los programas de compras institucionales, incorporando que un porcentaje mínimo del 30% de los alimentos sea abastecido desde las organizaciones de economía campesina familiar.

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12. Generar las condiciones para que desde las leyes, ordenanzas y acuerdos, se establezca la ruta de intervención para garantizar el mejoramiento de calidad de la educación rural, que incluya los procesos de formación, ambientes de aprendizaje, y los niveles de responsabilidad en la inversión. Y un proyecto de ley que mejore las condiciones laborales y los estímulos a los docentes que se desempeñan en la ruralidad.

Con relación al financiamiento del sector y el trabajo realizado se recomienda al Estado colombiano: 1. Crear el fondo para el desarrollo rural integral, con recursos del presupuesto nacional y otras fuentes, para la cofinanciación de programas y proyectos de desarrollo rural.

2. Gravar en un porcentaje del 1% de los ingresos en las centrales mayoristas de las grandes ciudades y áreas metropolitanas para el fondo de desarrollo rural. La definición del gravamen debe garantizar que no se descargue a los consumidores y haga parte de una política de comercio justo.

3. El gobierno nacional debe dar ejemplo en la definición presupuestal para atender la ruralidad, orientando a las entidades territoriales, asambleas y concejos municipales, para la definición de asignaciones presupuestales suficientes y responsables para atender el campo.

4. Generar un fondo de compensación dirigido a la economía campesina, por su aporte a la seguridad y soberanía alimentaria y cuidado ambiental asignado por rubro productivo.

La situación agraria actual del país, los diálogos de La Habana y el posconflicto nos obligan a reflexionar sobre cuál es el rol de la universidad pública en la formación de recurso humano para el sector, en algunos casos amenazados por los TLC, pero en otros estos se constituyen en oportunidades para los productores rurales. También nos debemos preguntar el papel que desempeñamos para la determinación de una política de desarrollo rural en el marco del pacto agrario, más ahora que el gobierno nacional ha creado la misión rural, lanzada el 6 de marzo en cabeza del exministro José Antonio Ocampo, que será la instancia encargada de estructurar el portafolio de políticas públicas para el campo colombiano, y cuyos resultados deben ser la carta de navegación para el sector durante los próximos 20 años. Los productos de esta misión deberán permitir avanzar en la transformación del campo colombiano.

La misión está estructurada en cinco ejes temáticos: 1. El rol de lo rural en el desarrollo del país. 2. Desarrollo rural para el cierre de brechas sociales. 3. Provisión de bienes públicos para el campo. 4. Desarrollo agropecuario sostenible y competitivo. 5. Institucionalidad moderna y

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eficiente. Esperemos que la misión realmente direccione la intervención en el campo, porque invertir en el agro es una batalla directa contra la pobreza, el desempleo y el hambre.

Documentos base de la presente propuesta 1. Memorias de los foros subregionales y foro internacional: ¿De qué vivirán los pobladores rurales? Gobernación de Antioquia. Mayo a agosto de 2013.

2. Los infaltables para una política rural en Antioquia. Colectivo agroambiental. Septiembre de 2013.

3. Documentos de acuerdos y compromisos con las marchas y protestas agrarias regionales. Septiembre de 2013.

4. Pliego nacional de peticiones agropecuarias y populares. Mesa nacional agropecuaria y popular de interlocución y acuerdo. 5 de agosto de 2013.

5. La memoria del foro preparatorio para la mesa nacional agraria.

Medellín, septiembre 2 de 2013.

6. Documento base que se llevó al pacto nacional agrario. Bogotá, septiembre 9 de 2013.

7. Proyecto de ordenanza de distritos agrarios. Septiembre de 2013.

8. Documento referencia: Colombia rural, razones para la esperanza.

Resumen ejecutivo del informe de desarrollo humano, PNUD, 2011.

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Medio ambiente Ideas para superar la catástrofe

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as recientes emergencias ambientales en Chocó, Casanare y Magdalena, que dejaron como consecuencia la destrucción de ecosistemas y la muerte de miles de animales, pusieron de nuevo sobre la mesa la pregunta de qué tanto ha avanzado Colombia en regulación y atención ambiental y cuáles deberán ser las prioridades en esa materia para quien asuma en agosto las riendas en la Casa de Nariño.

Esa realidad coincide con la divulgación, por parte de la organización europea Enviroment Justice Organizations, Ejolt, del primer Atlas global de justicia ambiental, según el cual Colombia es el segundo país con mayor cantidad de conflictos de ese orden en el mundo, 72 casos en total, solo superado por la India con 112 casos.

Una buena parte de esos conflictos, como lo anota el investigador de la Universidad del Valle y colaborador de Ejolt en Colombia, Mario Alejandro Pérez, tienen lugar en las regiones más pobladas del país, afectan a 7,9 millones de personas e involucran 25 millones de hectáreas, el equivalente al 2,2 % del territorio nacional.

En el trasfondo, aseguran los expertos, se encuentra el impacto causado por fenómenos como el cambio climático y por actividades como la minería, la explotación de combustibles fósiles, la generación de energía de biomasa, y el manejo de los recursos hídricos, problemáticas cuya solución sigue siendo esquiva, en buena medida por lo que esas actividades representan económicamente para el país: según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, solo en 2013, alrededor

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del 72% de las exportaciones del país estuvieron representadas en productos obtenidos mediante la explotación de minerales y la extracción petrolera, actividades de gran impacto ambiental y social que cuentan con regulaciones muy flexibles.

A pesar de que algunos han señalado como un logro en los últimos años la creación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, voces como la del ex ministro Manuel Socorro Becerra han llamado la atención sobre el poco tiempo del que disponen los funcionarios del ministerio para estudiar las solicitudes de licencias ambientales para proyectos de gran impacto, solo cinco meses, mientras que en Estados Unidos se llevan entre tres y siete años.

“Es fundamental, frente al reto del futuro ambiental en términos institucionales, sobre todo en lo relacionado a los temas minero, energético, de agrocombustible y a los cultivos de productos para exportación, consolidar y fortalecer la institucionalidad ambiental”, considera el profesor Pérez.

Para Jairo León Zapata, director de la Corporación Ambiental de la Universidad de Antioquia, la prioridad durante los próximos años debe ser el cambio climático, fenómeno que implicaría el incremento de las aguas a nivel oceánico y una reducción significativa en la biodiversidad debido a la potencial reducción de especies, tanto en flora como en fauna, incluyendo las especies y los organismos marinos.

“Sabemos todavía muy poco de los cambios que podrían afectar un incremento de 50 centímetros del nivel del agua en las costas y de cómo cambiaría toda la dinámica de los ecosistemas y las relaciones entre los organismos y el hombre”, dice Zapata.

El impacto del cambio climático ya se percibe en Colombia con la pérdida de entre 3% y 5% de la cobertura glaciar por año y el aumento de la temperatura del aire, principalmente en zonas de alta montaña como los páramos.

En este contexto, Zapata señala que un punto que se debe fortalecer es un sistema de información ambiental de carácter nacional, que permita ver comportamientos históricos de algunos factores y generar alertas tempranas para mitigar el impacto de emergencias como las de los últimos meses. “Necesitamos que toda la información fragmentada en universidades, institutos y alcaldías se pueda subir a ese sistema, para mirar cómo se ha comportado en el tiempo el océano, la costa, la deforestación, y para poder determinar su manejo, protección, cuidado y sostenibilidad”, afirma.

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Para Fabio de Jesús Vélez, jefe del pregrado de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia, hay que poner cuidado a la histórica inequidad en la distribución de las tierras como problemática ambiental. Según las estadísticas, observa, el 30% de los colombianos posee el 70% de la tierra. “¿Cómo vamos a distribuir de mejor manera esos territorios en una población más amplia, y cómo vamos a hacer para poner a producir la tierra”, se pregunta.

Según Vélez, otro asunto que impacta al medio ambiente y necesita atención urgente son las megaciudades, con un poblamiento que no fue planeado, y con un crecimiento desordenado.

“Si seguimos evidenciando el cambio climático, lo que se puede predecir es que vamos a tener en el futuro unas poblaciones más grandes, carentes de recursos. El país nunca se ha sentado realmente a planificar el territorio”, asegura.

Según Néstor Aguirre, biólogo y docente, otra prioridad que debe consultar la agenda de los próximos gobiernos es el suministro de agua potable, no solo para las comunidades menos favorecidas sino para toda la población colombiana, cuya cobertura, dice “debería ser del ciento por ciento”, ya que de acuerdo con el documento Conpes 3550 de 2005, recuerda, de las 189.022 muertes producidas en todas las edades en Colombia, 1.137 correspondieron a muertes por enfermedades infecciosas intestinales (0.6%), de las cuales el 51.1% (581 casos) se presentaron en niños menores de 5 años.

Para Jenny Leal, investigadora del programa de Ciencias del Mar de la U de A, “el próximo presidente deberá trabajar para que los colombianos seamos conscientes de que nuestro territorio marino es una gran riqueza que debe ser reconocida, estudiada, aprovechada y cuidada, antes de que perdamos los recursos que aún nos quedan”.

En ese sentido la pesca marina, que en países como Perú y Chile es una actividad económica de vital importancia, debe por fin hacer parte de la agenda del próximo presidente, fortaleciendo a las entidades encargadas del sector y destinando recursos para la investigación científica dirigida a resolver los problemas asociados.

Sobre la presencia de los temas ambientales en los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, los expertos consultados coinciden en que se trata de un tema vital que pasa por la reforma agraria y la sustitución de cultivos, y que si llegan a buen término deben tomarse las precauciones para que la inversión no resulte contraproducente.

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Autores de “La Universidad de Antioquia propone” Acorde con la naturaleza y el pluralismo y la universalidad que la caracteriza, en la universidad se manifiestan múltiples maneras de acercarse y de leer los problemas que atañen a la sociedad, en el ámbito local y global. “La UdeA propone” es una muestra de ello, una iniciativa del Departamento de Información y Prensa que, a propósito de los procesos electorales de 2014, procura brindar elementos de análisis en algunos sectores estratégicos para el país. Y aunque los artículos son suscritos por uno o una pluralidad de autores, en todo caso el espíritu que anima los textos es expresar el pensamiento de la Universidad de Antioquia como le corresponde, como una institución que no solo educa, sino que también señala rutas posibles para alcanzar mejores perspectivas de vida para los colombianos.

Agradecimientos a quienes respondieron de manera afirmativa a este propósito: Claudia Puerta, María Ochoa, Catalina Tabares, Clara Inés Aramburo, Pablo Emilio Angarita, Heidy Cristina Gómez, Guberney Muñetón, Paula Inestroza Blandón, Elizabeth Montoya, Marcela Galeano y Sara Baena, Instituto de Estudios Regionales, INER. La sociedad que queremos.

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Nuestras voces.

María Cristina Gómez, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Reforma a la justicia. Urge que se supere el pugilato jurídico.

John Fredy Bedoya, coordinador de la línea de investigación Sistemas políticos locales y estudios de opinión pública, Grupo Estudios Políticos, Instituto de Estudios Políticos. ¿Cuáles son los retos políticos para el próximo cuatrienio presidencial?

Alexánder Otálvaro. Hacia la reforma política.

Luis Alfredo Atehortúa, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La paz: un imperativo moral y político.

Pablo Patiño, vicerrector de Extensión, y Fanor Mondragón, vicerrector de Investigación. Política de ciencia, tecnología e innovación en la educación superior. Su papel en el bienestar social y el desarrollo económico.

Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Facultad de Ciencias Económicas. Hacia una sociedad del conocimiento: retos para el nuevo gobierno nacional.

Marcela Vélez, Facultad de Medicina. El sistema de salud que Colombia necesita.

Jaime Gañán, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La salud debe considerarse, de una vez por todas, derecho fundamental.

Grupo de Economía de la Salud, Facultad de Ciencias Económicas. Más recursos para salud y más salud con los recursos. Álvaro Franco, Facultad Nacional de Salud Pública. La agenda pendiente de políticas públicas en salud.

Carlos Arturo Soto, decano de la Facultad de Educación. Educación, la prioridad Adriana González, Escuela de Idiomas. Por un país de veras bilingüe Francisco Londoño, decano de la Facultad de Artes. El fortalecimiento de los escenarios para la cultura y el arte nacional Gloria María Castañeda, directora del Instituto de Educación Física. Educación física, deporte y recreación Nora E. Restrepo, decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ciencias exactas y naturales, esenciales para el desarrollo.

David Fernández, Facultad de Ingeniería. Es clave promover una ingeniería socialmente responsable.

Ramón Javier Mesa, decano, y Mauricio López, Facultad de Ciencias Económicas. Elementos para una política económica.

Luis Guillermo Palacio, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Sector agrario, necesidad de grandes transformaciones.

Andrés Álvarez. Medio ambiente. Ideas para superar la catástrofe.

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La Universidad de Antioquia propone Coordinación general Heiner Castañeda Bustamante Director Sistema de Comunicaciones Edición y corrección de contenidos Luis Javier Londoño Balbín Diseño de portada Juan Andrés Álvarez Castaño Diagramación Juan Camilo Vélez Rodríguez

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Universidad de Antioquia Departamento de Información y Prensa Secretaría General Ciudad Universitaria Bloque Administrativo Oficina 16-336 Teléfonos 2195023 y 2195026 http://www.udea.edu.co e-mail: almamater@arhuaco.udea.edu.co Medellín Departamento de Antioquia República de Colombia Abril de 2014