REVISTA DEBATES N° 66

N. 66 • SEPTIEMBRE/DICIEMBRE/2013 • UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ISSN 1657-429X

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Perdonar para arrebatarle la cotidianidad a la guerra. Por Jorge Iván Palacio Palacio

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Se trata de convertir enemigos armados en adversarios políticos

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Se trata de transformar esta sociedad y de sacar la violencia de la política

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Sobre democracia y justicia en las negociaciones de paz. Por Francisco Cortés Rodas

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¿La justicia de coordinación modifica el concepto del derecho?

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El derecho de acceso a la justicia y los MARC: una mirada académica.

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El papel de los estados latinoamericanos en un escenario posneoliberal.

Políticas públicas y capacidades estatales. Por Carlos Andrés Olaya Mesa y Jhony

Por Carlos Gaviria Díaz

Por León Valencia

Por María Cristina Gómez Isaza

Por Ana Milena Monsalve Flórez

Alexander Tamayo Castro

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Dignidad o miseria de la universidad. Por Lucy Carrillo

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El futuro que necesitamos. Danny García Callejas

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El humanismo en perspectiva. Por Eufrasio Guzmán Mesa

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Reconstituyendo lo público en la Universidad. Por Rafael Rubiano Muñoz

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La necesidad de repensar la democracia. Por Iván Darío Arango

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El papel de la educación superior en este contexto. Por Pablo Javier Patiño Grajales

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La investigación, la generación de conocimientos para un sistema de salud más equitativo y eficiente. Por Gloria Inés Sánchez Vásquez

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El arte en la Ciudad Universitaria. Por Carlos Arturo Fernández Uribe

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La política y las políticas públicas: una necesaria relación.

Por Jonathan Alejandro Murcia

Alberto Uribe Correa, Rector • Luquegi Gil Neira, Secretario General Respuesta al anhelo de estudiantes y profesores de disponer de una publicación que sea canal de expresión de las disposiciones y puntos de vista de los universitarios.

Director Sistema de Comunicaciones: Heiner Castañeda Bustamante • Edición y corrección de textos: Luis Javier Londoño Balbín • Ilustración portada: Juan Andrés Álvarez Castaño • Diseño: Juan Camilo Vélez Rodríguez • Impresión y terminación: Imprenta Universidad de Antioquia

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Perdonar para arrebatarle la cotidianidad a la guerra*

Por Jorge Iván Palacio Palacio Presidente de la Corte Constitucional de Colombia

star de nuevo en esta Universidad tiene un especial significado para mí. Es volver a un lugar bien conocido que de varias maneras se entrecruza con mi vida. Este espacio, convertido extrañamente en un espacio de duelo, observó impávidamente cómo un escuadrón armado entró a la sede del Instituto de Estudios Regionales para acabar con la vida del profesor Hernán Henao Delgado. Era un brillante antropólogo, quien mucho antes de que el Estado advirtiera la magnitud del desplazamiento forzado en nuestro país, estudiaba dicho fenómeno en los barrios populares de Medellín1.

Este incansable investigador social, a quien pude conocer en el transcurso de mi carrera, fue violentamente silenciado por la paranoia paramilitar.

De igual manera, rememoro a Héctor Abad Gómez, en medio del dolor por la muerte de su colega y compañero Pedro Luis Valencia Giraldo, al cuestionarse: “¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué podemos hacer para detener esta ola de sangre? ¿Quiénes están detrás de estos numerosísimos crímenes?”2. Sin embargo, con el optimismo propio de quien lucha por la libertad, alentaba a educar a la gente para superar la que llamaba la “epidemia” de la intolerancia. Decía: “Es con esta esperanza como podremos ser capaces de seguir viviendo y luchando”.

Pero la esperanza fue efímera. La violencia se ensaña rápi-

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damente contra aquellos que pretenden frenar su impetuoso ritmo.

El 25 de agosto de 1987 fue asesinado, en la calle Argentina de Medellín, Héctor Abad Gómez. El médico, el salubrista oriundo de Jericó, quien había ayudado a fundar mi universidad, la Autónoma Latinoamericana, se desmoronó en pleno centro de la ciudad. Cayó tres días después de haber escrito las notas de homenaje a su amigo Pedro Luis.

Recuerdo que 1987 fue un año particularmente doloroso para Medellín y para esta Universidad. Pedro Luis Valencia Giraldo, Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda y Luis Fernando Vélez Vélez fueron asesinados. Los cuatro eran reconocidos egresados, profesores, investigadores y activistas de Ia Universidad de Antioquia; pero compartieron también la fría eficacia del sicariato.

En uno de esos macabros vaivenes de la guerra, Leonardo Betancur y Héctor Abad, médicos de profesión, fueron asaltados a las 5:00 de la tarde cuando ingresaban a la Asociación de Institutores de Antioquia —ADIDA— a presentar su pésame a los trabajadores del magisterio por el asesinato de Luis Felipe Vélez, su líder, a quien alguien había matado a las 7:30 de la mañana de ese mismo día3.

Héctor Abad no alcanzó a entrar a la sede sindical, una ráfaga de tiros lo detuvo en el acto. Leonardo intentó huir refugiándose en la cocina de la directiva sindical, pero hasta allí llegaron los sicarios ultimándolo sin contemplación4.

Semanas después, Luis Fernando Vélez, teólogo y antropólogo, quien asumió de forma casi suicida las banderas del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos —grupo conformado por intelectuales de distintas disciplinas a favor de la paz y la defensa de las garantías fundamentales—, tampoco alcanzó a ver el fin de ese horrendo año. El 17 de diciembre su cuerpo fue encontrado en una carretera a las afueras de Medellín.

Para esta época nuestro país se había sumergido en otra de las espirales macabras de la guerra. En la Colombia de los ochenta —nos parecía que con más saña que nunca— se mataba sistemáticamente, en un estrepitoso baño de sangre, carros bomba y fusiles, auspiciados por un ambiente de intolerancia y zozobra.

Resulta, entonces, que nuestro país pasó a incubar un nivel de agresión tal que las muertes violentas equivalen a una enfermedad solo comparable con los más letales virus de la naturaleza. La violencia progresó al punto que los expertos advierten un brote de muertes que supera el, de por sí lamentable, número de asesinatos que se espera en una población durante un tiempo determinado.

La situación no ha cambiado mucho. Tan solo hace unas semanas, un informe de la ONU señaló que Colombia era el país con la tasa más alta de homicidios en Suramérica 5. Con un promedio de 34 muertos por cada 100 mil habitantes, se advierten ya niveles de “epidemia”. Como dijo uno de los médicos inmolados ese agosto de 1987, padecemos una problemática de salud pública que se evidencia en las altas tasas de homicidios y lesiones personales6.

Resulta, entonces, que nuestro país pasó a incubar un nivel de agresión tal que las muertes violentas equivalen a una enfermedad solo comparable con los más letales virus de la naturaleza. La violencia progresó al punto que los expertos advierten un brote de 3

muertes que supera el, de por sí lamentable, número de asesinatos que se espera en una población durante un tiempo determinado.

Es momento de hartarnos definitivamente de la guerra y actuar solidariamente. Para el conflicto bastarán dos personas y unos miles de seguidores, pero para la construcción de la paz el desafío nos convoca a todos.

No considero que haga falta profundizar en los datos de este largo conflicto interno. Ningún colombiano podría, hoy en día, ignorar los millones de desplazados, los miles de desaparecidos y los estragos de las minas antipersona. Nadie debería desconocer la masacre de El Salado, el infernal horror de Machuca y la barbarie de Bojayá.

Tampoco el compromiso con la paz de líderes como Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverry Mejía, así como el valor ciudadano de las tantas Angélicas Bello que por decir “basta ya” se despidieron tempranamente de este mundo.

Luego de 50 años de conflicto armado interno todos hemos percibido, de una u otra forma, sus estragos. Pero tantos estudios, sentencias, reportes e informes se quedan cortos frente al absurdo de la violencia. No es entonces un problema de conocimiento. Quizás sea que nos estamos acostumbrando, en cierta medida, a la guerra.

Y eso es lo que más preocupa. El extranjero es quien mejor percibe nuestro particular y etéreo proceso de duelo como sociedad, que con un partido, un concierto o una fiesta se desvanece y nos permite respirar el mismo aire que minutos atrás albergó los lamentos de algún compatriota.

Es momento de hartarnos definitivamente de la guerra y actuar solidariamente. Para el conflicto bastarán dos personas y unos miles de seguidores, pero para la construcción de la paz el desafío nos convoca a todos.

Esta tarde, y en el marco del momento histórico que atraviesa Colombia, quisiera presentar una idea que considero importante para armar la paz y para renunciar de una vez por todas a la violencia como forma de interacción. Es una reflexión que me queda luego del IX Conversatorio de la Corte Constitucional que tuvo lugar hace dos meses en esta ciudad y que quisiera compartir con ustedes. Se trata del perdón.

Considero que este tema se puede abordar desde varias aproximaciones. Por un lado, el perdón tiene una connotación que tiene que ver con el Estado y la forma en la que este puede “olvidar” los crímenes cometidos. De otra parte, también tiene una dimensión individual, que repercute en la esfera moral de las personas y que puede suscitar reflexiones que van más allá de lo jurídico.

Dado que hoy considero de mayor interés esta última aproximación —la individual— me referiré solo brevemente al perdón del Estado. Sus formas clásicas son la amnistía y el indulto. A través de estas figuras se perdona a quienes han cometido delitos. Como es bien sabido, en la amnistía la absolución está referida al delito en sí —el Estado “olvida” la acción que consideraba criminal—, mientras que en el indulto Io que ocurre es que se renuncia a la imposición de una pena. Uno y otro han sido instrumentos jurídicos de uso

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corriente a lo largo de nuestra historia republicana. Se calcula que desde 1820 hasta la actualidad se han expedido unos 63 indultos y 25 amnistías7. En nuestra Constitución vigente están previstos solo para delitos políticos 8, pero históricamente también han existido para los comunes, y no es raro que en otros ordenamientos jurídicos el Congreso o el Jefe de Estado tengan la potestad de concederlas para dichas faltas.9 Recientemente —ante el auge de la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario— han surgido los esquemas de justicia transicional, que son formas de buscar un perdón sin dejar en la impunidad la violación de tan importantes derechos.

En los términos en los que lo explica el Centro Internacional para la Justicia Transicional10, “la justicia transicional no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado.”

De esta manera, el perdón —o los distintos perdones— conferido por un Estado al aplicar estos modelos se da en la necesidad de ponderar el interés que surge de la terminación de un conflicto y los derechos que tienen las víctimas.

Pasemos ahora a la faceta individual del perdón, que quizá sea más compleja en tanto nos traslada al fuero interno de las personas y se entrecruza, en muchas ocasiones, con conceptos propios de la moralidad y la religiosidad. El juez surafricano Albie Sachs es un buen ejemplo de esta faceta y me permite explicar dos aproximaciones distintas a lo que considero puede ser el perdón individual: uno que denomino el “práctico” y otro que llamo “moral”.

A los 6 años Albie Sachs recibió una carta de su padre, desde uno de los frentes de la segunda guerra mundial, expresando su deseo porque creciera como un soldado de la liberación. A los 17 años, como estudiante de segundo año de derecho, inició su activismo en la Universidad de Cape Town, Suráfrica, en contra de las leyes injustas promovidas por el apartheid. En 1988, estando en el exilio, un carro bomba, instalado por las propias fuerzas de seguridad de su gobierno racista, casi acaba con su vida.

... en la amnistía la absolución está referida al delito en sí —el Estado “olvida” la acción que consideraba criminal—, mientras que en el indulto Io que ocurre es que se renuncia a la imposición de una pena. Uno y otro han sido instrumentos jurídicos de uso corriente a lo largo de nuestra historia republicana. Se calcula que desde 1820 hasta la actualidad se han expedido unos 63 indultos y 25 amnistías.

“De repente todo fue oscuridad y no sabía si estaba vivo o muerto”, recordó el jurista al abrir su discurso en el Hotel Intercontinental de Medellín. El poder de la bomba voló su brazo derecho y le arrebató el ojo izquierdo. En su convalecencia, recibió la carta de un compañero quien le daba consuelo y prometía venganza. ¿Seré vengado?, ¿acaso le cortarán un brazo a mi enemigo y un ojo a su cómplice?, ¿es eso por lo que estamos luchando?, ¿es el país que quiero?, se preguntaba mientras convalecía.

Contrario al impulso natural, Albie renunció al interminable trayecto que ofrecía el tren de la venganza. Si Suráfrica vencía el racismo, si alcanzaba la tan anhelada democracia constitucional e incluso si el sospechoso de su atentado era declarado no culpable por 5

falta de pruebas en un juicio justo bajo el imperio del derecho, esa sería su “suave venganza”, como él mismo la denominó en su libro autobiográfico11.

Este primer encuentro del juez Albie con su victimario ejemplifica lo que he denominado el “perdón práctico”.

No se trata de acoger al responsable como un hermano, ni siquiera como un igual, sino de renunciar a la retaliación violenta en su contra, con el objetivo de hacer viable la vida en comunidad.

Es el distanciamiento de la Ley del talión. Ciertamente, el odio no desaparece pero se encauza por medio de los canales institucionales —en el caso de Suráfrica, la Comisión de la verdad— transformándose en una “suave venganza”.

Albie nos contó que ya siendo magistrado de la Corte Constitucional recibió una inesperada visita a su despacho: era el agente Henry, el mismo que había orquestado el atentado en su contra en Maputo. No se conocían, no peleaban ni por amor, ni por dinero o por posesiones, pero se habían convertido en enemigos. Hablaron por largo rato. Eventualmente Albie interrumpió a Henry para terminar la reunión y le dijo: “normalmente cuando me despido de alguien le doy la mano pero hoy no puedo hacerlo. Ve a la Comisión de la Verdad, diles lo que sabes y ¿quién sabe? Algún día nos encontremos”.

Este primer encuentro del juez Albie con su victimario ejemplifica lo que he denominado el “perdón práctico”. No se trata de acoger al responsable como un hermano, ni siquiera como un igual, sino de renunciar a la retaliación violenta en su contra, con el objetivo de hacer viable la vida en comunidad. Es el distanciamiento de la Ley del talión. Ciertamente, el odio no desaparece pero se encauza por medio de los canales institucionales —en el caso de Suráfrica, la Comisión de la verdad— transformándose en una “suave venganza”.

Es una forma de venganza que supera su componente violento y acepta las reglas básicas que exige el Estado de derecho para coexistir como sociedad. Equivale a un perdón práctico que se satisface con el juzgamiento legal del responsable y el observar la vigencia de un orden en paz en el que no se repitan los abusos del pasado.

Tiempo después, Henry y Albie volvieron a encontrarse. En medio de una fiesta, el primero identificó al segundo y fue a contarle emocionado que había asistido a la Comisión de la Verdad, que había relatado todo lo que sabía y que había conocido a otras víctimas. “Henry, solo necesito ver tu cara para entender que me estás diciendo la verdad”, le contestó Albie y luego le dio la mano. Ese corto encuentro resultó determinante. Se reencontraron el uno con el otro como humanos. No se trataba ya del enemigo ni del objetivo militar. Albie es una persona, Henry es otra persona. Es más que un simple perdón formal o judicial.

En su conferencia, Albie invoca el poder de la espiritualidad del “Ubuntu” africano para estos momentos en los que toda racionalidad y esperanza se extravían en el sin sentido de la guerra.

Ubuntu implica reencontrar al enemigo como ser humano, entender que una persona solo es persona gracias a los demás y reconocer la unidad que necesariamente nos interconecta en la dignidad.

Quizás entonces el término venganza, así sea suave incluso, pierda sentido.

Esta es una segunda y más profunda acepción del perdón. Para el padre Francisco de Roux, compañero incansable de los sin voz,

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perdonar es “una decisión personal de quien ha sido vulnerado, de renunciar a someter al victimario a actos violentos que le causen un sufrimiento igual o semejante al que él sometió a la víctima; una decisión personal de la víctima, de tornar la iniciativa y el riesgo de abrirse al victimario para acogerlo con el equipaje de confusión y de peligro que carga”12.

Esta forma de perdón moral es entonces el acto heroico y desinteresado de quien, contra el impulso del odio y la revancha, es capaz de no devolver la afrenta. Es la fuerza individual que logra frenar el círculo vicioso de la violencia, para permitir que al menos uno se baje de su vertiginoso andar. No significa optar por la impunidad o por el olvido, ni mucho menos darle la razón al agresor. La decisión libre de perdonar, recalca el padre de Roux, “se coloca a otro nivel, mucho más profundo, mucho más personal, mucho más espiritual”.13 Esta condición es necesaria para la paz, pero ninguna ley puede obligar a alguien a perdonar a otro. Es un ejercicio personal que además reivindica a la sociedad en su conjunto. Así como la guerra nos sitúa al límite de la condición humana, el perdón abre espacios sublimes con tal fuerza que transforma la venganza contra el victimario por sentimientos de comprensión y reconocimiento del otro, en tanto ser humano.

Luis Fernando Vélez, última víctima de ese nefasto año de 1987, expuso una reflexión similar durante la reinstauración del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, así: “Quienes acepten nuestro hermoso llamamiento deben estar dispuestos a aceptar que ese único enemigo también tiene derechos que no pueden ser atropellados, pues emergen de su dignidad como persona humana, así la atrocidad de sus comportamientos parecieron denotar el afán enriquecido por renunciar a esta elevada dignidad”.14 Lamentablemente, 6 días después de pronunciar estas palabras, las balas del sicario tuvieron la eficacia que el carro bomba no tuvo con Albie.

Esta condición es necesaria para la paz, pero ninguna ley puede obligar a alguien a perdonar a otro. Es un ejercicio personal que además reivindica a la sociedad en su conjunto. Así como la guerra nos sitúa al límite de la condición humana, el perdón abre espacios sublimes con tal fuerza que transforma la venganza contra el victimario por sentimientos de comprensión y reconocimiento del otro, en tanto ser humano.

Para terminar esta intervención quisiera citar al dramaturgo alemán Bertolt Brecht con un mensaje muy apropiado para estos convulsionados momentos. Dice: “no aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar”.

Nos hemos acostumbrado, en medio de una tormenta incansable de balas y sangre, a aceptar la desesperanza que nos ofrece la guerra. Pero estamos ante un momento tan decisivo como incierto. No debemos caer en la impaciencia por los tiempos de la negociación.

La Escuela de Cultura de Paz de Barcelona, en un reciente informe, constató que un ciclo de negociaciones normalmente dura varios años, y que es muy infrecuente que duren menos de dos. En Irlanda del Norte, por ejemplo, transcurrieron 96 meses para llegar a 7

un acuerdo y el emblemático proceso iniciado en Sudáfrica en 1988 se extendió hasta 1994.

En Colombia el conflicto nos ha situado al borde de nuestra humanidad, en el abismo donde todo vale y las explicaciones racionales pierden sentido. Arrebatarle la cotidianidad a la guerra es entonces la meta. Atrevernos al perdón, una de las herramientas. Este es el momento como colombianos para darnos la oportunidad de pensar en la paz, de imaginar una patria que no amanezca con el estruendo de una bomba y se vaya a dormir en la zozobra de los miles de desaparecidos y secuestrados que no volvieron a casa.

Ahora, es nuestro momento de ser entusiastas. Es indispensable comenzar por renunciar a

*Conferencia pronunciada en la Universidad de Antioquia el 22 de noviembre de 2013.

Notas 1. Consultado el 20 de noviembre en http://www. verdadabiertacom/victimasseccion/perfiles/1849-hernan-henao -antrogologo asesinado 2. Nota publicada por el periódico EI Mundo, el 22 de agosto de 1987. Homenaje a Pedro Luis Valencia, de parte de Héctor Abad Gómez.

3. Luis Felipe Vélez, de 33 años, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADlDA, y dirigente dela CUT. Acribillado a las

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7:30 de la mañana cuando entraba a las oficinas del sindicato.

4. Consultado en el Centro de Memoria Histórica el 10 de noviembre de 2013 en http://centromemoria.gov. co/un-25-de-agosto-medelIin-sufrio-la-peor-andanada-paramilitar-contra-lainteligencia/ 5. En un estudio desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el que estudia un periodo de seis años (de 2004 a 2010). Ver “Colombia, el país con la tasa más alta de homicidios en Suramérica”, El Espectador. 12 de noviembre de 2013.

6. 7 Leonardo Betancur Taborda en la exposición realizada por la Univer-

la violencia como forma de venganza. Quizás el procesamiento de los responsables de atrocidades baste para desagraviar a las víctimas. Pero podemos aspirar que por medio del perdón logremos, algún día, reencontrarnos con el otro, ya no como el enemigo, sino como el ser humano capaz de mirarnos a los ojos. Como le ocurrió a Albie Sachs.

Hay que creer que es posible otro país. Uno, con seguridad no perfecto, pero en el que reconozcamos que solo somos porque el otro es, uno capaz de perdonarse a sí mismo, uno en el que la investigación social no sea una profesión de alto riesgo, uno en el que médicos como Héctor, Pedro Luis y Leonardo no tengan que morir por ejercer seriamente su disciplina.

sidad de Antioquia, “Y la muerte no tendrá señorío”: http://www.udea.edu.co/ portal/page/portal/portal/K. publicacionesMedios/I. c a t e d r a s / B. c a t e d r a H e c torAbadGomez?_piref491_57284977_ 491_56174650_56174650. tabstring=YLaMuerteNoTen draSenorio 7. Mario Aguilera; Amnistías e indultos, siglos XIX y XX; En: http://www. banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credenciaI/ mayo2001/137amnistias.htm

que el Presidente: “tendrá el poder de conceder indultos y perdones en los casos de ofensas contra los Estados Unidos, excepto en los casos de personas condenadas en un juicio político.”

10. International Center for Transitional Justice 11. Ver “The soft vengeance of a freedom fighter”, libro autobiográfico de Albie Sachs.

8. Núm. 17 del artículo 150 dela Carta.

12. Francisco de Roux, SJ. Ponencia presentada en el IX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional. Septiembre 18 de 2013.

9. En los Estados Unidos, el poder de perdonar está en manos del Presidente según indica la Constitución en el Art. II, Sec. 2, que establece

14. Exposición realizada por la Universidad de Antioquia, “Y la muerte no tendrá señorío”. Ibid.

13. Ibid.

Ilustración Juan Andrés Álvarez Castaño

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Se trata de convertir enemigos armados en adversarios políticos*

Por Carlos Gaviria Díaz

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n el libro reciente La idea de la justicia, Amartya Sen habla de lo que él llama las utopías parciales, en contraste con las utopías comprensivas o totales. Una utopía comprensiva o total era la utopía marxista del advenimiento de una sociedad sin clases, donde iban a desaparecer los conflictos puesto que desaparecería la explotación del hombre por el hombre, y entonces no iban a ser necesarios el derecho o el Estado. A mi juicio esas utopías son dañinas porque se llama a la gente a hacer esfuerzos inútiles en función de un estado de cosas inalcanzable. Yo descreo completamente que pueda llegarse al paraíso sobre la tierra y por tanto que no es ni siquiera honesto poner a las personas a sacrificarse por algo inalcanzable. Se sacrificaron generaciones en dictaduras de la Europa Oriental pensando que se iba a obtener un estado de cosas como ese. Pero no se puede descartar las utopías parciales.

La utopía es un estado de cosas que aún no se tiene. Tópos en griego significa lugar, utópos que no tiene lugar. Utopía es lo que no tiene lugar pero puede tener lugar. ¿En qué consisten las utopías parciales?

Consisten en hacer una especie de escrutinio riguroso de cuáles son las carencias mayores de la sociedad, de cuáles son sus lacras, sus vergüenzas y preguntarse si son superables. A mí me parece que eso fue lo que hizo el constituyente de 1991. Hizo un escrutinio de cómo era la sociedad en la que habíamos vivido y cómo debía ser. Yo creo que una constitución que establezca, como lo establece la Constitución colombiana de 1991, que la paz es un derecho y un deber de obligatorio

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cumplimiento es una constitución insólita. Esa disposición no existe en ninguna otra constitución del mundo, pero estaba justificada la incorporación a nuestra carta de esa norma. Yo incluso participé de ese momento como profesor en la Universidad de Antioquia en algunas mesas de trabajo, analizando o leyendo propuestas que enviaban los más diversos sectores de la sociedad civil, diciendo lo que a su juicio debía contener la Constitución de 1991, y era emocionante leer las propuestas que hacía la gente, cómo iban consignando sus motivos de infelicidad, de desdicha, de inconformidad, y naturalmente con mucho candor se pensaba que todo eso se podía incorporar a la Constitución, y yo creo que de algún modo se incorporó.

Lo que quiero es enfatizar en que no es normal

hubiera hecho el siguiente ejercicio: estamos viviendo en una sociedad invivible, prácticamente en el estado de naturaleza del que hablaba Hobbes, pero a diferencia de la propuesta hobbesiana fuertemente autoritaria, el constituyente de 1991 hizo una propuesta rousseauniana, en el sentido de que en Colombia los males que vivíamos se podían remediar con más libertades, más derechos y más democracia, a contramano de lo que aquí siempre ha pasado.

Cuando se vive una situación dramática, de desespero como la que infortunadamente vivimos con frecuencia, hay muchas voces dentro de la sociedad que dicen: aquí lo que hace falta es un gobernante que se amarre los calzones, un gobernante de mano dura; si es dictador no importa y si es militar tampoco. Y el constituyente desoyó esas voces y dijo que en Colombia no ha habido democracia.

La Constitución de 1986 nuestra era conservadora, y no solo conservadora en el sentido peyorativo del término, autoritaria, regresiva, retardataria, sino, en un sentido eminentemente descriptivo, era una constitución que consideraba que el estado de cosas que había era digno de ser conservado, y a ello apuntaban las disposiciones que la conformaban.

que en Colombia sectores tan heterogéneos y diversos de la sociedad coincidieran en ese momento en pedir un cambio de constitución o una reforma de la Constitución. Y uno se preguntaba: ¿de dónde esa convergencia? ¿Por qué la gente resultó tan interesada en un cambio constitucional? En todas esas propuestas había un factor común, un punto de convergencia, la necesidad de un bien deseable, muy necesario y muy apreciable del que carecemos hace mucho tiempo, la paz.

Hemos pensado que vivimos en una sociedad democrática, ensayamos unas formas más democráticas a ver si de esa manera logramos ese bien tan deseable y tan apetecible que es la paz. De allí que la Constitución de 1991, que hace parte de un fenómeno importantísimo que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano, estableciera una tabla de derechos absolutamente desconocida entre nosotros, los llamados derechos y libertades de primera generación incrementados de una manera grande, y la incorporación de derechos completamente desconocidos por nuestra tradición constitucional, como los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos por ejemplo de los indígenas sobre su territorio, derechos nuevos para nosotros, señalado todo eso como un camino hacia la paz.

De manera que la Constitución colombiana es una constitución por la paz, utópica al modo de las utopías parciales de las que nos habla Amartya Sen, como si el constituyente del 91, obrando a contramano de lo que ocurre en Colombia,

Yo pienso que la Constitución de 1991 hay que leerla de esa manera, en clave de paz. Voy a referirme brevemente al nuevo constitucionalismo latinoamericano porque dentro de él queda enmarcada nuestra Constitución. ¿Qué es lo que 11

signa a este fenómeno? Es fundamentalmente que las constituciones nuevas, las expedidas en Latinoamérica en la década de los 80 hacia acá, en Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, tienen un sello común, y es que son todas constituciones utópicas: que se contraponen a las constituciones conservadoras de antes. La Constitución de 1986 nuestra era conservadora, y no solo conservadora en el sentido peyorativo del término, autoritaria, regresiva, retardataria, sino, en un sentido eminentemente descriptivo, era una constitución que consideraba que el estado de cosas que había era digno de ser conservado, y a ello apuntaban las disposiciones que la conformaban.

40 años de estado de sitio se asombraron: ¿pero el estado de sitio no es un estado de excepción? Sí, es un estado de excepción. ¿Y cómo es posible que un país viva 40 años en un estado de excepción? Era un estado de recortes significativos de las libertades civiles, de los derechos ciudadanos, y ni siquiera se percibía porque era completamente normal.

La Constitución de 1991 es extensa, muy poco ortodoxa de acuerdo con los cánones, farragosa, a menudo mal escrita, mal redactada, a veces hasta contradictoria, pero, sorprendentemente, esa Constitución la conoce muchísimo más la ciudanía. (…)

Yo siempre he puesto de presente esta circunstanHay una institución, un instrumento, en nuestra cia que parece paradójica: la Constitución colombiaConstitución de 1991, que es quizá el más popular na de 1886 era breve, bien escrita, coherente, conservadora, pero no la conoció nadie. La conocían los profesores de deY pienso que las seudodemocracias hacen un grave mal, recho constitucional o los porque convencen a la gente de que vive en un Estado dealumnos que cursábamos mocrático cuando no es cierto. A veces hago una afirmaesa materia, y después se echaba al olvido. Y estación que puede parecer temeraria y es que prefiero una ba bien que se echara al dictadura a una seudodemocracia, porque la dictadura se olvido porque no tenía revela como es, y es inocultable. ninguna vigencia. No incidía para nada en la vida nacional. Había un artículo en esa Constitución que sí tenía vigencia plena, indeseable, el artículo 121, el que autorizaba al presidente para que si consideraba que había factores perturbadores y el que más le ha llegado a la mente y al corazón del orden decretara el estado de sitio, una expresión de la gente, y es la tutela. ¿Por qué? Porque la tutela de guerra, en todo el territorio nacional o en parte de es una forma eficaz de administrar justicia. La perél, y de esa manera el presidente quedaba investido sona que tiene conocimiento de que sus derechos de facultades legislativas, las ejecutivas se incremenfundamentales han sido violados o desconocidos, o taban, y judiciales, porque había una confusión de que están en peligro puede acudir a una autoridad poderes entonces, el gobierno legislaba, administraba judicial para que remueva esa situación de infeliciy administraba justicia. A los civiles se les juzgaba en dad, y comprobada esa situación el juez procede a tribunales militares, en consejos de guerra de ingrata removerla. Es una institución bastante eficaz. Y enrecordación. Ese artículo tenía una vigencia permatonces la gente promueve con muchísima frecuennente, el único; la gente ni se interesaba por saber lo cia la tutela, con una consecuencia que pudiéraque el resto de la Constitución decía. mos llamar secundaria, pero de una importancia extraordinaria, y es de qué manera contribuye la En 1979 fui invitado por el Tribunal Russell II de tutela a crear ciudadanía. ¿Por qué? Porque si yo sé Roma a rendir un informe sobre la justicia penal mique mis derechos están protegidos y que yo puedo litar en Colombia y cuando yo dije que llevábamos 12

hacerlos valer ante alguien entonces me preocupo por conocer cuáles son esos derechos, de lo contrario ¿para qué los conozco si sé que son letra muerta, que están allí pero no trascienden a la realidad?

Varias veces se han hecho intentos —ahora hay en el Congreso otro perverso— para quitarle fuerza a la tutela, y cuando la gente se entera ha habido movimientos populares que evitan que la tutela se reforme. Recuerdo que yo era presidente de la Corte Constitucional en 1996 cuando el presidente Samper me pidió que le diera unas ideas para reformar la tutela, y yo le dije: no le doy sino una y es que no la toque. Ese es un instrumento que le ha llegado a la gente porque es una manera de administrar justicia rápida y expedita. Y cuando se dice que se ha desbordado el ejercicio de la tutela uno puede preguntarse: ¿y cómo no va a estar desbordado el ejercicio de un instrumento que se ha diseñado para proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos, en una sociedad que tiene la vergonzosa decisión de ser permanente violadora de los derechos humanos? (…)

Con todo eso digo que hay razones que explican por qué una Constitución tan extensa, tan farragosa, a veces difícil de leer, le ha llegado a la gente, porque la gente sabe que hay instrumentos como la tutela, las acciones de cumplimiento, las acciones populares, las acciones de grupo, que permiten la defensa real de los derechos de la ciudadanía.

Y les decía que esta Constitución hace parte de ese grupo de constituciones que se expidió desde los 80 del siglo anterior para acá en Latinoamérica, y que todas tienen un sello, ser constituciones utópicas, en el sentido de que parten de la base de que en la sociedad hay muchas cosas que superar, hay muchas injusticias que deben desaparecer, hay muchas inequidades que se deben erradicar, en contraste con las constituciones anteriores conservadoras, llamadas a mantener el statu quo.

Pues bien, esta Constitución tiene además una razón adicional a la que tuvieron los demás estados que ahora les nombraba para expedir sus constituciones, y es que ninguno de ellos vivía el conflicto que ha vivido Colombia durante 50 años, una violencia con distintos orígenes, generada por distintos factores. Aquí ha hecho carrera una escuela sociológica que dice que el conflicto

armado en Colombia nada tiene que ver con el estado de cosas de injusticia, de inequidad, de exclusión que se ha vivido. A mí me parece temeraria esa afirmación. He escuchado razones para defenderla, que yo no las comparto, pero me niego a pensar que ese conflicto armado carezca de explicaciones, de causas y de factores generadores de orden sociológico que lo explique.

Creo que la Constitución del 91 hizo un ejercicio contrario al señalar situaciones por superar, factores indeseables que actuaban en la sociedad colombiana.

Pero ¿la Constitución de 1991 sí ha incidido tanto en la realidad colombiana? La respuesta tendría que ser que no todas las cosas han cambiado, pero que algo ha cambiado. Consigno como un factor positivo la creación de ciudadanía, la generación de conciencia ciudadana y de conciencia de sujetos de derecho.

Yo he pensado que decir que en Colombia hay una democracia es una mentira piadosa, o tal vez no tan piadosa. Me han fustigado muchas veces porque yo digo que no es una sociedad democrática. Esta es apenas una seudodemocracia. Lo que teóricamente se puede describir como democracia es una sociedad muy amable de la que nosotros carecemos.

Y pienso que las seudodemocracias hacen un grave mal, porque convencen a la gente de que vive en un Estado democrático cuando no es cierto. A veces hago una afirmación que puede parecer temeraria y es que prefiero una dictadura a una seudodemocracia, porque la dictadura se revela como es, y es inocultable. Si yo llegaba al Chile de Pinochet y me advertían: no puede hablar mal del gobierno porque lo fusilan, yo sabía que no podía hablar mal; pero en una sociedad como la nuestra le dicen a las personas: usted puede disentir, usted puede constituir un grupo minoritario, discrepante, disidente y nada le ocurre, y eso no es cierto. Y quien es objeto de engaño es el ciudadano común que cree la mentira de que vive en una sociedad democrática.

La Constitución de 1991 ha tendido a superar ese tipo de cosas. Hizo, como les decía, un escrutinio de los males más grandes que nos aquejan y quiso superarlos. ¿Cuáles? En contraste con la Constitución de 1986 que quiso construir la nacionalidad sobre la base de las semejanzas, y más que las 13

semejanzas, la identidad de todos los colombianos —que todos seamos católicos, que todos hablemos español, ojalá que todos seamos blancos, aun cuando nadie se atrevía a hacer esa afirmación—, esta Constitución ha hecho el ejercicio contrario: vamos a construir la unidad nacional con base en el reconocimiento de las no semejanzas y, por tanto, los indígenas hacen parte de nuestra nacionalidad. Los indígenas no hacían parte de nuestra nacionalidad, eran ciudadanos de segunda. A mí me tocó redactar la ponencia de una decisión de la Corte Constitucional que declaró una inconstitucionalidad sobreviniente a una ley de 1989 que decía esto: los salvajes que vayan reduciéndose a la civilización serán educados en el dogma y la religión católica.

Los salvajes que vayan reduciéndose a la civilización son los indígenas, o sea que como esta Constitución es tributaria de la cultura occidental, la del 86, y la cultura occidental no se ha firmado como una cultura más, sino como la cultura por excelencia, la única cultura; entonces, lo deseable es que todos fuéramos tributarios de la cultura occidental, que los indígenas abandonaran sus lenguas y cosmovisiones, y se occidentalizaran. La Constitución de 1991, en cambio, llama a mantener vivas esas culturas que enriquecen la realidad nacional.

El artículo 70 de nuestra Constitución, que establece el derecho a la cultura, dice también que las culturas que conviven en el país deben ser tratadas en un plano de igualdad, de allí que los indígenas hayan cobrado conciencia como comunidad portadora de una cultura, con su propia lengua, con sus cosmovisiones, lo que ha dado lugar entonces a movimientos que reivindican los derechos de los indígenas.

Por cierto, yo los cito como ejemplo de lo que debe ser el ejercicio de un derecho fundamental en una democracia como es el derecho a la protesta.

Aquí se protesta con mala conciencia, con un cierto sentimiento de culpa. La protesta no es mala, es necesario protestar, lo malo de la protesta es que se le mezclen ingredientes que la hacen no solo indeseable sino ineficaz. Y les digo esto a propósito de los indígenas, porque yo pongo de presente sus marchas como un ejemplo de lo que debería ser la protesta social. ¿Cómo marchan? Inermes, solo con un símbolo de autoridad de los gobernadores indígenas como son los bastones, y ¿qué eficacia han tenido las marchas de los indígenas? Yo creo que han tenido muchísima.

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Esta Constitución abrió espacios para que muchos grupos minoritarios que tenían derechos que reclamar desde hace mucho tiempo lo hicieran, como la comunidad LGBTI. No podemos seguir viviendo en una sociedad llena de prejuicios que discriminan a la gente con base en creencias insostenibles, en dogmas. Ahí tienen ustedes una muestra de lo que ahora les decía, que vivimos en una sociedad democrática donde a nadie se le discrimina y cualquier persona puede revelarse como es y nada le va a ocurrir.

Que una persona aún en este ambiente que creó la Constitución de 1991 se declare homosexual y que tengamos el candor de pensar que la van a tratar en un plano de igualdad con la persona que se declara heterosexual, ese todavía es un factor de discriminación tremendo que la Constitución de 1991 trató de erradicar, o trató de dar los instrumentos para que se erradicara ese factor inaceptable de discriminación.

Fíjense, incluso las mujeres, los movimientos feministas que también son anteriores a la Constitución de 1991, han cobrado vigor durante esta Constitución, porque las mujeres siguen siendo un grupo maltratado, paradójicamente minoritario cuando son mayoría en el país. Yo fui ponente de la ley de cuotas, porque es preocupante que en Colombia haya tantos hombres como mujeres en cualquier sector de la actividad pública, o en cualquier área del conocimiento en la universidad, en maestrías y doctorados, y sin embargo haya mujeres con tan escasa representación en las responsabilidades públicas. Conciencia machista, que la Constitución también ha abierto la posibilidad de erradicar. Son acciones positivas de discriminación, con el objeto de que un grupo olvidado, un grupo que no ha alcanzado lo que debía lo alcance.

Las acciones positivas o afirmativas pueden ser de llegada o de salida. De salida fueron las que libraron las mujeres cuando no tenían acceso a la universidad. Aquí mismo en Antioquia hubo un movimiento en el que para entrar a la universidad tuvieron que hacer una revuelta contra el secretario de Educación en su momento que se negaba a que las mujeres fueran admitidas en la universidad. ¿Qué les estoy trazando? Les estoy trazando un cuadro bastante incompleto, mostrándoles algunos hitos de la Constitución de 1991 y en qué sentido ha querido la Constitución de 1991 que el país se transforme en vista de un propósito y ese propósito es el que está expresado en el artículo 22, la paz.

La paz únicamente se logra cuando no haya en el país la discriminación que todavía persiste, la discriminación absolutamente aborrecible de muchos sectores que han vivido en ella desde hace muchos años. La Constitución ha tenido mala suerte porque ningún gobierno, lo digo sin ambages, después de la expedición se ha comprometido con su vigencia.

to terapéutico a una persona, y el tratamiento era costoso entonces se le decía a la Corte que incidía en el gasto cuando no le corresponde, y decía la Corte, es que si a esta persona no se le hace el tratamiento requerido va a morir, y por tanto vinculó el derecho a la salud con el derecho a la vida, indiscutiblemente un derecho fundamental.

La Constitución de 1991 todavía rige en lo que rige, por una parte, porque la ciudadanía la ha defendido, y por otra parte por los jueces. Eso ha sido un motivo, de escándalo, lo que llaman el activismo judicial: los jueces haciendo lo que debían hacer los legisladores. Y eso es un fenómeno de ese hecho que les cité ahora, el nuevo constitucionalismo

Y entonces de esa manera se fue creando la conciencia de la salud como derecho fundamental, y ahora en la ley estatutaria que se aprobó en el Congreso, que creo que está a consideración de la Corte, ya se considera la salud como derecho fundamental. No hemos logrado que se acabe la cara con que nació la ley de la salud. Para mí la primera gran transgresión de la Constitución de 1991 fue la ley 100 de 1993, que le entrega a las empresas privadas Y todo el mundo sabe, eso si no es un descubrimiento de con ánimo de lucro la nadie, yo estoy repitiendo un lugar común, que el mermaterialización del decado no es redistributivo. Es posible que contribuya al recho a la salud. Yo no estoy en contra de que crecimiento del PIB, pero no redistribuye. Y en Colomlas empresas tengan bia la gran vergüenza sigue siendo la desigualdad. Es ánimo de lucro, pero lamentable que tengamos tanta pobreza todavía, tanta que se posponga el ejercicio del derecho a gente viviendo en la pobreza absoluta, es decir, en la la salud por el lucro de miseria, eso es vergonzoso. unas empresas, eso es completamente inaceptable. Y todavía estamos en esa lucha y no se ha logrado ganar, pero ya la gente tiene conciencia de esto, antes no se latinoamericano. El activismo judicial deriva de una daban los movimientos que hoy se dan en contra circunstancia: aquí se dicta una norma constituciode las EPS, en contra de la privatización de la salud nal para que la desarrolle el legislador y el legislador porque, hay que decirlo, la Constitución de 1991 jamás la desarrolla. Pero como estas constituciones tiene desde luego varias fallas y una de ellas, a mi son de otro corte, son constituciones normativas, juicio la más protuberante, es la que admite o deja lo que significa que no solo son de principios, sino espacio para que el modelo económico que en que están constituidas por normas que claman su Colombia rige, sea el de la economía de mercado aplicación, y los jueces pueden aplicarlas directadesbordada que es lo que llaman neoliberalismo. mente. Entonces a eso lo llaman activismo judicial.

Y todo el mundo sabe, eso si no es un descuLes pongo un ejemplo de activismo judicial. brimiento de nadie, yo estoy repitiendo un lugar En la Constitución de 1991 no aparece expresacomún, que el mercado no es redistributivo. Es pomente establecido como derecho fundamental el sible que contribuya al crecimiento del PIB, pero no derecho a la salud, y vía jurisprudencial empezó redistribuye. Y en Colombia la gran vergüenza sigue a manifestarse con una razón irrefutable. Cuando siendo la desigualdad. Es lamentable que tengamos ordenaba un tratamiento clínico o un tratamientanta pobreza todavía, tanta gente viviendo en la 15

pobreza absoluta, es decir, en la miseria, eso es vergonzoso. Pero si todos compartiéramos esa misma situación, fuéramos pobres, la situación seria más conllevable. Pero lo que es irritante es que mientras algunos viven sin donde guarecerse, sin un alimento que tomar en el día, mendingando, o viviendo de actividades ilícitas, hay personas en nuestras sociedad que compiten con los magnates del primer mundo, que tienen apartamentos en las ciudades capitales del primer mundo, Londres, París, Nueva York, etc., y una miseria como la que hay aquí, en la que vive mucha gente, eso es irritante. Y por tanto, una Constitución que quiera la paz tiene que apuntar hacia la eliminación de esa desigualdad.

Ahora hemos vuelto al centralismo cuando la Constitución quería una descentralización mayor, una autonomía de las entidades territoriales. En algún gobierno anterior la quisieron convertir en una Constitución completamente antigarantista cuando la Constitución es garantista; no le ha gustado a los gobiernos para nada esto. Pero les digo, paradójicamente yo he conversado con amigos que fueron militantes del M-19 y me han aceptado lo siguiente: yo leía los manifiestos del M-19, movimiento anterior a la Constitución de 1991, y les decía: señores lo que quieren por la vía de las armas es que la Constitución de 1886 tenga vigencia. Hacia eso apuntaban, y ahora cuando veo la manera como se desarrollan los diálogos de La Habana yo me atrevería a decir que las FARC ahora lo que piden es

Y algo ha hecho la Constitución, es decir, sentó un principio en el artículo 13, en el inciso segundo, que no se limita a repetir lo que repetían todas nuestras constituciones, el artículo primero de la Declaración Esta es una sociedad que tiene una vocación unanimista de los derechos del y ortodoxa y cuando una persona se aparta de ese pensahombre y el ciudadano miento unánime y de la expresión mayoritaria, entonces de 1789: los hombres a esa persona la satanizan, la estigmatizan, la tratan de nacen libres e iguales ante la ley. Eso es pura hereje; cuando no hay nada tan enriquecedor en una soliteratura. En el inciso ciedad como escuchar los puntos de vista del otro. segundo del artículo 13 se dice que el gobierno o el Estado colombiano debe diseñar sus políticas públicas tendiendo a que la igualdad sea una igualdad real, que apunte al cambio de la infraestructura económica con el objeto de que las que la Constitución del 91 rija. O sea que en Copersonas tengan la posibilidad de afirmarse como lombia hay que hacer una revolución para que la ciudadanas iguales.

Constitución tenga vigencia, lo que parece absurdo.

Es decir, esta Constitución es notablemente mejor que la constitución que teníamos, pero ha encontrado dificultades para materializarse.

En primer lugar porque los gobiernos no se han comprometido con ella, más bien les disgusta que esa Constitución rija. Por ejemplo, como tienen más controles, y a los gobernantes no le gustan los controles, entonces han tratado de acabar esos controles. Todo intento de reforma o toda reforma que se le ha hecho a la Constitución le ha fracturado una vértebra esencial.

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Fíjense ustedes la tradición perversa que nosotros tenemos, de que a la gente únicamente la oyen y le reconocen sus derechos cuando apelan a las vías de hecho. Que después del primer punto que se acordó en La Habana sobre política agraria, el propio presidente de la República diga: es que tienen toda la razón, la injusticia, la inequidad del campo es insoportable. Pero ¿lo tienen que pedir las FARC para que se den cuenta? Claro que lo sabían pero si lo piden las FARC entonces vamos a corregir los males de la política agraria.

Falta representación no únicamente en los aspectos económicos. Esta Constitución se ha quedado corta, porque no se ha logrado remover un factor importante: es una Constitución pluralista y por tanto aspira a que la unidad nacional se construya no sobre la base de las igualdades, que pensemos igual, que tengamos idéntica lengua, etc., sino de las diferencias, lo que es completamente enriquecedor.

Pero no nos acostumbramos a las discrepancias.

Esta es una sociedad que tiene una vocación unanimista y ortodoxa y cuando una persona se aparta de ese pensamiento unánime y de la expresión mayoritaria, entonces a esa persona la satanizan, la estigmatizan, la tratan de hereje; cuando no hay nada tan enriquecedor en una sociedad como escuchar los puntos de vista del otro.

Todavía hay una conciencia que me atrevo a llamar fachista, porque al discrepante se le trata como enemigo, no como un discrepante que tiene argumentos para sostener su punto de vista, y al que yo debo ponerle argumentos míos, sino como una persona indeseable.

Les he hecho una exposición superficial mostrándoles hechos que considero significativos de la nueva Constitución porque como el tema que me propusieron fue la sociedad del posconflicto, yo digo que no nos es muy difícil encontrar cuáles son los moldes de la sociedad del posconflicto: están en la Constitución. Y ustedes me dirán

¿la Constitución es la panacea? No. Si acatamos la Constitución y especialmente se comprometen con ella los que en primer lugar tienen obligación a ponerle vigencia, la vida en Colombia será una vida diferente sin duda alguna.

Justamente les cité el ejemplo del M-19 y la Constitución del 86 y las FARC y la Constitución del 91, para que se den cuenta de esto: son cosas elementales las que tenemos que hacer para vivir mejor, en paz. Que en las conversaciones de La Habana se hable ya de reformas propuestas por las FARC y el deseo de los guerrilleros de incorporarse a la sociedad civil, pero eso sí, sin que se haya hecho previamente una campaña pedagógica que haga a la sociedad civil receptora de los guerrilleros reinsertados.

La gente se rasga las vestiduras: ¿y entonces nos vamos a tener que aguantar los discursos de Timochenko en el Senado o en la Cámara? Sí, de eso se trata, de que lleguen a la Cámara, al Senado, que sean ministros. Y es mejor tenerlos allá que en el monte echando bala; de eso se trata, ese es un acuerdo de paz. Y ese acuerdo de paz está diseñado en la Constitución del 91. No es que yo me haya vuelto conservador y defienda a toda costa la Constitución de 91, pero sí digo, si se hubieran cumplido los propósitos del constituyente del 91 a cabalidad, ni siquiera tendríamos la necesidad de estar en los acuerdos de paz de La Habana.

Muchas Gracias

* Apartes de la intervención del expresidente de la Corte Constitucional de Colombia Carlos Gaviria Díaz en torno a las reformas al Estado y la participación política, en el seminario internacional ¿Cómo se construye la paz luego de la firma de un acuerdo?, promovido por la Universidad de Antioquia y la Cátedra Unesco para la resolución de conflictos en noviembre de 2013 en Medellín.

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Se trata de transformar esta sociedad y de sacar la violencia de la política

Por León Valencia*

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reo que en el país hay consenso en que vivimos un momento especial.

Por un lado hay unas demandas de reformas y de cambios en la sociedad; por el otro, un proceso de paz en curso. Y esa confluencia de factores puede llevar a un cambio importante, a un quiebre histórico. Eso es un albur, una posibilidad; depende de cómo se entrelacen esos dos factores.

Colombia está un poco en contravía de toda la región suramericana, donde ha habido un cambio impresionante de élites en los últimos 25 años.

Las élites políticas que surgieron a principios del siglo XX y condujeron a los países de América del Sur, e incluso 18

podríamos decir que a toda América Latina, fueron sustituidas por otras. Tendremos valoraciones distintas sobre las élites que están gobernando ahora esta región pero de lo que sí hay certeza es que son distintas a las que gobernaron a principios del siglo XX y hasta bien avanzado el XXI. Aquellas tenían dos características: conformaron partidos políticos y crearon grandes periódicos que iluminaron el avatar político del siglo. Y vean la realidad de los últimos 25 años: en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia en Perú, en Chile, en Brasil, estas élites fueron barridas, o por fenómenos de caudillismo o por sustitución de nuevos partidos.

En Colombia no. Aquí la élite política que surgió a finales del siglo XIX tenía las mismas

características del resto del continente y condujo el país los siguientes cien años. Primero la hegemonía conservadora hasta 1930 y luego el partido liberal hasta que ambos se partieron en mil pedazos. Pero esos pedazos son los que han seguido gobernando. Y ya vemos cómo en el siglo pasado gobernó la familia Santos y ahora empezamos el siglo XXI con un presidente de esa misma familia.

Y la competencia presidencial de 2014 estuvo a punto de librarse entre dos primos hermanos. Eso ya hubiera sido bastante infamante para la democracia colombiana.

Cuando comenzó toda esta movilización agraria había cerca de 67% de apoyo a los tratados de libre comercio, TLC. Y fue impresionante la caída del apoyo a este tema, que es un poco abstracto y difícil para los encuestados: cayó treinta y siete puntos. Esta situación conectó al mundo del campesino con el mundo urbano.

Los encuestadores lo que dicen es: “Hay un cuestionamiento a la forma de gobernar, se expresa sobre todo en la preocupación por la corrupción, pero se expresa también en la forma como se asumen los liderazgos políticos”. Y ya ven que Esa es una realidad que tenemos acá en Colomen las elecciones presidenciales en este momento bia pero que empieza a agrietarse, y se expresa en se presenta un hecho muy distinto a los últimos treinta años. Hace cuatro años, a estas alturas de noviembre, el candidato que se presentaba como posible ganador Lo más vergonzoso es que también en grandes ciudades, tenía el 50% de favorabilidad. Ahora figuran en Medellín, en las comunas, adolescentes en bandas por debajo del 30% tosustituyen al Estado, a alcaldías y a gobernaciones tan dos los que están en la sofisticadas como la de Medellín y la de Antioquia, porescena política, candidatos y precandidatos, que hay un déficit de Estado, de mercados legales y de y un candidato presiciudadanía en vastos territorios del país. dente que tiene menos del 30%, tiene un cuestionamiento duro a su favorabilidad y liderazgo.

esta coyuntura con los paros, con el paro agrario en particular, que no solo fue un desafío al Estado sino que además tuvo un impacto enorme en las encuestas y en el liderazgo político. No eran movilizaciones marginales sino masivas y con un impacto en el escenario de la política. En las encuestas, por ejemplo, el presidente cayó treinta puntos en su imagen después de esas protestas.

Yo le he preguntado mucho por esa caída a los encuestadores, a los que lideran las encuestas, y me han dicho: “La explicación fueron los paros”.

Pero esos paros no solo tuvieron un impacto sobre la imagen presidencial y la dirigencia política, también impactaron en la percepción de problemas y en temas muy duros como los tratados de libre comercio.

Traigo esas cosas para decir que en este momento en la sociedad colombiana se empieza a ver una pulsión de cambio, de transformaciones, de reformas. Y eso, claro, tiene un correlato en lo que se está discutiendo en La Habana. Lo que allí se discute no es la agenda del país, es una partecita de la agenda del país. Se está discutiendo lo que tienen que ver directamente con el conflicto armado, que ya ajusta cincuenta años: la tierra. Nadie tiene dudas de que la tierra ha sido un factor decisivo en esta confrontación armada; fue el botín de la última guerra, de la guerra de los paramilitares.

Y la exclusión política es el argumento principal de las guerrillas para levantarse en armas. Nos excluyeron, dicen ellos, del Frente Nacional. Y luego tampoco se sintieron suficientemente incluidos en la Constitución del noventa y uno. Y ese es un 19

Aquí la motivación es la reforma educativa, la reforma a la seguridad social y toda esa crisis de la salud. Otra cosa que no está en discusión en la mesa de negociación [de La Habana] es el tema tributario, y la tributación es el corazón de un sistema económico. Pero tampoco está en discusión esta agenda posmoderna de las relaciones entre personas del mismo sexo, o la eutanasia, o el respeto a las minorías. Allá están discutiendo una agenda ligada al conflicto. Pero esta otra agenda está aquí palpitando.

tema clave. Luego, el narcotráfico, las víctimas, el proceso de desarme. Están discutiendo una agenda ligada al conflicto y, claro, es muy importante, ahí hay reivindicaciones que tienen que ver con la historia de este país, con la historia del siglo XX, con la negligencia de nuestra dirigencia que mientras en otras partes de América Latina y del mundo hacían reformas agrarias, aquí le dieron la espalda a las transformaciones del campo, que significaban no solo hacer justicia con los campesinos sino, sobre todo, poner las bases de un salto en la economía colombiana, porque no hay cambio de vocaciones productivas en ningún país sin una solución al problema agrario.

Pero esos no son los temas que están motivando todas esas movilizaciones. Aquí la motivación es la reforma educativa, la reforma a la seguridad social y toda esa crisis de la salud. Otra cosa que no está en discusión en la mesa de negociación [de La Habana] es el tema tributario, y la tributación es el corazón de un sistema económico. Pero tampoco está en discusión esta agenda posmoderna de las relaciones entre personas del mismo sexo, o la eutanasia, o el respeto a las minorías. Allá están discutiendo una agenda ligada al conflicto. Pero esta otra agenda está aquí palpitando.

Yo a lo que quiero referirme es a que este proceso de paz y estas demandas de nuevas reformas sí confluyen, y van a generar una transformación.

Y esas transformaciones necesitan un sujeto que 20

las encabece. Suscitan unas resistencias enormes y estamos en un momento de polarización del país y el tema de polarización es la paz. Y ahí no hay puntos medios, porque la paz o la guerra han sido el tema central de las campañas presidenciales desde finales de los ochenta, y lo van a ser ahora porque existe la posibilidad real de firmar un acuerdo de paz. Y los que están en desacuerdo con una salida negociada están esgrimiendo argumentos fuertes. Un argumento es: “la sociedad colombiana siempre ha querido que acaben con las Farc, nosotros queremos acabarlas por la vía militar”. Y Santos también quiere acabar con las Farc, pero por la vía política, y ahí hay un enfrentamiento durísimo porque se juegan proyectos políticos de fondo. A veces se equivoca la izquierda cuando dice: “Allá lo que tienen son unas diferencias formales”, porque el punto de vista de muchos sectores de la izquierda es que lo que divide aguas entre los proyectos políticos es la idea que se tenga del modelo económico, que la política no divide aguas entre actores, entre partidos y grupos políticos. Aquí se está dando una cosa durísima por motivos esencialmente políticos y seguramente van a asaltar muchos temas sociales y económicos que también dividen aguas, no por la discusión del modelo abstracto en la economía, sino por un tema económico y ancestral que es la tierra en Colombia. Las resistencias principales vienen de allí: de los bananeros, de los ganaderos, de los palmeros, de los que están en los territorios de la guerra.

Y frente a eso va a tener que decidirse la sociedad colombiana.

Cuando se habla del tema de reinserción, de posconflicto ¿de qué estamos hablando? La semana pasada decía el ministro de defensa: “¿pero por qué les vamos a entregar la juridicidad del país, hablando del marco jurídico, a 20 mil bandidos?” ¡Qué tal que solo fueran 20 mil bandidos!, diríamos que son muy ineficaces las fuerzas armadas colombianas, que tienen entre policía y ejército quinientos mil efectivos y no son capaces de acabar con veinte mil. De ahí viene una equivocación que no es solo del ministro de Defensa, sino de la sociedad, de qué es lo que hay allá en esa guerra.

El año pasado, en abril, cuando se inició ese proceso de la Marcha Patriótica y se pidió permiso para ir a Bogotá, se rumoró que la iban a prohibir y los del comité político de Marcha Patriótica me llamaron y me dijeron: León, el ministro del Interior –en ese entonces Germán Vargas Lleras— va a prohibir la marcha. ¿Usted por qué no nos ayuda para reunirnos con él y explicarle qué es este movimiento? Lo llamé y Vargas Lleras me dice: León, es que no les podemos dar permiso, nosotros estamos pensando en parar esa marcha porque esa gente está infiltrada por las Farc”. Yo le dije: “Ministro, no está infiltrada, son las Farc. Y no van a venir a hacer disturbios”. Llevaron ochenta mil personas el año pasado y volvieron a repetir eso este año. Fueron a Bogotá, llevaron más de mil buses, marcharon por la ciudad, no quebraron una vitrina, no hicieron una pinta y a las doce de la noche estaban regresando.

Ochenta mil personas. Pongamos que cada una de esas personas represente a otras diez: tenemos ochocientas mil personas ahí. Cada que se pregunta por la favorabilidad de las Farc en las encuestas obtienen una cosa muy limitada: tres o cuatro puntos. Pero eso en una sociedad que ya alcanza los cincuenta millones de habitantes, son dos millones de personas. Eso es una fuerza social marginada, porque los que fueron a Bogotá representan toda esas zonas donde ha estado el conflicto estos últimos cincuenta años, son zonas de minería y petróleo, de enclaves económicos muy importantes.

Es una marginalidad que seguro no se expresará electoralmente, es una fuerza política y social que ha alimentado eso, porque de ninguna manera se entendería que una guerrilla sobreviva tantos años

si no tiene si quiera una base social allá, son los campesinos cocaleros que han sido expulsados de la sociedad y perseguidos mediante las políticas represivas, son una fuerza también marginal las barriadas colombianas y esas guerrillas allí no juegan solo un papel depredador; jugaron un papel depredador, son secuestradoras, matan a la gente, desplazan civiles , matan civiles, claro que sí. Y en esta guerra degradada el blanco principal ha sido la sociedad civil, pero no solo cumplen un papel depredador, sustituyen el Estado allá.

Lo más vergonzoso es que también en grandes ciudades, en Medellín, en las comunas, adolescentes en bandas sustituyen al Estado, a alcaldías y a gobernaciones tan sofisticadas como la de Medellín y la de Antioquia, porque hay un déficit de Estado, de mercados legales y de ciudadanía en vastos territorios del país. Entonces, ¿dónde ha estado esa guerrilla, en qué partes ha sustituido al Estado? En doscientos cuarenta y dos municipios en los últimos 30 años, lo cual representa el 20% de los municipios del país, quizá el 40% del territorio, que representan menos población porque son las zonas más alejadas. Pero es una población que está asentada en grandes riquezas del país.

El posconflicto y la reinserción tienen esa magnitud, no se trata de traer a veinte mil bandidos sino de cómo construir Estado en alianza con ellos.

Y esto tiene que hacerse. Yo estuve en un proceso de paz, firmamos un acuerdo en los Montes de María y nosotros éramos una fuerza importante en esa región. Después de que firmamos salimos de ahí y los que estábamos asentados en todas esas tierras como guerrilleros y como liderazgo social nos fuimos para Bogotá. Pero tampoco se hizo nada por las zonas y la cosa más dolorosa después fue lo que ocurrió en los años noventa. Después de la firma de nuestro acuerdo vino la gran guerra de los Montes de María, la victimización enorme de esos territorios. Entonces cuando se habla de reinserción, de posconflicto, de desarme, de desmovilización, se trata de cómo construir Estado en doscientos cuarenta y dos municipios, cómo reconstruir este país desde abajo.

Pero no se trata solo de guerrilleros y zonas de predominio guerrillero; se trata de otra cosa más compleja, porque aquí no solo se le ha disparado a la democracia desde afuera, sino que aquí también se la ha disparado desde dentro. Los mejores 21

Los mejores apellidos del país, las élites locales que se alzaron contra la Constitución del noventa y uno y contra la democratización o contra la esperanza se aliaron con ilegales para torcerle el cuello a la democracia colombiana.

apellidos del país, las élites locales que se alzaron contra la Constitución del noventa y uno y contra la democratización o contra la esperanza se aliaron con ilegales para torcerle el cuello a la democracia colombiana. Nosotros hicimos una primera investigación sobre la parapolítica y era una investigación académica sin alcances judiciales, pero ahora ya no hay discusión sobre eso, ahora hay sesenta y un parlamentarios condenados por parapolítica y sesenta y siete en proceso de investigación. ¿Y saben qué es eso? De un congreso de 263 miembros, ¿qué porcentaje son 128? Y los alcaldes y los gobernadores que no lo hicieron solo una vez en 2002 y en 2003, que fue el culmen de la parapolítica, sino que lo siguen haciendo. Es que el proceso de reconciliación, el posconflicto, implica pactar la paz con los guerrilleros pero también hacer un pacto para que no le sigan disparando a la democracia desde adentro los mejores apellidos: los Uribe, los Araujo…

Aquí tenemos dos cosas que resolver frente a la democracia colombiana, la subversión armada de izquierda y la subversión armada de la derecha. Y cuál de las dos más atroz. Y ustedes que están aquí en esta tierrita, que es mi tierra también, saben lo que ocurrió en Urabá. Allí se inició ese modelo pa-

ramilitar que recorrió el país, se fundó entre 1990 y 1994 y se consolidó en 1997 en Urabá con las construcción de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y se elevó a proyecto nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia que se fundaron en abril de 1998 y que luego se expandieron hacia el sur a Mapiripán, hacia el Catatumbo.

Entonces, ¿de qué se trata la reinserción, el posconflicto, el desarme y la desmovilización? Se trata de transformar esta sociedad y de sacar la violencia de la política y los que han hecho violencia en la política no son solo los guerrilleros, estas élites la han hecho y de manera más triste y más infamante porque están desde el Estado mismo, apoyados en las dignidades que les ha dado la población, en las ingentes riquezas que han tenido, en la admiración de una sociedad; apoyados en eso produjeron una verdadera catástrofe humanitaria, la más grande del hemisferio occidental, el más grande desafío de todas la sociedades de América, que es doscientos veinte mil muertos, mal contados por la Comisión de Memoria Histórica, seis millones de desplazados, miles y miles de secuestrados, de desaparecidos. De eso es lo que se trata este proceso de paz, de cambiar eso.

* El director de la Fundación Paz y Reconciliación, miembro del grupo de Memoria Histórica, escritor y analista político, intervino en el seminario de paz promovido por la Universidad de Antioquia y la cátedra Unesco de resolución pacífica de conflictos en noviembre de 2013 en Medellín.

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Ilustración Juan Andrés Álvarez Castaño

Sobre democracia y justicia en las negociaciones de paz*

Por Francisco Cortés Rodas Director del Instituto de Filosofía Universidad de Antioquia

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asi un año después de haberse iniciado las negociaciones del gobierno colombiano con las Farc, en la mesa de negociación en La Habana hay dos temas fundamentales sobre los cuales ha habido grandes dificultades para conseguir un acuerdo, a saber, la justicia y la democracia. Sobre el primero no se ha llegado a la discusión, el segundo planteó un giro importante a las negociaciones y mostró la perspectiva de una profundización de la democracia. Para el gobierno, el asunto de la justicia tiene que ver con la posibilidad de procesar a miembros de las Farc por sus crímenes y, particularmente, cuántos años de prisión deberían pagar sus líderes en la cárcel y qué tipo de penalidad debe imponerse a los demás integrantes del grupo rebelde. En el Marco Jurídico para la Paz —MJP— el gobierno planteó la idea de que sólo algunos de los guerrilleros —los que han cometido los actos más atroces— deberían ser castigados, pues sería imposible investigar y sancionar a los 8 mil o 10 mil combatientes que se reinserten. Con la declaración de exequibilidad del MJP por la Corte Constitucional quedaron establecidos los parámetros normativos bajo los cuales deberá actuar el Estado colombiano en el posconflicto. Para las Farc, la perspectiva de sometimiento a la justicia que está planteada en el MJP es inaceptable. Las Farc afirman que no están dispuestas a ser sancionadas judicialmente así les suspendan las penas y se propongan sanciones alternativas. Las Farc plantean por esto que a ellas se les debe otorgar una amnistía sin condiciones como requisito para dejar las armas e integrarse en la vida civil y política.

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De otro lado, los conceptos de democracia, representación y participación política han sido también motivo de controversia. Aunque el gobierno ha defendido una concepción formal de la democracia, la cual presupone que las posibilidades de inclusión de grupos opositores se da solamente por medio de la participación en los mecanismos representativos nacionales, departamentales y municipales, a través de los partidos políticos, con el acuerdo sobre el punto dos se ha reconocido la necesidad de ampliar, modernizar y robustecer la democracia para hacerla más fuerte, más participativa, más pluralista y transparente. Sobre estos dos asuntos trata este ensayo.

1) ¿Justicia o amnistía? La pregunta que se planteará aquí es: ¿en las actuales conversaciones del gobierno con las guerrillas es posible proponer acuerdos que impliquen niveles altos de perdón judicial y beneficios políticos para los miembros de las Farc?

Para responder esto es necesario, primero, enmarcar el proceso de negociación en el contexto normativo de derecho internacional de los derechos humanos y las normas del derecho internacional imperativo — jus cogens—, que hacen parte del Estatuto de Roma —ER— y, en segundo lugar, en el marco normativo del derecho constitucional colombiano.

En la justicia de transición la técnica más importante para eximir de persecución penal a los autores de graves violaciones de los derechos humanos es la concesión de una amnistía en la forma de una amnistía política. A partir de determinar el fundamento jurídico concreto y los contenidos del interés de la justicia es posible distinguir entre amnistías admisibles o condicionadas e inadmisibles o absolutas.

En primer lugar, el argumento del Estado de derecho es que si un Estado tiene el deber de perseguir ciertos crímenes, es de pura lógica concluir que no puede eximirlos de castigo, por ejemplo, mediante una amnistía. El mismo resultado se obtiene de otro argumento del Estado de derecho: si el derecho prevé un deber de perseguir, entonces el Estado de derecho supone una prohibición de amnistía y como tal constituye un límite a la política. A pesar de todos estos convincentes argumentos a favor de la persecución, el deber de perseguir es considerado en general una regla o principio y como tal permite excepciones, estrictamente definidas. Desde un punto de vista político, la necesidad práctica de un instrumento de negociación como la amnistía en procesos de paz exige un enfoque más flexible.

Con la entrada en funcionamiento tanto de la Corte Penal Internacional —CPI— como de los otros tribunales penales internacionales se abrió la posibilidad del enjuiciamiento de criminales por cometer crímenes definidos por el derecho penal internacional. Es importante hacer referencia al instrumento probablemente más importante de esta lucha, el Estatuto de Roma de la CPI que dice en su preámbulo: “Los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”. Así mismo, la comunidad internacional debe estar decidida a “poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes”. Además, asevera: “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales” (CPI, 1998). Una de las más importantes justificaciones para juzgar el genocidio, los crímenes contra la humanidad o los crímenes de guerra, es que ellos violan las normas del derecho internacional imperativo —jus cogens—. En el nuevo derecho internacional penal plasmado en el Estatuto de Roma, ER, se plantea que si estos crímenes que violan las normas del jus cogens no son juzgados por tribunales nacionales, entonces, entra en acción la CPI. Las consecuencias que se siguen de esto en relación con el asunto de la amnistía, es que si en uno de los Estados que han ratificado y adherido al ER se llega a plantear la posibilidad de que en una negociación con un grupo armado, cuyos líderes hayan cometido crímenes internacionales, se conceda una amnistía a cambio de la firma de un acuerdo de paz, ésta será rechazada porque las leyes de amnistía están en contra del imperio del derecho internacional penal. En el caso de las actuales negociaciones del gobierno con las Farc, esta imposibilidad jurídica de la amnistía la señaló la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en las cartas dirigidas al presidente de la Corte Constitucional con respecto a los límites que pueda tener el MJP en el propósito de terminar el conflicto con las Farc.

La Fiscal advirtió dos cosas: primero, la suspensión de la pena de prisión de personas que hayan cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad significa una renuncia al poder punitivo del Estado, lo cual activaría automáticamen25

En la justicia de transición la técnica más importante para eximir de persecución penal a los autores de graves violaciones de los derechos humanos es la concesión de una amnistía en la forma de una amnistía política. A partir de determinar el fundamento jurídico concreto y los contenidos del interés de la justicia es posible distinguir entre amnistías admisibles o condicionadas e inadmisibles o absolutas.

te la intervención de la CPI en el país. Segundo, también se está renunciando cuando se limita a investigar y juzgar a los máximos responsables. En suma, a la luz de una interpretación del ER como la que hizo la Fiscal, no sería posible en la negociación política planteada en Colombia proponer una amnistía a cambio de un compromiso de paz.

Sin embargo, esta limitación jurídica no es absoluta como será expuesto a continuación.

2) La amnistía condicional. Para desarrollar la explicación sobre cómo el derecho internacional penal podría aceptar la amnistía condicional es necesario plantear primero que el objetivo que el ER persigue es evitar la impunidad ante lesiones graves de los derechos humanos en el territorio de un Estado. Es indiscutible es que figuras como las leyes de punto final, las amnistías en blanco, las auto-amnistías, las amnistías absolutas, o cualquier otra modalidad que tenga como fin afectar los intereses de las víctimas, o esconder completamente crímenes del pasado prohibiendo cualquier investigación, son inadmisibles desde la perspectiva del derecho internacional penal. El derecho internacional penal prohíbe de manera absolutamente inequívoca este tipo de amnistías; sin embargo, puede haber amnistías condicionadas en la medida en que la ley que las promulgue esté sometida a límites relativamente claros impuestos por el derecho internacional penal. Estas amnistías condicionadas no eximen automáticamente de castigo a los perpetradores por 26

los actos cometidos durante un cierto período de tiempo, sino que condiciona el beneficio a la realización de ciertos actos o ciertas concesiones por el (los) beneficiario (s). La condición fundamental es que los grupos armados depongan las armas incondicionalmente, se desmovilicen y que garanticen la no repetición de los hechos delictivos. Deben además satisfacer los legítimos reclamos de las víctimas, en particular a través de la revelación completa de los hechos, el reconocimiento de la responsabilidad penal y el arrepentimiento. Todos estos elementos añadidos a una limitación temporal en la participación en la vida política a quienes cometieron graves crímenes internacionales, podrían justificar la reducción de la pena, siempre que la condena inicial sea proporcional a la gravedad del crimen.

De este modo, si el gobierno colombiano en el proceso de negociación con las Farc llegase a conceder amnistías por delitos políticos en un contexto normativo que comprende verdad, justicia, reparación y reforma institucional, estaría cumpliendo así una función social y política específica en función de la paz y la reconciliación. Ahora bien, la amnistía condicional sería aceptable por la comunidad nacional e internacional siempre y cuando su concesión no esté planteada en función de garantizar la impunidad de los autores de violaciones del derecho internacional penal, sino por el contrario, si ella es utilizada en concordancia con el derecho constitucional interno, el Derecho Internacional Humanitario y el ER.

De este modo, las leyes de amnistía no son, en toda circunstancia, incompatibles con el derecho penal internacional. Como han señalado tratadistas del derecho internacional el ER no es un mecanismo dogmático, indiscutible e inflexible, sino adaptable y abierto a los procesos de paz, pero bajo condiciones muy precisas. Por un lado el Artículo 6, inc. 5, del segundo Protocolo Adicional de las Convenciones de Ginebra permite la aplicación de tales leyes una vez terminadas las hostilidades y con miras a la reconciliación nacional; de otro lado, el propio ER abre un espacio para juicios de conveniencia políticos; este Estatuto contiene una serie de normas que harían compatible el perdón judicial de esta clase de crímenes en aras de alcanzar la paz. En su artículo 16, el ER establece la posibilidad de que al cometerse delitos graves de lesa humanidad y de guerra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “de conformidad con una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pide a la Corte que suspenda por un plazo que no podrá exceder de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones”. Esto quiere decir, que el Consejo de Seguridad, uno de los órganos más importantes de las Naciones Unidas, pero de naturaleza eminentemente política, podría hacer una solicitud de suspensión del proceso frente a delitos graves, y conseguir así el aplazamiento de la investigación o el enjuiciamiento que se haya iniciado.

Además, el ER consagra en el literal c) del inciso primero del artículo 53, la posibilidad de que el fiscal decida no iniciar una investigación basado en el interés de la justicia. El literal dispone que no se adelantará una investigación cuando “existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia”. El ER afirma aquí con toda claridad que queda a discreción del fiscal el que una investigación pueda ser suspendida porque “no redundaría en interés de la justicia”. Esta norma se ha interpretado, como lo propone el internacionalista penal Kai Ambos, en el sentido de que dentro de esos intereses de la justicia está, precisamente, la paz (Ambos, 2010, 34 ss.).

La tensión entre justicia y paz, que atraviesa el actual proceso de negociaciones, está planteada en el

mismo ER. “Si bien, escribe Ambos, el ER tiene como objetivo primordial poner fin a la impunidad de los crímenes internacionales (arts. 5 a 8) y por primera vez ofrece una clara y consensual tipificación de esos crímenes, es de reconocer que el Estatuto no es un instrumento dogmático e inflexible, sino flexible y abierto a los procesos de paz” (Ambos, 2008, 34).

Se dijo antes que la consecuencia que se sigue de no juzgar ni condenar a los autores de crímenes atroces es la intervención de tribunales internacionales, según el principio de la complementariedad establecido en el artículo 17 del ER, y que esto reduce significativamente la posibilidad de acordar en los diálogos de paz una amnistía para los miembros de grupos armados. Pero el sentido de esta afirmación no es absoluto, como puede apreciarse de la interpretación de los artículos 16, 17 y 53 del ER, y de lo afirmado en el segundo Protocolo Adicional de las Convenciones de Ginebra, que posibilitan conceder amnistías condicionadas a los responsables de crímenes contra la ley penal internacional. Estas normas muestran que el ER y el segundo Protocolo no son un obstáculo para la paz en una sociedad en transición.

Así se puede afirmar que sólo este tipo de amnistía, denominada amnistía responsable o condicionada, podría contribuir a la verdadera reconciliación. Ahora bien, es importante señalar que la Corte Constitucional al declarar exequible el Acto Legislativo 01 de 2012, —MJP—, estableció cómo debe actuar el Estado colombiano en el posconflicto. La Corte Constitucional consideró que para alcanzar una paz estable y duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicional; determinó que la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la aplicación de penas alternativas, de sanciones extrajudiciales y de modalidades especiales de cumplimiento, no implican una sustitución de los fundamentos de la Constitución; y concluyó mostrando que esta decisión jurisprudencial es compatible con los tratados de Derechos Humanos, el ER y el Derecho Internacional Humanitario.

Hechas estas consideraciones se puede concluir que la pretensión de las Farc de no aceptar ser sancionadas judicialmente conduce a un callejón sin salida. En toda negociación política hecha por quienes han estado involucrados en una guerra hay intereses de cada parte en obtener beneficios o ganancias, o de salir lo mejor librados posible; 27

cada actor se comporta orientado por el propio interés, es un calculador racional. Pero cada uno de los actores debe ceder en alguna medida a las demandas e intereses del otro, pues cada actor se debe comportar también por compromiso; lo que mueve a cada actor a comprometerse en la negociación es el beneficio de salir de la guerra y alcanzar el estado de paz. Proponer una amnistía incondicionada es una pretensión desproporcionada de las Farc, desde el punto de vista del derecho penal internacional y del derecho constitucional nacional, pretensión que puede conducir a la imposibilidad de la continuación de la negociación y a impedir la justicia transicional.

La posibilidad de sacar adelante las negociaciones pasa entonces por plantear una amnistía condicionada. Los miembros de las Farc tendrán que aceptar que la amnistía total es imposible y mostrar, si quieren continuar en las negociaciones, una real voluntad en ceder en estas exigencias, es decir, aceptar sus crímenes y responder de forma sustancial por los daños causados. Si esto no sucede, el Gobierno sabe muy bien que el proceso es insostenible en el mediano plazo.

Los hechos políticos y constitucionales de invalidación de las disposiciones de amnistía y prescripción que realizaron en los últimos años la Corte Suprema argentina y la CIDH en el caso barrios altos, Perú, permiten mostrar por qué las acciones de juzgamiento, destinadas a amnistiar o indultar a los actores comprometidos en violaciones graves de derechos humanos, llevadas a cabo por los Estados en cuestión, resultan insuficientes a la luz de las exigencias de no impunidad definidas por el orden internacional de los derechos humanos.

Lo que contribuyó a lanzar, en Argentina, Chile y Perú, los juicios contra los involucrados en los crímenes de las dictaduras, fue, entre otras razones, los años forzados de impunidad penal (Rincón, 2010, 23 ss.). Es importante tener en cuenta este posible escenario en el caso de Colombia.

3) Democracia. La concepción sobre la democracia, la representación y la participación política, ha sido también motivo de radicales desacuerdos entre los delegados del gobierno y los de las Farc. El gobierno ha defendido una concepción formal de la democracia y definido, a partir de la Constitución del 91, que las formas de intervención en la política solamente son posibles por medio del sistema repre28

sentativo a través de los partidos políticos. De otro lado, las FARC consideran que las propuestas políticas de inclusión en el sistema político, hechas por el gobierno en el marco del modelo representativo, son completamente limitadas. Las Farc le apuestan a una profundización o ampliación de la democracia que rompa el esquema formal de la democracia representativa y proponen así otra concepción de la política. Con el acuerdo sobre el punto dos de la Agenda se ha producido un gran acercamiento entre estas dos posiciones que se traduce en la idea de que la realización de la paz exige ampliar, modernizar y robustecer la democracia para hacerla más fuerte, más participativa, más pluralista y transparente. Esto quiere decir que la democracia representativa, planteada en la Constitución del 91, será ampliada con la introducción de los componentes participativos propios de la democracia radical. El problema que no ha sido tratado aún es el de cómo se ratificaran los acuerdos. Mientras el gobierno propone el referendo, las Farc aspiran a una Asamblea Constituyente.

Voy a exponer esto destacando las diferencias entre lo que ha sido acordado y lo que falta por negociar.

La profundización de la democracia que el grupo guerrillero propone se basa en cuatro asuntos: las promesas frustradas de los procesos de crecimiento de la economía prometidas por la inserción del país en la economía global neoliberal; las experiencias de injusticia y desigualdad que viven millones de personas pobres, la muy limitada participación política de algunos sectores sociales en las instituciones de la democracia representativa y la inefectividad de estos mecanismos para hacer valer sus intereses. Estos asuntos constituyen realidades políticas indiscutibles y por esto se puede afirmar que en Colombia se da tanto un déficit de justicia social como un déficit democrático, que se manifiestan en el hecho de que la gente siente que ya no queda ninguna posibilidad real para mejorar materialmente sus condiciones de vida y para lo que podría ser una participación significativa en decisiones importantes.

Para las Farc, el crecimiento del movimiento social que se está dando en el país, especialmente lo que sucedió con el gran paro agrario, es una evidencia de que el país está viviendo un estado prerrevolucionario, que ellos eventualmente podrían capitalizar mejor si se avanza hacia un modelo de democracia popular, que permita impulsar las grandes transformaciones sociales y políticas que se requieren en el país. En este sentido, las Farc defienden la idea, pro-

puesta por el populismo del siglo XXI, según la cual, los movimientos sociales son mucho más representativos de los intereses del pueblo que los partidos políticos. A partir de esto justifican la tesis, que afirma que el poder popular no debe legitimarse a través del sistema representativo, sino que debe ser el pueblo organizado en movimientos sociales como la Mane, la Minga Indígena, los movimientos campesinos, el que tendrá que proponer el nuevo orden normativo conseguido tras el fin de las negociaciones. Esto explica la postura radical de las Farc en las negociaciones a favor de una asamblea constituyente como mecanismo para refrendar los acuerdos y su rechazo a la propuesta del referendo del gobierno.

Las Farc calculan que en una asamblea constituyente podrán tener, sin competir electoralmente, un número importante de sus integrantes y así podrían sacar adelante por vía legal su proyecto político. Ellas rechazan de plano la vía del referendo porque tienen temores, con cierta razón, de perder en la competencia electoral. En suma, lo que está en debate es la definición misma de democracia, la cual está también en discusión en otros países de América Latina y de Europa. Se tra-

ta de la controversia entre la concepción liberal de la democracia y la concepción populista. Voy a reconstruir, primero, unos breves elementos de este debate teórico para señalar las similitudes con lo que se está discutiendo en Colombia y, posteriormente, criticaré la propuesta del grupo guerrillero de la convocatoria a una asamblea constituyente.

La democracia representativa que funciona de manera exitosa e incluyente en los países más desarrollados, es inaceptable, considera el populismo, como una concepción de la democracia para países en los que hay una profunda desigualdad entre sus ciudadanos (Guariglia, 2011, 65 ss.). Para el populismo, el proyecto de radicalización de la democracia se concreta en la extensión de las luchas democráticas por la igualdad y la libertad al conjunto de la sociedad civil en la dirección de multiplicar los espacios políticos e impedir que el poder sea limitado por el enemigo político. De este modo, se trata de profundizar el momento democrático de la ideología liberal hasta el punto de hacer romper al liberalismo su articulación con el individualismo posesivo. En este punto estoy de acuerdo con el populismo.

La Corte Constitucional al declarar exequible el Acto Legislativo 01 de 2012, —MJP—, estableció cómo debe actuar el Estado colombiano en el posconflicto. La Corte Constitucional consideró que para alcanzar una paz estable y duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicional; determinó que la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la aplicación de penas alternativas, de sanciones extrajudiciales y de modalidades especiales de cumplimiento, no implican una sustitución de los fundamentos de la Constitución.

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Lo que está en debate es la definición misma de democracia, la cual está también en discusión en otros países de América Latina y de Europa. Se trata de la controversia entre la concepción liberal de la democracia y la concepción populista.

La característica más problemática del populismo del siglo XXI en algunos países de América Latina es que ha propuesto, mediante la profundización de la democracia, una transformación de las estructuras del Estado en función de una preponderancia del poder presidencial sobre el legislativo y el judicial, y ha sometido la esfera económica al poder político. El populismo ha representado en varios países europeos un retorno de fuerzas irracionales y arcaicas en función de políticas racistas y discriminatorias. En algunos países de América Latina, el populismo está claramente ligado a una transformación de las estructuras del Estado en función de la preponderancia del ejecutivo; el presidente es concebido como el más autorizado intérprete de los grandes intereses de la nación, como el único líder que puede dirigir un Estado.

El ejemplo más claro es Venezuela bajo Chávez.

Como lo dice Ernesto Laclau de manera enfática: “En América latina, por razones muy precisas, los Parlamentos han sido siempre las instituciones a través de las cuales el poder conservador se reconstituía, mientras que muchas veces un Poder Ejecutivo que apela directamente a las masas frente a un mecanismo institucional que tiende a impedir procesos de la voluntad popular es mucho más democrático y representativo” (Laclau, Diario Perfil, 14/10/2012).

En este sentido, la concepción de democracia del populismo se identifica solamente con un tipo de poder del pueblo, que expresa su voluntad soberana por medio de una autoridad presidencial 30

concentrada. Cuando el gobierno es del pueblo la voluntad del pueblo (de la mayoría) se impone a la de la minoría (la aristocracia, una elite). La democracia existe en la relación polémica con la minoría; el pueblo es solamente una parte de la comunidad política (la mayoría en contraposición a la minoría). Ahora bien, en la interpretación populista de la democracia se afirma la omnipotencia del pueblo, que quiere decir, la supremacía de la política y de su prioridad sobre el derecho, es decir, de la Constitución. (Laclau, 2005, 199 ss.). De esta relación entre los postulados de la democracia y su interpretación populista resulta el siguiente corolario: El gobernante populista tiene que controlar el poder del pueblo y para esto tiene que convertirse en el líder carismático (Freidenberg, 2007, 200 ss.). Así, en la relación entre la mayoría y el líder carismático se resuelve la constelación populista, la cual en muchos de los gobiernos populistas mencionados se manifiesta en el desconocimiento de las libertades individuales, en la exclusión de grupos de ciudadanos de la participación en la deliberación y decisión de las políticas públicas y en convertir el poder político en un poder centralizado en el gobernante y sus agentes.

En algunos países de América Latina estos fenómenos políticos han determinado que las masas, motivadas por las expectativas de salvación, estimuladas por el carisma del líder populista, consideren que el poder de ellas y del líder que las representa de modo directo esté por encima de la

sociedad y sus instituciones, como ha sucedido en los casos del populismo de derecha de Fujimori y Uribe y del populismo de izquierda de Chávez, y Fernández de Kirchner (O´Donnell, 1994, 13 ss.).

Este concepto de poder popular está implícito en la idea, que las Farc presentan en recientes escritos y comunicados, de un poder constituyente que tendrá que servir, según ellos, para revalidar el resultado de las negociaciones en La Habana. En relación con esto hay que señalar que en el derecho constitucional esta operación radical solamente se contempla bajo condiciones muy excepcionales.

Habría que preguntarse: ¿Estamos ante un momento constituyente como el que se produjo en las grandes revoluciones liberales y socialistas del pasado y también en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991? ¿Puede afirmarse que el paro agrario y el conjunto de protestas que se dieron en los últimos meses son la manifestación de un estado de cosas pre-constituyente?

Hay serias dudas sobre si existe un contexto histórico similar a la situación del año 91. El escenario de violencia, terror y muerte producido en esos años por los carteles de la droga, el paramilitarismo y las guerrillas no es comparable en su dimensión desestabilizadora con lo que se produjo este año a partir del paro agrario. Hay problemas muy graves en el sector agrícola, ganadero, minero; las universidades públicas están desfinanciadas, la educación pública primaria y secundaria está en crisis, la situación de los desplazados es muy grave; todas estas carencias se hicieron evidentes en el reciente paro agrario. Pero la pregunta es si la protesta radical que se dio y que está latente en un profundo descontento, permite hablar de una situación prerevolucionaria o pre-constituyente. No se puede desconocer que el actual modelo político limita la participación de sectores importantes de la población en el proceso democrático, especialmente por la corrupción que lo penetra. La Constitución de 1991, a pesar de sus imperfecciones, es el marco de los actuales acuerdos en la Mesa de Negociación y se ha acordado un importante desarrollo de ella en el segundo punto de la agenda. Las Farc son una organización militarmente muy fuertes, con una impresionante historia de lucha y rebelión, pero profundamente desprestigiadas a nivel nacional e internacional por el secuestro y los ataques indiscriminados contra la población civil; por estas razones están muy lejos de poder erigirse como una fuer-

za política con capacidad de convocar una nueva asamblea constituyente. El vínculo de las Farc con el pueblo para cambiar totalmente el sistema constitucional no existe. Indudablemente las Farc tienen una base social campesina y urbana importante, pero ese porcentaje de la población no alcanza a ser lo que se denomina en teoría constitucional el pueblo como poder constituyente o en la teoría de las revoluciones el pueblo insurrecto.

Es importante precisar además un concepto central del derecho constitucional para no mezclar un acuerdo de paz con otras reformas. Una situación constituyente es una situación original, que no es producida por actos jurídicos y por tanto carece de normas superiores a ella. Una situación constituyente es la expresión de un poder constituyente, que en democracia es el pueblo. El poder constituyente es atribuido a los sujetos naturales que conforman el pueblo como titular de la soberanía. Estos sujetos no pueden ser los miembros de las Farc ni de ninguna organización política aunque proclamen representar los verdaderos intereses del pueblo. Estos sujetos solamente pueden ser los miembros de una comunidad política cuando se agrupan en un momento fundacional. Así pues, en estas negociaciones se trata básicamente de un acuerdo de paz no de una constituyente. Es importante no confundir estos dos asuntos para que no pase lo que se dio por ejemplo en Guatemala.

A la visión populista de la democracia contrapongo una concepción de la democracia en la que se articula el proceso de racionalización económica que tienen los procesos sociales actuales con la consolidación de instituciones del Estado constitucional de derecho. Esta idea de democracia entra en contradicción tanto con la democracia liberal representativa como con las relaciones de poder del orden global neoliberal, pero a diferencia del populismo no exige a los ciudadanos la alienación total de cada uno con todos sus derechos en favor de la constitución del cuerpo político ni la sumisión de cada uno a la voluntad absoluta del líder (Ferrajoli, 2012, 9 ss.). Hay que señalar con claridad que una concepción de la democracia que defiende la libertad democrática y los procesos de racionalización de la economía y la sociedad se pone por encima del populismo con respecto al criterio normativo de la democracia: la relación entre soberanía popular y derechos a la libertad individual (Ferrajoli, 2012, 298 ss. Holmes, 1995).

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Para la concepción de democracia constitucional esto significa que los derechos individuales que están consagrados en la Constitución, no pueden ser desconocidos ni por el presidente, ni por el legislador democrático, ni por el pueblo como legislador soberano. El sentido de esta prohibición es, precisamente, establecer los límites que los derechos inalienables de los individuos fijan al poder en sus diferentes formas (Ferrajoli, 2012, 320 ss.).

Esta prohibición ha sido desconocida por el populismo latinoamericano que deviene por esto en una forma de autoritarismo, como sucedió claramente con Fujimori, Uribe y Chávez.

La democracia que requiere Colombia es aquella que haga posible la participación de todos. El gobierno legítimo debe ser democrático, popular y liberal. El gobierno democrático se funda en la soberanía construida a través de la representación universal y el mandato libre, en la perspectiva de la formación de un orden político unitario, racional y juridificado, es decir, que se forma mediante leyes emanadas de la soberanía misma. En efecto, es a través de ese poder soberano autorizado por todos, en condiciones de igualdad, el cual es el legislativo, que el pueblo se transforma en neutral y universal, en ciudadanía. En el gobierno democrático la ley debe ser el resultado de la soberanía popular, es decir, de la participación en su construcción mediante la representación de todos los posibles afectados por la ley. Porque sin soberanía

popular, escribió Rousseau, no hay legitimación política de la ley, solamente dominación.

El gobierno, lo afirmó Lincoln, debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El gobierno debe ser del pueblo, esto es democrático, en el que se le de igual consideración a cada uno en los procesos de decisión. Debe ser por el pueblo, es decir republicano, debe controlar el poder mediante los controles y contrapesos constitucionales y de esta manera prevenir la dominación. En la democracia que hay que construir en Colombia, y que este proceso de negociaciones está profundizando, más allá del modelo liberal representativo, se debe partir de la idea ya plasmada en la Constitución del 91, según la cual, los derechos fundamentales son el núcleo del orden constitucional. El fundamento de legitimidad de la constitución es la igualdad de todos en las libertades fundamentales liberales, civiles, políticas y en los derechos sociales. Finalmente, el gobierno democrático debe ser para el pueblo en el sentido en que sus procedimientos deben respetar los derechos fundamentales y las libertades de cada uno y tratar a cada uno como un ciudadano libre e igual.

En suma, Colombia no está ante un momento constituyente. Hay problemas muy serios como los del campo, la minería informal, los desplazados por las distintas formas de violencia, la falta de oportunidades para los jóvenes en las ciudades, el desempleo, etc., que se hicieron evidentes en el reciente

Hay serias dudas sobre si existe un contexto histórico similar a la situación del año 91. El escenario de violencia, terror y muerte producido en esos años por los carteles de la droga, el paramilitarismo y las guerrillas no es comparable en su dimensión desestabilizadora con lo que se produjo este año a partir del paro agrario. Hay problemas muy graves en el sector agrícola, ganadero, minero; las universidades públicas están desfinanciadas, la educación pública primaria y secundaria está en crisis, la situación de los desplazados es muy grave.

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paro agrario. Pero estos problemas, por graves que sean, no permiten deducir que se está ante una situación pre-revolucionaria. La pretensión constituyente de las Farc descansa en esta ficción, pretensión que es, como ha sido mostrado, inviable jurídica y políticamente. Según la Constitución del 91 (art. 374), el camino para la refrendación de estos acuerdos es el

referendo. Son dos asuntos difíciles para las Farc que derivan de lo que he planteado en esta reflexión, pero desde la perspectiva del derecho penal internacional y constitucional nacional no puede haber amnistía total, y desde el enfoque de la democracia constitucional no puede plantearse la convocatoria de una asamblea constituyente.

* Ponencia presentada en el seminario internacional ¿Cómo se construye la paz luego de la firma de un acuerdo?, organizado por la Universidad de Antioquia y la Cátedra Unesco para la resolución de conflictos, el 21 y 22 de noviembre de 2013 en Medellín.

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¿La justicia de coordinación modifica el concepto del derecho?*

Por María Cristina Gómez Isaza Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia

L

a justicia de coordinación o no subordinada es un compromiso que debemos asumir en nuestro país si queremos construir la democracia. Este reto necesario en nuestra cultura que denomino de la excepcionalidad debe ser proyectado por los actores de la misma: el Estado y sus poderes, la sociedad civil y la academia; a nosotros como academia nos corresponde hacer las reflexiones, plantear propuestas y socializar los diagnósticos. Con esta labor de denuncia y llamado de atención buscamos que la justicia aparezca como una realidad construida de manera colectiva que debe promover el pluralismo social, y con ello el reconocimiento y aceptación de diferentes ideas acerca de lo justo que deben convivir en condiciones de igualdad y de respeto mutuo.

En este compromiso por construir un proceso colectivo e igualitario acerca de la idea de justicia, sin aceptar relatos abstractos, adaptados y descontextualizados intentaré en una primera parte describir el reto de la justicia de coordinación, en una segunda parte revisaré los tropiezos y dificultades en la construcción de una idea de justicia en nuestro medio para, finalmente, concluir si ello posibilitaría una modificación en el concepto del derecho.

Quiero partir de una reflexión inicial para el desarrollo de esta ponencias: en nuestro medio no hay una reflexión acerca de la justicia y por ende cualquier concepto del derecho termina debatiéndose alejado de nuestro contexto social para convertirse en una gimnasia mental de carácter abstracto que se hace en las aulas académicas.

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Respondería a la pregunta inicial desde esta reflexión: tenemos un concepto de derecho sin haber asumido una pregunta acerca de lo que es para nuestra sociedad la justicia y por ello la justicia de coordinación en nuestro medio, a pesar de tener las condiciones suficientes para ser una realidad, no ha transformado nuestra idea formal de lo jurídico.

I. Una aproximación al ideal de la justicia coordinada El objeto de la justicia de coordinación o coordinada es acabar con las asimetrías y exclusiones creadas por la justicia tradicional del Estado de derecho.

Asimetría en la medida en que en el proceso judicial el actor principal es el juez y su autoridad, es el que dice qué es derecho sin posibilidad de escuchar a las partes en sus diferentes realidades sociales y culturales, pues es solo el juez el que impone en el caso concreto el derecho estatal. La justicia tradicional excluye al particular, pues sólo este puede acceder a la misma otorgándole poder a los abogados que son los que detentan el derecho de postulación.

Modifica el concepto de fuentes del derecho tradicional en el que se advierte la centralidad estatal en los procesos de creación jurídica. Es la sociedad y los grupos que la integran junto al Estado centros de producción del derecho.

Busca la complementariedad y la integración social. La complementariedad de labores entre actores estatales y sociales que deben propiciar la integración de las varias ideas de justicia que conviven y subsisten en un diálogo permanente de todos los actores sociales.

El reto más importante de la justicia de coordinación es el político: el de la democracia y el de la participación.

Quisiera citar aquí a Nancy Frazer que plantea tres dimensiones de la justicia: la dimensión distributiva, la cultural y la política. La dimensión distributiva que busca la equidad, la cultural es la justicia que busca el reconocimiento y la política en sintonía con el principio democrático más radical considera que se le debe atribuir a todas las personas el mismo valor moral; la justicia exige alcanzar acuerdos sociales que permitan que todos los miembros de la sociedad deben participar como iguales en la vida social. Superar la injusticia significa desmantelar los obstáculos institucionali-

zados que impiden a algunas personas participar en condiciones de igualdad con el resto, esto es como partes de pleno derecho en el proceso de interacción social.

Esta dimensión hace referencia con la naturaleza de la jurisdicción estatal, o el escenario en el que se desarrollan las luchas por la distribución y el reconocimiento. Al establecer los criterios de pertenencia social y, de este modo determinar quién cuenta como miembro de la comunidad, nos dice quién está incluido y quién excluido del círculo de los titulares del derecho y el derecho a una distribución justa y a un reconocimiento mutuo. La dimensión política busca establecer las reglas que rigen la toma de decisiones, instaura los procedimientos para recrear y resolver las disputas tanto en la dimensión económica como en la cultural: nos dice no sólo quién debe reivindicar la redistribución del reconocimiento sino también cómo estas reivindicaciones van a ser sometidas a debate y a enjuiciarlas.

En la medida en que la dimensión política de la justicia gira en torno a cuestiones de inclusión y de procedimientos su principal objeto es la representación. (www.cesarrodriguez.net/docs/clases/Fraser-Justicia Global.pdf mayo 5 de2013) La justicia en su dimensión política muestra para la autora la necesidad de contener la quiebra de la administración de la justicia de corte pos-westfaliano en un mundo globalizado. Sin embargo en países como Colombia donde la democracia es frágil el proceso de representación y participación hay que trasladarlo a la justicia y en concreto a la de coordinación como una forma de reivindicar la existencia de la sociedad y como pedagogía de la participación.

El modelo sociopolítico denominado Estado social de derecho puede crear las condiciones de representación y participación en la creación del derecho y en la justicia como una realidad cotidiana y posible.

Me referiré a dichos aportes y terminaré con la teoría del derecho social que como concepto de derecho está atravesado de una idea de justicia coordinada.

Los aportes del Estado constitucional El Estado constitucional surge como la perspectiva cualitativa del Estado social de derecho. Creó la existencia de un control de constitucionalidad, 35

el deber judicial de garantizar los derechos fundamentales y defender los grupos marginados por razones históricas, naturales e ideológicas. Con lo anterior este modelo realzó la labor de la función judicial otorgándole el poder para decidir finalmente qué es derecho y de la justicia predicó su materialización y no su formalismo.

Además consagró los principios de igualdad material, de pluralismo y de dignidad humana como los principios guía no sólo de la función judicial sino de todos los poderes del Estado.

Las constituciones reconocieron la existencia de otras justicias con la aceptación de otros derechos, como por ejemplo el derecho propio de las regiones históricas como fue el caso español o el caso de las jurisdicciones indígenas y campesinas de las constituciones de Guatemala, Perú y, como ejemplo a resaltar, la constitución ecuatoriana de 2008.

Esta versión cualitativa ha planteado tres tipos de debates: jurídicos, políticos y sociales.

Los debates surgidos desde la teoría del derecho han analizado el proceso de constitucionalización del orden jurídico bajo las definiciones de neoconstitucionalismo. Los debates políticos han girado en torno a la redefinición del principio de separación de poderes visto el Estado constitucional como “Estado de jueces” y los sociales han elaborado análisis acerca de las sociedades heterogéneas, plurales y en permanente tensión y conflicto.

La versión jurídica planteará una tensión permanente entre el principio de supremacía constitucional y el principio de legalidad. Ha sido el debate más amplio en nuestro medio y que ha tenido como resultado la polarización de dos teorías denominadas: antiguo derecho y nuevo derecho. Este debate no ha aportado nada al concepto de justicia de coordinación en la medida en que se ha preocupado más por revisar los problemas del activismo judicial y de la seguridad jurídica. Por esto, dicho debate se ha quedado finalmente en una revisión de la labor y de los límites al juez del Estado y no a la sensibilización acerca de la idea de la existencia de otras justicias y mucho menos acerca de sus posibles equivalencias.

La opción judicialista como debate político ha revisado la posición de sumisión judicial y su poder creador del derecho, además de la garantía de los derechos fundamentales, y de la defensa que estos deben hacer de las minorías. En nuestro medio la 36

discusión ha girado en torno a la creación de políticas públicas por parte de la Corte Constitucional y la existencia de una jurisdicción social de tutela que reconoce derechos sociales sin saber el alcance de los recursos del Estado que desatiende además el principio democrático del gasto. Este debate tampoco ha permitido la reflexión acerca de otras justicias porque los jueces han estado más preocupados de defenderse ante los demás poderes y ante sus superiores jerárquicos y se han visto limitados a decidir en medio del enfrentamiento entre las altas cortes.

El debate social se ha referido a la existencia de una sociedad pluralista y multicultural, inmersa en una continua tensión y en permanente conflicto. La participación política queda encargada a los grupos y movimientos sociales que deberán reivindicar en medio de la deliberación los intereses de sus miembros. Este ha sido el debate menos desarrollado en nuestro entorno, la referencia es limitada al tema del conflicto armado y a la violencia.

El marco normativo propiciado por el Estado constitucional es suficiente si es asumido por una cultura de tolerancia y aceptación de la diferencia, capaz de comprender que la justicia en sí misma es posible si existe el diálogo entre sujetos que se reconocen y no se excluyen y que parte además de la idea del Estado como un actor más en el proceso de definir qué es lo justo.

Los aportes del derecho social Gurvicht ha planteado la necesaria convivencia entre diferentes ideas de justicia y cómo ellas inciden en el derecho y en su propuesta de derecho social. Para definir lo que es derecho social, el autor parte de las labores que debe emprender de la filosofía jurídica, la relación del derecho con la justicia y con la democracia.

La primera tarea de la filosofía jurídica es la de reflexionar y plantear un ideal de justicia que pueda conciliar de modo previo los conflictos existentes entre valores personales y transpersonales, y que estos puedan ser reconocidos como equivalentes o iguales. Esta reflexión no puede concebir a la justicia como valor ontológico identificable con el derecho natural que actúa como criterio base de solución de conflictos sociales.

La filosofía jurídica en esta tarea debe asumir las concepciones individuales y colectivas de lo justo

como ideas surgidas de una realidad social plural y en permanente conflicto, que pretende no invisibilizar al individuo y al medio social del que hace parte.

Una segunda tarea de la filosofía jurídica es la defensa del ideal pluralista de justicia, ideal que debe tener en cuenta la diversidad de las personas, y de sus diversas formas de realización personal en una sociedad democrática.

Para Gurvicht la relación entre justicia y derecho es funcional: el derecho propicia y permite la realización de la justicia. El derecho supone la pretensión de realizar justicia dentro de un determinado ámbito social.

tegración y no de exclusión, ni de subordinación que ordena las relaciones socio jurídicas de grupos sociales y expresa el orden conferido por la propia sociedad a través de sus agrupaciones y unidades sociales; es un derecho de la misma sociedad autoorganizada, de modo pacífico y dotada de un conjunto de reglas de juego cuya coacción se asume de manera compartida en la medida en que se forma parte del grupo.

Su normativa no depende de su elevación a derecho público. Los actores ostentan un poder de autorregulación de sus intereses atendiendo a criterios de solidaridad interna y justicia distributiva.

Advertimos en esta breve referencia al concepto de derecho social el presupuesto de justicia que subyace al mismo: pluralismo, reconocimiento de la sociedad como el espacio que debate la idea de justicia, diálogo permanente acerca de lo justo El Estado constitucional surge como la perspectiva cualo que propicia la exislitativa del Estado social de derecho. Creó la existencia tencia de la democracia.

Para analizar el concepto de derecho con ese ideal de justicia es necesario para este autor reco-

de un control de constitucionalidad, el deber judicial de garantizar los derechos fundamentales y defender los grupos marginados por razones históricas, naturales e ideológicas.

nocer la capacidad de creación del derecho de los grupos sociales, creación que es espontánea y cuya positividad y eficacia no depende del Estado.

Define derecho social organizado como la democracia. La realización del principio de la democracia exige el pluralismo jurídico extraestatal de los grupos, que se refleja en una multiplicidad de ordenamientos jurídicos sociales.

El derecho social es un derecho autónomo, producidos originariamente por grupos sociales y que no puede ser impuesto externamente. El derecho social refleja en lo jurídico el pluralismo social y la existencia de una multiplicidad de centros de poder creador de derechos en una sociedad dotada de cierta complejidad; es un derecho de in-

En síntesis, el Estado social de derecho como estructura institucional creada como estrategia política de legitimación para una sociedad plural y en conflicto, aunado a reflexiones acerca del origen social del mismo pueden propiciar la discusión acerca de la justicia de coordinación.

II. Algunos tropiezos en torno al ideal de justicia de coordinación La ausencia de reflexiones acerca del contenido de la justicia y el drama político de la función judicial durante la vigencia de la constitución de 1991 Durante los años noventa era impensable una teoría de la justicia que respetara el concepto de igualdad desde la complejidad de las sociedades y sus grupos. La reflexión acerca de la justicia en nuestro país inició con una narración dramática acerca de si era posible que fuera el juez garante de los derechos fundamentales.

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Esa reflexión acerca de la justicia fue teórica y si se quiere política, pues comenzamos a plantear reflexiones sólo estructurales de ingeniería constitucional acerca de quién era el órgano de cierre del sistema, si podía ser controlada la Corte Constitucional y de la dificultad contramayoritaria.

Salvo algunos análisis sobre jueces de paz, jurisdicción indígena y mecanismos alternativos de resolución de conflictos bajo perspectivas normativas y jurisprudenciales y los intentos de la sociología jurídica con el texto del caleidoscopio de la justicia, la Constitución de 1991 no ayudó a crear una conciencia en torno a varias ideas de justicia que pueden convivir. Iniciamos una revisión de la idea de lo justo ausente de contexto y muy robusta en descripciones normativas y en tensiones políticas.

La cultura de la excepcionalidad Es creada y compartida por cuatro actores o sujetos principales y cohonestada por un sujeto que pretende ser actor secundario, pero que dentro del reparto de responsabilidades es el que se encarga de su difusión y explicación racional.

Su contenido se describe bajo las siguientes premisas: a. Lo anormal es normal o la normalidad es vivir en excepcionalidad; ha sido definida por Mauricio García como transmutación. (García, 2000) b. La ley puede ser cualquier cosa: de tal suerte que hay ley en sentido formal y material, por tanto puede ser ley un decreto del gobierno con lo que se niega el origen democrático del derecho.

Nuestra comunidad académica tomó como prioridad los debates de la justicia acerca de El poder legislativo como actor aparece en esta cultura la posición que tiene la de la excepcionalidad delegando sus funciones de cenCorte Constitucional y tro de producción jurídica en el poder ejecutivo o en los en qué ha incidido su jurisprudencia en el resparticulares. Dichas figuras jurídicas permitidas por la quebrajamiento de la Constitución se denominan la deslegalización y la desreseguridad jurídica o en gulación. En el caso colombiano aparece bajo las denoel reconocimiento de derechos fundamentaminadas leyes de facultades extraordinarias. les; de manera paralela, pero con menor fuerza, la academia asumió los debates acerca de la debilidad de la democracia ante la ausencia de políticas públicas de parte del ejecutivo y del c. Justicia y derecho tienen una relación no inmepoder legislativo. diata sino mediata, pues el derecho debe propiciar Malas noticias: la justicia en nuestro medio ha primero el orden y la estabilidad institucional y luesido definida de manera abstracta, institucionalista go, si tenemos suerte, la justicia. y con adaptaciones de teorías foráneas, por tand. No se tienen derechos por el sólo hecho de to el concepto del derecho funcional a que ésta ser persona sino porque es reconocido por el poder sea posible de manera cotidiana y permanente se estatal, generalmente por los jueces. mantiene en la misma abstracción, en un excesivo institucionalismo y desarrollando problemas que no son los nuestros.

Nos falta voluntad de justicia y hasta no lograrla el concepto de derecho en nuestro medio seguirá siendo sólo una teoría que ocupa a académicos y a estudiantes mientras logran su título de abogados.

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Los cinco actores son los tres poderes del Estado y la sociedad, jugando como actor neutral las facultades de derecho o las instituciones encargadas de la formación de los abogados.

El poder legislativo como actor aparece en esta cultura de la excepcionalidad delegando sus fun-

ciones de centro de producción jurídica en el poder ejecutivo o en los particulares. Dichas figuras jurídicas permitidas por la Constitución se denominan la deslegalización y la desregulación. En el caso colombiano aparece bajo las denominadas leyes de facultades extraordinarias.

El resultado de esta delegación finalmente es negar el principio de separación de poderes y el origen democrático de la ley.

El poder ejecutivo en esta cultura asume las funciones delegadas bajo el discurso de la necesidad del orden y la necesaria regulación inexistente por la lentitud del poder legislativo. Así capta y copta funciones propias del debate democrático negándolo y permitiendo la concentración de poderes que niega la democracia.

El poder judicial es el más débil en esta cultura pues se debate entre la obligación de garantizar los derechos fundamentales y el delito del prevaricato; la inaplicabilidad de normas que pueden ser leyes o decretos que vulneran los derechos del particular y el miedo al prevaricato.

el conflicto y la exclusión el particular requiere al juez para que por lo menos sea visibilizado y por ello el juez cumple con funciones de imposición de un diálogo que no surge de manera natural y espontánea de la propia sociedad.

En muchos casos se ha asumido el concepto de litigio estratégico que busca el reconocimiento de minorías que se excluyen del debate democrático como en el caso de los grupos LGBT y feministas, entre otros. ¿Si creemos que la justicia tradicional es autoridad para imponer el diálogo? ¿Cómo asumir que en esta sociedad violenta se reconocerá el pluralismo jurídico sin reconocer el social?

La versión de justicia como autoridad, basada en el miedo a la exclusión (o su realidad) niega las opciones consensuadas y coordinadas de justicia. Esta realidad la debemos asumir y reconocer con el compromiso de negar este comportamiento propiciando espacios sociales de debate.

La falta de sentimiento jurídico

La sociedad no cree en el derecho ni en la justicia y permite por la necesidad de la seguridad que se atropelle la libertad y no se reconozca la igualdad material. La sociedad identifica derecho con orden, su idea de justicia se posterga ante la inminencia de hechos que desestabilizan el orden, para lo cual no hay normas ordinarias sino excepcionales.

El sentimiento jurídico surge de la relación que hace el particular de la justicia con el derecho. El ciudadano del común considera que aquello que posibilita la justicia es el derecho y en la medida en que exista un distanciamiento en esta relación se logra la desconfianza y la lejanía del ciudadano y su falta de identificación con el orden jurídico.

El quinto actor se solapa bajo la versión del rigor académico, es el encargado de crear un discurso o relato unidimensional del derecho bajo la confrontación teoría – práctica. En los debates propuestos por las facultades de derecho aparecen las teorías abstractas que han postergado una idea propia de justicia.

Esta teoría fue discutida en Alemania, particularmente en la época del totalitarismo y buscaba de manera desesperada que la mayoría no impusiera un concepto de lo justo. Apareció en la literatura jurídica bajo el concepto de sentimiento jurídico y su mayor desarrollo lo ha tenido en el denominado sentimiento constitucional.

La sociedad litigiosa El poder judicial, receptor institucional de la obligación de administrar justicia, se convierte en la autoridad que declara qué es derecho según la justicia tradicional. Lo dicho por el juez en sus sentencias son ley para las partes.

La sociedad colombiana ve en el juez a la autoridad que va a imponer un diálogo que no se permite ni propicia la misma sociedad. No se trata de un conflicto jurídico sino de reconocimiento. Ante

Riezler considera que existen tres elementos básicos que conforman el sentimiento jurídico: el primero, sentir sobre lo que es derecho, o sea, la capacidad que capta, intuitivamente, y aplica justamente el derecho vigente; a esta capacidad la denomina tacto jurídico o sensus jurídico; en segundo lugar, el sentir sobre lo que debe ser el derecho existente en cuanto inclinación al ideal jurídico; finalmente, la actitud respecto al derecho existente, es decir, el sentimiento de respeto del ordenamiento jurídico vigente.

Nosotros no tenemos sentimientos jurídicos de 39

identidad de los mismos con la justicia, ni siquiera tradicional de justicia. El sentimiento jurídico se circunscribe a una idea tergiversada de ley que puede tener origen no democrático. En caso de que el origen sea democrático generalmente es espúreo y lo que hace la ley es solo ordenar, mandar o prescribir.

La conclusión: la necesidad de debatir lo justo desde lo cotidiano y no desde lo abstracto Revisar nuestros comportamientos democráticos. Lo justo no sólo es una reflexión acerca de la distribución equitativa de los bienes o acerca del reconocimiento del otro desde su realidad distinta.

Es necesario revisar cómo nuestros comportamientos promueven la igualdad en nuestras relaciones sociales cotidianas, como el respeto por las filas y los turnos en la atención; el no evadir los reglamentos deportivos o los de tránsito, entre otros.

La búsqueda de privilegios, ganancias o ventajas en desmedro de los demás cuando partimos de reglas de juego igualitarias promueve la cultura del fuerte o del astuto, cultura que excluye a los otros y les desconoce su dignidad.

Fortalecer el diálogo en todos los procesos de interacción social. Educación, deporte, relaciones con vecinos, entre otras.

Negamos el diálogo convencidos de tener la verdad o el único interés válido. Esa circunstancia de ausencia de debate crea las condiciones de

* Ponencia presentada en el segundo encuentro nacional Las rutas académicas de los MARC en Colombia. El sentido de la interlocución entre el sector académico y los

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operadores de la justicia consensual, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia del 8 al 10 de agosto de 2013 en Medellín.

violencia y discordia y con ello los conflictos por el reconocimiento.

Debemos educarnos en la tolerancia y el diálogo, revisando los comportamientos que formalmente permiten espacios para la discusión pero sin permitir respeto por las diferentes opiniones y puntos de vista.

Educación jurídica. Asumir desde las facultades de derecho la ausencia de una idea de justicia y comprometerse en el logro de la misma y no dejarse captar por teorías abstractas y descontextualizadas del derecho.

Las reformas curriculares no variarán la cultura vertical y autoritaria con la que se imparte generalmente los contenidos jurídicos en las facultades de derecho. Es necesario revisar la generación de relevo y sus propuestas educativas en torno a la promoción de una idea de justicia más comprometida con el contexto social, que sólo se logrará con el diálogo entre los propios profesores.

Propiciar relatos que sensibilicen el respeto por la existencia del otro. La guerra en la que hemos estado inmersos a lo largo de nuestra historia debe tener memoria. Todos los procesos de construcción de lo que han sido nuestros duelos y tristezas nos muestran que todos somos iguales ante el dolor y el miedo nos identifica. Debemos propiciar actividades de construcción de memoria, recordar lo que nos ha hecho frágiles para buscar fortalecer nuestro compromiso por un mejor futuro…todo está por construir.

Bibliografía García Villegas, Mauricio. El constitucionalismo perverso en el caleidoscopio de la justicia. Ed. Siglo del Hombre, Bogotá, 2000.

Gurvicht, George. El derecho social, Comares, Madrid, 2001. (www.cesarrodriguez.net/ docs/clases/Fraser-Justicia Global.pdf mayo 5 de2013)

Ilustración Juan Andrés Álvarez Castaño

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El derecho de acceso a la justicia y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, MARC: una mirada académica* “El acceso a la justicia, el derecho a tener derechos” Capeletti

Por Ana Milena Monsalve Flórez1

E

l derecho de acceso a la justicia en Colombia, también llamado “derecho a la tutela judicial efectiva”, es un derecho humano esencial, y por ende un bien jurídico tutelable inmerso en valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad, regido constitucionalmente para reclamar la función judicial del Estado, proteger otros derechos y como posibilidad real de resolver conflictos, con desarrollo legal nacional e internacional según el Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, donde se formula 42

que toda persona o ciudadano tiene indistinto a su condición una protección jurídica de sus derechos, por medio de mecanismos institucionales establecidos o reconocidos por el Estado, mecanismos que bien pueden ser autotutelares, auto o heterocompositivos.

El artículo 229 de la Constitución Política establece que: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.

Por su parte, la misma norma en su artículo 116 instituye: (…) “Los particulares pue-

den ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho2 o en equidad, en los términos que determine la ley”.

con los parámetros que determine la Constitución fija las formas de composición de los conflictos judiciales, los cuales la Corte ha insistido no siempre implican el ejercicio de la administración de justicia.

La Corte ha reconocido que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos —MARC— constituyen una vía útil, en ciertos casos, para descongestionar la administración de justicia formal, con la cual se potencia la eficacia, celeridad y efectividad de la justicia a la par que genera confianza institucional. Ha referido que un régimen democrático y participativo propicia colaboración de los particulares en la administración de justicia y en la resolución de sus propios conflictos, por lo que es posible que el legislador “estimule la reLos mecanismos alternativos de resolución de conflictos solución de conflictos directamente por los no representan una desconfianza hacia la justicia estatal propios afectados, por formal, sino un reconocimiento de que procedimientos medio de figuras como menos formales y alternativas de justicia autocompositila conciliación o la amigable composición, va complementan las opciones a las cuales pueden acuo por terceros que no dir las personas para resolver sus disputas. sean jueces, como sucede en el caso de los árbitros o de ciertas autoridades administrativas y comunitarias”.

A su vez, la Ley 270 de 1996 —Modificada por la Ley 1285 de 2009—, Estatutaria de la Administración de Justicia, en su artículo 2º, señala: “Acceso a la justicia. El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública. En cada municipio habrá como mínimo un defensor público”.

Esta misma ley estatutaria en virtud del principio de alternatividad consagrado en la Constitución Política en el artículo 116 antes descrito, garantiza el acceso a la justicia por medio de formas diversas al disponer que (…) “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros debidamente habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad”.

La garantía constitucional de acceso a la justicia no significa que todos los conflictos entre los particulares deban ser resueltos por los jueces.

La Corte Constitucional reconoce la garantía de la Constitución a mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El legislador, de acuerdo

La Corte en la sentencia C-1195 de 2001 manifiesta que “resulta claro que la justicia estatal formal no siempre es efectiva, en especial cuando no se han previsto recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten la solución pacífica de los conflictos, o cuando la complejidad de los procedimientos o de las condiciones de tiempo, modo y lugar exigidas por el legislador restringen la capacidad de alcanzar el goce efectivo de los derechos cuya protección se busca al acudir a las instancias judiciales. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos no representan una desconfianza hacia la justicia estatal formal, sino un reconocimiento de que procedimientos menos formales y alternativas de justicia autocompositiva complementan las opciones a las cuales pueden acudir las personas para resolver sus disputas. Por ello mecanismos como la mediación y 43

Los MARC como instrumentos legítimos para realizar el valor justicia están lejos de ser simples mecanismos de descongestión de los despachos judiciales, toda vez que son facilitadores del acceso a la justicia para toda la sociedad, y en especial para las clases marginales; son mecanismos eficaces que resuelven los conflictos integralmente, y aportan a la construcción de los lazos sociales, a la convivencia, contribuyendo a la superación de las violencias que permean la sociedad colombiana.

la conciliación, más que medios para la descongestión judicial, son instrumentos para garantizar el acceso efectivo a la justicia y promover la resolución pacífica de los conflictos” En este orden de ideas, el derecho de acceso a la justicia es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho que busca cumplir las finalidades de un orden político, económico y social justo, promover la convivencia pacífica, velar por el respeto a la dignidad humana y a la legalidad, así como asegurar la protección de las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas.

Por ello, el derecho de acceso a la justicia pretende, especialmente, dar garantía de igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones del Estado que generan, aplican o interpretan las leyes, así mismo, dar un conjunto de mecanismos para que puedan resolver sus conflictos y obtener protección de sus derechos.

El derecho de acceso a la justicia tiene significación múltiple y compleja, compromete diversos ámbitos y requiere idoneidad y eficacia de las actuaciones toda vez que no cumple su finalidad con la sola consagración formal de recursos y pro44

cedimientos, tal y como lo ha definido el Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Respecto de los MARC, es menester precisar que desde tiempo atrás existían y se usaban como formas de resolver los conflictos que los ciudadanos podían emplear especialmente, sin embargo, es a partir de la Ley 23 de 1991 que se implementan y regulan con mayor intensidad en este país, aunque con la connotación descongestionadora de los despachos judiciales.

La importancia de estos mecanismos como parte intrínseca del derecho de acceso a la justicia radica en su contribución a la paz social y reconstrucción del tejido social, aspectos a los que apunta y debe apuntar este derecho. Así lo venía advirtiendo de forma clara aunque tímida el legislador de 1998, cuando en exposición de motivos de la Ley 446 de 1998, expuso que “el fortalecimiento a la justicia es una de las mejores y más importantes herramientas en la búsqueda y consecución de la paz”3; a la reconstrucción del tejido social por medio de la resolución pacífica de los conflictos y al cumplimiento de los valores que inspiraron el Estado social y democrático de derecho a la luz de la Constitución Política de 1991.

Lo anterior, bajo la consideración, por un lado, del alto índice de violencia que fustigaba a todos los niveles de la sociedad, especialmente a la población más vulnerable del país, y por el otro, buscando el fortalecimiento de las instituciones, aún cuando se hace referencia sólo a los conflictos de tipo jurídico evidenciando la gran influencia de la concepción del derecho positivo anclado al derecho procesal de corte eminentemente adversarial y tradicional, desde el cual se aprecian los MARC como herramientas asistenciales a la instancia judicial, aunque se afirme ya no privilegiar su enfoque descongestionador sino su función de coadyuvar en el acceso a la justicia de la sociedad en general.

Por su parte, bajo la comprensión que el derecho de acceso a la justicia implica una relación intrínseca entre el proceso y las finalidades de la justicia, acerca del concepto de justicia misma que se ha entendido como un recurso escaso y exclusivo de unos pocos, se tiene que su contenido va avanzando o evolucionando de cara al concepto del pluralismo jurídico, entendido como la necesidad de implementar otras visiones del derecho que van más allá de lo jurídico y de un trabajo interdisciplinario que permita la comprensión de la multiculturalidad y la realización constitucional en la protección de los derechos.

A raíz de los procesos de revisión que debieron iniciar las facultades de derecho con miras a la obtención de registros calificados para el funcionamiento de los programas y cumplir con las condiciones mínimas de calidad consignadas en la Resolución 2768 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, las nuevas generaciones de abogados deberán tener la capacidad, no solamente para atender procesos mediante la vía litigiosa ordinaria, sino también cultivar habilidades para prevenir violencias y realizar trabajo colaborativo en encuentros de negociación directa o asistida, apartándose de las tendencias del abogado de estilo adversarial, en pro de desarrollar, como parte o apoderado, negociaciones de diferente índole, para transigir, para conciliar, actuar como amigable componedor, ser parte o apoderado en un proceso arbitral, participar en una mediación.

Para acentuar lo anotado, transcribo algunos apartes de la referida resolución: Artículo 2. Aspectos curriculares.

1. En la formación del abogado, el programa propenderá por:… c) La plena conciencia del papel mediador y facilitador que cumple el abogado en la resolución de conflictos…”

2. En la formación del abogado, el programa buscará que el egresado adquiera competencias cognitivas, investigativas, interpretativas, argumentativas y comunicativas, así como capacidades para la conciliación, el litigio y para el trabajo interdisciplinario.

Aunado a lo anterior, el Decreto 3756 de 2007 del Ministerio de Justicia y del Derecho, establece los requisitos mínimos para la formación en MARC a los estudiantes de derecho previo su ingreso al consultorio jurídico para permitir la realización de la práctica en conciliación en derecho.

Conforme a lo anterior, los MARC están influyendo en el currículo de los programas de derecho, toda vez que la academia debe abrir espacios a los estudiantes para adquirir conocimientos, aptitudes y habilidades para comprenderlos y aplicarlos, no solo permeando el plan de estudios, mediante cátedras obligatorias en unas instituciones u optativas para otras, sino también en prácticas que contribuyan a definir el perfil de los futuros abogados orientadas también al cumplimiento de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—, artículo 28 N°. 13 que señala como deber del abogado “prevenir litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos y facilitar los mecanismos alternativos de solución de conflictos”.

La enseñanza, entonces, debe partir desde la formación misma del abogado con un trabajo in45

Los MARC están influyendo en el currículo de los programas de derecho, toda vez que la academia debe abrir espacios a los estudiantes para adquirir conocimientos, aptitudes y habilidades para comprenderlos y aplicarlos, no solo permeando el plan de estudios, mediante cátedras obligatorias en unas instituciones u optativas para otras, sino también en prácticas que contribuyan a definir el perfil de los futuros abogados.

terdisciplinario, donde converjan varios saberes, tantos como sean necesarios para tratar de forma integral un conflicto y así apoyar en su resolución.

Sin embargo, es preciso reformular la concepción instrumentalista que se ha tenido de los MARC, con su inserción en el sistema jurídico tradicional y clásico —positivista— imperante en el país como si se tratara de un simple trámite burocrático para acceder a la jurisdicción, y que acentúa más la dificultad de generar un diálogo en las justicias —la formal por un lado y por el otro la comunitaria y consensual—.

Con esta concepción se cercan y limitan las fortalezas de los MARC, su contribución al sostenimiento de concepciones críticas y pluralistas del derecho y a la justicia, su posibilidad de aportar en la construcción social de ciudadanía con todo lo que ello implica para la democracia participativa.

La justicia y la administración de justicia, no es una responsabilidad única de los jueces, función que de hecho para ellos es más restringida toda vez que es una justicia más formal que material e integral; por su misma sujeción a las leyes, pertenece también al pueblo, a los ciudadanos, en un régimen democrático donde éste debe intervenir de forma activa y participativa: son los ciudadanos, en ejercicio de la participa46

ción, los primeros llamados a resolver sus conflictos de forma pacífica.

Es ahí en donde con mayor ahínco debe reforzarse el trabajo que desde los MARC se viene haciendo, al menos en la academia, frente a la conciliación en especial y en general a los MARC, propiciando que la jurisdicción sea una instancia complementaria y subsidiaria del trámite de los conflictos en tanto se devuelve a las comunidades el poder de hacerlo.

Los MARC como instrumentos legítimos para realizar el valor justicia están lejos de ser simples mecanismos de descongestión de los despachos judiciales, toda vez que son facilitadores del acceso a la justicia para toda la sociedad, y en especial para las clases marginales; son mecanismos eficaces que resuelven los conflictos integralmente, y aportan a la construcción de los lazos sociales, a la convivencia, contribuyendo a la superación de las violencias que permean la sociedad colombiana.

Es importante dejar de lado la concepción de los MARC como mecanismos descongestionadores del aparato judicial toda vez que tal congestión, y por ende la no garantía del derecho de acceso a la justicia, es un problema de tipo estructural demostrado, incluso, con el mantenimiento y refuerzo de las medidas de desconges-

tión adoptadas, las cuales debieren ser coyunturales y temporales.

Se requieren acciones conjuntas, sistemáticas que lleven a que este derecho sea una realidad, al alcance de todo ciudadano, lo que requiere su conocimiento y su apropiación para materializarlo al momento de requerir una respuesta al conflicto, ya que efectivamente ¿cómo se va a aplicar algo que no se conoce? Situación que incluso invita a pensar en la necesidad de intencionar pedagógicamente los MARC y el trabajo por ende de los terceros mediadores, conciliadores cuando fungen como tales.

las estadísticas de políticas de descongestión judicial—, la conciliación en derecho así como los otros MARC en el país, deben ser mirados desde la posibilidad que brindan a la ciudadanía de acceder a la justicia, de construir la justicia y de hacer justicia, es decir desde políticas de formación ciudadana y valores sociales, objetivos que deben ser guía para la labor de las universidades e instituciones académicas o educativas en general.

Por lo anterior, se vislumbra la necesidad de reforzar la difusión y formación en MARC no sólo a los estudiantes de derecho sino a la sociedad en general, trabajo que debe ser mancomunado entre el Estado, el sector público y privado, así como la académica en su compromiso social pues —más allá de lo que se puede apreciar en

Conforme a lo anterior, es imperativo para esta sociedad colombiana —permeada por la violencia, confusa y en ocasiones con desesperanza no sólo en lo particular sino también en lo público—, hacer que concurran estos dos enfoques: el acordista —pendiente del tema estadístico en estricto sentido— y el transformativo y pedagógico, para lograr el empoderamiento de las partes en conflicto en temas de justicia, equidad, dignidad y ejercicio democrático de la ciudadanía, responsabilidad que comprendo es de la academia, pero no sólo de esta.

* Conferencia presentada en el II encuentro nacional Las rutas académicas de los MARC en Colombia. El sentido de la interlocución entre el sector académico y los operadores de la justicia consensual, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, del 8 al 10 de agosto de 2013, Medellín.

Abogada y conciliadora en derecho de la Universidad Libre, Bogotá (2004), especialista en mediación de conflictos de la Universidad de Medellín (2006) y a graduar como magister en derecho de la Universidad de Antioquia (2013). Teléfonos: (57-4) 2199863/ 64, 3218004315. Correo electrónico: amonsalvef@ gmail.com

Notas 1. Docente de tiempo completo de la Universidad de Antioquia. Coordinadora del Centro de Conciliación “Luis Fernando Vélez Vélez” adscrito al Departamento de Prácticas y Consultorio Jurídico “Guillermo Peña Alzate” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

2. En nuestro caso, actas de conciliación que de acuerdo a la Ley 446 de 1998 y 640 de 2001, tienen los mismos efectos que una sentencia judicial una vez sean registradas.

3. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 de 1998. Exposición de motivos. Gaceta del Congreso No. 621. 24 de diciembre de 1996. p. 24.

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L

El papel de los estados latinoamericanos en un escenario posneoliberal.

Políticas públicas y capacidades estatales1

Por Carlos Andrés Olaya Mesa* y Jhony Alexander Tamayo Castro*

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uego de más de dos décadas del Consenso de Washington y de la entrada del neoliberalismo a los países latinoamericanos, es inevitable reconocer las fallas del llamado “fundamentalismo de mercado”. El cada vez más revaluado papel del mercado en el desarrollo de los países del sur, hace necesario replantearse el papel que el Estado desempeña en las sociedades contemporáneas. El modelo neoliberal no cumplió las expectativas y trajo consigo pobreza, desigualdad, acumulación de la riqueza, crisis ambiental, monopolios económicos entre otros fallos que han agudizado las diferentes crisis latinoamericanas. Cabe recordar que cuando hablamos de “problemas sociales”, no estamos hablando de fenómenos naturales o supra-naturales, estamos hablando de los efectos de decisiones y acciones concretas, emprendidas por personas insertas en determinados “paisajes institucionales”2, que generan riqueza o pobreza, equidad o inequidad, miseria o abundancia. En este sentido, las cuestiones que nos inquietan son ¿cómo podríamos trastocar entonces las relaciones de poder para que exista una mayor redistribución de las cargas y los beneficios sociales? ¿Debe volver el Estado para ayudar a cerrar las brechas de desigualdad agudizadas por el neoliberalismo? ¿En qué forma debe regresar? ¿Cómo fortalecer las capacidades estatales en un contexto posneoliberal?3 Estas preguntas trataremos de resolverlas en este escrito a modo de provocación, quizá seamos ligeros en algunos puntos que requieren mayor profundidad, pero el objetivo es plantear elementos para posteriores reflexiones. Desde un punto de vista politológico plantearemos entonces algunos elementos sobre los fallos del neoliberalismo en América Latina para profundizar luego en la necesidad del regreso del Estado. Todo esto sin desconocer los actuales debates que se dan en otras disciplinas, como la economía política, alrededor de la crisis neoliberal y

que profundizan, más bien, en aspectos del régimen de acumulación, el modelo de regulación, la cuestión del extractivismo o sobre la reprimarización de la economía latinoamericana.

El fracaso del neoliberalismo. Las promesas incumplidas del fundamentalismo de mercado Para los años noventa sucesos históricos de mediana y larga duración llevan a la consolidación del neoliberalismo como paradigma predominante, la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y las críticas al Estado del bienestar llevaron a lo que Fukuyama alguna vez decía “el fin de la historia”. La idea de que ha llegado la hora del capitalismo, de la economía de mercado y del neoliberalismo como paradigma para el desarrollo de las naciones, es decir el Estado como promotor de bienes y servicios y regulador de la economía, va perdiendo protagonismo.

Entre los principios del neoliberalismo está la reducción del Estado, la privatización de bienes y servicios públicos, el protagonismo del mercado y el individualismo responsable de los ciudadanos. Los neoliberales le otorgan una naturaleza superior a los mercados y consideran que su acción tiene efectos milagrosos que los convierten en promotores de eficiencia, beneficio social, desarrollo económico, libertad y progreso (Estrada, 2008). Un conjunto de relaciones causales que más o menos se articulan a través de lo que llaman el “trickledown effect” o teoría del derrame.

En efecto, este escenario internacional y las recomendaciones dominantes de los organismos multilaterales de crédito público condujeron a que los países de América Latina, para lograr crecimiento económico en un contexto de globalización e internacionalización, adoptaran el imperativo de la competitividad como eje de la reforma estatal: la idea era fortalecer el mercado y reducir primero, para robustecer después, las capacidades estatales. En aquellos años, ambos principios fueron parte de las metas y los discursos de los presidentes latinoamericanos (Cf. Zurbriggen, 2007).

Es así como en 1989, promovido por los organismos multilaterales, surge el Consenso de Washington4 con el fin de procurar un modelo económico más estable, abierto y liberalizado para los países de América Latina, África, Europa del Este y el Sureste Asiático. Se trata, sobre todo, de encontrar soluciones al problema de la deuda externa que impide el desarrollo económico y, al mismo tiempo, establecer un ambiente de transparencia y estabilidad económica (Casilda, 2004).

En este Consenso los puntos centrales que se plantearon fueron: disciplina fiscal, reorientación de los gastos del Estado, reforma tributaria, tipo de cambio unificado y libre, liberalización del mercado financiero, liberalización del comercio, apertura a la inversión extranjera directa —IED—, privatizaciones, desregulación (o re-regulación), fortalecimiento del derecho de propiedad.

Entre los principios del neoliberalismo está la reducción del Estado, la privatización de bienes y servicios públicos, el protagonismo del mercado y el individualismo responsable de los ciudadanos.

Los neoliberales le otorgan una naturaleza superior a los mercados y consideran que su acción tiene efectos milagrosos que los convierten en promotores de eficiencia, beneficio social, desarrollo económico, libertad y progreso (Estrada, 2008).

Un conjunto de relaciones causales que más o menos se articulan a través de lo que llaman el “trickledown effect” o teoría del derrame.

A principios de los años noventa los gobiernos latinoamericanos adoptaron el Consenso, y aunque las políticas que se aplicaron dieron 49

algunos de los resultados que supuestamente debían —presupuestos más saludables, menos inflación, menores coeficientes de deuda externa y mayor crecimiento económico—, no lograron eliminar las inherentes contradicciones sociales de un modelo que busca concentrar la riqueza y distribuir la pobreza. En muchos países el desempleo aumentó, la pobreza crecía exponencialmente y el énfasis en la apertura hizo que los países se tornaran vulnerables a los efectos secundarios de la globalización, como los flujos de capitales privados a corto plazo que salen de un país con la misma rapidez con que la que entran (Clift, 2003). Es de saber que las reformas neoliberales en América Latina han fracasado, la idea del Estado mínimo como garante de contratos y simple árbitro en las dinámicas que el mercado impone ha llevado a agudizar los problemas sociales; la concentración de la riqueza, las crisis ambientales entre otros fallos, han sido muestras de que el neoliberalismo no ha cumplido la tarea de crear y consolidad mejores condiciones de vida y un desarrollo económico equitativo y eficaz.

¿Regresará el Estado al escenario latinoamericano?

Es en este contexto de profunda crisis del neoliberalismo, en donde las palabras pronunciadas el año pasado por Heraldo Muñoz5, cobran sentido: Por primera vez en mucho tiempo, el Estado está de regreso en América Latina […] El mercado seguramente no se va a interesar en los más pobres, en los que no tienen seguro de salud, en las escuelas públicas, etc., y creo que ha sido el fracaso del neoliberalismo el que ha llevado a que hoy gobiernos de derechas, centro e izquierdas aboguen por un Estado mucho más activo, presente y vigoroso6.

Parece entonces que el eterno péndulo que oscila entre el mercado y el Estado se estuviera inclinando, en los últimos años, hacia el segundo. En efecto estos movimientos no son algo natural. No llega simplemente un momento en donde los fallos del mercado o del Estado desborden los problemas sociales de tal manera que sea “inevitable” dar paso al uno o al otro, como por arte de magia. Realmente la historia no se repite al pie de la letra, la llegada de una era posneoliberal no implica el regreso a una nueva era desarrollista en América Latina. Así cómo en la década del 30 el llamado New Deal de Roosevelt representaba toda una agenda política sustentada en premisas keynesianas, las llamadas reformas estructurales de Reagan y Thatcher durante los años 80 —la primera ola del neoliberalismo (Steger & Roy, 2010)—, también representaban todo un conjunto de intereses políticos y económicos sustentados en premisas de la escuela austriaca, el monetarismo o la llamada escuela de la elección pública (public choice).

A decir verdad, lo que pasa es que la innegable crisis del neoliberalismo abre nuevas ventanas de oportunidad política en donde todo tipo de actores y de agendas se disputan, con garras y colmillos, el futuro de la región. De allí, la inevitable necesidad de asumir una postura que nos permita explicar el pasado que nos condiciona y 50

En todo caso, nosotros nos jugaremos nuestras cartas por la segunda opción: un Estado capaz de gobernar a la sociedad tanto como al mercado, pero no de una manera vertical, a modo de “comando central”, sino más bien, en una especie de coordinación desbalanceada, una sinergia asimétrica entre Estado/ mercado/sociedad que pueda enfrentar efectivamente los problemas sociales generados por la hegemonía neoliberal. Esto es lo que los estudiosos de la política y de la administración pública han comenzado a llamar desde hace un par de décadas “gobernanza”.

comprender el presente que nos rodea para poder construir un futuro que nos favorezca a todos.

La apuesta está hecha y nadie sabe realmente que pueda pasar ¿Reafirmaremos nuestra creencia en un mercado libre que garantice crecimiento económico y por ende “derrame” bienestar social para todos? ¿Radicalizaremos una política fiscal de austeridad y de “equilibrio” macroeconómico, en donde las intervenciones sociales — salud, pensiones, riesgos laborales, subsidio familiar…— sean condicionadas a la “disponibilidad presupuestal” de las agencias implementadoras de la política social? ¿Aceptaremos sin más una política económica de des-industrialización y de re-primarización? O por el contrario ¿le apostaremos a un Estado que sea capaz de controlar el oportunismo de los actores del mercado —local, nacional e internacional—, no solo a través de la regulación y la promoción de la competencia, sino a través de la gestión e incluso producción de aquellos bienes y servicios en donde “la señalprecio” del mercado no vea incentivos para hacerlo? En pocas palabras ¿le apostaríamos a un Estado capaz de ayudar a corregir este terrible régimen de acumulación actual (Harvey, 2005)?

Sea la primera opción o la segunda, por lo menos desearíamos que todos estuviésemos de acuerdo en algo fundamental como lo es la necesidad de construir instituciones estables que nos eviten caer en una posible “tragedia de los comunes” (Hardin, 1968). En todo caso, nosotros nos jugaremos nuestras cartas por la segunda opción: un Estado capaz de gobernar a la sociedad tanto como al mercado, pero no de una manera vertical, a modo de “comando central”, sino más bien, en una especie de coordinación desbalanceada, una sinergia asimétrica entre Estado/ mercado/sociedad que pueda enfrentar efectivamente los problemas sociales generados por la hegemonía neoliberal. Esto es lo que los estudiosos de la política y de la administración pública han comenzado a llamar desde hace un par de décadas “gobernanza”.

De este modo se superan dos importantes errores: por una parte se desmantela la premisa neo-conservadora de los años 80 sobre la “ingobernabilidad” de América Latina (Cf. Crozier, Huntington & Watanuki, 1973), pues reconocemos que no solo se trata de que las sociedades sean “ingobernables”, sino también de que los Es-

tados son “incapaces” de gobernarlas. Y por otra parte esta “incapacidad” del Estado evidencia su mismo carácter relativo, su condición de constante construcción. El Estado no es una realidad dada, no es el mismo en todos los tiempos, ni en todos los sectores, ni mucho menos en todos los territorios. De allí que su construcción sea un proceso continuo de avances y retrocesos.

En este orden de ideas, para que un Estado pueda proteger a sus ciudadanos de los diferentes abusos del poder del mercado (marketpower) 7, y a su vez pueda garantizar su seguridad personal y material, procurando una redistribución equitativa de cargas y beneficios al interior del cuerpo social, es necesario que pueda construir una “estatalidad fuerte”. Este concepto tiene en la teoría política contemporánea una doble dimensión (Cf. Ilyin, Khavenson, Meleshkina, Stukal, & Zharikova, 2012). Por una parte, es necesario que los estados puedan garantizar su soberanía8 interna y externa, algo que los teóricos llaman statehood.

Además, es necesario que puedan construir capacidades estatales en sentido estricto, llamadas stateness, bien sea para cumplir con sus funciones administrativas o sus funciones políticas (Repetto, 2003).

Ambas dimensiones son necesarias para asegurar la presencia de un “Estado fuerte, eficaz y transparente”, porque para nadie es un secreto que los estados también tienen sus propios fallos. La experiencia histórica del desarrollismo en América Latina nos dejó valiosos aprendizajes y también nuevo retos. Con nuestro punto de vista no buscamos revivir un anacronismo histórico, un proyecto que deposite ingenuamente sus esperanzas en una élite burocrática omnipotente capaz de solucionarlo todo en medio del más absurdo secretismo. Por el contrario, si nos queremos tomar este desafío en serio, debemos reconocer que los problemas públicos de nuestros días son extremadamente complejos y que necesitan de la intervención coordinada y articulada entre un Estado capaz, un mercado justo y una sociedad vigilante.

Finalmente, consideramos que es indispensable que tanto los pensadores como los hacedores de las políticas públicas de la región tengan en cuenta este nuevo contexto posneoliberal.

Para los primeros sería útil poder reconocer que 51

las políticas públicas son más que un simple instrumento gubernamental para la intervención selectiva de la sociedad (como lo fue la idea de “proyectos” en los años 70 o la idea de “programas” en los años 80) y que, por el contrario, constituyen un excelente “enfoque” para analizar la dinámica política del presente. ¿Porqué algunos gobiernos de la región, principalmente Uruguay, han comenzado a cambiar su política de drogas? ¿Cómo afecta la nueva “amistad” entre los países del cordón del pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) la política exterior de los demás países de América Latina? ¿En qué medida las políticas urbanas del siglo XXI han ayudado a disminuir los problemas de segregación socio-espacial de nuestras grandes ciudades? En fin, es claro que los estudiosos de las políticas públicas podrían ver en ellas un increíble potencial analítico. Para los segundos, los hacedores de políticas públicas (policy makers), sería útil aprovechar las ventanas de oportunidad política generadas por la crisis neoliberal y comenzar a revitalizar el papel que el Estado había perdido frente al fundamentalismo de mercado de las últimas tres décadas. Para comenzar, en la etapa del diseño y la formulación de las políticas públicas se podrían tener en cuenta algunos instrumentos de gobierno directo (Cf. Salamon, 2002) que ayuden a controlar los problemas de representatividad y legitimidad generados por la ola de desregulaciones y privatizaciones de los años 90.

En últimas, simplemente esperamos que esa forma moderna de organización del poder político que llamamos “Estado”, tenga las capacidades suficientes para enfrentar los retos y para aprovechar las oportunidades que abre este nuevo escenario posneoliberal en América Latina.

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*Estudiante de octavo semestre de Ciencia Política

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Notas 1. Este artículo recoge resultados parciales del proyecto de investigación Políticas públicas territoriales en Medellín, actores, recursos y oportunidades. Las políticas públicas de desplazamiento forzado, y de las diversidades sexuales y de género.

Financiado por el CODI y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia (MedellínColombia). Coordinador: James Gilberto Granada Vahos. Co-investigador: Jonathan Alejandro Murcia.

Estudiantes en formación: Jhony Alexander Tamayo, Gloria Andrea García y Carlos Andrés Olaya.

2. El nuevo institucionalismo ha señalado que los seres humanos no somos simples agentes maximizadores de beneficios personales. No somos ese homo economicus preocupado únicamente por su riqueza, como la teoría económica ortodoxa ha insistido una y otra vez. Por el contrario, los seres humanos existimos en un mundo restringido por un conjunto de normas, valores, visiones del mundo, reglas, principios y acuerdos formales e informales que influyen sobre nuestras preferencias y condicionan nuestras estrategias.

Seguramente estas restricciones (instituciones) existieron antes de nosotros y seguirán existiendo después de nosotros. A esto es a lo que los neoinstitucionalistas llaman, en términos generales, un “paisaje institucional”.

3. En el debate Latinoamericano sobre “posneoliberalismo” existen dos grandes posturas antagónicas. La primera es la que subyace en personajes como Emir Sader (2008) o Atilio Borón (2003), para quienes el posneoliberalismo representa realmente un proyecto alternativo a la hegemonía neoliberal.

La segunda postura, representada principalmente por Beatriz Stolowicz (2010), considera que el posneoliberalismo no es más que la etapa de consolidación final del neoliberalismo. Nosotros preferimos asumir este concepto desde un punto de vista más descriptivo, pues sea que se esté acabando o simplemente se esté re-armando, es indiscutible que el neoliberalismo afronta una etapa de crisis en América Latina, y lo que sea que

venga , no será lo mismo: de allí la partícula “pos”.

4. John Williamson fue el economista encargado de asignarle ese nombre en 1989 a través de su publicación What Washington Meansby Policy Reform. Actualmente existen otros “consensos” político-económicos que plantean caminos diferentes al Consenso de Washington, como el Consenso de Barcelona, el Consenso de Beijín o el Consenso de Copenhague, aunque sin mayor éxito.

5. Director para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 6. http://noticias.terra.com.mx /mexico/politica/onuel-regreso-del-estado -en-america-latinaayudara-a-reducirl a - d e s i g u a l d a d , 2d1261a08d56a310 VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 7. Además de los abusos del poder del mercado “formal y legal”, piénsese en los sistemáticos abusos del poder de los mercados “informales e ilegales” que tanto han proliferado en América Latina después de los años 70 –drogas, personas y armas–.

8. Para Duverger (1988), la soberanía es un atributo del poder que garantiza la supremacía sobre cualquier otro poder. Es decir, no todos los poderes son soberanos, pero toda soberanía implica un poder que no tengo por encima de él ningún otro poder.

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Dignidad o miseria de la universidad “A veces, quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia” Miguel de Unamuno

Por Lucy Carrillo Profesora del Instituto de Filosofía

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ant apela al concepto de dignidad para identificar la calidad moral del comportamiento de un individuo.

Algunos, sin embargo, entienden equivocadamente la dignidad humana al suponer que es algo misterioso que habita en nosotros por obra de los dioses que nos fabricaron a su imagen, o cuando afirman que es algo tan natural como tener ombligo o dos manos. Pero, de hecho, nunca se tiene dignidad de una vez por todas. Por eso decimos que sólo a través de sus acciones cada uno da muestras de su dignidad o, lo que es lo mismo, del elevado concepto que 54

tiene de sí mismo. No en vano la dignidad consiste en el ejercicio de la autonomía, y sólo porque los humanos tienen la capacidad de hacerse autónomos, Kant atribuye dignidad a la existencia humana. Lo que define propiamente la dignidad de una persona es su aspiración a no dejarse imponer nada con lo cual no se pueda estar moralmente de acuerdo. Por eso el sentido de nuestra propia dignidad —vinculado a la generosidad y a la compasión—, nos mueve a obrar, a pesar de que esas acciones sólo nos reporten daños y aflicciones, o incluso pongan en riesgo nuestra vida.

Pues las ventajas y ganancias, las alegrías y placeres, o la vida

misma nos resultan despreciables y miserables si no tenemos dignidad.

tras año, hasta el punto en que al comienzo de cada semestre nos preguntamos si lo podremos terminar.

La universidad atraviesa por una crisis más seria que La idea de dignidad alimenta también la idea de la causada por el puñado de enmascarados que se la autonomía de la universidad. Pensamos la univervanaglorian de su poder para sembrar pavor. Más desidad como el lugar para la libre reflexión sobre los cisivos que esa absurda violencia, son los desencuenfines que queremos para nuestras vidas y nuestras tros en la convivencia universitaria que revelan una sociedades, donde se pueden hallar las mejores ramuy grave confusión respecto a los valores que rigen zones para diferenciar los fines más importantes y y los valores que deberían regir nuestra vida univernobles de los fines insignificantes y ruines. Esa digsitaria. Los síntomas de esto se manifestaron en el nidad de la idea de universidad demanda una atvalioso tiempo perdido entre las perentorias exhortamósfera óptima para la libre investigación, donde ciones de las autoridades universitarias a regresar a clases y la obstinada defensa que hizo el movimiento estudiantil de su pliego de peticiones que La universidad atraviesa por una crisis más seria que la no llevaron a nada. Las causada por el puñado de enmascarados que se vanarazones de unos y otros glorian de su poder para sembrar pavor. Más decisivos se mantuvieron cerradas a la urgencia de enconque esa absurda violencia, son los desencuentros en la trar caminos de entendiconvivencia universitaria que revelan una muy grave conmiento. ¿Qué hay detrás fusión respecto a los valores que rigen y los valores que de las encendidas reivindicaciones sociales que deberían regir nuestra vida universitaria. servían de base al pliego de los estudiantes? ¿Qué hay detrás de los clamores de las autoridades universitarias por el regreso a clases? los debates y la discusión francos y abiertos debieran crear una comunidad unida por un solo bien común: la búsqueda de la verdad, del bien, de la justicia.

Y se acentúa el concepto de ‘búsqueda’ porque la idea de la universidad es sólo un desideratum (como también lo es —dicho sea de paso— la idea de la democracia): una tarea nunca acabada, siempre urgida de mejoras sustanciales. De tal manera que el ejercicio de la autonomía universitaria no puede reducirse a la instrucción eficaz en saberes específicos, pues la hoja de ruta que traza su dignidad estriba en convertirse en lugar idóneo para la formación de ciudadanos íntegros capaces de contribuir activamente a la construcción de una sociedad justa.

Hoy decimos que la universidad está superando por fin esta última crisis. Pero, ¿realmente se ha superado algo? Pesa sobre nosotros la confusión, la tribulación y la perplejidad que compartimos durante estos últimos meses que, por lo demás, se repiten año

Desde el punto de vista de la idea de universidad —la excelencia académica—, decepciona el lenguaje escueto y económico de las reivindicaciones estudiantiles (exención de matrículas, restaurantes, huertas comunitarias, subsidio de transporte, servicio de alimentación, incluso espacios para negocios). Aunque tampoco es para extrañarse.

La universidad pública es reflejo de su sociedad, y el descontento estudiantil suele expresar conflictos sociales que desafían toda solución sencilla: todos padecemos la infraestructura física del país que es una de las más atrasadas de Latinoamérica.

Ningún universitario ignora los informes especializados sobre justicia social que sitúan a Colombia entre los países de más brutal desigualdad social.

Y vemos impotentes cómo nuestros pueblos y ciudades crecen con la multiplicación de barriadas miserables, y sus calles se atestan con desplazados por la violencia e indigentes de todo tipo. Algún 55

familiar, amigo, conocido o vecino nuestro vive del rebusque o, si tiene trabajo, soporta las penosas condiciones de su empleo temiendo constantemente perderlo. Desde el punto de vista de la vida diaria de los conciudadanos, hay que admitir que el pliego de los estudiantes refleja, no su sed de conocimiento —como sería de esperar—, sino el hambre física de los marginados y excluidos.

Sin embargo, sorprende que un movimiento estudiantil que se enorgullece de su conciencia social no argumente sus reclamos. El pliego de peticiones que todos conocemos tiene el aspecto de una mera lista que, si bien reivindica intereses particularmente vinculados a Bienestar Universitario, no da señas de lo que preocupa a un universitario. No hay el menor interés por las deficiencias académicas que padece todavía la universidad; por el descomunal hacinamiento que ha resultado de las políticas de ampliación de la cobertura; de las dificultades y obstáculos que el hacinamiento representa para las tareas académicas; o por la anacrónica funcionalidad de la biblioteca central.

La sensibilidad política que se atribuyen los defensores del pliego está centrada en sus intereses y no tiene la mínima generosidad de preguntar por las necesidades de quienes hacen funcionar su universidad. Ignoran los estudiantes las precarias condiciones de contrato de los profesores en general (sobre todo de cátedra) y del personal administrativo (particularmente de las secretarias).

Tampoco se preguntan, por ejemplo, cómo están implementando las autoridades universitarias el alarmante proceso de transformación organizacional de la Universidad de Antioquia que revoluciona el concepto de universidad.

La zozobra imperante entre los estudiantes hacía pensar que el paro estudiantil no representaba la voluntad de las decenas de miles que aspiran a que la Universidad les garantice la mejor formación como individuos y como ciudadanos. El acta de la asamblea de estudiantes de los días 25 y 26 de septiembre es llamativa. El día 25, luego de alrededor de doce horas de informes, evaluaciones y discusiones, la mayoría de representantes estudiantiles votó NO al paro. El día 26 se presenta el pliego, hay discusiones sobre sus puntos, no hay constancia alguna de votación, pero sí de la decisión de comenzar el paro. Hay sin duda en el pliego cierta fuerza persuasiva de una petición referida a las medidas disciplinarias que la Uni56

versidad ha tomado respecto al comportamiento de algunos activistas del movimiento estudiantil.

Pero una reconsideración de los supuestos conforme a los cuales opera la Unidad de Asuntos Disciplinarios se había podido discutir en medio de la normalidad académica, lo mismo que todo lo referente a la optimización de Bienestar Universitario. Ninguna de las peticiones tiene fuerza suficiente que justificara un cierre de la Universidad y la pérdida del semestre. Por eso es muy probable que la mayoría del estudiantado no quisiera este paro estudiantil.

Por otra parte está el despliegue de pasión, tenacidad y coraje del puñado de jóvenes que promueven los cierres de la Universidad haciendo eficaz uso de su violencia, sin dar muestras del menor interés en ganar adhesión o simpatía razonadas de estudiantes, profesores y vecinos. El ideario revolucionario de quienes se autodenominan los clandestinos del movimiento estudiantil —aparecido en una publicación llamada El tropelero—, clama “por la consecución de una vida digna y justa”, y les declara ‘amantes y respetuosos de la educación pública con conciencia política’. Sin embargo, sus propuestas se reducen a la exigencia de desterrar y expulsar de la Universidad a todos aquellos que consideran despreciables: las autoridades administrativas (por ser siervas del capitalismo), los académicos (porque el estudio ha hecho desgraciadas sus vidas de espaldas a la realidad), los estudiantes (por borregos y obedientes). A sus ojos, sólo ellos mismos tendrían las cualidades necesarias para permanecer en una universidad (desierta y extremadamente aburrida, por lo demás). Reivindican su auténtica creatividad y original imaginación, y las resumen en el uso de pasamontañas y petardos, y en el placer que les reporta sembrar miedo.

A la vez, sueñan con el caos, con el fuego, con el estallido y con poder ver un día ‘la universidad en llamas’.

Este discurso de odio y destrucción trae a la mente la historia acontecida un día de otoño de 1936 en otra universidad, la Universidad de Salamanca. José María Pemán gritaba contra “los cánceres del cuerpo de la nación que se deben exterminar, cortando en carne viva”, mientras Millán Astray clamaba por la “¡Muerte a los intelectuales!”. Ciertamente, esos vociferantes terminaron por aniquilar la república, causaron centenares de miles de muertes, centenares de miles de exilios,

cumplieron su sueño de ver a España entera arder en llamas e instauraron una dictadura fascista durante cuarenta años. No obstante, nadie que tenga memoria de ese infausto día de octubre del 36 en Salamanca puede olvidar a Miguel de Unamuno, quien —apelando al sentimiento de su propia dignidad— pronunció las palabras que mutatis mutandis valen para los violentos de la Universidad que sólo imponen la fuerza para destrozar y atemorizar: “Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis, porque para conven-

te exigir a la universidad pública que promueva y defienda?

Por el otro lado del conflicto estuvieron los apremiantes emplazamientos de las autoridades universitarias a reanudar las clases. Al respecto hay muchas preguntas sin respuestas: ¿por qué permitieron que se diera este paro estudiantil si —como bien se sabe— este tipo de paros siempre sucede después de que durante semanas enteras profesores y estudiantes son acosados, amenazados e intimidados? El movimiento estudiantil alega haber presentado sus peticiones varios meses atrás. ¿Por qué el personal administrativo competente no atendió No hay el menor interés por las deficiencias académicas de modo razonado y en que padece todavía la universidad; por el descomunal hasu justo momento esas demandas? ¿Por qué cinamiento que ha resultado de las políticas de ampliala administración de ción de la cobertura; de las dificultades y obstáculos que la Universidad esperó el hacinamiento representa para las tareas académicas; hasta que el semestre estuvo materialmente o por la anacrónica funcionalidad de la biblioteca central. perdido para prestar La sensibilidad política que se atribuyen los defensores atención a esas petidel pliego está centrada en sus intereses y no tiene la ciones? Todos sabemos bien que la abrumadora mínima generosidad de preguntar por las necesidades de mayoría de estudiantes quienes hacen funcionar su universidad. está claramente en contra del comportamiento violento y bárbaro. ¿Por qué las autoridades no confían en los estudiantes y apoyan una organización estudiantil cuya mayoría democrática cer hay que persuadir. Y para persuadir necesitatenga participación y voz, y se haga capaz de neuréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha”. tralizar de una vez por todas a los violentos?

Tanto los representantes del movimiento estuDurante estos meses de crisis fue alentador, no diantil como los clandestinos exigen el reconociobstante, leer y escuchar todo tipo de opiniones miento de su claridad política, al tiempo que ni el sobre el cierre de la Universidad: largos exordios pliego de peticiones de los unos, ni el oscuro ideao frases puntuales en twitter y correos, unas más rio de los otros manifiesta una sola palabra sobre y otras menos interesantes, unas más y otras melo que entienden por ‘vida digna y justa’, o lo que nos concienzudas, pero todas surgidas de sentida creen y esperan que sea la tarea de la universidad preocupación y angustia por lo que pasa con la pública en un país con tan impúdicos niveles de Universidad. Esta explosión de opiniones ha hemiseria, violencia e injusticia. Uno se pregunta, cho gala de lo que debe entenderse por la genuina ¿qué clase de universidad quieren los redactores vida dialogante de una universidad pública. Son y defensores de este pliego de peticiones? ¿Qué materialmente inexistentes las ocasiones en la Uniclase de sociedad creen que todos deberíamos anversidad en que muchas personas de tantas disciplinas y puntos de vista divergentes participan en helar, de tal modo que pudiéramos conjuntamen57

común y públicamente, expresando sus pareceres y suscitando no pocas discusiones como en esta ocasión, echando mano a los diferentes medios de la Universidad. Este deseo de participar, de proponer soluciones, de exponer las propias ideas y discutirlas con otros para defenderlas o para reconocer que hay mejores argumentos, debería predominar y marcar la vida diaria de la Universidad, si es que aún albergamos un gramo de esperanza para la idea de democracia.

debe ser una vida de una comunidad, y sólo si se construye una vida universitaria democrática —en la que todos tengan arte y parte— será posible un sano escenario de convivencia que sea la garantía de los logros académicos de la Universidad sin sobresaltos, y de paso se evitarían paros como este último que sólo reportó pérdidas para todos. De otra manera, nuestras relaciones entre colegas y estudiantes se reducirán a un mutuo elogio hipócrita, y terminará por imponerse la nefasta creencia de que toda disensión respecto de los profesores o de las directivas universitarias es subversiva, porque muchos podrían llegar a creer que cuestionarse las cosas, pensar que hay otras soluciones,

Por esa razón, fue muy preocupante que, si bien algunos profesores, estudiantes y representantes de facultades presentaron importantes diagnósticos y valiosas propuestas acerca de este paro estudiantil, no fueran escuchados por las autoridades de la universidad que, a su vez, buscaban luces para resolver el Deseo de participar, de proponer soluciones, de exconflicto. Su sordera poner las propias ideas y discutirlas con otros para ante estas voces sensadefenderlas o para reconocer que hay mejores artas ‘de abajo’ daba la impresión de que los gumentos, debería predominar y marcar la vida diallamados de las autoriria de la Universidad, si es que aún albergamos un dades académicas flogramo de esperanza para la idea de democracia. taban en una extraña ingravidez históricosocial: en nombre del diálogo, de la libre expresión, del reconocimiento del otro, del consenso, del sentido de comunidad… Sin embargo, ¿cuál diálogo?, ¿cuál reconociotras maneras de hacer las cosas puedan ser señal miento del otro?, ¿cuál sentido de comunidad? de deslealtad o de falta de sentido de pertenencia.

Su distancia e ignorancia de la plétora de opiEsa mayoría silenciosa de profesores y estudianniones que compartían entre sí profesores y estutes que un editorial de El Mundo acusaba de culdiantes, ponía en evidencia que profesores y estupable de los disturbios y del cierre, se debate de diantes no tienen ni voz ni voto, y que las directivas hecho entre los hostigamientos de los violentos y universitarias personifican la única autoridad que la indiferencia de las directivas universitarias. No hay en la Universidad. Según Max Weber, los prinhay en la Universidad la cultura de la participacipios que definen a la burocracia son la jerarquía ción, del reconocimiento, de la libertad para exy las órdenes que vienen desde arriba hacia abajo. presar las propias opiniones y de ser escuchado Evidentemente la organización burocrática es inpor los otros.

No hay el espacio para el debate compatible con la noción de democracia, la cual de ideas y para la divergencia de opiniones que supone que las propuestas y las soluciones vayan tengan alguna consecuencia en la vida de la Unide abajo hacia arriba. La vida de la Universidad 58

versidad. No hay la igualdad real de todos para preguntar y responder, para consensuar o disentir sin temor a represalias. Uno se pregunta, ¿qué clase de universidad quieren las autoridades universitarias? ¿Qué clase de sociedad creen que todos deberíamos anhelar, de tal modo que profesores y estudiantes tuviéramos obligación de participar en su promoción y defensa?

Universidad proteja su significado moral, cuando sus relaciones académicas se reducen a términos de producción e intercambio de mercancías entre competidores egoístas y astutos que ponen zancadillas a sus colegas y estudiantes, y cuando la organización de la Universidad que se propone no se puede diferenciar de un puñado de maniobras y tácticas mercantiles.

Es perentorio que nos aclaremos qué clase de universidad tenemos y queremos. Es necesario que todos continuemos opinando y dando lugar a las discusiones y debates; es urgente que no desalentemos en nuestro afán de participar. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué opina la comunidad universitaria del documento titulado Proceso de transformación organizacional de la Universidad de Antioquia que supuestamente está en vigencia hace ya alrededor de dos años? Ni la gramática básica ni la lógica del discurso hacen justicia a la importancia de este documento. Aturde la extremada candidez de la bibliografía a la luz de la cual se ha redefinido el concepto de lo que será la Universidad de Antioquia: ¡cinco libros sobre administración de empresas! La noble misión de los conceptos de docencia, investigación y extensión de la Universidad es rebajada a mezquinos términos gerenciales. El carácter político de la universidad (ser pública y autónoma) se redefine escandalosamente como “permanente conflicto” de la “lucha por el poder y el dominio de espacios compartidos” (sic). Es un claro llamado al atroz estado de naturaleza. Pero la grandeza de Thomas Hobbes estriba en habernos enseñado la diferencia entre barbarie y civilización: que es más noble el acuerdo razonado que la fuerza bruta; que es mejor la paz que la guerra; que en lo político debe predominar el interés común por encima de los egoístas. ¿Cómo justificar entonces que los académicos deban convertirse en lobos para los académicos? ¿Cómo concebir que la vida de la academia deba ser una guerra de todos contra todos? No se puede creer que esta redefinición de la

Se nos pasa por alto que la Universidad ha carecido de una clara autodefinición; que está confundida en cuanto a su función social y obligaciones políticas. Al día de hoy no sabemos con certeza si la universidad pública defiende y sirve al estado social de inequidad existente, o si promueve la comprensión de los problemas que aquejan a la sociedad y contribuye a la formación de ciudadanos críticos y solidarios. Desde hace años ya los especialistas vienen advirtiendo del fracaso moral y económico de una universidad puesta al servicio de la empresa privada. Por lo demás, sufrimos ya en carne propia las consecuencias de la privatización de la salud. Si no nos aclaramos, si no hacemos nada, terminaremos por ceder a la más vulgar de las creencias: que como el mundo es como es, no puede ser de otro modo.

No se puede ignorar que la tiranía de lo ya establecido quiebra la voluntad interior, tanto para inventar como para resistirse, y que la superioridad persuasiva de la voluntad dominante intimida a la capacidad de preguntar, de dudar, de cuestionar.

No se debe perder de vista que lo peligroso de lo que ya existe es su falsa apariencia de justicia y de verdad, y que atenerse a eso debilita y aniquila la independencia intelectual. La esperanza de la democracia depende de los ciudadanos que tienen un elevado concepto de sí mismos. No podemos cejar. Es ineludible la pregunta de cuya urgente respuesta depende la dignidad o la miseria de la Universidad: ¿Cómo debemos comprender la universidad pública de tal modo que estemos a la altura de sus exigencias?

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El futuro que necesitamos

Por Danny García Callejas Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia danny.garcia@udea.edu.co

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a Universidad de Antioquia está en riesgo de vivir otra década perdida. Nuestra Alma Máter y las universidades públicas están en crisis por las reformas propuestas por el Gobierno Nacional, la crisis de gobernabilidad universitaria y la violación de la ley en los campus —debilidad institucional—, y por la búsqueda de la auto-sostenibilidad con demandas sociales crecientes.

El norte está perdido y el proyecto intelectual de universidad se desvanece con cada paro, acto de violencia o toma de la universidad por grupos externos. Las agresiones a miembros de la comunidad, las vías de hecho, las intimidaciones y la zozobra permanente, convierten a la universidad en tierra de nadie.

La respuesta ha sido consolidar proyectos institucionales por fuera de Ciudad Universitaria. Este es el caso de la Sede de Investigación Universitaria —SIU—, la Ciudadela de Oriente y la Sede de Posgrados en Guayabal. Evidentemente, es un intento por recuperar el control y mantener los ejes misionales pero debilitando la sede central.

En particular, hay intangibles que necesitan de una pronta solución y que terminarían afectando a las demás sedes. El gobierno universitario requiere de mayor flexibilidad, eficiencia y representatividad de los estudiantes. El número de decanos y directores es grande y dificulta la toma de decisiones, además de tener costos significativos para el Alma Máter.

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El norte está perdido y el proyecto intelectual de universidad se desvanece con cada paro, acto de violencia o toma de la universidad por grupos externos. Las agresiones a miembros de la comunidad, las vías de hecho, las intimidaciones y la zozobra permanente, convierten a la universidad en tierra de nadie.

Sin duda, la conformación de grandes áreas del conocimiento con unidades administrativas robustas y al servicio de la academia facilitaría la implementación de proyectos académicos universitarios. Por ejemplo, la oferta de posgrados, pregrados y educación continua podrían nutrirse del trabajo interdisciplinario que permitirían unidades integradas.

Así, la universidad debe buscar el avance del conocimiento para la creación de una sociedad equitativa e incluyente. Luego, junto a los proyectos y ciudadelas en las regiones deben crearse programas que promuevan el desarrollo territorial y centros de investigación para el estudio de problemas específicos de los departamentos y municipios de Colombia.

Sin embargo, la aplicación de la ley es débil en la Universidad —la norma no modifica la realidad—. Allí, se requiere fortalecer y crear entes como la personería universitaria para la protección de los derechos humanos y unidades de control que faciliten la implementación, seguimiento y evaluación de normas generales —acuerdos superiores y académicos—.

En ciudad universitaria hay que fusionar algunos centros de investigación y centros de extensión para que representen las grandes áreas del conocimiento y los problemas específicos del país. A la par, se debe modernizar la estructura física de ciudad universitaria. Es imperativa la adecuación de salidas de emergencia y acceso para personas discapacitadas en todos los bloques.

En este orden de ideas, una democracia representativa y plural debe contemplar la reforma del Consejo Superior, del Consejo Académico, la participación estudiantil —como lo sugiere el Estatuto General— y una discusión sobre la forma en que se designa y configura el gobierno universitario. Se debe garantizar la participación de las minorías y todos los enfoques ideológicos y políticos.

Finalmente, requerimos que los profesores tomemos una posición política en defensa de una universidad plural e incluyente pero sin violencia ni juegos de azar. La universidad debe ser sagrada, es decir, dedicada al avance del conocimiento, al estudio de los problemas del país y a la formación.

Solo así salvaremos el proyecto intelectual de universidad pública; este es el futuro que necesitamos.

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El humanismo en perspectiva* ENSAYOS PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

Esta colección plantea una polifonía de ideas y conocimientos sobre temas esenciales como la salud, el humanismo, la política, la sociedad, la cultura y la ciencia, y hace honor, en la celebración de los 210 años de la Alma Máter, a los géneros literarios y textuales más cercanos al espíritu plural de la Universidad.

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Del humanismo como ideología renacentista a un humanismo como estrategia de autocomprensión hacia la sostenibilidad

Por Eufrasio Guzmán Mesa

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as universidades entrañan en sí mismas varias paradojas. Si bien están abiertas al desarrollo de los conocimientos y cultivan la especialización más depurada, tienen, por otra parte, una labor de preservación del acervo que solo se logra con un cierto tradicionalismo o respeto profundo por el cúmulo de información y cultura que se ha demostrado como eficiente y confiable. Yo invitaría a observar cómo la universidad, como casa del saber que profundiza y preserva, no ha sufrido grandes transformaciones en varios siglos. Ni siquiera en las naciones en las que se desarrollaron complejos procesos revolucionarios durante el siglo pasado, el abrir el espacio universitario a amplias capas de la población entrañó un gran cambio. Por supuesto que es altruista y justo intentar remediar la exclusión; somos

conscientes del papel de la universidad en la formación de la democracia y la ciudadanía, pero observemos que, en no pocos casos, la búsqueda de la calidad y la excelencia para muchos, termina compitiendo en recursos a una minoría disciplinada y persistente que merece todo el apoyo. Al contrario de esta sana dirección, han fracasado parcialmente los esfuerzos por masificar la educación superior, multiplicando el desencanto y alejándola de su idea como panacea para el desarrollo. Esas paradojas o contradicciones seguirán pesando sobre esta institución del saber y la promoción social, pero no olvidamos que allí donde hay una paradoja está la vida maravillosa, que demanda respuestas nuevas y cambios.

Los títulos y las acreditaciones no se pueden manejar como el pan, y la producción creciente de ciencia, arte y humanidades no se obtiene en un ciclo mecá-

nico de aumentar los recursos para ver florecer la productividad. Por supuesto que sin recursos no se logran grandes resultados, pero la opulencia sin rigor no da sino banalidades, torres de babel. Puedo estar equivocado parcialmente, y de hecho se puede observar que los momentos del progreso en el conocimiento y en el cultivo del humanismo están vinculados a prosperidad económica, como son los casos mencionados de la época de Pericles, el renacimiento italiano o el comienzo de la revolución industrial. No desconozco que épocas de grandes recursos disponibles están a la base de enormes desarrollos de la ciencia y las artes. Estas dificultades no pueden ser obstáculo para trazar líneas de lo que sería deseable en la universidad que intentamos ver y confirmar como una universidad humanista al servicio del país y de las regiones. Doy por descontadas la esencia tradicional de la universidad como espacio para el saber, la ciencia, las disciplinas, las artes y las humanidades; comprendo el papel central que puede tener en una organización de la democracia, y señalo los retos que veo en el horizonte para el desarrollo de un nuevo humanismo como el que la universidad lidera y al cual habría que enriquecer con los siguientes puntos.

Creo que tenemos que incrementar el espíritu inherente a la internacionalización. Hay que acentuar nuestro compromiso con la ciudadanía mundial y el desarrollo de una conciencia planetaria. La humanidad, en su largo proceso evolutivo, se halla en la actualidad en una transición sin precedentes, signada por el advenimiento de una nueva conciencia, que algunos han denominado “conciencia planetaria” (Laszlo, 2010). Esta nueva conciencia, de momento en gran parte latente, plegada como las alas de una mariposa e intuitiva como ciertos sueños, podría, de modo preliminar, responder al siguiente elemento: la plena aceptación de la unidad esencial del género humano, o sentimiento de ciudadanía mundial, de la que el reconocimiento de la unidad física del planeta, o “conciencia ecológica” —hoy sumamente extendida— podría ser su fase inicial.

Reconocer que somos parte es superar el antropomorfismo y el etnocentrismo en todas sus formas.

Hay que profundizar en lo que significa una visión completa del ser y de la naturaleza sabiendo que somos parte, y seguimos alejándonos de la idea de que somos el ombligo de la creación. La sentencia de Protágoras ya citada debe ser corregida: no somos la medida, debemos adaptar nuestra medida al

ritmo de la naturaleza. Eso supone trabajar en la superación de un paradigma mecanicista y buscar en perspectivas cuánticas y complejas nuevos ejes de comprensión. Esto es urgente y la investigación sociocultural deberá aportar al respecto. Estamos, pues, ante la necesidad de trabajar en el enriquecimiento, por cuestionamiento y complementariedad, de una visión del mundo predominantemente materialista, mecanicista, lineal, determinista, fragmentaria y, en definitiva, cientificista y tecnologizante. Debemos trabajar con muchos otros por el reconocimiento de la complejidad, la integración de saberes de distinta naturaleza y procedencia, el abordaje sistémico y holístico, y por la búsqueda del trasfondo humano de las disciplinas en sus relaciones entre ellas mismas y su capacidad de establecer diálogos complejos.

Las ideas quizás más importantes para ser repensadas son las de desarrollo y progreso. En el terreno de la planeación y de la concepción de la historia, de la cultura y de la sociedad, estas nociones han creado toda suerte de desviaciones a la hora de las acciones, de los emprendimientos y del trazado de políticas públicas. Una reconceptualización de la idea de desarrollo, pasando de una concepción economicista, caracterizada por proyectos impuestos por élites en general en presunto provecho propio, a otra centrada en un desarrollo participativo y de base local, con proyectos de escala humana, que se articulan de abajo hacia arriba, es parte de un ejercicio novedoso de proceso participativo.

La universidad tiene un papel especialmente neurálgico en la implementación de las comprensiones intelectuales y de manera indirecta en la cualificación de la cultura. Tanto ella como la sociedad misma deben encarar la tarea de investigar y atender los sistemas de pensamiento. Cada vez es más claro que es urgente participar en los procesos de comprensión y en la tarea de hacer conciencia de la necesidad de operar sobre los sistemas de pensamiento, las percepciones del mundo, y en la creación de nuevos lenguajes, como base de toda estrategia de largo plazo, es decir, estrategias no meramente políticas, coyunturales y paliativas.

La actividad filosófica y la discusión axiológica tienen un importante papel en la revalorización y la resignificación de lo espiritual, fuera de toda religión o misticismo, y como manera de afrontar las consecuencias de un mecanicismo limitante. En ese horizonte, los valores humanos, como la justicia, la solidaridad, el servicio, el altruismo, la unidad o la paz, 63

Una sociedad del conocimiento permeada por los valores del humanismo sabe distinguir jerarquías y niveles de la organización universitaria, y se aleja de un populismo que puede llegar a reflejarse como la adscripción a ideologías de corte autoritario que tenga visiones del proceso formativo como ingreso a dogmas o doctrinas cerradas.

ENSAYOS PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

deberán recuperar un fuerte sentido de aplicabilidad social y no ser más fuente de un dominante ejercicio individualista. Se ve venir una marcada tendencia a la participación universal, para la generación de programas y proyectos, desde espacios comunitarios en los que la diversidad de visiones es consultivamente articulada.

Estos puntos señalados son parte de una prospectiva y un proyecto sensiblemente humanista a largo plazo. Ahora: hay dos posiciones no opuestas, pero que merecen mi atención. Por un lado están quienes ven en la democracia una panacea, mientras, por otro, quienes estiman que en la universidad todos los estamentos deben tener participación en la toma de decisiones, pero se basan en una idea de la universidad como sociedad del conocimiento. No creo que sea oportuno extremar estas dos posiciones; opino que los universitarios vivimos, de hecho, en una atmósfera cognitiva y podemos reconocer las bondades y las limitaciones de la democracia como estrategia. Una sociedad del conocimiento permeada por los valores del humanismo sabe distinguir jerarquías y niveles de la organización universitaria, y se aleja de un populismo que puede llegar a reflejarse como la adscripción a ideologías de corte autoritario que tenga visiones del proceso formativo como ingreso a dogmas o doctrinas cerradas.

En todo este planteamiento está en juego el proceso formativo y evolutivo del ser humano. Los riesgos o peligros son abundantes; señalemos algunos: la distorsión axiológica proveniente de la frivolidad del pensamiento que es obligado a tomar posiciones ideológicas o doctrinales; la desorientación propia de la disminución de la sensibilidad que no se ha formado frente a los acervos de la cultura universal; las delicadas consecuencias del endiosamiento de la tecnología y del prestigio y el monopolio de los saberes instrumentales, que obnubilan la mente y opacan la conciencia autónoma de un sujeto que se va cosificando en la nivelación por lo bajo y en la pasividad de su intelecto. El humanismo trae, por el contrario, una diferenciación creciente y basada en criterios cualitativos, ayuda en el fortalecimiento del espíritu crítico e introduce la idea de perspectiva como una mirada que enriquece la relación con las culturas y la vida social.

*Fragmento de El humanismo en perspectiva, serie Ensayos.

Pensamiento universitario

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Referencias bibliográficas Laszlo, E. (2010). El cambio cuántico. Cómo el paradigma científico puede transformar la sociedad. Barcelona: Kairós.

Universidad y sociedad frente al siglo XXI: modernidad y masificación Olvidos, retos y alternativas

Reconstituyendo lo público en la Universidad*

Por Rafael Rubiano Muñoz

E

n la actualidad, el diálogo entre la universidad y la sociedad debe tener un componente vital: a la autonomía se le debe agregar la polémica y el debate, el disenso antes que los consensos arbitrarios —incluso soterrados— mayoritarios y minoritarios. Una auténtica universidad, conforme a los retos que imponen la modernidad y la masificación en la globalización del siglo XXI, debe estar dispuesta a la confrontación de las ideas, a la aceptación de los criterios diferenciables —raciales, étnicos, ideológicos, políticos— de la comunidad universitaria. El mercado y la economía,

la tecnología y la técnica no pueden construir esta disposición anímica; no hay máquina o tecnología hoy que pueda, en términos generacionales, construir, formar, apreciar y aprehender el sentido y la vitalidad de la tolerancia, la divergencia y la capacidad de la confrontación como virtudes de la vida pública, de la existencia íntima de la condición universitaria.

Sin embargo, si se piensan las cinco últimas décadas de la universidad en Colombia, factores negativos han concurrido en contravía de dichos presupuestos. No es necesario mencionarlos, cada cual hará la tarea de verse remitido en los costos 65

sociales del retroceso —que son consecuencia de aspectos no solamente económicos, sino también generacionales, culturales y simbólicos—, y de modo autocrítico contemplar las actitudes y las decisiones que han minado y defraudado en un largo tiempo a la universidad y, con ella, a la sociedad.

ENSAYOS PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

Por tanto, el corto plazo, la falta de planeación, la descoordinación, la crisis de sentido y la desinstitucionalización, en una batalla entre las élites y las masas, entre los individuos y las comunidades, entre los profesores y los estudiantes, entre las directivas y los gremios, entre el Estado y la universidad, la universidad y los ciudadanos, el Ministerio de Educación y su ministro y las asociaciones y docentes, han puesto en entredicho el liderazgo y la direccionalidad de la institución como punta de lanza del desarrollo, la integración y el ejemplo de la democracia de la región, ello no tanto por el carácter del conflicto, sino, más bien, por la manera y los modos de percibirlo o afrontarlo.

En la naturaleza central de la universidad y del ser humano está el conflicto.

Un auténtico valor de la democracia es reconocer y saberlo tramitar, como igualmente discutir y solucionar. Por lo anterior, son urgentes algunos antídotos contra el olvido. No es la ocasión para la estrechez de miras y tampoco es la intención sostener que debemos recuperar lo que fuimos, bajo la umbría bandera que se esgrime de modo fútil: “todo tiempo pasado fue mejor”. Por el contrario, saber sortear, en términos de lo racional, de la planificación, de la discusión, aquellas banderas de las que nos ufanamos, es otro de los recursos y de las alternativas frente a las exigencias que tenemos en la era de la globalización. Recuperar el espacio público, lo público y la opinión pública, la direccionalidad en los temas y problemas del país, y en la reconstrucción de la autoridad en el campus —no el autoritarismo—, o sea la autoridad de la responsabilidad civil y ética, en especial de la figura del profesor, es una entre muchas de las alternativas de la universidad hoy frente al siglo XXI. Una de las mayores crisis de la institución se debe a las anomias, ese modo peculiar con que la existencia de normas, o de leyes o de formas de regulación en la universidad pasa las fronteras de lo legal y de lo ilegal, se personalizan y se particularizan, o se privatizan. El particularismo, las formas de dominio o de mando personal o grupales sectoriales que se constituyen en la sociedad sirven como réplicas y son útiles de manera oportunista en el entramado de la vida universitaria. La convivencia se traduce en una red de artimañas que, ejecutadas desde lo normativo, o sin ellas, sirven para aumentar y elevar el grado de privatización de la universidad pública. La crisis que generan las anomias y los resultados de esta peculiar segunda modernidad y masificación en la globalización que impacta dentro de la universidad, son algunos de los problemas a enfrentar en la escala de la administración y la vida académica de la institución.

Esas anomias, que son ya consecuencia de la modernidad y la masificación, debidas, entre otras razones, a las maneras como en la vida social conviven diversos autoritarismos —legales o no legales—, diferentes formas de poder —legales o no legales—, variados modos de racionalidad instrumental —personales o institucionales—, se combinan, se mezclan y se autoconservan sutil y consistentemente. Por lo anterior, a la par que se resuelven, en el largo tiempo, una serie de relaciones (entre ciencia, técnica y desarrollo; humanismo y cientificidad —que no riñen—; docencia e investigación; investigación teórica y aplicada; formación y extensión universitaria; financiación y misión de la universidad, en fin), y se piensan los sentidos sociales de la cantidad y la calidad, de lo cuantitativo y lo cualitativo en el campus y por fuera de él, el escenario de las rivalidades entre autoridad, normas e institucionalidad, o cotidianidad y regulación, formación científica y experiencia individual constituirán muchos de los retos en este amplio y sentido proyecto de perfeccionamiento de la universidad pública.

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Valga recordar aquí, y esto en el más sano de los presupuestos, que en los años cincuenta y sesenta del siglo xx fueron los mismos profesores los agudos observadores de los procesos de transformación de la vida académica universitaria. Tenían una injerencia sin par en el espectro público político e incluso en el administrativo. Tal cualidad del profesor se ha ido desvaneciendo y se ha esfumado, a la vez que se ha extendido la antipatía en otros sectores de la comunidad universitaria. En las últimas tres décadas del siglo pasado, el profesor colombiano Rafael Gutiérrez Girardot publicó una serie de ensayos sobre la universidad latinoamericana, en los que desenterró sus ocultados problemas. Según Gutiérrez Girardot, en la médula de los problemas centrales de la universidad en nuestro medio está el dualismo,

nacional, exponiendo con ello Gutiérrez los rostros de una modernidad y una masificación incontrolada en medio de una universidad —tradicionalista, hispánica y católica— que pretende insertarse al mundo en ciencia, tecnología e investigación bajo el ropaje poco reflexionado de sus componentes históricos, antropológicos y culturales anclados en la añoranza del pasado.

Y agrega que el mayor problema es la figura del profesor. En esa universidad dual se desenmascara la figura del profesor, quien, más por necesidad que por vocación, ha tenido la tarea de enfrentarse a estas disyuntivas, sin conciencia y sin reflexión, sin análisis y menos aún sin disposición al debate y a la confrontación de su papel social. ¿Cómo pensar hoy el papel del profesor en el marco de una sociedad globalizada y masificada? No es esta pregunta En esta universidad dual conviven el atraso y el proanodina ni menos insulgreso; el autoritarismo y la democracia; lo personal y sa, pero será capital en la reconstitución de las lo gremial; lo normativo y lo consuetudinario; la crearelaciones entre la unitividad con la rutina científica; la interdisciplinariedad versidad y la sociedad con la verticalidad disciplinar; lo institucional con la frente al siglo xxi. Con todo, la centralidad del informalidad; lo privado con lo público de modo indisprofesor como guía mocriminado, entre otros factores negativos del dinamisdelo y como artífice de la incidencia pública de mo universitario. la universidad es una entre muchas de las reconstituciones de la universidad pública, de su puesto y significado en la sociedad. Incluso, los cambios generacioes decir, una pretendida universidad ideal a la que nales serán otra de las claves desde las cuales pose le opone una universidad concreta y real, que der comprender los cambios que ha experimentaen consonancia con los análisis del sociólogo Gino do la universidad en los últimos tiempos y es deber Germani plantea la existencia de una estructura de ella reflexionar este punto al respecto, que no dual en las sociedades masificadas. Esta universidad es exclusivo de su estabilidad institucional, tamdual la entendió Gutiérrez como una universidad bién es un asunto de orden estatal y cultural. No que se ha constituido a partir de sentidos univerobstante lo anterior, esta figura —la del profesor— sitarios por dentro de la universidad, que niegan se ha deteriorado debido a muchas causas. Entre su misión y sus principios. En esta universidad dual las principales, se debe a la incorporación de proconviven el atraso y el progreso; el autoritarismo y fesores con vocaciones ocasionales, o si se quiere, la democracia; lo personal y lo gremial; lo normatidemandados por las necesidades vitales del movo y lo consuetudinario; la creatividad con la rutina mento, a los que les tocó en suerte, o con mala científica; la interdisciplinariedad con la verticalisuerte, el poco prestigio de enseñar y de brindar su dad disciplinar; lo institucional con la informalidad; conocimiento, el de dictar la cátedra o investigar. lo privado con lo público de modo indiscriminado, Hace tiempo que la figura del “maestro”, aquel entre otros factores negativos del dinamismo uniquien enseña con ejemplo a enfrentarse a los dileversitario. Encontró cómo, en esta universidad dual, mas del universo —para decirlo con Borges—, se lo propio y local chocaba con lo nacional y lo interha ido desplazando del empleado o instructor, al 67

ENSAYOS PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

El aprendizaje no es de golpe, ni depende de un estatuto, ni viene consumado a partir de la acción inmediata. Es necesario un pleno y garantizado proceso de educación, y ante todo, de formación política. Ningún esfuerzo que se haga por dignificar la tarea y la función de la universidad se podrá lograr sin un respaldado, sólido y consistente proceso de educación política, la que lleva en su seno la libertad para la participación y la igualdad en la representación política dentro de la universidad.

del simple ejecutor de unas cuantas horas de enseñanza durante la semana, por lo que es prioritario reinventar esta figura como bien social, en su vocación y su elección, dado el desplazamiento que experimenta en las diversas funciones que cumple dentro de la sociedad y aplastado por el mercado. Maestros a la manera de Sanín Cano, el que enseña con el ejemplo, en sus principios y en su compromiso, es una de entre muchas tareas para recuperar el sentido público de la universidad, al servicio u orientados a la transformación de la sociedad.

Por otro lado, es necesario recabar en uno de esos manifiestos que, como brújula, brinda un horizonte o al menos una orientación frente al profundo problema histórico y social de repensar las encrucijadas de la Universidad en el ámbito nacional. Nos referimos al escrito que fue la carta de la ciudadanía de la Reforma de Córdoba de 1918, en uno de sus apartes, entre otros más literales, cuando expresaba que: Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en todo caso, amparar el régimen cuartelario, pero no una labor de ciencia. Mantener la actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros trastornos (Reforma de Córdoba de 1918, 1978).

El aprendizaje no es de golpe, ni depende de un estatuto, ni viene consumado a partir de la acción inmediata. Es necesario un pleno y garantizado proceso de educación, y ante todo, de formación política. Ningún esfuerzo que se haga por dignificar la tarea y la función de la universidad se podrá lograr sin un respaldado, sólido y consistente proceso de educación política, la que lleva en su seno la libertad para la participación y la igualdad en la representación política dentro de la universidad. De ahí que, frente al estrechamiento que ofrece el mercado —oferta y demanda— unilateral y uniforme, cosificado y artificial en una dirección única, el pensar y el pensamiento como virtudes de la democracia serán las prendas de garantía para el mejoramiento y el perfeccionamiento, para el crecimiento y desarrollo de la universidad en todas sus instancias.

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Y dicho ejemplo está en los esfuerzos —entre muchos más— de aquellos que día a día construyen un enlace, con sus obras y pensamientos, con su imagen y percepciones, lo que ha sido la función social —más razonable y democrática— que cumple la universidad. Pero no es solamente la obra de uno, o de unos, la que posibilita para que la institución se logre elevar frente a los traumáticos procesos que la sociedad le demanda en su anclaje a través de los conflictos sociales, sean éstos políticos, económicos, sociales y culturales, como de cualquier otro orden. Como lo afirma el dominicano Pedro Henríquez Ureña, hablando de las expectativas de futuro a nivel continental, de la utopía por realizar en nuestro continente, que: Si el espíritu ha triunfado, en nuestra América, sobre la barbarie interior, no cabe temer que lo rinda la barbarie de afuera. No nos deslumbre el poder ajeno: el poder es siempre efímero. Ensanchemos el campo espiritual: demos el alfabeto a todos los hombres; demos a cada uno los instrumentos mejores para trabajar en bien de todos; esforcémonos por acercarnos a la justicia social y a la libertad verdadera […].

Ahora, no nos hagamos ilusiones: no es ilusión la utopía, sino el creer que los ideales se realizan sin esfuerzo y sin sacrificio. Hay que trabajar. Nuestro ideal no será la obra de uno o de dos

* Fragmento de Universidad y sociedad frente al siglo XXI: modernidad y masificación Olvidos, retos y alternativas, serie Ensayos. Pensamiento universitario.

o tres hombres de genio, sino de la cooperación sostenida, llena de fe, de muchos, innumerables hombres modestos; de entre los cuales surgirán, cuando los tiempos estén maduros para la acción decisiva, los espíritus directores; si la fortuna nos es propicia, sabremos descubrir en ellos los capitanes y timoneles, y echaremos al mar las naves.

Entre tanto, hay que trabajar con fe, con esperanza todos los días. Amigos míos: a trabajar (1989: 6, 11).

Por eso es importante el reconocernos mediante una tradición, y en ello, el mayor esfuerzo contra el olvido es admitir lo que es y ha sido la universidad latinoamericana, un centro que ha funcionado como antídoto contra la violencia, el autoritarismo, los conflictos, la beligerancia y la irracionalidad, y como tal, ella ha buscado y ha empleado todos los medios de la palabra y del lenguaje, todos los restos racionales de la mediación simbólica del pensamiento para contrarrestar las brumas que se ciernen a partir de acciones que parecerían atarla en su natural desenvolvimiento e impedir su camino hacia el desarrollo, la paz y la conciencia de su existencia como comunidad de saber.

Un posible medio hacia la democratización y con ello hacia una racionalización de las divergencias y las diferencias inherentes a la vida universitaria, en el marco de la modernidad y la masificación, es fortalecer la opinión pública en la comunidad científica, lo que se colige con un esfuerzo de ilustración y pedagogía.

Referencias bibliográficas del respectivo fragmento

rica (pp. 3-11). Caracas: Biblioteca Ayacucho.

Henríquez Ureña, Pedro.

(1989). “La utopía de América”. En: La utopía de Amé-

Reforma de Córdoba de 1918 (1978). “A la juventud argentina de Córdoba, a los hombres

libres de Sudamérica, Argentina, 1918”. En: Dardo Cuneo.

La reforma universitaria (19181930) (pp. 3-11). Caracas: Biblioteca Ayacucho.

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El debate de ideas en la Universidad ENSAYOS PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

La necesidad de repensar la democracia* Por Iván Darío Arango

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ntre los universitarios existen inmensos prejuicios ante la tarea de repensar las bases conceptuales de la democracia, pues se cree que se trata de ideología burguesa: es común pensar que la división entre el Estado y la sociedad civil, o que la barrera que oponen el derecho y la esfera pública para proteger diferentes actividades de la sociedad civil es propio de la ideología burguesa y de sus intereses.

Es común afirmar, junto con Marx, que la disyunción entre el Estado y la sociedad debe desaparecer en una sociedad al final reconciliada consigo misma, que no tenga necesidad del poder político, que solo admita la administración de la producción sin el mandato de los que gobiernan y siempre quieren oprimir, pues imponen una desigualdad de clase insoportable, que puede ser superada.

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No he encontrado ningún filósofo político tan autorizado como Claude Lefort para enfrentar las dificultades conceptuales que exige repensar la democracia.

Lefort preparó una tesis de doctorado sobre Maquiavelo, bajo la dirección de Raymond Aron, por quince años. Además, había estudiado el régimen soviético durante sus años de militancia en el grupo marxista Socialismo o barbarie. Según afirma, fue a raíz de la lectura del informe de Kruschev, en 1956, que comprendió la naturaleza del régimen totalitario; pudo entender que no era tanto el terror de la política de Stalin, sino el lugar que ocupaba el partido único en la concepción orgánica, propia de todo régimen corrupto, lo que caracterizaba al régimen totalitario.

Lefort comprendió “que ninguna holgura, ninguna diferen-

ciación, ninguna separación entre el sector económico, político y cultural era posible y que ninguna iniciativa individual podía ser legitimada o tolerada”, según afirma en la entrevista aparecida en la revista Claves de razón práctica, en su número 131.

Los análisis de Lefort se apoyan en dos principios que había descubierto en su investigación sobre la obra de Maquiavelo: el primero se refiere a la división entre gobernantes y gobernados, una división constitutiva de toda sociedad política, que es irreductible y no tiene solución, por lo que es impensable una sociedad sin poder político, aunque los medios de producción sean colectivizados y se desarrolle un capitalismo de Estado, como en la Unión Soviética o en China.

Es claro que se puede distinguir, como lo hacía Maquiavelo, entre una sociedad política corrupta y una sana. Para que una sociedad política sea considerada corrupta es preciso que el poder político oculte con pretextos la división constitutiva propia de toda sociedad.

Ahora bien, la forma más moderna de ocultar la división entre el orden político y la sociedad civil es la realizada mediante el partido único que pretende integrar en forma orgánica las diferentes actividades de la sociedad. Tal era el llamado de Kruschev a los miembros del partido: a que controlaran sus propios miembros y todas las actividades económicas y culturales con mayor disciplina, con el pretexto de que se trataba de una etapa intermedia antes de la abolición de toda oposición entre las clases y de la abolición del Estado. Con toda razón, Aron se refiere a la disciplina de la mentira, para referirse al régimen totalitario.

El segundo principio, que Lefort retoma de Maquiavelo, alude al carácter simbólico del poder, que aparece cuando la esfera pública y el derecho interrogan a los funcionarios del régimen por la legitimidad y la visibilidad de sus actuaciones.

Esta situación es expresión de una sociedad sana, porque los conflictos se manifiestan en el escenario público, lo que no ocurre en los regímenes corruptos, en los cuales aquellos son tramitados en secreto ante las altas esferas por los miembros del partido, como si se tratara de fortalecer fracciones dentro del mismo o de prestar favores a los simpatizantes, según el modelo tradicional de la dependencia de unos hombres con otros, que son sus superiores naturales.

Cuando la profesora María Teresa Uribe afirma que los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué, lo que hace es una magnífica ironía, pues no son únicamente los académicos los que preguntan por la legitimidad de las actuaciones del gobierno. Tampoco se trata de un vicio, sino más bien de la costumbre que consiste en el discurso sobre el poder, sobre su estilo y sobre si abre o cierra la esfera pública, y para el poder, discurso que contiene las reclamaciones o exigencias que se espera que sean las garantías del ejercicio legítimo de la autoridad.

La afirmación de la profesora Uribe es instructiva porque muestra que las universidades son un escenario de interrogación, pues tanto el derecho como el saber y la opinión son exteriores al poder y, por principio, no pueden estar incorporados, como lo estuvieron por la Iglesia católica en el período medieval o por el partido único del régimen totalitario, cuyos miembros buscaban incorporar la sociedad entera con sus actividades a la ideología de granito, según la expresión de Claude Lefort.

Tal incorporación de la sociedad hace que el poder tenga un carácter sustancial o corporal y no simbólico, pues cualquier interrogante es percibido como si se tratara de una disociación o desintegración de lo que es una unidad fija o hermética: ya sea de una iglesia o del partido, que es como una secta religiosa, con una misión sobrenatural, confiada por la historia.

Entre los escenarios de la esfera pública, el parlamento es la institución que crea la mayor desconfianza, por los intereses que allí se representan.

Sin embargo, es una sorpresa encontrar que Lenin no comparte la idea de los comunistas alemanes y holandeses cuando afirman que la actividad parlamentaria está caduca, que está superada histórica y políticamente.

Para Lenin, estos comunistas padecen la enfermedad infantil del izquierdismo, la cual consiste en el radicalismo crítico que termina por perjudicar una idea y desacreditarla, cuando se la lleva hasta el absurdo. Él considera que los comunistas deben ir al parlamento burgués para educar, según escribe, a los elementos atrasados de su clase, para “despertar e ilustrar a la masa aldeana analfabeta, ignorante y embrutecida”. Lenin afirma que los “izquierdistas” de Alemania han tomado su deseo, su ideal político, por una realidad objetiva; asegu71

ENSAYOS PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

El lenguaje de los conflictos es el lenguaje de los derechos y de la democracia. Si alguno de los sectores de la sociedad es excluido: las mujeres, los obreros, los estudiantes, los jueces, los periodistas, las minorías étnicas, religiosas o sexuales, cualquiera de esos sectores debe organizarse en movimientos sociales para sensibilizar la opinión en relación con su exclusión y reclamar sus derechos.

ra que lo que ha caducado para nosotros, no se puede creer que ha caducado para la clase o para la masa; claro, porque según él, la situación de Rusia es enteramente diferente, pues trae una historia de condiciones específicas que, según él, son muy difíciles de repetir en la Europa occidental para el comienzo de una revolución socialista. Dice que saltar por encima del empleo de los parlamentos burgueses es puro infantilismo.

Los límites de la crítica social Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, conocidos como los maestros de la sospecha, querían apoyarse en la realidad y no en ilusiones o en ideologías.

Se sirvieron de la economía y de la historia, dos disciplinas en pleno desarrollo durante los siglos XIX y XX. El influjo de la economía de mercado en la imagen del hombre es casi increíble, pues la idea del hombre como un ser egoísta y calculador, en cierta forma antisocial, viene desde Hobbes y va a tener una influencia profunda en Freud, en Nietzsche y en la gran literatura.

Según Eric Fromm, Freud buscó demostrar que los supuestos acerca del hombre, propios de la economía capitalista, eran aún más verdaderos de lo que podían haber imaginado los mismos economistas, pues aplicó conceptos del mercado a la explicación de la vida psíquica. Pero los supuestos que se refieren al hombre como un ser egoísta y asocial tenían inicialmente el carácter de hipótesis para explorar lo que ocurriría entre los hombres si no hubiera autoridad política que pudiera apaciguar los conflictos.

En el siglo de Hobbes estaba de moda el estilo de razonamiento científico inspirado en Descartes y Galileo. Era preciso empezar por lo más simple e ir por pasos hacia lo más complejo. Hobbes comenzó por suponer un ser egoísta y aislado para demostrar la necesidad de una autoridad fuerte y absoluta.

Durante un largo período se pensó que la sociabilidad del hombre era una virtud moral exigida por la cultura o por la religión. Rousseau aclaró que la sociabilidad no es una virtud o una exigencia represiva de la cultura, sino que es el estado natural del ser humano, pues este obtiene el sentimiento de que existe, gracias al reconocimiento de los otros. Según la expresión de Todorov, en su libro La vida en común, “los ojos son el órgano específicamente humano”.

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El influjo de la economía y de la historia produjo el historicismo, una forma de determinismo cientificista que llevó a creer en fuerzas que dirigían la vida de las personas, fuerzas históricas o psíquicas de las cuales los hombres no son conscientes. Tales fuerzas cautivaron la mente de los maestros de la sospecha, quienes no se ocuparon de pensar en instituciones, como sí lo habían hecho los idealistas que inspiraron y apoyaron la revolución francesa.

Los idealistas resultaron más realistas, porque creyeron en los valores de la igualdad y la libertad, pero al mismo tiempo se dedicaron a idear las instituciones que pudieran proteger o garantizar esos valores fundamentales: instituciones como las iniciativas legislativas de origen popular y la deliberación pública, propias de la teoría de Rousseau; el uso público de la razón, en el que insistió Kant; la independencia de los jueces y el derecho a la oposición, por lo que luchó Benjamin Constant, o el pluralismo de las asociaciones civiles y políticas y la descentralización, apreciadas en tan alto grado por Alexis de Tocqueville.

Mientras los idealistas realizaron una crítica social propositiva y llevaron sus ideas a la práctica, los maestros de la sospecha radicalizaron y debilitaron la crítica social, ya que no lograron idear propuestas de solución que fueran creíbles; estaban provistos de genialidad para captar los problemas más profundos de las sociedades contempo-

* Fragmento de El debate de ideas en la Universidad, serie Ensayos. Pensamiento universitario.

Referencias bibliográficas del respectivo fragmento Fromm, Erich. La misión de Sigmund Freud. Trad.

Florentino Torner. México: Fondo de Cultura Económica, 1960.

Lefort, Claude. La incertidumbre democrática. Trad.

Esteban Molina. Barcelona:

ráneas, pero eran erráticos hasta el absurdo a la hora de proponer soluciones para tales problemas.

Los hombres se relacionan entre sí mediante instituciones sociales y políticas; inclusive, los conflictos y hasta las guerras requieren de formas jurídicas y políticas. Por tal razón, la crítica tiene que tener un carácter propositivo o constructivo, porque únicamente se destruye lo que se sustituye.

La crítica social inspirada en los maestros de la sospecha cayó en el vacío, por su ignorancia del lugar central de las instituciones en las relaciones entre los hombres. Ignorancia, ante todo, del lugar central del Estado de derecho y de las expectativas normales de garantías por parte de la sociedad civil.

El lenguaje de los conflictos es el lenguaje de los derechos y de la democracia. Si alguno de los sectores de la sociedad es excluido: las mujeres, los obreros, los estudiantes, los jueces, los periodistas, las minorías étnicas, religiosas o sexuales, cualquiera de esos sectores debe organizarse en movimientos sociales para sensibilizar la opinión en relación con su exclusión y reclamar sus derechos.

Es evidente que los universitarios deben tener una posición crítica sobre la sociedad, pues la crítica social es una necesidad constitutiva de las sociedades modernas. Pero deberían entender que la crítica requiere de disciplina y de formación intelectual.

“izquierdismo” en el comunismo.

Pekín: Ediciones en lenguas extranjeras, 1972.

Anthropos, 2004.

Marx, Karl y Engels, Friedrich. Manifiesto comunista.

Trad. Elena Grau

Lenin, Vladimir Ilich, La enfermedad infantil del

Biosca y León. Barcelona: Crítica (Grijalbo Mondadori,

S. A.), 1998.

Tocqueville, Alexis de. El antiguo régimen y la revolución. Trad. Jorge Ferreiro.

México: Fondo de Cultura Económica, 1996.

Todorov, Tzvetan. La vida en común. Taurus: Madrid, 1995.

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Evolución de la investigación y el desarrollo tecnológico en los dos últimos siglos ENSAYOS PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

El papel de la educación superior en este contexto* Por Pablo Javier Patiño Grajales

A

pesar de que el siglo XX se destacó por un aumento considerable en la expectativa y la calidad de vida en gran parte de la población mundial, debido mucho de ello a los desarrollos tecnológicos originados por la generación de conocimiento científico en los diversos campos de la actividad humana, la humanidad está expuesta a problemas globales nuevos, además que se mantienen otros con diversas ramificaciones locales.

En tal sentido, el informe “Hacia las sociedades del conocimiento.

Informe mundial de la Unesco” (2005) ha llevado a plantear que para el siglo XXI es necesario construir y expandir las redes de conocimiento, así como promover estrategias para descentralizarlo, para que todos los ciudadanos tengan acceso a este, de forma

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que puedan actuar y transformar positivamente su realidad social de acuerdo con sus contextos específicos. Se enuncia allí que los países en transición, como los de América Latina, requieren de un sistema sólido de generación y aplicación de conocimiento a partir de una relación cercana e intensa entre gobierno, universidades y sector productivo, lo cual debe estar supeditado a que exista una serie de condiciones sociales y políticas: protección a la democracia y a los derechos humanos, libertad académica, políticas consistentes a largo plazo, atención a las diversas voces de la sociedad civil y apoyo a la equidad de sexo y a las minorías.

En tal sentido, es necesario que las universidades latinoamericanas transformen de manera definitiva su forma de actuar, pues como dice José Joaquín Brunner, estas instituciones,

Viven así durante un largo período, hasta bien entrado el siglo XX, en el mejor de los mundos posibles: gozan de elevado prestigio, tienen una amplísima autonomía para gobernar y resolver sus asuntos (es cierto, interrumpida y conculcada en tiempos de turbulencia política, asonadas, golpes y regímenes de caudillos), reciben un generoso financiamiento del estado, a veces son dotadas de

la transferencia de conocimientos avanzados hacia la sociedad. Esto condujo a un régimen de autonomía que se desacopló de cualquier exigencia; ni la obligación de informar y rendir cuentas ni la necesidad de someterse a una evaluación externa. La memoria a esta “época dorada”, como dice Brunner (2005: 9), es la que ahora reacciona y se agita frente a las nuevas condiciones en que se desenvuelve la educación superior del siglo XXI y que demarcan los acuerdos de la Conferencia de Educación Superior de la Unesco de 1998.

Son muchas las evidencias que ponen de manifiesto el cambio que vive la universidad en el mundo. Por ejemplo, un estudio basado en el análisis de ocho países miembros de la de la ... bajo las actuales condiciones, las instituciones de OECD (Alemania, Auseducación superior están empeñadas en adoptar un tralia, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Irsentido más emprendedor de su propia misión. Las landa, Japón y Suecia) universidades exitosas son hoy aquellas que compiten muestra que estos goen el mercado; se apartan del mecenazgo fiscal, sin biernos están empleando de preferencia, y renunciar a los recursos que puede aportar el Estado; en forma cada vez más que gestionan sus asuntos con métodos más cercanos intensa, modalidades a la empresa; cobran por sus servicios y venden prode financiamiento que reemplazan los tradiductos de conocimiento avanzado; logran alianzas con cionales aportes direcla industria y diversifican su cartera de proyectos; tos a las universidades, sustituyéndolos por contribuciones vinculadas a prioridades de la estrategia nacional de desarrollo y a objetivos de eficiencia, equidad y pertinencia de las instipoderes especiales de supervituciones de educación superior (OECD, 2005). sión sobre el resto del sistema O sea que el aporte estatal ya no es una opción educacional, los gobiernos se para el financiamiento de la educación superior encargan de impedir o limitar e incluso las universidades estatales están sienque aparezcan competidores do empujadas, o se están trasladando por propia en el horizonte del sistema, y iniciativa, desde su posicionamiento en la zona ellas atienden sólo a una minopredominantemente pública hacia la zona privaría de la población juvenil en da (Brunner, 2005). En esta dirección, bajo las acedad de cursar estudios supetuales condiciones, las instituciones de educación riores (en el promedio regional, superior están empeñadas en adoptar un sentido un 2% el año 1950) (2005: 7). más emprendedor de su propia misión. Las uniTodo este esfuerzo se concentró en ofrecer una versidades exitosas son hoy aquellas que compiten formación tempranamente profesionalizada, pero en el mercado; se apartan del mecenazgo fiscal, con poca o ninguna inversión en la generación y sin renunciar a los recursos que puede aportar el 75

ENSAYOS PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

Mientras predomine un aprendizaje fragmentado, dividido en disciplinas, no será posible conectar las partes para comprender el todo; este debe ser reemplazado por un aprendizaje que involucre a los individuos dentro de su contexto, sus complejidades y su totalidad. La interdisciplina presupone complementariedad, enriquecimiento mutuo y la conjunción de habilidades disciplinares.

Estado; que gestionan sus asuntos con métodos más cercanos a la empresa; cobran por sus servicios y venden productos de conocimiento avanzado; logran alianzas con la industria y diversifican su cartera de proyectos; no temen hacer negocios ni los encubren bajo supuestos filantrópicos; recombinan sus fuerzas disciplinarias para dar lugar a nuevas modalidades de producción de conocimiento y se proyectan al ámbito internacional, buscando situarse entre las mejores universidades del mundo. En fin, las universidades estatales exitosas son aquellas que asumen riesgos, generan liderazgos de cambio y persisten en la voluntad transformadora, renovando en el camino su cultura organizacional.

En consonancia con lo anterior, “Hacia las sociedades del conocimiento. Informe mundial de la Unesco” (2005) establece que las instituciones de educación superior, en particular las universidades, son los principales agentes para generar las condiciones necesarias para promover los cambios sociales y el progreso que deberían conducir a una sociedad del conocimiento. Aunque no se puede desconocer la existencia de unas universidades de investigación líderes que operan como una élite global, el énfasis debe ponerse en el papel fundamental que tiene la gran mayoría de universidades locales, que deben asegurar que sus recursos y conocimientos sirvan a las necesidades de sus contextos. Por tanto, los estados deben mantener la inversión en investigación como estrategia para alcanzar un desarrollo sostenible a largo plazo. Esto se debe a que el conocimiento es un elemento poderoso en la lucha contra la pobreza, lucha que no puede reducirse exclusivamente al suministro de infraestructuras, a la ejecución de proyectos pequeños cuya perdurabilidad depende en gran medida de financiaciones externas, o la promoción de mecanismos institucionales cuya utilidad para los países menos adelantados puede cuestionarse. Se requieren estrategias que permitan la generación de conocimiento no solo novedoso, sino con impacto para los problemas o las necesidades locales y globales. En tal sentido, el cada vez más complejo conocimiento contemporáneo hace que la interdisciplinariedad se convierte en la manera apropiada para dar respuesta a dicha complejidad, lo que en palabras de Edgar Morin significa que el “pensamiento complejo” es la alternativa para nuestra época (1999). Mientras predomine un aprendizaje fragmentado, dividido en disciplinas, no será posible conectar las partes para comprender el todo; este debe ser reemplazado por un aprendizaje que involucre a 76

los individuos dentro de su contexto, sus complejidades y su totalidad. La interdisciplina presupone complementariedad, enriquecimiento mutuo y la conjunción de habilidades disciplinares.

A manera de conclusión Es claro que la razón de ser de la institución universitaria ha tenido grandes transformaciones en los dos siglos pasados. Aquello que inició como una forma de establecer una relación más estrecha entre la investigación y la educación se fue modificando hasta dar origen a las universidades de investigación, actoras esenciales del paradigma predominante en la actualidad: el conocimiento científico como responsable de la innovación que, a su vez, se considera el fundamento para la generación de riqueza económica y transformación del modo de actuación de la sociedad.

Un aspecto que vale resaltar tiene que ver con el carácter social que ha adquirido la generación del conocimiento y su transferencia a la sociedad.

* Fragmento de Evolución de la investigación y el desarrollo tecnológico en los dos últimos siglos, serie Ensayos.

Pensamiento universitario.

Referencias bibliográficas del respectivo fragmento Brunner, J. J. (2005). “Transformaciones de la universidad pública”. Recuperado el 6 de junio de 2013, de: http://www.archivochile. com/edu/doc_analit/est_ doc_analit00002.pdf

Desde hace varias décadas se ha venido construyendo un nuevo paradigma de la ciencia que obedece a una relación cada vez más bidireccional con la sociedad. Aunque los orígenes de la universidad de investigación tienen mucho que ver con las necesidades de desarrollo que la sociedad y en particular el sector productivo tenían en el siglo XIX, es a partir de la segunda mitad del siglo XX que se establece la ciencia y la tecnología como fuente de riqueza. Esto conduce a que hoy, en todo el mundo, se considere al aparato científico como el que puede dar respuesta a las problemáticas y necesidades que en distintos ámbitos tienen las sociedades. Por eso las preguntas de investigación tienen una relación cada vez más estrecha con dichas problemáticas. Sin embargo, al ser estas cada vez más complejas, ha sido necesario recurrir a nuevas formas de producción de conocimiento. Esto es lo que hace que las ciencias de la complejidad y la convergencia de las disciplinas sean hoy la posibilidad para dar respuesta a ellas desde la ciencia y la innovación.

Morin, E (1999). Seven complex lessons in education for the future. Paris, Unesco.

Organization for Economic Co-operation and Development —OECD— (2004).

On the edge. Securing a sustainable future for higher education.

Unesco (2005). “Hacia las sociedades del conocimiento. Informe mundial de la Unesco”. Recuperado el 6 de junio de 2013, de: http:// unesdoc.unesco.org/ images/0014/001419 /141908s.pdf

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Universidad de Antioquia: bienestar y salud Perspectivas en el siglo XXI ENSAYOS PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

La investigación, la generación de conocimientos para un sistema de salud más equitativo y eficiente*

Por Gloria Inés Sánchez Vásquez

Citando textualmente, Mario Bunge advierte que: La utilidad de la ciencia es una consecuencia de su objetividad; sin proponerse necesariamente alcanzar resultados aplicables, la investigación los provee a la corta o a la larga. La sociedad moderna paga la investigación porque ha aprendido que la investigación rin-de. Por este motivo, es redundante exhortar a los cien-tíficos a que produzcan conocimientos aplicables: no pueden dejar de hacerlo. Es cosa de los técnicos emplear el conocimiento científico con fines prácticos, y los políticos son los responsables de que la ciencia y la tecnología se empleen en beneficio de la humanidad. Los científicos pueden, a lo sumo, aconsejar acerca de cómo puede hacerse uso racional, eficaz y bueno de la ciencia (Bunge, 1996).

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n el contexto de la salud, la investigación ha sido extremadamente útil, pero la utilidad de la ciencia radica, además, en la capacidad de la comunidad científica de resolver asuntos fundamentales y básicos del conocimiento. Uno de los ejemplos más claros y exitosos, donde se conjugan el conocimiento básico con el desarrollo tecnológico aplicado en la prevención global de enfermedades, han sido las vacunas, iniciándose con el descubrimiento de la vacuna contra la viruela en 1800, hasta la más reciente historia del desarrollo e introducción de la vacuna contra el virus del papiloma humano (Plotkin, 2003). Sin embargo, para llegar al estado actual de avances en el desarrollo de vacunas seguras y eficaces, y lograr su masificación, la humanidad ha recorrido casi doscientos años de desarrollos científicos en aspectos básicos de la inmunología, la biología mole-cular, la biofísica e inclusive la ingeniería, hasta en asuntos educativos, culturales e industriales (Cortes, 2012). Es por esto por lo que la conjugación de las diferentes disciplinas, básicas, clínicas, aplicadas y de salud pública deben fomentarse equilibradamente, con el fin de que puedan emerger soluciones innovadoras y efectivas con un alto impacto poblacional.

Consistentes con estas premisas, no es iluso pensar que la Universidad de Antioquia tiene una oportunidad sin precedentes de conjugar y organizar estos saberes para la mejora de la salud pública local y global. En la Universidad existen 247 grupos de investigación reconocidos por Colciencias y 67 de estos se encuentran en unidades académicas de ciencias de la salud, y otros 30 grupos de áreas de ciencias sociales, exactas y naturales e ingenierías también se dedican a la investigación en este campo.

Este crecimiento acelerado del sistema universitario de investigación, al final de la década de los ochenta del siglo xx, se ha venido solidificado debido a los principios de libertad de cátedra y de aprendizaje, de igualdad, responsabilidad social, autonomía y universalidad, reconocidos en el estatuto profesoral, y promovidos de manera explícita en las políticas del estatuto profesoral, situación que influye positivamente y proporciona la democratización del conocimiento, la expansión de las áreas de la creación y promueve la interacción transdisciplinaria.

Sin embargo, a pesar de los avances logrados hasta este momento, la gran mayoría del conocimiento adquirido está a la espera de ser utilizado localmente y de ser distribuido de forma equitativa en toda la sociedad. Uno de los factores limitantes en esta dirección es que el desarrollo del conocimiento básico y aplicado se genera de manera fragmentada por un lado, pero, por otro, no se ha establecido un diálogo continuo y crítico de cómo hacer una constante apropiación del conocimiento. Esta brecha en los diálogos de los saberes es, tal vez, debida a que el desarrollo de las tecnologías y de dispositivos médicos, como su evaluación, son supremamente costosos y la financiación de estos desarrollos depende casi por completo de las agencias internacionales o de las casas farmacéuticas. Esta situación ha hecho que la agenda de investigación de los países de menor desarrollo económico sea prácticamente dictada por los financiadores de estos estudios y que no se desarrollen agendas para satisfacer algunas necesidades de las poblaciones de estos países (Moloney, 2009).

Otro de los aspectos limitantes es que la posibilidad de aplicar y traducir el conocimiento básico en soluciones reales para los problemas de salud pública requiere enfoques poblacionales adaptados a los factores culturales, históricos y sociales de cada población. Ejemplo claro es la investigación para tratar de entender cuáles son los componentes psicosociales o culturales que determinan el comportamiento y las conductas de adopción de estilos de vida saludables, o cómo las presiones del mercado o los ingresos afectan el uso de tecnologías modernas que han surgido de experimentos sofisticados de laboratorios de investigación. Por ejemplo, a pesar del vertiginoso avance de la biología molecular, en los últimos cincuenta años existe una gran necesidad de desarrollo de métodos de diagnóstico estables, de fácil uso y resultados rápidos en el punto de atención primaria, inclusive en escenarios rurales y de bajo índice de desarrollo humano (Lessells et al., 2013; Sankaranarayanan et al., 2009).

Recientemente, varias disciplinas de la investigación en salud han emergido para dar respuesta a muchas de los vacíos que permanecen para mejorar la calidad de los servicios de salud y en especial transferir la tecnología y el conocimiento, bien sea al paciente o a los servicios de atención 79

A pesar de los avances logrados hasta este momento, la gran mayoría del conocimiento adquirido está a la espera de ser utilizado localmente y de ser distribuido de forma equitativa en toda la sociedad. Uno de los factores limitantes en esta dirección es que el desarrollo del conocimiento básico y aplicado se genera de manera fragmentada por un lado, pero, por otro, no se ha establecido un diálogo continuo y crítico de cómo hacer una constante apropiación del conocimiento.

ENSAYOS PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

primaria, y que puedan ser utilizados directamente por los trabajadores de la salud en estos sitios. A estas nuevos diseños de la investigación en salud se les conoce como la ciencia de la implementación o investigación comparativa en sistemas de salud, entre los cuales se encuentran los ensayos clínicos pragmáticos embebidos en el sistema de salud que evalúan la eficacia de las intervenciones en la rutina diaria del servicio (Armstrong, 2012; Chalkidou, 2010). Este tipo de investigación, producto de la colaboración entre la academia y los administradores y prestadores de servicios de salud, puede tener mucha utilidad en países en donde el financiamiento en investigación en salud permanece sin visibilidad política.

Por tanto, en las actuales circunstancias del conocimiento global y condiciones locales, el establecimiento de innovadores sistemas organizacionales que permitan la construcción del pensamiento colectivo entre los diferentes actores del sistema de seguridad social (investigadores, tomadores de decisiones, prestadores de servicios, usuarios, etc.) es una necesidad urgente para crear y fomentar una cultura de constante apropiación social del conocimiento producto de las investigaciones básicas y clínicas que se están generando en la Universidad de Antioquia.

* Fragmento de Universidad de Antioquia: bienestar y salud Perspectivas en el siglo XXI, serie Ensayos. Pensamiento universitario.

Referencias bibliográficas del respectivo fragmento Armstrong, K. (2012). “Methods in comparative effectiveness research”. J Clin Oncol, 30(34), 4208-4214. doi: 10.1200/ JCO.2012.42.2659 Bunge, M. ([1960] 1996). La ciencia, su método y su filosofía. Bogotá: Panamericana.

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Cortes, M. de. L. et al. (2012). “Public vaccine manufacturing capacity in the Latin American and Caribbean region: Current status and perspectives”. Biologicals, 40(1), 3-14.

Chalkidou, K. (2010). “The (possible) impact of comparative effectiveness research on pharmaceutical industry decision making”. Clin Pharmacol Ther, 87(3), 264-266. doi: 10.1038/clpt.2009.243 Lessells, R. J. et al. (2013). “Impact of a novel molecular TB diagnostic system in patients at high risk of TB mortality in rural South Africa (Uchwepheshe): Study protocol for a cluster randomised trial”. Trials, 14, 170.

Moloney, A. (2009). “Latin America faces hurdles in health research”. Lancet, 374(9695), 1053-1054.

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La cultura y el arte dan vida a la Universidad de Antioquia Episodios de la relación de la Universidad con el arte y la cultura

El arte en la Ciudad Universitaria*

Por Carlos Arturo Fernández Uribe

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ualquier persona que ingrese en una sede de la Universidad de Antioquia, interesada en participar de la vida universitaria, se ve convidada por una enorme cantidad de propuestas en el área cultural.

Por supuesto, nada de todo esto surge de manera espontánea, sino que es el producto del trabajo constante de gran cantidad de universitarios. Estudiantes, empleados, profesores, trabajadores, administradores, egresados, jubilados: todos los estamentos contribu-

yen al desarrollo de la intensa vida cultural de la Alma Máter, liderados por instancias como la Vicerrectoría de Extensión, el Departamento de Extensión Cultural, el Museo Universitario, el Sistema de Bibliotecas, la Facultad de Artes, la Editorial Universidad de Antioquia, la Emisora Cultural con su extraordinario ámbito de cobertura, Bienestar Universitario, y un etcétera muy largo y muy amplio, muchas veces en alianza con entidades externas, privadas o públicas, como ocurre ahora en el nuevo Parque de la Vida, en el Área de la Salud.

Pero, aun corriendo el riesgo 81

En las décadas finales del siglo XX, la Ciudad Universitaria se enriqueció con algunos bustos celebrativos y, de manera especial, con las obras del escultor Alonso Ríos, profesor de la Facultad de Artes, impulsadas por distintas dependencias: el busto de Porfirio Barba Jacob (entre el Teatro y el bloque 22), el del asesinado profesor Luis Fernando Vélez (Plazoleta Central), El sembrador de estrellas (Facultad de Ingeniería) y El maestro forjador de futuro (Facultad de Educación).

ENSAYOS PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

de privilegiar las manifestaciones artísticas, quisiera plantear que el recorrido por los campus universitarios se ve enriquecido por un despliegue de obras de distintas épocas, autores y tradiciones, que paulatinamente han ido convirtiendo a la Universidad de Antioquia en una especie de museo abierto.

Aunque ya por sí misma la Ciudad Universitaria es una de las más notables obras de la arquitectura colombiana de la segunda mitad del siglo XX, en su misma construcción pareció conveniente agregar una serie de obras de arte que ya desde entonces se cargaron de sentido para la institución. Aparecen así el Cristo cayendo (Bloque Administrativo) y El hombre creador de la energía (Plazoleta Central), de Rodrigo Arenas Betancourt, y el mural de la Biblioteca Central, de Pedro Nel Gómez, casi siempre conocido como El hombre ante los descubrimientos de la física, pero que el mismo artista llamó La lucha de la vida y la muerte. Y tampoco podría olvidarse que, en mayo de 1968, exactamente en el mismo momento en el cual Pedro Nel Gómez pintaba su obra al fresco, en la Ciudad Universitaria, todavía en construcción, se inauguraba la Primera Bienal de Coltejer; y en 1970, la Segunda Bienal se presentará en el edificio del Museo Universitario. Estos eventos, que fueron las mayores muestras de arte contemporáneo realizadas hasta ese momento en el país, continúan siendo referencias culturales definitivas para quienes entonces pudieron aproximarse a las nuevas manifestaciones artísticas. Por eso, en el imaginario de las jóvenes generaciones de esa época, la Universidad quedará estrechamente vinculada con el arte contemporáneo.

En las décadas finales del siglo XX, la Ciudad Universitaria se enriqueció con algunos bustos celebrativos y, de manera especial, con las obras del escultor Alonso Ríos, profesor de la Facultad de Artes, impulsadas por distintas dependencias: el busto de Porfirio Barba Jacob (entre el Teatro y el bloque 22), el del asesinado profesor Luis Fernando Vélez (Plazoleta Central), El sembrador de estrellas (Facultad de Ingeniería) y El maestro forjador de futuro (Facultad de Educación); con las tres últimas se inició una fructífera relación entre la Facultad de Artes y el Departamento de Metalurgia de la Facultad de Ingeniería, que continúa hasta ahora en los planos de la docencia, la investigación y la producción.

Frente al panorama anterior, los últimos quince años han presenciado la instalación casi continua de obras de los más grandes artistas colombianos en las distintas sedes de la Universidad y no solo en Medellín, donde, sin embar82

go, se concentra el mayor número de ellas. Solo hacer la lista de todas y aproximarse a sus valores supera los límites de este escrito: ¿cómo no mencionar la Epopeya del café, de Horacio Longas, o el Aerolito, de Eduardo Ramírez Villamizar (además de la extraordinaria serie de obras donadas a la Universidad por la familia del artista, quien utilizó los espacios de la Ciudad Universitaria para una impresionante retrospectiva en 2002), o la Puerta, de Carlos Rojas? ¿Y cómo olvidar las demás? Por fortuna, ya Luis Germán Sierra las mencionó todas en las páginas de Alma Máter (2013: 26-27), en un texto que afirma el profundo sentido cultural y humano de la experiencia estética que hacen posible todas estas obras.

Y el texto de Sierra, además, informó a la comunidad acerca de una de las mejores noticias que podía esperar la Universidad en sus doscientos diez años: “Una excelente noticia para la comunidad universitaria y para la ciudad es que en este 2013, cuando la Universidad cumple 210 años, tendremos en el campus las es-culturas Puente.

Homenaje a Paul Foster de Edgar Negret, Oriente de Hugo Zapata, Arcus de Ronny Vayda, Chelista de Leonel Estrada, y un mural de Maripaz Jaramillo” (2013: 27). El proceso ha llegado a ser tan rico, que el informe no incluía todavía los murales de Fanny Sanín y de Iván Hurtado en el nuevo coliseo de la Ciudad Universitaria.

De nuevo, se debe afirmar que este es el resultado del trabajo constante de una serie de “quijotes”

* Fragmento de La cultura y el arte dan vida a la Universidad de Antioquia Episodios de la relación de la Universidad con el arte y la cultura, serie Ensayos. Pensamiento universitario.

que han dedicado su vida al engrandecimiento de la Alma Máter y que, por elementales razones de respeto, tampoco se mencionan aquí.

En síntesis, si a lo largo de los siglos xix y xx el paso breve o prolongado por la Universidad de Antioquia debió ser una experiencia intelectual, conceptual, política, cultural y humana inolvidable, a todos esos va-lores se suma hoy el de la experiencia estética, en uno de los espacios patrimoniales más importantes de la región y del país.

A modo de conclusión No resulta fácil terminar cuando se habla con entusiasmo de la Universidad de Antioquia, esta Alma Máter, “madre nutricia” a la que servimos con orgullo.

Quizá una manera de concluir podría ser recordando las características de la cultura que define la Unesco para afirmar que, también por su vinculación con las artes, este es un espacio eminentemente cultural. Porque aquí desarrollamos la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos, en un proceso racional, crítico y éticamente comprometido, tomamos conciencia, discutimos acerca de lo que somos, comprendemos que cada uno de nosotros es un proyecto en desarrollo, siempre inacabado, y que, con nuestro aporte parcial, contribuimos a mantener viva esta gran obra de la Universidad de Antioquia, que nos trasciende y nos supera.

Referencias bibliográficas del respectivo fragmento Sierra, Luis Germán. (2013). “Obras de arte en la Universidad, amigables referentes de cultura para el país”. Alma Máter, 619, 26-27 [Véase también en http://almamater.udea.edu.co/periodico/sc-arte619.htm].

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La política y las políticas públicas: una necesaria relación*

Por Jonathan Alejandro Murcia** Profesor de Ciencia Política Universidad de Antioquia

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as poco más de dos décadas de presencia de las políticas públicas en el contexto latinoamericano han dejado valiosas experiencias. Las políticas públicas han calado en Colombia por su sintonía con los principios constitucionales y democráticos del Estado social de derecho, promulgados en la parte inicial del texto constitucional de 1991.

También han coincidido con las posturas políticas de quienes ven en la participación ciudadana un ejercicio necesario para la construcción y protección de lo público. Sin embargo, la entrada de las políticas públicas en el escenario gubernamental colombiano no ha sido predominante ni ha tenido el desarrollo que al menos desde la academia y desde muchos sectores sociales se quisiera.

Frente a este panorama conviene evitar la total desilusión con las políticas públicas. También es conveniente asumir mesuras discursivas a la hora de hacer valoraciones sobre su importancia en sistemas políticos como el colombiano. Esto último particularmente en relación con posiciones radicales que llegan a afirmar, ya sea de manera apresurada, o a veces desde algunos rincones políticos e ideológicos que todavía piensan la acción pública como si fuera ayer, que las políticas públicas son inevitablemente mera retórica o inútiles decálogos de buenas intenciones, y que por el hecho de plantear en su base teórica el redimensionamiento del Estado y la importancia de los recursos privados para la gestión de lo público son entonces “simples” instrumentos de los gobiernos de corte neoliberal para “disfrazar” como democráticas las debilidades del Estado y la rendición de éste ante el poder del mercado.

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Evidentemente hay grupos de interés que conforman poderosas comunidades de políticas que influyen notoriamente en el agendamiento, diseño e implementación de políticas públicas. Pero también es cierto que esta posibilidad de conformar coaliciones y movilizarse en torno a la solución de un problema público y a la mejor forma de resolverlo —o al menos transformarlo— no es un espacio inexorablemente reservado para algunos pocos, ni en las políticas públicas en particular ni en los sistemas democráticos en general. En ese sen-

rios institucionales donde se delibera y se decide si un problema es de interés público o no, si se atiende ese problema público o no y si se atiende cómo y con quién se hace.

Lo anterior adquiere importancia especialmente en contextos como el colombiano, donde hay una baja credibilidad hacia la democracia representativa. En medio de ese “malestar con la representación”, como lo llamó en la década del noventa del siglo pasado la profesora María Teresa Uribe (1995) y que aún parece persistir, las políticas públicas constituyen una interesante forma de decidir sobre lo público de una Uno de los obstáculos a la hora de construir en Colommanera colectiva, en las bia una cultura de las políticas públicas —entendidas cuales se apela a la idea de involucrar directaéstas como procesos colectivos de acción y decisión mente a la ciudadanía dirigidos a solucionar problemas públicos y no como en la acción pública, a meros instrumentos de planificación o de acción gubertravés de sus organizaciones comunitarias y namental— es el déficit de participación de la ciudadamovimientos sociales, nía en los escenarios institucionales donde se delibera grupos de interés, partiy se decide si un problema es de interés público o no, dos políticos, entre otras expresiones de movisi se atiende ese problema público o no y si se atiende lización política y ciucómo y con quién se hace. dadana que participan de la construcción de lo público.

tido, las lecturas descarnadamente realistas y las posturas ingenuamente normativistas se quedan cortas a la hora de valorar el potencial de las políticas públicas en contextos como el colombiano.

Por lo cual, aquí se propone ir más allá de lo que hasta ahora se “hace”, o lo que las normas y los compendios teóricos dicen que se “debe hacer”, para asumir una postura prospectiva de lo que se “puede hacer” articulando ideales y realidades.

Uno de los obstáculos a la hora de construir en Colombia una cultura de las políticas públicas — entendidas éstas como procesos colectivos de acción y decisión dirigidos a solucionar problemas públicos y no como meros instrumentos de planificación o de acción gubernamental— es el déficit de participación1 de la ciudadanía en los escena-

Allí hay toda una relación por descubrir en términos investigativos y por construir en términos políticos: la relación entre la política y las políticas públicas como la combinación entre lo que se considera deseable y las vías de hacerlo posible. Explorar en esta relación, así sea de manera general, es el objetivo de este escrito. Para llevar a cabo este cometido se parte de intentar esclarecer un enmarañamiento conceptual que ha hecho carrera en Colombia y en toda América Latina como una de las dificultades para entender qué son las políticas públicas y cómo se relacionan estas con el ejercicio de la política, antes de hacer políticas públicas a la “topa tolondra” o de poner el rótulo de política pública a cualquier acción gubernamental. Posterior a esto se argumenta sobre la importancia de la relación estrecha que hay, y debe haber, entre la política y las políticas públicas.

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El enmarañamiento conceptual entre la política y las políticas públicas Una de las dificultades en los países de habla hispana con la apropiación de las políticas públicas como concepto y como acción pública se ha debido a un asunto lingüístico. Un galimatías que ha terminado por transformarse en una dificultad para la comprensión de lo que se quiere decir cuando se habla de políticas públicas. Este ha sido un aprieto tanto para la academia como para los gobiernos y la ciudadanía en las sociedades hispanoparlantes.

blicos superan cada vez más las capacidades de los gobiernos y demandan otros recursos (económicos, informativos, organizativos, infraestructurales, simbólicos, entre otros) provenientes de la sociedad civil y del mercado, llegando así organizaciones sociales y comunitarias, sindicatos, gremios, empresas y la misma academia a constituirse en actores importantes (Knoepfel, Larrue, Varone e Hinojosa, 2007).

El primer concepto ha sido transversal a la historia de la humanidad, al menos desde las primeras civilizaciones que constituyen el conocimiento del mundo occidental, y se ha difundido en el mundo hispanoparlante con el nombre de: la política.

El segundo concepto, al ubicar su procedencia en países de habla inglesa —particularmente en Esta-

La cuestión estriba en los límites poco nítidos pero existentes entre dos conceptos, cuyas fronteras gramaticales son más claras en los países angloparlantes, donde se les conoce como politic y policies. El primero referido a aquellos procesos de competición La política implica tensión, conflicto, disputa, deliberapor definir e intervenir ción, pero también cabe la posibilidad de acuerdos melas cuestiones pertenecientes a la esfera diante la cooperación y la negociación. Difícilmente se pública, mediante el podrá llegar en el tema de la educación, y en todos los acceso al poder estatal demás temas de política pública, a un consenso absoluto o la influencia en él, procesos en los cuales entre todas las visiones de los múltiples actores involusus principales —pero crados, pero la construcción de lo público necesita, más no únicos— sujetos que consensos plenos y románticos, el respeto a la difeson los grandes actores políticos de la moderrencia, la posibilidad de disentir y de llegar a acuerdos nidad: los partidos poque reconozcan al otro. líticos, los movimientos sociales y los grupos de interés (Vallés, 2006).

El segundo concepto es de cuño más reciente, como también es relativamente joven su existencia como forma de acción pública, y hace dos Unidos e Inglaterra— y contar con menos de alusión, en términos generales, al conjunto de acun siglo de existencia, se ha difundido en los paíciones y decisiones colectivas orientadas a resolses hispanoparlantes y a falta de un término más ver problemas sociales considerados políticamenpreciso con el nombre de: las políticas públicas. te como públicos; aquí tradicionalmente el actor De lo anterior se derivan una larga lista de imcentral es el gobierno, como poder del Estado con precisiones terminológicas. En países como Cocapacidad para planificar el desarrollo y ejecutar lombia se hace alusión a las políticas públicas recursos públicos, sin embargo ha dejado de ser llamándolas en términos resumidos como “las popaulatinamente el único actor, teniendo en cuenta líticas”; de esta manera se refieren, por ejemplo, que en los últimos tiempos la solución —o por lo a las políticas públicas del sector educativo como menos la transformación— de los problemas pú86

“las políticas de educación”. En este caso, que es solamente uno entre muchos otros sectores y poblaciones para las cuales se hacen políticas públicas (salud, seguridad, trabajo, vivienda, género, otras), se entra en recurrentes confusiones entre lo que políticamente se considera como “correcto” para la educación de una sociedad, y es manifestado en formas, expresiones, concepciones y teorías diversas por parte de los actores de la participación política y lo que se ha considerado como “correcto” específicamente en una política pública de educación, como producto de un proceso en el cual, al menos en teoría, hubo definiciones del problema y acuerdos y/o negociaciones entre los actores involucrados en materia de educación, sobre cómo se diseña, implementa y evalúa la política pública para la educación.

En ese sentido, no siempre coinciden las versiones sobre la educación —para seguir con el mismo ejemplo— que se dan en la política con aquellas que quedan contempladas en las políticas públicas de educación. Es aquí justamente donde radica no solamente una confusión en materia conceptual, hermenéutica y comprensiva, sino también política y gubernamental, entre lo que se concibe como “correcto” en la política y lo que se considera “correcto” en las políticas públicas. En este punto es donde se pierde claridad entre una cosa y otra.

La íntima y necesaria relación entre la política y las políticas Este problema de imprecisión conceptual entre la política y las políticas públicas se trabaja aquí sin la intención de separarlas como dos campos de acción distintos. Por el contrario, lo que se pretende es distinguir ambos conceptos con el ánimo de aportar a la clarificación sobre su íntima relación como prácticas de lo público democrático, que no pueden perderse en los intríngulis teórico-normativos, ni en las manipulaciones discursivas de gobernantes, representantes y candidatos a cargos de elección popular, ni mucho menos en las limitaciones de las tendencias de gobiernos tecnocráticos que a nombre de la eficiencia se excluyen de la posibilidad de gobernar con la sociedad y para la sociedad o de las perversiones de gobiernos autoritarios que bajo el manto de la democracia procedimental gobiernan patrimonialistamente con y para sus clientelas.

Diferenciar la política y las políticas públicas con el interés de encontrar y visibilizar sus relaciones profundas parte en este escrito de la necesidad de poner en la agenda pública, desde la academia, la inevitable presencia de los actores primordiales de la política en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Parte también de la necesidad de superar las posturas tecnocráticas que reconocen que los gobernantes elegidos popularmente y sus gabinetes no tienen los conocimientos y las capacidades para gobernar solos la sociedad ni para resolver sus problemas, pero fallan cuando creen que la ciencia y la técnica tienen las soluciones en sus laboratorios y escritorios, en sus centros de consultoría, de investigaciones y en sus think tanks.

Los actores políticos tradicionales, como los partidos, los movimientos sociales y los grupos de presión, así como otros actores que tradicionalmente se habían ubicado en el plano de la satisfacción de las necesidades o de la identidad comunitaria y que comienzan también a jugar un rol importante en la política: organizaciones sociales y comunitarias, todos ellos adquieren un rol fundamental como actores importantes en las políticas públicas, no solamente porque hacen un ejercicio de canalización de los problemas sociales hacia las agendas gubernamentales mediante acciones políticas convencionales como las elecciones u otras menos convencionales como el cabildeo; también empieza a adquirir pertinencia su presencia en los escenarios de toma de decisiones donde se decide si los problemas se atienden mediante políticas públicas o mediante otras formas de acción pública. Se hacen relevantes en la formulación de las soluciones y en el diseño de la política pública, porque conocen las características de los problemas públicos de las comunidades, poblaciones y sectores a los cuales representan o pertenecen y pueden aportar soluciones viables a los problemas. Se vuelven fundamentales en los momentos de implementación, porque dan legitimidad a la incursión de la institucionalidad en los territorios y tienen conocimientos que ayuden a desenredar los nudos gordianos que a veces se presentan en la implementación de las políticas. Y por supuesto, tienen toda la legitimidad para ser veedores del interés público, para participar en los procesos de evaluación de las políticas públicas, tanto al inicio como en el desarrollo y cierre de las mismas.

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Vale la pena enfatizar en el papel que tienen los movimientos y organizaciones sociales en las políticas públicas, como esos actores de la política no institucionalizada que a veces se les representa como expertos en movilizar en la calle e impedidos para participar en escenarios institucionales. Las estructuras organizativas de diferentes grupos poblacionales como las víctimas del conflicto armado, los campesinos, los indígenas, la población negra y afrodescendiente, defensores de derechos humanos, organizaciones vecinales, de trabajadores, los estudiantes, entre otra larga lista de actores sociales, cuentan con valiosos recursos, sobre todo en materia organizativa y en información, que resultan valiosos en las políticas públicas y cada vez más se preparan para combinar sus repertorios de movilización, mezclando su experticia en acciones colectivas contenciosas y autogestionarias con otros repertorios más institucionales de acción colectiva, como la activación de mecanismos jurídicos o la realización de investigaciones sociales, los cuales les permiten llegar a los escenarios de políticas públicas hablando también el lenguaje de la institucionalidad.

Dado lo anterior, no hay excusas para que en Colombia no se den políticas públicas que sean una expresión del trabajo mancomunado entre el gobierno y otros actores de la sociedad civil, poniendo sus recursos y sus conocimientos en función de resolver un problema público de una manera democrática y pública en un sentido amplio, es decir, accesible, común y visible (Rabotnikof, 1993). En otras palabras, no hay pretextos legítimos para evadir la relación de cooperación entre la política y las políticas públicas.

Retomando el ejemplo de la educación, una manifestación de la relación “política-políticas públicas” en este sector implica que el gobierno nacional y los gobiernos territoriales construyan sus políticas públicas con los actores directamente implicados: estudiantes, docentes, investigadores, cuerpos administrativos, incluso con los mismos egresados, tanto del sector público como del sector privado que ofertan educación. Las organizaciones y movimientos estudiantiles, las asociaciones de egresados, los sindicatos y asociaciones de profesores, los mismos partidos polí88

ticos que tienen el tema en sus agendas, las instituciones, corporaciones, fundaciones y empresas educativas, todos ellos cuentan con diferentes tipos de recursos que pueden utilizar en el marco de la política pública educativa. Además, todos ellos son actores que pueden aportar visiones diferentes que coadyuven a construir las acciones públicas que se hagan en materia de educación pública y privada. Por supuesto, estos no son procesos sencillos de llevar a cabo. La política implica tensión, conflicto, disputa, deliberación, pero también cabe la posibilidad de acuerdos mediante la cooperación y la negociación. Difícilmente se podrá llegar en el tema de la educación, y en todos los demás temas de política pública, a un consenso absoluto entre todas las visiones de los múltiples actores involucrados, pero la construcción de lo público necesita, más que consensos plenos y románticos, el respeto a la diferencia, la posibilidad de disentir y de llegar a acuerdos que reconozcan al otro.

A modo de conclusión El 2014 es un año electoral en Colombia. Desde finales de 2013 se empiezan a abrir agendas públicas y agendas políticas de cara a una agenda institucional nacional donde se discutirán los temas relevantes para el país y las formas de abordarlos. Este es un escenario de “oportunidades políticas” como le llaman los teóricos de la acción colectiva (McAdam, 1999, Rucht, 1999, Tarrow, 2004) o una “ventana de oportunidad” como se conoce en la literatura de políticas públicas (Kingdom, 1984, citado en Surel, 2006), para que los actores de la política participen en el agendamiento de los problemas públicos que consideran merecen quedar incorporados en las agendas legislativas y gubernamental del nivel nacional en el próximo año. Es una oportunidad valiosa para llevar a cabo este ejercicio relacional entre la política y las políticas públicas. Entender la política en plural, no solamente la política partidaria o electoral, sino otras manifestaciones de la política, como son los movimientos sociales y los grupos de interés, así como otros actores de reciente surgimiento en el escenario político, es un reto a la hora de investigar los procesos de políticas públicas y de hacer políticas públicas.

Finalmente una indicación: si hasta este punto no se ha hecho suficientemente evidente, entonces será necesario aclarar que la necesidad de relacionar la política y las políticas públicas no es ni mucho menos una apología a la corrupción y a la llamada “politiquería”, que en variadas ocasiones se apodera de la acción pública para ganar dividendos políticos y económicos a costa de las

políticas públicas sufragadas con los recursos públicos. Esta aclaración sería innecesaria si no hubiese en Colombia tan poca ilustración sobre lo que es la política como “el arte de hacer posible lo deseable” y tanta convicción en el imaginario colectivo (si es que tal cosa existe como un todo) sobre la política como la causa de todos los males de la sociedad colombiana.

* Este artículo recoge resultados parciales del proyecto de investigación Políticas públicas territoriales en Medellín, actores, recursos y oportunidades. Las políticas públicas de desplazamiento forzado y de las diversidades sexuales y de género. Financiado por el CODI y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia). Coordinador: James Gilberto Granada Vahos. Co-investigador: Jonathan Alejandro Murcia. Estudiantes en formación: Jhony Alexander Tamayo, Gloria Andrea García y Carlos Andrés Olaya.

Bibliografía Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., Hinojosa, M. “Hacia un modelo de análisis de políticas públicas operativo.

Un enfoque basado en los actores, sus recursos y las instituciones”. En: Ciencia Política, N°. 3. Santafé de Bogotá. Enero-junio de 2007, pp. 9-42.

Rucht, D. “El impacto de los contextos nacionales sobre la estructura de los movimientos sociales: un estudio comparado transnacional y entre movimientos”. En: Doug McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald. Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Ediciones Istmo. Madrid, Istmo.

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McAdam D. “Orígenes terminológicos, problemas actuales y futuras líneas de investigación”. En: Doug McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald. Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Ediciones Istmo. Madrid, Istmo. 1999.

Pp. 49 – 70.

Surel, Y. (2006). “Relaciones entre la política y las políticas públicas”. México: Flacso. Coord. Rolando Franco, Jorge Lanzaro, pp.43-73.

Tarrow, S. (2004). El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. 2 ed. Alianza editorial, Madrid, 2004.

** Politólogo. Investigador asociado del Instituto de Estudios Políticos

Rabotnikof, N. “Lo público y sus problemas: notas para una reconsideración”. En: Revista internacional de filosofía política, No. 2, Madrid, 1993, pp.75-98.

Uribe de Hincapié, M. T. “El malestar con la representación política en la Colombia de hoy”. Estudios Políticos No. 6. Medellín, julio 1995, pp. 11-26.

Jonathanmurcia33@outlook.com

Vallés, J. M. (2006). Ciencia política: una introducción.

Barcelona, Ariel.

Notas 1. Además de otros obstáculos que aquí no se soslayan pero tampoco se abordan a profundidad por cuestiones de extensión, como los siguientes: la debilidad institucional en el nivel nacional y subnacional, expresada en parte en la centralización administrativa, política y fiscal del Estado colombiano en detrimento de la autonomía de los departamentos, municipios y distritos para hacer políticas públicas territoriales; también las particularidades de un contexto en situación de conflicto armado prolongado como el colombiano; entre otras restricciones objetivas y subjetivas.

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Ilustración Juan Andrés Álvarez Castaño