Alma Mater 678

Nº 678 Medellín, agosto de 2018 Vigilada Mineducación

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES • almamater@udea.edu.co • ISSN 1657-4303

El déficit, lo más sensible para la Universidad Páginas 2 y 3

Académicos proponen al nuevo gobierno adoptar medidas en materia fiscal, laboral, de competitividad y sectorial para impulsar la economía nacional Páginas 6 y 7

De cara a los TLC, en riesgo 700.000 empleos en el sector lechero Páginas 8 y 9

Foto: Laura Montoya Sanabria

Neurobanco preserva 333 cerebros, para una nueva vida Página 13

Ciudadela Universitaria, sede principal de la Universidad de Antioquia.

SOS por la universidad pública El Sistema de Universidades Estatales, SUE, experimenta un desajuste estructural en sus finanzas, entre otras razones, por la diferencia que existe entre las transferencias de la Nación y los costos crecientes que las instituciones de educación superior pública afrontan para atender las demandas del país en docencia, investigación y extensión. Para corregir el desfinanciamiento es urgente adelantar una profunda reforma a la ley 30 de 1992. Página 5

Admisiones semestre 2019-1

Gestión

Luis Pérez Gutiérrez, Gobernador del Departamento y Presidente de la Corporación • John Jairo Arboleda Céspedes, Rector • Antonio Yepes Parra, Representante del Presidente de la República • Ana Milena Gualdrón Díaz, Representante de la Ministra de Educación Nacional • Elvia María González Agudelo, Representante del Consejo Académico • Gabriel Agudelo Viana, Representante Profesoral •Carlos A. Giraldo Giraldo, Representante de los Egresados • Mauricio Alviar Ramírez, Representante de los Exrectores • Carlos Mario Estrada Molina, Representante del Sector Productivo • Clemencia Uribe Restrepo, Secretaria General.

CONSEJO ACADÉMICO John Jairo Arboleda Céspedes, Rector • Sergio Cristancho Marulanda, Vicerrector de Investigación • Lina María Grisales Franco, Vicerrectora de Docencia • Pedro Amariles Muñoz, Vicerrector de Extensión • Ramón Javier Mesa Callejas, Vicerrector Administrativo • Gabriel Mario Vélez Salazar, Decano Facultad de Artes • Gloria Eugenia Giraldo Mejía, Decana (e) Facultad de Ciencias Agrarias • Sergio Iván Restrepo Ochoa, Decano Facultad de Ciencias Económicas • Adriana Echavarría Isaza, Decana Facultad de Ciencias Exactas y Naturales • Hernando Muñoz Sánchez, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas • Edwin Carvajal Córdoba, Decano Facultad de Comunicaciones • Luquegi Gil Neira, Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas • Elvia María González Agudelo, Decana Facultad de Educación • Lina María Zuleta Vanegas, Decana Facultad de Enfermería • Jesús Francisco Vargas Bonilla, Decano Facultad de Ingeniería • Carlos Alberto Palacio Acosta, Decano Facultad de Medicina •José Pablo Escobar Vasco, Decano Facultad Nacional de Salud Pública • Ángela María Franco Cortés, Decana Facultad de Odontología • Juan Carlos Alarcón Pérez, Decano Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias • Luis Javier Castro Naranjo, Representante Profesoral ante el Consejo Académico • Clemencia Uribe Restrepo, Secretaria General.

Invitados: Elmer de Jesús Gaviria Rivera, Vicerrector General • Dora Ángela Hoyos Ayala, Directora de Posgrado • Jorge Iván Gallego Mosquera, Director de Regionalización • José Ricardo Velasco Vélez, Director Escuela de Microbiología • Margarita María Gaviria Velásquez, Directora Escuela Interamericana de Bibliotecología • Paula Andrea Echeverri Sucerquia, Directora Escuela de Idiomas • Berta Lucía Gaviria Gómez, Directora Escuela de Nutrición y Dietética • Francisco Cortés Rodas, Director Instituto de Filosofía • Gloria María Castañeda Clavijo, Directora Instituto de Educación Física y Deporte • Jaime Ignacio Montoya Giraldo, Director de Planeación y Desarrollo Institucional • Marcela Garcés Valderrama, Directora de Relaciones Internacionales • Liliana Marcela Ochoa Galeano, Directora de Bienestar Universitario •José Agustín Vélez Upegui, Director Jurídico • Adriana Astrid Zea Cárdenas, Directora de Auditoría Institucional • Carlos Mario Guisao Bustamante, Director de Comunicaciones.

John Jairo Arboleda Céspedes cumplió 100 días en la rectoría. La desfinanciación de las universidades públicas, la formulación del Plan de Acción, la evaluación financiera de la IPS Universitaria y el redireccionamiento del Programa de Salud, asuntos claves en el corto plazo para la Universidad de Antioquia.

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Foto: Laura Montoya Sanabria

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Nº 678, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, agosto de 2018

“El déficit, lo más sensible para la Universidad”

A

cien días de haber asumido el cargo y tras el periodo de empalme, ¿cuál es el frente más urgente para la rectoría de la Alma Máter?

—La Universidad, como cualquiera de las públicas del país, tiene grandes problemas financieros y dificultades para generar recursos de inversión. A la Institución le ha tocado hacer uso de la creatividad y la capacidad de gestión para allegar recursos que le permitan responder al reto de actualizarse. Definitivamente el déficit sigue siendo lo más sensible para la Universidad. ¿De cuánto dinero estamos hablando?

—La información que nos entregó la administración anterior en el empalme es que, para el año 2018, ese déficit es de 69 mil millones de pesos. El déficit acumulado se acerca a 113 mil millones. Distintos estudios han demostrado la desfinanciación a partir de 1992. Por eso vamos a emprender rápidamente medidas que lo disminuyan y aporten mayores ingresos.

El déficit se convirtió en una especie de “espanto”. ¿Qué riesgo representa realmente?

—El riesgo es enorme. Esta es la única universidad pública que no cobra la matrícula a estratos 1 y 2, y nos sentimos orgullosos de ello. O sea que los recursos son muy bien y transparentemente

ejecutados. Logramos atender cerca de 5.000 estudiantes nuevos cada semestre, pero se presentan entre 35 mil y 40 mil. Por eso, para ampliar la cobertura necesitamos más recursos, que también nos permitan mantener la formación de excelencia con destacados resultados sociales y grandes resultados en investigación y extensión, como los que nos reconocen regional e internacionalmente.

A propósito, ¿cuál es el compromiso de los gobiernos regionales?

—Es un asunto muy importante. Tenemos que explorar la posibilidad de que el Municipio de Medellín participe con recursos que hagan base presupuestal, porque la mayoría de nuestros estudiantes son de la ciudad; por la Ley 30 de 1992, el Municipio no tiene obligaciones de allegar recursos a la Universidad. Sin embargo, desde hace varios años, y gracias a los recursos de Estampilla, hemos logrado aportes muy importantes de EPM, la Alcaldía, el Idea, la FLA y otras instituciones. Pero tenemos que buscar más. También el Gobernador ha estado muy atento para encontrar vías que nos ayuden a apalancar recursos. Así mismo buscaremos la bancada antioqueña en el Congreso para que conozca lo que estamos haciendo, cuáles son nuestras necesidades de financiación y nuestros retos.

Parte de esos retos están en el Plan de Acción Institucional

que le aprobó el Consejo Superior. ¿Cómo fue esa planeación?

—Fue un proceso muy interesante, con recomendaciones y el aval del Consejo Académico y de una parte de la comunidad universitaria. Es la ruta de trabajo con las metas que aspiramos conseguir para este trienio; además, lo pensamos de tal forma que tuviera total coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2027.

Y por fortuna el Consejo Superior Universitario nos dio luz verde el pasado 31 de julio. ¿Qué camino se plantea?

—Tenemos un buen Plan de Acción. Planteamos 7 líneas de acción, algunas se enfocan a asuntos como presencia de la Universidad en los territorios, el buen vivir de la comunidad universitaria, la construcción de relaciones de confianza con los estamentos y la gestión del financiamiento de la Universidad. En general hablamos de 22 programas, 79 proyectos y 49 indicadores que nos permitirán avanzar en la Universidad que nos hemos propuesto. ¿Qué costo tendrá la ejecución del Plan?

—Estimamos que la cifra se acerca a los 497.000 millones de pesos en el trienio. Pero esos recursos nos permitirán fortalecer significativamente los posgrados, mantener el nivel de calidad de los pregrados, resignificar la presencia de la Universidad en los territorios,

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Nuevos representantes ante el Consejo Superior Universitario El profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar Ramírez, y el actual director de la caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia, Carlos Mario Estrada Molina, asumieron como nuevos miembros del Consejo Superior Universitario CSU, en representación de los exrectores y del sector productivo, respectivamente.

Sala de computadores, Facultad de Ingeniería.

aportar a la construcción de paz en el país y trabajar en la reacreditación institucional de alta calidad. ¿Cómo va el proyecto Complejo de la Salud?

—Estamos haciendo un análisis concienzudo. Es una obra grande, en área e inversión. Se hablaba de unos 220 mil millones de pesos autorizados para un empréstito, pero la cifra subía hasta los 270 mil millones.

Tenemos el compromiso de resolver, de una vez, el problema de infraestructura de la Facultad Nacional de Salud Pública, que había dicho que no iba a ser partícipe del proyecto, pero ahora tenemos un equipo tratando de encontrarle salidas a esta situación. Queremos construir una nueva sede que permita mostrarle al país los aportes de la Universidad en materia de salud, pensando en todas sus dimensiones.

En su posesión, el Gobernador le pidió trabajar por la IPS Universitaria. ¿Qué se ha avanzado allí?

—Los problemas financieros de la IPS vienen de tiempo atrás, sobre todo en cartera; todo el sistema de salud en Colombia viene acumulando problemas en ese aspecto.

Pero seguimos con el propósito de ser una de las mejores IPS de Latinoamérica. Ya entregamos la operación de la sede en Barranquilla y buscamos salir también, de manera tranquila, de San Andrés Islas,

porque genera grandes problemas financieros para la Universidad. En los próximos tres años buscamos disminuir esa cartera, focalizar nuestros servicios en Antioquia y fortalecer nuestra presencia a través de la Clínica León XIII. ¿Y el Programa de Salud?

—Tenemos todo el compromiso de mejorarlo y fortalecerlo. Hicimos cambios a partir de una serie de reuniones que sostuvimos. También analizamos quejas sobre el servicio y conformamos un nuevo equipo que se encargue de mirar el asunto con otros ojos y que haga propuestas para mejorar el servicio con los usuarios del Programa, que son principalmente nuestros empleados y profesores.

En estos 100 días también hubo un acercamiento y acuerdos con las agremiaciones universitarias…

—Sí. Es un tema que había sido aplazado desde la administración anterior porque llegaba un nuevo equipo de trabajo. Nosotros reasumimos esa tarea y tenemos firmado un acuerdo por tres años con Sintraunicol, que nos permite tener unas mejores condiciones laborales para los empleados. Además, firmamos acta de acuerdo por un año con la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Aspu, como muestra del compromiso que tenemos con los profesores de cátedra.

Alviar Ramírez, actual decano de la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad EIA, manifiesta gratitud a los exrectores que lo nombraron representante ante el CSU y señala que, en calidad de consejero, tiene entre sus metas aportar al Mauricio Alviar Ramírez direccionamiento de la Universidad, donde, la prioridad es “contribuir al cumplimiento del Plan de Desarrollo que aprobó el Consejo Superior en 2016, así como a los asuntos correlacionados que implica el nuevo Plan de Acción del periodo rectoral a cargo del profesor John Jairo Arboleda Céspedes”.

Estrada Molina es administrador de empresas, con especialización en mercadeo; ha sido docente en las universidades Nacional de Colombia, de Medellín, Cooperativa de Colombia y en la Alma Máter. Por primera vez, hace parte de un organismo Carlos Mario Estrada Molina de alta dirección universitaria y dice que “llego a la empresa más importante, la Universidad de Antioquia, como aliado para contribuir a la situación financiera, que creo es manejable, aunque compleja”. El nuevo consejero agrega que “la Universidad de Antioquia debe no solo transmitir conocimiento sino también, generarlo y contribuir a la competitividad de las regiones”.

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Gestión

Por ANDREA QUINTERO CARDONA Periodista andrea.quinteroc@udea.edu.co

C

ada año es más evidente la voluntad de las universidades colombianas en establecer lazos de cooperación con pares en Alemania. El sistema de educación mayoritariamente público y gratuito, de altísima calidad y fuertemente vinculado al sistema productivo, hacen del país germano un maestro ejemplar al momento de establecer políticas y modelos educativos que atiendan las necesidades de las comunidades menos favorecidas y, al tiempo, resulten de gran pertinencia para elevar los niveles de desarrollo de la nación.

Por este motivo, el grupo de rectores de las ocho universidades públicas y privadas con acreditación de alta calidad de Antioquia, denominado G8, además de directivos del Instituto Tecnológico Metropolitano, participaron en una misión internacional organizada por la embajada de Alemania en Colombia, que posibilitó en diálogo con representantes de 18 institutos, asociaciones y universidades alemanas, además de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación e Investigación.

“Lo más importante del sistema de educación superior alemán es su adecuada financiación, con la participación decidida de cerca de 9.000 empresas en la financiación de proyectos de desarrollo tecnológico, llevados a cabo precisamente por institutos para la ciencia y por universidades técnicas y tecnológicas, que en ningún momento descuidan su enorme responsabilidad social y su apuesta por la investigación básica”, destaca John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia.

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Foto: cortesía

La gira del G8 por Alemania subraya la necesaria participación de las universidades colombianas en el desarrollo económico nacional, donde la investigación signifique, sobre todo, aplicar el conocimiento para resolver los grandes retos del país.

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La misión internacional de los rectores de las ocho universidades públicas y privadas de Antioquia visitó las siguientes instituciones alemanas: Instituto Iberoamericano, Instituto Fraunhofer IPK, Universidad Técnica de Berlín, Conferencia de Rectores de Alemania, Escuela de Economía y Derecho de Berlín, Universidad Humboldt de Berlín, Centro de Ética Global de Wittenberg, Leipzig HHL Spinlab, Universidad de Giessen, Servicio Alemán de Intercambio Académico, Fundación Alemana de Investigación Científica, Universidad Técnica de Aquisgrán, Instituto Tecnológico de Karlsruhe, Universidad de Hohenheim, Universidad Cooperativa de Baden Württemberg, Universidad Técnica de Múnich, Asociación de las Universidades de Baviera, Universidad de Múnich.

Alemania, aliado de la educación superior El directivo de la Alma Máter observa que la experiencia alemana señala la importantísima tarea que tiene Colombia de fortalecer aún más al Comité Universidad-Empresa-Estado, con el fin de construir nación a partir del relacionamiento de la universidad con el sistema productivo, uniendo voluntades y conocimientos en torno a temas de investigación, desarrollo e innovación.

En esa dirección, Reinhard Babel, director del Centro de Información del Servicio Alemán de Intercambio Académico en Colombia —Daad—, subraya que “El vínculo entre universidad e industria es el secreto del éxito económico en Alemania, con el Estado invirtiendo un 3% del PIB en la investigación, es decir, alrededor de 30 mil millones de euros, mientras que la industria duplica anualmente esa inversión con más de 60 mil millones de euros. Este dinero, en parte, va directamente a las universidades”.

Cooperación bilateral A la fecha, 3.100 colombianos se encuentran en instituciones de educación superior de Alemania, haciendo de Colombia el segundo país en América Latina con más estudiantes allí, tan solo superado por Brasil. Estas cifras incluyen a más de 70 estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad de Antioquia que se movilizaron

en 2017, gracias a 23 convenios académicos internacionales.

A su vez, Colombia es tercero en América Latina en ser elegido por los alemanes como destino académico. En 2017, 92 estudiantes y profesores germanos visitaron la Alma Máter, así como 17 delegaciones internacionales en el periodo 2015-2017, destacándose la Fundación Alemana de Investigación Científica, la Asociación de las Universidades de Baviera y un grupo de cancilleres académicos de Baden-Württemberg, presidido por la Ministra de Ciencia e Investigación de la región, Theresa Bauer.

Igualmente, la Sociedad Max Planck es un gran aliado de la Universidad, con un acuerdo de cooperación firmado en 2015 que dio inicio a tres proyectos en tándem que investigan en biología reproductiva del mosquito Aedes aegypti, en biofísica de enfermedades tropicales y en nanobioingeniería.

También se destaca la continua cooperación con la Universidad de Giessen, una institución con más de 50 años de relación académica con Colombia. En la actualidad, esta universidad posee una alianza estratégica con la Universidad de Antioquia, un programa Erasmus+ para la movilidad académica de estudiantes y una colaboración conjunta con la Corporación Centro de Excelencia en Ciencias Marinas, CeMarin.

“Las universidades de Colombia son nuestro mayor aliado estratégico en el ámbito internacional”, manifiesta Joybrato Mukherjee, rector de Giessen y gran interesado en potenciar, igualmente, al Instituto Colombo-Alemán para La Paz, con el apoyo tanto de las cuatro universidades bogotanas que lo componen, como de distintas universidades regionales colombianas, incluida la Universidad de Antioquia.

Por su parte, con el Servicio Alemán de Intercambio Académico se tienen proyectos de cooperación institucional como la mencionada Corporación CeMarin, la Maestría en Lingüística con doble titulación, con la Universidad Pedagógica de Friburgo, y el programa Jóvenes Ingenieros que, desde 2007, ha becado a 50 estudiantes de la Facultad de Ingeniería, para que realicen un semestre de intercambio académico y una práctica profesional en una empresa alemana.

Universidad pública, sinergia empresa-universidad, movilidad académica, cooperación científica, es larga la lista de intereses comunes entre Colombia y Alemania, dos naciones geográficamente lejanas pero cada vez más cercanas en el convencimiento de la necesidad de trabajar en red para seguir en la vanguardia del conocimiento y el desarrollo tecnológico.

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SOS por el financiamiento de las universidades públicas Pese al desfinanciamiento que arrastran —cercano a los 15 billones de pesos—, las universidades públicas han crecido en sus distintos frentes misionales, pero urge una reforma profunda a la Ley 30 de 1992, que garantice la sostenibilidad del sistema de educación superior estatal.

Por RAMÓN JAVIER MESA CALLEJAS Vicerrector Administrativo ramon.mesa@udea.edu.co

L

a importancia de los bienes preferentes, uno de ellos, la educación superior pública, se ve reflejada en los derrames positivos que impulsan las universidades a través de la docencia, la investigación y la extensión, en los procesos de generación de conocimiento, innovación, formación de recurso humano y desarrollo tecnológico de toda la sociedad.

De esta manera, y mediante la construcción de tejido social que fomenta el pensamiento crítico, la formación de ciudadanía y el respeto por los derechos humanos, las universidades contribuyen de manera activa al progreso de las naciones y al mejor bienestar de la población.

Anclados en lo anterior, el Estado cumple un papel importante derivado del derecho fundamental a la educación, otorgando la financiación adecuada que permita la sostenibilidad financiera de las universidades públicas para lograr el cumplimiento de sus objetivos misionales.

En los últimos años, Colombia ha sido destacada a nivel internacional como una de las economías en desarrollo de mayor avance en materia de estabilidad económica, política y social, y por reducir los índices de pobreza, pese a la inestabilidad en el crecimiento económico, la violencia y la desigual distribución del ingreso.

En este contexto, los resultados alcanzados por el Sistema Universitario Estatal —SUE— en lo que va corrido de este siglo en materia de ampliación de la cobertura educativa, nivel de formación de los docentes, fortalecimiento de la investigación, creación de programas de estudio, crecimiento en la infraestructura física y tecnológica, movilidad e internacionalización y regionalización, permiten inferir la contribución y el aporte positivo

de la educación superior pública a la reducción de la pobreza y a la construcción de un mejor país.

Algunos resultados ilustran este desempeño (ver gráfico).

Situación financiera Las cifras positivas se han logrado pese al desajuste financiero de las universidades reflejado entre las transferencias que reciben de la Nación por la Ley 30 de 1992 en sus artículos 86 y 87, las cuales crecen al ritmo del comportamiento del IPC, y los gastos de éstas para llevar a cabo su misión. Esto ha significado desde hace rato que el aporte en pesos constantes de la Nación a las universidades públicas no se haya ajustado a la canasta de servicios educativos ofrecida, dado que sus gastos doblan los índices de inflación. Para la muestra, el promedio de crecimiento de los gastos de funcionamiento e inversión y de los gastos de personal entre 2010 y 2017 aumentaron 9,65% y 9,37%, respectivamente, 5,9 puntos porcentuales por encima del IPC, que en promedio para este mismo período correspondió al 3,76% (Informe de gestión SUE - Comisión de Vicerrectores Administrativos).

El desequilibrio se volvió estructural y se confirma con la caída de más de 20 puntos porcentuales que registra la participación de los aportes de la nación a las universidades públicas con relación al gasto público en educación superior —GPS— desde 2003. En efecto, en pesos corrientes, mientras en 2003 los aportes representaban el 57,6% del GPS, en 2016 éstos equivalían al 37%.

Esta situación viene arrastrando unas necesidades de recursos re-

queridos por las universidades que bordea los $15 billones de pesos, los cuales se han estimado en $1,4 billones de base presupuestal para atender gastos de funcionamiento y $13 billones de recursos para inversión, demostrando con ello que la ley 30 de 1992 en sus artículos 86 y 87 se quedó corta para financiar la educación superior pública.

Hasta ahora no se han tenido soluciones de fondo a esta problemática, incluso, los nuevos recursos generados en la última reforma tributaria, Ley 1819 de 2016 en sus artículos 184 y 102, orientados para financiar la educación pública, se destinaron en un porcentaje importante al Icetex.

Según el Informe de gestión del SUE, en el caso del artículo 184, que estableció 0,5 puntos del recaudo del impuesto sobre las ventas para el financiamiento de las instituciones de educación superior, el 60% de estos recursos se destinó al programa de becas y créditos administrados del Icetex, los cuales en un 89% se concentran en financiar matrículas en universidades privadas. De manera similar, ante el complejo panorama financiero de las universidades púbicas, la destinación de recursos públicos siguió su cauce, esta vez por cuenta de la errática política del gobierno Santos dirigida a subsidiar la demanda mediante el programa Ser pilo paga a través del Icetex.

Al borde de la crisis Se han hecho propuestas para salir de esta delicada situación.

El SUE ha propuesto alternativas para lograr nuevos recursos que hagan base presupuestal. Como lo muestra en su Informe, desde 2010

se han obtenido más de $2,57 billones para las universidades, de los cuales, $426.135 millones fueron incluidos en la base presupuestal de las mismas.

No obstante, el mayor esfuerzo lo vienen haciendo las universidades mediante la generación de recursos propios, los cuales pueden representar en promedio cerca del 50% del presupuesto total de las universidades. Esto, además de financiar los proyectos misionales de las universidades, ha evitado un mayor desequilibrio financiero, dado que los aportes de la nación se consumen casi en un 85% en el pago de las nóminas de las instituciones. De todos modos, a nivel contable, algunos informes financieros de las universidades muestran deterioro, como es el caso del comportamiento de los flujos de caja y los estados de resultados, e indicadores como los de liquidez y de endeudamiento.

Por todo lo anterior, la necesidad de la reforma a la Ley 30 de 1992 en sus artículos asociados con el financiamiento es más que urgente.

Seguir postergando su debate y aprobación por parte del gobierno, eleva aún más los riesgos y compromete la débil sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior en Colombia.

Es necesario poner en el centro esta problemática y la movilización de todos los actores universitarios para buscar salidas y cerrar filas por la defensa de este importante bien preferente. Los diagnósticos y los estudios existen, falta voluntad y decisión política para entender el efecto multiplicador de la educación superior pública en el desarrollo económico y social del país.

Economía

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Propuestas para reactivar la economía colombiana

Tareas para el Presidente Duque El 7 de agosto de 2018, Iván Duque Márquez toma posesión como presidente de la República. Entre los muchos retos que deberá enfrentar en su gobierno está superar la percepción negativa que subsiste en torno del desempeño de la economía, a pesar del buen comportamiento de los principales indicadores económicos en los años anteriores.

Mauricio López González, Ramón Javier Mesa Callejas y Edwin Torres Gómez, profesores investigadores del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, proponen al

Propuestas en materia fiscal Para mejorar la situación fiscal, e inyectar recursos frescos a la economía que mejoren el crecimiento de corto y largo plazo, recomendamos: 1. Reducir la tasa impositiva para las empresas y bajarla en forma gradual al 30% en cuatro años. De esta forma se incentiva la formalización empresarial, y por ende se amplía la base de contribuyentes.

2. Trabajar decididamente en la búsqueda de mejoras en eficiencia. Para lo cual se sugiere eliminar obstáculos regulatorios de modo que se incentive la actividad en el sector privado. El arreglo institucional debe permitir

la fácil conformación de empresas formales, para lo cual deberán participar activamente las cámaras de comercio. Se sugiere hacer el pre-registro de Cámara de Comercio, una inscripción gratuita para los emprendimientos y nuevas empresas, antes de formalizar su registro.

3. También se recomienda una nueva reingeniería en el aparato impositivo, de modo tal que se logre eliminar la elusión y evasión de impuestos. Es indispensable la identificación de las prácticas contables que facilitan y permiten ambos fenómenos, con lo cual se podría legislar frente a lo que se denomina las buenas prácticas contables.

Crecimiento PIB Real (%)

gobierno que estará al frente del país en el próximo cuatrienio adoptar una serie de medidas en materia fiscal, laboral, de competitividad y sectorial, para hacer sostenible la recuperación económica del país y generar un mayor crecimiento de largo plazo. ¿Por qué el presidente debe enfocarse en estas tareas?

Los docentes investigadores calculan que si se adoptan las medidas propuestas, en el corto plazo se generaría un crecimiento económico entre 1,2 y 1,8 puntos adicionales, y se contribuiría, así, al crecimiento del PIB estructural, a mejorar la calidad de vida de los colombianos, a promover la inversión, la legalidad y la formalización.

Propuestas en materia laboral 1. Se recomienda trabajar decididamente en la formalización de empresas, en particular en dos frentes.

En el primero, se debe ejecutar una amplia estrategia educativa con empresarios y trabajadores y, en el segundo, se debe acometer un ambicioso plan de formalización que implique estímulos y sanciones. Con los empleos también se podrían analizar mecanismos graduales de formalización.

2. Generar shocks de ingresos sobre el salario mínimo legal vigente, SMLV. Hoy en día la inflación no representa el problema de décadas atrás y los aumentos del SMLV han demostrado no trasladarse

directamente a la inflación. Es decir, los aumentos en los salarios podrían generar círculos virtuosos sobre la producción, la pobreza y la distribución del ingreso, y al tiempo mejorar la gobernabilidad.

En este sentido, con el fin de buscar la reactivación de la economía colombiana, se recomienda realizar un choque en ingresos mediante el incremento del SMLV en un 4% de forma inmediata e inesperada.

Esto dinamizaría el comercio, incrementaría el consumo y mejoraría las expectativas de los agentes. La medida, asimismo, mostraría un compromiso importante del Gobierno para reducir las brechas con la población de menos ingresos.

3. Promover con las grandes empresas del país un gran pacto por la generación de empleo formal en Colombia, a partir del cual se incremente, en forma gradual, la contratación de personal formal en los próximos cuatro años (1% anual).

Parte de estos nuevos puestos de trabajo deben buscar poblaciones con la mayor problemática en este campo hoy en día (esencialmente jóvenes, privilegiando el género femenino).

Propuestas en materia de competitividad

Fuente: DNP; 2018. Cálculos propios.

1. Varios elementos son requeridos actualmente en Colombia para mejorar la competitividad: reducir los costos de transporte, mejorar la infraestructura vial y portuaria, reducir costos en los cuales incurren las empresas por los problemas de inseguridad, reducir costos energéticos, entre otros. Los factores asociados a la finalización del conflicto interno, y la consecuente búsqueda de la paz, deberán rendir frutos en

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Preocupaciones A pesar del cumplimiento de la regla fiscal, a los docentes del Grupo de Macroeconomía Aplicada les preocupa varios asuntos en el actual panorama económico del país:

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Los académicos recomiendan • Reducir la tasa impositiva para las empresas y pasarla en forma gradual al 30% en cuatro años, para incentivar la formalización empresarial y ampliar la base de contribuyentes.

• Incrementar de forma inmediata e inesperada el salario mínimo legal vigente en un 4%, para dinamizar el comercio, incrementar el consumo y mejorar las expectativas de los agentes.

• Consolidar las vías de cuarta generación y adelantar un ambicioso plan de vías terciarias, financiado con la venta del 10% de Ecopetrol.

• Diseñar un sistema industrial que articule los emprendimientos del sector, brindar una educación que satisfaga los requerimientos de corto y mediano plazo, y ofrecer un conjunto de incentivos tributarios encaminados al crecimiento de las exportaciones.

• Eliminar la intermediación de diferentes productos agrícolas, lo cual deriva en un encarecimiento de productos y una reducción de los beneficios para los agricultores.

los próximos años, en relación con las reducciones de costos para los empresarios.

2. En cuanto a las ganancias en infraestructura, el país debe continuar trabajando en la consolidación de las vías de cuarta generación y en un ambicioso plan de vías terciarias, lo cual se sugiere ser financiado con el 10% de Ecopetrol (sacar en venta dicho porcentaje de la empresa estatal).

Adicionalmente, se debe promover la participación de terceros en estos ambiciosos proyectos, tal como se viene haciendo actualmente a través de las alianzas públicoprivadas.

3. Otro aspecto importante en materia de competitividad es la articulación de las mejoras en vías e infraestructura con los puertos del país, de forma particular, con el Puerto del Urabá antioqueño.

En este sentido, articular las vías 4G con Puerto Antioquia será una tarea estratégica del nuevo presidente para reactivar la economía y promover la formalidad y la legalidad en toda esta región, la cual comprende zonas muy afectadas por el conflicto.

Propuestas para el sector industrial El país debe generar incentivos a la producción industrial. Se sugiere diseñar un sistema industrial que articule los emprendimientos del sector, brindar una educación pertinente que satisfaga los requerimientos de corto y mediano plazo, y ofrecer un conjunto de incentivos tributarios encaminados al crecimiento de las exportaciones. Un importante factor, presente en otras latitudes, tiene que ver con las compras públicas

realizadas desde los diferentes ámbitos de Gobierno, las cuales por ley deberán ser en primera instancia satisfechas por empresas nacionales, lo cual representaría un importante estímulo a la producción nacional.

Se sugiere, también, buscar una producción minera óptima, en la cual se minimicen los efectos de la denominada “enfermedad holandesa” sobre la producción y exportación de la industria nacional. No se trata de decir no a la producción minera; por el contrario, se debe buscar una producción que estimule los demás sectores transables de la economía.

Propuestas para el sector agropecuario El país debe trabajar en la promoción de diferentes formas de

economía solidaria que permitan a los productores locales la comercialización directa de sus productos. Se trata de eliminar la intermediación de diferentes productos agrícolas, lo cual deriva en un encarecimiento de productos y una reducción de los beneficios para los agricultores. Las actuales políticas de sustitución de tierras, de reincorporación de excombatientes, el proceso de paz y los estímulos propios del sector, deberán atraer capitales, y para esto se requiere hacer el campo colombiano aún más atractivo, teniendo en cuenta los riesgos propios del sector. De la mano de las mejoras en infraestructura, es hora también de pensar en la promoción de distritos de riego, especialmente en zonas de agricultura extensiva, y ante los riesgos de sequías como en los Llanos Orientales.

Agro

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Tratados, ¿un sabor agrio para el sector lácteo?

Un eventual tratado de libre comercio con Nueva Zelanda preocupa al sector lácteo colombiano, que genera 700 mil empleos directos. La retrospectiva del sector y las tendencias actuales auguran complejos escenarios para el futuro.

Fotos: cortesía Facultad de Ciencias Agrarias

Por JUAN DIEGO RESTREPO TORO Periodista juan.restrepo16@udea.edu.co

E

l lácteo es uno de los sectores sensibles en las negociaciones que adelanta el gobierno nacional para un posible acuerdo comercial con Nueva Zelanda, uno de los principales exportadores de productos lácteos en el mundo. El acuerdo, que ya va en la quinta ronda de negociación, busca que Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Canadá se asocien con la Alianza del Pacífico, a la que pertenecen, además de Colombia, Chile, México y Perú.

Al disponer de mejor tecnología y tener una mayor producción de leche por vaca, Nueva Zelanda sería una fuerte competencia para los productores colombianos. Sus exportaciones anuales equivalen

a siete veces toda la producción formal de productos lácteos de Colombia.

No obstante, Colombia tiene tratados de libre comercio —TLC—, con países productores de leche.

El TLC con Estados Unidos está vigente desde 2012, y con la Unión Europea desde 2013.

“Ya el sector se encuentra suficientemente amenazado por parte de esas importaciones, como para sumarle una posición de riesgo con Nueva Zelanda, que tiene registros de precios por debajo de los precios internacionales”, señala Jeffrey Fajardo López, director ejecutivo de Asoleche, asociación que representa a las industrias procesadoras de leche en Colombia.

“Nuestra posición ha sido exigir al Gobierno la exclusión del sector lácteo de estas negociaciones”, agrega Fajardo, quien también es presidente del Consejo Nacional Lácteo.

Ante la apertura económica, Sebastián Ramírez Guerra, investigador de la Maestría en Agronegocios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, asegura que es necesario que la cadena láctea colombiana incremente el volumen de producción promedio por vaca y disminuya los costos de producción.

Ramírez Guerra realizó la investigación Retroprospectiva del sector lácteo colombiano, y una de sus conclusiones es que, a pesar de que

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la inversión ha sido creciente, no se han generado incrementos significativos en la productividad, ni mejoría de la calidad de la leche, ni reducción de costos de producción o disminución de la informalidad.

Para fortalecerse y ser más competitivo, el país tendría que adoptar tecnologías que aumenten su productividad, mejorar la calidad higiénica y sanitaria de la leche, y tener en cuenta las situaciones del mercado nacional y mundial.

En la investigación se destaca que los precios de la leche nacional tendieron a la baja en la última década y que el sector presenta una balanza comercial negativa, lo que significa que Colombia se ha convertido en un país que importa más productos lácteos de los que exporta. Esa situación, según Ramírez Guerra, se ha visto más marcada en los últimos años.

Para el profesor Dursun Barrios Hernández, coordinador de la Maestría en Agronegocios, las conclusiones del análisis retroprospectivo realizado por Ramírez Guerra prenden las alarmas, desde lo académico, sobre la dirección que podría tomar el sector lechero nacional si se llegara a aprobar otro TLC. Según Barrios Hernández, esto implicaría transformaciones económicas y sociales, al darse un cambio en la estructura productiva a lo largo de la cadena de suministro, y al propiciar transformaciones en el empleo y poder de compra de las personas de este sector. “Por eso son necesarios los trabajos aca-

Fuente: DANE / 2017.

démicos que permitan evidenciar las consecuencias, a todo nivel, de la entrada en vigencia de dichos tratados”, dice.

El panorama preocupa a quienes conforman el sector lechero: productores, industriales y comercializadores de productos lácteos, quienes representan el 17% del empleo del sector agropecuario nacional.

“Nueva Zelanda tiene el 0% de arancel para productos lácteos —indica el director ejecutivo de Asoleche—, y aun así es el mayor exportador mundial. Colombia, en cambio, tiene un arancel del 98% para estos productos. Es decir que se estaría negociando la desgrabación de los aranceles en los productos colombianos a cambio de nada”.

Para Fajardo López, la posibilidad de llevar los bienes colombianos a mercados tan lejanos sería nula, dada la competencia que suponen países exportadores del Asia Pacífico como Corea del Sur o Vietnam.

“Un nuevo tratado significa poner en riesgo de desaparición al sector lácteo, que genera el 24% del PIB agropecuario”, advierte.

La contribución del sector lácteo al PIB viene en declive desde 2011 (ver gráfico 1). Esto se debe, de acuerdo con Ramírez Guerra, a aspectos como los altos costos de producción —comparados con los principales productores mundiales—, la baja productividad, el bajo nivel de asociatividad, la alta informalidad en la comercialización de la leche cruda, entre otros.

A los productores les preocupa los costos logísticos, que los hacen menos competitivos con otros países, y que se manifiestan en altos precios de peajes, gasolina, repuestos o revalorización del parque automotor.

“Colombia tiene una de las condiciones más precarias de conexión internacional”, añade Fajardo López, “y de otro lado tenemos alta informalidad e ilegalidad en el país, con productores que no pagan los precios mínimos, ni cumplen con las condiciones sanitarias exigidas, que se aprovechan de las condiciones del mercado cuando hay una sobreproducción, compran la leche a precios más bajos y compiten con las industrias formales”.

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Escenarios posibles Ante el panorama actual, y con los datos recogidos para su tesis de maestría, el investigador Sebastián Ramírez Guerra evaluó posibles escenarios para el sector.

Estas propuestas se basan en el comportamiento del sistema lácteo nacional, las tendencias mundiales y el estudio de casos de éxito de desarrollos sectoriales.

Los escenarios futuros son innumerables. Por ejemplo, que se produzca la centralización de la producción nacional por acción de grandes inversionistas o un mayor rol del Estado, con controles a los precios, las condiciones sanitarias y la calidad de leche.

La conclusión del estudio es que una mezcla entre un escenario en el que se fomente la asociatividad y otro en el que se aumente la productividad, sería altamente beneficiosa y debería convertirse en la ruta para volver más competitivo al sector.

La asociatividad aumenta el poder de negociación y exige que haya compromisos mutuos y que se compartan riesgos entre diferentes integrantes que buscan un objetivo común. No en vano el 75% de la producción láctea mundial se genera a través de cooperativas.

De otro lado, para lograr un escenario de mayor productividad, con menos costos de producción, se requiere de capacitación, mejor conectividad y gestión empresarial. El estudio propone políticas públicas sólidas, modelos de transferencia y adopción de tecnología; además de fomentar la producción de materias primas para la elaboración de concentrado, acceso a créditos y participación de entes académicos a través de investigación y extensión.

Ambiente

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Turbo, en el mapa de comunidades vulnerables Por JENNIFER RESTREPO DE LA PAVA Periodista jennifer.restrepo@udea.edu.co

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Primer zoom Los investigadores mapearon las casas y vías en una franja costera de 4 kilómetros de ancho de la bahía El Uno en Turbo, dibujando 24.264 edificaciones y 397 kilómetros de vías que no estaban en el mapa. Encuestaron, además, 106 casas, obteniendo los datos de 452 habitantes de la bahía. El 33% de los encuestados afirmó que su vivienda sufre constantes inundaciones.

El mapeo evidenció que el riesgo de inundación es mayor para la población ubicada cerca al río Turbo y a los caños, debido al desbordamiento durante los periodos invernales.

Con respecto al tiempo de recuperación por afectaciones durante el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011, el 20% de los entrevistados no se fueron de sus viviendas a pesar de las afectaciones, el 13% tardó años en regresar y el 16%, meses.

“La amenaza de inundación por el aumento del nivel del mar no configura un factor de riesgo para la comunidad, porque los manglares y la barra o punta de arena de la bahía, protegen a la población del oleaje, de los mares de leva y

Foto: cortesía del proyecto

ada año, 102 millones de personas se ven afectadas por inundaciones en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas. La mayoría de los lugares donde ocurren desastres naturales, de acuerdo con el Humanitarian Openstreetmap Team —Equipo Humanitario de OMS—, están “desaparecidos del mapa”, lo que dificulta a las autoridades y organismos de socorro obtener información para la toma de decisiones.

Para poner en el mapa a las poblaciones vulnerables dispersas a lo largo de los 190 kilómetros de la costa de Turbo, afectadas constantemente por inundaciones, investigadores de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, de la Universidad de

Antioquia, realizaron el proyecto CartoCosta Urabá.

Financiado por Humanitarian Openstreetmap Team, CartoCosta o Coastmap-Urabá, consiste en un mapeo humanitario de humedales costeros y medios de vida de la pesca para la resiliencia al cambio climático y la variabilidad.

Los profesores Natalia Da Silveira Arruda, Juan Felipe Blanco Libreros y Nixón Arley Aristizabal Niño, señalan que los pocos mapas que existen de los asentamientos humanos y los humedales costeros en Colombia no están disponibles para el público, lo que dificulta la toma de decisiones y la adopción de medidas antes, durante y después de la época invernal.

“El objetivo es crear mapas de las áreas de alta vulnerabilidad, donde los datos son escasos, poniendo a estas poblaciones en el mapa mundial de OpenStreetMap, que permiten a las comunidades y autoridades identificar las zonas de mayor riesgo y tomar medidas al respecto. Estos datos geoespaciales sirven de insumo para los organismos internacionales y gubernamentales y las ONG”, observa Natalia Da Silveira.”

Los investigadores del proyecto ponen en común los alcances de la investigación con la comunidad.

del aumento progresivo del nivel del mar”, destacó el profesor Juan Felipe Blanco Libreros.

El investigador agregó que los manglares y los humedales de agua dulce, contribuyen a la resiliencia ante el cambio, a la variabilidad climática y a la resistencia ante los eventos extremos como las lluvias torrenciales. Proteger los manglares permitirá a las comunidades adaptarse ante el cambio y la variabilidad climática.

“Esta información es de utilidad para los gobernantes y las unidades de atención de emergencias y desastres (…) teniendo en cuenta que en Turbo no hay cartografía de los sectores rurales que son generalmente los más afectados por el invierno y donde está la población más vulnerable”, señaló Nixón Aristizábal, profesor de la Escuela Ambiental.

Segundo capítulo A partir de la experiencia en la bahía El Uno, la estudiante María Fernanda Peña Valencia, del Instituto de Biología, realizará en compañía de 13 estudiantes de diversas carreras y los investigadores, la cartografía en Bocas del Atrato —corregimiento de Turbo— y de los manglares y humedales de agua dulce que lo rodean.

“Esta es una oportunidad para transmitir nuestros conocimientos a las comunidades vulnerables; es un trabajo muy valioso que permite la apropiación social del conocimiento”, indicó la estudiante.

La investigación en Bocas de Atrato se realizará gracias al apoyo de Youth Mappers, una red de estudiantes universitarios que crean y usan datos espaciales de uso público, que busca a través del mapeo dirigirse a los retos del desarrollo de las poblaciones vulnerables alrededor del mundo, usando la también la plataforma OpenStreetMap. Los datos geoespaciales que se recopilan a través de iniciativas como Humanitarian Openstreetmap Team y Youthmappers, buscan, además de la reducción de los riesgos por desastres, mapear comunidades afectadas por enfermedades infecciosas, la pobreza extrema, crisis migratorias, entre otras problemáticas.

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Ciencia y conciencia para proteger los océanos Salida de campo del pregrado de Oceanografía, Programa de Ciencias del Mar, Turbo.

Por LINA GALLO BENÍTEZ Periodista Corporación Académica Ambiental comunicacionesambiental@udea.edu.co

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ue Colombia tenga dos políticas para cuidar los océanos, una desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otra desde la Comisión Colombiana del Océano, es solo una muestra de las dificultades institucionales para proteger efectivamente los ecosistemas marino-costeros. Hacer ciencia para la conservación es complejo en un país de espaldas al mar y en el que los esfuerzos científicos todavía no generan la suficiente conciencia ambiental.

Un habitante de Medellín necesita menos de siete horas en carro para recorrer los cerca de 340 kilómetros que distan del mar más cercano en Antioquia, en el municipio de Turbo; un mar que se añora, pero al que al mismo tiempo se le ignora. La desconexión de la ciudad con los ecosistemas marino-costeros y la falta de educación no permiten entender que lo que sucede en la zona continental tiene un impacto directo en el litoral.

“Tenemos que seguir haciendo ciencia, pero necesitamos llegar también a otros espacios y tocar el

corazón de las personas”, expresa Karla Barrientos Muñoz, de la Fundación Tortugas de Mar. La herencia obligada de la generación actual a las próximas es problemática, pues el 80% de la contaminación de los océanos es causada por los humanos, según la ONU. En Colombia, casi la mitad del territorio corresponde a agua salada y de los 32 departamentos, 12 tienen zona marino costera, de manera que la afectación de los océanos toca directamente a millones de habitantes de estos territorios y a quienes se benefician del mar en los centros urbanos, pues los océanos, generalmente asociados solo con diversión, son la séptima economía mundial.

“Lo más importante para nosotros es lograr conectarnos con la naturaleza. Por ejemplo, por más que llevemos mensajes de las cifras del plástico que se produce al año, en espacios del mar seguimos usando botellas plásticas. No se puede satanizar el plástico porque va a seguir existiendo y hace parte de nuestra economía, pero sí tenemos que repensar ese 40% de plástico de un solo uso”, afirma Barrientos Muñoz.

Ciencia y política pública En el conversatorio ¿Qué podemos hacer por los océanos?, a propósito de la celebración del Día Mundial de los Océanos, los

Foto: cortesía CAA

investigadores coincidieron en la necesidad de articular ciencia con política pública.

“Tenemos mucho que enseñarles a los políticos, porque el problema más grande es reducir las emisiones de carbono”, dice Anastazia Banaszak, investigadora de la Universidad Autónoma de México.

El profesor de la Universidad Eafit, Juan Darío Restrepo Ángel, va más allá al afirmar que Colombia está en un colapso ambiental e institucional, entre otras cosas porque no cuenta con una línea base creíble que conduzca a la toma efectiva de decisiones. Y resalta la responsabilidad de hacer “ciencia para tomadores de decisión, que desde la academia toquemos sus puertas. Hacer ciencia bien hecha, no solo consultoría rápida”.

El mar como territorio Vivir en el mar y del mar implica pensar en quiénes habitan ese territorio marítimo. “Deberíamos interesarnos por conocer más de sus vidas y qué es lo que están haciendo en relación con su territorio”, dice Dino Jesús Tuberquia Muñoz, biólogo e investigador.

Porque la problemática de los océanos hay que entenderla a escala global, en la que aparecen asuntos como las emisiones de carbono, la caza de ballenas y otro tipo de pesca indiscriminada, el consumo de plástico en los países industrializados; y a escala regional

y local, con temas como las débiles políticas públicas para la reducción de contaminantes, la explotación ilegal de recursos o la pobreza de poblaciones que viven del mar, como es el caso colombiano.

“Uno de los errores más grandes de Colombia en el tema de conservación es que los biólogos nos graduamos, creemos que podemos salvar el mundo y llegamos a las comunidades con una visión muy cuadriculada. Tenemos la obligación de ir a untarnos de la Colombia biodiversa no solo en animales y plantas, sino cultural”, subraya Karla Barrientos Muñoz.

Vladimir Montoya, director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, sostiene que hay mucho por hacer con una ciencia que sea capaz de interactuar con otros saberes y de dar debates internos.

“A veces —dice— situamos la responsabilidad del daño en comunidades que fueron obligadas por el conflicto a instalarse en una línea de costa que no conocían. Si no hacemos una mirada intercultural de la vida en esos territorios seguramente las posibilidades de conservación se reducen”.

Y agrega que enseñar a proteger los océanos “pasa por hacer entender la geografía como vida en los territorios”, ya que el sentido de pertenencia y la conexión con el lugar son proporcionales a la memoria y la educación geográfica de cada habitante.

Investigación

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Una propuesta de la Universidad, ejecutada con recursos del presupuesto participativo de Envigado, contribuirá a la educación ambiental y a la preservación del humedal El Trianón.

Envigado tendría área protegida y la proyección frente al objeto de estudio.

Su compañero, Gonzalo, explica que “un aspecto favorable fue relacionar el proyecto con los lineamientos del Plan de Desarrollo de Envigado, la teoría con la práctica, y contar con el respaldo de la comunidad y la convicción de que el humedal se incluyera en la ruta declaratoria de áreas protegidas del municipio, trámite que se espera concluya en 2018”.

Hilda Castaño López, coordinadora del grupo Eco-humedales, manifiesta que “para nosotros es una gran satisfacción contar con el acompañamiento de la Universidad de Antioquia para la preservación del humedal; es una alianza con la academia que genera garantías y que nos ha permitido avanzar en la defensa de este suelo de uso protegido dentro del plan de ordenamiento territorial de Envigado, pero amenazado por las urbanizaciones, los vertimientos en el sector, los residuos sólidos y la tiradera de escombros a la que está sometido”.

Por ELIZABETH CAÑAS RODRÍGUEZ Periodista elizabeth.canas@udea.edu.co

Foto: Julián David Arroyave Quintero

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o que empezó como un trabajo de grado de tres estudiantes del pregrado en Administración de salud, con énfasis en gestión sanitaria y ambiental, se convirtió en una de las iniciativas que acogió el programa de presupuesto participativo del municipio de Envigado, así como en un modelo de gestión y educación ambiental que podría radicarse como piloto pedagógico universitario.

Los estudiantes Juan David López Arroyave, Gonzalo Maldonado Linares y David Espinoza Molina, promovieron el trabajo de grado “Estrategias de educación ambiental comunitaria en la zona 7 del municipio de Envigado para la conservación del humedal del Trianón”, que se ejecutó desde octubre de 2017 con una destinación de $110 millones y, ahora, en una segunda fase, estará a cargo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

El humedal es el único sistema de su tipo en la zona urbana de ese municipio, con una extensión de 3.5 hectáreas. Sirve de refugio a aves y otras especies y está conectado con el parque lineal La Heliodora.

Con los estudios y hallazgos encontrados en estos dos ecosistemas se sigue la ruta de declaratoria como área protegida en ese municipio del sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con Rubén Darío Amaya Morales, docente de la Facultad Nacional de Salud Pública y tutor del trabajo de grado, más que un proceso académico, los estudiantes y la Universidad plantean “un objeto de estudio y conocimiento desde una visión interdisciplinar y en contexto con las posibilidades de que un trabajo como el realizado converse con las misiones de extensión, investigación y docencia universitarias”.

El bichofué es una de las especies que frecuentan el humedal.

Explica el profesor que “nuestra tarea trasciende la recuperación de la masa vegetal y, en cambio, recobra la historia de vida de quienes han habitado y son parte del humedal”.

Por eso, el proyecto va más allá del diagnóstico. En la segunda fase de la iniciativa, asegura Amaya Morales, se puede aprovechar la experiencia para replicarla metodológicamente en los planes de estudio y en el trabajo de los estudiantes en comunidades. Incluso, añade, “es una muestra micro de lo que podemos hacer en grande y como Universidad en las regiones, en los programas ambientales universitarios, Prau”.

Según el estudiante Juan David, “el trabajo con la comunidad demandó sensibilización, el reconocimiento de las realidades, contactar a más de 140 personas para conocer su visión, recorridos detallados del humedal y, también, aprender de manera conjunta y construir propuestas de gestión a favor de este ecosistema”.

Destaca que la integración de saberes con profesionales de otras disciplinas como antropólogos, sociólogos y psicólogos, es una ventaja para aprender sobre otros métodos de acceso al conocimiento como mapas parlantes, de memoria histórica y reconocer el pasado, el futuro

Hallazgos En el humedal urbano El Trianón se registró el hallazgo de fósiles vegetales pertenecientes a la especie Equisetum Giganteum, planta herbácea y cosmopolita, para algunos reconocida como “cola de caballo”. Es un hallazgo importante porque evidencia la presencia en la ciudad de plantas que en la tierra tienen una antigüedad superior a los 300 millones de años, lo cual, dijo Castaño López, no es común.

El humedal también es espacio de aves como “guacharacas” y la polla de agua, especies poco observables en el Valle de Aburrá, así como de titís. Asimismo, la condición de terreno cenagoso lo hace hogar de especies entomológicas poco usuales, como una mariposa con alas transparentes, que deriva posiblemente de una mutación especial y precalificada como un bio-indicador de la calidad del agua en esa zona, donde hay nacimiento propio.

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Cerebros, esperanzas para otras vidas La Universidad de Antioquia tiene el único neurobanco del país, uno de los cuatro que hay en Latinoamérica además de los establecidos en Perú, Argentina y Ecuador. Para el estudio y avance médico en el área, el espacio alberga cerebros y otras muestras biológicas de pacientes que fallecieron por enfermedades neurodegenerativas.

Periodista stiven.arias@udea.edu.co

L

a aglomeración de neveras, gabinetes y equipos de laboratorio en cuatro prolijos cuartos de la Sede de Investigación Universitaria, da testimonio de la joven y productiva vida del neurobanco de la Universidad de Antioquia, cuyos 333 cerebros humanos le confieren con creces el rótulo de “vanguardia neurocientífica” colombiana. En su seno reposan historias médicas que, tras sucumbir al natural declive causado por las enfermedades neurodegenerativas, trascienden las fronteras de la muerte para ayudar a los investigadores a señalar rutas en el estudio de dichas enfermedades.

El primer cerebro donado al neurobanco fue el de un fallecido oriundo del municipio de Angostura, en 1995. El deceso ocurrió a la 1:00 p.m. La familia hizo la correspondiente alerta para que, siete horas más tarde, el médico Francisco Lopera Restrepo, coordinador del Grupo Neurociencias de Antioquia —GNA— viajara en compañía de un patólogo a realizar la extracción del cerebro.

Al descubrir, ese mismo año, la mutación paisa E280A en un gen involucrado en el alzhéimer familiar, el GNA convino la política de informar a las familias participantes de sus proyectos investigativos sobre la posibilidad de donar cerebros al neurobanco, así como del impacto científico esperado. Esta era, y es, la única manera de acceder en Colombia y gran parte del planeta a diagnósticos detallados de alzhéimer, párkinson, síndrome de Huntington y otras enfermedades neurodegenerativas.

Donaciones “Siempre buscamos tener la historia médica del paciente para hacer análisis de lo que fue en vida vs lo que encontramos post mortem”, dice David Aguillón, médico del GNA. Cada año, las donaciones aumentan. Así, por ejemplo, en 2017 al neurobanco fueron donados

35 cerebros, y ya van 15 en 2018.

Veinte del total de cerebros almacenados al día de hoy corresponden a personas sanas.

“Las donaciones aumentan porque también han incrementado las visitas domiciliarias que se hacen semanalmente desde 2011 a las familias y a quienes nos contactan, para hablarles del neurobanco”, afirma Lucía Madrigal, integrante del plan social del GNA junto con 8 profesionales más, entre quienes se cuentan psicólogos, enfermeros y médicos.

El neurobanco aloja cerebros procedentes de Bogotá, Montería, Cali, Pereira, Armenia, Medellín y otros municipios antioqueños.

Extracción y conservación Celeridad. Esa es la premisa de los investigadores tras la notificación de una eventual donación.

Las primeras 24 horas post mortem constituyen la extensión de la fina línea que separa una donación con potencial de aprovechamiento científico y el lamentable desperdicio de una joya para la medicina.

Regularmente la extracción dura entre una y dos horas; nunca produce deformidades en el cadáver.

Previamente los investigadores confirman que la totalidad de la familia del fallecido apruebe el procedimiento.

Aún dentro del margen de las 24 horas hay variables. Con 12 horas, aunque útil, el cerebro solo permite ciertos análisis de laboratorio, señala Aguillón, mientras que aquellos extraídos en menor tiempo posibilitan estudios especializados de biología molecular.

Un hemisferio de los cerebros extraídos con celeridad —en la actualidad 255— se almacena en neveras a -80°, mientras que ocho gabinetes conservan en formol los hemisferios restantes. Los cerebros que superan el rango de las 12 horas de extraídos son conservados en su totalidad en formol.

Aguillón explica que los cerebros están muestreados o divididos en 19 áreas cerebrales basados en 4 criterios internacionales para enfermedades neurodegenerativas, especialmente alzhéimer. Esto permitirá encontrar la muestra más apta para determinado estudio dependiendo del interés del investiga-

Foto: cortesía Grupo Neurociencias de Antioquia

Por STIVEN ARIAS HENAO

Investigadores en el cuarto de disección con un cerebro humano recientemente donado.

dor, por ejemplo, si busca cerebros de hombres o mujeres con edades u otras características.

Contribuciones Un ejemplo de las contribuciones del neurobanco es el descubrimiento y la descripción de una variante colombiana del síndrome de Cockayne, enfermedad que produce envejecimiento prematuro.

Los afectados por esta variante tienen una expectativa de vida de 40 a 50 años, 20 más que lo normal. Los tres cerebros con esta afectación que hay en el neurobanco son la muestra más grande de esta enfermedad que la comunidad científica posee en el mundo.

Hoy el neurobanco es una escuela que forma 30 estudiantes como investigadores. Johana Gómez, microbióloga y estudiante de

maestría en ciencias básicas biomédicas, lo ejemplifica: “Desarrollé mi trabajo de grado bajo la asesoría del doctor Andrés Villegas, coordinador del neurobanco. Medimos peróxido de hidrógeno en tejido cerebral y plasma de pacientes de un grupo familiar afectado con síndrome de Cockayne en 2017.

El trabajo obtuvo tesis meritoria y ganó el Concurso Nacional Otto de Greiff”.

El potencial del neurobanco se resume bien en las muestras biológicas almacenadas años atrás que continúan a la espera de recursos para su estudio. Futuras generaciones podrían beneficiarse del tratamiento de enfermedades neurodegenerativas gracias a las generosas donaciones de familiares que alimentan la última y esperanzadora morada de cientos de cerebros en el neurobanco.

Investigación

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Oportunidades de los nanomateriales en la construcción Periodista jennifer.restrepo@udea.edu.co

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a nanotecnología se usa por lo general en la ciencia, la medicina y la electrónica. En los últimos años, su incursión en la industria de la construcción y la infraestructura, ha permitido nuevas aplicaciones para optimizar las propiedades de metales, arcilla, cerámica, cemento, asfalto, madera, entre otros materiales.

En este campo, poco explorado en el mundo, el Grupo de Compuestos de la Facultad de Ingeniería de la U. de Antioquia ha realizado cerca de 20 proyectos y asesorías con la empresa privada, especialmente en la aplicación de nanotubos de carbono y nanosílice para mejorar las propiedades del cemento y el asfalto.

Los nanomateriales tienen características morfológicas nanométricas. El nanómetro es la mil millonésima parte de un metro. Según la Red de educación informal de ciencias a nanoescala, una hebra de cabello mide aproximadamente 75.000 nanómetros de ancho y las crestas de las huellas digitales tienen cerca de 250.000 nanómetros de ancho.

“Al reducir las dimensiones de un material —explica el coordinador del Grupo de Compuestos, Henry Alonso Colorado Lopera— se modifican sus propiedades físico-químicas, principalmente las mecánicas. La aplicación de nanotubos de carbono y nanosílice en el cemento, el concreto y el asfalto, brinda una mayor resistencia, lo que hace que sean más estables a la temperatura incrementando su vida útil hasta en un 50%”.

Las investigaciones adelantadas por el grupo han permitido otras mejoras. Por la aplicación de nanomateriales, el asfalto y el cemento se secan más rápido y tienen mayor resistencia a la carga, el desgaste o el ahuellamiento. “El secado rápido disminuye el tiempo de duración de las obras”, observa Colorado Lopera, lo cual, destaca, desde el punto de vista administrativo, logístico, político y financiero es muy importante.

Nanotendencias Para evidenciar los avances mundiales y potencialidades para la academia y la industria, el Grupo

de Compuestos realizó la investigación “Aplicaciones y oportunidades de nanomateriales en construcción e infraestructura”.

La investigación destaca que la aplicación de nanotecnología en metales y aleaciones de metales, ha generado mejoras sustanciales en el rendimiento de los materiales, y mayor dureza y resistencia a la corrosión.

Con respecto al proceso de transformación mineral, existen nuevas aplicaciones para los pigmentos, la decoración y los revestimientos usados en la infraestructura, permitiendo mayor resistencia a la temperatura e intemperie. En la cerámica, el vidrio templado es tal vez la aplicación de nanotecnología más conocida en la industria por su alta resistencia a la fractura. Lo nuevo, son las ventanas inteligentes: vidrios de auto-limpieza, que contribuyen a la calefacción y son termocrómicos, es decir, que cam-

bian de color con la temperatura.

La aplicación correcta de nanomateriales mejora la dispersión de las partículas del cemento y reduce la cantidad de agua, en un proceso se conoce como mejorador de fuerza.

De acuerdo con los investigadores, los nanomateriales actúan como agentes externos. “El control de la humedad en la madera —explican— es esencial para conservar su forma.

La madera es hidrofílica, tiene una afinidad por el agua y la absorbe fácilmente. Por tanto, cualquier modificación de sus características puede hacer que repele el agua (hidrofobia). Es precisamente aquí donde la nanotecnología ha demostrado resultados prometedores”.

Riesgos El estudio adelantado por el Grupo de Compuestos plantea, además, una discusión sobre los posibles problemas de salud y riesgos para el medio ambiente. Entre las

mayores fuentes de contaminación por nanomateriales, se destacan, en la combustión, ceniza; en la medicina y la cosmética, antibacteriales; en la minería y en la construcción, metales; en la energía, baterías y pilas solares; en la lavandería, óxidos metálicos, y en los automóviles, baterías inservibles.

Cuando las nanopartículas se introducen en el aire y hacen contacto con los organismos, podrían causar daños en la salud y el medio ambiente. De acuerdo con los investigadores de la U. de Antioquia, los estudios de los nanomateriales y sus efectos negativos aún son un campo poco explorado. Las principales rutas de exposición en los humanos y los animales son las vías dérmicas, por ingestión, por inhalación y por contacto ocular, mientras que las enfermedades relacionadas son los cánceres, el asma, las cardiovasculares, las neurodegenerativas y el deterioro orgánico múltiple.

Carlos Mario Quiroz Palacio, profesor de la Facultad de Salud Pública, destaca que, si bien se conocen los impactos del níquel, el plomo, el cromo, el asbesto y otros materiales usados en la construcción, no hay investigaciones conocidas sobre los efectos de los nanomateriales en la salud. El informe destaca la necesidad de que las investigaciones establezcan el grado de movilidad ambiental y biodisponibilidad de las nanopartículas y las actividades para disminuir sus posibles efectos negativos.

Retos

Foto: archivo ALMA MÁTER

Por JENNIFER RESTREPO DE LA PAVA

Además de mayores estudios en las propiedades, el procesamiento y la caracterización de los nanomateriales, para el profesor Colorado Lopera estas aplicaciones deben ser viables económicamente. “Hay desarrollos en la electrónica que podrían usarse, pero los costos son muy elevados; el reto es traer nanotecnología usada en otras industrias y hacerla sostenible”, agregó.

En la actualidad, la Universidad de Antioquia trabaja en una de las novedades mundiales para la fabricación de nanotecnología en la industria de la construcción, la producción de nanomateriales por llama, que es una técnica que disminuye los costos de los nanomateriales al prescindir de los precursores químicos.

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Un estudio adelantado por el Centro Nacional de Secuenciación Genómica y la Escuela de Microbiología detectó más de 700 especies de hongos en el aire de la Ciudadela Universitaria de la Universidad de Antioquia.

Los seres invisibles que respiramos Por JAIRO ALONSO MESA ARANGO

Foto: Álvaro Rúa Giraldo, microbiólogo y Phd

Microbiólogo y bioanalista jama2512@gmail.com

¿

Qué organismos entran a nuestros pulmones cada vez que respiramos el aire de una urbe tan contaminada como Medellín? Tal fue la pregunta que se formularon los profesores Juan Fernando Alzate Restrepo, director del Centro Nacional de Secuenciación Genómica —CNSG—, y Álvaro León Rúa Giraldo, investigador experto en hongos adscrito a la Escuela de Microbiología.

“En los medios de comunicación masivos hemos visto un gran despliegue para medir las partículas derivadas del uso de los combustibles fósiles, pero muy poco se ha hecho para describir la cantidad y diversidad de seres vivos invisibles a nuestros ojos (microscópicos), que entran con cada inspiración”, señalan los investigadores.

Para resolver la pregunta, Alzate Restrepo y Rúa Giraldo apelaron a técnicas microbiológicas, desarrolladas para estudiar el mundo vivo que no se puede ver a simple vista.

“El umbral de invisibilidad a nuestros ojos ronda los 0,1 milímetros y la mayoría de las formas de vida existentes en este planeta, de las cuales tenemos un profundo desconocimiento, no superan este umbral”, afirman los investigadores”, y precisan que en la búsqueda de respuestas a la cuestión planteada usaron la tecnología más moderna existente, desarrollada

Fotografía al microscopio dell hongo Phoma_sp

en el último decenio para detectar simultáneamente miles de microorganismos presentes en un lugar determinado.

Los investigadores indican que usando esta tecnología, dotada en los laboratorios del Centro Nacional de Secuenciación Genómica instalado en la Sede de Investigación Universitaria, “decidimos hacer un inventario de aquellos organismos que van flotando en el aire y se dispersan por los ambientes que frecuentamos cotidianamente, sedimentándose sobre las superficies con las que entramos en contacto permanentemente”.

El experimento Alzate Restrepo y Rúa Giraldo orientaron la prueba a estudiar especialmente los hongos, ya que este reino —sostienen los investigadores— produce grandes cantidades de diminutas esporas que son arrastradas por el aire y se han asociado directamente con problemas de salud (alergias e infecciones) y daños al material de origen celulósico que hay en las viviendas y oficinas (muebles, papel, etc). “¿Qué mejor muestra para analizar, que el polvo que se ha acumulado durante años en las ventanas de nuestro campus?”, se preguntaron, y a renglón seguido tomaron en esas superficies unos pocos miligramos de este material. “Y con

Fotografía al microscopio dell hongo Aureobasidium

un procedimiento bioquímico aislamos las hebras de ADN, de todos los organismos presentes, con el fin de usar la información almacenada en estas, como evidencia de la presencia de los organismos transportados por la brisa”.

Hallazgo

zadas fue la especie Aureobasidium pullulans, la cual ha sido descrita asociada a plantas, y precisan que este hongo también “puede estar asociado a ciertos tipos de alergias cuando las personas están expuestas crónicamente”.

En el top 10 de abundancia en el análisis, Alzate Restrepo y Rúa Giraldo encontraron que alrededor de la mitad de los hongos identificados en el polvo estudiado no se ajustan a las especies conocidas, es decir que puede tratarse de especies nuevas, “de las cuales desconocemos el efecto que podrían generar al entrar en contacto con nuestro organismo”.

Concluyen los investigadores que los resultados “nos indican que estamos a las puertas de un mundo invisible por descubrir”.

Después de estudiar más de 200.000 fragmentos de ADN de los diferentes hongos presentes en el polvo acumulado, los investigadores encontraron una diversidad no prevista, la cual indica que quienes recorren el campus pueden respirar cerca de 700 especies de hongos.

“Los estudios previos usando técnicas microbiológicas clásicas nos habían mostrado un panorama mucho más limitado en cuanto a la realidad que representa esta Clasificación taxonómica Abundancia biodiversidad, la cual, como era s__Aureobasidium pullulans 4.376 de esperarse, p__Ascomycota_no clasificado 4.372 también entra a g__Phoma_no clasificado 3.604 nuestros pulmones cada vez que g__Erysiphe_no clasificado 1.704 los llenamos de f__Davidiellaceae_no clasificado 1.288 aire”, sostienen. k__Hongo no clasificado 1.285 El hongo más s__Phoma_sp_UASWS0872 1.049 abundante que encontraron los Hongos en la muestra de polvo con su respectiva investigadores clasificación taxonómica, que superan en más de en las muestras 1.000 la abundancia en que fueron detectados. de polvo anali-

Salud

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Foto: tomada de: www.pexels.com/

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En la búsqueda de un trato humanizado en el parto Por NATALIA PIEDRAHITA TAMAYO Periodista natalia.piedrahita@udea.edu.co

“

La violencia obstétrica es el trato deshumanizado dado a las mujeres durante embarazo, parto y posparto. En ocasiones está relacionada con la medicalización del proceso fisiológico del alumbramiento”, explica Diana Patricia Molina Berrío, magíster en salud pública e investigadora del proyecto “Significados sobre la atención del parto en los servicios de salud de Medellín”.

En esta indagación, adelantada por el Grupo de investigación en salud mental, Gisame, de la Facultad Nacional de Salud Pública, se establecen dos tipos de maltrato: los de orden físico, asociados principalmente al momento del parto, que tienen que ver con el uso de fórceps o con cortes e incisiones innecesarias a la hora del alumbramiento, y que son prácticas expresamente prohibidas por la Organización Mundial de la Salud; y los de orden psicológico, ligados a la no atención de las necesidades emocionales de la madre y por lo general ejercidos de manera sutil.

“Muchas mujeres dicen que les informaron antes del parto que tenían que portarse bien, no lamentarse o no gritar, a pesar del dolor, para obtener una mejor y más pronta atención”, afirma Molina Berrío. ¿Por qué no se habla de violencia obstétrica? Según la investigadora, aunque la violencia obstétrica ha sido estudiada en Ecuador, México, Venezuela y Argentina, en Colombia los estudios científicos al respecto son escasos; a lo cual se suman las carencias en las condiciones laborales del personal de salud, que inciden en la atención de las madres gestantes.

Por eso, sostienen los investigadores, se requieren cambios estructurales en el sistema para erradicar las prácticas que connotan violencia obstétrica y reforzar el compromiso ético del personal de salud.

“Los médicos y las enfermeras se ven enfrentados también a situaciones estresantes, como la escasez de tiempo y de recursos que garanticen la calidad a la hora de atender a sus pacientes”, dice la investigadora Molina Berrío.

Observa, además, que “todas las relaciones humanas tienen que ver con el poder y en este sentido se pueden dar abusos. En algunas

ocasiones el personal médico, al saberse atendedor de los procesos de maternidad, quiere imponer o controlar su curso y así se da la violencia obstétrica”.

Al respecto, en un estudio para la Especialización en Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia, los médicos Laura Victoria Enciso Chaves, Carlos Enrique Yepes Delgado y Ximena Briceño Morales, señalan que “la condición humana de los profesionales de salud no les exime de la vinculación ética con los pacientes; por lo que ante el actual sistema de salud deben trabajar por la protección del individuo”.

El artículo 43 de la Constitución Política de Colombia establece la igualdad de derechos y oportunidades tanto para los hombres como para las mujeres e, igualmente, que durante la etapa de gestión y después del parto, la mujer gozará de especial asistencia y protección del Estado, entre otras garantías.

De otro lado, la declaración sobre “Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud” de la OMS, dice que las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, “que incluye el derecho a una atención digna en el embarazo

y el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación”.

Por su parte, Juan David Arango Urrea, también integrante de Gisame, advierte que existe una lógica de mercantilización del sistema de salud, que ha llevado a que se cierren servicios de salud maternos y a que instituciones nuevas no abran el servicio de maternidad por considerarlo poco rentable.

En el estudio “Significados del personal asistencial en el proceso del parto, sobre las relaciones establecidas con las madres durante la atención, en algunos servicios de salud de la ciudad de Medellín para el año 2015 - 2016”, Arango Urrea evidencia que en la ciudad tres hospitales concentran la mayoría de servicios que otras instituciones han dejado de prestar: El Hospital General, la Clínica del Prado y la Clínica Universitaria Bolivariana.

Ante la escasez de estudios en Colombia en este campo, las investigaciones adelantadas son un primer paso para contribuir a humanizar el sistema de salud, para que las mujeres gestantes sean atendidas con respeto y para que sus hijos nazcan en condiciones dignas, ya que como dice el obstetra francés Michel Odent, “Para cambiar el mundo, es preciso cambiar la manera de nacer”.

Extensión

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Educación superior, bien público, derecho humano y social Por LUZ MARINA RESTREPO URIBE Periodista luz.restrepou@udea.edu.co

Foto: cortesía

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l Manifiesto de Córdoba en 1918 defendió postulados como la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, la extensión universitaria. Cien años después, la III Conferencia Regional de Educación Superior —Cres— que se cumplió en junio en la ciudad argentina testigo de la llamada Reforma Universitaria de Córdoba, ratificó la responsabilidad de los Estados de garantizar la educación superior como bien público y derecho social y humano, así como velar por el desarrollo humano sostenible y el compromiso con sociedades más justas e igualitarias.

Para Humberto Grimaldo, coordinador general del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, “los nuevos desafíos que se le plantean a la educación superior en el continente se relacionan con los principios de educación responsable, anclada en su territorio, promotora de los valores de justicia, equidad y sostenibilidad, cuidadora de la paz, la diversidad, el patrimonio, la inclusión y el sano debate democrático”.

Mónica Palacio, coordinadora de Responsabilidad Social en la Alma Máter, destaca entre las conclusiones de la Cres 2018, la importancia de que el ecosistema de educación se cuestione el verdadero rol de la educación superior en nuestros países, y qué están haciendo por la inclusión y la equidad. “La universidad —expresó— tiene que ser socialmente responsable y trabajar en la rehumanización de la educación, lo que implica, además, la transformación de los territorios desde una educación para todos con la calidad”.

La III Conferencia hizo énfasis en abordar la responsabilidad social universitaria desde los nuevos paradigmas de acción, superando el paternalismo y promoviendo una ciudadanía basada en la justicia, en los derechos y deberes, y en la

Sesión de la III Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba, Argentina.

necesidad que tienen las personas unas de otras, aprendiendo a vivir en comunidad.

Al respecto, el profesor Grimaldo sostiene que “una responsabilidad social real y verdadera es heredera de un claro concepto de persona, y, por eso, la responsabilidad social, como compromiso social, no es un bien de mercado sino un principio solidario de crecimiento en personas, grupos e instituciones”.

Bien común Los investigadores coinciden en que la responsabilidad social le planea importantes desafíos a la educación superior. Para Juanjo Martí y Óscar Licandro, ponentes en la III Conferencia, “la educación superior que en su momento se inspiró en las tendencias internacionales para mejorar, también ha asumido un capitalismo académico que en todos los ámbitos ha alimentado el individualismo en detrimento del bien común”. Afirman, en este sentido, que “las instituciones de educación superior en América Latina, aunque tienen un margen de crecimiento y siguen la senda de la competencia global, podrían tener un proceso de implosión por la imposibilidad de muchas de ellas de responder a las exigencias de calidad de actores externos que influyen en las agencias de acreditación”.

En esta lógica, dicen Martí y Licandro, “hay que repensar al estudiante no como un cliente para el sector privado y un indicador para el sector público, sino como un potencial aliado. Las instituciones de educación superior ya no solo deben proyectarse sino que tienen la posibilidad de asociarse con la sociedad para cocrear y diseñar nuevos escenarios de generación de conocimiento; partiendo de la propia relación con egresados a los cuales, una vez finalizados los estudios, se les da una desconexión justo en el momento en que ponen en práctica su conocimiento y pueden reportar aprendizajes prácticos en la sociedad”.

Para el profesor Grimaldo, “el éxito de la reforma de Córdoba llevó a dotar a las universidades de mayor autonomía frente al control de estamentos externos, la representación de estudiantes a los órganos de gobernanza e incluir a las misiones de formación e investigación, una tercera misión de extensión o proyección de la universidad hacia la sociedad”.

Según el mismo investigador, el escenario de la educación superior en la actualidad está condicionada “a ser comp rendida como mercancía sujeta a tratados de libre comercio, regulada por indicadores y rankings, lo que conlleva a la

predominancia de agentes externos que condicionan el acceso a la educación superior, los ajustes en su financiación y su progresiva mercantilización”.

Y si bien ha habido avances desde la Reforma de Córdoba, aún quedan muchas otras tareas por hacer. En este sentido, Mónica Palacio, al insistir en que la universidad tiene que ser socialmente responsable y volver a humanizar la educación, ello implica “tener ética, ser transparente; tener calidad, flexibilidad curricular y ser inclusiva”, planteamientos coincidentes con las conclusiones de la III Conferencia, que sustentan la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los Estados.

La declaración final de la Cres en Córdoba, Argentina, en consonancia con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la agenda de desarrollo adoptada por la Unesco hacia 2030, hace un llamado a los Estados para promover una vigorosa política de ampliación de la oferta de educación superior, la revisión en profundidad de los procedimientos de acceso al sistema, la generación de políticas de acción afirmativas —con base en género, etnia, clase y discapacidad— para lograr el acceso universal, la permanencia y la titulación.

Extensión

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Foto: cortesía Daniela Álvarez.

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Actividad de sensibilización a cargo de Daniela Álvarez, practicante de Medicina Veterinaria, con alumnos de la I. E. Antonio Derka.

Prácticas académicas, una apuesta por la comunidad La Universidad de Antioquia y Metrosalud trabajan conjuntamente en una estrategia de alto impacto social en las comunas 1 y 2 de Medellín, a través de la articulación de las prácticas académicas.

Por JOHN SEBASTIÁN OTÁLVARO PÉREZ Estudiante de Filología jsebastian.otalvaro@udea.edu.co

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as comunas 1 y 2 de Medellín tienen un pasado ligado a la violencia y a la inequidad; sin embargo, los habitantes han buscado superar esas situaciones a través de proyectos e iniciativas que la misma comunidad planea, desarrolla y evalúa, o mediante acciones comunitarias como las que han adelantado, por ejemplo, con el apoyo del Metrocable para promover el turismo en los barrios.

En la misma zona, la Universidad de Antioquia inició un trabajo articulado con Metrosalud, para promover las prácticas académicas desde la estrategia de atención primaria en salud. Así, diversas unidades académicas de la Alma Máter han impulsado en El Popular hábitos orientados a mejorar la calidad de vida de la comunidad, a partir del cuidado en la interacción con los animales, la manipulación de los alimentos al momento de conservarlos, prepararlos o consumirlos, la práctica sana y planificada de la salud sexual y reproductiva.

En la iniciativa, de claro contenido social, los estudiantes cumplen un

papel decisivo, como los de Odontología, quienes este semestre han puesto a prueba sus conocimientos y experiencias en la institución educativa Finca La Mesa, en Santa Cruz; o los de Nutrición y Dietética, en la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz; o los estudiantes de Medicina, Ingeniería de Alimentos y Medicina Veterinaria, quienes desplegaron sus aprendizajes en la institución educativa Antonio Derka y los salones comunales de El Popular.

Las prácticas Las actividades están enmarcadas en las prácticas académicas, una modalidad en la que los estudiantes realizan sus prácticas, tanto tempranas como profesionalizantes. Uno de los beneficios es que los estudiantes, bajo la guía de un profesor, ganan experiencia frente a situaciones que probablemente deberán afrontar en sus vidas profesionales. Otro beneficio, lo expresa la practicante de Medicina Veterinaria Daniela Álvarez, es no solo poder ejercitarse en el área de formación, sino también hacer un trabajo interdisciplinario con otros programas académicos.

Las prácticas académicas propician aprendizajes e impactos en doble vía. Niyereth Vásquez, coordinadora académica de la institución educativa Antonio Derka,

observa que el proyecto ha sido muy importante por la posibilidad de que los estudiantes del colegio interactúen con los estudiantes de la Universidad de Antioquia.

“Con los practicantes de Medicina —señala— nuestros estudiantes han podido entender mejor la sexualidad desde los mitos, experiencias y realidades con las que conviven a diario. Los practicantes de Ingeniería de Alimentos han trabajado en conjunto con los estudiantes de la media técnica en recursos naturales para aprender más sobre los productos que cultivan y qué procesos seguir para llevarlos a la mesa. Y con la practicante de Medicina Veterinaria han aprendido sobre el comportamiento de los animales y las dinámicas que se deben tener con ellos, además de que les ha transmitido el amor con el que se deben tratar”.

Además, la iniciativa cuenta con un apoyo fundamental: el trabajo y acompañamiento de las líderes sociales, quienes ayudan a entender mejor el contexto del territorio y a sus habitantes, y comparten la información y los planes que con disciplina y dedicación ya habían construido desde sus experiencias y recorridos por la comuna, lo cual agiliza los diagnósticos y permite a los practicantes estar mejor enterados de las situaciones prioritarias

que deben ser reforzadas desde la intervención profesional.

“Para la comuna 1 ha sido muy importante tener estudiantes en práctica, porque ellos ponen a disposición de la comunidad su conocimiento y la comunidad también aporta a sus carreras profesionales. Tener a la Universidad en el territorio es una forma muy positiva de vincularse con nosotros; ver a los estudiantes en recorrido por el territorio, viviendo lo que día a día nosotros como habitantes vivimos y sentimos, le aporta otras dinámicas a la comunidad en lo que estamos haciendo en pro del territorio, y promueve más la participación de la comunidad”, dice Rosalbina González, líder comunitaria.

En el segundo semestre se sumarán al proyecto de articulación de prácticas programas académicos como Bioingeniería, Comunicaciones, Derecho, Atención Prehospitalaria, Regencia de Farmacia, Microbiología y Bioanálisis, Psicología y Química Farmacéutica.

Con estas acciones la Universidad ratifica su compromiso con la sociedad a través de sus estudiantes y profesionales, promoviendo la aplicación consciente del conocimiento por fuera de las aulas y aportando al territorio desde el beneficio y empoderamiento de sus habitantes.

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Voces ciudadanas para alcanzar espacios seguros Periodista alonso.ramirez@udea.edu.co

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l grupo de investigación “Conflictos, violencias y seguridad humana”, del Instituto de Estudios Regionales —Iner— de la Universidad de Antioquia, coordina el proyecto regional de investigación “Voces e iniciativas comunitarias para construir espacios seguros en América Latina y el Caribe”, y cuenta para su desarrollo con la participación de investigadores comunitarios y académicos de Honduras, Guatemala, El Salvador, Jamaica, México y Colombia.

El estudio, financiado por el International Development Research Centre y el Catholic Relief Service, utiliza metodologías orientadas a indagar las respuestas informales e institucionales a la violencia y la inseguridad en los seis países participantes.

El coordinador del proyecto, el profesor Pablo Emilio Angarita Cañas, afirma que “usamos una metodología que ha dado buenos frutos, es reconocida y bien valorada, porque recogemos elementos de autores como Orlando Fals Borda con su acción participación, de la pedagogía de Pablo Freire y de las epistemologías del sur de Boaventura de Souza Santos”.

Con el propósito de obtener una mejor comprensión de sus logros en la construcción de espacios seguros, el proyecto permite a académicos y residentes de las localidades vulnerables trabajar juntos para lograr un mejor entendimiento de los factores de violencia en las comunidades y sus impactos diferenciados a través de las identidades de género y de las diferencias generacionales.

El estudio considera también las perspectivas —en particular de jóvenes y mujeres— que a menudo están ausentes en los debates políticos sobre seguridad, e identifica iniciativas comunitarias y políticas públicas que pueden apoyar a la

Foto: cortesía del proyecto

Por FREDY ALONSO RAMÍREZ CALLE

construcción de comunidades seguras.

El proyecto, dice el profesor Angarita Cañas, es un diálogo entre investigadores comunitarios y académicos, y, por tanto, no se trata de que la Universidad diga cuál es la solución. “Nosotros llevamos el saber hacer pero todos construimos, es una coproducción de conocimientos utilizados para empoderar a las comunidades e incidir en los debates públicos, así como en la formulación de políticas públicas que conduzcan a respuestas eficaces en la búsqueda de reducir los niveles de violencia”, asegura.

Voces e iniciativas comunitarias para construir espacios seguros en América Latina y el Caribe, también propicia un diálogo constante con autoridades locales y tiene incidencia en quienes ejecutan las políticas de seguridad.

A ellos, señala el coordinador del proyecto, “les decimos cuáles son los problemas, en dónde hay que trabajar, no solo con la mirada de la Universidad, sino con la de las comunidades”.

El proyecto, desde luego, ha permitido intercambio de experiencias y aprendizajes entre regiones de habla hispana e inglesa, tanto así que se estableció una

red internacional de investigadores comunitarios y de expertos académicos para estudiar las realidades acerca de la violencia y desarrollar de manera colaborativa estrategias para construir espacios seguros y responder a la crisis de seguridad regional.

Investigadores comunitarios Los investigadores comunitarios son líderes en su comunidad, están vinculados a grupos de base y producen conocimiento. Estudian la realidad social de su entorno y desarrollan una labor en pro de su territorio. “Sumamos al discernimiento académico con el conocimiento y el saber que tenemos de las comunidades”, señala Isela Quintero, investigadora comunitaria que acompaña el proyecto.

Ellos se están empoderando para la movilización y la incidencia en políticas públicas, en temas de seguridad, y para visibilizar cómo por medio de la cultura, el arte, el deporte y la política misma, puede sustentarse, como lo dice Isela, un lenguaje técnico-comunitario.

“Apuntamos a grupos poblacionales que son más vulnerables a la violencia, como, por ejemplo, los jóvenes, quienes tienen poco nivel

de acompañamiento del Estado y de reales ofertas de todo tipo.

Lamentablemente por esa falta de oportunidades en los territorios, llegan otros y les muestran el camino equivocado”, expresa la investigadora comunitaria.

En ese sentido, Angarita Cañas señala que al mirar hechos y situaciones que se dan en la comunidad, cuáles son sus problemas, quiénes son los afectados y qué está haciendo el Estado, infortunadamente la respuesta ha sido la represión.

“Nosotros no nos oponemos a que se persiga a los delincuentes, pero eso no toca las causas del problema, sino que se queda en las consecuencias”, subraya. El profesor también resalta las políticas que se hacen para fortalecer empleo, recreación, educación y salud.

La investigadora comunitaria Isela observa que “buscamos no solo desde lo que está haciendo el Estado a través de políticas públicas, sino también de lo que estamos haciendo como sociedad, como comunidades, para construir y avanzar hacia espacios más seguros”.

A finales del año se presentarán los resultados del estudio, del cual podría seguirse una segunda fase, gracias al respaldo del International Development Research Centre.

Opinión / análisis

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El Estado debe garantizar la integridad de los líderes sociales* Por JOHN MARIO MUÑOZ LOPERA Presidente de Asoprudea jhonmalopera@yahoo.com

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a ola de asesinatos de líderes sociales en Colombia no solo es preocupante por la cantidad de líderes, la diversidad de liderazgos, las regiones donde se dan los hechos, lo “difuso” de quienes cometen estas acciones, sino por creer que es una situación coyuntural, sofisma para hacer de la política colombiana algo sin memoria e historia.

Si apelamos a la escasa memoria en Colombia, donde creemos que cada gobierno refunda la nación, como sucedía con los del siglo XIX, o ahora con la “renovación” de la política, se muestra no solo un mismo formato de gobierno, sino la forma como se hace la política en el país, signada por ríos de sangre.

Para el Centro Nacional de Memoria Histórica — Cnmh—, el fenómeno de homicidios contra líderes sociales no es reciente. Desde 1959 hasta 2017 se han registrado 4.819 asesinatos perpetrados contra líderes y lideresas sociales del país. Esto lo podemos evidenciar incluso desde mucho antes de la referencia del Cnmh, con los asesinatos de líderes obreros y campesinos, en las masacres de las bananeras; los asesinatos de seguidores de Jorge Eliécer Gaitán, después del Bogotazo; la muerte de líderes estudiantiles en las décadas del 50 y del 70;

el genocidio contra más de 3.500 integrantes de la U.P.; los asesinatos a cientos de líderes de organizaciones de desplazados, líderes estudiantiles, profesorales y gremiales, la mayoría de los cuales no se ha esclarecido; es decir, la criminalidad en Colombia ha sido un verdadero culto a la impunidad y una forma de gobernabilidad.

Para la Defensoría del Pueblo, del 1° de enero de 2016 al 30 de junio de 2017 fueron asesinados 330 líderes sociales, en algunos de cuyos casos puede estar involucrada la fuerza pública, como lo advirtió Fernando Carrillo, Procurador General de Nación.

La constante de los líderes sociales es que son defensores de derechos colectivos diversos: representantes de tierras —Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011—; líderes afros, indígenas y campesinos, frente a los megaproyectos petroleros e hidroeléctricos; denunciantes del poder de los grupos narcoparamilitares y de la disidencia de la guerrilla en sus territorios; sindicalistas, entre tantos otros.

Los responsables de estos delitos, en su gran mayoría, en los últimos periodos, son los grupos paramilitares, parainstitucionales, fuerza pública, guerrillas, neoparamilitares (mal llamados bacrim) que operan como máquinas de guerra para legitimar poderes locales y regionales.

En este contexto, quedan al menos algunas cosas claras. Primero, que son los viejos problemas del país, en su mayoría, los motivos de los asesinatos, como es la tierra, la exclusión política, el narcotráfico; y algunos nuevos, como la minería, entre

otros. Segundo, que los asesinatos son de forma sistemática y selectiva, ya que son representantes de intereses colectivos los asesinados. Tercero, el Estado, en muchos casos, ha sido obligado por los organismos de derechos humanos internacionales a asumir su responsabilidad directa frente a muchos de los crímenes contra estos líderes.

Por otro lado, los espurios argumentos de los representantes del Estado, tal y como lo expresó el Ministro Villegas, “que no está clara la procedencia de los crímenes”, o que son disputas entre “bandas por rutas de narcotráfico o cultivos de hoja de coca”, o por “disputa de linderos”, o por el exabrupto de “ líos de faldas”, no eximen a la institucionalidad que debe ser garante en un estado social de derecho, de la participación política de sus líderes y la protección de la vida. Sin los líderes sociales y su papel reivindicativo y de resistencia, difícilmente se podría hablar de un sistema democrático y legalista.

Frente al nuevo gobierno y la tensión con la oposición, donde está claro que renace una nueva fuerza política alternativa en el país, por fuera de las maquinarias, el panorama se hace más complejo, y se debe tener un sistema judicial garantista, cabe hacer las siguientes preguntas: ¿tienen las cortes autonomía con la concentración del poder legislativo y ejecutivo frente a los asesinatos?, ¿serán capaces las cortes de blindar el proceso de paz?, ¿tendrán las cortes la altura, la ética y la transparencia, para controlar las reformas que trae el nuevo gobierno, que atenta contra derechos

¿Menos Acuerdo de Paz y más Ley de Víctimas?

En junio se celebró en Lima, Perú, el Encuentro internacional de víctimas en el exterior para el fortalecimiento de la participación y la incidencia en la política pública. La investigadora Gloria Naranjo Giraldo, del Instituto de Estudios Políticos, asistió al evento y presenta escenarios posibles para la paz y las víctimas.

Por GLORIA NARANJO GIRALDO Profesora del Instituto de Estudios Políticos gloria.naranjo@udea.edu.co

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as condiciones políticas del país, sobrevinientes con los resultados electorales recientes, más las diferencias expresadas por el gobierno entrante frente al Acuerdo de Paz y la Ley de Víctimas, presagian no solo giros en estos asuntos, sino escenarios difíciles, que deberá afrontar el nuevo mandatario de los colombianos. ¿Cuáles pueden ser esos escenarios?

Se anticipa un panorama complejo para la Reforma Rural Integral y, consecuentemente, para la Unidad de Tierras que ejecuta el punto 1 del Acuerdo. De hecho, está abierta la pregunta por el futuro institucional de esta Unidad, lo cual, de manera pa-

radójica, podría significar la potenciación de la Ley de Víctimas y el fortalecimiento de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, Uariv.

Especialmente, porque es previsible un retorno al énfasis individual/familiar de la atención, en detrimento del énfasis en tierras/territorio y, también, porque la Uariv concentra en mayor porcentaje sus esfuerzos y recursos en la atención humanitaria, y en menor proporción a la reparación, el retorno, la memoria y a otros programas.

Además de un enfoque concentrado menos en derechos y reparación a las víctimas y más en perspectiva de política social y superación de la pobreza, el nuevo gobierno debe considerar un segundo escenario caracterizado por “menos reconocimiento de víctimas del conflicto armado, más atención de pobres históricos y de territorios abandonados con políticas sociales generales”.

Estamos ante el riesgo de que la Ley de Víctimas se potencie en detrimento del espíritu del Acuerdo;

que se pierda o debilite la memoria institucional tan importante que se ha construido desde 2011 y que se ha concebido como “engranaje en la política transicional que facilite el paso hacia un escenario de posconflicto”, teniendo como objetivo principal el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano y de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con garantías de no repetición.

Y ello es así porque el modelo de “Acción Social” parece continuar vigente, pero con nuevos ropajes, que sencillamente pueden ser retirados del cuerpo de la Ley de Víctimas y, de ser así, al estar “sin ropaje de paz”, con el retorno de “Acción Social”, lo que se deriva es un escenario “sin ropaje de derechos y reparación”, con el retorno de “las víctimas como pobres históricos” que recae en un modelo regresivo de atención y reparación.

Lo que deberíamos hacer es situar el papel de las víctimas en el exterior más allá de los puntos 1

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Presencia del egresado*

Ética civil y formación conquistados?, ¿está el gobierno en capacidad de proteger las vidas, los líderes de la oposición?, ¿se garantizará el libre derecho a la movilización y la protesta, como un derecho legal, ético y moral? En fin, frente a un panorama tan incierto, las preguntas son muchas.

Por otro lado, es necesario apelar a los organismos internacionales de derechos humanos, no solo como vigilantes de la concentración absoluta del poder en manos del gobierno entrante, sino para que sirvan de marco jurídico internacional, y garantizar los acuerdos de paz, así como preservar la vida de los líderes sociales.

La calle y las movilizaciones de la ciudadanía alternativa y diversa, serán el escenario de la micropolítica, de las ideas y las propuestas.

El gobierno entrante tiene en sus manos no un problema menor, volver a la violencia histórica, a donde lo quieren llevar las fuerzas políticas que lo apoyaron, o conjurarla con un timonazo, y consolidar los acuerdos de paz y el respeto por los líderes sociales.

Una cosa es clara en el marco de la política, específicamente de las políticas públicas de seguridad, el Estado opera por acción o por omisión, por tanto, es quien debe garantizar el despliegue del estado social de derecho. * Texto correspondiente a la columna “Ágora”, responsabilidad de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, Asoprudea.

y 5 del Acuerdo, en el punto 2 sobre participación política, toda vez que una adecuada discusión sobre su participación en distintos ámbitos de política pública debería sustentarse en la apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y electoral; e igualmente en asegurar el compromiso de las ciudadanías en la construcción de un proyecto de país en paz y con equidad.

El país debe abrir ventanas de oportunidad a la política pública de víctimas en el exterior y, ante la presumible potenciación de la Ley de Víctimas en vez del Acuerdo, podría facilitar la inclusión de propuestas significativas recogidas en el proceso participativo e insistir en la continuidad de la Ley, más allá de 2021.

Así mismo, sería el momento para incluir de manera más amplia a las víctimas en el exterior dentro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas y mirar su reformulación estratégica y programática. Para esto, es fundamental la alianza de la Unidad con las organizaciones de víctimas, registradas o no registradas, junto con organizaciones defensoras de los derechos humanos de las víctimas en el exterior, y sectores de la academia, entre otros.

También, es crucial que en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se incluyan las propuestas presentadas desde 2016 —muchas de ellas potenciadas por la defensa del Acuerdo y el compromiso con la construcción de paz en Colombia—, así como la reforma al Protocolo de Participación, considerando el criterio de extraterritorialidad, más allá de las fronteras.

Por JOSÉ M. MAYA MEJÍA**

E

n las últimas décadas ha venido ganando terreno el concepto y la práctica de la denominada ética civil, como la única alternativa para vivir en paz y consolidar sociedades incluyentes, más equitativas y con mejor nivel de vida, como el que tienen las sociedades contemporáneas, caracterizadas por un proceso de secularización creciente, por la coexistencia de un pluralismo de cosmovisiones y por la aceptación que la mejor opción para una sociedad es la democracia, como forma racional de organización de una comunidad para la búsqueda del bienestar colectivo.

La filósofa española Adela Cortina, una de las líderes de esta nueva visión de la ética, la define como: “Conjunto de valores y normas que comparte una sociedad moralmente pluralista y que permite a los distintos grupos, no solo coexistir y convivir sino también construir una vida juntos a través de proyectos compartidos”1.

Se parte de una realidad, descrita magistralmente por T. Engelhard2, quien afirma que el mundo actual globalizado está constituido por “extraños morales”, es decir, seres humanos que tienen visiones morales diferentes, pero que se enfrentan al reto de convivir en paz y construir sociedades pujantes y cada vez más justas e incluyentes. Para ello se requiere la aceptación de la racionalidad compartida y el rechazo de toda intransigencia excluyente. Es el mínimum ético que propone la ética civil, sin el cual los individuos terminan destruyéndose y la sociedad se desintegra. La falta de una ética civil es la más grave amenaza para la supervivencia del ser humano y su hábitat. Es la condición mínima necesaria para poder resolver, con autoridad ética, las controversias entre extraños morales sin recurrir a la fuerza y mantener un lenguaje ético civil mínimo destinado a resolver lo correcto en una determinada sociedad.

Surge la pregunta: ¿cómo contribuir desde la academia a la formación de ciudadanos demócratas que se adhieran a una ética civil y a unos valores universitarios que estén en consonancia con la idea de universidad y con los retos de la sociedad contemporánea?

La mayor contribución de la academia a la democracia corresponde al desarrollo en sus estudiantes de la competencia para llegar a acuerdos sobre bases racionales. Es la racionalidad uno de los distintivos del quehacer de una buena universidad y, a la vez, uno de los elementos más ausentes de la vida nacional, del conflicto que hemos vivido y del desarrollo de nuestra precaria democracia.

Si la universidad enfatiza este aspecto en la formación de la comunidad universitaria estará contribuyendo al desarrollo de la democracia, lo cual implica concentrar su esfuerzo en asegurar un cumplimiento con altura de su deber fundamental: contribuir a la formación del ser humano para la vida, la ciencia y la cultura y promover niveles cada vez más altos de humanidad en el diario vivir.

Los miembros de las comunidades académicas debemos sentirnos vinculados por exigencias de racionalidad, lo cual implica estar formados para la crítica racional, pero también para el acuerdo y el trabajo colectivo.

La academia tiene la posibilidad de objetivar, de convertir un conjunto de creencias en objeto de estudio, ayudar a comprender el carácter en parte arbitrario de las opciones y la cosmovisión aceptada.

En la academia debemos aprender a reconocer la relatividad del sistema de creencias y sus limitaciones. Los miembros de comunidades académicas debemos aprender a vivir una sana relación con una disciplina científica, una cosmovisión o un proyecto político y social. Una formación de calidad debe permitir al estudiante universitario adoptar una distancia crítica frente a ellos y no permitir que se conviertan en dogma, por ello deben estar ausente de la academia los fundamentalismos que son generalmente fanatismos irracionales. Una postura fundamentalista choca contra la realidad de la multiculturalidad, de las distintas formas de hacer ciencia, de la diversidad de visiones morales y de cosmovisiones que interactúan en el mundo contemporáneo.

Otro valor que debería fomentar la universidad es la solidaridad. El universitario es un ciudadano privilegiado, que ha accedido al conocimiento, patrimonio de la humanidad, y por tanto debe ser solidario en la búsqueda de un mayor acceso para todos a este bien común y en los esfuerzos por crear una sociedad más equitativa.

La vida universitaria implica la creación de un ethos o espacio de formación integral, donde se propicie el ejercicio de la autonomía, se promueva la formación de un buen ciudadano y un excelente profesional y se facilite el desarrollo de una opción ética. Algunos de los valores que debe promover son: conciencia democrática, racionalidad y responsabilidad en el actuar, humildad y respeto por la visión del otro y solidaridad.

Las distintas prácticas académicas y administrativas deben promover la adhesión libre a unos determinados valores humanos como parte de su compromiso con los principios de una ética civil.

No basta que nuestros estudiantes sean ricos en contenidos intelectuales y capacidades técnicas, si no han ratificado unos valores que les permitan poder vivir en paz y contribuir al bienestar colectivo.

Termino con unos fragmentos de una carta que A. Novinsky, un ser humano quien sobrevivió al horror de los nazis, escribió a su profesor: “Querido Profesor: Soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar: cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres, niños envenenados por médicos altamente especializados, recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, mujeres y bebés quemados por gente formada en escuelas, liceos y universidades...” “…Por eso, querido profesor, dudo de la educación y le formulo un pedido: ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y Eichmans educados.

Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos”. *Espacio promovido por el Programa de Egresados **Médico, egresado de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

1. Cortina, A. (1992). Ética mínima: Madrid: Tecnos 2. Engelhard, T. (1996). The foundations of bioethics: Oxford: Oxford University

Publicaciones / literatura

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Las muertes del cine colombiano Entrevista a Oswaldo Osorio, a propósito de su nuevo libro Las muertes del cine colombiano, publicado por la Editorial Universidad de Antioquia®.

¿Con qué tipo de historia se encontrarán quienes lean Las muertes del cine colombiano?

—Con una historia panorámica y a la vez detallada, es decir, una que mira de lejos y de cerca, tanto el devenir y los procesos como las películas con sus particularidades formales y sus circunstancias. La historiografía nacional estaba en deuda desde hace cuatro décadas, cuando Hernando Martínez Pardo escribió su Historia del cine colombiano, con un texto de tales características, porque en este se habla desde el primer largometraje de ficción que se realizó en Colombia hasta los producidos en 2017. También es una historia cronológica y positivista, que desarrolla un orden y da cuenta de unos datos y acontecimientos, al tiempo que es una historia transversal y de contexto, en la que se conectan distintos periodos, autores y películas. ¿Qué interés representan para el cine colombiano las películas que analiza?

—Como consecuencia y complemento de la reflexión y el recorrido histórico, se desarrollan estos análisis formales de varias películas, las cuales fueron seleccionadas bajo el doble criterio de películas tipo y películas canónicas. Las primeras pueden ser cintas poco conocidas, pero que representan a decenas con sus mismas características, por lo que conocer de cerca una

Foto: cortesía

Por EDITORIAL UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA®

Oswaldo Osorio implica tener una idea de toda una serie de títulos e incluso de periodos; mientras que las canónicas son filmes reconocidos que pueden representar hitos o rupturas en el cine nacional.

La conjunción entre estos dos tipos de películas configura el corpus sobre el que trabaja este escrito. Además, la combinación entre el relato histórico y el análisis formal podría verse como una novedad en las historias del cine colombiano. ¿Cómo se relacionan su labor de crítico y su apuesta por la investigación histórica?

—Además de crítico soy profesor, y mis textos suelen ser la combinación entre estos dos universos, es decir, la labor de interpretación del cine en medios como El Colombiano y Kinetoscopio y el trabajo teórico e investigativo en la academia.

Estos normalmente suelen ser lenguajes muy distintos, pero, debido a esa doble vocación, uno de los propósitos de mi quehacer profesional es encontrar un equilibrio, y este libro ilustra bien tal propósito, pues, aunque se trata de mi tesis doctoral, creo que resulta muy

La Editorial de la Universidad de Antioquia®, con el apoyo del Centro Colombo Americano, invita a la presentación del título Las muertes del cine colombiano, a cargo de Oswaldo Osorio y Juan Carlos González, el martes 14 de agosto de 2018, a las 6:30 p. m., en el Centro Colombo Americano, sede Centro, sala 1, Medellín.

accesible en su lectura para cualquier persona interesada en el cine. Y, efectivamente, es poco frecuente que los críticos en Colombia hagan este tipo de textos, y sin duda este se encuentra permeado por mi mirada crítica, pero la mayor novedad estaría en esa combinación de los dos universos, en ese equilibrio que propongo en el discurso. ¿Qué puede decirnos del cine colombiano actual, a la luz de la historia de casi un siglo que hoy nos ofrece en su libro?

—Justamente el aporte más significativo de este libro tiene que ver con el cine colombiano del siglo xxi, porque, bien que mal, la del siglo pasado es una historia ya contada, a la que yo introduzco algunas variaciones, novedades y acercamiento inéditos. Pero esta historia en buena medida está en función de entender el contexto más reciente, con toda su abundante producción en relación con otros periodos. Y, a su vez, este volumen de películas (unos trescientos títulos) contribuye a definir unas resonancias del cine actual que se articulan con el de distintas épocas. En ese sentido, para una cinematografía que ha tenido una serie de nacimientos y muertes, descubrir esos hilos invisibles, esas resonancias, permite identificar unas constantes e incluso una identidad del cine nacional.

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Construcción de problemas de investigación: diálogos entre el interior y el exterior Coedición Fondo Editorial FCSH y Universidad Pontificia Bolivariana, 2018.

Editores: María Luisa Eschenhagen, Gabriel Vélez Cuartas, Carlos Maldonado, Germán Guerrero Pino.

Distribuye: Siglo del Hombre Editores.

Las muertes del cine colombiano Oswaldo Osorio Impreso: 220 p. 14 x 21,5 cm.

ISBN: 978-958-714-791-9.

E-book: 6,5 Mb. ISBNe: 978-958714-792-6.

Temas: Cine colombiano. Historia y crítica del cine. Producción cinematográfica

Las muertes del cine colombiano da cuenta de intentos múltiples y aun divergentes de “inventar” un cine nacional y llama la atención sobre un rasgo característico de nuestra historia fílmica: la discontinuidad en la producción y las dificultades de formación de una industria cinematográfica nacional sólida a lo largo del siglo xx.

A través de una historia, que es al tiempo panorámica y detallada, su autor recorre desde las primeras obras del cine silente, pasando por los inicios del cine sonoro y por las variables y tensiones de la producción cinematográfica entre lo industrial, lo marginal y lo estatal en la segunda parte del siglo xx, hasta el dinamismo de la producción cinematográfica en los años que corren del presente siglo. Y es precisamente la actualidad el momento fundamental de esta historia, uno sin parangón en el que ya no se leen las muertes sucesivas de la industria cinematográfica de la centuria pasada, sino las resonancias y las variables en las que ha insistido el cine colombiano en sus sucesivos “renacimientos”: lo popular y el melodrama, el nacionalismo y la identidad, lo rural y lo urbano, lo social y lo político, las coproducciones.

En este libro, la crítica historiográfica, desde la perspectiva de la historia cultural, se da la mano con teorías y conceptos de otras disciplinas para plantear relaciones novedosas entre el pasado y el presente, y se conjuga con un análisis riguroso de la filmografía nacional, que tiene en cuenta sus componentes estéticos y los pone en diálogo con fenómenos sociales y culturales más amplios.

Este libro está dirigido, en primera instancia, a estudiantes que se encuentran en el proceso de formulación de sus proyectos de tesis, ya sea de pregrado, maestría o doctorado. No pretende ser un texto más de metodologías de investigación, sino una guía e inspiración para la introducción al mundo de la problematización desde la construcción del problema y sus aspectos generales. Inspiración para entrar en el mundo de la construcción teórico-metodológica desde la rigurosidad de las diferentes estrategias para el desarrollo de mapas cognitivos generales, y para introducirnos al mundo de los condicionamientos de la política científica en la orientación del problema como programa de investigación o desarrollo de productos comunicativos de calidad para el mundo disciplinar. El texto presentado no es un diálogo cerrado, concluyente, acabado; por el contrario, pretende, desde la experiencia de los autores, mostrar visiones distintas frente a los diferentes diálogos posibles de la ciencia con la realidad, de la construcción de antecedentes y referentes para la construcción teórica ligada a los investigadores de las respectivas comunidades académicas, y desde el contexto condicionante de la política científica y su relación con los académicos.

Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada (segunda edición) Fondo Editorial FCSH, 2018.

Autor: María Eumelia Galeano Marín Distribuye: Siglo del Hombre Editores.

En su segunda edición, este es un texto “clásico” de consulta en investigación social que tiene como propósito apoyar la formación de investigadores y estudiantes, no solo del área de ciencias sociales y humanas, sino de todos aquellos que desarrollan proyectos en distintos ámbitos del conocimiento social y cultural. Mediante el estudio de diversas estrategias de investigación, el texto recoge lo que la autora llama la esencia de la investigación social cualitativa, el cambio paradigmático que se dio en las ciencias sociales y en la investigación, el regreso del sujeto, consistente en considerar a los participantes como sujetos capaces de pensar, de expresarse y de construir con el investigador social comprensiones sobre su realidad. Las estrategias ofrecidas marcan un camino y unas posibilidades de investigación mediadoras entre el enfoque metodológico, más general, y la recolección de información con el fin de que investigadores y estudiantes en formación puedan elegir con criterios un camino a seguir.

Cultura

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La paz en los arrozales El proyecto de viajes culturales de la Facultad de Artes organiza entre el 26 de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019 el viaje Tailandia, Camboya, Vietnam. La paz en los arrozales. La información completa se encuentra en http://artes.udea.edu.co. Informes: teléfonos 2198887 y 2195887, comunicacionesartes@udea.edu.co Por CARLOS ARTURO FERNÁNDEZ URIBE Profesor de la Facultad de Artes carlos.fernandez@udea.edu.co

P

ara quienes nacimos a mediados del siglo pasado, el Sudeste asiático significó una de las mayores tragedias de la historia humana: la encarnación misma de “los desastres de la guerra”, si se me permite robar las palabras de Goya.

A lo largo de los años sesenta y setenta pensábamos que esa región estaba condenada a guerras eternas, que volvían a encenderse cada vez que parecían estar llegando a su final. En efecto, era “el fin del mundo”, el apocalipsis vivido en presente, como en la famosa película de Francis Ford Coppola.

Las cifras son alucinantes; mientras que todos los países aliados en la II Guerra Mundial descargaron unos 2 millones de toneladas de bombas sobre Europa, Norte de África y Asia, incluidas las dos bombas atómicas sobre Japón, en el curso de la Guerra de Vietnam, Estados Unidos descargó 7.800.000 toneladas sobre Vietnam (un territorio que apenas alcanza a ser un 30% del colombiano) y 2.750.000 toneladas sobre Camboya (con la mitad de la extensión de su vecino).

En otras palabras, solo el bando americano lanzó cinco veces más bombas que todos los aliados en

la Guerra Mundial. Sobra recordar que semejante destrucción condujo solo a la derrota de todas las ideologías, pues el ejército americano acabó siendo expulsado de Vietnam, mientras Camboya caía en manos del terror de los jémeres rojos.

Pero, a lo largo de las últimas décadas, la situación ha cambiado radicalmente y, por fin, la paz se ha instalado en el verdor increíble de los arrozales del Sudeste asiático.

El recuerdo de la guerra es muchas veces doloroso; pero lo más impresionante es el buen humor, la amabilidad y cortesía hacia los visitantes, el escaso interés por remover los odios del pasado, y el gusto por defender y enseñar su patrimonio histórico, cultural y artístico.

Camboya está tan orgullosa de los templos de Angkor que los ha puesto en el centro de su bandera.

Y no es para menos. Las gigantescas construcciones en piedra que visitamos albergan los más extensos templos de la historia de la humanidad. El complejo parece inagotable, con múltiples edificios en piedra, en arenisca y en ladrillo, que se prolongan en el paisaje y se separan del espacio circundante gracias a amplios lagos geométricos que hacen parecer como de juguete a los fosos de los castillos medievales.

Vietnam es un descubrimiento inolvidable. Ciudades que han recuperado lo mejor de su patrimonio, como en el caso de Hue con su Ciudad Púrpura Prohibida, que era el antiguo palacio imperial o los

desconcertantes mausoleos de la dinastía Nguyen. La deliciosa aldea de Hoi An, la cosmopolita Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) y Hanói, capital del país, ofrecen cada una a su modo la riqueza de las tradiciones y la vitalidad del presente.

Es muy significativo que el templo más importante del país sea, en realidad, su primera universidad: el Templo de la Literatura, dedicado a Confucio, que honra a los grandes profesores de la historia y conserva el testimonio en estelas de piedra de cada uno de los doctores que allí se graduaban. Adicionalmente, los paisajes vietnamitas son asombrosos. Como la región de Sapa, en las montañas fronterizas con China, con su riqueza étnica (que aparece representada en el Museo de Etnología de Hanói) y sus fascinantes terrazas para el cultivo del arroz. Pero, sobre todo, la Bahía de Ha-Long, considerada como una de las siete maravillas naturales del mundo. Y la lista podría continuar, sin que dejemos en el olvido las delicias de la cocina vietnamita.

Tailandia es, en realidad, un caso aparte: es el único país del Sudeste asiático que nunca fue colonizado por una potencia extranjera. Por eso, orgulloso de su historia, el antiguo Reino de Siam asumió en la primera mitad del siglo XX el nombre actual que significa “la tierra de los hombres libres”. Por supuesto, aunque no participó en las guerras de Indochina, tampoco puede desconocerse que la Guerra Fría

Foto: Carlos Arturo Fernández

significó para Tailandia una gran inestabilidad política que hasta el presente se manifiesta en una larga serie de golpes militares.

Tras un vertiginoso crecimiento económico en los años 80 y 90 y una fuerte crisis en el cambio de siglo, Tailandia quiere reconciliar hoy tradición y modernidad. El mejor ejemplo es Bangkok, una gigantesca metrópolis que acoge nuevas e impactantes arquitecturas junto a los espléndidos edificios del palacio real y de los templos budistas más famosos de la región.

En las cercanías de la capital se conservan viejas tradiciones como las que representan los mercados flotantes que utilizan las extensas redes de canales, aunque hoy esas antiguas formas comerciales se han visto casi ahogadas por las inundaciones de turistas ansiosos de escenas pintorescas. El mosaico se completa con las ruinas espectaculares de Ayutthaya que durante cuatro siglos fue la capital del Reino de Siam, hasta su destrucción por los birmanos en el siglo XVIII. En definitiva, la paz en los arrozales del Sudeste asiático abrió la posibilidad de conocer de cerca una de las regiones más ricas del mundo en patrimonio arqueológico, artístico y cultural, en tradiciones ancestrales que las etnias minoritarias conservan con orgullo, en sabores de una culinaria refinada, en paisajes inverosímiles.

Ante tantas maravillas resulta casi imposible recordar los desastres de la guerra.