Alma Mater 652

Nº 652 Medellín, abril de 2016

SISTEMA DE COMUNICACIONES • almamater@udea.edu.co • ISSN 1657-4303

Antártida, el mayor laboratorio Regresan científico del planeta nuestros Regresan nuestros expedicionarios expedicionarios

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Foto: Mario H. Londoño Mesa, Lizette Quan y Mónica M. Zambrano Ortiz.

Los años potenciales perdidos por accidentes de moto Página 5

El subdesarrollo y la inversión en ciencia, tecnología e innovación Página 7

Situación de los maestros de instituciones oficiales de Antioquia.

Urge formación de posgrado de calidad Página 10

Oferta académica 2016-2

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Alzheimer, Parkinson y cáncer: tres búsquedas, un solo frente de acción Hallazgos sugieren que los procesos moleculares iniciados por estímulos tóxicos desencadenantes de estrés oxidativo en las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer están más relacionados de lo que podría sospecharse.

Por MARLENE JIMÉNEZ DEL RÍO y CARLOS VÉLEZ PARDO*

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o es difícil imaginar que tres enfermedades como el Alzheimer, Parkinson y cáncer sean diferentes. Pero si es difícil aceptar que estas enfermedades puedan ser tratadas con un mismo medicamento. Esta aceptación se logra fácilmente con el reconocimiento del principio biológico que postula que todos los sistemas celulares y moleculares de los organismos, como el gusano, la mosca, el ratón y el hombre, se conservan evolutivamente. Por tanto, estas enfermedades se pueden simular en estos organismos para identificar medicamentos útiles para su tratamiento.

Durante los últimos años, el área de investigación básica en enfermedades neurodegenerativas (ENs), neuroquímica y biología molecular se ha interesado en estudiar los mecanismos de muerte neuronal en la enfermedad de Alzheimer (EA) y Parkinson (EP), y en establecer estrategias terapéuticas con modelos celulares, mosca y ratón, que simulan la neuropatología de estos trastornos neurológicos. Como consecuencia de esta búsqueda, hemos logrado establecer una vía unificada de señalización común inducido por sustancias tóxicas, no solo en EA y EP, sino también en cáncer, específicamente en leucemia. Estos tres padecimientos, pensamos, pueden ser tratados con medicamentos existentes o con productos naturales que se encuentran en estudio por nuestro grupo de investigación.

Estrés oxidativo: uno para todos, todos para uno Hasta el presente, no existen terapias que curen la EA y EP. Esta situación es aún más preocupante, si se toma en cuenta que hasta el momento no se sabe a ciencia cierta cómo ocurre la pérdida de las neuronas en los pacientes con estos trastornos del cerebro. Es conocido que estas enfermedades son entidades neurodegenerativas progresivas que afectan un número importante de individuos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, que tienen un origen desconocido, o

Células cancerígenas sin tratamiento heredado. Los casos heredados son causados por alteraciones en los genes de la presenilina y la parkina, también conocidas como mutaciones paisas de Alzheimer y Parkinson.

En este sentido, hemos logrado demostrar que las neuronas de estos pacientes son destruidas por un aumento exagerado de sustancias tóxicas, denominadas especies reactivas de oxígeno (ERO), que deterioran las neuronas debido a que los sistemas de protección, también identificados como antioxidantes, no son suficientes para combatir las ERO. Este desbalance entre un exceso de ERO y una disminución de sistemas antioxidantes dentro de la neurona se denomina estrés oxidativo. Esto confirma que el estrés oxidativo es un factor importante en el desarrollo de estos trastornos neurológicos. Por tanto, el reto ha sido identificar medicamentos que reduzcan o eliminen ERO, o aumenten los sistemas de protección en la neuronas.

También logramos demostrar que el aumento del estrés oxidativo es determinante en la destrucción de células cancerígenas. Esto muestra que el estrés oxidativo es un evento común a las enfermedades neurodegenerativas y al cáncer.

Un fenómeno con doble personalidad Las moléculas con doble función como protectoras o productoras de estrés es una característica inusual en algunas moléculas. Por ejemplo, la vitamina C y E, conocidas como antioxidantes a bajas concentraciones, frenan la muerte neuronal producida por estrés oxidativo. Sin embargo, estas vitaminas a altas

Célula neuronal humana obtenida por diferenciación de células madre mesénquimas de cordón umbilical concentraciones actúan como agentes tóxicos (pro-oxidantes) en células cancerígenas. Interesantemente, hemos logrado demostrar que el empleo de extractos naturales obtenidos de la corteza del fruto, hojas, tallo o semilla del aguacate, en altas concentraciones causa muerte en células leucémicas, pero a bajas concentraciones, protegen neuronas contra el estrés oxidativo generado por sustancias tóxicas. De hecho, estas observaciones muestran la posibilidad de identificar una misma molécula o extractos con actividad terapéutica dual tanto para enfermedades neurodegenerativas como para el cáncer.

Estos hallazgos sugieren que los procesos moleculares iniciados por estímulos tóxicos desencadenantes de estrés oxidativo en las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer están más relacionados de lo que uno podría sospechar.

“…Si antes tenías mi curiosidad...ahora tienes mi atención…”

La caracterización de moléculas con doble función bien pudiera quedar rápidamente en el olvido, si no fuera porque se ha logrado establecer que algunos medicamentos utilizados como estrategia terapéutica en la EA, pero con resultados fallidos para su tratamiento, han sido reutilizados en el tratamiento del cáncer. Así mismo, medicamentos utilizados en el tratamiento exitoso de la leucemia mieloide crónica, como el nilotinib, han sido reutilizados para el tratamiento (experimental) de la EP. Dada la semejanza de los procesos moleculares de muerte celular entre estos trastornos neurológicos

y cancerígenos, el nilotinib ha sido también propuesto como medicamento (experimental) en EA. El significado de estas investigaciones es de capital importancia, pues es bien sabido que el desarrollo de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad neurodegenerativa de interés farmacéutico toma aproximadamente 20 años. Por tanto, los medicamentos, fármacos y/o prototipos naturales disponibles en la actualidad, son una fuente potencial para su reutilización en beneficio de los pacientes con EP, EA y cáncer.

Dentro de nuestros objetivos está realizar una iniciativa de terapia preventiva para los pacientes con Parkinson.

Desiderata Consideramos que la investigación científica en paralelo de las enfermedades neurodegenerativas y del cáncer ofrece una valiosa oportunidad para descubrir dianas terapéuticas para el tratamiento en estas enfermedades devastadoras.

Dado que los pacientes que padecen una enfermedad neurodegenerativa tienen un riesgo reducido de padecer cáncer, o viceversa, la utilización de un mismo medicamento para su tratamiento sería ventajoso como estrategia terapéutica en los ensayos clínicos, debido a que reduce los efectos secundarios y los costos económicos que implica el desarrollo y evaluación clínico de un nuevo medicamento. Por lo anterior, es nuestro deseo evaluar medicamentos ya utilizados en el tratamiento de cáncer para tratar la EP y EA. * MSc, DSc. profesores titulares e investigadores. Grupo de Neurociencias. Instituto de Investigaciones Médicas. Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia.

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Foto: Mario H. Londoño Mesa, Lizette Quan y Mónica M. Zambrano Ortiz.

Regresan los expedicionarios de la Antártida

Por LINA GALLO y SERGIO URQUIJO*

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n febrero y marzo, la Antártida, el mayor laboratorio científico del planeta, acogió a tres investigadores de la Universidad de Antioquia, Mario H. Londoño Mesa , Lizette Quan Young del Instituto de Biología, y Mónica M. Zambrano Ortiz, de la Corporación Académica Ambiental, quienes en las ricas y vitales aguas costeras del continente helado buscan claves para interpretar algunas pistas sobre el calentamiento global y la contaminación del océano.

Ellos hicieron parte de la II Expedición científica de Colombia a la Antártica “Almirante Lemaitre” verano 2015-221a, enmarcada dentro de la Agenda científica antártica de Colombia, y coordinada por la Comisión colombiana del océano. La Alma Mater, que integra el Comité técnico nacional de asuntos antárticos de la Comisión, participó en la I expedición Caldas 2014-201—, como “tripulantes en tierra”, y esta es la primera vez que realizan trabajo de campo en dicho continente. El apoyo de la Rectoría y la Fundación Universidad de Antioquia fue necesario para llevar a cabo este gran reto.

“Todo lo que ocurra con el clima, el hielo, el océano y la vida en la Antártida tiene repercusiones en el resto del planeta”, explica el biólogo Mario Londoño. “La idea de esta

expedición es que Colombia construya poco a poco una posición como país antártico, con miras a hacer parte de la Comisión internacional como país consultivo”.

Tras tres semanas de trabajo y asombro ante el gigante helado, los tres investigadores cuentan sobre su trabajo, su experiencia y las impresiones que les dejó la Expedición.

Uno de los dos componentes de la investigación buscó probar si el conjunto de organismos (la biota) en aguas poco profundas en la Antártida, que están a una temperatura cercana a los cero grados centígrados, es igual a la encontrada a mayor profundidad, pero con la misma temperatura, en aguas tropicales, en este caso en el Pacífico colombiano.

Mario H. Londoño indicó que “estamos cambiando la presión que el agua ofrece a los organismos a mayor profundidad por temperatura, como el factor más importante. Queremos comparar ambientes extremos para hallar pistas que nos puede ofrecer la biota sobre el cambio climático”.

El proceso de cambio climático avanza y la vivencia en Colombia del fenómeno de El Niño más fuerte de la historia da prueba de ello. “El agua tiene unas propiedades que amortiguan los efectos climáticos; si no estudiamos y protegemos el continente antártico todos estos deshielos van a hacer que el nivel del mar suba y por ende nuestras costas van a cambiar totalmente”, enfatiza el investigador.

“Nuestra experiencia en el continente antártico apenas está empezando”, señala el profesor Londoño. “Ahora somos país adherente; la vía para ser país consultivo es la investigación científica”.

La bióloga Lizette Quag, especialista en organismos marinos como cnidarios , algas, también fue a la Antártida con la idea de encontrar organismos asociados al fondo marino y conocer las similitudes con el Pacífico colombiano.

La idea surgió de su inquietud respecto a la función de la temperatura del agua en la distribución de los organismos del fondo del mar.

Para ella, la experiencia en la Antártida fue bastante enriquecedora profesional y académicamente, pero lo vivido en la parte personal es notoriamente importante para la investigadora.

“El trabajo en equipo, esa interacción, ese compartir, realmente fue para mí la evidencia de por qué le llaman continente de paz”, expresa Quag refiriéndose a la ausencia de barreras y fronteras entre los investigadores de las diferentes bases.

La profesora Quag no vivió en el continente blanco los choques políticos y económicos que están en la mente de todos cuando se delimitan los países. “Es como ese ideal utópico que creo que

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muchos quisiéramos”, comentó.

“Se está en constante apoyo entre todas las bases de los diferentes países”. Todo es de todos porque se está representando al mundo en función de la ciencia.

En el segundo componente de la expedición, Mónica Zambrano viajó para saber más sobre organismos que pueden servir para detectar niveles de hidrocarburos en el mar y así monitorear la contaminación: los biomonitores.

Zambrano buscó en las playas y muelles de las bases de la Antártida bivalvos, grupo al que pertenecen las ostras, almejas y mejillones.

“Por su tipo de alimentación, que es por filtración, capturan los compuestos que están en el agua, retienen muchos, que son solubles en grasa, y no los metabolizan: entran a su organismo y no se modifican”.

Así, estos seres guardan en sus tejidos información valiosa sobre los contaminantes que ponen en riesgo la salud del océano. “En la Antártida hay muchísima actividad turística y científica que requiere de barcos movidos con combustibles”, señala la investigadora Zambrano.

Los principales contaminantes a buscar son componentes del petróleo y de varios combustibles: los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estas moléculas orgánicas tienen características genotóxicas, es decir: intoxican y dañan el ADN. Con ello pueden causar mutaciones permanentes en el ADN (mutagénesis) o causar malformaciones en el feto (teratogénesis).

Para Zambrano, la llegada a Antártida fue “como cuando uno se imagina a alguien y cuando lo ves, es otra cosa. Superó todas mis expectativas. La fauna es espectacular. Hay zonas donde se combinan rocas, mar, nieve y musgo, y sobre el lecho de musgo ves muchos lobos marinos y, a su lado, pingüinos”.

La colecta de organismos para ambos componentes se realizó en parte a 20 metros de profundidad, con una draga, y en parte en la línea de costa durante la marea baja, mareas que pueden tener una diferencia de altura de hasta 2 metros. La actividad fue realizada por los docentes en la Bahía Fildes, frente a la base chilena Profesor Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno. El equipo de la base dispuso al equipo de investigadores toda la logística y movilidad necesaria.

Por último, debido a que en la base había investigadores de varios países, algunos suramericanos, hubo tiempo para interactuar, hablar y pensar en proyectos que se pueden hacer en conjunto, y que se espera, se puedan elaborar en conjunto, para las próximas expediciones colombianas al continente blanco. * Periodistas de la Corporación Académica Ambiental y de la Vicerrectoría de Investigación, respectivamente.

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Investigadores proponen un combustible más limpio para el ambiente Por ANDREA OREJARENA TAMAYO

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a tierra experimenta un fuerte cambio climático y cada año es más caliente que el anterior.

Hay más carros, más motos, más dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, al cual se le señala como el culpable del sobrecalentamiento del planeta.

Además, los combustibles fósiles, que provienen de recursos naturales no renovables como el petróleo, el carbón y el gas natural, han aumentado los contaminantes en la atmósfera.

Como alternativa, los profesores Mariana Peñuela y Luis Alberto Ríos, del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, adelantaron la investigación Evaluación integral de la producción más eficiente de bioetanol y biobutanol a partir de biomasa lignocelulósica.

El proyecto, segundo lugar en el Premio a la Investigación Profesoral 2015, busca “aprovechar los residuos lignocelulósicos (residuos de los cultivos) como el bagazo de caña y, a partir de ciertos proceso químicos y biológicos, producir etanol y butanol, dos alcoholes que pueden ser usados como combustibles”, asegura Peñuela.

Además, dice el profesor Ríos, los combustibles provenientes de materias primas no solo generan CO 2, sino que también pueden aumentar las emisiones de gases como el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno. Estos contaminantes, sugiere el docente, están asociados a la llamada lluvia ácida y presentan problemas severos en la salud de los humanos, pues forman lo que se conoce como niebla fotoquímica.

“Todos estos son problemas muy conocidos de los combustibles fósiles; por lo tanto, el agotamiento de recursos naturales y la necesidad de preservar el medio ambiente, además de la notable necesidad de producir combustibles limpios, es decir, que provengan de fuentes renovables, que no agoten los recursos naturales y que emitan menos contaminantes, han sido la motivación para llevar adelante este proyecto”, explica Ríos.

Los combustibles producidos a partir de fuentes naturales son llamados técnicamente como bio-

Profesores Mariana Peñuela y Luis Alberto Ríos

combustibles, como los alcoholes carburantes, en particular el etanol y el butanol. Está demostrado técnicamente que estos dos alcoholes se pueden mezclar con gasolina, aseguran los investigadores.

“En Colombia, por ejemplo, desde hace varios años, el Ministerio de Minas y Energía tiene una reglamentación que permite y que obliga a que la gasolina que se distribuye en el país esté mezclada con etanol. El nivel de mezcla se ha venido incrementando gradualmente de acuerdo con la capacidad de producción de este alcohol. La meta que tenía el Gobierno era llegar a una mezcla llamada E20, 20% del volumen etanol y 80% gasolina.

De esta forma la gasolina colombiana sería un poco más verde porque el 20% de su composición sería de una fuente renovable y que emite menos contaminantes”, enfatiza Ríos.

Sin embargo, dice Ríos, en Colombia se ha logrado un E10 (10% de etanol y 90% de gasolina), pues el país no tiene la capacidad de producir suficiente etanol.

Respecto del debate generado en Colombia y en el mundo (¿Cómo usar el azúcar que se produce?

¿Etanol para los carros? ¿Azúcar para la alimentación humana y animal?), la profesora Peñuela explica que existen dos tipos de combustibles, los de primera generación, que son los que se producen del jugo de caña o del almidón y compiten directamente con los alimentos.

“Los que nosotros estamos proponiendo —precisa— son los de segunda generación, los cuales se trabajan con los subproductos de estos cultivos. Por ejemplo, nosotros no trabajamos con la miel de caña, sino con el bagazo de la caña, que es un residuo. Así nos evitamos el dilema, ya que no estamos trabajando con el producto como tal, sino con lo que sobra”, asegura.

Los profesores explican que, al ser tan alto el costo de producción de estos biocombustibles, en Colombia está financiado por el Gobierno. “Por esto se propuso la idea de realizar un proyecto mucho más eficiente. En la industria química, cuando hablamos de eficiencia nos referimos a dinero y a producción de residuos, que cueste menos y que produzca menos residuos”, explica Ríos.

Los docentes también aclaran

que el real beneficio de utilizar biocombustibles es que acortan el ciclo del carbono; es decir, “cuando se queman igual producen CO2 y CO que van al ambiente y generan efecto invernadero, pero la gran diferencia que existe con respecto a los combustibles fósiles es que cuando el CO2 sale a la atmósfera, rápidamente lo captura de nuevo la planta que está en crecimiento para luego pasar otra vez a la producción”, dice la profesora Peñuela.

El proyecto, financiado por Empresas Públicas de Medellín y la Universidad de Antioquia, contó con el apoyo del grupo de Procesos Físico-Químicos Aplicados, PFA; del grupo de Procesos Químicos Industriales, PQI, dirigido por el Profesor Ríos; del grupo de Bioprocesos, dirigido por la profesora Peñuela; y la participación del grupo de Biotecnología.

“Fue muy estratégico porque combinamos una parte de ingeniería química con una parte biotecnológica. Nos juntamos dos grupos e hicimos una sinergia muy buena aportando cada uno diferentes conocimientos”, explica Ríos.

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Los años potenciales perdidos por accidentes de moto Por ALEJANDRA CARMONA VALENCIA

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andra Milena Porras Cataño alcanzó el título en Gerencia en Sistemas de Información en Salud con el trabajo de grado “Años potenciales de vida perdidos por incidentes viales de motociclistas, Medellín, 2009-2012”, una investigación que analiza y describe la problemática de la mortalidad por accidentes en motos, y por cuya calidad y pertinencia logró el Premio a la Investigación Estudiantil Universidad de Antioquia, segunda categoría, en el área de la salud.

Los motociclistas ocupan el segundo lugar en las tasas de mortalidad por accidentes viales antecedidos por los peatones. Porras Cataño quiso abordar este asunto no como siempre se trabaja, teniendo en cuenta únicamente las tasas de mortalidad, sino a partir del indicador que busca encontrar cuántos años está dejando de vivir la población a causa de los incidentes viales, considerados eventos externos y evitables.

“El problema principal es que estos accidentes están afectando personas en edades altamente productivas y reproductivas, lo que genera un impacto directo en la vida económica y social de Medellín.

Además desalienta la esperanza de vida de la población”, dice Porras.

La pérdida de años durante el período estudiado fue de cerca de 17.500. Alrededor de 4.000 años anuales. Estos datos presentes en el trabajo, se sacaron bajo el valor de referencia de la esperanza de vida en Colombia.

También se encontró que mientras la mortalidad por accidentes en general iba disminuyendo cada año, la cifra de muertes de motociclistas, específicamente, aumentaba. Los más afectados son los hombres entre los 15 y 39 años ya que, según Porras Cataño, estos utilizan más la moto como medio de transporte o de trabajo.

Uno de los aportes más valiosos de la investigación es la georreferenciación de sitios de ocurrencia de accidentes viales en la ciudad. El mayor hallazgo de muertes fatales por estos incidentes se presentó alrededor de la arteria vial aledaña al río Medellín, que está conformada por vías importantes de comunicación de la ciudad como la autopista norte y la sur, la avenida Guayabal, la regional y la 65. Al ser vías amplias,

permiten un gran flujo vehicular y que se alcancen altas velocidades.

“En la revisión se encontró que hay más accidentes en glorietas y cruces. El motociclista tiene mayor probabilidad de morir por tramos de vía porque está muy expuesto. Casi siempre son choques contra objetos fijos porque hay mayor concentración de energía”, precisa Porras.

Como una alternativa de solución a la problemática, en la ciudad se ha contemplado la idea de construir corredores viales exclusivos por tipo de usuario en la vía. Porras Cataño participó en el tercer encuentro nacional de investigación en seguridad vial y sugiere que se ha llegado a la conclusión de que más allá de un remedio a la situación a nivel de infraestructura o de organismos de control, el llamado es a concientizar directamente a los usuarios de las vías, porque una de las grandes dificultades son las características personales de quienes conducen.

Otro inconveniente es la entrega de licencias a conductores sin alcanzar un nivel de capacitación adecuado, por lo que se ha hablado de evaluar la edad apropiada para la entrega de licencias. “Hay que hacer una buena preparación de personal y entender que esto no solo genera afectación a la persona y su familia sino a nivel social”, dice Porras.

Para la realización de la investigación, se tuvieron en cuenta los registros de defunción del Dane para el indicador de mortalidad con la caracterización de la persona en causa básica de muerte, sexo y edad.

Para Sandra Milena, el mundo académico durante el paso por las aulas es distinto y menos complejo que el enfrentarse a un proyecto de investigación final. “Lo que uno ve en los salones es muy preciso, te dan el paso a paso de lo que debes hacer, pero al asumir todo lo que se necesita para llegar a un objetivo y encontrarle respuesta a un interrogante es en ocasiones frustrante porque no solo depende de uno, entonces hay cierta limitación por falta de recursos o por datos que otro te debe suministrar para avanzar. El trabajo también me permitió entender que hay muchas diferencias entre las fuentes policiales y las de salud, de ahí la dificultad para abordar ciertas problemáticas.

Es un reto que uno asume y cada vez se hace más interesante”.

Durante su carrera, Sandra Milena siempre se interesó por los temas de salud pública, específicamente investigación cuantitativa desde la epidemiología. En la actualidad hace parte del grupo de investigación de demografía y salud de la Facultad de Salud Pública.

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“Es esencial que la ciencia y la política vayan de la mano. Por eso estamos sensibilizando al Congreso, llevando a sus integrantes a visitar las universidades y centros de investigación y conversando en el mismo espacio”. —Representante Iván Darío Agudelo.—

Por SERGIO URQUIJO

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on la audiencia pública realizada el 17 de marzo en la Cámara de Representantes, con participación de académicos e investigadores de instituciones colombianas e internacionales, avanzó el debate al proyecto de ley para crear el ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.

El proyecto, “pretende generar un ambiente normativo idóneo para el país, superar barreras normativas y que la intelectualidad científica pueda aportar valor agregado a nuestros productos y servicios”, en palabras del representante a la Cámara por Antioquia Iván Darío Agudelo, de la Comisión Sexta, quien lidera la iniciativa.

La propuesta es apoyada y asesorada por un grupo de investigadores y académicos de universidades y asociaciones del país, encabezados por el Colegio Máximo de Academias de Colombia, y ha ido sumando apoyo de decenas de entidades y de todos los partidos políticos representados en la Comisión Sexta de la Cámara.

“Esta propuesta contempla una política de Estado sólida, a largo plazo, con una financiación garantizada por 30 años y que no dependa del gobierno de turno”, expresó en su intervención Fanor Mondragón, ex vicerrector de Investigación de la Universidad de Antioquia, quien propuso que se llegue a una inversión de 150 dólares por habitante por año, nivel similar al de Brasil o España, países que están alcanzando una posición relevante en la ciencia, mientras en Colombia es de menos de 10 dólares por habitante.

Articular esfuerzos El interés y apoyo que ha suscitado la iniciativa se debe principalmente a la necesidad de un ente regulador de la investigación científica en el país, que realmente integre todos los esfuerzos que hoy están dispersos, indicaron partici-

Se gesta en el Congreso ministerio de CTeI pantes, entre los que se contaron vicerrectores de investigación y de extensión de las universidades Javeriana, del Rosario y Nacional de Colombia.

Silvia Restrepo, vicerrectora de

Investigación de la Universidad de los Andes, lo ejemplificó al referirse a la cantidad de permisos y trámites que un investigador debe solicitar en distintos organismos estatales. “Hay muchos esfuerzos

La gobernanza del sistema nacional de CyT demanda un sistema educativo consolidado Es una aspiración del país contar con un sistema de ciencia y tecnología con gobernanza, que dinamice el aporte del conocimiento científico a su desarrollo económico y social. Un instrumento para ello puede ser la presencia institucionalizada de un ente que, cercano al alto gobierno, participe de la toma de decisiones en esta dirección.

Es escaso el papel de la ciencia en el desarrollo del país, pero sus inmensas perspectivas son contenidas en la sustentación de la propuesta de un nuevo ministerio, cuyo principal objetivo es lograr un modelo productivo competitivo y de inclusión social basado en estructuras sólidas de conocimiento.

En este panorama, es importante llamar la atención de lo imprescindible que resulta que el sistema educativo en al país se consolide, para que dicha aspiración llegue a ser legítima. Mientras continúe la baja cobertura de la educación superior y la inequidad en el acceso, las deficiencias en calidad, la desindustrialización del empleo y sus precarias condiciones, así como la escasa movilidad social, no puede esperarse un proceso de desarrollo basado en el conocimiento científico.

Lo indicó Moisés Wasserman al afirmar que “El principal desafío en materia de investigación es tejer las políticas de apoyo a la educación superior en el nuevo entramado de relaciones y coordinaciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, ampliando su significado y sentido hacia la innovación social y la producción artística y cultural”.

Es una responsabilidad liderada desde el Estado, pero las universidades y los investigadores, debemos demostrar la importancia del conocimiento científico para ser una sociedad mejor.

María Patricia Arbeláez Montoya Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Antioquia.

en investigación y no podemos dejar que crezcan sin una estrategia coherente. Necesitamos articularlas, comenzando por dar importancia a la investigación básica y a las ciencias sociales, las humanidades y las artes”.

Vicerrectores de investigación y de extensión de las universidades Javeriana, del Rosario y Nacional de Colombia abogaron también por un apoyo real, efectivo y a largo plazo para la labor científica.

Juan Lucas Restrepo, gerente de CorpoICA, advirtió que “todas estas intenciones no llevarán a nada si no hay voluntad política y si no se inyectan recursos suficientes”.

Desde una perspectiva internacional, Andreas Trepte, representante para América Latina de la Sociedad Max Planck (mayor organismo alemán de investigación básica), y el director del Instituto Max Planck de Medicina Experimental, Peter Struhmer, comentaron las bondades que un ministerio traería para Colombia, pero siempre bajo la condición de mayor interés político, suficientes recursos financieros y mejoras estructurales en educación. “La investigación básica es el fundamento de toda la cadena que concluye con verdadera innovación”, comentó Struhmer.

“Colombia tiene que aprove-

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El subdesarrollo y la inversión en ciencia, tecnología e innovación El resultado del documento Conpes parece responder a un afán (una obsesión): que el país entre en la OCDE, pero esto no será posible si Colombia sigue invirtiendo en I+D+i lo mismo que hace 21 años: 0.2% del PIB, cuando el promedio OCDE es 2.4% del PIB. Con esta cifra no solo no se genera conocimiento propio, esencial para la generación de innovación y lograr competitividad, y en general desarrollo económico, sino que no se forman los doctores que el país necesita, pues tenemos un déficit bastante alto respecto a países de la región como Brasil o Chile.

Por JORGE BARRIENTOS MARÍN*

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char todo lo que se desperdicia en muchos campos. Hay recursos y talento suficientes para hacer investigación básica y de Colombia un país que se desarrolle en ciencia y en bienestar”, enfatizó el científico colombo-alemán.

Por la cooperación entre política y academia Gabriela Delgado, investigadora de la Universidad Nacional y ex directora de Fomento a la Investigación de Colciencias, propuso una estructura de meritocracia para el nuevo ministerio. “Se requiere un equilibrio entre políticos, académicos y científicos. Los tomadores de decisiones deberán tener la formación y características específicas”, señaló Delgado.

“El Colegio Máximo de Academias podrá presentar ternas de académicos, empresarios y científicos, por comisión remunerada.

Así se evitaría la burocracia, y sería un ministerio ejemplar”, complementó.

Las intervenciones de representantes de investigación de la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Federación de Municipios y el Sena buscaron mostrar cómo la investigación es esencial para la autonomía y la eficiencia de cualquier entidad.

omo es bien sabido, el Gobierno Nacional prepara desde 2015 un documento Conpes que traza la hoja de ruta del país en ciencia, tecnología e innovación —CTi— en la próxima década. Las críticas por parte de científicos y académicos, bastante justificadas, no se hicieron esperar, pues el documento claramente subordina la ciencia, la tecnología y la innovación a la competitividad, es decir que la inversión en investigación, en desarrollo, tecnología e innovación —I+D+i— es solo un medio para lograr un fin al que denominan (sin mucha claridad) competitividad.

El resultado del documento Conpes parece responder a un afán (una obsesión): que el país entre en la OCDE, pero esto no será posible si Colombia sigue invirtiendo en I+D+i lo mismo que hace 21 años: 0.2% del PIB, cuando el promedio OCDE es 2.4% del PIB. Con esta cifra no solo no se genera conocimiento propio, esencial para la generación de innovación y lograr competitividad, y en general desarrollo económico, sino que no se forman los doctores que el país necesita, pues tenemos un déficit bastante alto respecto a países de la región como Brasil o Chile. El país necesita 3.000 doctores por año (según cifras de Colciencias) y están entrando al mercado laboral cerca de 400 anualmente.

La evidencia empírica sobre crecimiento y desarrollo económico deja ver que el país no ha dado el salto en materia de inversión en educación, investigación, desarrollo, ciencia, tecnología e innovación (I+D+i).

Pero si Colombia solo hasta recientes años ha podido empezar a estructurar algo relativamente más simple como es construir puentes, puertos y carreteras (hasta Ecuador en eso nos lleva ventaja), es muy poco probable que en el corto plazo pueda enderezar el camino en materia de desarrollos científicos y tecnológicos, y que esto se convierta en la base sólida de un crecimiento y desarrollo económico sostenido.

La evidencia sugiere que los países de mayor crecimiento fueron primero industrializados y luego desarrollados. Basaron su crecimiento en una fuerte inversión en talento y capital humano, en educación y en I+D+i. Aquellos países líderes en exportadores de bienes y servicios de alta tecnología, son también los países que más han invertido en las últimas décadas en I+D+i como porcentaje del PIB y que más investi-

gadores dedicados a investigación y desarrollo tienen por millón de habitantes. Solo en 2013 la inversión de Israel y Corea, por citar dos ejemplos, estuvo cerca del 4% del PIB. Los países que más han exportado bienes de alta tecnología logran mayores excedentes netos al productor, generan mayor riqueza y en consecuencia mayor recaudo para la inversión social. Estos países han basado su crecimiento hacia “afuera”, pero vendiendo lo que el resto del mundo necesita y no puede sustituir: la tecnología y los bienes con alto valor tecnológico.

En Colombia, en contraste, el crecimiento hacia afuera ha estado basado en productos agrícolas y en commodities (petróleo y carbón principalmente). Ambos sectores con bienes de poco valor agregado y con bajo volumen de personal altamente cualificado y bajo impacto en materia de generación de empleo de calidad.

El panorama poco halagüeño lo completa la industria que ya no representa gran proporción del PIB, y sólo genera cerca del 12 % del empleo nacional.

La tal “desindustrialización” de la que tanto se habla y que a juicio de muchos vive hoy el país no es más que el resultado de la sustitución de la inversión en educación e I+D+i por la destinación de recursos —tanto públicos como privados— a todas las formas posibles de extracción de renta asociadas a la tierra.

Para completar, la “competitividad” de las exportaciones del país siempre ha estado basada en un tipo de cambio favorable, nunca en la productividad de los factores ni mucho menos en la producción de bienes tecnológicos que exija la demanda de científicos y personal altamente calificado.

Pero la falta de inversión en I+D+i no es solo un asunto de la empresa privada, que hoy pone el 30% de los recursos para tal fin; de esto es también responsable la falta de una política pública coherente y consistente con la evolución tecnológica del mundo. No es gratuito que Colombia ocupe los último puestos tanto en inversión en I+D+i como en número de investigadores dedicados a I+D+i por millón de habitantes, y la consecuencia es que ocupa los últimos lugares en solitud de registro de patentes.

Corea del Sur, Singapur, China, incluso Brasil, han entendido que para ser desarrollado primero hay que ser industrializado y apostaron por alta inversión en educación como porcentaje del PIB e inversión en I+D+i. Han comprendido que se puede sustituir el café, la caña, el carbón y el petróleo; pero además también entendieron que los desarrollos científicos y la innovación, traducidos en tecnología, en inventos y en medicamentos que mejoren la vida de las personas en el resto del mundo no tienen sustitutos. * Profesor Ph.D de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia.

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Oferta académica 2016-2

Un paso por la calidad educativa en las regiones Por NATALIA PIEDRAHITA TAMAYO

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eintitrés programas —diecinueve presenciales y cuatro virtuales— conforman la oferta académica de la Universidad de Antioquia para las sedes y seccionales en 2016-2.

Algunas regiones ven una luz de esperanza en los cursos propuestos para esta ocasión, otras han reclamado la disminución en la cantidad de programas ofrecidos; para ambos casos es importante destacar que el proceso de planificación curricular actual responde a una reforma que se está dando en pro de la calidad y la pertinencia, y que responde a las necesidades territoriales que se han identificado desde los diálogos que la Universidad establece con los habitantes de las regiones.

Pensar en la calidad es trascender la inmediatez; la elección de programas pertinentes para las regiones va más allá de consolidar la oferta para el semestre siguiente; contempla a los municipios antioqueños como engranajes que necesitan del compromiso permanente de la Universidad con sus procesos de transformación social y desarrollo territorial; por todo esto la Dirección de Regionalización y la Vicerrectoría de Docencia trabajan en la actualidad en evaluar, cimentar y optimizar la oferta regional, un proyecto que pretende planear, de la mano de las facultades, escuelas e institutos, que los programas puedan desarrollarse en las regiones para los próximos cinco años.

“Nuestra oferta actual es el resultado inicial de un ejercicio de planeación que parte de un análisis sobre las áreas académicas a regionalizar que hizo el Instituto de Estudios Regionales- INER para el Plan Estratégico de Regionalización. Estamos evaluando detalladamente qué programas se han ofrecido en las regiones hasta ahora y si efectivamente se han abierto las cohortes propuestas para las regiones”, dice Robinson Garcés Marín, asistente de la Dirección de Regionalización.

Para esta oportunidad se destacan la presencia de programas de todas las áreas del conocimiento: ciencias humanas y artes, ciencias de la salud, ciencias exactas y naturales; ciencias económicas e ingeniería, así mismo el programa Técnica Profesional en Atención Pre-hospitalaria en cuatro regiones simultáneamente. Como novedad, el programa Contaduría Pública llegará por primera vez a la Seccional

Bajo Cauca y el avance más significativo lo constituye el crecimiento de la oferta de programas presenciales en las sedes de Amalfi y del Distrito Minero Segovia Remedios.

El proceso se ha alimentado además de las potencialidades y necesidades territoriales que se han determinado a través de los espacios de conversación establecidos con las regiones: Cátedras Abiertas Regionales, diálogos del Rector con la comunidad y diversas actividades de docencia, investigación y extensión. La idea de generar un compromiso de cinco años o más por parte de las unidades académicas con los cursos ofrecidos en las sedes y seccionales será una puerta para lograr el objetivo de incrementar la calidad académica.

El caso de la Seccional Urabá La disminución en el número de programas dispuestos en

2016-2 para la Seccional Urabá evidencia un contraste respecto a las nutridas ofertas pasadas: dos programas presenciales para el Centro de Estudios Agroecológicos y Ambientales y la Ciudadela Urabá en Apartadó, y cuatro virtuales con la Sede de Ciencias del Mar como centro de desarrollo de las actividades presenciales; ello obedece a la disposición rectoral de resolver asuntos relacionados con la calidad antes de pensar en la cantidad.

“Antes de pensar en llenar las aulas con muchas personas, debemos garantizarle a cada estudiante que reciba la educación en excelentes condiciones y esto tiene que ver con la planta docente, los programas de bienestar y extensión, y además, con la infraestructura de nuestras instalaciones”, puntualiza Luis Alfonso Escobar, director de Regionalización.

Las dificultades presentadas por la infraestructura que no soportan las condiciones climáticas

en la sede de la Escuela Jesús Mora del municipio de Turbo ha motivado la decisión institucional de no admitir nuevas cohortes allí y buscar otras opciones para el desarrollo de nuevos programas.

“Algunos programas se han reubicado en Ciencias del Mar, lo que ha hecho que esta sede alcance su capacidad máxima. En la actualidad tenemos destinados $3.500 millones para mejorar la infraestructura de las sedes y seccionales, y así posibilitar el desarrollo de actividades universitarias en condiciones de calidad”, concluye.

En el caso de Urabá, y de todas las sedes y seccionales es importante destacar que el número de programas ofrecidos en 2016- 2 no es indicativo de la oferta para los semestre subsiguientes, ya que se mantiene el compromiso de ampliar la oferta de programas, basados en la calidad y en fortalecimiento de las vocaciones regionales.

La evaluación de las ofertas de los últimos años revela que la Universidad ha puesto en circulación territorial los programas de cada área del conocimiento, y que algunas facultades han tenido más presencia que otras en regiones; por ello los directores de las sedes y seccionales y la Dirección de Regionalización trabajan hoy en la formulación de énfasis concretos para introducir en las ofertas y en una propuesta de programas que como Universidad debe pensarse para el futuro.

Las inscripciones en la web estarán abiertas hasta el 18 de abril y la fecha del examen de admisión (en razonamiento lógico y competencia lectora) para estudiantes nuevos será el 16 de mayo.

Los resultados para aspirantes nuevos, reingresos, trasferencias y cambios de programa se publicarán el 1 de junio.

El costo de inscripción para los programas ofrecidos en regiones es de $16.000 y puede adquirirse a través de un sobreflex en cualquier oficina del Banco Agrario en Antioquia. Para los pregrados ofrecidos en Medellín, el valor es de $51.000, que se deben cancelar a nombre de la Universidad de Antioquia en el Banco Popular. La inscripción también se puede pagar en línea en el sitio web: http:// inscripciones.udea.edu.co.

Los interesados pueden consultar los detalles de cada uno de los programas ofrecidos en: http:// www.udea.edu.co menú Estudiar en la UdeA/pregrado/proceso de admisión

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Por DIEGO JARAMILLO GIRALDO

T

ras celebrar 20 años de Regionalización y de la puesta en marcha de la primera Seccional en Urabá, municipio de Turbo, en 1995, la Universidad de Antioquia ha estrechado su relación con los territorios del departamento a través de diversos ejercicios deliberativos y espacios de diálogo, que al día de hoy le permiten a la institución nutrirse de nuevos aprendizajes desde las regiones y reconfigurar su ruta de acción en lo concerniente a su proceso de descentralización; todo ello en un escenario que reta a la institución a pensar nuevas formas de relación con los actores locales en el marco de la construcción de un nuevo plan de desarrollo 2017-2026, que aporte de forma contundente, desde la educación superior, a un eventual acuerdo de paz en el ámbito nacional.

El rector, Mauricio Alviar Ramírez, ha insistido en que la regionalización es un tema medular para la institución, no solo por el aporte que hace en la formación del talento humano regional, sino por “la invaluable contribución que hace la Universidad al fortalecimiento del tejido social en los territorios y, sobre todo, por la conexión necesaria entre educación superior, desarrollo, competitividad y construcción de ciudadanía”, temas en los que se han abierto espacios de diálogo que le dejan a la Universidad y las regiones importantes reflexiones.

El 2016 inició para la Universidad con una amplia agenda de encuentros regionales con alcaldes, autoridades locales y agentes sociales de los diferentes municipios del departamento, espacios en los que se viene propiciando una deliberación abierta respecto al rol que tienen la educación superior y la universidad pública en los contextos territoriales, de cara al posconflicto y los proyectos económicos y de competitividad que se avecinan para Antioquia; al mismo tiempo que se definen asuntos como los énfasis académicos de la Universidad en cada una de las regiones en su proceso de descentralización.

En reciente visita al municipio de Yarumal, el Rector señaló que “la Universidad tiene que intervenir de maneras diferenciadas en las regiones, no solamente en términos de los programas que se ofrecen, sino en términos de docencia, investigación y extensión”. Agregó además que las condiciones, las capacidades y las dotaciones de los territorios en términos de sus recursos humanos y físicos hacen obligatoria una diferenciación y

Encuentro de las directivas con la comunidad universitaria de la seccional del Magdalena Medio antioqueño.

La Universidad en diálogo con las regiones una intervención escalonada, de acuerdo con los grados de evolución en cada una de las regiones.

“No es lo mismo —dijo— el nivel de desarrollo de la Universidad de Antioquia en Urabá, a lo que hace en Norte o el Valle de Aburrá, por ejemplo”.

“Lo que pretendemos con la educación superior es cerrar brechas de desarrollo inequitativo y generar una mayor calidad de vida para las comunidades. La Universidad juega un rol fundamental en esa tarea teniendo en cuenta el contexto territorial y para ello necesitamos de los aportes y reflexiones emanados desde las regiones para repensar la Universidad en los próximos 10 años”, indicó Alviar Ramírez.

En abril se tienen previstos cuatro nuevos ejercicios de diálogo regional entre alcaldes, autoridades locales y el rector en las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá y Oriente antioqueño, con miras a avanzar en compromisos de las administraciones municipales para el fortalecimiento de la Universidad en las regiones y para definir líneas de acción de cara a los próximos 10 años.

Las regiones le hablan a la Universidad Pero no solo las convenciones con alcaldes y las visitas del rector

a las regiones han sido los únicos escenarios de diálogo reciente de la Universidad con los actores locales y territoriales. En el marco de las celebraciones por los 20 años de regionalización, se adelantaron las Cátedras Abiertas Regionales en torno al tema de construcción de paz y educación superior.

“Estos espacios fueron pretexto para promover una reflexión en torno al proyecto universitario de regionalización como oportunidad de encuentro, reconocimiento y debate entre los estamentos universitarios, los gobiernos a distinta escala y los actores de los territorios en los que se ha hecho presencia durante más de 20 años del proceso. Como parte del debate y la reflexión, se promovió la deliberación a través de las Cátedras Abiertas Regionales, abordando uno de los temas más neurálgicos de la realidad colombiana: la necesaria salida al conflicto armado que el país padece desde hace más de 50 años, a través de formas civilistas y alternativas a la armada, que potencien la construcción y vivencia de la paz”. (Documento de sistematización de las Cátedras Abiertas Regionales, Dirección de Regionalización).

En Urabá, por ejemplo, en el marco de estas cátedras, los invitados en representación de las fuerzas vivas de la región plantearon que “la Universidad debe con-

tribuir a mejorar la competitividad de las regiones, bajo el entendido de que el conocimiento, derivado de la investigación y la formación del talento humano, incrementa la productividad de las personas, lo que se traduce en mayor bienestar para sus habitantes. Así mismo, una población más educada es menos violenta, siendo la educación un camino para la paz”.

Por su parte en la región de Oriente los actores locales plantearon que “la instalación de la Universidad de Antioquia en la región, como entidad pública, ha sido la principal forma de atención del Estado y su labor ha contribuido a la construcción de la paz”. Así mismo, señalaron que “si bien se ha avanzado en la formación del talento humano, el acceso a la Universidad para los jóvenes de los municipios más apartados sigue siendo difícil.

Para contribuir a la construcción de la paz, la Universidad debe ayudar a los actores locales a integrarse alrededor de proyectos de desarrollo regionales”.

Las propuestas y reflexiones derivadas de los diferentes espacios de diálogo regional serán sistematizadas por la Dirección de Regionalización como insumo para orientar los ejercicios de planeación y análisis que posibiliten a la Alma Máter un verdadero salto cualitativo en su proceso de descentralización.

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Situación de los maestros de instituciones oficiales de Antioquia

Urge formación de posgrado de calidad Hay un debate casi que interminable, de si basta saber matemáticas para enseñar matemáticas o si es importante saber más pedagogía y menos matemáticas para enseñar matemáticas. Este aspecto ha sido crucial para continuar implementando los programas de licenciaturas en matemáticas que respondan a la necesidad de formar maestros para fomentar el gusto por esta disciplina, pero al parecer no ha sido una respuesta efectiva…

Por BENJAMÍN BURITICÁ TRUJILLO*

1. Importancia de la Maestría A pesar de la voluntad política y de las actitudes que muestran muchos educadores, para iniciar un cambio efectivo en el sistema educativo colombiano y antioqueño en particular no existen ofertas suficientes, adecuadas y acordes con las reales necesidades de los docentes, sobre todo en cuanto a la enseñanza de los saberes específicos. De alguna manera, sigue predominando la tendencia que “habla” del objeto a enseñar, sin conocerlo con la debida profundidad.

La Maestría en Enseñanza de las Matemáticas que ofrece la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales busca mejorar el desempeño del docente en el aula de clase y, por tanto, no es un posgrado fundamentado en formación pedagógica de maestros, que es lo que se supone deben hacer las facultades de educación en sus programas de licenciaturas, sino en su saber didáctico particular.

La didáctica de los saberes específicos, en este caso de la matemática, es redefinida de modo que en ella se integran los componentes fundamentales para un aprendiza-

je significativo y de calidad, para lo cual se requiere, por lo menos considerar los siguientes aspectos: Los constructos de la cultura universal que deben ser conocidos y conservados por la cultura actual (selección de contenidos temáticos).

Las temáticas particulares que deben tratarse según las necesidades nacionales y regionales.

Las estrategias de intervención pedagógica y didáctica que optimicen la participación de los estudiantes y de los docentes.

Hay un debate casi que interminable, de si basta saber matemáticas para enseñar matemáticas o si es importante saber más pedagogía y menos matemáticas para enseñar matemáticas. Este aspecto ha sido crucial para continuar implementando los programas de licenciaturas en matemáticas que respondan a la necesidad de formar maestros para fomentar el gusto por esta disciplina, pero al parecer no ha sido una respuesta efectiva, muestra de ello son los resultados de nuestros estudiantes en las diversas pruebas que realiza el Ministerio de Educación Nacional.

Por tanto, en el actual momento no se trata de abordar el tema de la formación de maestros, sino de las carencias que tienen los maestros en el saber disciplinar, en este caso las matemáticas, de ahí, la importancia de compartir con los maestros la gran preocupación de la enseñanza de las matemáticas y de desarrollar programas, más que de investigación, en profundización, que aporten al desarrollo del saber específico de las matemáticas.

Afirman algunos educadores “que es más importante para los maestros tener un conocimiento profundo de las matemáticas en el nivel que enseñan más que tener conocimientos avanzados”, y es precisamente ahí en donde apunta la propuesta en cuestión, ya que nuestros maestros carecen de conocimientos profundos, por tanto se pretende desarrollar programas de maestría en profundización, en los que los contenidos matemáticos sean, precisamente, profundos y con un alto significado para la práctica docente del maestro.

La formación de maestros en matemáticas está vinculada a los programas de pregrado, es decir a las licenciaturas en matemáticas, ofertados en las facultades de educación, así que programas como la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas no se ocupa de esta tarea, porque nuestra realidad es que la gran mayoría de los maestros de escuela y de enseñanza media no están formados en estos programas, pero sí están ejerciendo su labor como maestros de matemáticas, con dificultades grandes en el saber que imparten.

Los problemas son reales, no es necesario hacer investigaciones profundas y a largo plazo para evidenciar la problemática tan grande que se está viviendo con la alta deserción de estudiantes en los cursos de matemáticas en los programas de ingeniería y afines.

Además, las pruebas estandarizadas (Icfes, Saber, entre otras) dan cuenta de esta cruda realidad en la que estamos inmersos.

Existe infinidad de juicios de

valor que emergen de la problemática vivida por los docentes de las regiones antioqueñas, quienes manifiestan abiertamente que les urge consolidar sus conocimientos en matemáticas, ya que no fueron formados en esta área del saber, por ello no se hace necesario que se haga una investigación de alto nivel para evidenciar esta realidad, como tampoco es necesario respaldar estos juicios de valor con investigaciones realizadas en contextos internacionales que desconocen la realidad social en que vivimos.

Aquí se trata de interpretar las prácticas docentes vividas por los maestros en su contexto cultural y darle respuesta a sus necesidades, intereses y problemas por los que se encuentran atravesando. El aspecto crucial es que la propuesta académica en cuestión no garantiza un éxito, pero carecer de ella es sinónimo de torpeza intelectual.

2. Situación de los maestros La presencia de la Universidad de Antioquia como factor determinante de la calidad de la educación en las regiones antioqueñas es mucho menor de lo que se ha dicho y creído. Según datos oficiales de la secretaría de Educación de Antioquia, de los cerca de 11.117 maestros de Antioquia a 8 de mayo de 2014, solo 1.616, o sea el 14.5%, son formados por la Universidad y casi el 85% restante por otras instituciones. De otra parte, 80% de los maestros de Antioquia son formados en instituciones no acreditadas y cuya calidad es bastante dudosa.

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Quiere decir que la Universidad solo forma la décima parte de los licenciados que trabajan en regiones de Antioquia, e instituciones como el Tecnológico de Antioquia muy pronto la sobrepasarán.

En el caso de la formación posgraduada la situación es verdaderamente lamentable: De los 11.117 maestros de Antioquia, 5.610 tienen formación posgraduada, o sea el 50.46%, y 5.530 son especialistas, o sea el 49.7%. Veamos en qué se especializaron la inmensa mayoría de los 5.530 maestros, cuál es el título dominante y de qué universidad del país. La tabla es obtenida a partir de información de la secretaría de Educación de Antioquia a 8 de mayo de 2014: Orden

En el caso de la formación de docentes en el área de las matemáticas, principalmente de aquellos encargados de la educación básica y media, ella no parece responder a los requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Suponiendo la voluntad de cambio, éste no puede darse sin un conocimiento adecuado de los elementos que lo posibilitan; es decir, el saber específico y el saber didáctico particular.

En el caso de Antioquia, el panorama es desolador: sólo 97 maestros, de los 11.117 consultados, tienen título de Licenciado en

Matemáticas de esta institución, menos del 0,1%, y solo 4 tienen título de Matemático expedido por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Análoga situación se presenta con los saberes específicos en física, química y biología donde solo 24 maestros exhiben cualquiera de estos títulos. No es cierto, entonces, que profesionales de otras disciplinas se estén tomando los cargos de maestros oficiales.

Veamos la siguiente tabla que se obtiene a partir de información de la secretaría de Educación de Antioquia a 8 de mayo de 2014:

Maestros de Antioquia según institución donde obtuvieron título de licenciado Orden

Universidad

Graduados Porcentaje

1

Universidad de Antioquia

1.290

11.60%

2

Tecnológico de Antioquia

1.021

9.18%

3

Fundación Luis Amigó

788

7.08%

4

Politécnico Jaime Isaza Cadavid

672

6.04%

5

Universidad San Buenaventura

601

5.40%

6

Universidad Católica de Oriente

560

5.03%

7

Universidad Tecnológica del Chocó

554

4.98%

8

Universidad de Córdoba

401

3,60%

9

Universidad Cooperativa

397

3,57%

10

Otras instituciones

4.013

36.10%

12

Sin título de licenciado

820

7.37%

Universidad

Título

Graduados

Porcentaje

1

Fundación Universitaria los Libertadores

Especialista en pedagogía de la recreación ecológica

1.959

35.4%

2

Fundación Universitaria del Área Andina

Especialista en gestión ambiental

1.152

20.8%

3

Corporación Universitaria Remington

Especialista en gerencia informática

713

12.9%

4

Universidad Católica de Manizales

Especialista en gerencia educativa

517

9.3%

5

Universidad de Santander UDES

Especialista en administración en informática educativa

445

8.%

6

Fundación Especialista en Universitaria Juan lúdica educativa de Castellanos

350

6.3%

Arriesguemos unas primeras preguntas mientras se hace un análisis más minucioso: • De los 5.530 maestros de Antioquia que tienen especialización, el 92.7% se especializa en universidades desconocidas y ninguno se preocupa por abordar la profundización de un saber específico.

• Sus campos de especialización suscitan muchas reflexiones como Especialista en pedagogía de la recreación ecológica. ¿Qué es eso?

• ¿Cómo hacen estas fundaciones para graduar tantos maestros de regiones antioqueñas con malas vías de comunicación?

• Si, por ejemplo, la Fundación Universitaria Los Libertadores ha graduado casi 2.000 especialistas, eso significa que trabajando juiciosamente durante 20 años tendría que graduar 100 especialistas al año. ¿Eso es posible?

• La página web de la Fundación Universitaria Los Libertadores afirma en su plan de estudios lo siguiente: “Esta Especialización es totalmente lúdica y recreativa, no se dejan actividades para realizar en casa, pues la idea es que en el tiempo de los encuentros tutoriales, se presente y desarrolle el módulo, por medio de actividades lúdicas, de juego, recreativas”. ¿Eso es posible?

• Si como se puede sospechar, los programas no son presenciales, entonces cuál tipo de virtualidad se tiene.

El estado de la educación pública en las regiones antioqueñas no permite utilizar a plenitud toda la infraestructura física instalada en las regiones, debido a que los estudiantes aspirantes no logran

superar el puntaje de corte que exige la Universidad de Antioquia.

Hay, por tanto, una inmensa necesidad de formar magísteres que se responsabilicen de la enseñanza y el aprendizaje de saberes específicos y en particular del saber específico de las matemáticas, necesidad que se evidencia en el estado de la educación básica y media en las regiones antioqueñas Una salida viable a esta situación tiene que ver con el fortalecimiento y apoyo por parte de la institución con estas nuevas maestrías basadas en metodologías virtuales.

Cuando se sabe que se puede llegar en menor tiempo de Medellín a Manizales que del Bagre a Caucasia o de Támesis a Andes, se entiende por qué el modelo exitoso de regionalización debe ser revisado haciendo hincapié en este modelo virtual, que no es más que un modelo presencial mediante mecanismos de tecnología.

Los estudiantes que se han graduado pueden dar fe del éxito de esta nueva forma de trabajo y como me lo han dicho muchas veces se sienten agradecidos porque la institución les facilitó estos estudios.

Ahora que todos hablan de posconflicto, creo que no hay otra manera de acceder a cualquier parte del territorio antioqueño en actividades de alfabetización y educación de adultos, en condiciones que garanticen éxito, que esta metodología, y la Universidad de Antioquia es pionera en este tipo de acciones mediante el programa “udearroba” (ude@). * Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia

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El sabor agridulce del aseguramiento de las licenciaturas En la actualidad sólo el 16.5 % de los programas de licenciatura que tienen registro calificado vigente tienen acreditación de alta calidad; la meta del MEN, en un período de cuatro años, es que esta cifra llegue al 90%.

Por CARLOS ARTURO SOTO LOMBANA*

L

as nuevas disposiciones en materia legal que sancionó el Ministerio de Educación Nacional —MEN— para asegurar la calidad de los programas de licenciatura en el país, tiene un sabor agridulce. Si bien es cierto que desde hace dos años el MEN venía ambientando la discusión de los “lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación” ante asociaciones, facultades y profesores, y a pesar de la circulación de muchos borradores del proyecto de resolución, que concitaron muchas reuniones y pronunciamientos escritos por parte de universidades y asociaciones, una vez conocidos el Decreto 2450 de diciembre 17 de 2015 y la resolución 2041 de febrero 3 de 2016 emergen puntos encontrados que vale la pena analizar.

La parte dulce de las nuevas condiciones de calidad tiene que ver con el propósito del Estado, desde el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015), de exigir el fortalecimiento académico de los programas de licenciatura en Colombia. La mencionada ley da un plazo de dos años para que los programas de licenciatura que a la fecha tengan cuatro cohortes de egresados obtengan la acreditación de alta calidad, so pena de perder los registros calificados y por consiguiente no poder volverse a ofertar a la sociedad. En la actualidad sólo el 16.5 % de los programas de licenciatura que tienen registro calificado vigente tienen acreditación de alta calidad; la meta del MEN, en un período de cuatro años, es que esta cifra llegue al 90%.

No obstante, es aquí en donde aparece el sabor agrio, pues ni la ley, ni el decreto ni la resolución mencionan recursos nuevos o fondos a los que las instituciones de educación superior —IES— puedan recurrir para cumplir con las nuevas exigencias de calidad. Lo anterior quiere decir que no se ha contemplado nuevos recursos es-

En lugar de “acabar” con los conceptos de metodología virtual y metodología a distancia, el MEN debería trabajar en la reglamentación y en los estándares para que estas metodologías se puedan usar con calidad en la formación de los licenciados y otros profesionales. El país tiene un gran atraso en su sistema de educación superior y gran parte de la geografía colombiana todavía no puede acceder a la formación universitaria. tatales para que las IES incorporen en sus nóminas nuevos docentes, amplíen los espacios curriculares para las prácticas pedagógicas, creen fondos para incrementar la movilidad nacional e internacional de sus profesores y estudiantes, fomenten la creación de grupos de investigación y la producción científica de sus comunidades académicas en educación y fortalezcan la competencia en el dominio de un segundo idioma de los estudiantes en el nivel B1 del marco común europeo.

Tener programas de pregrado con acreditación de alta calidad requiere de importantes inversiones que muy difícilmente muchas IES podrán hacer, con lo que se prevé que, llegada la fecha del 9 de mayo de 2016, muchas IES no

presentarán solicitud de radicación de acreditación de sus programas ante el CNA. No conozco si el MEN tiene previsto este escenario de una reducción sustancial de la oferta de programas de licenciatura en el país y los efectos en territorios y/o departamentos en donde desaparecerán muchos programas de formación docente.

Por otra parte muchos esfuerzos de regionalización y/o ampliación de cobertura de las IES no podrán continuar ante la imposibilidad de que las extensiones de los programas reúnan las condiciones de calidad de la que habla la ley. De aquí que la oferta de formación de profesores quedará en IES que gozan de acreditación de alta calidad y/o IES que han logrado acreditar sus programas de licenciatura, pero

circunscritas a las zonas en donde operan sus campus.

Por otra parte el MEN ha tomado la decisión de “acabar” con los programas de licenciatura ofrecidos por metodología virtual y al definir las condiciones para ofertar los programas por metodología a distancia también ha desdibujado lo que significa el concepto “a distancia”. Dice la resolución 2041 de 2016 que, en todo caso, independiente de la metodología adoptada por la IES, los programas no podrán tener una presencialidad mínima de 90 créditos, dentro de los cuáles 50 créditos deberán dedicarse a la realización de prácticas pedagógicas.

En lugar de “acabar” con los conceptos de metodología virtual y metodología a distancia, el MEN debería trabajar en la reglamentación y en los estándares para que estas metodologías se puedan usar con calidad en la formación de los licenciados y otros profesionales.

El país tiene un gran atraso en su sistema de educación superior y gran parte de la geografía colombiana todavía no puede acceder a la formación universitaria. * Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.

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Nuevo programa de Ingeniería Aeroespacial Por ELIZABETH CAÑAS

E

l programa que ofrecerá la Universidad a partir de 2017 formará a ingenieros aeroespaciales que respondan a las demandas del sector aéreo y a las necesidades de tecnología espacial y sus aplicaciones declaradas oficialmente por el Estado colombiano.

El nuevo programa capacitará en diseño de sistemas aéreos y espaciales, sobre los materiales y las estructuras aeroespaciales; la generación y transformación de energía para propulsar vehículos en la atmósfera y en el espacio; la integración de sistemas satelitales, así como en el control de vehículos que vuelan.

“Es un programa ambicioso pero coherente con las aspiraciones regionales, con la presencia de la empresa privada en los cielos colombianos y la vocación universitaria de aportar al país y a la industria aeronáutica local. En este último propósito se considera también que en el caso de Avianca, está en proceso de instalar una base de mantenimiento de clase mundial en el oriente antiqueño, donde impulsará desarrollos aeronáuticos para beneficiar la cadena de suministro del sector; serán necesarios profesionales y talento humano para reacondicionar aeronaves, hacer mantenimiento y reparación”.

Así lo explicó Pedro León Simanca, jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia, quien lidera la estructuración del programa y justifica que se trata de una propuesta que supera el interés de adquirir habilidades en el campo aeroespacial, porque está abierto a la formación e investigación de tecnologías y aplicaciones derivada, por lo cual se ofrecerán las líneas de profundización: aviación aplicada, vuelo atmosférico y vuelo espacial.

Por su parte, el profesor Julián Mauricio Arenas, asesor programático, resaltó que en el país la formación aeroespacial es una necesidad sentida, y aunque estamos atrasados en el desarrollo satelital, la realidad en materia aeroespacial para América Latina ha cambiado.

“No solo el abaratamiento de los artefactos satelitales, sino la

La Universidad aspira a graduar los primeros ingenieros aeroespaciales en 2021 y cuenta con la seccional Oriente para iniciar el programa, único en su género en Colombia.

masificación de artefactos como los micro satélites, los sistemas aéreos no tripulados UAS2, popularmente conocidos como drones, entre otros adelantos, están siendo implementados en todo el mundo y las tendencias del “new space bussiness” o nuevos negocios basados en el espacio, están abriendo posibilidades a los países en desarrollo que no son ajenas a Colombia”.

A ello contribuyen las expectativas. La firma canadiense Deloitte estima que para 2019 las ganancias del sector a nivel mundial serán del orden de los 516 billones de dólares. En el caso de Colombia, se ha registrado un crecimiento de la industria aérea del 200% en los últimos diez años y se espera que continúe en ascenso a un ritmo del 20% durante el próximo lustro.

Programa de alto vuelo El programa Ingeniería Aeroespacial no solo tiene alto vuelo por relacionar el conocimiento necesario para el sector aeronáutico y el espacial, sino también por integrar otras áreas como: las telecomunicaciones, la ingeniería ambiental, el saber oceanográfico, la gestión del conocimiento, la investigación,

los asuntos políticos y legales asociados a la aeronáutica, a la astronáutica y astronomía, entre otros. En esta última disciplina la Alma Máter cuenta desde 2009 con un programa de pregrado único en el país y en los países andinos.

Para el desarrollo del pregrado será necesario instalar a lo largo de cinco años laboratorios en aerodinámica, sistemas espaciales, vehículos autónomos y percepción remota e incluso se prevé contar con un túnel de viento o aerodinámico, con el fin de estudiar los movimientos de aire y realizar simulaciones que faciliten la investigación. Para ello se estima una inversión de $600 millones de pesos.

No obstante, “Estamos en el momento preciso para dar inicio a este programa y las condiciones están dadas tanto en la parte académica como en el relacionamiento de conocimientos que tiene para beneficio del país esta Universidad”, dijo el profesor Arenas.

Por otro lado, se tiene el acompañamiento de instituciones de talla mundial como Purdue, MIT y NASA, y también de universidades y empresas colombianas interesadas en generar sinergias

y proyectos conjuntos, así como mejor disposición gubernamental tanto local, regional y nacional para consolidar un proyecto de alto beneficio para el país.

De hecho, comentó el profesor Simanca, “cuando iniciamos este proyecto y después de indagar sobre la realidad aeroespacial en Colombia, comprendimos que la aviación en Brasil nos lleva mucha ventaja debido a la falta de visión de los gobernantes de nuestro país para facilitar las condiciones de ingreso de compañías interesadas en establecer su producción en el territorio nacional, como fue el caso de la empresa fabricante de aeronaves Embraer”.

Y concluyó que se trata de una gran oportunidad, con una visión de desarrollo inmensa. “El programa se ofrece en universidades de Argentina, Brasil, Chile y Méjico en Latinoamérica, pero es el primero en su condición de aeroespacial en Colombia. Esto representa un distintivo para enfrentar los retos no solo de la aviación, sino también para trabajar desde la academia con la visión y la formación para tomar ventaja por fuera de la atmosfera terrestre”.

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Lengua y cultura en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas Por DIANA MARCELA LONDOÑO y PAULA ANDREA ECHEVERRI

lengua extranjera objeto de estudio. Para explicar esta visión, Arismendi se vale de Claire Kramsch (2013) que presenta la perspectiva posmodernista que no concibe la cultura como asociada a un solo país o grupo de países donde los aprendices de lenguas no cambian su identidad al aprender una lengua extranjera, por el contrario esta se confronta y se enriquece.

Para Gómez, el traductor deberá ser consciente de ese carácter peculiar o ‘situacional’ de la cultura a la que pertenece el texto que desea traducir; deberá saber discernir los rasgos que individualizan esa cultura; deberá interpretar y traducir no solo el texto sino también ese contexto que es la cultura.

M

uchos han sido los autores que han abordado la relación entre lengua y cultura desde diferentes saberes y disciplinas. En el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, lo cultural ha cobrado mayor protagonismo con la creciente influencia de teorías interculturales. El Marco Común Europeo de Referencia (MCER), que es uno de los referentes que establece niveles de competencia comunicativa en segunda lengua o lengua extranjera, es el marco en el que se basan las políticas de lengua extranjera en nuestro país. Este se basa en nociones de cultura que se corresponden con contextos europeos y que, traídas al contexto colombiano, pueden resultar problemáticas, por cuanto son nociones eurocéntricas y hegemónicas. Por ejemplo, se promueve la idea de que aprender la lengua del otro implica aprender su cultura, su forma de ser y de actuar en el mundo, lo cual se convierte en requisito para integrarse a las comunidades que hablan la lengua.

Atendiendo a estos y otros interrogantes, la Escuela de Idiomas propició un espacio para la comunidad académica en el que los profesores Fabio Arismendi, John Jairo Gómez y Martín Jiménez, con la moderación de la profesora Paula Echeverri, reflexionaron sobre la relación entre lengua y cultura en la formación de traductores, maestros y profesionales de otras áreas.

A continuación, apartes de dicha reflexión, que buscan fortalecer la temática en torno a las lenguas y las culturas en la Alma Máter y en la sociedad.

Relación entre lengua y cultura Los profesores estuvieron de acuerdo en que estos conceptos guardan una relación simbiótica que se influencia del entorno, afecta nuestra relación en el mundo y nuestra forma de verlo. Para Gómez dicha relación se puede observar en muchos casos registrados por diversas disciplinas, como la lingüística, la antropología, la historia, la filosofía. Por ejemplo, en el caso de la antigüedad griega, se tenía la idea de que los persas, los árabes, los hebreos y, en general, los pueblos que hablaban lenguas camitosemíticas eran ‘bárbaros’ porque no hablaban griego. Para

Posibilidad de una educación intercultural

El Festival Multilingua es una muestra de la conjunción entre lenguas y culturas. el profesor Arismendi, la íntima relación entre estos conceptos obliga a que los docentes incluyan de manera consciente lo cultural en los procesos de enseñanza de las lenguas. Para el profesor Jiménez, dicha relación activa y constante entre lengua y cultura ha sido enriquecida desde la interculturalidad a través de las diversas dimensiones de la interacción humana y cultural.

Evidencia de esta relación en la formación de traductores, maestros y profesionales de otras áreas En el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras, dicha relación se hace mucho más evidente desde el concepto de competencia comunicativa intercultural, que según explica Jiménez implica que para actuar interculturalmente se requiere primero abordar al otro y lo otro, reconocerlos y permitir el desarrollo de las transacciones lingüísticas y culturales en un encuentro de afectaciones mutuas.

En el caso de los maestros de lenguas, Arismendi manifiesta que los maestros deben desarrollar su propia competencia comunicativa intercultural y contribuir a la formación cultural de sus estudiantes preparándolos para el encuentro intercultural.

Para Gómez, la formación de los traductores y la práctica misma de la traducción se entienden en una dimensión amplia, que supera la estrecha concepción de la traducción como mero intercambio lingüístico de un mensaje de una lengua a otra. Al traducir un texto, el traductor se dispone al traslado de un contenido vertido en estructuras lingüísticas ajenas hacia las estructuras de su lengua que abarca los diversos niveles de la lengua y otros sistemas simbólicos: las creencias, las ideologías, los valores, los mitos, etc., toda esa compleja trama en la que están inmersos la lengua extranjera y el texto por traducir.

¿Cuál cultura?

Para Jiménez, no es pensando la cultura como ese concepto clásico que la centraba en las creaciones artísticas eurocéntricas como podemos acercarnos a su comprensión. Además de la expresión artística y los usos tecnológicos, hay que incorporar dimensiones políticas, y discursivas en el acercamiento al concepto.

Arismendi explica que en la enseñanza de lenguas extranjeras ha prevalecido una visión de cultura equivalente a una simple lista de información sobre un determinado país o países donde se hablaba la

Gómez ve la educación intercultural en la formación del traductor como algo posible y tan necesario como el conocimiento de la lengua extranjera, ya que los seres humanos podemos intervenir sobre nuestras condiciones: “el ser humano no nace, se hace”, decía Sartre, y este principio, el central del existencialismo, también es muy útil para la interpretación del fenómeno cultural.

En el caso de los maestros y otros profesionales, para Arismendi y Jiménez resulta esencial una formación intercultural donde se desarrolle una visión crítica de la cultura, de la propia construcción de la identidad y de las representaciones que se tienen del otro y de su cultura.

“Reconocimiento del otro” Gómez y Arismendi comparten la idea de que el reconocimiento del otro es el objetivo principal de una educación intercultural y que en el encuentro con el otro descubrimos quiénes somos y construimos nuestra identidad. Cuando nos acercamos a una lengua y a una cultura foráneas nos disponemos a vivir una experiencia que puede poner en cuestión nuestras certezas. Descubro entonces que el mundo no es mi mundo, la pequeña isla en la que ha transcurrido mi existencia. Gómez explica que ese conocimiento es como una revelación, una experiencia que algunos escritores, como Octavio Paz, han llamado la otredad: “mi yo eres tú”. Cuando emprendemos el estudio de una lengua extranjera nos disponemos a ponernos en otro lugar, en el lugar del otro, nos acercamos a su perspectiva, a sus categorías de pensamiento, a su manera de concebir y nombrar la realidad. Este es un primer reconocimiento que se le otorga al otro.

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Cartografías para la autonomía territorial Por ÁNGELA AGUDELO

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uchas comunidades en Colombia se han vuelto más visibles e inciden en las políticas públicas, gracias al ordenamiento que hacen de su territorio a través de la cartografía.

“Hay veces, si uno mira los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi —Igac—, que es el ente rector de la información geográfica y cartográfica en el país, que no existen los nombres de unas comunidades, no existen unos ríos, hay unas zonas que están dudosas…”, afirma Willinton Murillo, profesional del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato —Cocomacia—, que trabaja por 45 mil habitantes de dos departamentos, representados en 124 consejos comunitarios locales. Él, como muchos otros líderes, es consciente de que se requiere hablar el mismo lenguaje de los otros para que todos entiendan y puedan ayudar.

“A través de la cartografía social —agrega— pudimos dibujar nuestros ríos, nuestras quebradas con sus nombres; dónde están ubicados nuestros asentamientos realmente, saber qué teníamos en el entorno en cuanto al tema del bosque, de la flora, de la fauna, las zonas de conservación que visionábamos”, explica.

Pero, ¿qué es la cartografía social?

“Es un proceso que implica la apropiación de métodos y enfoques de la cartografía convencio-

nal, pero a partir de intereses y de enfoques que tienen las comunidades sociales”, responde la docente Johana Herrera, del Observatorio de Territorios Étnicos, de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana.

Los dos expertos fueron ponentes del IV Seminario internacional de estudios socioespaciales “Nuevos mapas y contra-mapas”, que realizó el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, en Medellín, del 16 al 18 de marzo.

Necesidades El propósito de este ejercicio, en palabras de Willinton Murillo, es “incidir y ver cómo de una u otra forma ayudan desde el Gobierno a transformar ese poco de necesidades que tenemos”. Por eso, recurren a lo técnico, para que el Gobierno conozca las condiciones en las que viven y las amenazas que han tenido en el marco del conflicto armado y de los desastres naturales, entre otras dificultades.

Se trata de comunidades que están en procesos de disputa por la tierra, por los recursos naturales y que hacen sus propias representaciones de los lugares que habitan, intentando con éstas, en la mayoría de los casos, acceder a derechos de uso o de propiedad sobre estos lugares, según la investigadora de la Universidad Javeriana.

“Es un proceso muy complejo que implica por supuesto la elaboración de mapas, pero también la elaboración de narrativas históricas sobre el devenir de estas comunidades y sus posibilidades a futuro”, resalta. En su opinión, el Estado está en mora de reconocer a los afros y la posibilidad de propiedad colectiva en el Caribe. “Eso

es una urgencia y es un derecho que tienen estas poblaciones”.

La experta compara las titulaciones otorgadas, desde la promulgación de la Ley 170, a comunidades negras en el Pacífico, que poseen más de 5 millones 200 mil hectáreas y más de 170 títulos colectivos, en contraste con el Caribe, donde “hay dos mil y pico de hectáreas y cuatro títulos colectivos”.

Si la población afro del Caribe hiciera uso de estas figuras de uso preferente, podría proponer un mayor control a la industria minera que hay, así como al tema de plantaciones forestales y de cultivo de palma africana allá, según Johana Herrera.

Conflicto y paz Entre las tres cartografías que se han podido realizar en la región —Valledupar, Montes de María y la zona insular de Cartagena—, destaca los avances en Montes de María. Estos habitantes “fueron priorizados en los procesos de restitución de tierras con enfoque étnico, y eso fue gracias a todo el trabajo de visibilidad que ellos hicieron con su trabajo de cartografía social”, dice.

Reconoce que Valledupar también está siendo tomado por el Estado como un caso de reparación colectiva. “Pensamos que toda esta legislación de la transición hacia la paz puede ser la oportunidad para saldar esas viejas deudas que se tienen con las comunidades en torno a la tierra. Es la posibilidad de que sean “casos emblemáticos, que se pueden trabajar a profundidad, pues tienen que ver con más de seis, siete, ocho años de mapeo social participativo en estas zonas”, resalta.

En el Pacífico, por su parte, Willinton Murillo señala que el ejercicio de la cartografía social es prioritario para Cocomacia, porque genera orden y éste, a su vez, permite el empoderamiento y el desarrollo de procesos que les para ser más analíticos y precisos a la hora de tomar de decisiones.

“Se ha ido generando una autonomía gracias al conocimiento del territorio, más allá de la aplicación de lo técnico, que ha servido también para el empoderamiento y que la gente quiera permanecer en su territorio”, expresa.

La Asociación de Cabildos Indígenas Nasachacha, que trabaja por 17 resguardos (34 mil pobladores) en 168 mil hectáreas de PáezBelalcázar, también estuvo en el seminario. Según su representante, Guillermo Santamaría, hay en esta zona del sur del país, un conflicto natural por erupción volcánica, un conflicto sobre el manejo de la tierra, que es no apta para la agricultura, y el conflicto armado.

“Nosotros somos pioneros en el ejercicio de la cartografía; fuimos creadores del ejercicio de la cartografía social desde 1984.

Hemos ido indagando, y ahoritica construimos escenarios de poligrafías sociales porque ahora, en vez de una, hay múltiples maneras de ver”, afirma.

En su concepto, las comunidades tienen una manera diferente de establecer el escenario y pueden construir territorios autónomos que “declaramos nosotros de hecho”. De ahí que tanto él como el líder del Atrato Medio manifiesten sus temores frente al posacuerdo Gobierno-Farc. “Las condiciones de un conflicto inactivo es guerra; un conflicto dinámico genera paz”, observa.

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MAPRE trabaja en la erradicación del mercurio en Antioquia El Grupo de Investigación Materiales y Preciosos (MAPRE) trabaja incansablemente para tratar de que los procesos con mercurio utilizados en la minería aurífera sean reemplazados por otros menos perjudiciales. La iniciativa se lleva a cabo en siete municipios de Antioquia con el fin de favorecer el medio ambiente.

Por CARLOS ARTURO BETANCUR V.

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levar a cabo una actividad minera responsable y amigable con el medio ambiente es una prioridad para el grupo de Materiales y Preciosos (MAPRE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En el desarrollo de esta investigación fueron sensibilizadas y guiadas las comunidades en los factores que afectaban su diaria labor, y el grupo hizo recomendaciones para los entables que tenían deficiencias en diversos procesos para extraer y manipular el oro.

La investigación denominada “Atención a la problemática generada por el uso intensivo del mercurio en siete municipios auríferos del departamento de Antioquia, hacia una minería limpia y competitiva”, contó con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y su Secretaría de Minas, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y la Universidad de Antioquia. Dichas instituciones realizaron un convenio con el grupo MAPRE con el objeto de llevar a cabo un programa de capacitación, asesoría técnica y evaluación médica a los pequeños mineros y a la comunidad relacionada con este trabajo sobre los riesgos del mercurio, uso y manejo adecuado del mineral y de sus residuos.

En la primera etapa de la investigación, que se llevó a cabo en septiembre de 2013 y tuvo una duración de cinco meses, se analizaron los malos procedimientos utilizados en el trabajo con el oro y se sensibilizó a la comunidad aurífera. En esa fase se pudo determinar que en los municipios de Andes, Nechí, Zaragoza, Puerto Berrío, Remedios, Segovia y Buriticá, algunos entables tenían malas prácticas en el uso y abuso del mercurio para beneficiar o procesar el oro.

Esos entables trabajaban de forma artesanal el material precioso,

de ahí que la investigación detectó en algunos de ellos equipos demasiado rudimentarios y métodos poco eficientes que deterioraban la salud de los mineros y el medio ambiente; por ello se recomendó a los trabajadores corregir esas malas prácticas en el mediano plazo.

En abril de 2014 inició la segunda parte de la investigación que tuvo una duración de seis meses, en la que se comprobó que algunos entables auríferos acataron las indicaciones del grupo MAPRE en cuanto a los procesos y técnicas utilizadas con el oro; acciones que derivaron en la mejora de aspectos claves como la reconversión del proceso de amalgamación por cianuración en dos entables. Así mismo se alcanzó la optimización de insumos, procesos, características y funcionamiento de los equipos, variables ambientales y locativas, medición del mercurio en el ambiente, cantidad y manejo del mercurio, la amalgama y sus residuos, entre otros.

El profesor Jairo Ruiz Córdoba, investigador del grupo MAPRE que estuvo al frente de este proyecto investigativo, valora el esfuerzo de las comunidades intervenidas

frente a las sugerencias del mercurio. “Tomar medidas preventivas y eficaces en el manejo adecuado de estas labores es un logro, es decir, con técnicas menos invasivas y peligrosas. Lo ideal es establecer procesos con tecnologías limpias sin mercurio, y ojalá sin cianuro, para que el beneficio sea mayor”, indica el ingeniero.

Durante la investigación se conformó una base de datos con la ayuda de las administraciones locales de los municipios involucrados, y también se contó con la información que disponía la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia para hacer un muestreo estadístico de los entables auríferos. Por ello, esta investigación busca que los trabajadores dejen de utilizar el mercurio (Hg), presentándose la cianuración (CN-) como la opción más viable, por el momento, dado que el cianuro se puede controlar y neutralizar a los límites permisibles antes de verterlo a los cuerpos de agua.

Con esta propuesta el grupo pretende que las personas mejoren las prácticas y tomen las correcciones pertinentes frente a su labor, para que las condiciones en todas las

fases sean las adecuadas.

María Eugenia Carmona Arango, investigadora del grupo MAPRE, expresa que los logros alcanzados hasta el momento son muestra de la buena voluntad de los trabajadores de los entables, quienes han visto un beneficio en sus labores diarias. “Lo valioso del proyecto es la disposición para acatar los cambios sugeridos. Pretendemos que se mejoren los procedimientos porque es importante mostrarles que existen métodos alternativos a la utilización del mercurio, los cuales pueden mejorar la salud, el ambiente y su trabajo”, comenta.

En el plano nacional se trabaja arduamente en este aspecto. El Gobierno Nacional mediante la Ley 1658 de 2013 estableció disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país; y en el artículo 3° de dicha ley se refiere a esta práctica de forma categórica: “Erradíquese el uso del mercurio en todo el territorio nacional, en todos los procesos industriales y productivos en un plazo no mayor a diez (10) años y para la minería en un plazo máximo de cinco (5) años”.

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Por ANDREA ARBOLEDA YARCE

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n el habitual encuentro de cada año con el sector solidario, las directivas de la Universidad de Antioquia rindieron el balance de gestión de los recursos aportados por cooperativas, fundaciones, asociaciones mutuales y demás, orientados al bienestar, la sostenibilidad y permanencia de los estudiantes, en ámbitos como la inclusión y la equidad, la participación deportiva, la promoción de la salud, y la cultura.

En la reunión del 9 de marzo, a la que asistieron más de 50 representantes de entidades del sector solidario y del gobierno local y regional, el rector Mauricio Alviar expresó su complacencia y agradeció el permanente acompañamiento a la Universidad y los universitarios.

“Hicimos un balance de los recursos que se invirtieron en 2015; tenemos más de 20 mil estudiantes que se benefician de algunos de los servicios de bienestar universitario y más de 20 mil millones de pesos en recursos que se destinan a todas estas formas de apoyo a la vida estudiantil en la Universidad de Antioquia”, señaló el rector.

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajadores de Edatel —Coeda—, Gonzalo Rivera, calificó de plausible el trabajo realizado por la Institución, y agregó que “es muy importante el acompañamiento que hemos tenido por parte de la Universidad. Con todo lo que nos habló el Rector, tenemos una idea más clara realmente de hacia dónde vamos y dónde queremos llegar”.

“Nos alegramos de saber que estos recursos que invierte el sector cooperativo, las entidades de economía solidaria y tantas otras instituciones que le aportan a la Universidad están siendo muy bien canalizados en favor de la comunidad estudiantil”, dijo el director ejecutivo de la Asociación Antioqueña de Cooperativas —Confecoop Antioquia—, Luis Fernando Gómez.

Además indicó que el sector cooperativo aportó el año pasado cerca de 900 millones de pesos para el proceso de educación solidaria, sin contar que hay otras entidades y cooperativas que destinan directamente recursos que pueden ascender a los 2.500 millones de pesos cada año.

“Vemos unas cifras muy contundentes; es muy significativo saber que la Universidad está apoyando a tanta gente de tantas regiones, que está descentralizando estos programas académicos, que está llegando a las regiones más necesitadas y que está recibiendo en su Alma Máter también gente de todas las regiones”, destacó el directivo de Confecoop Antioquia.

Aspecto del servicio de alimentación para estudiantes.

Positivo balance de bienestar Según el rector Alviar, casi un 60% de los estudiantes de la Universidad reciben algún tipo de apoyo para su permanencia académica y la realización de sus proyectos de vida. Además de la ayuda económica (se entregaron más de 14 mil millones en becas en 2015), se ofrecen programas de promoción en deporte, salud y cultura.

Apoyos sociales para la permanencia y la inclusión La consolidación de aliados estratégicos permitió que 3.007 jóvenes, que no tenían apoyo de ninguna entidad, hicieran parte del programa Jóvenes en Acción del Departamento de Prosperidad Social y que de este modo recibieran acompañamiento económico para el desarrollo de sus actividades académicas y para garantizar su permanencia en la Universidad. Así mismo, aliados como la fundación Bancolombia y LUNMI hicieron parte de la creación del programa Sueños de Paz, que brindó apoyo económico a 107 estudiantes, entre ellos 6 con capacidades especiales.

Las nuevas gestiones incluyen el servicio de alimentación Tulenapa para estudiantes de Carepa, donde la Universidad subsidia el 75% del almuerzo. En 2015 benefició a 82 estudiantes.

De la misma forma el servicio de alimentación de empleados logró una mejor calidad y cercanía con el cambio de sede y de proveedores.

Adicionalmente se dio inicio a los proyectos de mejoras en la infraestructura en las sedes de Tulenapa en Urabá, la segunda etapa del coliseo universitario en Medellín y la remodelación de las canchas de tenis de campo. Por otra parte es importante destacar la dotación de sonido para todas las sedes y seccionales.

Proyección cultural y deportiva

cofinanciadas por la Dirección de Bienestar Universitario.

Las sedes regionales fueron los escenarios encargados de recibir a los grupos culturales que se descentralizaron y llevaron el arte a otras personas, permitiendo a los estudiantes que forman parte de estos grupos conocer otras culturas e intercambiar conocimiento y experiencias. La primera versión de los Encuentros Artísticos Regionales, que se realizó en Caucasia, Turbo y Sonsón, posibilitó la integración de estudiantes de las sedes regionales y de Medellín. Además la comunidad apreció y admiró el talento universitario y acogió esta forma de proyección de 15 propuestas artísticas conformadas por 190 personas.

En los Juegos Mundiales Universitarios de Verano, Gwangju, Corea del Sur, participaron cuatro deportistas en las modalidades de atletismo, taekwondo y natación, quienes no solo demostraron su talento sino que interactuaron con estudiantes de diferentes nacionalidades y culturas. Otras competencias deportivas que contaron con representación de estudiantes de la Universidad de Antioquia fueron los Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe, en Panamá, y los Juegos Nacionales Universitarios de Estudiantes, organizados por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).

Continuidad de programas

Ideas creativas Como una propuesta por construir de manera conjunta al bienestar en la comunidad universitaria se realizó la primera versión de la convocatoria Promotores del bienestar, para seleccionar proyectos de estudiantes, docentes o empleados que promuevan y contribuyan al bienestar desde las unidades académicas. Las propuestas serán

Además se dio continuidad a programas como el Sistema de Estímulos Académicos (SEA), donde más de 4.000 estudiantes desarrollaron actividades como auxiliares administrativos y monitores; asimismo, las Becas del Fondo EPM para la educación superior y las Becas de la Alianza AMA para la educación superior.

Estilos de vida saludable Nuevas estrategias como la zona de orientación universitaria, en convenio con la Gobernación de Antioquia y operada por la Corporación Surgir, permitieron que la comunidad universitaria trabajara en torno a la prevención de adicciones, especialmente con el consumo de sustancias sicoactivas. Colectivos de estudiantes desde sus unidades académicas realizaron actividades e intervenciones artísticas y deportivas para promover estilos de vida saludables. “Parque aéreo” es una de esas actividades, que nació de un grupo de estudiantes de diferentes unidades académicas dedicados a implementar en su rutina prácticas alternativas y nuevas formas de hacer ejercicio como slack line, street workout, mástil chino, danza aérea y acroyoga. Los estudiantes se apropiaran de dicha estrategia, contrarrestando el consumo y las adicciones a las sustancias sicoactivas.

Para sumarse a la estrategia, los profesionales del Programa educativo de prevención de adicciones (PEPA) se capacitaron para fortalecer los proyectos de esta área.

Estas acciones posibilitan a la Dirección de Bienestar Universitario el acercamiento a la comunidad universitaria en la exploración de nuevas formas de trabajo conjunto.

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Los cancilleres y delegados de la región bávara, Alemania, estuvieron atentos a la exposición de los investigadores de la Universidad de Antioquia.

Diálogos de paz atraen cooperación alemana Por LAURA GARCÍA RESTREPO

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espués de las visitas de dos delegaciones académicas alemanas a Colombia y a la Universidad de Antioquia, queda como conclusión nuevamente la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre ambos países. Dicha cooperación se ha visto favorecida en los últimos años gracias a la posible firma de un acuerdo de paz, que ha hecho más visible el desarrollo académico y científico colombiano.

Para Gabriele Althoff, directora general de la Academia Internacional del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), quien acompañó a una de las delegaciones, se trata de mejorar la cooperación entre todos los países, pues en un mundo globalizado los problemas de una nación afectan al resto. “Creo que si un alumno conoce otro país y consigue amigos allí, no es posible hacer una guerra. Por eso pienso que la cooperación académica y la educación internacional son muy importantes, porque todos queremos la paz”, aseguró.

El hecho de que Colombia esté cerca de firmar un acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc ha aumentado la confianza de muchos aliados internacionales.

“El país ha cambiado su imagen en el exterior, ya lo ven como un par que está al mismo nivel, como un socio que tiene mucho por contribuir en diferentes áreas de conocimiento”, explicó Lissette Mächler, representante del DAAD en Medellín y profesora de la Universidad de Antioquia.

Adicional a estas dos últimas visitas, el alto nivel de las otras delegaciones alemanas que han estado en Colombia y en la Alma Máter en el último año son evidencia del cambio de la imagen del país en el exterior. Algunos ejemplos son las visitas del viceministro de Educación e Investigación de Alemania, Stefan Müller; el presidente de la Fundación Alemana de Investigación Científica (DFG), Peter Strohschneider, y algunos delegados del Instituto ColomboAlemán para la Paz (ICAP).

“Estas visitas y los importantes esfuerzos que se están haciendo a nivel diplomático, permiten que Colombia se conozca como un territorio diferente a los estereotipos, con un gran potencial académico gracias al valor de nuestros programas y de nuestros estudiantes, profesores e investigadores”, aseguró Adriana González, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia.

La primera de estas delegaciones visitó la Alma Máter el 17 de marzo y estuvo conformada por rectores, vicepresidentes y gerentes de universidades alemanas. Su objetivo era conocer el sistema de la educación superior y la investi-

gación en Colombia, sus políticas, estrategias, organización y administración. En la Universidad de Antioquia, en particular, discutieron sobre la estructura de la Institución, su financiación, la estrategia de regionalización y la autonomía de la universidad pública.

La visita fue organizada por la Academia Internacional del DAAD y según Gabriele Althoff, este año escogieron a Colombia por su importancia para Alemania, en términos de cooperación académica.

“También, en esta época especial, donde llega la paz a Colombia, hay una atmósfera muy inspiradora para hacer nuevas cosas, para invertir más en el sector educativo y por eso esta delegación está aquí, para intensificar el diálogo y buscar nuevas oportunidades de cooperación”, afirmó.

Los miembros de la delegación se reunieron con el Comité Rectoral y visitaron la Sede de Investigación Universitaria (SIU), donde quedaron impresionados por el alto nivel de los laboratorios y la investigación, y aunque ellos no son los encargados de establecer los contactos directos con los profesores e investigadores, sí son los responsables de manejar los recursos para posibles proyectos de cooperación.

“El objetivo del DAAD con este tipo de iniciativas es traer estos multiplicadores que, después de vivir Colombia en carne propia, puedan replicar sus experiencias en las universidades en donde están, y cada vez más profesores, inves-

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tigadores y estudiantes alemanes tengan deseos de venir a Colombia”, aseguró la representante del DAAD en Medellín.

La segunda delegación llegó el 18 de marzo y estuvo conformada por 23 personas, representantes del Ministerio de Educación, Ciencia y Arte del Estado Libre de Baviera (StMBW), del Parlamento de esta región y de presidentes de universidades bávaras.

La visita fue organizada por el Centro Universitario de Baviera para América Latina (Baylat) y estuvo encabezada por el señor Bernd Sibler, secretario de Estado de Educación, Ciencia y Arte del Estado Libre de Baviera, el mayor de los 16 estados de Alemania.

En un comunicado oficial, el Secretario de Estado expresó la importancia de esta misión al explicar que existen 23 acuerdos activos entre universidades bávaras y colombianas, lo que demuestra una fuerte relación e interés de ambos lados.

Entre los objetivos de la visita al país estaban la firma de convenios con Ascun y Colciencias, la recopilación de información sobre el sistema de educación superior y el desarrollo científico en Colombia y la concepción de nuevas alianzas universitarias. En Medellín se realizó además una reunión con los rectores del G8 (grupo de universidades acreditadas de la ciudad) para explorar una alianza específica Baylat - G8.

Esta delegación estuvo reunida con algunos miembros del Comité Rectoral y también visitó la SIU. Además, se aprovechó la oportunidad para firmar un convenio marco entre la Alma Máter y la Universidad Católica de EichstättIngolstadt.

“Para la Universidad de Antioquia es muy importante este tipo de visitas porque Alemania es un socio muy especial, no solo en términos científicos, académicos y económicos, sino por el gran apoyo al desarrollo de la ciencia y la movilidad internacional. Creo que hay muchas oportunidades para desarrollar proyectos, investigaciones y publicaciones conjuntas, y para concebir programas con una mirada global y donde nosotros podamos también contribuir a desarrollos curriculares en Alemania”, afirmó la directora González, para quien la reunión con los delegados de Baviera fue muy importante porque les permitió identificar afinidades e intereses en común, lo cual abre posibilidades concretas de colaboración.

Cabe resaltar que en ambas visitas fue fundamental el apoyo de las embajadas de Colombia en Alemania y de Alemania en Colombia, quienes gracias a una labor de diplomacia académica y científica han logrado el acercamiento de diversas instituciones y la firma de acuerdos de cooperación.

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A propósito del Foro Económico Mundial en Medellín, junio de 2016

Repensando el crecimiento en A. L., una nueva agenda de oportunidades en tiempos de crisis Por RAMÓN JAVIER MESA CALLEJAS*

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os buenos tiempos para América Latina parece que se terminaron, y todo a consecuencia de la crisis del precio de las materias primas. Como bien se sabe, cerca del 40% de los ingresos de exportación de la región se derivan de los productos primariosextractivos, los cuales han sido importantes para financiar gasto público social, mejorar los ingresos fiscales, reducir la pobreza y por supuesto impulsar el crecimiento económico. La caída prolongada que registran los precios de estos commodities es la causa de los desequilibrios que hoy registran casi todas las economías del continente, reflejada en una profunda crisis de crecimiento, elevados déficit fiscales y en cuenta corriente, riesgos inflacionarios y mayores tasas de desempleo. En otras palabras, América Latina pasó de las bonanzas con estabilidad macroeconómica, a la época de vacas flacas, incertidumbre, recesión y mayores riesgos sociales. Este panorama se complica si se tiene en cuenta las dificultades que enfrentan las economías industrializadas y la fuerte desaceleración de la demanda de productos básicos de China.

No se puede desconocer que los buenos resultados macroeconómicos en algunos países de América Latina se aprovecharon para emprender importantes reformas que buscaron aumentar la tasa de ahorro, mejorar la educación, luchar contra la desigualdad, fortalecer la clase media, impulsar la competitividad y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, el gran lunar estuvo representado en que no se aprovecharon los buenos tiempos para encontrar nuevas fuentes de crecimiento que permitieran reducir la alta dependencia a los ingresos provenientes de las materias primas. El modelo

económico estuvo dominado por la explotación primaria de los recursos naturales y no por procesos de industrialización sostenida que fomentaran un desarrollo productivo más armónico y equilibrado.

Hoy, ante un cambio en las condiciones mundiales de los precios de las materias primas y la falta de fuentes de crecimiento diferentes a las del sector primario-extractivo, los países de la región enfrentan serias dificultades para respaldar los avances logrados; de ahí la necesidad de repensar y reimpulsar el crecimiento en función de sectores con una mayor diversificación económica, innovadores, y con la posibilidad de que estos garanticen un crecimiento permanente, menos volátil y más incluyente.

El Foro en Medellín Teniendo en cuenta lo anterior, Medellín en junio de este año será epicentro de un evento de talla mundial, el Foro Económico Mundial en América Latina, que reunirá a líderes de todos los sectores para discutir alrededor de una agenda de nuevas oportunidades para hacerle frente a la crisis de crecimiento que enfrentan las economías de la región, como consecuencia de la nueva fase del comercio internacional. En este sentido, tal como lo propone el World Economic Forum –WEF- organizador de este certamen, tres grandes temas orientaran la reunión América Latina 2016: (i) Afrontando las prioridades, (ii) Fortalecimiento de la capacidad de resiliencia regional y (iii) Liderar por un futuro próspero.

Para el país en la coyuntura reciente, se destacan como subtemas de la agenda Afrontando las prioridades asuntos que involucran temas relacionados con la cuarta revolución industrial, como una ocasión importante para hacer transformaciones que permitan reducir la dependencia del sector minero-energético. De la misma manera, la revisión a los acuerdos internacionales de comercio como alternativa para direccionar la oferta exportable colombiana.

Igualmente, el análisis de las oportunidades derivadas de un posible acuerdo de paz en el país junto con los temas de competitividad

... el gran lunar estuvo representado en que no se aprovecharon los buenos tiempos para encontrar nuevas fuentes de crecimiento que permitieran reducir la alta dependencia a los ingresos provenientes de las materias primas. El modelo económico estuvo dominado por la explotación primaria de los recursos naturales y no por procesos de industrialización sostenida que fomentaran un desarrollo productivo más armónico y equilibrado.

y resiliencia en un escenario de post-commodity (materias primas).

El fenómeno de la resiliencia se puede entender “como capacidad, potencial o habilidad de un sujeto, grupo doméstico o sistema social de adaptarse, y hacerse superior a la adversidad para continuar su proyecto de vida en el mundo.”1 En el caso colombiano, la capacidad que tiene el país de sobreponerse a la crisis de los precios del petróleo encontrando nuevas fuentes de crecimiento, es una muestra de resiliencia desde la perspectiva económica.

Siguiendo con lo anterior, los temas de mayor significado para Colombia en el marco de la agenda Fortalecimiento de la capacidad de resiliencia regional abarcan cuestiones ya exploradas pero que requieren nuevos impulsos y direccionamientos en vista de las experiencias adquiridas y las deudas acumuladas.

En esta dirección, asuntos que tocan con la institucionalidad a partir de los problemas generados por la corrupción; la necesidad de mantener la inclusión fortaleciendo las habilidades y la educación como motores importante de cambio

social y económico; los sistemas de salud y seguridad social considerando las nuevas estructuras demográficas y las innovaciones en el sector agrícola sobre la base del potencial de recursos naturales con que cuenta la región, se convierten en los principales insumos para avanzar en la ruta del crecimiento incluyente con estabilidad social y seguridad pública.

Liderar por un futuro próspero es una agenda que destaca la importancia de la interacción entre los sectores público-privado. En una época donde la globalización y la creciente competitividad de las economías está marcando el rumbo de los mercados, las políticas y la innovación, las alianzas público-privado se convierten en un instrumento importante para la formulación, implementación y financiación de estrategias que permitan avanzar en procesos de transformación productiva que fomenten el desarrollo tecnológico, la productividad y el crecimiento de la economía. Al respecto, temáticas como la economía digital, las transformaciones del sector energético y el cambio climático, y las tecnologías disruptivas, entendidas estas como las aceleraciones tecnológicas en todos los campos que se traducen en nuevas realidades productivas, relaciones sociales y nuevos materiales, son algunas de las apuestas que permiten impulsar un pensamiento estratégico y futurista en la región.

En general, a más de las bondades que trae para la ciudad un evento de esta envergadura, que permitirá la presencia de un flujo importante de líderes de todo el mundo, el Foro Económico Mundial para Medellín es un excelente espacio para repensar el futuro en medio de un entorno económico de bajo crecimiento, donde se requiere imaginación, creatividad y compromiso de las políticas públicas en función de fortalecer la inclusión, la convivencia y la democracia. * Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia 1. Definición tomada del texto La resiliencia en el desarrollo sostenible citado en: http:// www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Desarrollo-Sustentable/La_Resiliencia_en_el_Desarrollo_Sostenible

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¿Conviene educar a los niños para la sexualidad? ¿Educar a los niños para la sexualidad? Por supuesto. Una cátedra obligatoria podría sugerir la urgencia de abrir debates sobre la educación sexual para los niños, con una decisión tomada: construir unas salidas, sin peder de vista el interés superior del niño, la Ley 1146 de 2007 y una concepción de sujeto que no aparte el corazón.

Por GLORIA LUZ TORO ÁNGEL*

E

l estudiante de la Universidad de Antioquia Carlos Arturo Silva Marin, en nombre de otros estudiantes universitarios y de bachillerato, solicita a la Corte Constitucional declarar inexequible (parcial) el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007, considerando que incumple el deber del Estado de proteger en igualdad de condiciones a los menores de edad sobre el abuso sexual, al dejar a los menores de 14 años fuera de la cátedra obligatoria de educación sexual.

En comunicado N°. 7, de febrero 24 de 2016, la Corte declara que no existió omisión legislativa al establecer la cátedra de educación sexual para los grados de educación media y superior, en tanto no se impide en la ley que en los grados de preescolar y básica se siga impartiendo la enseñanza en materia de sexualidad. Sin embargo, se advierte que esta instrucción deberá estar acorde con el nivel educativo de los niños e incluída en los proyectos y programas transversales, y no como una cátedra obligatoria.

Entonces, si la pregunta es ¿se puede educar a los niños en materia de sexualidad en este país?, la respuesta desde lo jurídico sería sí. Si la pregunta es ¿conviene educar a los niños en sexualidad?, la respuesta no es tan simple. Circulan en el país dos posturas. Unos la desaprueban, otros la aprueban.

Los primeros encuentran que educar a los niños en estos asuntos, lejos de protegerlos, les podría hacer emerger curiosidades e impulsos para iniciar la vida sexual, como puede escucharse en la postura del procurador Alejandro Ordoñez. En la segunda postura encontramos a la ministra de Educación Gina Parody, quien propone la obligatoriedad de la cátedra, como una vía para prevenir antes que lamentar, abusos sexuales a los niños.

¿Educación sexual para los niños? La ley dice sí. ¿Cómo emprendemos el camino? Construir unas salidas para hacer con la ley nuestro lugar común, puede ser el comienzo, através de preguntas como: ¿La sexualidad humana se reduce a lo genital? ¿Cuáles serían los temas a tratar ajustados a todos los niños? ¿Es posible calcular qué quiere saber y qué desconocer, un niño de cinco años? ¿Qué consecuencias trae para lo social, para el ejercicio de la ciudadanía, para nuestra obligación como adultos de educar a los menores, en el ejercicio responsable de sus derechos —Art. 8 de la Ley 1098 de 2006— el conservar una concepción de niño asexuado? ¿Qué hacer frente al imperativo de que algunos niños manifiestan abiertamente a sus padres y maestros interrogantes sobre lo sexual, que dicho sea de paso, abruman a los adultos?

Propongo unas puntadas para la reflexión alrededor de algunas

de estas preguntas: La sexualidad humana no se reduce a lo genital. Para educar a un niño en estos asuntos no es condición irrestricta informarlos sobre lo coital. Basta con ayudarles a cercar aquellos impulsos que les habita de hacerle daño al otro y a sí mismo, por ejemplo, no permitiéndoles que se rían cuando ven al otro en desgracia, comportamiento, ciertamente infantil.

Podemos enseñarles que la norma no los amenaza, los proteje. Educar a los niños transmitiéndoles que “no todo es posible” les posibilita, por ejemplo, cuidar su cuerpo y no ponerlo en riesgo, en tanto saben que los límites también pasan por allí. Igualmente si les acompañamos para que puedan asumir que sus elecciones tienen consecuencias, estaremos transmitiéndoles que así el ser humano tenga el impulso de querer todo de la satisfacción, elegir organiza la vida y facilita llevar por un camino

las pasiones. Si a un sujeto - niño le habita la compasión, sabe que no todo puede hacerlo, decirlo o callarlo y puede tomar decisiones; muy seguramente ello lo custodiará en el ejercicio de la sexualidad genital en el tiempo de su adultez y en su posición como ciudadano.

Ahora bien, ¿qué hacer con las preguntas de los niños en el tema de lo sexual? Pueden tenerse en cuenta tres asuntos: uno, los niños por lo general no preguntan por lo sexual porque desconocen la respuesta. Preguntan, para comprobar todas las hipótesis que han formado con antelación. Dos, permitir que los niños hagan sus preguntas, favorece una posición intelectual decidida, donde el deseo de saber no se agote o se distraiga solo con las ofertas tecnológicas de este tiempo. Tres, las personas que acompañarían a los niños a resolver estas preguntas, no tendrían que estar muy entretenidas en demostrar que saben mucho sobre sexualidad. Más bien, podrían ocuparse de mostrar unas rutas posibles a los niños, para que no se detengan demasiado en las respuestas, sino que conserven la posibilidad de interrogar. Sabemos que este mundo se sostiene por las preguntas a las que aún no les encontramos respuesta.

En la cotidianidad podemos constatar sin mayores dificultades que “algo” de los niños no quiere recibir las normas, las tradiciones.

Algo con lo que los adultos se ponen en jaque: protegen a los niños, los cuidan y les ofrecen condiciones óptimas para vivir y ello, en lo general, no produce unos resultados que se parezcan a las buenas intenciones. Ese “algo” es el corazón de la sexualidad humana. ¿Educar a los niños para la sexualidad? Por supuesto. Una cátedra obligatoria podría sugerir la urgencia de abrir debates sobre la educación sexual para los niños, con una decisión tomada: construir unas salidas, sin peder de vista el interés superior del niño, la Ley 1146 de 2007 y una concepción de sujeto que no aparte el corazón. *Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Psicoanalista.

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Por ANDRÉS AMELL ARRIETA*

E

s función del Estado garantizar la disponibilidad y confiabilidad del suministro seguro y eficiente de la energía.

Esto puede hacerse mediante el diseño y aplicación de una política energética basada en la planeación para el uso integrado de los recursos energéticos del país, la existencia de una regulación eficiente que dé señales oportunas y adecuadas a los actores que participan en el mercado energético y una preocupación permanente, no coyuntural, por un uso racional y eficiente de la energía en todos los sectores de la sociedad.

En Colombia, en los últimos veinticinco años se han evidenciado debilidades y limitaciones del Estado para garantizar la confiabilidad en el suministro de energía. El apagón del año 1992 y el inminente racionamiento de energía eléctrica por estos días; las deficiencias en la disponibilidad y calidad de servicio de distribución de electricidad en algunas regiones como es el caso del Caribe colombiano; el incremento de los precios en el sector residencial, cuyo valor promedio ha sido superior al índice de inflación en los últimos quince años y unos precios de electricidad para el sector industrial que están entre los más altos de América Latina, constituyen evidencias irrefutables de las crisis del sector eléctrico colombiano y ponen en tela de juicio la efectividad y vigencia de la reformas adelantadas en la década de los noventa mediante la promulgación de la Ley 143 de 1994 y posteriores modificaciones.

El potencial hidroeléctrico que tiene el país ha conducido a que la generación de electricidad dependa en potencia en un 70% de centrales hidroeléctricas, lo que en periodos de pocas lluvias y disminución de caudales, consecuencia de la duración e intensidad cada vez mayor del fenómeno de El Niño, hace más vulnerable al sistema eléctrico colombiano y limita la disponibilidad de energía eléctrica. A lo anterior hay que agregar el manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas que alimentan los embalses, en los cuales se presenta sedimentación que reduce el volumen útil y disminuye la disponibilidad de agua.

El apagón de 1992 fue señal de que el país debía diversificar su matriz de generación de electricidad, por lo que se promovió la construcción de centrales térmicas que utilizaran como combustible gas natural; fue así como en la regiones Caribe, Magdalena Medio y Valle del Cauca se instalaron varias centrales que contribuyeron a que la generación térmica represente hoy el 30% de la potencia total instalada. En periodos de hidrología deficiente, aproximadamente un 50% del su-

en consecuencia se hace necesario el racionamiento de energía y si las causas examinadas se hacen más severas el país experimentaría un nuevo apagón. “La energía más costosa es la que no está disponible”; definitivamente en Colombia aún no se ha asimilado esta frase de cajón de la industria eléctrica mundial: el apagón de 1992 le costó al país 18 billones de pesos.

Elementos para comprender la crisis energética actual Hoy, cuando estamos ad portas de un apagón es tarde para jugarse la opción del ahorro de energía; la promoción y aplicación de políticas que contribuyan a mejorar la eficiencia energética en todos los sectores de la sociedad debe ser una iniciativa permanente, sistemática por el Estado, y no coyuntural como hoy sucede con el llamado programa “Apagar, paga” impulsado por la presidencia de la República. ministro de energía en Colombia depende de estas centrales, como está sucediendo en la actualidad.

Ante la disminución de la oferta de gas natural, en estos momentos algunas centrales térmicas operan con combustibles líquidos, los cuales sólo se recomiendan como combustibles de respaldo, en tanto que dependiendo de la calidad del combustible y de la frecuencia

de utilización las posibilidades de fallos de las turbina son mayores, y mayor la probabilidad de reducción de su vida útil.

El largo periodo de hidrología deficiente y en consecuencia la reducción de los niveles de los embalses, la salida en operación por fallos de las centrales de Guatapé y Flórez, hidráulica y térmica respectivamente, sumado a los problemas

en algunas centrales térmicas relacionados con el suministro confiable de combustible, operación con baja eficiencia energética y dificultades económicas, ponen en riesgo la seguridad del suministro, en periodos en los que la curva de demanda es mayor que la oferta; en consecuencia se hace necesario el racionamiento de energía y si las causas examinadas se hacen más severas el país experimentaría un nuevo apagón. “La energía más costosa es la que no está disponible”; definitivamente en Colombia aún no se ha asimilado esta frase de cajón de la industria eléctrica mundial: el apagón de 1992 le costó al país 18 billones de pesos.

Hoy, cuando estamos ad portas de un apagón es tarde para jugarse la opción del ahorro de energía; la promoción y aplicación de políticas que contribuyan a mejorar la eficiencia energética en todos los sectores de la sociedad debe ser una iniciativa permanente, sistemática por el Estado, y no coyuntural como hoy sucede con el llamado programa “Apagar, paga” impulsado por la presidencia de la república. Para las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica no debe haber lugar a una doble moral, consistente en no promover en los usuarios el ahorro en periodos de abundancia, pero llamar al ahorro en periodos de escasez. El marco regulatorio establecido por la Comisión de Regulación de Electricidad y Gas para la fijación de los precios de electricidad y el gas natural, debe ser revisado para hacer viable técnica y económicamente los programas de eficiencia energética en los diferentes sectores de la sociedad y la economía. La eficiencia energética, entendida como la realización de iguales o mayores actividades con menor consumo de energía, se constituye para los países en un nuevo recurso energético. *Docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.

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Contradicciones y retos del sistema de salud colombiano El plan integral de salud, a diferencia del POS que está basado en una lista de inclusiones, sería un plan implícito que permitiría el reconocimiento de las tecnologías disponibles, excepto aquellas que sean expresamente excluidas. En términos de sostenibilidad financiera, parece muy difícil de lograr un propósito como estos y tal vez lo que aumente aún más sea la insatisfacción y la exclusión indeseable que perjudica a las personas más vulnerables.

Por JAIRO HUMBERTO RESTREPO*

L

a salud y el sistema de salud de los colombianos hacen parte de la discusión cotidiana entre las personas, y del debate académico y político en el que afloran diversas perspectivas e intereses, del que no se logra un consenso para orientar el futuro con una visión clara y unas metas acordes al contexto del país. Una de las consecuencias que este proceso ha traído a lo largo de los últimos veinte años es, precisamente, que no se diferencia muy bien a la salud —como un estado de bienestar de las personas y de las comunidades— de los servicios de salud, el seguro o el sector salud, los cuales constituyen apenas uno de los determinantes de aquel estado, usualmente de carácter reparador o curativo.

Conviene entonces, bajo la claridad que puede ofrecer la academia, propiciar un cambio cultural que permita comprender la diferencia entre estos dos aspectos y reducir el peso que se ha dado al tratamiento, cuando es posible alcanzar mejoras de salud mediante acciones y estrategias como el autocuidado, los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para lo cual existen enfoques y estrategias como salud en todas las políticas y ciudades saludables.

Obviamente, el sector salud juega un rol fundamental como líder de este proceso, desprendido del mero interés por aplicar nuevas tecnologías o desarrollar la oferta con propósitos comerciales, motivado más bien por su contribución al mejoramiento de la salud.

Al mismo tiempo que el debate transcurre en el país, y que mientras para muchos parece que tuviéramos el peor sistema de salud y para otros es más bien un sistema ejemplar, lo cierto es que en su diseño y en cuanto a los logros de algunos de los propósitos esenciales de un sistema de salud, el colombiano ofrece algunos resultados que merecen el mayor cuidado para conservarlos y fortalecerlos, al tiempo que en otros aspectos deben introducirse mejoras o cambios (OECD, 2015), sin dejar de lado la discusión sobre una reforma estructural hacia el mediano plazo.

del plan obligatorio de salud — POS—, desde 2012 con el mismo contenido para toda la población; el costo de dicho plan corresponde a un esfuerzo destacado en gasto público percápita y como proporción del producto interno bruto —PIB—, y el gasto de bolsillo representa una baja proporción del gasto, lo cual es un buen indicador de protección financiera.

No obstante lo anterior, también

Desde la perspectiva del gasto y de los objetivos sobre cobertura universal en salud (OPS/OMS, 2014), Colombia ofrece unos resultados alentadores. Un análisis del Grupo de Economía de la Salud (GES, 2015), para responder por la prioridad que ocupa la salud en el país, permite destacar, frente a las tres dimensiones de la cobertura universal, que: el 95% de la población puede recibir los beneficios

existen algunas fallas y una gran insatisfacción ciudadana y de ciertos actores del sistema, en particular del cuerpo médico y de prestadores de servicios, lo que entra en contradicción con la situación anterior. Es el caso del acceso efectivo, principalmente en los servicios o niveles de atención de mediana y alta complejidad, en donde se tienen largas listas de espera, se mantienen inequidades y no se responde en forma adecuada

Cuadro 1 La salud y el sistema de salud de Colombia: algunas cifras básicas (Comparación con América Latina, países de ingreso mediano-alto y OECD) Concepto / Indicadores

Colombia

América Latina

Países Ingreso mediano-alto

OECD

Resultados en salud Esperanza de vida al nacer (años)

74,0

75,0

74,3

80,0

Mortalidad infantil (tasa por 1.000 menores de cinco años)

16,4

18,4

19,8

7,2

Mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)

64,0

67,0

55,0

14,0

Cobertura Partos por personal capacitado

99,1%

92,6%

98,2%

N.D.

Vacunación DPT

90,0%

88,1%

92,6%

94,3%

843

744

784

3.405

Gasto como % del PIB

6,8%

6,8%

6,2%

9,2%

Gasto público (% gasto en salud)

76%

52%

60%

76%

13,9%

26,9%

29,9%

16,8%

Gasto en salud Gasto per cápita (US PPA)

Gasto de bolsillo (% gasto en salud)

Fuente: Bases de datos Banco Mundial. Estadísticas más recientes, 2013 o 2014.

Cuadro 2 Colombia: Plan de beneficios en salud - Ley 100 de 1993 vs Ley Estatutaria Criterio

Ley 100 de 1993

Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de Salud)

Nombre y tipo de plan

Plan obligatorio de salud Plan explícito: lista de inclusiones

Plan integral de salud Plan implícito: lista de exclusiones

Derecho a la salud

Derecho prestacional

Derecho fundamental

Criterios de inclusión o exclusión

Lista de inclusión según: • Perfil epidemiológico nacional • Tecnología apropiada disponible • Condiciones financieras del sistema • Efectividad en el uso de los recursos • Eficacia en resultados y costo social • Económicamente viable para el país

Lista de exclusiones para servicios: • Con propósito cosmético o suntuario • Sin evidencia científica sobre seguridad, eficacia y efectividad • Cuyo uso no esté autorizado • Que estén en fase de experimentación • Con prestación en el exterior

Mecanismo para la definición y actualización

Decisión a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social

Procedimiento técnico-científico, público, colectivo, participativo y transparente

Los médicos prescriben servicios del Autonomía POS. profesional / Trámite Comité técnico científico de EPS de excepciones resuelve atenciones no POS Periodicidad de actualización

Autonomía profesional bajo esquemas de autorregulación, evidencia científica, ética y racionalidad

No establecida al inicio. Sentencia T-760 Sin periodicidad definida. Por el carácter de 2008 y Ley 1438 de 2011 ordenaron implícito del plan, puede ser continua actualizar el POS cada dos años

Fuente: Elaboración propia. Apoyó: estudiante Cindy Chamorro.

Nº 652, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2016

a las necesidades de la población; igualmente, es muy preocupante que actores tanto públicos como privados, de aseguramiento y de prestación de servicios, hayan producido descalabros o ineficiencias como los que hoy se conocen de Saludcoop, Cafesalud, Caprecom y de hospitales y clínicas. En cierta forma, el país está abocado a cumplir la promesa de la cobertura universal y a hacer valer principios de ética pública para alcanzar mejores resultados.

En medio de estas contradicciones y del debate inacabado y poco convergente, el principal reto que enfrenta el país está marcado por la Ley Estatutaria de Salud. Tenemos la oportunidad de avanzar hacia un sistema más maduro, haciéndolo compatible con el derecho fundamental a la salud, o bien, de dar paso al sistema que pudiera ser necesario para este propósito.

Mientras tanto, el tiempo parece agotarse, y a tan sólo diez meses de formalizar uno de los cambios más destacados que pudieran darse, no se tiene claridad y no hay un pronunciamiento oficial que permita despejar las dudas o interpretaciones diversas sobre su alcance. Se trata de pasar la página del POS e iniciar una nueva etapa centrada en un plan integral de salud.

El plan integral de salud, a diferencia del POS que está basado en una lista de inclusiones, sería un plan implícito que permitiría el reconocimiento de las tecnologías disponibles, excepto aquellas que sean expresamente excluidas. En términos de sostenibilidad financiera, parece muy difícil de lograr un propósito como estos y tal vez lo que aumente aún más sea la insatisfacción y la exclusión indeseable que perjudica a las personas más vulnerables.

Como he participado en diferentes escenarios de debate académico y de política y no he encontrado una respuesta clara y de consenso, mantengo entonces como preguntas o hipótesis los siguientes aspectos: ¿A partir de febrero de 2017, no hablaremos más en el país del POS y de verdad contaremos con un plan que permita a los médicos formular con mayor autonomía? Si es así, ¿cómo se financiará dicho plan y quiénes estarían dispuestos a administrarlo? * Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas e integrante del Grupo de Economía de la Salud Referencias • GES, Grupo de Economía de la Salud (2015). El gasto y la prioridad de la salud en Colombia. Observatorio de la Seguridad Social N°. 31. Medellín, diciembre, pp. 1-13.

• OECD, Organization for economics and cooperation development (2015). OECD Reviews of Health Systems: Colombia 2016, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi. org/10.1787/9789264248908-en • OPS/OMS, Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (2014). Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. 53º. Consejo Directivo y 66ª.

Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas. Washington, D.C., 29 de septiembre al 3 de octubre.

Asoprudea. Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Ciudad Universitaria.

Bloque 22, oficina 107. Teléfono 2195360. Fax 2636106 • http//Asoprudea.udea.edu.co • La columna “Ágora” es responsabilidad de Asoprudea.

El proceso rectoral de reforma de la UdeA Por CARLOS ENRIQUE RESTREPO Comisión sobre Planes y Gobernabilidad Asamblea General de Profesores UdeA

P

asada la traumática experiencia de ensayo y error que fue el Acuerdo Académico 480, por primera vez desde que dio a conocer su Plan de Acción Institucional 2015-2018, el rector de la UdeA Mauricio Alviar se refirió públicamente a la reforma de la Institución que cursa bajo su administración. Lo hizo en el marco de la Jornada de debate sobre gobierno universitario: democracia, representación y participación en la universidad pública convocada por la Asamblea General de Profesores a través de la Comisión sobre Planes y Gobernabilidad y por la Asociación de Profesores, con apoyo de la Secretaría General, los días 10 y 11 de marzo de 2016. El encuentro fue una valiosa oportunidad para debatir los procesos de reforma universitaria en los contextos global, nacional y regional, en diálogo con experiencias análogas presentadas por el rector de la Universidad de Nariño, Carlos Solarte, y los profesores Leopoldo Múnera de la Universidad Nacional, María Elena Erazo de la Universidad de Nariño, y Carlos Gamboa de la Universidad del Tolima.

De la intervención del rector Alviar en dicha Jornada, queda claro que la reforma universitaria es un proyecto en firme, que se tramita en las instancias de dirección, pero del que apenas sí se ha informado a la comunidad universitaria sobre sus principios y contenidos. En particular, el rector Alviar se refirió al Objetivo 7º de su Plan de Acción que consigna la llamada “actualización normativa”, en nombre de la cual pretenden ser reformados todos los reglamentos y normas de la Universidad comenzando, según lo dio a conocer, por los Estatutos General y Profesoral y por el Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos.

Si bien las declaraciones del rector Alviar ratifican los anuncios de su Plan de Acción, resultan elusivas e imprecisas, máxime cuando no se logra entrever en ellas el derrotero indispensable de una idea de universidad. Hasta ahora no hay mayor claridad sobre los motivos y contenidos que sustentan el proceso, ni sobre las metodologías implementadas para su realización. Argumentos como que los estatutos actuales —expedidos en 1994— son ya viejos o que tienen vacíos de ilegalidad respecto a la normativa nacional son desde todo punto de vista insuficientes. Pero más preocupante aún es que las iniciativas de reforma se limiten para el rector a una cuestión de trámite, sin una convocatoria amplia a los distintos actores de la comunidad universitaria, mantenidos al margen como meros espectadores y receptores de un proceso que implica

enormes decisiones políticas.

Ciertamente, la reforma universitaria puede apertrecharse en la legalidad de su trámite, lo cual no implica necesariamente su legitimidad. Ésta sólo puede provenir de la participación amplia de los estamentos universitarios reconocidos como actores constituyentes dotados de la autonomía formal y real para darse a sí mismos sus normas y reglamentos. En este aspecto, no hay que olvidar que el principio de la autonomía universitaria es extensivo a la idea de que los universitarios están facultados para su autodeterminación. Por eso, al principio de la autonomía es correlativa la puesta en práctica de una democracia universitaria, que debe ir más allá de la forma limitada y frágil de la democracia representativa, hasta alcanzar su dimensión constituyente en procesos de construcción colectiva.

En esa medida, el anuncio rectoral de las reformas estatutarias es una oportunidad que corresponde a los universitarios no dejar escapar, para hacer valer su condición de actores concernidos por un proceso que, en razón de su alcance, no puede ser dejado a la suerte de un simple trámite comandado al capricho de las instancias de dirección. Para los estamentos universitarios es el momento de congregarse en una dinámica de organización asamblearia, que pueda dotar a los futuros andamiajes normativos de una visión de universidad pluralista, participativa y democrática, cuya premisa ha sido y debe seguir siendo el rasgo distintivo de la institución universitaria desde sus orígenes.

Por parte del rector Alviar, esta posibilidad exige dar un solo paso: aportarle al proceso voluntad política. Experiencias como la de la asamblea universitaria que orientó las reformas en la Universidad de Nariño y los intentos de una constituyente universitaria en la Universidad del Tolima son ejemplos claros de que los procesos de reforma pueden conocer otros caminos que los transitados actualmente en la UdeA, los cuales exigen apuestas mucho más valerosas que la de iniciativas reformistas meramente burocráticas, por ello mismo pálidas y deslucidas.

Los riesgos y retos de un proceso de reforma universitaria son enormes, pero son los que vale la pena correr si en su fondo pulsan genuinas intenciones transformadoras. Corresponde a los universitarios apersonarse y apropiarse de dicho proceso, en uso legítimo del principio de la autonomía, para que una polifonía concurra en la decisión del destino de la Universidad.

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“La sociedad civil tiene una gran responsabilidad con la paz”: Kai Ambos

Por SERGIO ALZATE

“

Este tema de la justicia transicional es demasiado complejo”, advirtió Kai Ambos, catedrático de derecho penal, derecho procesal penal, derecho comparado y derecho internacional de la Universidad de Göttingen, Alemania, y director del Centro de estudios de derecho penal y procesal penal latinoamericano. Su advertencia respondió a su participación en el “Simposio internacional sobre justicia transicional y derecho penal internacional”, el 8 de marzo en el Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia. Su charla inauguró el evento académico que versó entre las aristas de justicia, jurisdicción especial, reconciliación y castigo. Temas álgidos ante una eventual firma de la paz para Colombia.

En opinión de Ambos, el último acuerdo de víctimas resultado de las negociaciones en La Habana es un texto que no existe en ningún otro país. “Con todo lo que se puede criticar de la negociación, el solo hecho de que se haya llegado a un acuerdo en un tema tan delicado como este, es un resultado más que positivo”, reflexionó ante un auditorio lleno. Precisó, eso sí, que era un acuerdo cuyo nombre no le parecía el más correcto, pues “su núcleo es la justicia, aunque obviamente menciona a las víctimas”.

“Yo creo que los procesos de negociación, tanto en Colombia como en otros países, tienen que ponerse dentro de un contexto histórico”, dijo el catedrático alemán. Resaltó que las Farc hayan accedido a negociar elementos “que hace cuatro o cinco años eran inimaginables, pero que hoy en día están en el acuerdo”.

Sin embargo, expresó una duda que como extranjero lo asalta: ¿cómo es posible que internacionalmente el proceso de paz con las FARC goce de popularidad —el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió una resolución unánime a favor de las negociaciones, por ejemplo—, pero internamente se gesten tantas oposiciones y dudas al respecto?

“Esa inconsistencia entre la visión colombiana y la versión internacional me parece interesante, pero al mismo tiempo dramática”, opinó Kai Ambos, destacando que dentro del mismo país existen posturas diversas sobre el mismo acuerdo y sus posibles resultados, pero que varían de región a región, de departamento a departamento, de ciudad a ciudad, de lo urbano a lo rural y viceversa.

Contó que a su modo de ver existen dos temas que obsesionan a las personas en el país: el acuerdo penal internacional —extradiciones, mayoritariamente— y el tema de las penas. “Vienes a Colombia y te preguntan que qué piensas, y lo dicen con ironía, de ‘esas penas ridículas’. Esto es sacar de un acuerdo de sesentaitrés páginas una sola cosita. Pero este acuerdo no son sólo penas”, dijo. Reflexionó en torno a esta predilección por el tópico de las penas, señalando que el acuerdo también habla de cosas como la Comisión de la verdad, la jurisdicción especial que habría que crearse, la elección de los jueces y otros temas que integran “la creación de algo completamente nuevo, para nada más fijarnos en si al secretariado de las Farc lo encarcelarán o no”.

No obstante, también señaló que “este no es un acuerdo pequeño: es hasta pretencioso al decir que va a crearse un sistema integral”. Criticó la falta de claridad sobre el papel de la Fiscalía, ya que siente que el mismo organismo judicial no tiene claro su papel dentro de la consecución de ob-

jetivos como reparación o verdad.

Igualmente, el que todavía no se sepa qué nuevos organismos o salas tendrán que ser creadas “desde cero”, para poder adelantar las ambiciones que el acuerdo sobre víctimas y justicia propone, además de cuáles estructuras jurídicas actuales podrán servir al propósito conjunto de la paz.

Pero también resaltó que esta ambición sistémica tiene rasgos innovadores, como el permitir el nombramiento de magistrados internacionales. “Serán bastante minoritarios. Solo cuatro frente a dieciséis colombianos”, opinó, “pero allí ya estamos ante la piedra de toque del acuerdo”. A pesar de esto, Ambos mostró su desconcierto ante la falta de respuestas claras por parte del Ministro de Justicia, del Fiscal y del Presidente con respecto a la elección de estos magistrados y su staff que, con sorpresa, el invitado dictaminó en alrededor de mil personas.

Recordó ciertos criterios que el acuerdo mismo resalta sobre los jueces: imparcialidad, autoridad.

“Pero ustedes saben, mejor que yo, que estos criterios se puede diluir en los procesos de selección. Por eso creo que la sociedad civil tiene una gran responsabilidad con la paz”, dijo, instando a no aceptar que una selección se haga en el Club el Nogal entre cocteles.

Finalmente, uno de los problemas más grandes que existen para la paz en Colombia, según la perspectiva de Ambos, son las críticas a los acuerdos sin haberlos leído. Críticas provenientes de un lenguaje ambiguo y poco claro.

“Entonces, usted puede escuchar a un representante de las Farc decir que gracias al acuerdo jamás irá a la cárcel; mientras que un representante del gobierno dirá ese acuerdo prevé que debe ir a la cárcel”, señaló una de las tantas situaciones ambiguas que puede originarse a raíz del acuerdo de víctimas.

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA HACE CONSTAR: • Que se encuentra en trámite el reconocimiento de prestaciones sociales de la señora LUZ ÁNGELA CASTAÑEDA BEJARANO fallecida el 17 de octubre de 2015. Se presentó a reclamar el 50%, el señor JOHN JAIRO CASTAÑEDA BEJARANO en calidad de hermano.

Las personas que se consideren con derecho, presentarse dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

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¿El Acuerdo sobre víctimas expresa la capitulación ante las Farc?

En una sociedad en transición de la guerra a la paz se produce una contradicción entre las demandas de justicia y las exigencias de paz, de manera que ambos valores deben ser ponderados de forma tal que los imperativos de justicia no hagan imposible la negociación del fin del conflicto.

Por FRANCISCO CORTÉS RODAS*

L

os logros conseguidos en el proceso de negociaciones entre el gobierno y las Farc en estos últimos tres años, con los acuerdos de desarrollo rural, drogas ilícitas, participación política, se amplían mucho más con el “Acuerdo sobre víctimas del conflicto” —AV—. Estos acuerdos nos permiten ver el proceso con un cierto optimismo, sin embargo, hay asuntos complicados que profundizan las diferencias en la sociedad, radicalizan el conflicto y ahondan la polarización. Uno de estos asuntos difíciles es el de la impunidad frente a los graves crímenes cometidos por los miembros de las guerrillas.

Para Human Rights Watch — HRW—, la propuesta de una jurisdicción especial para la paz —JEP—, contenida en el AV, no es más que la expresión de una política de impunidad. Así escribe: “El acuerdo prevé que el Tribunal aplicará un régimen de sanciones, que no reflejan los estándares

aceptados sobre el castigo adecuado frente a abusos graves, y hacen que sea prácticamente imposible que Colombia cumpla con sus obligaciones vinculantes conforme al derecho internacional de asegurar justicia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”.1 Esta crítica es importante y debe ser tenida en cuenta, pero la aseveración de su vocero José Miguel Vivanco, según la cual el acuerdo es un pacto de impunidad, debe ser cuestionada con razones jurídicas y políticas.

La impunidad es un hecho frecuente que se ha dado de múltiples formas en todo el mundo; significa, por ejemplo, que los ataques y violaciones de los derechos humanos contra la población civil en Argentina, Chile, Siria, Ucrania, Palestina y Colombia no han tenido consecuencias penales ni para los jefes de Estado, ni para los militares, ni para los paramilitares, ni para las guerrillas involucradas en masacres y graves crímenes.

Significa también que las violaciones de los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, encubiertos, iniciados o promovidos por el Estado en distintos países del mundo, quedan sin castigo. La definición jurídica de impunidad, “implica la no persecución penal de conductas (acciones y omisiones), que encuadran en principio en el derecho penal nacional material y que pertenecen a la criminalidad común, pero que —por razones más bien fácticas que normativas— no resultan castigadas.»2 La idea aquí es que el imperio de la ley requiere que ninguna persona esté por encima de ella y que todos estén sujetos al mismo tratamiento frente a ésta. Enjuiciar a criminales reafirma el principio de que nadie

está más allá del alcance de la ley y que los ciudadanos tienen derechos. El argumento del Estado de derecho es que si un Estado tiene el deber de perseguir los crímenes, es de pura lógica concluir que no puede eximirlos de castigo, por ejemplo, mediante una amnistía que permita la impunidad.3 En este sentido, si por leyes de impunidad se hace referencia a las disposiciones de amnistía y otras resoluciones especiales que impiden la penalización de los criminales, podemos decir, entonces, refiriéndonos al AV, que este no es expresión de una “piñata de impunidad”, como afirma HRW, porque está basado en el aseguramiento de la justicia en el ordenamiento estatal. Este incluye mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de graves crímenes, y un mecanismo extrajudicial, la comisión de la verdad.

En el AV se diferencian los amnistiables, que son aquellas personas acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos, que serán la mayoría de los guerrilleros, y los no amnistiables, que son aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y otros graves crímenes.

Estos últimos serán investigados por el “Tribunal para la paz” que los procesará e impondrá las sanciones que incluirán restricciones efectivas de la libertad o pena privativa de la libertad, dependiendo de si las personas en el proceso de investigación reconocen o no su responsabilidad. Para quienes reconozcan su responsabilidad habrá restricciones efectivas de la libertad de 5 a 8 años, para los segundos, penas privativas de la libertad (cárcel) de 15 a 20 años en el caso de conductas muy graves.

Con esto se cumple una responsabilidad del Estado de derecho que es el ejercicio del ius puniendi, que significa el derecho o facultad del Estado para castigar.

Los opositores del proceso de paz consideran que si los guerrilleros no son juzgados en el marco del derecho vigente, estaremos ante el proceso de legalizar la capitulación ante las Farc. Contra esta afirmación debo argumentar, basado en los artículos 40 y 41 del AV, que los perpetradores de delitos atroces no quedarán en la impunidad.

Esta solamente se da cuando los criminales quedan libres de toda sanción, no cuando ellos están sujetos a un sistema alternativo que los juzgue y determine su responsabilidad.

Muchos consideran que si los criminales no son procesados y juzgados ellos quedan libres de toda culpa y responsabilidad, y que la justicia no ha sido realizada. Pero debe quedar claro que tanto el Marco jurídico para la paz, como las sentencias de la Corte C-579 de 2013, C-577 de 2014 y el AV plantean las condiciones legales y constitucionales para el procesamiento y juzgamiento de los perpetradores de graves crímenes. Con estos argumentos queda demostrado que la tesis de HRW y de otros críticos, según la cual la jurisdicción especial para la paz no es más que un pacto de impunidad, es una invención infundada y falsa. * Director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia 1. https://www.hrw.org/es/news/2015/12/21/ analisis-de-human-rights-watch-sobre-elacuerdo-sobre-las-victimas-del-conflicto 2. Ambos, K., El marco jurídico de la justicia de transición, Temis, Bogotá, 2008, p. 37.

3. Ambos, K., El marco jurídico de la justicia de transición, Temis, Bogotá, 2008, p. 35.

Nº 652, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2016

De la justicia penal para la paz

Por JOHN E. ZULUAGA T.*

E

l acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz —JEP— dado a conocer el pasado 15 de diciembre de 2015, propone un modelo de justicia que se aplicará a los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.

Esta jurisdicción se concibe junto a otros mecanismos y medidas dirigidos a componer el llamado Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición —SIVJRNR—. El acuerdo sintetizó aquel optimismo que ha marcado el desarrollo de la justicia transicional —JT— en Colombia sobre el uso de la pena y del derecho penal como medidas de transición, frente a las que se ha subordinado la terminación del conflicto armado, es decir, una de las condiciones de probabilidad de la paz en Colombia. Paradójicamente, con el protagonismo que se le otorga al procedimiento penal en la JEP se podrían encontrar, una vez más, razones para explicar cómo ésta terminará por extraer y minimizar la maniobrabilidad y posibilidades adaptativas de otras condiciones para la resolución del conflicto armado colombiano.

El acuerdo para el desarrollo de una JEP prevé un trámite para quienes reconozcan verdad y responsabilidad y otro diferente para quienes no la reconozcan (num. 45). El reconocimiento de verdad y responsabilidad es el factor determinante para definir el tipo de sanción a aplicar (num. 28 y 47).

Dicho reconocimiento puede ser pleno, tardío o nulo. En el primer caso habrá una pena de 5 a 8 años

de restricción de la libertad, en el segundo caso de 5 a 8 años de cárcel y en el tercer caso hasta 20 años de cárcel. Precisamente por concebir la continuidad del trámite ante la existencia o ausencia de reconocimiento es que el dualismo procesal se consagra como esencial a la JEP. La continuidad del sujeto procesal es preponderante frente a la pretensión de verdad y la permanencia del mismo prima sobre ésta, de tal manera que el reconocimiento de verdad y responsabilidad podría terminar siendo prescindible.

La ambigüedad en la delimitación del objeto procesal que arrastra aquel dualismo, sin duda, impactará los rendimientos de la JEP. No solo porque la JEP se propone abordar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, sino, además, por la necesidad que habría de investigarlos y juzgarlos ante la falta de reconocimiento de los mismos. A la (desbordada) dimensión ratione materiae y a la sub-especialización procesal dentro de la JEP, se suma el retorno del escriturismo como método de reconocimiento de verdad y responsabilidad (pág. 30 num. 47; pág. 32, num. 48 (g)). La relativización de los rendimientos de la JEP tampoco encuentra en las cláusulas del acuerdo relativas a la selección y priorización de casos un parámetro de compensación procesal. La interpretación de las cláusulas abiertas sobre criterios de selección y priorización de casos no solo exige cierta complementariedad con otros parámetros normativos, sino, también, conduce a que el futuro desarrollo legislativo del acuerdo integre sistemáticamente todas estas pautas. La pregunta es hasta qué punto el acuerdo es susceptible de una integración normativa, por ejemplo, con el artículo transitorio 66 de la Constitución (véase al respecto nuestro trabajo sobre justicia transicional y Constitución Nacional, pp. 168 ss.). Si así fuese, el desarrollo legislativo del acuerdo debería someterse a la ley estatutaria que debe regular el inciso 4 del artículo transitorio 66 de la CN.

Respecto a esta integración normativa y, concretamente, frente a los parámetros de la Corte Constitucional en la sentencia C-579 de 2013, resulta algo problemática la concepción de la responsabilidad por mando y, en ese sentido, la determinación de máximos responsables que promueve el acuerdo (pág. 29, num. 44; pág.

39, num. 59). Se establece que no habrá responsabilidad por mando fundada en rango, jerarquía o ámbito de jurisdicción, sino, basada en el control efectivo y el conocimiento suficiente de la conducta de sus subordinados (pág. 29, num. 44; pág. 39 num. 59). En ese sentido, bajo los criterios de “control efectivo” y “conocimiento suficiente de la conducta”, parecería que la noción de máximo responsable se equipara a la de autor según el criterio del dominio del hecho, lo cual excluiría a los determinadores como máximos responsables.

Last but not least deben examinarse las condiciones que se derivan del SIVJRNR para la definición de los ámbitos de aplicación de la JEP. En la determinación de estos ámbitos se concretan los núcleos de verdad sobre el conflicto. El asunto esencial en la JEP es la definición de los combatientes que se concentrarán, y, posteriormente, vincularán a dicha jurisdicción y en los que se soporta el reconocimiento de verdad y responsabilidad. Frente a esto será determinante tanto la intervención del mecanismo tripartito aprobado en la Resolución 2261 del 25.01.2016 (párag.

2) del Consejo de Seguridad de la ONU (véase al respecto Ambos, 01.02.2016), como también el diseño de un adecuado mecanismo de verificación de identidades por parte de los organismos judiciales y administrativos que intervengan en la fase de concentración y desmovilización. * LL.M y doctorando de la Georg-AugustUniversität Göttingen (Alemania). Investigador adscrito al Centro de estudios de derecho penal y procesal penal latinoamericano de la misma Universidad.

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El currículo sitiado

Está en circulación el libro El currículo sitiado, escrito por José Ramiro Galeano Londoño, profesor de la Universidad de Antioquia y Magíster en Educación.

“El Departamento de Antioquia —la región antioqueña— ha venido viviendo, al igual que Colombia, en medio de una de las confrontaciones de más de cincuenta años, —para solo contar la última con la guerrilla de las FARC— y ve la educación como opción de movilidad social para salir del círculo vicioso de la pobreza y la violencia. Pero por más que se mueve con programas como Medellín la más educada, Antioquia la más educada 2012-2015, Colombia las más educada 2013-2017 como se quiere mostrar a través de indicadores en la última década, no alcanza a generar un movimiento por la pertinencia de la educación.

Para esta investigación ‘El Currículo sitiado. Un modelo de observación de objetos y procesos curriculares’, el profesor Galeano tomó el periodo 2008-2011 en los cuatro niveles de planificación de la educación: Departamental, Metropolitana, Medellín y Universidad de Antioquia.

El profesor muestra su preocupación en datos como: cobertura, deserción, calidad, pertinencia, pobreza y miseria. (…)”.

(Fragmento del prólogo, escrito por Queipo Franco Timaná Velásquez, exdecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia)

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Breves reflexiones sobre la refrendación de la paz con las Farc-EP Por BERNARDITA PÉREZ RESTREPO

D

urante estos casi doscientos años de vida republicana los colombianos no hemos sabido lo que significa vivir en paz. La construcción histórica de nuestra nacionalidad ha estado plagada de muchas violencias y sin embargo aún no sucumbimos en la desesperanza.

La Constitución de 1991, quizá uno de los acontecimientos políticos más significativos en nuestra historia republicana, entendió que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; no obstante, a casi un cuarto de siglo de vigencia de este pacto político, la paz no aparece como una clara posibilidad.

La paz, como los demás compromisos constitucionales, no puede entenderse desarticuladamente.

La vivencia del pluralismo político, la conquista de una democracia plena en la que los individuos puedan expresarse y actuar libremente, sin coacción o amenazas contra sus vidas, la realización de la igualdad de oportunidades para todos, entre otros valores esenciales, constituyen objetivos interdependientes y complementarios con la convivencia pacífica que exigen necesariamente una democracia participativa y deliberativa, en cuanto propician las condiciones fundamentales de resolución de los conflictos existentes.

En términos normativos y constitucionales están dadas las condiciones para la celebración y ejecución de acuerdos de paz, con cualquier grupo generador de conflictos y violencias. No se hace necesario realizar enmiendas constitucionales ni dictar leyes especiales; la Constitución Política puede entenderse como portadora del lenguaje de la paz. Se trata de poner en acción este lenguaje constitucional. ¿Qué hacer? ¿Cómo

El eventual acuerdo final que se obtenga no es la paz misma; por supuesto que es muy importante, pero es apenas una de las paces necesarias para el logro de una convivencia pacífica en Colombia.

En términos normativos y constitucionales están dadas las condiciones para la celebración y ejecución de acuerdos de paz, con cualquier grupo generador de conflictos y violencias. No se hace necesario realizar enmiendas constitucionales ni dictar leyes especiales; la Constitución Política puede entenderse como portadora del lenguaje de la paz. Se trata de poner en acción este lenguaje constitucional.

lograr una paz fecunda y duradera?

Las respuestas no son fáciles ni concretas. La paz no es un status, siempre ha de estar en construcción; es plural y plurales las formas de obtenerla.

Cuando el Gobierno anunció, en septiembre de 2012, el inicio de diálogos de paz con el grupo guerrillero Farc, que ha mantenido con el Estado un conflicto armado por más de medio siglo, las opiniones mayoritarias han sido de apoyo al proceso, al punto de entenderlo como EL proceso de paz y no como UNO de los procesos de paz que es necesario realizar en nuestro país. Tanto optimismo en cuanto a que la realización de un acuerdo de paz con la guerrilla Farc constituya la paz en Colombia puede ser contraproducente para este proceso. El eventual acuerdo final que se obtenga no es la paz misma; por supuesto que es muy importante, pero es apenas una de las paces necesarias para el logro de una convivencia pacífica en Colombia.

Así que se hace necesario insistir en que los diálogos de paz que se realizan actualmente en La Habana y su eventual acuerdo, no significan la paz del país. Lo que sí hay que

decir es que el valor político de este proceso de diálogos es que constituye un buen comienzo para otras paces que es necesario realizar y sin las cuales es impensable una paz viable. Sin inclusión social, sin un mínimo de oportunidades, sin desterrar la discriminación o el odio a los diferentes, sin eliminar la corrupción estatal, sin educación para todos y a cargo del Estado, no es posible la paz. Así que en buena hora ha empezado el lenguaje de la paz a través de los diálogos con la guerrilla más antigua de nuestro país y ello debe marcar un hito necesario para las otras paces que son urgentes y necesarias.

Bien vale aquí el dicho “el fin es empezar”.

En el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, celebrado por el Gobierno Nacional y las Farc-EP en 2012, se previó como último punto de las negociaciones el relativo a la “Implementación, verificación y refrendación”. Este punto está pendiente en la agenda de La Habana y sin embargo el Gobierno unilateralmente ha gestionado una enmienda constitucional sobre justicia transicional denominada Marco jurídico para la paz (Acto

Legislativo 1 de 2012), la Ley 1732 sobre la cátedra de la paz, un proyecto de ley estatutaria sobre referendos constitucionales con ocasión del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y, finalmente, el actual proyecto de ley estatutaria sobre plebiscito para refrendar los acuerdos de paz, cuya revisión constitucional cursa en la Corte Constitucional. El Gobierno ha legitimado la expedición de estos actos con el argumento de su necesidad y la conveniencia de la participación ciudadana en la refrendación de los acuerdos.

Sobre la refrendación es necesario hacer precisiones: de un lado, está acordado en el Acuerdo general inicial que ésta sería objeto de consenso entre las partes y, por ello, cualquier método que anticipe el Gobierno es un acto unilateral y quizá puede enrarecer y aún dificultar los acuerdos sobre este punto.

De hecho el grupo guerrillero ha insistido en la necesidad de una constituyente. De otro lado, en cuanto a la refrendación ciudadana de los acuerdos que se logren, resulta absolutamente conveniente, tanto en este como en cualquier proyecto de paz, tener en cuenta a los ciudadanos; más aún, los actos de refrendación ciudadana son en sí mismo constructores de paz, no obstante los riesgos que puedan correrse cuando de participación se trata, puesto que es preferible asumirlos que evitarlos.

Así las cosas, la eventual conclusión feliz de los acuerdos de paz con las Farc constituyen un principio de paz significativo pero no son la paz misma. Los procesos de refrendación no pueden dar la espalda a los dialogantes porque hacen parte del acuerdo y, finalmente, la participación ciudadana sí se torna necesaria como una herramienta para empezar a hacer las paces.

Nº 652, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2016

Encuentro internacional

“Violencia contra los animales” El 14, 15 y 16 de abril de 2016, expertos de España, Ecuador y Colombia se congregarán en el Encuentro internacional “Violencia contra los animales”, en torno a las temáticas Mirada interdisciplinaria en torno al tema de las violencias contra los animales no humanos. Estrategias para superar las violencias contra los animales. Situación de los derechos de los animales en Colombia.

El evento, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia a través del programa sociojurídico de Protección Jurídica a los Animales, con el apoyo del Tecnológico de Antioquia, la Fundación Franz Weber, CoPPA y Defenzoores, busca hacer un análisis multidisciplinario de las violencias contra los animales, sus causas y efectos en la sociedad, y proponer algunas estrategias que contribuyan a su disminución o erradicación del fenómeno, generando aportes para un cambio cultural.

Programación Jueves 14 de abril 8:15 a.m. Lección inaugural “Derechos de los animales en el marco de la filosofía contemporánea”.

9:30 a.m. Conferencia “El constitucionalismo y sus retos en defensa de la naturaleza”.

11:00 a.m. Mesa redonda “Estrategias locales desarrolladas para la prevención y sanción de las violencias contra los animales: fauna silvestre, doméstica y exótica”.

2:00 p.m. Conferencia “El vínculo entre el maltrato animal y la delincuencia y violencia interpersonal”.

3:30 p.m. Panel “El concepto de violencia hacia los animales y la relación de ésta con las violencias hacia los humanos”.

Viernes 15 de abril 8:00 a.m. Conferencia “Efectos de los espectáculos violentos con los animales sobre los niños”.

9:15 a.m. Conferencia “La enseñanza violenta del derecho occidental (cosificación de los animales, humanos o no) y otras aproximaciones posibles”.

10:45 a.m. Conferencia “Importancia del conocimiento y aplicación de las ciencias forenses veterinarias en la tipificación y abordaje objetivo de las violencias contra los animales”.

2:00 p.m. Conferencia “Experiencia del Ecuador en la protección, tenencia y cuidado de los animales”.

3:15 p.m. Conferencia “Derechos de los animales en Colombia.

Avances legislativos y jurisprudenciales”.

4:45 p.m. Conversatorio “Políticas públicas en América Latina: experiencia del observatorio violencias en el marco del constitucionalismo andino que reconoce derechos a la naturaleza”.

Sábado 16 de abril 8:00 a.m. Panel “Otras experiencias: logros, retos y dificultades del trabajo en aras de la protección de los animales”.

10:30 a.m. Lanzamiento del Primer Observatorio de Violencia Interrelacionada en Colombia.

11:15 a.m. Mesas de trabajo sobre derechos de los animales y violencias contra los animales.

2:30 p.m. Conflictos, violencias estrategias para su gestión.

La ley 1774 de 6 de enero de 2016 como una de las estrategias para gestionar la violencia contra los animales.

3:00 p.m. Conformación de tres mesas de trabajo.

Informes e inscripciones Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Teléfonos 2199960 y 2199961 E-mail: extensionderechoypolitica@udea.edu.co http://derecho.udea.edu.co

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Los riesgos de la paz Estos riesgos entre otros que debe afrontar la negociación de paz son posibles de asumir siempre y cuando la decisión política de no hacer la guerra se mantenga en firme, porque en la construcción de la paz el mayor de los riesgos es retornar a la situación de la cual se quiere salir.

Por ADRIÁN RESTREPO PARRA*

L

os avances en el proceso de negociación de la paz en La Habana han logrado tal “maduración” que suscitan en distintos sectores afectos al proceso la preocupación por los posibles riesgos que podrían conducir al fracaso de la negociación y, ante todo, de la implementación de una paz estable y duradera. Que aparezcan las preocupaciones por los riesgos que pueden evitar concretar la paz es un interesante indicio del tránsito del escepticismo hacia un relativo optimismo sobre la negociación. Ahora no está en duda la seriedad del proceso de paz, como sucedió al inicio de la negociación; las mayores preocupaciones en estos momentos recaen sobre los retos que tiene implementar los acuerdos.

Ante la inminencia de la firma de la paz, el paramilitarismo aparece en el primer lugar de las amenazas contra ella, sin embargo, este solo sería uno de los múltiples retos que impone hacer una paz sostenida. Para analizar algunos de estos riesgos conviene considerar de manera general las etapas que el proceso de paz tiene que concretar para su culminación: 1. Terminar de construir los acuerdos; 2. Asegurar los fondos para la financiación y diseñar el aparato administrativo que los implementará y 3. Establecer los mecanismos para monitorear y verificar el cumplimiento de lo acordado. Al considerar esas tres etapas podemos avizorar otros riesgos que, sin quitar importancia a la seria amenaza del paramilitarismo, nos permiten contemplar el ajetreado recorrido que deberá transitar la negociación de paz en Colombia.

Respecto a la primera etapa, el riesgo evidente en este momento es que se cumpla el principio que rige la Mesa de negociación “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, que equivale a decir que hay que tener acuerdos en todos los puntos o no hay acuerdo.

Aunque los avances son importantes quedan variados puntos por precisar en cada uno de los acuerdos a la fecha suscritos, y falta confeccionar los referidos al fin del conflicto y los mecanismos de refrendación. Se esperaría entonces que lo que falta por negociar no tenga tanto peso que termine por menospreciar los significativos avances.

La financiación de la paz y el aparato o mecanismo para la implementación de los acuerdos. En esta etapa, como desde ahora se manifiesta, la preocupación inicial es de dónde saldrán los noventa billones de pesos que se estima puede llegar a valer la implementación de los acuerdos. Todos quieren la paz, pero muy pocos están dispuestos a pagar por ella. Preocupación que aumenta al mirar el escenario económico nacional e internacional que da señales de “crisis”. El riesgo en esta etapa es la desfinanciación de la paz, acuerdos programáticos sin recursos.

En esta misma etapa otro aspecto a contemplar es el aparato administrativo que tendrá la tarea de implementar lo acordado y administrar los fondos.

Mientras para el gobierno colombiano la implementación pasa por el Ministerio del Posconflicto, para la guerrilla el mecanismo está por discutirse. En estas circunstancias, es necesario precisar cómo será la participación del grupo insurgente y las comunidades en la implementación de los acuerdos.

Dicha precisión permitirá dilucidar lo que desde ahora aparece como un debate: ¿participación de la guerrilla en la implementación de los acuerdos o co-gobierno? La carencia de recursos y la poca claridad administrativa deja a la paz sin “músculo”, una paz de papel.

En la tercera etapa, los mecanismos para monitorear y verificar el cumplimiento de lo acordado, uno de los riesgos consiste en carecer de información confiable y veraz que permita tanto a los involucrados en la negociación como a la población en general realizar evaluaciones del proceso de paz basadas en evidencia. En una acción de construcción de paz de diez o quince años debe contarse con la información que contribuya al debate público sobre los logros, fracasos y retos de la paz.

Estos riesgos entre otros que debe afrontar la negociación de paz son posibles de asumir siempre y cuando la decisión política de no hacer la guerra se mantenga en firme, porque en la construcción de la paz el mayor de los riesgos es retornar a la situación de la cual se quiere salir. * Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

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CALDAS: el poder liberador del conocimiento La foto de un hombre con sus manos posadas sobre una esfera celeste es la de uno de los protagonistas de la ciencia en Colombia. Sin saberlo, muchos supieron de él solo por el billete café de veinte pesos expedido en 1981.

Por GISELA POSADA MEJÍA

P

ara Darío Valencia Restrepo, ingeniero civil, exrector de las universidades de Antioquia y Nacional de Colombia y director académico del Bicentenario de la muerte de Francisco José de Caldas (1768, Popayán - 1816, Bogotá), la frase “o larga y negra partida” o el epíteto de “sabio” no hacen justicia con quien fuera pionero de la ingeniería, la meteorología y la construcción de comunidad científica en Colombia. Caldas vale por su vigencia al demostrar que con disciplina, perseverancia y tesón se alcanzan logros científicos aún en medio de las más grandes adversidades.

Profesor Darío Valencia, ¿cuáles fueron las verdaderas causas del fusilamiento de Caldas y sus consecuencias pasadas y presentes?

—A Caldas le fue asignada la codirección del Diario Político de Santa Fe de Bogotá, en donde movido por los acontecimientos se vincula a la lucha por la independencia, descalifica y ataca la dependencia de la metrópoli. Ese es un primer aspecto que los oficiales de la llamada reconquista de la Nueva Granada tuvieron en cuenta.

Al paso de Caldas por Antioquia entre 1813 y 1815, a instancias del presidente dictador don Juan del Corral, se fundó una maestranza de artillería para fabricación de piezas de guerra y la Escuela de Ingenieros Militares, ambas entidades en Rionegro. Caldas fue el artífice de las dos. Esa vinculación tan estrecha al esfuerzo militar de la Independencia fue clave para considerar que Caldas había sido traidor a la Colonia. Se decía que la metrópoli había tratado muy bien a Caldas, al vincularlo a la Expedición Botánica, igual que a la dirección del primer observatorio astronómico del nuevo mundo, y que se había unido a los rebeldes con frases, con ataques de periódico, y además una significativa presencia en la actividad militar. Esas son las razones para considerarlo un traidor a la Corona de España y fusilarlo por la espalda.

Es importante anotar que se venía gestando una comunidad científica en la Nueva Granada en esas primeras dos décadas del

La pedagogía sobre esta singular figura ha involucrado esfuerzos institucionales de dos universidades emblemáticas como Nacional de Colombia y de Antioquia, y entidades divulgadoras de la ciencia como el Parque Explora de Medellín, así como la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, lideradas por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.

La agenda conmemorativa de la muerte de Caldas invita a conocer sus múltiples facetas como científico, ingeniero militar, coleccionista de mariposas, astrónomo autodidacta, botánico y naturalista y busca estimular el amor por la ciencia en niños y maestros. Inquietar, investigar, y hasta emular experimentos como el desarrollado por él al utilizar un hipsómetro para medir la altura de un lugar sobre el nivel del mar, con base en la temperatura de ebullición del agua. Algunos de los proyectos destacados serán premiados en octubre de 2016 en jornada nacional.

siglo XIX. Pero la tal pacificación de Morillo cortó brutalmente ese proceso y las consecuencias para el país fueron muy graves. Se borró toda una generación de primeros científicos, trayendo consecuencias en el futuro. Caldas, en su edad productiva de 48 años, había podido hacer mucho más porque la tarea de Mutis estaba inconclusa. El que mataran a Caldas y a otros de esta especie de germen de comunidad científica afectó de manera trascendental la vida de la naciente república.

A él le tocó una época con dificultades enormes y en medio de esa adversidad muestra una lucidez ejemplar. ¿Cree usted que la ciencia le ayudó a vislumbrar un camino emancipador y es ésta su faceta más preponderante?

—Creo que eso nos permite ligar a esa naciente comunidad científica con la construcción de Nación. Aquellos investigadores que estaban interesados en conocer mejor el territorio del país y poner ese conocimiento al servicio de los conciudadanos, estaban ligados a los intereses de la metrópoli y ésta dirigía los colegios, la Expedición Botánica, el Observatorio. Y esos científicos, en germen, consideraron que era necesario tener un propio país para poder servir a los intereses del país y no de la metrópoli. Considero que Caldas y otros vieron necesario la liberación para poner su trabajo al servicio de los intereses del bien común.

Desde su visión de universitario, ¿cuál

cree debe ser el compromiso con la memoria y con el estímulo con el conocimiento humano?

—Me preocupa nuestro olvido de la historia. Oficialmente ya sabemos que en los planes de estudio se ha suprimido la cátedra de historia y se ha incorporado a un grupo de asignaturas de tipo social.

Eso es verdaderamente lamentable. Creo que a los colombianos nos hace mucha falta estudiar la historia, porque uno es lo que ha llegado a ser, y el llegar a ser proviene de antecedentes, de gentes que trabajaron antes que uno, con sus virtudes y sus defectos. Conocer la historia es entendernos un poco cómo somos hoy. Es decir, el pasado algo escribe sobre el futuro.

Hay que señalar que la historia se reducía a héroes, próceres, fechas y batallas, y no aparecía la gente del común ni las costumbres y características de los indígenas, mestizos o negros que tuvieron participaciones centrales.

Solamente en la segunda mitad del siglo XX apareció una nueva historia, con un elenco de historiadores del nuevo cuño que empezaron a hacer una especie de historia social de la Independencia, de la Colonia, de la República, etc.

Creo que con el trabajo de la Academia Colombiana de Ciencias, el capítulo de Antioquia estrechamente vinculado a esta conmemoración, estamos colaborando a rescatar aspectos de nuestra historia que debemos entender y apreciar en su debida importancia. ¿Qué quiere dejar la ACCEFN con esta conmemoración?

—En la medida en que personas e instituciones se acercan a la figura de Caldas se despierta un entusiasmo y un deseo por conocerlo y emular su vida. La educación debe aprovechar esta ocasión para acercar a los niños y jóvenes por el camino del conocimiento. Si se observa, áreas como las ciencias exactas, físicas y naturales son poco favorecidas en la elección vocacional y de ahí la oportunidad para que descubran pasos y conceptos y vivan la experiencia científica.

Nº 652, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2016

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Escepticismo y modernidad Una relectura del pensar escéptico en Michel de Montaigne*

S

in lugar a dudas, Pierre Villey es uno de los estudiosos más importantes por lo que respecta a la interpretación académica temprana de Los ensayos, así que su opinión ha de tener una enorme relevancia y ha de tomarse necesariamente en cuenta cada vez que alguien intenta acercarse nuevamente a la obra de Michel de Montaigne. Y precisamente este intérprete entiende, ya desde su tesis central, la aportación y el perfil del pensamiento montaigniano de un modo completamente opuesto al que nosotros planteamos, a saber, que Montaigne en realidad habría tenido un pensamiento en constante evolución, en el que cabría destacar tres etapas, ligadas a tres escuelas filosóficas de la Antigüedad, que habrían tenido más o menos peso en la elaboración del propio pensamiento montaigniano: la etapa estoica, a la que seguiría una brevísima crisis escéptica que, finalmente, desembocaría en un epicureísmo sui generis. Y a esta primera tesis cronológica la reforzaría otra propuesta más matizada, la de que el pensamiento de Montaigne en realidad habría sido más bien ecléctico en el fondo, sin unirse plenamente a ninguna de las escuelas mencionadas. Así, continuando con tal argumento, cabría decir que el autor francés no tomaría completamente en serio ninguna de esas corrientes del pensamiento antiguo, o no se asimilaría a ellas, seleccionando en su lugar los principios que más le interesasen para su propia elaboración intelectual. Adoptaría de este modo una suerte de moral del libre examen, respetuosa de las costumbres establecidas, pero fundada en sí mismo, sin llegar a identificarse con ninguno de los modelos o métodos a los que habría recurrido en cada momento.

A estas dos tesis, Villey fue aña-

*Fragmento del libro Escepticismo y modernidad: Una relectura del pensar escéptico en Michel de Montaigne, de Vicente Raga Rosaleny, publicado por la Editorial Universidad de Antioquia.

diendo otras que resultan aún más problemáticas, pues si lo anterior deniega la primacía del escepticismo en la obra de Montaigne o su fidelidad al método escéptico, en otros momentos, yendo más allá de la posición evolutiva y de la ecléctica, el estudioso francés termina rechazando que Montaigne hubiera sido escéptico en modo alguno. A esta última propuesta especialmente, aunque sin descuidar las otras dos en las que se apoya,

trataremos de responder en los siguientes párrafos de nuestro texto.

Y es que, para Villey, Montaigne no estaría “flotando incesantemente en una incertidumbre infinita” sin lograr jamás un punto de apoyo en el que asentar sus planteamientos, ni sería un auténtico pirrónico; antes bien, esta sería una posición forzada, propia de un momento de crisis, en una época en que tanto el dogmatismo excesivo como la innovación apresurada habrían llevado a múltiples conflictos y generado innumerables problemas.

Sería pues esta, la perspectiva escéptica, una opción temporalmente asumida, para luego rechazarla e incluso censurarla. Y esta tesis tan arriesgada la pondría en juego el estudioso francés por una razón concreta, motivado por su convicción de que el escepticismo radical, del estilo que suele atribuirse a Montaigne, como invitación a suspender el juicio y a llevar una vida adoxastos, no es una posición que pueda sostenerse en la práctica.

Esta crítica, que otros autores dirigirían luego contra el mismo Montaigne, llegando a interpretarlo pese a todo como un escéptico consecuente (aunque hipócrita), o bien como un pensador incoherente en sus posiciones, estaría vinculada con una de las más típicas y repetidas objeciones al escepticismo neopirrónico, al menos en la exposición concreta de Sexto Empírico, que la tuvo en cuenta y trató de responder a ella. Aludimos específicamente a la apraxia, la pretendida imposibilidad, e incluso en el último extremo inmoralidad, de cualquier propuesta seria de una vida escéptica con todas sus consecuencias, objeción recurrente en el contexto intelectual del escepticismo antiguo pero que muchos autores contemporáneos habrían retomado.

Y lo mismo cabría decir de otro

conjunto de críticas que apuntan igualmente a la incapacidad del escepticismo para sustentarse como corriente, aunque en este caso se apuntaría más bien a la incoherencia, a la dimensión contradictoria, y por lo tanto autorrefutatoria, de la posición escéptica. Y así, aunque las dudas de Montaigne, desde este conjunto de objeciones, se podrían vincular a una sui generis posición crítica con el racionalismo, no cabría atribuirle o adscribirle una posición racionalista tout court a la corriente neopirrónica, dado que el rechazo de toda creencia y posición estable no podría sostenerse sin incurrir en una suerte de irracionalismo.1 Tomando este punto de vista como base, frente a la interpretación tradicional que hace de Montaigne un escéptico pleno y completamente comprometido con las doctrinas pirrónicas, emergería una imagen distinta, de un autor que reacciona a las dificultades de su momento histórico, a las secuelas políticas y sociales del dogmatismo y la intolerancia, así como a la crisis cultural en la que se ve inmerso su mundo.

Su escepticismo sería entonces funcional y metódico, dirigido a entender los problemas y falencias de su época, y quizá también ligado a cierto pesimismo antropológico.

De este planteamiento escéptico muy mitigado saldría una lectura minuciosa de la identidad humana y de la sociedad como un todo que se concretaría en un llamado a la tolerancia y a la prudencia, antes que a la indiferencia y el silencio pirrónicos.2 […]

1. Chamizo D., Pedro. 1982. “El ‘Discurso del método’ de Descartes como ensayo”, Aporía, 4(15-16), p. 82.

2. Casals P., Jaume. 1986. La filosofía de Montaigne. Barcelona: Edicions 62, p. 64.

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Nuevos directivos

FILBO 2016 Editorial Universidad de Antioquia, presentará más de 270 títulos

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omo cada año, la Editorial Universidad de Antioquia participará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) entre el 19 de abril y el 2 de mayo, con una oferta de 270 títulos entre los cuales se encuentran 40 novedades editoriales. Las novedades y otros títulos, recorren diversos gustos e intereses en áreas como ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, ciencia y tecnología, literatura y artes.

Los visitantes también encontrarán segundas y terceras ediciones de obras que gozan de gran aceptación por parte de los lectores. Por ejemplo, Trauma del autor Carlos Hernando Morales Uribe y Administración de servicios de alimentación y nutrición.

Calidad, nutrición, productividad y beneficios de Blanca Dolly Tejada, o Los escogidos de Patricia Nieto. Además, quienes se acerquen a la Editorial Universidad de Antioquia podrán adquirir libros fundamentales para el aprendizaje en diversas áreas de formación profesional, como el libro Lecciones de mecánica cuántica, escrito por William A. Ponce Gutiérrez, y de literatura, como la obra de Andrés Mauricio Muñoz Un lugar para que rece Adela. Cuentos de despojo.

Durante la acostumbrada Noche de los libros, la Editorial Universidad de Antioquia entregará a sus visitantes la obra Poemas selectos de Emily Dickinson.

Además, en asocio con las editoriales de la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Medellín y Eafit, se realizará el sábado 23 de abril la presentación de dos obras del autor antioqueño Gonzalo Arango, Oveja negra y Última página, que harán parte de la oferta editorial de estas universidades.

Quienes estén interesados en ampliar la información sobre los libros que tendrá la Editorial Universidad de Antioquia en la Filbo 2016 pueden comunicarse con Natalia Posada, asistente administrativa de la Editorial, teléfono 2198010, correo: nmarcela.posada@udea.edu.co. O con la periodista María Paulina Restrepo Ruiz, de comunicación y mercadeo del Departamento de Publicaciones de la Universidad de Antioquia, teléfono 2195012, celular 3004187060, correo: maria.restrepo4@ udea.edu.co.

Edison Neira Palacio

L

Luis Alfonso Escobar Trujillo

a Vicerrectoría General de la Universidad de Antioquia estará a cargo de Edison Neira Palacio, doctor en filosofía y letras y sociólogo; es profesor titular de la Facultad de Comunicaciones. Asumirá sus funciones como vicerrector el

María Isabel Lopera Vélez

Marta Cecilia Ramírez Orrego

2 de mayo. Desempeñó durante dos periodos la decanatura de la Facultad de Comunicaciones.

Reemplaza en el cargo al profesor del Instituto de Filosofía Carlos Vásquez Tamayo.

Por su parte, María Isabel Lopera Vélez será la nueva Secretaria General de la Alma Máter, y asumirá su cargo a partir del 4 de abril. Lopera Vélez es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

Es especializada en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, además de Magíster en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Reemplazará en el cargo al doctor Roberth Uribe Álvarez.

En la dirección de Regionalización fue nombrado Luis Alfonso Escobar Trujillo, quien se venía desempeñando como Director de Gestión Integral de Recurso Hídrico en el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asumió la dirección desde el 16 de marzo, en reemplazo de Claudia Elena Montoya, quien estaba encargada.

En cuanto a la IPS Universitaria, la junta directiva de la entidad eligió el lunes 14 de marzo a Marta Cecilia Ramírez Orrego como nueva directora.

Orrego es médica egresada de la Universidad de Antioquia y especialista en gerencia de la economía y finanzas de la salud de la UPB.

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO: Luis Pérez Gutiérrez, Gobernador del Departamento y Presidente de la Corporación • Mauricio Alviar Ramírez, Rector • Antonio Yepes Parra, Representante del Presidente de la República • Francisco Javier Cardona Acosta, Representante de la Ministra de Educación Nacional • Francisco Londoño Osorno, Representante del Consejo Académico • Rocío Bedoya Bedoya, Representante Profesoral • Ricardo León Álvarez, Representante de los Egresados • Juan Guillermo Londoño Posada, Representante del Sector Productivo • Jaime Restrepo Cuartas, Representante de los ex Rectores • Roberth Uribe Álvarez, Secretario General.

CONSEJO ACADÉMICO: Mauricio Alviar Ramírez, Rector • María Patricia Arbeláez Montoya, Vicerrectora de Investigación • Luz Stella Isaza Mesa, Vicerrectora de Docencia • José Edinson Aedo Cobo, Vicerrector de Extensión • Fernando Tobón Bernal, Vicerrector Administrativo • Francisco Londoño Osorno, Decano Facultad de Artes • Luis Guillermo Palacio Baena, Decano Facultad de Ciencias Agrarias • Ramón Javier Mesa Callejas, Decano Facultad de Ciencias Económicas • Nora Eugenia Restrepo Sánchez, Decana Facultad de Ciencias Exactas y Naturales • Gloria Patricia Peláez Jaramillo, Decana Facultad de Ciencias Sociales y Humanas • David Hernández García, Decano Facultad de Comunicaciones • Clemencia Uribe Restrepo, Decana Facultad de Derecho y Ciencias Políticas • Carlos Arturo Soto Lombana, Decano Facultad de Educación • Sandra Catalina Ochoa Marín, Decana Facultad de Enfermería • Carlos Alberto Palacio Tobón, Decano Facultad de Ingeniería • Carlos Alberto Palacio Acosta, Decano Facultad de Medicina • Álvaro Olaya Peláez, Decano Facultad Nacional de Salud Pública • Clara Eugenia Escobar Güendica, Decana Facultad de Odontología • Juan Carlos Alarcón Pérez, Decano Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias • Marco Antonio Vélez Vélez, Representante Profesoral Consejo Académico • Roberth Uribe Álvarez, Secretario General.

Invitados: Carlos Vásquez Tamayo, Vicerrector General • Sandra María Turbay Ceballos, Directora de Posgrado • Carlos Mario Duque Duque, Director de Desarrollo Institucional • Adriana González Moncada, Directora de Relaciones Internacionales • Adriana Patricia Arcila Rojas, Directora de Bienestar Universitario • Claudia Montoya Aguirre, Directora (e) Programa de Regionalización • Liliana Marcela Ochoa Galeano, Directora Escuela de Microbiología • Margarita María Gaviria Velásquez, Directora Escuela Interamericana de Bibliotecología • Paula Andrea Echeverri Sucerquia, Directora Escuela de Idiomas • Gildardo Uribe Gil, Director Escuela de Nutrición y Dietética • Francisco Cortés Rodas, Director Instituto de Filosofía • Gloria María Castañeda Clavijo, Directora Instituto de Educación Física y Deporte • Richard Steve Ramírez Grisales, Director Unidad de Asesoría Jurídica • Adriana Astrid Zea Cárdenas, Auditora Interna • Alma Nury López Patiño, Líder de Comunicaciones.

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