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Periódico de los estudiantes de la Facultad de Derecho • Universidad de los Andes • Mayo 2011 • Edición N.º 21

EDITORIAL

¿Dónde está la solidaridad de los colombianos frente a la tragedia del invierno? p. 2

JURÍDICA

UNIDOS contra la Pobreza Extrema Prohibición de la venta de cigarrillos por unidad: ¿Qué tan eficaz es para pevenir el consumo de tabaco? p. 5

Jurídica Fuerza vinculante del precedente judicial en materia penal............. p. 3 El auge del derecho de la competencia.......... p. 6 La Multiafiliación en el Sistema General de Pensiones..................... p. 8 Política Inquietudes acerca de la Ley de Víctimas...... p. 11 Opinión Manolo Azuero: “La crítica es mucho más productiva que una fila de aplausos a un gobernante”............ p. 12 Otro discurso de Rey....... p. 14 Facultad ¿Notas por plata?............ p. 19 Helena Alviar “Antes que nada, soy profesora”....... p. 20 Entre copias, pesos y minutos........................... p. 22

Durante los ocho años de gobierno de Uribe Colombia permaneció como uno de los cinco países con mayor desigualdad económica en el mundo. ¿Cambiará esta situación bajo el gobierno de Juan p. 10 Manuel Santos?

Reflexiones estudiantiles sobre la incultura ciudadana “Andar por el centro y encontrar tanta apatía y desinterés por parte de muchos me hizo pensar que debemos despertar, y que como estudiantes, podemos hacer p. 16 algo”.

“No es un problema de normas ni de ejecución de las mismas. Es un problema de conductas remediables. La pasividad se representa en la falta de reacción contra la conducta p. 17 ilegal”.

Editorial

Una Colombia indiferente

AL DERECHO Mayo de 2011 DIRECTORAS Giselle Herrera Kheneyzir Laura Gamba Fadul

CONSEJO EDITORIAL Carolina Abreo Carrillo Mónica Borda Olarte Gabriela Eslava Bejarano Luisa Ferreira Peralta Juan Pablo Flechas Hernández Camilo Forero Barrera Juan Felipe Mantilla Ramírez Santiago Martínez Neira Santiago Martínez Ojeda Álvaro Enrique Pereira Pacheco Carolina Rincón Cortés Alejandra Rojas Castañeda

DISEÑO Ricardo Rojas Z. Impresión: Legis S.A.

Las opiniones de nuestros columnistas no comprometen la posición editorial de AL Derecho

ueblos enteros están inundados por las súbitas crecientes de los ríos. Casas, carros, árboles y animales son devorados por la furia de las corrientes de los principales afluentes del país. Las vías son trochas que dan testimonio del peor desastre natural ocurrido en la historia de Colombia. La mayoría de las carreteras están bloqueadas por derrumbes y deslizamientos causados por la lluvia en la ya precaria infraestructura vial colombiana. Niños y jóvenes de escuelas y universidades ven con impotencia cómo su material de estudio se pudre en el agua. La comida y los recursos no llegan a los sitios más apartados del país, que están completamente incomunicados. Los alimentos suben de precio por su escasez, y gran cantidad de productos agrarios, que se cosechaban por montones en los campos colombianos, hoy son importados de todas partes del mundo. Y a pesar de las imágenes estremecedoras del invierno que los medios registran, en Colombia prevalece la indiferencia. El terremoto de 9 grados en la escala de Richter y posterior tsunami que destruyeron gran parte de Japón, son un buen ejemplo para tener en cuenta en este momento de desastre por el que pasa Colombia. No porque la magnitud de estos hechos pueda ser comparable en términos de cifras o impacto, sino por la diferencia en la respuesta de cada sociedad ante sus desastres. En efecto, justo después del terremoto, algunos comerciantes japoneses regalaban alimentos a quienes los necesitaban. Los precios de los productos no subieron, e incluso en muchos casos bajaron, respondiendo a un sentimiento colectivo de solidaridad. Arquitectos japoneses se unieron para instalar casas temporales para los damnificados, que si bien fueron fabricadas con materiales de bajo costo, se convirtieron en estructuras sorprendentemente sólidas. En Japón no hubo saqueos y sólo aquellas personas verdaderamente afectadas reclamaban su subsidio.

quienes han encontrado sus ya inundadas casas de campo, despojadas de todo lo que en ellas había. El alza en el precio de los alimentos, fruto de decisiones arbitrarias de los mismos comerciantes, no demoró en presentarse. Los damnificados duermen a la intemperie, y los alimentos donados que aún no se han vencido en bodegas, dejan de llegar a sus destinatarios. Muchos se hacen pasar por damnificados, privando del sustento a aquellos que sí están en un estado de debilidad manifiesta. Y mientras que el país está casi destruido, el cubrimiento mediático se reduce a la boda real de William y Kate y a la beatificación del Papa Juan Pablo II, sucesos que, además, ocurren al otro lado del mundo. Y aunque la Cruz Roja colombiana ha tenido un papel importante prestando asistencia a las víctimas del invierno, ésta ha decidido adoptar medidas inentendibles, como no recibir ropa usada, lo cual, en un momento de crisis como el que vive Colombia, es inadmisible. Si bien hay personas que de manera desconsiderada regalan ropa en mal estado, hay prendas en perfecto estado que se están dejando de recibir por políticas tan radicales. Dice la Cruz Roja que no tiene la cantidad de personas o el tiempo para escoger las prendas en buen estado. Sin embargo, hay quienes dicen que a pesar de haberse inscrito desde hace varios meses en la página de internet de la Cruz Roja como voluntarios para realizar esta labor, no han sido convocados aún. A estas alturas probablemente no lo serán.

El invierno aún no cesa, y según advertencias del IDEAM, por ahora la lluvia no dará tregua. Aunque es muy fácil oír la lluvia desde el sofá de la casa y criticar a los alcaldes y gobernadores por el mal manejo de los recursos y de la comida, vale la pena preguntarnos ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque lo que ocurre en las partes más “lejanas” y “desconocidas” En Colombia las cosas han sido muy distintas. de Colombia no nos incumbe. Es más, lo que Los saqueos han sido la regla general. Hay no nos ocurre a nosotros nos da igual.

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Jurídica

Fuerza vinculante del precedente judicial en materia penal La obligatoriedad del precedente constituye un mecanismo de control para que los jueces no decidan arbitrariamente, evitando que emitan providencias motivados por sus pasiones, prejuicios, presiones o intereses, acorde igualmente con el principio de imparcialidad. Por: Norberto Hernández Jiménez

Asesor del área de Derecho Penal del Consultorio Jurídico

l constituyente del año 1991 [artículo 235 Constitucional] mantuvo la atribución funcional que desde el año 1886 se había otorgado a la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación, aún cuando el conocimiento de los casos en virtud de esta sede extraordinaria se limitaba en ese entonces a las condenas impositivas de la pena capital, abolida desde 1910. Por supuesto que hoy en día, la procedencia de esta alzada contiene una teleología diferente(1), que se compagina con los siguientes objetivos: (i) la prevalencia del derecho material, (ii) la guarda de las garantías, (iii) la reparación de agravios y (iv) la unificación de la jurisprudencia(2).

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La interpretación de esta función debe hacerse acorde con lo establecido en el preámbulo de la Constitución que propugna por un orden social justo(3) y regulado dentro de un marco jurídico, así como la calidad de República unitaria pregonada en su artículo 1º. Esa unidad, que abarca también el ámbito jurídico, se efectiviza a través de la jurisprudencia(4), siendo ésta la encargada de unificar los criterios dentro de la administración de justicia, evitando que cada funcionario realice una interpretación personalísima de la normatividad aplicable a cada caso concreto. Recuérdese que la violación directa de la ley sustancial se constituye en causal de casación y se presenta cuando se ignora la existencia de una norma de derecho o se debate su vigencia –falta

de aplicación (en definitiva, no se aplica una norma que regula el caso). Si la inconformidad radica en la escogencia de la norma jurídica, que a juicio del actor no es aplicable al caso concreto, hablaremos de una aplicación indebida (es un error de selección normativa). Y si lo que se debate es que a pesar de haber resultado acertada la selección normativa, el alcance dado a la misma resulta desacertado, ora por extensión, ya por restricción, estaremos en presencia de una interpretación errónea (error hermenéutico), habilitándose en estos dos últimos escenarios la procedencia de la casación por contradicciones en la interpretación y aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia(5). Sigue en la página 4

Jurídica “Fuerza vinculante ...

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Por otra parte, el artículo 230 Constitucional estipula que los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley para efectos de adoptar sus decisiones, y clasifica como criterio auxiliar de la actividad judicial, entre otros, a la jurisprudencia. A pesar de lo anterior, la Corte Constitucional dejó relegado a este campo axiológico “secundario” los obiter dicta –afirmaciones dichas de paso– de cada decisión; no así a los ratione decidendi –fundamentos jurídicos suficientes–, que resultan vinculantes y obligatorios. Ahora bien, en las decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pueden dilucidar los lineamientos que sigue la Judicatura, incluso desde su categoría o grado de jerarquía municipal, acorde con la doctrina del precedente(6), anticipando la posibilidad de que cualquier sentencia sea analizada por la Corte en virtud de la casación, la revisión o como consecuencia de la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales por vía de tutela. Nótese cómo en la evolución de las causales genéricas de procedibilidad de la acción(7) de tutela, no sólo se consagran el capricho y la arbitrariedad judicial, sino también la razonabilidad de la decisión, cuyo parámetro fundamental radica en el respeto a la Constitución y, por contera, la salvaguarda de los derechos fundamentales de los asociados, tales como la igualdad(8) –en sus variantes de igualdad ante la ley, en la aplicación de la misma e igualdad de protección y trato por parte de las autoridades–, eventualmente vulnerada por desconocimiento del precedente(9). Por ende, la independencia y autonomía del funcionario judicial, pregonando la ley como su único límite de conformidad con la consagración expresa hecha en la parte orgánica de la Constitución [artículo 230], no puede desconocer la prevalencia de la parte dogmática de este compendio normativo, debiendo su actividad ceñirse a los fines del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. La igualdad, desde su concepción aristotélica y contemporáneamente en autores como Rawls, adaptada al tema sub examine, implica la resolución 4

similar de casos iguales y decisiones diferentes bajo supuestos de hecho disímiles. Así, la unificación de la jurisprudencia implica una manera de concretizar el principio de igualdad(10), otorgando una respuesta satisfactoria en términos comparativos frente a controversias que ostenten una similitud fáctica. Se suman a la igualdad algunos principios que no sólo derivan de ella sino que sistemáticamente se encuentran consagrados como fines estatales y efectivizan el acceso a la administración de justicia. Tal es el caso de la seguridad jurídica, que ofrece estabilidad en la interpretación y aplicación de la ley; la confianza legítima, que evita sorpresas con decisiones contradictorias; y la coherencia jurídica, que eventualmente es reivindicada en sede de segunda instancia, aunque no necesariamente bajo parámetros de celeridad. Empero, la obligatoriedad del precedente constituye igualmente un mecanismo de control para que los jueces no decidan arbitrariamente, evitando que emitan providencias motivados por sus pasiones, prejuicios, presiones o intereses, acorde igualmente con el principio de imparcialidad. Es en ese contexto que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que en virtud de la seguridad jurídica, se impone a los jueces una doble limitante: “[…] (i) el respeto al precedente jurisprudencial y (ii) la observancia de las reglas de validez de la labor hermenéutica propia de la labor judicial”(11) (12). Esto no impide que el juez se aparte del precedente sustentando de manera clara y suficiente un criterio jurídico diferente, con la obligación de identificar el precedente y señalar su discordancia con lo allí estipulado. Puede entonces el juez de inferior jerarquía realizar “cambios prospectivos”(13) atendiendo a variaciones sociales, políticas y económicas, demostrando el error de la doctrina sentada por las Cortes. No obstante lo anterior, nuestro máximo órgano de la Jurisdicción Penal no es tan complaciente con esta facultad otorgada por la doctrina constitucional, expresando que “una vez definido un tema jurisprudencial (…)ese criterio es aplicable intemporalmente para todos los supuestos de hecho que se enmarquen dentro del ámbito de cobertura de la norma interpretada por la Corporación, sin que a esa hermenéu-

tica sean oponibles otras opiniones doctrinales, por plausibles que sean, bajo las que se resolvió el problema jurídico, so pena de asistematizar la función unificadora de la Corte como Tribunal de Casación(14)”. A pesar de todo lo anterior y parafraseando la parte introductoria de la aclaración de voto de los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra a la sentencia C-836/01 sobre la trascendencia e importancia del reconocimiento constitucional del precedente, resulta indispensable exaltar cómo a través del mismo se efectivizan los parámetros abanderados por la confluencia de los adjetivos “social” y “de derecho” que describen al Estado colombiano, permitiendo que las decisiones judiciales respecto a los asociados ostenten un mayor grado de cientificidad, y evitando preferencias y discriminaciones con base en la fuerza gravitacional(15) del precedente, que atrae fácticamente a todos los casos similares, brindando una mejor administración de justicia. 1. Sobre el tema se puede consultar a Claus Roxin, Derecho procesal penal, traducción de Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, revisada por Julio B.J.Maier, Buenos Aires, del Puerto, 2000, p.469. 2. Cfr. Providencia del 5 de mayo de 2010, Rad. 33470, CSJ, Sala de Casación Penal, M.P. Julio E. Socha Salamanca 3. En similar sentido en el artículo 2° Constitucional se consagra como fin del Estado la vigencia de un orden justo. 4. Cfr. Sentencia C-104/93, M.P. Alejandro Martínez Caballero 5. En el mismo sentido Germán Pabón Gómez, De la casación penal en el sistema penal acusatorio, Bogotá, Ed. Ibañez y Universidad de los Andes, 2011, p. 192 6. “(…) Una decisión judicial es más justa si representa la aplicación de estándares establecidos más bien que la imposición de otros nuevos” Ronald Dworkin, Los derechos en serio, traducción de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel S.A., 1989, p. 48 7. Anteriormente comprendidas bajo el concepto “vía de hecho”. Cfr. Sentencia T-774/04, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 8. Cfr. Sentencia C-104/93, M.P. Alejandro Martínez Caballero 9. Cfr. Sentencia C-590/05, M.P. Jaime Córdoba Triviño 10. Cfr. Sentencia T-123/95, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, citada en la Sentencia T-321/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 11. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de julio 11 de 2007, radicado 26945. 12. Sentencia del 19 de mayo de 2010, Rad. 32310, CSJ, Sala de Casación Penal, M.P. José Leónidas Bustos Martínez 13. Diego Eduardo López Medina, Ob. Cit., p. 87 14. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de Casación del 4 de septiembre de 2003, radicación 13358 15. Este rotulo corresponde a Dworkin, citado por Diego Eduardo López Medina en El derecho de los jueces

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Jurídica

La bondad de la unidad: Por qué no es bueno vender cigarrillos sólo por paquete Varios fumadores dicen que si no pueden comprar cigarrillos sueltos, igual van a seguir fumando. Pueden comprar una caja entre dos o tres personas. Es más, comprar una caja de 20 cigarrillos es más barato que comprar 20 cigarrillos sueltos (20 cigarrillos por unidad cuestan 6 mil pesos; un paquete de 20 cigarrillos cuesta entre 3 mil y 4 mil pesos). Y como es más barato, pueden fumar más por un menor precio. Por: Luis Lizarralde

Estudiante de la Facultad de Derecho

ste año empieza a regir la norma que prohíbe vender cigarrillos por unidad. Es una medida que busca prevenir el consumo de tabaco, en particular en menores de edad. Pero esto no es lo más adecuado para lograr ese fin, pues no sólo va a afectar los ingresos de los vendedores de cigarrillos, sino que va a ser muy difícil de implementar. En el 2009 el Congreso aprobó una Ley que busca prevenir daños en la salud pública que se causen por la adicción al tabaco y particularmente, prevenir el consumo en menores de edad (Ley 1335). Una de las normas de esta ley (parágrafo del artículo 3) prohíbe la venta de cigarrillos sueltos con el fin de “salvaguardar la salud pública y evitar el acceso de menores de edad al tabaco y sus derivados”. Esta prohibición fue demandada ante la Corte Constitucional, que no aceptó los argumentos del demandante y declaró que la norma se ajusta a la Constitución (C-639/2010). Por eso la prohibición sigue en firme, y empezará a regir el 21 de julio de este año. La Corte tiene razón cuando dice que obligar al ciudadano a comprar cigarrillos por paquetes de por lo menos 10

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unidades en adelante no viola el derecho a la autodeterminación. Aún así, la norma sigue siendo ineficaz para prevenir el consumo de tabaco. De hecho, la Corte ni siquiera revisa si la norma servirá o no para lo que se creó (Numeral 30 de la sentencia). Varios fumadores dicen que si no pueden comprar cigarrillos sueltos, igual van a seguir fumando. Pueden comprar una caja entre dos o tres personas. Es más, comprar una caja de 20 cigarrillos es más barato que comprar 20 cigarrillos sueltos (20 cigarrillos por unidad cuestan 6

mil pesos; un paquete de 20 cigarrillos cuesta entre 3 mil y 4 mil pesos). Y como es más barato, pueden fumar más por un menor precio. Parece que la representante Dilian Francisca Toro, ponente del proyecto, no hubiera realizado un estudio previo de las medidas más adecuadas para prevenir el consumo. De hecho, en la exposición de motivos del proyecto de ley no se demuestra cómo vender cigarrillos sólo por paquetes va a lograr que la gente fume menos y que los menores de edad tengan menos acceso al tabaco.

La prohibición no sólo es inocua, sino que afecta los ingresos de los vendedores de cigarrillos sueltos, que en muchos casos viven de su venta. Berta Rojas, una vendedora de cigarrillos y confitería que tiene su carrito en frente del edificio AU en la Universidad de los Andes, sólo vende uno o dos paquetes de cigarrillos diarios (aproximadamente 6 mil pesos), pero vende más de 30 cigarrillos sueltos al día (9 mil pesos). Tal es el caso de muchos vendedores de los alrededores de Los Andes, quienes mayormente venden cigarrillos sueltos. Esta actividad es la que más ingresos les reporta. Obligarlos a venderlos por paquete implicaría una reducción en sus ganancias, lo que afectaría seriamente su subsistencia. Prohibir vender cigarrillos sueltos no sólo afecta seriamente a una población vulnerable y tampoco sirve para lo que se supone que debe servir, sino que ni siquiera se sabe cómo se va a implementar. En la estación de policía de Germania, ningún agente supo responder a eso. Ahora sólo queda esperar a que empiece a regir la norma, y ver los resultados que arroje lo que sea que se vaya a hacer para implementarla. Hasta entonces, todo lo anterior es sólo un pronóstico. 5

Jurídica

El auge del derecho de la competencia

Esta gran actividad que reporta la SIC no es más que el reflejo del auge del derecho de la competencia como una disciplina que, además de regular los mercados, trae enormes beneficios para los consumidores. Por: Sandra Hidalgo Estudiante de la Facultad de Derecho

ediante reciente Boletín informativo(1), la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) señaló que el 2010 fue un año récord en trámites de estudios de integraciones empresariales y en detección de prácticas anticompetitivas. Según la SIC, debido a la entrada en vigencia de la ley 1340 de 2009, al incremento en la inversión extranjera y al fuerte proceso de desconges-

tión que actualmente adelanta la Entidad, se advirtió un incremento en el número de intervenciones estudiadas y decididas en el 2010, año en el cual se resolvieron 122 trámites de integraciones empresariales, es decir, un 56% más que en el año 2009. Tal resultado, señala la Entidad, representa un récord en su gestión, considerando que nunca en la historia de la Entidad se había presentado una cifra tan elevada. De otro lado, el papel de autoridad de competencia

fue ejercido de manera también altamente notable en el campo de las Prácticas Restrictivas de la Competencia, imponiendo en el año 2010 un total de 26 sanciones por un valor superior a los 15 mil millones de pesos, cuando en años anteriores no se imponían más de 3 ó 4 multas por cuantías que no superaban los 500 millones de pesos. Esta gran actividad que reporta la SIC no es más que el reflejo del auge del derecho de la competencia como una disciplina que, además de re-

gular los mercados, trae enormes beneficios para los consumidores. Al respecto, valga señalar que la Constitución Política de 1991 dimensionó de manera especial derechos como la libertad económica, estableciendo en su artículo 333 que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común; que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades; y que el Estado, por mandato Sigue en la página 7

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Jurídica “El auge...

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de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. De tal forma, la libre competencia, desde un punto de vista subjetivo, aparece como un derecho individual que entraña tanto facultades como obligaciones. Desde una perspectiva objetiva, la libre competencia adquiere un carácter de pauta o regla superior con arreglo a la cual deben actuar los sujetos económicos y que, en todo momento, ha de ser celosamente preservada por los poderes públicos, cuya primera misión institucional es la de mantener y propiciar los mercados libres(2). No está demás señalar que, bajo el régimen de la Constitución de 1886, el artículo 32 de la Carta Política establecía la libertad de empresa y la iniciativa privada, artículo constitucional que en su momento fue la base para la expedición de la Ley 155 de 1959 y de sus decretos extraordinarios y reglamentarios, que regulan lo relacionado con el derecho de la competencia. En el año 2009, con el propósito de actualizar las normas sobre protección a la libre competencia y adecuarlas a las condiciones actuales de los mercados, así como de “facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre competencia económica en el territorio nacional”(3), se expidió la Ley 1340 de 2009. De manera general, y entre los cambios más significa-

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portamientos, imponer las sanciones que prevea la ley.

tivos que introdujo la Ley 1340 de 2009 en materia de derecho de la competencia, podemos señalar el establecimiento de la SIC como única entidad reguladora de los temas de libre competencia, al igual que cambios en la notificación de integraciones empresariales y en el régimen sancionatorio. Al respecto, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-228 de 2010, se pronunció sobre diferentes apartes de la precitada ley, señalando que el modelo económico adoptado por la carta es “un modelo de economía social de mercado, en donde se reconoce la iniciativa privada como el motor fundamental de la economía, pero a la vez, se limita razonable y proporcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia económica, con el único propósito de cumplir fines constitucionalmente

valiosos, destinados a la protección del interés general” (Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva). Así mismo, señaló la Corte Constitucional que de conformidad con la concepción de la libre competencia económica como un derecho individual y colectivo cuya finalidad es alcanzar un estado de competencia real, libre y no falseado que permita el lucro individual para el empresario y que, a la vez, genere beneficios para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y a un precio real y justo(4); la libre competencia económica es una garantía constitucional de naturaleza relacional. Es decir, que su satisfacción depende del ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control de los agentes que concurren al mercado, con el objeto de evitar que incurran en comportamientos abusivos que afecten la competencia o, una vez acaecidos estos com-

De esta manera, la Corte Constitucional ha avalado la importancia del derecho de la competencia y de la SIC como entidad reguladora de la competencia en Colombia, en procura del bienestar del mercado y del consumidor. Es así como, en ejercicio de tal actividad, la SIC, durante el 2010, registró un gran dinamismo en materia de derecho de la competencia, que revela la importancia que día a día toma este asunto en la actualidad comercial colombiana. Ello en concordancia con las tendencias mundiales y académicas, que encuentran en el derecho de la competencia una rama del derecho en creciente y continuo desarrollo, conforme a las nuevas tendencias de los mercados. 1. http://www.sic.gov.co/archivo_ descarga.php?idcategoria=20278 2. Corte Constitucional. Sentencia C- 535 de 1997. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 23 de noviembre de 1997. 3. Art. 1, Ley 1340 de 2009. 4. Corte Constitucional, Sentencia C-815/01, (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

Jurídica

La Multiafiliación en el Sistema General de Pensiones Una estudiante de la Facultad reflexiona sobre los esfuerzos hechos por el gobierno colombiano para evitar la afiliación múltiple a regímenes pensionales.

Por: María Lorena Flórez Rojas Estudiante de la Facultad de Derecho

entro del Sistema General de Pensiones Colombiano subsisten dos regímenes pensionales: 1) el Régimen de Prima Media, administrado por el Seguro Social (ISS), y 2) el Régimen

de Ahorro Individual, administrado por las Administradoras de Fondos Pensionales (AFP). Estos regímenes coexisten, pero son excluyentes el uno del otro. Es decir, un afiliado sólo puede estar en un régimen de pensión y hacer sus aportes a una sola entidad administradora. De lo contrario, se

presentaría una doble afiliación o multiafiliación. La afiliación a cada uno de los regímenes se encuentra regulada por la ley 100 de 1993, que fue modificada por la Ley 797 de 2003. A pesar de los esfuerzos legislativos y gubernamentales por evitar el fenómeno de la mul-

tiafiliación, la realidad colombiana demostraba otra cosa. Los casos de multiafiliación ascendían(1) tanto en los regímenes como en las administradoras. El gobierno entonces emitió el Decreto 692 de 1994(2), el cual reglamenta la Ley 100 parcialmente. El artículo 3º de dicho Decreto

prohíbe expresamente que una persona se encuentre afiliada en los dos regímenes. Y desde el artículo 9 al 17 se reglamenta la vinculación y los traslados, haciendo énfasis en que el afiliado sólo podrá trasladarse de régimen en los términos establecidos en la Sigue en la página 9

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Jurídica “La multi...

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Ley(3), y en caso de que el afiliado cambie de régimen o de administradora antes de los términos previstos, será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales. Las demás vinculaciones no son consideradas válidas y se debe proceder a transferir la totalidad de saldos a la administradora cuya afiliación sea válida, en la forma y plazos previstos por la Superintendencia Bancaria. En este último artículo se da potestad a las administradoras para establecer sistemas de control sobre la multiafiliación, sin perjuicio de la facultad de la que gozaba la Superintendencia Bancaria. Así, es evidente que los casos de multiafiliación han sido un problema latente, y que las administradoras de pensiones, tanto el ISS como las AFP, debían tener una base de datos sólida que mencionara al afiliado su saldos efectuados, el tiempo de cotización y demás información que fuera necesaria para que el traslado de un régimen a otro fuera rápido, expedito y no resultara perjudicial para el afiliado.

múltiple vinculación al sistema. Cada caso abarca hipótesis entre régimen de prima media y régimen de ahorro individual. Sin embargo, es evidente en algunos casos que la Superintendencia Bancaria se limita a la aplicación superficial de las normas del Decreto 692/94, pues surgen inconsistencias en sus decisiones por falta de visión integral de la normatividad en el sistema general de pensiones. Así, una vez más, no sólo la Ley deja vacíos, razón por la que se presentan casos de multiafiliación, sino que también los entes reguladores pueden llegar a interpretar la ley de manera errónea. Por otro lado, la Ley 797 de 2003 modificó parcialmente la Ley 100 de 1993 en al-

gunos aspectos como i) el tiempo legal de permanencia en un régimen y ii) la recolección y cruce de información en lo que respecta a la multiafiliación. Luego de emitida la ley, se expidió el Decreto 3800 de 2003, reglamentario de las referencias en cuanto al marco normativo de la multiafiliación. Aunque dicha disposición intenta resolver el problema de los recursos, no lo logra en tanto no especifica la manera en que los recursos se ven afectados por el hecho de que una persona se encuentre no sólo en dos regímenes diferentes, sino que, estando en el RAIS, pertenezca a dos administradoras. Después se emitió el Decreto 3995 de 2008, que regula las hipótesis de casos de multiafiliación desde

Así, una vez más, no sólo la Ley deja vacíos, razón por la que se presentan casos de multiafiliación, sino que también los entes reguladores pueden llegar a interpretar la ley de manera errónea.

en el Decreto 3995, sin perjuicio de la firmeza de las decisiones adoptadas con fundamento en los otros criterios de solución basados en la Circular Externa 058 de 1998(5).

una fecha en concreto y hace referencia al Decreto 692 de 1994 sin tocar el fondo del problema.

2. DECRETO 692 DE 1994 (marzo 29) Diario Oficial No. 41.289, del 30 de marzo de 1994: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993”

Por lo tanto, el artículo 17 del Decreto 692 de 1994 es el que señala el criterio fundamental para la solución de las situaciones de múltiple vinculación. Así mismo, a partir del 16 de octubre de 2008 se aplican los criterios contenidos

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La multiafiliación. Consultado el día 19 de Marzo de 2011. En línea. Disponible en: <http://www.elcolombiano. com/BancoConocimiento/O/ olac_multiafiliacion_a_fondos_ colprensa_lcg_30092005/ olac_multiafiliacion_a_fondos_ colprensa_lcg_30092005. asp>

3. ARTICULO 15. TRASLADO DE REGIMEN PENSIONAL. A RTICULO 16. C A MBIO DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES. 4. Hoy Superintendencia Financiera. 5. Superintendencia Financiera. SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, MÚLTIPLE VINCULACIÓN, NORMATIVIDAD. Concepto 2009079531001 del 2 de diciembre de 2009.

En el mismo sentido, la Superintendencia Bancaria(4), como ente facultado para dirimir conflictos, emitió la Circular Externa 058 de 1994, en la que se evidencian los casos de

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Política

UNIDOS contra la Pobreza Extrema viven en condiciones de pobreza extrema. Las inversiones sociales del pasado no han sido suficientes y no han generado alto impacto, motivo por el cual la economía crece pero la pobreza no cede.

Por: Camilo Forero

Estudiante de la Facultad de Derecho

Sabe usted qué es vivir con menos de 120 mil pesos mensuales? Probablemente ni si quiera se le ha pasado por la cabeza que son más de siete millones de colombianos los que sobreviven con tan pocos ingresos en un país como Colombia. En mayo del año pasado más de nueve millones de colombianos depositaron su voto de confianza por aquel candidato que prometió dar continuidad a la política de Seguridad Democrática y a las principales políticas públicas del gobierno Uribe. Y aunque los esfuerzos en materia de seguridad por parte del gobierno de Juan Manuel Santos son inobjetables, muchos se han sorprendido por los cambios trascendentales en las decisiones que sobre otros temas se han tomado desde la Casa de Nariño. La política social del gobierno Uribe fue, sin lugar a dudas, la pata coja de la gallinita de los huevos de oro. Muchos le atribuyen al ex-mandatario antioqueño un crecimiento económico nunca antes visto en el país, pero coincidencialmente, durante sus ocho años de gobierno Colombia permaneció como uno de los cinco países con mayor desigualdad económica en el mundo. Al respecto, resulta oportuno resaltar la realización del Foro UNIDOS los pasados 14, 15 y 16 de Marzo en las ciudades de Quibdó y Bogotá. En el marco de este evento, el Presidente de la República, de la mano del Alto Consejero para la Prosperidad Social, Samuel Azout, hizo el gran lanzamiento de la Red UNIDOS y del Plan Nacional para la Prosperidad Social. Después de ocho meses de arduo trabajo, ya podemos conocer cifras exactas de los multidimensionales índices de pobreza y desigualdad en Colombia. Uno de los primeros cambios que implementa el nuevo gobierno es pensar la lucha contra la pobreza extrema de una forma distinta. No sólo se trata de generación de ingresos; la pobreza debe ser evaluada a partir de nueve ejes distintos, entre los cuales se encuentran la habitabilidad, la educación, la bancarización, la familia, la justicia y el ahorro. Y no es para menos, pues ya era hora de que el ejecutivo le metiera la mano a la pobreza y a la desigualdad en Colombia. Hoy en día son un millón quinientas mil familias las que 10

Las cifras son verdaderamente aterradoras. Desafortunadamente, en los sectores más privilegiados de las grandes ciudades como Bogotá no nos damos cuenta de la cruda realidad que se vive a lo largo y ancho del territorio colombiano. Pensar que tan sólo el 38% de los niños y niñas menores de 5 años que viven en condición de pobreza extrema están vinculados a algún programa de atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial es un claro indicio de que la lucha contra la pobreza va por mal camino. Uno de los principales desafíos que enfrenta el actual gobierno, y el motivo por el cual el Presidente Santos depositó tan importante labor en un empresario de perfil técnico como Samuel Azout, es la necesaria participación del sector privado en esta red UNIDOS. De las 1.500.000 familias que viven en pobreza extrema, 572.000 no cuentan con abastecimiento de agua potable y un sistema de desagüe. La cifra es muy similar si evaluamos el número de viviendas que tienen pisos de tierra, o el acceso de esta población a servicios financieros y bancarios. Indiscutiblemente, éstas son pruebas que demuestran la trascendencia de la participación de actores distintos al gobierno en una causa tan importante como la lucha contra la pobreza, participación sin la cual el éxito de la campaña se verá comprometido. El desafío es grande, pero aparentemente el compromiso del gobierno lo es aún más. Seremos los colombianos quienes en agosto del 2014 evaluemos el éxito del plan de gobierno de Juan Manuel Santos. Queda claro que en el Palacio de Nariño deben ser muy cuidadosos para no incurrir en prácticas asistencialistas, que antes que promover la disminución de la pobreza extrema, perpetúan la insostenibilidad fiscal de la política social en Colombia. Ahora bien, es evidente que si el Presidente logra combinar las estrategias de guerra contra el terrorismo con las estrategias de guerra contra la pobreza, no sólo será reelegido por una gran mayoría, sino que superará la popularidad de su antiguo jefe y antecesor, Álvaro Uribe Vélez.

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Política

Inquietudes acerca de la Ley de Víctimas Por: Santiago Martinez Neira Estudiante de la Facultad de Derecho

in duda, impulsar una Ley de Víctimas es una de las tareas prioritarias del gobierno actual encabezado por Juan Manuel Santos. No en vano fue él personalmente, en compañía de otros senadores, quien radicó dicho proyecto ante la Cámara de Representantes. La Ley de Víctimas es considerada como una de las más importantes leyes que se hayan presentado durante las últimas décadas. Su objetivo principal es el reconocimiento de las víctimas mediante una indemnización económica o patrimonial. Se considera que el capítulo más controversial de esta ley es el de La Restitución de Tierras. Sin embargo, ha existido también un gran debate en torno a otras disposiciones del proyecto, como la fecha de corte para reparar materialmente a las víctimas, la entidad encargada de la restitución, y la no discriminación entre víctimas. Esta es una ley sin precedentes en Colombia; nunca antes había estado tan cerca de ser aprobada una iniciativa en favor de las víctimas del conflicto armado, especialmente una que involucre la restitución de tierras. Se habían hecho leyes como la de Indulto al M-19, y la de Justicia y Paz, pero vale la pena recordar que éstas fueron leyes para los actores del conflicto armado, no para sus víctimas. Para el año 2009 se intentó hacer una ley con fines de reparar a las víctimas, pero la misma fue objeto de duras críticas por parte del ex presidente Uribe, quien justificó sus juicios sobre la base de que este proyecto era inviable económicamente. A esta negativa se sumaron otras intervenciones de allegados a la Casa de Nariño, como la de José Obdulio Gaviria, quien aseguró que en Colombia no existen desplazados sino migrantes, maquillando así la situación de vulnerabilidad en que se encuentran más de 4 millones de ciudadanos. En un gesto de distanciamiento con su predecesor, Juan Manuel Santos se ha convertido en un promotor activo de esta

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ley, hasta el punto de afirmar que “si sólo hacemos esto, habrá valido la pena para mí ser presidente”. No obstante lo anterior, el que se haga una ley sin precedentes para las víctimas no quiere decir que se esté haciendo una buena ley, ni tampoco que estemos listos para ésta. Lo cierto es que en el contexto colombiano cualquier ley que contenga palabras como “víctimas”, “restitución de tierras” o “agentes del Estado” va a generar mucha controversia. Suena obvio, lo sé, pido disculpas, pero ¡En Colombia no se ha acabado el conflicto armado! Así las cosas, ¿Cómo se pretende hacer una restitución efectiva de tierras? ¿Cómo van a querer retornar a sus tierras los 4 millones o más de desplazados? Por otro lado, dada la antigüedad del conflicto, ¿sería legítimo considerar que antes de 1985 no hubo víctimas a las que se les hubieran menoscabado sus derechos? Ahora bien, supongamos el mejor de los panoramas en materia de seguridad, algo así como Colombia según José Obdulio Gaviria. Incluso en este escenario valdría la pena preguntarnos si con la dramática situación económica que padecen los campesinos, no sería ingenuo pensar que ellos retornarían a sus tierras en vez de alienarlas a grandes hacendados y empresarios. Adicionalmente, ¿Cuál va a ser el costo de esta ley? Algunos hablan de que puede llegar a costar entre 20 y 40 billones de pesos ¿De dónde va a salir este dinero? Más inquietante aún, ¿Cómo se relaciona este gasto con la iniciativa paralela que sostiene el gobierno en materia de sostenibilidad fiscal? Aplaudo que se piense en las victimas, sobretodo que no se discrimine si su situación de vulnerabilidad es culpa de guerrilleros, de paramilitares o de la fuerza pública. Pero necesitamos más que una ley. Necesitamos, como lo dicen algunos opositores, una política integral a favor del pequeño campesino, una política agraria incluyente en la que se luche por mejorar la dramática situación del campesinado y se deje los Agro Ingresos Seguro para después. 11

Opinión Por: Juan Felipe Mantilla

¿Cómo comenzó con esto?

Cómo es que un “muchacho universitario”, como le dice el propio alcalde de Bucaramanga, logra tener resonancia nacional con sus denuncias? Esa fue la primera pregunta que se me ocurrió cuando supe del caso de Manolo Azuero.

Después de vivir un largo tiempo fuera del país y otro tiempo en Bogotá, sin visitar Bucaramanga, volví a mi ciudad para unas largas vacaciones de 2 meses. Estando allí empecé a ver que las encuestas mostraban “80% de popularidad”. “Vargas era el segundo mejor alcalde del país” pero yo sentía que era una ciudad en decadencia. Problemas de seguridad, de movilidad y de vivienda social agobiaban a Bucaramanga. Entonces dije: “¿Qué está pasando? O yo estoy equivocado o el 80% lo está”.

Estudiante de la Facultad de Derecho

Manolo es un uniandino que cursa tercer semestre de Administración, y que a sus 19 años, cuenta con una columna en “Vanguardia Liberal”, el periódico más importante de Santander. Eso sin contar con la línea directa que tiene con Julio Sanchez Cristo, director de La W radio. Es difícil creerlo, si se mira el aspecto descomplicado y lo joven que es Manolo, pero este “pelao” se ha dedicado juiciosamente a la denuncia de corrupción en las entidades públicas de Bucaramanga, logrando no solo resonancia, sino resultados como él mismo cuenta. ¿Qué es lo que usted está haciendo? El proyecto que yo vengo proponiendo es el de incentivar a la sociedad civil, al ciudadano de a pie, a que se involucre un poco más en la cosa pública y esté pendiente de vigilar la acción de los gobernantes. Decirle a los ciudadanos: “hombre, este alcalde, este concejal, este gobernador, está haciendo 12

Y entonces…

Manolo Azuero: “La crítica es mucho más productiva que una fila de aplausos a un gobernante” “Cuando llegué a Bucaramanga encontré una ciudad llena de vallas publicitarias contando una ciudad que yo no veía”. las cosas mal, está incumpliendo lo que nos prometió cuando era candidato”. Ese es bá-

sicamente el ejercicio, lo he venido haciendo a través de una veeduría ciudadana juiciosa,

responsable, sensata y sobre todo constructiva sobre la alcaldía de Bucaramanga.

Yo llevaba ya un año escribiendo una columna para Vanguardia, pero trataba temas generales, en parte gracias a que por vivir afuera estaba desconectado de la ciudad, tanto como ciudadano como columnista. Pero al ver a mi ciudad más de cerca me surgió esa duda. Comencé a investigar de una manera muy sencilla: hice un monitoreo continuo de la página web de la alcaldía y a hacer anotaciones de lo que iba encontrando. Entonces en noviembre de 2009, encontré particularidades en esos datos, como por ejemplo: 150 millones de pesos en Mariachis en 3 semanas. Todo eso financiado con los impuestos de los bumangueses. Entonces Sigue en la página 13

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Opinión “Manolo...

Viene de la página 12

yo dije: “Yo no estoy equivocado, todo el mundo está creyendo en un proyecto inexistente”. Porque el alcalde ha sabido vender su imagen: “Bucaramanga competitiva, profesional y global”. Pero todo esto era una falacia. ¿Qué siguió después? Empecé a encontrar cosas aberrantes: fraccionamiento de contratos en más de 28 partes, gastos ridículos en conceptos como Mariachis, peluquería, miniteca o títeres, uso de fundaciones fachada, entre muchas otras cosas que no tienen sentido.Por el camino, medios como Caracol Radio en Bucaramanga o La W en Bogotá fueron dando eco a esto que yo venía denunciando. Con decirle que cuando yo comencé, la popularidad del alcalde era de 80% y hoy en día ya va por 53%. ¿Pero entonces el objetivo es bajar la popularidad del alcalde? El objetivo para mí no es el alcalde en sí, sino que la sociedad sepa lo que está pasando. No es coherente que si se están haciendo las cosas mal, haya un 80% de aprobación. Mi logro es ese. Podría ser Simón Bolívar el alcalde y me daría lo mismo. El que sea que lo está haciendo

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mal debe ser sancionado por la sociedad, así sea solo un castigo social.Además, a los gobernantes no se les piden favores. Yo no tengo que decir “Alcalde, por favor cumpla”. Para cumplir es que se hicieron elegir. ¿Hubo un hecho específico que lo inspirara a comenzar con esto? No creo que haya habido un punto de quiebre. Simplemente el inconformismo con lo que veía en mi ciudad. Cuando llegué a Bucaramanga encontré una ciudad llena de vallas publicitarias contando una ciudad que yo no veía. Si la valla les decía que “somos competitivos y globales” la gente se lo creía aun cuando no estuviera pasando En últimas lo que me inspiró es que Bucaramanga tuviera una sociedad pasiva, indiferente y cómplice. Yo quise que fuéramos un poco más allá de esto. Y es sencillo. Las primeras 3 columnas eran completamente basadas en la información de la página web. Era tal el nivel de complicidad de la sociedad, que ni siquiera tocaba ir más lejos para darse cuenta del carnaval de corrupción. Hoy en día ya no suben los contratos a la página web, ya nos lo hacen más difícil por lo cual yo y algunas personas que me ayudan, vamos y verificamos.

¿Cómo logró usted tener una columna en Vanguardia liberal y línea directa con Julio Sánchez Cristo? ¿Cómo es que un estudiante logra ese nivel de resonancia?

no era algo así de miles de millones, pero si mostraba la falta de seriedad de la alcaldía.

Lo de Vanguardia fue especial. Yo fui parte del comité que organizó la marcha en contra de las FARC en el 2008 en Bucaramanga. Por eso, Vanguardia me ofreció un taller de periodismo en el que aprendí muchas cosas pero me quedé con las ganas de publicar. Entonces resolví escribir unas cartas sustentando por qué quería una columna en ese medio. Se las envié al director y después de cómo 2 meses de insistir e insistir me dio la columna con una frecuencia quincenal en noviembre de 2009 y más tarde de frecuencia semanal.

La que tuvo un impacto particular en mi fue el fraccionamiento de contratos. Yo denuncié eso el 3 de diciembre de 2010. Mi denuncia consistía en que carecía de toda lógica que un contrato por $ 1.200 millones se hiciera en 28 “pedacitos” adjudicados a dedo, cuando un contrato por tan alto monto se debe hacer por licitación.

Con decirle que cuando yo comencé, la popularidad del alcalde era de 80% y hoy en día ya va por 53%. Y Julio Sánchez… Yo cada vez que escribo la columna, además de salir publicada en Vanguardia, se la envío a mucha gente. A él le llegó la columna con la denuncia de los Mariachis y empezó a hacerme eco. Yo creo que a él le interesó que ese caso en particular

Entre las denuncias que ha hecho, ¿Cuál es la que más le ha llamado la atención?

Lo que me impactó de este caso es que yo lo denuncié el 3 de diciembre y el 20 de diciembre lo volvieron a hacer igualito. Entonces yo digo: “no les importa ni van a hacer nada. Si la sociedad no los castiga, van a seguir robando” ¿Con Vanguardia ha tenido algún problema de libertad de prensa? Afortunadamente no me han cambiado ni una coma. ¿Qué críticas le han hecho? Hay 2 insultos graves que me han hecho: (1) El primero es que el alcalde citó a una rueda de prensa para decir que yo era director de campaña de una candidata, y luego de otra columna me cambia-

ron de la candidata a otro candidato. Eso me insulta porque yo no soy altavoz de ninguna aspiración política. (2) El segundo insulto es de una emisora de Bucaramanga que decía que yo no escribía mis columnas sino un títere de alguien más grande. Pensé en demandar, pero es bastante desgastante y yo no debo nada como para estar en esas: “Si ladran es porque estamos cabalgando”. Aun así, por fortuna nunca he recibido una amenaza. Que a un pelao de 19 años lo dejen escribir en un periódico de gran importancia a nivel regional es un caso curioso. ¿Usted por qué cree que eso pasó? ¿Será que lo dejan porque simplemente nadie le va a poner cuidado? Yo creo que en Vanguardia lo hacen más por libertad de opinión del columnista. Vanguardia como periódico nunca ha profundizado en ninguno de los temas de mis columnas. Además, el hecho de que yo no tenga sino 19 años, hace evidente que no tengo ningún interés ni político ni económico, y eso que me han señalado de ser director de campaña de 3 candidatos distintos a la alcaldía de Bucaramanga. Al fin y al cabo también, la causa no es una causa mía, es una causa de la sociedad civil. 13

Opinión

Otro discurso de Rey “La Corona, símbolo de permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.” Dirigiéndose a millones de españoles, pasada la una de la noche, Juan Carlos dio la cara por la democracia. Por: Federico Duval

Profesor experto en Historia española

l 23 de febrero pasado se celebró el trigésimo aniversario de un acontecimiento clave de la Transición política española: el intento fallido de golpe de estado del teniente coronel Antonio Tejero. Con un grupo de guardias civiles y a punta de pistola, asaltó al Palacio del Congreso y secuestró durante angustiosas y largas horas a los diputados allí presentes esa tarde con el fin de llevar a cabo la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, nuevo presidente de Gobierno. A partir de aquel momento, las emisoras de radio iniciaron una impresionante labor informativa para mantener al país al tanto de lo que ocurría. Esa noche del 23 de febrero de 1981 fue conocida como “La noche de los transistores” y mantuvo en vilo a los españoles, que alcanzaron a volver a vivir los fantasmas del pasado y sus temores más remotos. A la muerte del General Franco (noviembre de 1975), se plantea el mayor reto de la historia política de España: operar el cambio de un sistema autoritario vigente desde 1939, a una democracia plena. Será el Príncipe Juan Carlos de Borbón, designado sucesor oficial del Generalísimo, el que se encargara de devolver la soberanía nacional al pueblo español. Había jurado fidelidad a las Leyes Fundamentales y fue proclamado Rey el 22 de noviembre en virtud de la Ley de Sucesión.

Tildado a menudo de “rey franquista”, había “heredado” un presidente de gobierno, Carlos Arias Navarro, que representaba a los “continuistas” del franquismo más conservador. No obstante, el recién estrenado rey lideró la Transición mediante el poder que le conferían como Jefe de Estado las leyes vigentes y una inteligente política interior. Las decisiones aperturistas del rey llevaron a la clase política a optar por un proceso de reforma con una meta de ruptura con el antiguo régimen. Después de forzar la dimisión de Arias Navarro en julio de 1976, nombró presidente de gobierno al reformista Adolfo Suárez, de 43 años de edad. Puro producto del franquismo, Adolfo Suárez había subido uno a uno los escalones

del aparato oficial y tras ocupar el puesto de director de la RTVE (1969-1973), había llegado a ser el secretario general del Movimiento Nacional en el gobierno Arias. De ahí el carácter excepcional de la Transición Democrática. A pesar del escepticismo de la opinión pública, contra las presiones y el recelo de la clase política en su conjunto y la más ortodoxa en particular (los del Búnker) y ante la sorpresa del mundo entero, a principios de 1981, Adolfo Suárez había cumplido con la meta que le había fijado el rey: establecer la democracia en España. En menos de cinco años, sin que se haya condenado nunca el franquismo, entre otras medidas, se votó la reforma del código penal y la ley de amnistía, se regu-

laron los derechos de asociación y unión, se aprobó por referendo la reforma política con un 94% de votos favorables (diciembre de 1976), se legalizaron todos los partidos políticos, incluso el enemigo hereditario, el PCE (abril de 1977), se celebraron las primeras elecciones libres desde hace 40 años (junio de 1977), se llevaron a cabo las Cortes Constituyentes presididas por la figura emblemática del PCE durante la Guerra Civil, Dolores Ibárruri La Pasionaria (julio de 1977), se pactó con la mayoría de los partidos de oposición con el fin de preservar la paz social y llegar a un consenso sobre las medidas a adoptar para luchar contra la crisis económica (octubre de 1977), se les concedieron los estatutos autonómicos a Cataluña, Euskadi, Andalucía y Galicia y se aprobó la Constitución (diciembre de 1978) que le ha puesto el sello definitivo de monarquía parlamentaria al nuevo régimen político. Suárez hizo lo más difícil pero no supo cómo cargar con el peso de la democracia y encontrar soluciones a los múltiples problemas que afectaban a la nueva España democrática: la crisis económica era cada vez más aguda, la sociedad había perdido el optimismo ante el futuro y el terrorismo vasco se ensañaba con la guardia civil y el ejército de modo descomedido. La prensa daba continuamente el toque de alarma. Los meses que precedieron Sigue en la página 15

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Opinión “Otro discurso...

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el 23-F, Suárez los vivió retirado por voluntad propia en su palacio de la Moncloa, abandonado por los mismos miembros de su partido, la UCD, que acababa de perder todas las recientes elecciones regionales frente al PSOE de Felipe González. Por su lado, la AP derechista encabezada por el ex niño prodigio del franquismo, Manuel Fragua, tenía ambiciones presidenciales. Era muy probable que a la mayoría de los partidos políticos que vinieron conjurando desde el otoño de 1980 se les hubiera ocurrido el disparate de imponer a un militar con el fin de enderezar una democracia que, según muchos, llevaba a España a su perdición. El ejército, cuya cúpula era conformada por una gran mayoría de militares que habían combatido en la guerra civil bajo las órdenes de Franco, era el principal interesado en recobrar la honra y pedir acto de desagravio. El descontento era general y el pronunciamiento inminente según fuentes de los servicios de inteligencia. Finalmente, Adolfo Suárez, que parecía haber perdido el apoyo de Juan Carlos de Borbón, anunció su dimisión por mensaje televisivo el 29 de enero de 1981. Los conspiradores tuvieron que aprovechar la ocasión. El 23 de febrero, la trama golpista fue protagonizada por el arriba mencionado teniente coronel Antonio Tejero, el capitán general de Valencia Miláns de Bosh, que ya tenía la ciudad bajo el control de sus tanques, altos mandos de la División Acorazada Brunete de Madrid, la más aguerrida y prestigiosa del ejército, y Alfonso Armada (segundo

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jefe del Estado Mayor y ex secretario del Rey), máximo aspirante a ser el militar elegido para encauzar a España. Solo quedaba pendiente la anuencia de Juan Carlos para que el plan se pudiera llevar a cabo “con toda legitimidad” y que se discutiera con la clase política “reunida” en el Palacio del Congreso la necesidad de un gobierno militar. Así quedó la suerte de una nación supeditada a la intervención de su Rey, quien, vía telefónica, se pasó largas horas sopesando el verdadero arraigamiento y alcance del golpe en el seno de las fuerzas castrenses. Después de largas horas de silencio y expectación, sin que nadie se atreviera a condenar el golpe, Juan Carlos I de Borbón tomó la palabra. Su intervención televisiva marcial (llevaba

el uniforme de Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas), excepcionalmente concisa (un minuto y veinticinco segundos) y terminante, apagó el foco rebelde cerrando su alocución con las siguientes palabras: “La Corona, símbolo de permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.” Dirigiéndose a millones de españoles, pasada la una de la noche, Juan Carlos dio la cara por la democracia. Aquel 23 de febrero de 1981, la nave de la democracia tambaleó fuertemente pero no se hundió. Y no se hundió porque el Rey y un puñado

de hombres - cabe citar a los tres hombres presentes en el Palacio del Congreso que se quedaron firmes en sus puestos, sentados y desafiantes, dispuestos a sacrificar su vida como habían sabido sacrificar sus ideologías opuestas y el recuerdo de sus luchas pasadas en aras de la democracia: Santiago Carrillo, el histórico Secretario General del PCE; el general Gutiérrez Mellado, vicepresidente de Suárez y único militar del gobierno saliente; y Adolfo Suárez, el presidente de gobierno que ya no lo era y que actuó hasta el último día de su mandato como si fuera el capitán de dicha nave - dieron la cara por ella y dejaron la imagen de una democracia firme e insumergible ante unos nostálgicos del pasado que quisieron arrebatársela a los españoles.

Cultura

Con pantalones A propósito de la tan famosa Cultura Ciudadana, dos estudiantes de la Facultad, completamente de cultura que se experimenta en Bogotá en todo lo que atañe a los deberes de la ciudadanía. de opiniones estudiantiles en torno al tema y hacer un llamado para ponerse los pantalones y

La Cultura del “no me importa” Por: Gabriela Eslava Bejarano Estudiante de la Facultad de Derecho

sta iba a ser u na c rón ica sobre mi recorrido durante un “hueco” en la Candelaria. Mi objetivo era encontrar lugares enigmáticos, llenos de historia y cultura para que si ustedes, como yo, se aburrían de pasar huecos en “Las Monas” o parchando bajo el sol en “El Bobo”, tuvieran una guía para un plan diferente. A pocas cuadras de Los Andes se

encuentra uno de los centros culturales más importantes de este país. Aunque pretendía hablarles de las exposiciones temporales del Museo del Banco de la República, de la Casa de Moneda, de los conversatorios en materia de historia y cultura que llenan la agenda de la Luis Ángel Arango, de la reciente remodelación del Museo de Bogotá y sus exposiciones de fotografía, y por qué no también de un lugar de experimentación artística llamado La Peluquería, decidí

que voy a hablar de la cultura del “no me importa”. Las calles de La Candelaria, llenas de historia, esquinas con mil relatos que contar, me contaron la historia de la cultura del “no me importa”. Esta es la cultura de la indiferencia, de una Bogotá que ha decidido dormirse ante los problemas, de individuos a los que parece no importarnos lo que ocurre en nuestra ciudad. Son palabras duras, lo sé, y no pretendo generalizar ni juzgar a nadie

porque no soy quién para hacerlo. Pero sí creo que es necesario despertar del aletargamiento en el que se ha hundido nuestra cultura ciudadana. Me asombró en mi recorrido una respuesta que me dio una funcionaria del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –a escasas seis cuadras de Los Andes– cuando le pedí información sobre lugares de interés en La Candelaria y ella me contestó que sólo podía hablar con “el historiador” del Instituto,

quien trabaja hasta las 11 a.m., y como ya había pasado la hora, ya no podía hablar con él. Ese desinterés de muchos funcionarios por el sitio donde trabajan fue una constante en mi recorrido, pero es una indiferencia que se extiende a otros aspectos. Las calles están sucias y agrietadas, y por ellas transitan ciudadanos que parecen autómatas, que se han acostumbrado a caminar rápido y a mirar constantemente hacia atrás para verificar que Sigue en la página 18

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Cultura

contra la incultura desligados entre sí y sin mediar acuerdo alguno para ello, denuncian con vehemencia la falta Sorprendido con esta coincidencia, AL DERECHO quiso mostrar a sus lectores la convergencia luchar desde las aulas contra la incultura.

Desuetudo legal bogotano Por: Diego Escallón A.

Estudiante de la Facultad de Derecho

arado en una calle al norte de la Capital colombiana, me di cuenta de la fuerte afectación que ha sufrido el sistema legal en esta ciudad. Que me perdonen las personas de otras ciudades del país por referirme únicamente a Bogotá, aunque si a lo largo de la lectura consideran que la situación de sus ciudades de origen se acomoda también al supuesto de hecho de mi opinión, estará saldada la deuda.

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En el derecho romano se entendió por “desuetudo” aquellos casos de derogación tácita cuando la costumbre era contraria a la ley y, a pesar de mantenerse en el ordenamiento, las personas actuaban como si la norma legal no se hubiera promulgado en ningún momento. Esto daba lugar a su ineficacia o falta de aplicación, es decir la pérdida de validez por su inaplicación ciudadana. No obstante, esta forma de derogación no se admite en nuestra legislación, pues los jueces siempre deben

aplicar las leyes en vigencia, significando que no podrá alegarse su desuso para su inobservancia. A pesar de que el desuetudo no es concebible dentro de nuestro ordenamiento legal, parece ser que en la Capital del país sí se da aplicación al mismo en todos los sentidos correspondientes a los deberes ciudadanos. Estamos invadidos por la cultura de la ilegalidad, hasta tal punto que la convertimos en costumbre. Los bogotanos, por no

manifestar nuestro inconformismo, estamos legitimando este actuar ilegal y corrupto frente a nuestros ojos. La falta de reacción de la ciudadanía, el silencio de los representantes políticos y el diario vivir muestran que no hay nada más que hacer sino sentarse a verlo pasar. Un día aparecen los Nule robándose media Bogotá. Al otro día aparece el Acueducto de Bogotá haciendo fiestas de 1.700 millones de pesos (con lo cual se podría subsi-

diar a 61.200 familias del servicio público). Después de esto las EPS dejan de girar 40.000 millones a los 22 hospitales del Distrito. Acto seguido descubrimos que no pagar obligaciones fiscales o una simple multa es más beneficioso que ser cumplido, pues hay un descuento del 50% para los morosos mientras que para los cumplidos es del 10%. Por otro lado, los ciudadanos se pasan los semáforos en luz roja, los autos no respetan Sigue en la página 18

Cultura “La cultura...

va parece no funcionar; nos quejamos de los problemas del país con nuestros amigos esperando que, algún día, éstos se arreglen solos.

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nadie los siga ni los robe. Hay indigentes y desplazados en casi todas las esquinas y cuando pasamos junto a ellos ni los miramos porque, lastimosamente, ya hacen parte del paisaje urbano. Creo que esa actitud, que rige el comportamiento habitual de los bogotanos, se extiende en general al país. De esta manera, los casos de indiferencia son muchos y de toda índole, desde que podemos estar a pocas cuadras de un sitio de interés cultural para Colombia y no nos interesa, hasta que pueden haber pasado pocos meses desde la ola invernal que azotó al país y parece que no lo recordamos. Ver que a la gente parece importarle

muy poco lo que sucede a su alrededor me hizo pensar en mí, en la generación apática de la que hago parte y en la cultura del “no me importa”. A veces creo que Ernesto Sábato, escritor argentino, tiene razón cuando dice que el exceso de luz y las infinitas horas que podemos pasar frente a una pantalla nos tantalizan e impiden ver lo cotidiano. Nuestra ciudad se desmorona ante nuestros ojos y sólo parece que nos afecta cuando nos atascamos en un

“Desuetudo...

ésta todos los problemas, sin darnos cuenta de que algunas problemáticas sólo requieren de nuestras acciones para solucionarse. Sí, es cierto que hay falta de ejecución de las normas, pero también es falta de reacción de los ciudadanos contra el mismo incumplimiento. Es la falta de rechazo al del atajo, casi que venerándolo, para que esta persona no sienta que su conducta es contraria a la vida en sociedad y que puede, sin repercusión alguna y en cuestión de segundos, pisar la Constitución, el marco legal colombiano y a nosotros mismos. Esta persona que toma el atajo se está burlando de nosotros, está faltándonos al respeto ciudadano. Es una clarísima evidencia de que en Colombia el interés particular prima sobre el general. Esto hace salir a flote el refrán que dice donde fueres, haz lo que vieres, permitiéndome hacer lo que los demás hacen, comportarme como los de-

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la cebra, estancan las intersecciones, los buses paran en cualquier lugar, no se utilizan las ciclorutas, y para completar, un policía dispara contra los pies de un transgenerista en la calle 104 ¿Es ésta la Bogotá que queremos? Pero lo más grave es ¿nosotros qué estamos haciendo contra esto? El desconocimiento legal nos ha llevado a tal extremo que hemos legitimado la ilegalidad, contraria a nuestro ordenamiento y a cualquier concepción de Estado de Derecho. Estamos en el desuetudo legal bogotano; estamos frente al atraso social. Todo lo que se ha construido está a punto de caer por el abismo. La conducta más fácil siempre ha sido criticar a la Administración Central, echarle la culpa a la falta de ejecución de las normas y achacarle a 18

trancón, pero ¿Qué estamos haciendo? Nada. No hacemos nada. Porque hasta que no me roben a mí, no me importa la inseguridad de Bogotá; hasta que la corrupción del país no me afecte, no me va a interesar hacer algo al respecto. Creo que las cosas no pueden seguir así y la cultura del “no me importa” y del egoísmo no puede continuar rigiendo nuestras relaciones con el mundo. Nuestra actitud pasimás se comportan porque es lo “normal”. Es decir, el del atajo se burla de nosotros y, como consecuencia, después nosotros actuamos como él, burlándonos de otro, construyendo la cadena del incumplimiento legítimo. ¿Por qué? Porque nadie hizo nada para evitarlo o repudiarlo. No es un problema de normas ni de ejecución de las mismas. Es un problema de conductas remediables. La pasividad se representa en la falta de reacción contra la conducta ilegal. No estoy diciendo que debamos pasar por héroes, y mucho menos conociendo el resultado de los que lo han intentado. Es simplemente un llamado de atención al repudio hacia la “incultura ciudadana”. Es hora de que la cultura del no atajo en los aspectos concernientes a la ciudadanía vuelva a hacerse respetar. Continuemos con la revolución de la convivencia;

Andar por el centro y encontrar tanta apatía y desinterés por parte de muchos me hizo pensar que debo despertar, y que, como estudiantes, podemos hacer algo. Muchos creen que las protestas son una forma de expresar su desacuerdo e indignación ante la cultura del “no me importa”. Por mi parte, creo que hay muchas maneras de expresarse frente a este problema. Se puede empezar a actuar desde lo pequeño, cambiar los hábitos de indiferencia por interés por lo que ocurre en nuestra ciudad y país; podemos investigar, preguntar y proponer soluciones alternativas. Todo está en empezar. no es cuestión de política, es cuestión de comunitarismo. No importa a qué partido político pertenezca, es ayudar al mejoramiento de la sociedad bogotana y, por ende, de la colombiana. Para eso debemos empezar por actuar como ejemplo. Si no conoce el uso de una cebra, de un puente peatonal, de una caneca, de dejar pasar al otro, de no quedarse en la intersección de las calles (las marcadas con una X); lo invito a conocer sus funciones y a aprovechar sus ventajas, a dejar de pronunciar frases que legitimen actuaciones ilegales, y sobre todo, a dejar el escepticismo ante las manifestaciones ciudadanas que pongan la voz de protesta en el aire. Con su ayuda, con mi ayuda y con la de los demás que crean en la cultura ciudadana como limitación al egoísmo individual, podremos disminuir en alguna medida el caos de la ciudad en que vivimos.

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Facultad Por: Alejandra Rojas C.

Estudiante de la Facultad de Derecho

ara muchos de nosotros es normal que los profesores nos ofrezcan generosos bonos a cambio de asistir a conferencias o congresos relacionados con el tema de la materia. Muchas veces, asistir a estas conferencias es gratis, pero otras veces se cobran sumas que no todo estudiante promedio puede pagar. Los bonos sin costo no tienen mucho problema, pues no tiene nada de malo ser premiado por adquirir conocimiento extra sobre nuestras materias. La discusión surge con respecto a los bonos que tienen precio, ya que muchos de los estudiantes de derecho los ven como “pagar por la nota”. Además, consideran que no es éticamente correcto, pues sólo tendrían mejores notas los que pueden pagar el costo del evento, que a veces puede ser muy alto. Los profesores piensan muy distinto frente al tema. “Los estudiantes de esta Facultad no saben lo que tienen”, dice Ricardo Posada, director del Área de Derecho Penal. “Para estas conferencias se traen a los especialistas más reconocidos en sus áreas, y sin embargo, si no hay bono, ¿cuántos estudiantes van a asistir?”. También asegura que los precios que manejan los eventos de la Facultad no tienen comparación con los de otras universidades, que llegan a cobrar hasta 400 mil pesos por evento. Es entonces que debemos preguntarnos ¿Cuántos de nosotros asistiríamos a las conferencias y congresos de la Facultad si no hubiese un bono de por medio? Tal vez la mayoría preferiríamos ahorrarnos ese dinero para utilizarlo el fin de semana. La realidad es que nosotros mismos, como estudiantes, hemos llegado a este punto. El aprendizaje ya no es lo principal, y lo único que interesa es la nota. “Esta es una universidad de estudiantes consumidores”, opina Fernando Arrázola, profesor de derecho procesal, quien considera que el ideal sería que la remuneración por asistir a estos eventos fuera la experiencia académica. Según él, esta asistencia no debería ser parte de la evaluación, pero la falta de interés de los estudiantes ha llevado a que los profesores utilicen el mecanismo de los bonos para incentivar la asistencia a dichas conferencias. De todas maneras, y a pesar de lo anterior, la figura del bono no parece ser

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¿Notas por plata? del todo correcta para la mayoría de los pienso pagar 150 mil pesos por ir a ese estudiantes. Cuando se les preguntó si congreso”, dice una estudiante de la clase asistían a las conferencias por el bono de pruebas de la profesora Ana Giacometo porque estaban realmente interesados te. Esta profesora ofreció un bono de 0.3 en el tema, la mayoría respondió que el en la nota final de la materia, siempre y bono era la razón por la cual asistía a los cuando los estudiantes asistieran al Coneventos. Es por ello que si el objetivo de greso de Derecho Procesal, que tenía un los profesores es fomentar el aprendiza- precio de 150 mil pesos. Esta estudiante, je, los bonos no son la mejor alternativa al igual que muchos otros, tendrá una nota para lograrlo, pues si nadie más baja que la del resto de está poniendo atención a sus compañeros que sí paga¿Cuántos lo que el conferencista está ron por ir al evento. ¿Acaso de nosotros diciendo, ¿quién puede deella sabe menos de derecho asistiríamos a cir que realmente aprendió probatorio? ¿Estudió menos las conferencias algo? para sus parciales? ¿O no y congresos de la Facultad si no fue juiciosa con las lectuPor otro lado, si los estuhubiese un bono ras de la clase? Al no tener diantes van a las conferenuna respuesta para estas de por medio? cias únicamente a hacer acto de presencia, se refuerza Tal vez la mayoría preguntas vemos cómo dichas medidas generan gran preferiríamos más la idea de “pagar por arbitrariedad y sentimientos ahorrarnos ese la nota”. Las mejores notas de discriminación por parte dinero para deberían obtenerse porque hay una mayor dedicación a utilizarlo el fin de de algunos estudiantes.

semana. la materia y no, como pasa A primera vista, la exisen estos casos, porque mutencia de esta clase de chos nos limitamos a pagar la plata del bonos parece abiertamente injusta. Pero evento y acudimos con el único propósito viéndolo desde otra perspectiva, parece de firmar la lista de asistencia que pruebe razonable la aplicación que los profesoque estuvimos allí. Después de firmada res le han dado, porque si bien es cierto la lista muchos abren sus cuentas de que la nota se ve sustancialmente modifacebook o se dedican a hablar por sus ficada dependiendo de si se puede o no celulares en medio de la conferencia, pagar por el evento, no habría necesidad con lo que queda demostrado, una vez de incentivar con bonos la asistencia a más, que el interés nunca fue escuchar los mismos si acudiéramos a éstos por los temas del evento. simple interés en las temáticas tratadas. Aparte de todo lo anterior, lo más im- El problema real es que la medida no es portante y polémico es el hecho de que efectiva para el fin propuesto, pues si los aquellos que no puedan pagar tengan una estudiantes sólo van a estos eventos por desventaja tan grande en la nota frente a el bono, la estrategia se convierte en una aquellos que sí tienen la plata. “Yo tam- verdadera venta de notas, en que la única bién quiero que me suban la nota, pero no exigencia es poder pagar el precio. 19

Facultad

Helena Alviar: “Antes que nada, soy profesora” Con motivo de su nombramiento como nueva Decana de la Facultad, AL DERECHO quiso conocer un poco más quién es y qué piensa Helena Alviar, primera mujer y profesora de planta en ocupar este importante cargo. Al preguntarle sobre la forma en que ha recibido esta nueva responsabilidad, sobre la enseñanza del derecho y sobre la participación estudiantil en este proceso, entre otros temas, esto fue lo que nos contó. El mito se derrumba

Helena Alviar

Decana de la Facultad de Derecho

Profesora en transición

uando me nombraron decana me contaron que algunos estudiantes habían dicho que no sabían quién era yo. Habíamos pasado de tener a un magistrado de la Corte Constitucional a tener a una persona que pocos sabían quién era. Y aunque las personas que me lo contaron estaban muy ofendidas, a mí, la verdad, no me ofendió. Y es que se estaba dando una de las transiciones que naturalmente debe suceder en una universidad: que un profesor fuese decano. De hecho, esto debería pasar en todas las carreras y no solamente en derecho. Si bien Eduardo Cifuentes hizo una gran decanatura, hay muchas virtudes que vienen de la planta de profesores, como lo es la comprensión de las necesidades de los estudiantes. No es un secreto que los profesores tienen un gran conocimiento de cómo funciona la universidad y de qué es la academia.

Yo también estuve en los zapatos de los estudiantes. Acuérdense que soy uniandina. Claro que cuando yo estudiaba acá no había tanta gente. Pero la verdad es que la Facultad no ha cambiado tanto. El promedio de estudiantes de los cursos de la Facultad de Derecho es 35, e históricamente la Facultad ha tenido cursos grandes. Digamos que desde hace 10 años el volumen de los cursos no ha variado considerablemente. Esto es algo que sorprende pero es así, y si quieren, ¡lo demuestro con estadísticas!

con la dimensión de la clase. Los mismos 20 estudiantes que participan son los mismos en una clase de 40 que de 70. Una vez me dijeron que una clase no podía ser interactiva con 70 personas. Eso es mentira. Yo he estado en Harvard, en donde hay clases de 70 personas y son interactivas. Lo que determina la calidad de la clase no es el número de estudiantes, sino que se hayan preparado para la misma. Estoy de acuerdo con que el ideal no es tener clases de 120, pero tenemos que aceptar que la Universidad tiende más hacia esto.

Es cierto que tomamos la Analizar antes decisión de dictar cursos más de implementar grandes. Pero esto se va a contrarrestar con secciones Mi visión de la Facultad chiquitas para poder desa- no es distinta a la que tenía rrollar PBL y cuando era promonitorías. Una Lo que determina fesora de plansección que está ta. Mis objetivos la calidad causando muson mejorar la de la clase cho ruido es la docencia, avanno es el número de Sociedades. zar en la interde estudiantes, Sorprendentenacionalización sino que mente, con las de la Facultad se hayan encuestas me di y progresar en preparado para cuenta de que la la investigación. la misma queja más imPo r ejem plo, portante no es la respecto a los del tamaño, sino la de la au- concursos internacionales, sencia de espacio para hacer hay que mirarlos con lupa talleres. Por eso me compro- porque muchas veces mueven meto a compensar las clases agendas muy específicas y grandes con monitorías. tienen objetivos muy concretos. Yo creo que la diversidad En últimas… al interior de la Facultad es Creo firmemente que la cali- muy importante y que ciertos dad de la participación de los concursos no son buenos en estudiantes no tiene que ver este sentido.

Habiendo dicho esto, tengo que aclarar que de las primeras cosas que hice de Decana fue comenzar a estructurar un reglamento de concursos para hacer algo coherente y más amplio. Claro que hay que tener en cuenta que no a todos les vamos a decir que sí. Los concursos son maravillosos pedagógicamente porque los estudiantes se motivan y aprenden. Es una herramienta buena de aprendizaje, pero no es absoluta.

Puertas abiertas Algunos estudiantes sentían que Eduardo Cifuentes era un personaje lejano. Yo soy profesora antes que nada. El hecho de haber sido profesora de planta ayuda mucho a tener una cercanía mayor. Me gustaría seguir dictando clases en pregrado porque es una buena forma de relacionarse con los estudiantes. También quiero apoyar iniciativas estudiantiles, así como el Colegio de Monitores. Quisiera que los estudiantes supieran que las puertas de la decanatura siempre están abiertas para oírlos. También quiero que entiendan que mi estilo no es muy formal. Me gusta hacer las cosas de una manera flexible. De hecho, organicé unas reuniones para que los estudiantes vinieran a conocerme. Fue muy frustrante porque vinieron muy pocos. Sigue en la página 21

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Facultad “Antes que...

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Había pensado hacer estas reuniones una vez al semestre para permitir una mayor comunicación. No funcionó muy bien. Todavía no sé cómo lo tendría que hacer, pero la verdad es que me parece muy importante una relación cercana con los estudiantes. También es muy importante para mí, como profesora de planta, defender al cuerpo de profesorado. Así como quiero tener una relación muy fluida con los estudiantes, también busco una buena relación con los profesores y con el personal administrativo, que tiende a estar muy olvidado por las facultades.

No se elimina Respecto al Examen de Facultad, es un gran ejercicio y creo que bien hecho puede ser muy apropiado. Les he preguntado a ex-alumnos por su opinión sobre el examen y todos me dicen que no lo elimine. No lo pienso eliminar, pero sí pienso ajustarlo. Creo que el Examen de Facultad, más que medir conocimientos, los integra. Es uno de los pocos momentos de la carrera en los que uno puede abordar problemas jurídicos desde una perspectiva global. Esto lo hace superior a los preparatorios de otras facultades.

Abogados interdisciplinarios Una cosa que espero no hacer en los próximos dos años de decanatura es cambiar el pensum. Yo creo que esos cambios traen traumatismos. No pienso crear prerrequisitos, ni incluir más materias. Y a pesar de que creo que la economía es muy importante y apasionante(1), creo que lo más importante es ser interdisciplinario. Cualquier

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Creo que el Examen de Facultad es uno de los pocos momentos de la carrera en los que uno puede abordar problemas jurídicos desde una perspectiva global. Esto lo hace superior a los preparatorios de otras facultades.

dimensión de otra disciplina es elemental para un abogado. Puede ser economía, historia o inclusive ingeniería industrial. Creo que ser interdisciplinarios es algo que caracteriza a los abogados uniandinos, sin que la economía sea un objetivo específico dentro de dicha interdisciplinariedad.

Sensibilidad de género Yo no creo que me hayan nombrado por ser mujer, pero sí creo que eso hace una diferencia muy grande. El hecho de ser mujer me hace más sensible frente a ciertas situaciones. Hace diferencia en varios aspectos. Por ejemplo, en el Consejo Académico de la Facultad puedo aportar una perspectiva específica frente a ciertas situaciones como el acoso sexual. También quiero crear una clínica de género en Consultorio Jurídico. Finalmente, creo que una mujer

puede aportar diferencias pequeñas en términos de estética. Hablo de cosas como poner un florero.

Evidentemente, hay casos en los que no se pueden proponer soluciones porque no se les ocurren, pero, por lo general, se pueden idenA proponer soluciones tificar respuestas. EscríbanSi ven un problema, señá- me, pero no manden anónilenlo, pero propongan una mos. Yo no puedo contestar solución. Tuve anónimos. Ni Habíamos el caso de una siquiera puedo pasado de tener niña a la que indagar sobre a un magistrado le da muchos lo que están dide la Corte nervios la parte ciendo. El anóConstitucional oral del Exanimo muestra a tener a una men de Faculque la persona persona que tad. Ella me lo no quiere dar la pocos sabían dijo y trajo una cara por alguna quién era carta con una razón. Pueden propuesta, en la venir y con toda que también decía que no la discreción del caso, yo lo quería un tratamiento excep- manejaré. cional. ¡Claro que se puede dar tratamiento excepcional! Mi correo es decanaturade Entre otras, porque yo soy derecho@uniandes.edu.co. una convencida total de que Les reitero que me pueden no todo el mundo aprende escribir cuando quieran. igual. No todos tienen las mismas habilidades, ni tienen 1. Helena Alviar, tiene una maestría en por qué tenerlas. Por eso me derecho económico de la Escuela de Leyes de Harvard. gustan las soluciones. 21

Facultad

Entre copias, pesos y minutos Por: Carolina Rincón

Estudiante de la Facultad de Derecho

ablando con algunos estudiantes de la Facultad, me di cuenta de un hecho del que tal vez no me habría percatado por mí misma. Se trata de la importancia que para nosotros como estudiantes de derecho tienen las fotocopiadoras, en especial porque la actividad básica a realizar en el marco de nuestra car rera es la lectura completa de los textos asignados en clase. Cuando un profesor nos dice que tenemos que leer algún texto directamente del libro en cuestión, nos damos cuenta de lo engorroso que puede ser esto y de lo mucho que valoramos las fotocopias. Las facilidades otorgadas por las fotocopiadoras en términos de precio, tiempo y servicio nos permiten acceder a una gran variedad de escritos fundamentales para la construcción de nuestra estructura académica e intelectual como futuros abogados y profesionales. Así pues, en aras de observar precisamente aquellas cualidades mencionadas, y con el ánimo de comprobar o desvirtuar los comentarios – por cierto, no poco frecuentes – de algunos estudiantes al decir que en algunas fotocopiadoras lo roban a uno o que en otras la gente sí es honesta, un martes por la mañana decidí visitar tres fotocopiadoras muy concurridas por estudiantes no sólo de derecho sino también de otras carreras. La actividad a ejecutar era la comparación del desempeño de los empleados de las distintas fotocopiadoras en términos de tiempo y servicio. Adicionalmente, tuve en cuenta el factor del precio.

El primero de los establecimientos visitados fue el conocido “El Toro”. Al llegar me atendieron de inmediato y me ofrecieron sus servicios sin esperar. Pedí el favor de que me sacaran copia de las primeras 10 páginas de la revista “The Economist”, posteriormente de las siguientes 20 y finalmente de las 30 últimas. Este ejercicio se repitió en las otras dos fotocopiadoras elegidas. Los resultados que obtuve en El Toro fueron los siguientes: por las 10 primeras copias, con un tiempo total de un 1 minuto y 53 segundos, pagué un

precio total de 1.000 pesos. Por las 20 fotocopias, la persona que me prestó el servicio se demoró 3 minutos y 57 segundos, y me cobró un precio de 2.000 pesos. Por último, y en relación con las 30 páginas que solicité, el tiempo que les tomó atender mi solicitud fue de 4 minutos y 53 segundos, y el precio que pagué por ello fue de 3.000 pesos. La segunda fotocopiadora objeto de observación fue Séneka, en la cual procedí a la realización del mismo Sigue en la página 23

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ejercicio. Los resultados no fueron muy distintos de los obtenidos en mi primer experimento: en Séneka, por las 10 primeras fotocopias, el tiempo invertido fue de 2 minutos y el precio cobrado fue de 1.000 pesos, igual que en “El Toro”. Las siguientes 20 y 30 fotocopias tuvieron un costo exacto de 100 pesos por hoja. El único factor cambiante fue el tiempo, ya que la persona que me colaboró tardó un total de 4 minutos y 50 segundos en sacar las 20 copias solicitadas y, posteriormente, 6 minutos por las siguientes 30. Finalmente, la última fotocopiadora incluida en este corto experimento fue “El Crayón”, ubicada al lado del restaurante “Randy’s”. El tiempo dedicado a sacar las primeras 10 fotocopias que solicité fue de 2 minutos y 40 segundos. El costo de las mismas fue de 1.000 pesos, exactamente igual que en las dos primeras fotocopiadoras. No obstante, el precio

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del segundo pedido (de 20 fotocopias), aumentó en 500 pesos con respecto al precio pagado en las primeras dos fotocopiadoras visitadas, que fue de 2.000 pesos. Lo mismo sucedió con la solicitud de 30 copias, por las cuales pagué 3.500 pesos en lugar de 3.000. Sin importar la variabilidad en los precios, debo mencionar que en cada uno de los sitios visitados las personas que me atendieron tuvieron la mejor disposición para hacerlo y no me hicieron esperar más tiempo del necesario para ejecutar la tarea señalada. Efectivamente, pude comprobar que las facilidades otorgadas por las fotocopiadoras son un factor palpable por parte del estudiante común que decide acudir a éstas, ya que, como se pudo observar, el precio es bastante razonable y el tiempo y el servicio son muy buenos. Las fotocopiadoras hacen parte de nuestra cotidianidad y aún así no nos habíamos dado cuenta de que su existencia nos facilita muchísimo la vida estudiantil. Imaginar nuestro proceso de desarrollo

académico sin las fotocopiadoras sería casi un caos, ya que no todos podríamos acceder al mismo tiempo a la misma información por escrito para una clase determinada. En conclusión, se puede decir que el servicio que las fotocopiadoras nos proporcionan termina por favorecernos a todos y cada uno de nosotros, evitándonos las molestias derivadas de no poder acceder a un libro en reserva o a aquel único ejemplar que alguien egoísta simplemente no quiere devolver a la biblioteca. Trasmitiendo este mensaje a los estudiantes, profesores y demás interesados en el tema, la discusión acerca de las fotocopiadoras no la tendré únicamente yo con dos compañeros más de la Facultad, sino también con todos aquellos que daban por sentado la existencia y trabajo de las fotocopiadoras, o que se limitaban a criticar, sin conocer, la manera en que éstas prestan sus servicios.

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