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PDN35-Noviembre-Diciembre

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Gober nar implica tomar decisiones que la sociedad las entienda, las acepte y las respalde

Noviembre 2026

CRUZ PÉREZ

LÍA LIMÓN

MAURICIO TREJO

$60.00

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Año 36 Tomo 504 Noviembre / Diciembre 2026

PDN35

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$60.00

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ARTE DE GOBERNAR

“La democracia proporciona un marco institucional capaz de permitir las reformas sin violencia y, por consiguiente, el uso de la razón en los asuntos políticos” Karl R. Popper

Cuaderno de notas de:


En todo el

mundo

com mx

@LíderesMexicanos


AL ENTRAR A UNA GALERÍA DE HISTORIAS ES FUNDAMENTAL UNA INTRODUCCIÓN AL TEMA.

¿QUÉ HAY NOVIEMBRE?

Portada

Mauricio Trejo Pureco

Portada

Cruz Pérez Cuéllar

Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato

Presidente Municipal con Licencia de Ciudad Juárez, Chihuahua

Al frente de una ciudad reconocida internacionalmente por su atractivo turístico e inversión, Mauricio Trejo plantea la necesidad de crecer sin perder la esencia, apostando por la planeación a largo plazo en rubros vitales como el agua, la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico. Pág. 12

Hay ciudades que se entienden mejor cuando uno deja de mirar sus indicadores y se acerca a la vida cotidiana de quienes las habitan. Ciudad Juárez es una de ellas. Cruz Pérez Cuéllar plantea una forma de entender el gobierno a partir de la cercanía con la gente. En una ciudad marcada por el dinamismo industrial, la migración, el crecimiento y desafíos sociales de larga data, gobernar significa conocer el territorio, reconocer sus contrastes y mantener contacto permanente con quienes lo habitan. Su convicción es clara: el servicio público debe ser una oportunidad para transformar la ciudad y el estado, de modo que sus habitantes puedan vivir mejor. Pág. 18

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026 PROYECTO DE NACIÓN

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PENSAMIENTO

¿Qué Hay NOVIEMBRE?

Portada

Lía Limón García

Ex Alcaldesa de Álvaro Obregón, Ciudad de México

Gobernar una alcaldía significa encontrarse todos los días con problemas que no admiten espera. Una calle sin luz, una mujer que necesita protección, una familia que busca dónde dejar a sus hijos mientras trabaja. Durante su paso por Álvaro Obregón, Lía Limón García tuvo que responder a esas demandas desde la primera línea de gobierno. La experiencia puso a prueba su capacidad de decisión y confirmó las causas que han acompañado su trayectoria: la seguridad, los derechos de las mujeres y la atención a la primera infancia. Al mirar hacia atrás, hay una idea que atraviesa su relato: el servicio público cobra sentido cuando sus decisiones mejoran la vida de las personas. Pág. 24

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PROYECTO DE NACIÓN NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026

Mónica Calles Miramontes

Fundadora y Directora General de Defensa Electoral

La trayectoria de Mónica Calles Miramontes ha transcurrido entre las instituciones electorales y la defensa de los derechos ciudadanos. Después de años de trabajo en los órganos que construyeron buena parte de la democracia mexicana, decidió continuar su labor desde otro frente: el litigio independiente, la vigilancia de las autoridades y la denuncia de los abusos institucionales. Pág. 6


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Una voz que evoluciona Tania Aguirre Oswaldo Bernal

Roberto Tetlalmatzin

A lo largo de sus 24 años en los medios de comunicación, Nacho Lozano ha construido una trayectoria a través de la radio, el periodismo escrito y la televisión, además de publicar artículos, libros y columnas de opinión, tanto en México como en Estados Unidos. Con ese bagaje a cuestas, inició un camino en Imagen Televisión que ha crecido a la par del medio y que hoy, a punto de cumplir 10 años dentro de Grupo Imagen, refleja una transformación constante, marcada por una manera particular de entender y ejercer el periodismo.

NACHO LOZANO Periodista y conductor Grupo Imagen

¿SABÍAS QUE…? Raúl y Jorge Ferráez, en 2008, voltearon a ver el trabajo de Nacho cuando inició su carrera, y lo reconocieron incluyéndolo en la publicación que fue llamada Líderes en ascenso.

PERIODISMO TRAYECTORIA

AL FRENTE de un equipo de profesionales, Nacho Lozano enfrenta todos los días el reto de contar las noticias en uno de los horarios más competidos de la televisión mexicana. Sin embargo, su formación comenzó mucho antes, en espacios como Telemundo, MSNBC y W Radio, entre otros, donde ejerció distintos géneros y formatos. En ese camino construyó un estilo propio como periodista, con una combinación de seriedad, ironía y rigor, lo cual se convirtió en su herramienta para contar las noticias y cuestionar al poder. Esas características las trasladó a su labor como autor de cuatro títulos: El priista que todos llevamos dentro, Marihuana a la mexicana, Queremos mota y Macho menos. La evolución del periodismo ha estado ligada a la transformación de los medios, por lo que actualmente la televisión, la radio, las redes sociales y la comunicación escrita dejaron de ser espacios aislados, para convertirse en áreas de comunicación que convergen entre sí, permitiendo que las historias transiten entre las distintas plataformas. “También han cambiado las exigencias de las audiencias, el contexto político y la realidad de seguridad del país, así como los códigos con los que los propios periodistas ejercen su profesión”, afirma Nacho. Después de casi una década en Grupo Imagen, el conductor está convencido de que mirar

Perfil • Licenciatura en Historia del Arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana. • Maestría en Estudios Psicoanalíticos en Birkbeck, University of London. • Cuenta con un diplomado en Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). • Fue premiado con la Palma de Oro del Círculo Nacional de Periodistas en 2019.

El periodismo se hace practicándolo todos los días, con mucho trabajo y disciplina. hacia atrás significa reconocer un crecimiento compartido con su equipo de trabajo: “Para mí es un orgullo, una satisfacción enorme y un agradecimiento a quienes han confiado en la labor que realizamos. Es un compromiso con la gente que elige seguir viendo nuestro contenido”.

@nacholozano


PENSAMIENTO

Editorial GOBIERNO

EL ARTE DE GOBERNAR: LA RESPONSABILIDAD DE TRANSFORMAR LA REALIDAD

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PROYECTO DE NACIÓN NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026

Facebook

planeación a largo plazo —con la mira puesta hacia 2050— en rubros vitales como el agua, la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico. Su visión subraya que la verdadera trascendencia de un gobernante no radica únicamente en las obras que inaugura durante su gestión, sino en las bases sólidas que deja para las próximas generaciones. Desde Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar plantea una forma de entender el gobierno a partir de la cercanía con la gente. En una ciudad marcada por el dinamismo industrial, la migración, el crecimiento y desafíos sociales de larga data, gobernar significa conocer el territorio, reconocer sus contrastes y mantener contacto permanente con quienes lo habitan. Su convicción es clara: el servicio público debe ser una oportunidad para transformar la ciudad y el estado, de modo que sus habitantes puedan vivir mejor. Una visión que coloca la sensibilidad social y el compromiso cotidiano como parte esencial de la responsabilidad de gobernar. La experiencia de Lía Limón García, por su parte, permite mirar el gobierno desde la exigencia de los resultados y la firmeza en la toma de decisiones. Su paso por la administración pública federal, el Con-

Redacción

más que ejercer autoridad, administrar recursos o conducir una estructura institucional. Es, ante todo, asumir la responsabilidad de tomar decisiones que afectan la vida de las personas. Es entender el momento, reconocer las necesidades de una sociedad y tener la capacidad de convertir las ideas en resultados. En esa tarea, que exige visión, carácter y oficio político, se encuentra una de las expresiones más complejas del liderazgo. El arte de gobernar no se aprende únicamente en los libros ni se construye desde el discurso. Se pone a prueba en la calle, frente a los problemas cotidianos, en la negociación de intereses, en la administración de los recursos y, sobre todo, en la capacidad de responder cuando las circunstancias exigen actuar. Gobernar implica escuchar, decidir y asumir las consecuencias. También supone comprender que detrás de cada política pública hay personas que esperan soluciones. Esta edición de Proyecto de Nación, dedicada a El arte de gobernar, reúne las experiencias y reflexiones de tres figuras cuya trayectoria permite observar distintas dimensiones del ejercicio del poder público: Mauricio Trejo, Cruz Pérez Cuéllar y Lía Limón García. El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, reflexiona sobre el desafío de gobernar con mirada hacia el futuro. Al frente de una ciudad reconocida internacionalmente por su atractivo turístico e inversión, Trejo plantea la necesidad de crecer sin perder la esencia, apostando por la

Luis E. González

GOBERNAR es mucho


greso y la alcaldía de Álvaro Obregón le dio una perspectiva amplia del funcionamiento institucional, pero fue en el ámbito local donde enfrentó directamente la urgencia de resolver problemas concretos. Seguridad, derechos de las mujeres y atención a la primera infancia son algunas de las causas que han definido su trayectoria. Se reconoce como una mujer de carácter, de causas y de resultados; una definición que resume su manera de entender la política: una actividad que cobra sentido cuando consigue mejorar la vida de las personas. Aunque sus experiencias y contextos son distintos, los testimonios coinciden en una premisa fundamental: la legitimidad del gobierno se construye en la capacidad de responder a las expectativas ciudadanas. No basta con tener un proyecto, una agenda o una estructura administrativa. Hace falta traducirlos en acciones, establecer prioridades, enfrentar resistencias y sostener decisiones incluso cuando el camino se vuelve complicado. En México, donde las instituciones enfrentan demandas cada vez más complejas y una ciudadanía que exige gobiernos eficaces, transparentes y cercanos, reflexionar sobre el arte de gobernar resulta indispensable. La capacidad de liderazgo no se mide solamente por la posición que se ocupa, sino por la huella que deja una gestión; por las oportunidades que genera, los problemas que resuelve y la confianza que consigue construir.

Gobernar también significa entender que el poder es transitorio, pero sus consecuencias permanecen. Las decisiones de hoy pueden abrir oportunidades para las siguientes generaciones o profundizar rezagos que llevarán años corregir. Por eso, el verdadero desafío de quien gobierna consiste en mirar más allá de la coyuntura, actuar con responsabilidad y mantener el rumbo sin perder de vista a las personas. En Proyecto de Nación creemos que México necesita liderazgos capaces de combinar experiencia con sensibilidad, autoridad con diálogo y visión con capacidad de ejecución. Liderazgos que comprendan que la política no encuentra su mayor sentido en la conquista del poder, sino en la posibilidad de ponerlo al servicio de la sociedad. Sin embargo, el arte de gobernar no se agota en la gestión ejecutiva; también requiere de contrapesos ciudadanos y de la vigilancia constante sobre el ejercicio del poder. En ese sentido, la abogada electoral Mónica Calles Miramontes aporta una reflexión crítica e indispensable desde el litigio independiente y la sociedad civil. Con una sólida trayectoria dentro de instituciones clave como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Calles analiza los riesgos que enfrentan las reglas democráticas, la transparencia y la libertad de expresión. Su testimonio recuerda que el derecho es una herramienta esencial de defensa frente a los abusos y la arbitrariedad, y que una democracia vigorosa necesita voces críticas y ciudadanos dispuestos a exigir rendición de cuentas. Las páginas que siguen invitan a pensar el poder público desde su doble dimensión: la de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones para transformar sus territorios con eficacia y sensibilidad social, y la de quienes, desde la ley y la participación ciudadana, velan para que ese poder se ejerza siempre dentro de los límites de la justicia y la democracia. SÍGUENOS EN @lideresmexicanos SÍGUENOS EN Revista Líderes Mexicanos SÍGUENOS EN @lideresmexicano SÍGUENOS EN /lideresmexicanos SÍGUENOS EN www.lideresmexicanos.com

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POSIBILIDADES

Liderazgo ELECCIONES

EL DERECHO COMO DEFENSA FRENTE AL PODER MÓNICA CALLES MIRAMONTES Fundadora y Directora General de Defensa Electoral

La trayectoria de Mónica Calles Miramontes ha transcurrido entre las instituciones electorales y la defensa de los derechos ciudadanos. Después de años de trabajo en los órganos que construyeron buena parte de la democracia mexicana, decidió continuar su labor desde otro frente: el litigio independiente, la vigilancia de las autoridades y la denuncia de los abusos institucionales. Gret Velasco

F. Izquierdo

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Redacción

HAY DECISIONES profesionales que

cambian el rumbo de una carrera. Para Mónica Calles Miramontes, una de ellas fue dejar el espacio institucional en el que había desarrollado buena parte de su vida para defender, desde fuera, principios que consideraba cada vez más amenazados. La trayectoria de Mónica Calles estuvo ligada durante años a las principales autorida6

@moni_calles_m @moni_calles Mónica Calles Miramontes

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des electorales del país. Su paso por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le permitió conocer desde dentro la complejidad de la justicia electoral y participar en asuntos de especial relevancia.


PERFIL Y TRAYECTORIA Era una carrera desarrollada en el servicio público, con un proyecto de largo plazo. Sin embargo, las reformas al Poder Judicial y las transformaciones del sistema electoral alteraron sus expectativas. Lo que había sido su espacio natural de trabajo comenzó a representar, desde su perspectiva, un entorno en el que ya no encontraba las condiciones para continuar defendiendo sus principios. Al hablar de ese momento, reconoce que reinventarse ha sido el mayor desafío de su vida profesional. “Yo diría que mi principal reto ha sido reinventarme. Porque a raíz de lo que fue la reforma judicial, yo tenía todo un proyecto de vida que estaba dentro de las instituciones electorales... Y tenía todo un proyecto de vida construido ahí que cuando viene la reforma judicial, la cooptación de todas estas instituciones, lo vi caer, mi proyecto de vida también. Esto me lleva a tomar una decisión de qué hacer con esto: conformarme, adaptarme a algo en lo que no estaba de acuerdo... o formar parte del cambio que yo quería ver. Y ahí es donde tomé la decisión de tratar de formar parte de un cambio, reinventar la manera de ejercer mi profesión y poder ser una persona crítica, vigilante de lo que estaban haciendo las instituciones y tratar de llevar esta voz crítica hacia la sociedad”. La decisión la llevó al litigio estratégico independiente y a la consultoría. No abandonó los temas que habían ocupado su carrera; cambió la posición desde la que podía intervenir en ellos. Desde entonces, su trabajo se ha concentrado también en acompañar a quienes enfrentan decisiones institucionales que consideran injustas, cuestionar resoluciones y hacer visibles asuntos que, por su naturaleza, suelen permanecer fuera de la discusión pública. La experiencia ha sido distinta a la del servicio público, pero le ha permitido encontrar nuevas posibilidades de incidencia. “Ha sido complejo, pero ha sido muy satisfactorio porque me doy cuenta que todo eso por lo que tanto luchaba por hacer dentro de las instituciones tiene mayor eco afuera; se puede llevar con mayor impacto, se puede contagiar a la sociedad para que también alcen la voz, para que también le exijan a las instituciones”.

Abogada, Especialista en Justicia Electoral y egresada de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es directora de Defensa Electoral, firma especializada en litigio, consultoría y capacitación. Lidera proyectos de observación sobre justicia electoral y analiza de forma permanente resoluciones judiciales y el impacto de reformas estructurales en el Estado de derecho en México; coordina el micrositio de monitoreo LupaReforma2026. mx y LupaDemocrática.mx, dedicado al seguimiento y alerta de reformas y decisiones institucionales con impacto en el sistema electoral. Asimismo, desarrolla investigación especializada sobre violencia política en razón de género y libertad de expresión.

funcionamiento de la organización electoral, pero que, de acuerdo con su diagnóstico, enfrenta condiciones jurídicas que dificultan la protección efectiva de sus derechos. El problema comienza con el marco normativo. Calles cuestiona que, a pesar de la importancia de las funciones que desempeña este personal, el Congreso de la Unión no haya expedido una legislación específica que atienda sus condiciones laborales. “El Congreso de la Unión jamás ha asumido su obligación constitucional de emitir una ley para ellos. Ellos se rigen hoy por un estatuto que emite el Consejo General del INE, es decir, el propio empleador, patrón... Yo me atrevería a decir que ese estatuto es inconstitucional”.

Los derechos laborales detrás de la estructura electoral

Uno de los asuntos a los que ha dedicado especial atención es la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral. Se trata de un sector indispensable para el NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026 PROYECTO DE NACIÓN

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POSIBILIDADES

Liderazgo ELECCIONES

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“Ha sido complejo, pero ha sido muy satisfactorio porque me doy cuenta que todo eso por lo que tanto luchaba por hacer dentro de las instituciones tiene mayor eco afuera; se puede llevar con mayor impacto, se puede contagiar a la sociedad para que también alcen la voz, para que también le exijan a las instituciones”

A esta situación se suma, señala, la manera en que el Tribunal Electoral ha atendido los conflictos laborales de los trabajadores del instituto. Considera que el órgano jurisdiccional no ha asumido plenamente su responsabilidad como instancia de justicia laboral, lo que mantiene muchos de estos asuntos lejos del conocimiento público. “Un tribunal electoral que jamás se ha asumido como tribunal laboral, aun cuando la Constitución le obliga... y sigue resolviendo en privado, en la oscuridad, y eso da lugar a que todos los asuntos de los trabajadores pasen absolutamente desapercibidos”. La situación se vuelve todavía más delicada cuando un trabajador denuncia acoso u hostigamiento dentro de la institución. En esos casos, explica, los mecanismos internos de revisión pueden terminar en manos de funcionarios que dependen de la misma estructura jerárquica señalada en la queja. Calles describe un procedimiento que, desde su perspectiva, deja pocas posibilidades de obtener una revisión verdaderamente independiente:

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“Si un trabajador está inconforme con la decisión que se adopta en su caso por hostigamiento, pues tiene que ir a la Junta General Ejecutiva, conformada por la presidencia del Consejo General del INE, la Secretaría Ejecutiva -hoy a cargo de un encargado de despacho- y los directores ejecutivos, todos nombrados por la presidencia del INE. Entonces, no hay manera de que los trabajadores puedan verdaderamente defender derechos y, sin embargo, están obligados a agotar esas instancias”. Su preocupación va más allá de un conflicto administrativo. Considera que una institución encargada de organizar elecciones y garantizar derechos políticos también debe ofrecer condiciones de legalidad y justicia a quienes trabajan en ella. 8

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“…tomé la decisión de tratar de formar parte de un cambio, reinventar la manera de ejercer mi profesión y poder ser una persona crítica, vigilante de lo que estaban haciendo las instituciones y tratar de llevar esta voz crítica hacia la sociedad” Libertad de expresión amenazada

La defensa de los derechos laborales es una parte de su trabajo, pero su preocupación por las libertades públicas ocupa también un lugar central en su diagnóstico del país. Para Mónica Calles, la libertad no consiste únicamente en que una persona pueda expresar una opinión. Implica tener la posibilidad de vivir de acuerdo con lo que piensa, sin miedo a las consecuencias. La define como la facultad de “poder hacer lo que uno es, poder decir lo que uno piensa sin temor a sufrir represalias”. Cuando se refiere a la libertad de expresión, su análisis parte de una premisa: la democracia necesita que las distintas voces puedan participar en la conversación pública. No basta con reconocer el derecho individual a hablar; también es necesario que la sociedad tenga acceso a opiniones diversas y pueda formarse un criterio propio. “La libertad de expresión es un pilar esencial de la democracia”, afirma. “Esta tiene una doble dimensión. Por un lado, yo puedo decir lo que pienso... Pero, por otro lado, la sociedad tiene derecho a nutrirse de todas las opiniones, de todas las visiones... Mi diagnóstico es que la libertad de expresión hoy está severamente amenazada en México. Hoy hemos perdido instituciones valiosas como lo eran la institución de transparencia, INAI, órganos autónomos. Hemos perdido la independencia del poder judicial... Tenemos a instituciones que existen, pero hoy están colonizadas”. Su preocupación no se limita a la desaparición o transformación de determinadas instituciones. Le inquieta, sobre todo, lo que sucede cuando los espacios encargados de vigilar al poder pierden autonomía y las per-

sonas comienzan a medir sus palabras ante el temor de una represalia. En su opinión, la libertad de expresión no desaparece necesariamente mediante una decisión formal o una prohibición general. Puede deteriorarse de manera gradual, a partir de amenazas, sanciones y casos de intimidación que terminan modificando el comportamiento de quienes informan, opinan o cuestionan a las autoridades. Lo explica con una reflexión que resume buena parte de su preocupación: “La libertad de expresión jamás se pierde de un golpe. La libertad de expresión se pierde por una voz que se apagó y que ya no escuchamos y ni siquiera sabemos por qué. La libertad de expresión se pierde cuando un periodista sufre una represalia, incluso es asesinado o desaparecido... Y entonces todo el gremio termina por ya no ejercer con libertad, se autocensura. La reprimenda de uno es un ejemplo para todos y por eso es que un solo caso de amenaza hacia la libertad de expresión es una amenaza hacia toda la sociedad”. El efecto de una amenaza, sostiene, rara vez se queda en la persona que la recibe. También alcanza a sus colegas, a los medios de comunicación y a quienes observan lo que ocurre. La autocensura aparece entonces como una respuesta al riesgo, incluso cuando no existe una prohibición explícita.

“Mi diagnóstico es que la libertad de expresión hoy está severamente amenazada en México. Hoy hemos perdido instituciones valiosas como lo eran la institución de transparencia, INAI, órganos autónomos. Hemos perdido la independencia del poder judicial... Tenemos a instituciones que existen, pero hoy están colonizadas”

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POSIBILIDADES

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Ante este escenario, Calles considera que la exposición pública de los abusos sigue siendo una herramienta importante para contener decisiones arbitrarias. El litigio debe ir acompañado de una sociedad informada y de una conversación pública capaz de cuestionar a las autoridades. “Si bien los políticos no le temen a las instituciones porque las controlan, no le temen a la ley porque de pronto ellos dicen cuándo aplica y cuándo no, lamentablemente. Sí le temen a la voz ciudadana”. Le temen a la voz ciudadana”, afirma. La discusión sobre la independencia de las instituciones adquiere especial relevancia cuando Mónica Calles mira hacia las elecciones de 2027. A su juicio, México ha retrocedido en la construcción de su sistema democrático. La salida de la presidencia del INE durante el proceso electoral, que analiza como parte de una crisis institucional más amplia, es uno de los

acontecimientos que reflejan los problemas acumulados en la conducción del organismo. Calles considera que la falta de consensos, las decisiones partidistas y el fortalecimiento de facultades unilaterales han modificado el equilibrio interno del instituto. Le preocupa particularmente que la estructura operativa haya dejado de responder a los mecanismos colegiados que, desde su perspectiva, deberían garantizar su autonomía. Utiliza una imagen para explicar lo que considera una distorsión en el papel del árbitro electoral: “Hoy tenemos a un árbitro que está jugando en la cancha, un árbitro que además saca tarjetas rojas a los espectadores cuando reclaman”, sentencia. Y agrega: “Jamás habíamos tenido una presidencia del INE con tanto poder y eso es lo que estamos viendo hoy. Por eso es todavía más complejo que hoy se vaya la presidencia de esa manera, porque ahora hay que ver qué pasa con todas esas designaciones... Se trata de toda una estructura que dejó de rendirle cuentas a un órgano superior, que era el Consejo General, y empezó a rendir cuentas únicamente a la presidencia”. De cara al próximo proceso electoral, identifica varios asuntos que considera indispensables atender. Entre ellos menciona la revisión de los nombramientos realizados en la estructura operativa, la investigación de posibles irregularidades administrativas y penales relacionadas con el manejo de recursos públicos y la necesidad de que la designación de una nueva presidencia del instituto sea

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Los desafíos rumbo a 2027

“Tenemos que ser una ciudadanía crítica, una ciudadanía exigente... vigilar las decisiones que toman las autoridades, cuestionar cuando vemos que no están bien y dejar de ser permisivos con la corrupción... Tenemos que ser una ciudadanía responsable y exigir cuentas siempre”

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resultado de un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas. No se trata, desde su perspectiva, de resolver únicamente una coyuntura administrativa. Lo que está en juego es la confianza en la autoridad responsable de organizar las elecciones y garantizar condiciones de competencia. Sin embargo, su lectura crítica no conduce al desencanto. Calles distingue entre los problemas que puede enfrentar la conducción institucional y la capacidad de la ciudadanía para participar en la defensa de los procesos democráticos. Recuerda que la organización de una elección no depende exclusivamente de quienes ocupan los cargos directivos. La participación ciudadana en las casillas y la vigilancia del voto siguen siendo elementos fundamentales para preservar la voluntad expresada en las urnas. Por eso, cuando habla de 2027, insiste en que la sociedad no debe limitarse a observar lo que sucede en las instituciones. Debe involucrarse, preguntar, exigir explicaciones y cuestionar las decisiones que considere contrarias al interés público. “Lo más importante es la participación ciudadana. Lo más importante es que nos asumamos como verdaderos actores de este proceso electoral, que exijamos y recuperemos los espacios públicos... Tenemos que ser una ciudadanía crítica, una ciudadanía exigente... vigilar las decisiones que toman las autoridades, cuestionar cuando vemos que no están bien y dejar de ser permisivos con la corrupción... Tenemos que ser una ciudadanía responsable y exigir cuentas siempre”.


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ESTE ES EL INICIO DE LA SECCIÓN DURANTE LA CUAL CONOCEREMOS CON MÁS DETALLE LAS HISTORIAS DE NUESTROS PERSONAJES.

PENSAMIENTO

Gobierno GESTIÓN

GOBERNAR CON VISIÓN DE FUTURO MAURICIO TREJO PURECO Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato

@MauricioTrejoP @mautrejopureko

Redacción

Cortesía

F. Izquierdo

@mauricio.trejopureco

San Miguel de Allende vive una paradoja. Su belleza, el reconocimiento internacional y el atractivo que ejerce sobre turistas e inversionistas han impulsado su crecimiento, pero también han puesto a prueba su capacidad para conservar aquello que la hace distinta. Las calles empedradas, las fachadas de colores y la vida que transcurre alrededor de sus plazas forman parte de una identidad que no puede darse por sentada. Detrás del éxito turístico hay una pregunta cada vez más urgente: ¿cómo crecer sin que la ciudad termine perdiendo su propia esencia? 12

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plica gobernar una ciudad cuyo crecimiento ya no puede explicarse únicamente por su atractivo turístico. El desafío, dice, consiste en entender que cada autorización, cada inversión y cada obra tiene consecuencias que van mucho más allá de su ejecución.

El poder te hace responsable

El paso de la iniciativa privada al servicio público suele modificar la manera de entender los problemas. Desde una empresa, las decisiones se toman con objetivos definidos, presupuestos y resultados que pueden medirse. En el gobierno, las mismas herramientas son necesarias, pero nunca suficientes. Cada resolución tiene un efecto directo sobre la vida de alguien. Trejo lo explica a partir de una idea sencilla:

PERFIL Y TRAYECTORIA

ESA ES una de las cuestiones que Mauricio Trejo Pureco ha tenido que enfrentar en sus tres periodos al frente del gobierno municipal. Administrador de empresas de formación, llegó a la política con una experiencia previa en la iniciativa privada y una idea que ha mantenido a lo largo de sus administraciones: gobernar exige mirar más allá de los resultados inmediatos. Su preocupación no se limita a las obras que pueden inaugurarse durante un trienio. Habla de agua, vivienda, movilidad, seguridad y desarrollo económico, pero también de la posibilidad de que las próximas generaciones sigan encontrando en San Miguel un lugar donde vivir, trabajar y construir un proyecto de vida. En su despacho, entre asuntos de administración cotidiana y planes que miran hacia 2050, el alcalde habla de las decisiones que im-

Licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Empresario dedicado a la hotelería, bienes raíces, telecomunicaciones y agricultura por más de 25 años. Presidente Municipal de San Miguel de Allende en tres ocasiones (2012-2015, 2021-2024 y 2024-2027). Presidente de la Asociación de Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad. Presidente del Patronato de las Fiestas Patrias y Tradicionales de San Miguel de Allende (2003-2006). Consejero de la Cámara Nacional de Telecomunicaciones (2002- 2010). Fundador del Consejo Ciudadano para el Desarrollo de San Miguel de Allende (COCDESAM) (2010).

“En el gobierno no trabajas con números abstractos. Detrás de una obra de agua hay familias; detrás de una beca hay un joven; detrás de un camino hay una comunidad; detrás de una estrategia de seguridad hay personas que quieren salir de su casa con tranquilidad”. Esa forma de entender la responsabilidad pública tiene mucho que ver con su historia familiar. Su padre comenzó a trabajar desde muy joven y, con disciplina y perseverancia, consiguió convertirse en ingeniero y empresario. De él aprendió el valor del esfuerzo, aunque también una lección que considera importante para gobernar: las oportunidades no son iguales para todos. Por eso, cuando habla de educación, no se refiere únicamente a un indicador de gestión. La rehabilitación de más de 50 escuelas, en beneficio de más de 10 mil estudiantes, y la entrega de cerca de tres mil becas forman parte de una política que busca ampliar las posibilidades de quienes no siempre cuentan con las mismas condiciones para salir adelante.

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GESTIÓN

Con la experiencia de sus anteriores administraciones, Trejo parece haber llegado a una conclusión sobre el ejercicio del poder: el cargo tiene fecha de término, pero sus efectos pueden prolongarse durante años. “El cargo es temporal, pero las decisiones pueden tener consecuencias durante muchos años”, afirma. No es una frase que utilice para adornar su discurso. La relaciona directamente con la responsabilidad de gobernar y con la obligación de responder por los resultados, incluso cuando las cosas no salen como se esperaba. “El poder no te hace más importante. Te hace más responsable. Cuando una decisión sale bien, el beneficio debe ser para la gente. Cuando sale mal, el gobierno tiene que asumirlo y corregir”.

Gobernar con planeación y coordinación

En San Miguel de Allende, los problemas difícilmente pueden resolverse de manera aislada. Una nueva zona habitacional, por ejemplo, no representa solamente una oportunidad de inversión o una modificación en el uso del suelo. También implica más demanda de agua, escuelas, transporte, servicios y seguridad. Esa relación entre los distintos componentes de la ciudad dio origen al llamado Modelo San Miguel, una forma de organizar el trabajo municipal que busca coordinar áreas como seguridad, infraestructura, agua, turismo, vivienda y desarrollo rural. La intención es evitar que cada dependencia tome decisiones sin considerar sus consecuencias en el resto del municipio. Para 14

“El poder no te hace más importante. Te hace más responsable. Cuando una decisión sale bien, el beneficio debe ser para la gente. Cuando sale mal, el gobierno tiene que asumirlo y corregir”

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Trejo, la planeación debe partir de una visión compartida y no de las necesidades particulares de cada oficina. Lo resume con una frase que también revela su manera de entender la continuidad institucional: “El objetivo no debe ser que una obra lleve el nombre del presidente municipal que la inició. El objetivo debe ser que le sirva a San Miguel”. Esa idea de trabajar con una perspectiva de largo plazo también aparece en la evolución de la economía turística. Durante su primera administración, en 2012, el gobierno municipal identificó oportunidades en dos actividades que entonces tenían un amplio margen de crecimiento: la vitivinicultura y el turismo de bodas. En aquel momento se registraron 112 bodas en el municipio. Después de años de promoción y trabajo conjunto con empresarios, la cifra llegó a 930 al cierre de 2025, con una proyección de 970 para 2026. El crecimiento no se refleja únicamente en el número de celebraciones. Alrededor de esta actividad se ha desarrollado una red de servicios que involucra hoteles, restaurantes, transportistas, guías y comerciantes. Es un ejemplo de cómo una apuesta económica puede extender sus beneficios a distintos sectores de la comunidad.

Inversión sustentable

El reconocimiento internacional ha colocado a San Miguel de Allende en una posición privilegiada. La inversión, el turismo y el interés inmobiliario han contribuido a dinamizar su economía, pero también han elevado la presión sobre los servicios y el territorio. El problema es conocido: cuando una ciudad crece más rápido que su infraestructura, los beneficios de ese crecimiento pueden terminar concentrándose en unos cuantos, mientras los costos recaen sobre quienes viven ahí.


“El cargo es temporal, pero las decisiones pueden tener consecuencias durante muchos años”

Trejo sostiene que no toda inversión es conveniente por el simple hecho de representar capital nuevo. Su administración ha buscado establecer límites a los proyectos que no corresponden con las condiciones reales del municipio. “La inversión es bienvenida, pero tiene que respetar las reglas y tiene que ser compatible con la capacidad de la ciudad. Si permites un crecimiento desordenado, el costo termina pagándolo toda la población”. En esa discusión, el agua ocupa un lugar central. Durante años, el abastecimiento fue uno de los puntos más delicados para el desarrollo de San Miguel. La respuesta del gobierno municipal ha consistido en vincular las factibilidades urbanas con la disponibilidad efectiva del recurso y reforzar la infraestructura hidráulica. De acuerdo con las estimaciones técnicas referidas por la administración, el sistema actual permitiría atender la demanda de los próximos 50 años, siempre que se mantenga una gestión responsable y se respete la capacidad de abastecimiento. El planteamiento supone una condición importante: no basta con disponer de infraestructura; también hay que evitar que las decisiones de crecimiento terminen rebasándola. Para sostener esa postura, dice Trejo, se necesita firmeza, aunque eso no significa cerrarse a otras opiniones. Reconoce que su seguridad al tomar decisiones puede interpretarse como arrogancia, pero distingue entre tener convicciones y negarse a cambiar de opinión. “Firmeza no significa terquedad. Si una decisión puede ejecutarse mejor, si alguien te

“En el gobierno no trabajas con números abstractos. Detrás de una obra de agua hay familias; detrás de una beca hay un joven; detrás de un camino hay una comunidad; detrás de una estrategia de seguridad hay personas que quieren salir de su casa con tranquilidad”

demuestra que existe una alternativa más eficaz o si la realidad cambia, el gobierno tiene que tener la capacidad de ajustar”. Hay asuntos en los que está dispuesto a negociar procedimientos y tiempos. Otros, en cambio, no deberían estar sujetos a presiones: la seguridad, la legalidad, el patrimonio, el agua y el interés colectivo.

Gobernar para todos

La imagen internacional de San Miguel suele concentrarse en su centro histórico, sus hoteles, sus restaurantes y su actividad cultural. Sin embargo, el municipio tiene una dimensión rural que también necesita atención y oportunidades. Para Trejo, el desarrollo no puede medirse únicamente por lo que ocurre en la zona urbana. Las comunidades del campo deben formar parte de la estrategia económica y recibir apoyos que les permitan mantener su actividad productiva. Entre las acciones municipales se encuentran la entrega de semillas mejoradas y fertilizantes, así como el trabajo con cinco tractores propiedad del municipio. Con esta maquinaria se atienden cerca de cinco mil hectáreas al año, principalmente en beneficio de productores que no cuentan con recursos para rentar equipos.

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La producción de maíz y frijol sostiene buena parte de la economía familiar, mientras que los residuos agrícolas se aprovechan para alimentar al ganado. Es una dinámica que muestra la importancia de mantener activas las actividades del campo y reconocer su aportación a la economía local. Pero el alcalde sabe que hay dos problemas que tendrán un peso determinante en el futuro del municipio: la vivienda y la movilidad. El encarecimiento de la tierra, impulsado en buena medida por el crecimiento inmobiliario, ha complicado las posibilidades de que los habitantes de San Miguel puedan adquirir una casa en el lugar donde nacieron o donde han construido su vida. “No queremos que vivir en San Miguel termine siendo imposible para quienes nacieron aquí”. La preocupación apunta a un riesgo que va más allá del mercado inmobiliario: que la ciudad conserve su atractivo para quienes llegan de fuera, pero pierda progresivamente a las familias que le han dado identidad. Como parte de la respuesta, el gobierno impulsa proyectos de vivienda social como Alebrijes y La Esmeralda. La propuesta, explica Trejo, es que no se trate únicamente de entregar casas, 16

“El objetivo no debe ser que una obra lleve el nombre del presidente municipal que la inició. El objetivo debe ser que le sirva a San Miguel”

PROYECTO DE NACIÓN NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026

sino de desarrollar espacios que cuenten con agua, drenaje, transporte, iluminación y seguridad. La movilidad representa otro reto. El crecimiento de la ciudad obliga a revisar vialidades, accesos y transporte público, con una planeación que tenga como referencia el ordenamiento territorial hacia 2050. La intención es anticiparse a problemas que en otras ciudades se volvieron prácticamente irreversibles después de décadas de decisiones poco coordinadas.

Gobernar para las nuevas generaciones

Cuando se le pregunta cómo medir los resultados de una administración, Mauricio Trejo evita quedarse en el terreno de las declaraciones. Considera que el desempeño de un gobierno debe contrastarse con información verificable: estadísticas del INEGI, registros de los prestadores de servicios y datos concretos sobre seguridad.


“La inversión es bienvenida, pero tiene que respetar las reglas y tiene que ser compatible con la capacidad de la ciudad”

Entre los resultados que menciona está el registro de septiembre de 2026 sin homicidios. Sin embargo, insiste en que las cifras deben acompañarse de algo que ningún informe puede sustituir: la opinión de quienes viven todos los días en las colonias y comunidades del municipio. “Es muy fácil inaugurar una obra. Lo difícil es que siga funcionando cinco o diez años después”. En esa frase aparece una preocupación que atraviesa buena parte de la conversación. El valor de una administración no debería depender solamente de lo que alcanza a construir durante su periodo, sino de la utilidad que esas decisiones conservan cuando sus responsables ya no están en el gobierno. Después de tres periodos al frente de San Miguel de Allende, Trejo habla también de la importancia del relevo generacional. Considera que quienes buscan incorporarse al servicio público deben prepararse, conocer los problemas de su comunidad y entender que gobernar implica asumir decisiones difíciles. Su recomendación a los jóvenes es no entrar a la política pensando únicamente en la siguiente elección. Los resultados de una buena política pública no siempre son inmediatos; algunos requieren años para hacerse visibles y otros serán aprovechados

“Es muy fácil inaugurar una obra. Lo difícil es que siga funcionando cinco o diez años después”

por personas que ni siquiera conocen a quienes los impulsaron. Al final, su manera de resumir el ejercicio de gobierno se concentra en tres acciones: escuchar, decidir y responder. Tres verbos que parecen sencillos, pero que adquieren otra dimensión cuando están de por medio los recursos, las expectativas y el futuro de una comunidad. San Miguel de Allende seguirá cambiando. Llegarán nuevos habitantes, habrá más inversión y aparecerán oportunidades que hoy todavía no se alcanzan a dimensionar. La cuestión será qué ciudad resultará de ese crecimiento y quiénes podrán seguir formando parte de ella. Mauricio Trejo lo expresa con una idea que coloca la responsabilidad pública por encima de cualquier periodo de gobierno: “Los gobiernos pasan y las personas también. La ciudad permanece. Y nuestra responsabilidad es entregarla mejor de como la recibimos”.

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PENSAMIENTO

Gobierno GESTIÓN

Hay ciudades que se entienden mejor cuando uno deja de mirar sus indicadores y se acerca a la vida cotidiana de quienes las habitan. Ciudad Juárez es una de ellas. Su historia está marcada por el trabajo, el crecimiento industrial, la migración y también por problemas que durante décadas han puesto a prueba a sus habitantes. Es una ciudad que avanza. Gobernarla supone conocer esa realidad de cerca, entender sus contrastes y tomar decisiones en un entorno donde las necesidades suelen ser tantas como las expectativas.

Redacción

Cortesía y Facebook

DESDE ESA perspectiva, la experiencia

de Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal con licencia, permite acercarse a una manera de entender el ejercicio del poder local: la política como una actividad que debe mantenerse en contacto permanente con la gente. Su vocación por el servicio público comenzó temprano, cuando tenía apenas diecisiete años. En su formación, recuerda, también tuvo un peso importante el ejemplo de sus padres y la cultura del trabajo que aprendió en casa. Esa influencia sigue presente en la forma en que describe su responsabilidad como servidor público:

L Í D E R E S

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GOBERNAR CON LA GENTE

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Luis E. González

“Soy un hombre profundamente comprometido con mi familia y con Chihuahua. Me considero una persona sensible a las necesidades de la gente, que entiende la importancia de trabajar todos los días con pasión [...] Creo en el servicio público como una oportunidad para transformar nuestra ciudad y nuestro estado para que nuestra gente viva mejor”. No se trata solamente de una declaración de principios. En una ciudad con las dimensiones


CRUZ PÉREZ CUÉLLAR

PERFIL Y TRAYECTORIA

Presidente Municipal con Licencia de Ciudad Juárez

Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Maestría en Gestión y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Ha sido Diputado Federal en la LVI Legislatura (1994-1997) y LX Legislatura (2006-2009) de la Cámara de Diputados; y Diputado Local (1998-2001) del Congreso del Estado de Chihuahua. Fue Senador de la República en la LXIV Legislatura(2018-2021) y Presidente Municipal de Ciudad Juárez (20212026). Asumió el cargo el 10 de septiembre de 2021 y fue reelecto para un segundo periodo. Solicitó licencia en junio de 2026 para participar en el proceso interno estatal de su partido.

@CruzPerzCuellar @CruzPerezCuellarCh @cruzperezcuellar @cruzperezcuellar

y los problemas de Juárez, la cercanía con los ciudadanos también representa una forma de conocer las prioridades, identificar los rezagos y entender qué esperan de sus autoridades.

Gobernar cerca de la gente

Para Pérez Cuéllar, una de las principales lecciones del ejercicio de gobierno es que las decisiones no pueden tomarse exclusiva-

mente desde un despacho. Los informes y los diagnósticos institucionales son necesarios, pero no sustituyen el contacto directo con las colonias ni la posibilidad de escuchar a quienes enfrentan diariamente los problemas de la ciudad. “Aprendí que la mejor manera de gobernar es estar en el territorio, cerca de la gente. No se puede gobernar únicamente desde una oficina ni tomar decisiones basadas en lo que otros nos cuentan. Es necesario recorrer las colonias, escuchar a los ciudadanos y conocer de primera mano sus principales necesidades”. Esa forma de entender la administración pública implica, además, asumir que no todos los problemas tienen respuestas inmediatas. Ciudad Juárez arrastra necesidades acumuladas durante años y resolverlas exige combinar capacidad de gestión, recursos y coordinación institucional. En ese contexto, escuchar no es suficiente: también hay que decidir, incluso cuando las circunstancias son complicadas. Al recordar los momentos de mayor exigencia durante su gestión, el alcalde con licencia destaca precisamente la importancia de mantener la sensibilidad sin perder la capacidad de respuesta.

“Soy un hombre profundamente comprometido con mi familia y con Chihuahua. Me considero una persona sensible a las necesidades de la gente, que entiende la importancia de trabajar todos los días con pasión” NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026 PROYECTO DE NACIÓN

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PENSAMIENTO

Gobierno GESTIÓN

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Saber escuchar

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“Descubrí la importancia de escuchar y de tener la sensibilidad para entender qué es lo que la gente necesita [...] También aprendí que gobernar exige capacidad de respuesta, tomar decisiones en momentos complicados y asumir la responsabilidad de sus consecuencias, siempre pensando en el bienestar de la gente”. La responsabilidad, en ese sentido, no termina cuando se anuncia una medida o se pone en marcha un programa. También supone hacerse cargo de sus resultados, corregir cuando sea necesario y explicar las decisiones ante la ciudadanía.

Gobernar una ciudad como Juárez significa convivir con intereses distintos y, en ocasiones, enfrentados. Las decisiones públicas pueden generar inconformidad entre sectores sociales, organizaciones, grupos vecinales o actores económicos. Encontrar acuerdos no siempre es sencillo, sobre todo cuando están en juego necesidades legítimas que compiten por recursos limitados. Pérez Cuéllar plantea que, frente a esas diferencias, la ley debe ser el marco de actuación de cualquier autoridad. El diálogo es indispensable para construir acuerdos y atender las inconformidades, pero no puede sustituir las reglas que rigen la vida pública ni dejar de lado el interés colectivo. En esa relación entre autoridad y ciudadanía también hay espacio para reconocer los errores propios. Al hablar de las experiencias que le han dejado mayores aprendizajes, admite que en ocasiones ha depositado demasiada confianza en personas o sectores con los que esperaba encontrar una respuesta distinta. “Si hay algo de lo que quizá me reclame es ser demasiado confiado. Confiar en personas o sectores, con quienes esperaba una respuesta a mi trato con ellos, pero no fue así. Pero entiendo que también es parte de esto”. La reflexión tiene un componente personal que pocas veces aparece en los balances de gobierno. La política también implica relaciones humanas, expectativas y desencuentros. Reconocerlo permite entender que detrás de las decisiones institucionales hay una experiencia cotidiana de negociación, confianza y aprendizaje.

“Creo en el servicio público como una oportunidad para transformar nuestra ciudad y nuestro estado para que nuestra gente viva mejor” 20

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“Aprendí que la mejor manera de gobernar es estar en el territorio, cerca de la gente. No se puede gobernar únicamente desde una oficina ni tomar decisiones basadas en lo que otros nos cuentan. Es necesario recorrer las colonias, escuchar a los ciudadanos y conocer de primera mano sus principales necesidades” Planeación y resultados

Entre los asuntos que requieren una atención de largo plazo, la movilidad ocupa un lugar central en la agenda de Ciudad Juárez. El crecimiento urbano y la expansión de la actividad económica han incrementado la presión sobre las vialidades y los servicios de transporte. La infraestructura existente enfrenta dificultades para responder a las necesidades de una ciudad que ha cambiado considerablemente en las últimas décadas. Para el alcalde con licencia, atender este problema requiere algo más que intervenciones aisladas o decisiones administrativas. Hace falta continuidad en la planeación, inversión y una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno. “Uno de los principales problemas estructurales de Ciudad Juárez es la movilidad [...] Resolver este problema requiere mucho más que decisiones administrativas: se necesita planeación a largo plazo, inversión sostenida y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Juárez necesita mayor respaldo e inversión del Gobierno del Estado”. La movilidad ilustra uno de los desafíos más importantes de la administración municipal: atender las demandas inmediatas sin perder de vista los problemas que necesitan soluciones de varios años. Ningún gobierno puede resolver por sí solo todos los rezagos de una ciudad fronteriza de estas dimensiones. Durante su administración, Pérez Cuéllar identifica tres áreas en las que concentró buena parte de los esfuerzos: educación, seguridad pública y recuperación de espacios públicos y deportivos. NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026 PROYECTO DE NACIÓN

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PENSAMIENTO

Gobierno GESTIÓN

I N S P I R A N

“El poder debe entenderse como una responsabilidad y no como un privilegio, así lo hemos asumido. Si no existe una verdadera vocación de servicio y un compromiso con la gente, difícilmente se pueden alcanzar resultados que transformen su realidad”

L Í D E R E S

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En educación, destaca la inversión municipal destinada a infraestructura y apoyos, con la que su gobierno buscó ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes. En seguridad, la estrategia incluyó el fortalecimiento de la corporación policial y la coordinación con autoridades de otros órdenes de gobierno. A ello se sumaron acciones para recuperar espacios públicos y deportivos, con la intención de devolver a las colonias lugares de convivencia y actividad comunitaria. Uno de los mecanismos utilizados para involucrar a la población en estas decisiones fue el Presupuesto Participativo. A través de este instrumento, los ciudadanos pueden proponer y votar proyectos para sus comunidades, interviniendo directamente en la definición de una parte del gasto público. Pérez 22

Cuéllar lo considera uno de los ejercicios de participación ciudadana de mayor alcance en el país. En materia de seguridad, el fortalecimiento de la policía municipal y la coordinación con instancias estatales y federales formaron parte de una estrategia que buscó responder a un problema que, por su complejidad, rebasa las atribuciones de un solo nivel de gobierno. Los resultados de estas acciones deben leerse en función de su alcance, continuidad e impacto en la vida cotidiana. En una ciudad con problemas acumulados, la recuperación de espacios, la inversión educativa y el trabajo policial representan líneas de acción que requieren seguimiento más allá de los periodos administrativos.

“Descubrí la importancia de escuchar y de tener la sensibilidad para entender qué es lo que la gente necesita”

PROYECTO DE NACIÓN NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026


“Aprendí que gobernar exige capacidad de respuesta, tomar decisiones en momentos complicados y asumir la responsabilidad de sus consecuencias, siempre pensando en el bienestar de la gente” Cercanía con la gente

Al hacer un balance de su paso por el gobierno municipal, Cruz Pérez Cuéllar coloca la cercanía con la ciudadanía entre los aspectos que busca dejar como parte de su gestión. Más allá de las obras y los programas, su intención es que los juarenses recuerden una administración presente en las colonias, con disposición para escuchar y atender sus planteamientos. Habla de una presidencia municipal que trabajó los siete días de la semana y que procuró mantener abierto el contacto con la población. La idea de fondo es que gobernar no consiste únicamente en administrar recursos o cumplir con las obligaciones institucionales, sino en responder a las expectativas de una comunidad que demanda resultados. A quienes consideran incorporarse a la vida pública, les deja una reflexión que resume buena parte de su experiencia: “El poder debe entenderse como una responsabilidad y no como un privilegio, así lo hemos asumido. Si no existe una verdadera vocación de servicio y un compromiso con la gente, difícilmente se pueden alcanzar resultados que transformen su realidad”. En Ciudad Juárez, gobernar significa enfrentarse todos los días a una realidad compleja: una economía dinámica, una población diversa, problemas urbanos de larga data y demandas sociales que no esperan a que terminen los periodos de gobierno.

La experiencia de Cruz Pérez Cuéllar permite observar esa tensión entre la responsabilidad institucional y el contacto directo con la ciudadanía. Su planteamiento sobre el ejercicio del poder parte de una idea sencilla, aunque difícil de sostener en la práctica: escuchar, decidir y responder por las consecuencias. Al final, el sentido de una administración pública se juega precisamente ahí, en la cercanía—o la distancia— que existe entre las decisiones de gobierno y la vida de las personas. NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026 PROYECTO DE NACIÓN

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PENSAMIENTO

Gobierno GESTIÓN

GOBERNAR CON CARÁCTER Redacción

Cortesía

Luis E. González

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“Soy una mujer de carácter, de causas y de resultados”

LÍA LIMÓN GARCÍA

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Ex Alcaldesa de Álvaro Obregón

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Gobernar una alcaldía significa encontrarse todos los días con problemas que no admiten espera. Una calle sin luz, una mujer que necesita protección, una familia que busca dónde dejar a sus hijos mientras trabaja. Durante su paso por Álvaro Obregón, Lía Limón García tuvo que responder a esas demandas desde la primera línea de gobierno. La experiencia puso a prueba su capacidad de decisión y confirmó las causas que han acompañado su trayectoria: la seguridad, los derechos de las mujeres y la atención a la primera infancia. Al mirar hacia atrás, hay una idea que atraviesa su relato: el servicio público cobra sentido cuando sus decisiones mejoran la vida de las personas.

se convirtieron en una vocación que encontró en las políticas públicas una vía para incidir en la vida de otras personas. “Me apasiona la posibilidad de transformar una buena idea en una política pública que realmente haga la diferencia”.

Las causas en las políticas públicas

Entre las experiencias que mejor explican su visión del servicio público está el Programa de HAY UNA DISTANCIA considerable enEstancias Infantiles. Su implementatre pensar una política pública y conseguir que ción a escala nacional fue uno de los funcione. En el papel, los objetivos suelen ser proyectos más exigentes de su carrera claros; en la realidad, aparecen los obstáculos, y, también, uno de los que recuerda los recursos insuficientes y las personas que escon mayor significado. peran una respuesta. Lía Limón García conoLas cifras permiten dimensionar ció ambas caras del ejercicio del poder. Su paso su alcance. Al cierre de 2018, el programa operaba en 1,296 municipios, por la administración pública federal, el Congreso y la alcaldía Álvaro Obregón le permitió con más de 9,500 estancias y 330 mil entender sus distintas dimensiones, pero fue niñas y niños atendidos. Detrás de esos en el gobierno local donde enfrentó de manera números había una red de espacios de más directa las consecuencias de cada decisión. cuidado que ofrecía alternativas para Se describe como una mujer de carácter, la infancia y, al mismo tiempo, permitía a miles de mujeres salir a trabajar apasionada por su trabajo y exigente consigo con la tranquilidad de saber que sus misma. No parece una definición improvisada. En su trayectoria hay una constante: la hijos estaban en un lugar seguro. convicción de que la política debe servir para El programa recibió reconocimientos internacionales, pero Limón resolver problemas concretos. “Soy una mujer suele poner el acento en algo que las de carácter, de causas y de resultados”, dice. estadísticas no alcanzan a contar por sí La frase reúne tres rasgos que aparecen una y solas: las oportunidades que abrió para otra vez cuando habla de su manera de entender el servicio público. las familias. “Era un proyecto que sigEsa forma de mirar la política tiene un orinificaba abrir oportunidades para migen familiar. De su padre recibió la disciplina, la les de mujeres y ofrecer a sus hijos un perseverancia, la honestidad y el sentido del serespacio seguro para su desarrollo”. vicio; de su madre, la fortaleza, la generosidad y En esa experiencia hay una idea que la tenacidad. Con el tiempo, esos aprendizajes sigue presente en su manera de abordar los asuntos públicos: la atención a la primera infancia y PERFIL Y TRAYECTORIA la autonomía económica de las mujeres están estrechaLicenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho mente relacionadas. Contar y Relaciones Internacionales por The Fletcher School of Law and Diplomacy. Fue con alternativas de cuidado Directora General de Políticas Públicas en la Secretaría de Desarrollo Social (2007infantil puede cambiar las 2009); Diputada de la Asamblea Legislativa del DF (2009-2012); Subsecretaria de posibilidades de una mujer Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (2012para incorporarse al merca2015); Diputada Federal en la LXIII Legislatura (2015-2018); y Alcaldesa de Álvaro do laboral, desarrollar una Obregón (2021-2024). Actualmente es Secretaria Nacional de Vinculación del PAN. carrera y construir independencia. NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026 PROYECTO DE NACIÓN

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PENSAMIENTO

Gobierno GESTIÓN

“Me apasiona la posibilidad de transformar una buena idea en una política pública que realmente haga la diferencia” “Los problemas tienen nombre y apellido”

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I N S P I R A N

El cambio de la administración federal y legislativa al gobierno de una alcaldía modificó su manera de ejercer la responsabilidad pública. En los primeros espacios había participado en el diseño institucional, la construcción de acuerdos y los procesos legislativos. En Álvaro Obregón, en cambio, las demandas llegaban directamente y exigían respuestas en tiempos mucho más cortos. “Los problemas tienen nombre y apellido, las necesidades son inmediatas y las soluciones no pueden esperar”, explica. En el ámbito local, los ciudadanos no suelen detenerse a revisar qué autoridad tiene cada atribución o de dónde debe salir el presupuesto. Acuden a quien tienen más cerca. Y esa autoridad, para bien o para mal, termina siendo el rostro visible de problemas que muchas veces rebasan sus competencias. Limón encontró en esa realidad una de las mayores exigencias del gobierno ejecutivo. Tener un proyecto no es suficiente; hay que encontrar la manera de llevarlo a cabo. Recuerda que durante su administración hubo iniciativas que parecían difíciles de concretar y que salieron adelante gracias a la perseverancia, el trabajo de los equipos y la búsqueda de alternativas. “Soy una mujer que no acepta fácilmente un ‘no se puede’”, afirma. Cuando encuentra un obstáculo, dice, su reacción es buscar otra ruta, insistir y dar seguimiento hasta encontrar una salida. Esa determinación, sin embargo, no puede confundirse con una gestión individual. Ninguna administración funciona únicamente por la voluntad de quien la encabeza. Hace falta integrar equipos, distribuir responsabilidades y conseguir que las distintas áreas compartan objetivos. El liderazgo también se demuestra en la capacidad de hacer que otros puedan trabajar y entregar resultados. De ahí su insistencia en mantener presencia territorial. “No se puede gobernar desde un escritorio”, sostiene. Recorrer las colonias, escuchar a los vecinos y comprobar que las soluciones realmente se ejecuten no son actividades complementarias: forman parte del trabajo de gobernar. 26

PROYECTO DE NACIÓN NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026

Decisiones y resultados

La seguridad ocupó un lugar central en su administración. Una de las decisiones más relevantes fue destinar recursos y construir una estrategia propia a través de Blindar Álvaro Obregón. El desafío tenía una particularidad: las alcaldías de la Ciudad de México no tienen el mando operativo de la policía preventiva, atribución que corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Su margen de intervención es distinto al de los municipios de otras entidades. La pregunta, entonces, era cómo actuar frente a una de las principales preocupaciones de los habitantes sin invadir competencias, pero tampoco resignarse a las limitaciones institucionales. “No podíamos quedarnos de brazos cruzados frente a la principal preocupación de nuestras vecinas y vecinos”, recuerda. Blindar Álvaro Obregón se concibió como una estrategia que iba más allá de incorporar patrullas y elementos auxiliares. Incluyó presencia en el territorio, prevención del delito, coordinación con otras autoridades, tecnología y seguimiento de resultados. También vinculó la seguridad con el trabajo cotidiano de los servicios públicos. La lógica era sencilla: una calle iluminada, un espacio público recuperado y un trayecto seguro pueden modificar las condiciones de una colonia. No sustituyen la


acción policial, pero contribuyen a reducir situaciones de vulnerabilidad y a mejorar la percepción de seguridad de quienes viven ahí. De acuerdo con las cifras que presenta sobre su gestión, los delitos de alto impacto disminuyeron 42.5% al comparar enero-agosto de 2021 con el mismo periodo de 2024. Es uno de los resultados que destaca de su paso por la alcaldía. Para Limón, demuestra que una autoridad local puede hacer una diferencia aun cuando no tenga todas las facultades. “Demostramos que, con voluntad, estrategia y trabajo, sí se pueden obtener resultados”. Otra de las prioridades de su gobierno fue construir una política de atención a las mujeres. En este terreno, la Tarjeta Aliada se convirtió en uno de los instrumentos centrales. Su propósito no se limitaba a ofrecer atención y protección ante situaciones de violencia; también buscaba generar condiciones para que las mujeres avanzaran hacia una mayor autonomía económica. Poner en marcha el programa no fue sencillo. Limón relata que tuvieron que comenzar prácticamente desde cero y enfrentar obstáculos administrativos, además de objeciones del Gobierno de la Ciudad al nombre de la iniciativa. La discusión, sin embargo, no modificó el objetivo: contar con una herramienta que acompañara a las mujeres, les ofreciera protección y les ayudara a encontrar alternativas para salir adelante.

Gestionar con recursos limitados

Gobernar también significa trabajar con recursos limitados. Las necesidades de una alcaldía suelen ser mayores que su capacidad presupuestal, de modo que administrar implica elegir, establecer prioridades y encontrar otras formas de hacer posibles los proyectos. “Siempre he creído que se puede hacer más con menos, siempre

que haya claridad en las prioridades, disciplina en el manejo de los recursos y mucha capacidad de gestión”, señala. Durante su administración en Álvaro Obregón, se mejoraron los procesos de contratación de obras y adquisiciones. También se buscaron alianzas con la iniciativa privada para recuperar y equipar espacios públicos. Entre los proyectos que menciona están el Parque Águilas Japón, algunos Puntos Violeta y las intervenciones de alumbrado y caminos seguros. A ello se sumó la recuperación de canchas deportivas mediante donaciones de materiales y trabajo voluntario. La gestión, en ese sentido, consistió también en sumar capacidades. El presupuesto público es indispensable, pero no siempre alcanza. Encontrar aliados y aprovechar los recursos disponibles permite ampliar el alcance de las intervenciones, siempre que exista claridad sobre los objetivos y responsabilidad en su ejecución. Su experiencia en la alcaldía también la llevó a cuestionar el diseño institucional de la Ciudad de México. A su juicio, existe una contradicción entre las responsabilidades que se depositan en los gobiernos locales y las herramientas que tienen para cumplirlas. El paso de delegaciones a alcaldías representó un avance en materia de descentralización, reconoce. Sin embargo, considera que la autonomía sigue siendo insuficiente. En asuntos como el agua, el desarrollo urbano, el presupuesto y la política social, las decisiones o la puesta en marcha de determinados programas continúan dependiendo de autorizaciones del Gobierno central.

“Siempre he creído que se puede hacer más con menos, siempre que haya claridad en las prioridades, disciplina en el manejo de los recursos y mucha capacidad de gestión”

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PENSAMIENTO

Gobierno GESTIÓN

“Nunca estaría dispuesta a negociar mis principios, mis convicciones ni mi compromiso con las causas que han dado sentido a mi trayectoria” gobierno. Ninguna administración puede resolverlo todo por sí sola. Para Limón, las causas ayudan a no perder de vista el objetivo. Son las que permiten sostener una decisión cuando aparecen las dificultades y distinguir entre los ajustes necesarios para avanzar y las concesiones que terminarían por desvirtuar el propósito inicial.

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Gobernar y ganar elecciones

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El resultado es una situación que los habitantes no siempre conocen: las alcaldías son la primera autoridad a la que acuden, pero no necesariamente tienen la última palabra sobre los problemas que les plantean. Por eso, Limón propone avanzar hacia gobiernos locales con mayor autonomía, atribuciones mejor definidas y recursos suficientes. “No se puede exigir resultados a un gobierno si no se le dan las herramientas para conseguirlos”.

L Í D E R E S

Construir acuerdos

Las resistencias al cambio han estado presentes en las distintas etapas de su trayectoria. Limón las encontró en la administración federal, en el Congreso y también durante su paso por Álvaro Obregón. Cambian los escenarios, pero permanece la necesidad de negociar, encontrar coincidencias y mantener el rumbo. “Hay que convencer, construir acuerdos, ajustar lo que sea necesario y sumar voluntades”, afirma. En los gobiernos locales, esa capacidad resulta especialmente importante. Muchas de las soluciones dependen de la coordinación entre autoridades, de presupuestos que no siempre coinciden y de decisiones que se toman en diferentes niveles de 28

PROYECTO DE NACIÓN NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026

La elección de 2024 dejó una lección en su lectura de la política: gobernar bien y ganar una elección son cosas relacionadas, pero no equivalentes. “Gobernar bien es indispensable, pero una elección tiene una dinámica distinta”, advierte. Los resultados de una administración cuentan, pero no garantizan por sí mismos el respaldo en las urnas. Una elección exige construir una relación permanente con la ciudadanía, mantener presencia política y competir en condiciones que permitan a los ciudadanos decidir libremente. Al referirse a la contienda por Álvaro Obregón en 2024, Limón sostiene que llegó al proceso con resultados que podía acreditar, pero asegura que enfrentó “una elección de Estado, en condiciones profundamente inequitativas”. Su reflexión distingue dos dimensiones que con frecuencia se confunden. Una es la capacidad de gobernar y entregar resultados; otra, las condiciones políticas y electorales en las que se disputa la continuidad de un proyecto. La primera no garantiza automáticamente la segunda.


También deja una pregunta sobre la relación entre gestión y confianza pública. Los resultados importan, desde luego, pero necesitan acompañarse de una comunicación constante con la sociedad y de una relación que no se construya solamente durante las campañas. El trabajo de gobierno y la vida política tienen tiempos y exigencias diferentes.

Gobernar con carácter

Cuando habla de su paso por Álvaro Obregón, Lía Limón no se detiene en una sola obra ni en una cifra. Vuelve una y otra vez a la determinación, la capacidad de resolver, la sensibilidad para escuchar y la responsabilidad de conducir equipos. Gobernar, desde su perspectiva, exige tomar decisiones aun cuando no existan condiciones ideales. Hay que superar obstáculos, asumir costos y mantener una dirección clara. Pero también entender que el liderazgo no consiste en imponer una voluntad, sino en conseguir que distintas personas puedan trabajar alrededor de un propósito compartido. Las causas que han acompañado su trayectoria siguen ocupando ese lugar: las mujeres, la primera infancia y la posibilidad de que una política pública modifique las condiciones en las que viven las personas. No son asuntos aislados de su experiencia política; son los temas a los que vuelve cuando intenta explicar por qué decidió dedicarse al servicio público. Al preguntarle qué principio no estaría dispuesta a sacrificar, responde sin rodeos: “Nunca estaría dispuesta a negociar mis principios, mis convicciones ni mi compromiso con las causas que han dado sentido a mi trayectoria”.

“Soy una mujer que no acepta fácilmente un ‘no se puede’”

“Hay que convencer, construir acuerdos, ajustar lo que sea necesario y sumar voluntades” En esa respuesta aparece una distinción importante. La política exige negociar, construir acuerdos y, en ocasiones, modificar el camino para alcanzar un objetivo. Pero para Limón hay convicciones que no deberían entrar en esa negociación. Son las que dan sentido a las decisiones y permiten reconocer hasta dónde se puede ceder sin perder el rumbo. Su experiencia en Álvaro Obregón deja una reflexión sobre el ejercicio del poder que va más allá de una administración o de un periodo de gobierno. Gobernar implica saber qué problemas atender primero, encontrar la manera de resolverlos y hacerse responsable de las decisiones tomadas. No siempre se cuenta con todos los recursos ni con todas las atribuciones. Aun así, la obligación de actuar permanece.

@lialimon Lía Limón García @lialimon


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PENSAMIENTO

Gobiernos GESTIÓN PÚBLICA

GOBERNAR: VISIÓN POLÍTICA Y RESPONSABILIDAD DE ESTADO Redacción

Facebook y magnific.com

F. Izquierdo

Gobernar nunca ha sido una tarea sencilla. Desde los primeros pensadores de la política hasta las democracias actuales, una pregunta permanece vigente: ¿qué hace que una persona sea capaz de conducir a una sociedad y no solamente de ejercer el poder?

A G E N D A

P O L Í T I C A

LA RESPUESTA no está úni-

camente en las leyes, en la capacidad administrativa o en el manejo de los recursos públicos. Todo eso importa, pero gobernar supone algo más: entender el momento que vive una sociedad, reconocer sus necesidades, anticipar los problemas y tomar decisiones que, aun cuando resulten difíciles, puedan sostenerse en el tiempo. A eso nos referimos cuando hablamos del arte de gobernar. No es una fórmula ni un conjunto de procedimientos que puedan aplicarse de la misma manera en cualquier circunstancia. Es una combinación de visión política, experiencia, sentido de oportunidad, responsabilidad y capacidad para construir acuerdos. Quien gobierna debe saber hacia dónde quiere conducir al Estado, pero también conocer los límites que imponen la realidad económica, las instituciones y la propia sociedad. La historia del pensamiento político ofrece distintas respuestas a este desafío. Desde Maquiavelo y sus reflexiones sobre la conservación del poder hasta Max Weber y su defensa de una ética de la responsabilidad, la discusión ha girado alrededor de una misma preocupación: cómo ejercer la autoridad sin perder de vista las consecuencias de las decisiones. 30

“Gobernar es una combinación de visión política, experiencia, sentido de oportunidad, responsabilidad y capacidad para construir acuerdos”

PROYECTO DE NACIÓN NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026

En el siglo XXI, esa discusión adquiere nuevos matices. Las sociedades son más diversas, las demandas ciudadanas se multiplican y los gobiernos enfrentan problemas que difícilmente pueden resolver por sí solos. Gobernar requiere, por tanto, algo más que autoridad. Exige criterio para decidir, capacidad para negociar y solvencia para convertir las ideas en resultados.

Mirar más allá de la coyuntura

Una de las diferencias entre administrar un gobierno y conducir un proyecto político está en la perspectiva desde la que se toman las decisiones. La administración atiende las necesidades inmediatas; el liderazgo político, además, debe reconocer qué cambios necesita una sociedad y qué rumbo conviene seguir.


Esto no significa ignorar las urgencias. Ningún gobernante puede desentenderse de una crisis económica, una emergencia de seguridad o una demanda social que exige respuesta. Pero si toda la energía del gobierno se consume en atender el día a día, termina perdiendo la capacidad de anticiparse. Las decisiones se vuelven reactivas y el proyecto de largo plazo queda desplazado por las presiones del momento. El estadista necesita mantener esa doble mirada: responder a lo que ocurre sin perder de vista lo que viene. También debe saber reconocer las oportunidades. Los antiguos griegos utilizaban la palabra kairós para referirse al momento oportuno, ese instante en el que una decisión puede encontrar las condiciones necesarias para avanzar. En política, el sentido de oportunidad es decisivo. Hay reformas que necesitan madurar, acuerdos que requieren tiempo y circunstancias que no pueden dejarse pasar.

“… ganar una elección otorga legitimidad de origen, pero gobernar supone renovarla todos los días”

“El estadista necesita mantener esa doble mirada: responder a lo que ocurre sin perder de vista lo que viene. También debe saber reconocer las oportunidades” Saber cuándo avanzar, cuándo negociar y cuándo corregir el rumbo forma parte de la experiencia de gobernar. No todo se resuelve con firmeza ni toda negociación representa una concesión. A veces, insistir en una decisión puede ser tan costoso como renunciar a ella demasiado pronto. A esto se suma la moderación, una cualidad que suele ponerse a prueba cuando se ejerce el poder. La autoridad necesita firmeza, pero también límites. La tradición clásica asociaba la sophrosyne con la prudencia y el dominio de uno mismo. En el terreno político, esa idea conserva vigencia: un gobernante que confunde autoridad con infalibilidad termina debilitando las instituciones que le permiten ejercerla. La experiencia demuestra que el poder necesita criterio para ejercerse, pero también disposición para escuchar y reconocer errores.

Capacidad de construir acuerdos

Ninguna sociedad democrática es homogénea. Conviven intereses económicos distintos, posiciones ideológicas enfrentadas, demandas regionales y expectativas que no siempre pueden atenderse al mismo tiempo. Pretender gobernar como si todas esas diferencias no existieran conduce, tarde o temprano, al conflicto. Por eso, una parte sustancial del trabajo político consiste en encontrar puntos de encuentro sin borrar las diferencias. El diálogo no es un recurso para adornar el discurso gubernamental; es una herramienta para procesar los desacuerdos y evitar que se conviertan en obstáculos permanentes para la acción pública. En una democracia, negociar no significa renunciar a las convicciones. Significa entender que las decisiones de mayor alcance necesitan respaldo y que ese respaldo difícilmente se consigue mediante la imposición. Las reformas legislativas, los cambios institucionales y las políticas que comprometen recursos durante varios años requieren interlocución con distintos actores políticos y sociales. NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026 PROYECTO DE NACIÓN

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La construcción de mayorías es parte de esa tarea. Un gobierno puede contar con un mandato electoral claro y, aun así, necesitar acuerdos para sacar adelante su agenda. La gobernabilidad no depende exclusivamente del número de votos con los que se llega al poder, sino de la capacidad para mantener relaciones institucionales, atender diferencias y construir condiciones para que las decisiones puedan ejecutarse. Aquí aparece una distinción importante: ganar una elección otorga legitimidad de origen, pero gobernar supone renovarla todos los días. La legitimidad de ejercicio se construye con resultados, transparencia, cumplimiento de compromisos y apertura al escrutinio público. No basta con haber recibido el respaldo de las urnas. La ciudadanía también evalúa cómo se toman las decisiones, a quién benefician, qué consecuencias tienen y si existe disposición para corregir aquello que no funciona.

De las decisiones a los resultados

La conducción política pierde sentido cuando no consigue traducirse en una administración pública capaz de responder. Tener un proyecto de gobierno es importante; contar con instituciones, recursos y equipos profesionales que puedan llevarlo a la práctica es indispensable. 32

“Los grandes proyectos pueden marcar el rumbo de una administración, pero la calidad del gobierno también se mide en su capacidad para resolver problemas que afectan todos los días a la población”

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Michel Foucault utilizó el concepto de gubernamentalidad para estudiar las formas de conocimiento, las técnicas y los mecanismos mediante los cuales se conduce a las poblaciones. Su reflexión permite ampliar la mirada sobre el gobierno: el poder no se ejerce solamente desde las instituciones políticas, también se expresa en la manera en que se organiza la economía, se regula el territorio, se atiende la salud y se establecen las condiciones de la vida colectiva. En términos prácticos, esto significa que gobernar también es gestionar asuntos que inciden directamente en la vida cotidiana. La estabilidad económica, por ejemplo, requiere decisiones que den certidumbre a la inversión, mantengan finanzas públicas sostenibles y permitan atender las necesidades sociales. No se trata de elegir entre crecimiento y bienestar, sino de encontrar mecanismos para que el desarrollo económico se traduzca en mejores oportunidades y una distribución más amplia de sus beneficios. La administración pública también necesita superar la improvisación. Diseñar políticas a partir de diagnósticos sólidos, utilizar información confiable y evaluar los resultados permite identificar qué funciona y qué debe cambiarse. Los datos y las herramientas de evaluación no sustituyen la decisión política, pero ayudan a tomarla con mayor conocimiento de sus posibles efectos. Lo mismo ocurre en las ciudades. La seguridad, el transporte, el acceso al agua, la vivienda, la salud pública y la protección del medio ambiente son asuntos que ponen a prueba la capacidad de respuesta de cualquier gobierno. Para los ciudadanos, el buen gobierno suele hacerse visible en cuestiones muy concretas: cuánto tardan en trasladarse, si reciben atención médica, si sus calles son seguras o si cuentan con servicios públicos que funcionan.


Es en esa relación cotidiana donde la gestión pública adquiere sentido. Los grandes proyectos pueden marcar el rumbo de una administración, pero la calidad del gobierno también se mide en su capacidad para resolver problemas que afectan todos los días a la población.

Gobernar ante nuevas exigencias

El siglo XXI ha complicado el ejercicio del poder. Las crisis económicas y ambientales, la transformación tecnológica, la circulación acelerada de información y la creciente desconfianza hacia las instituciones han modificado la relación entre gobiernos y ciudadanos. Hoy, las decisiones públicas están sometidas a un escrutinio constante. La información circula con rapidez, las demandas sociales cambian y los errores de una administración pueden adquirir dimensiones que hace algunas décadas eran difíciles de imaginar. Al mismo tiempo, los gobiernos deben atender problemas que rebasan las fronteras nacionales y requieren coordinación con otros países, organismos e instituciones. En este contexto, la respuesta no puede ser una tecnocracia que pretenda resolverlo todo desde los indicadores ni una política que reduzca la acción de gobierno a la popularidad inmediata. La experiencia técnica es necesaria, pero necesita orientación política. La cercanía

“El gobernante enfrenta así una tarea que no admite soluciones simples: escuchar sin renunciar a decidir, negociar sin perder dirección y mantener una visión de largo plazo sin desatender las urgencias del presente”

con la ciudadanía importa, pero debe acompañarse de capacidad administrativa y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. El gobernante enfrenta así una tarea que no admite soluciones simples: escuchar sin renunciar a decidir, negociar sin perder dirección y mantener una visión de largo plazo sin desatender las urgencias del presente.

La responsabilidad de conducir

Gobernar no consiste en acumular poder ni en demostrar autoridad en cada decisión. Consiste en utilizar las atribuciones del Estado para conducir una sociedad, atender sus problemas y crear condiciones para su desarrollo. Esa responsabilidad exige cualidades que no siempre se encuentran reunidas en una sola persona o en un mismo equipo: visión para anticipar, prudencia para medir las consecuencias, firmeza para decidir, disposición para negociar y capacidad técnica para ejecutar. También exige entender que gobernar es un ejercicio colectivo. Ningún liderazgo, por sólido que sea, puede sustituir a las instituciones, prescindir de la sociedad o resolver por sí solo la complejidad de los problemas públicos. La autoridad se obtiene mediante las reglas democráticas, pero su valor se demuestra en la manera de ejercerla. Un gobierno deja huella cuando consigue transformar sus decisiones en mejoras concretas, fortalece las instituciones y genera condiciones para que los avances no dependan exclusivamente de quien ocupa el poder. Al final, gobernar significa asumir la responsabilidad de conducir el presente sin hipotecar el futuro. Y quizá ahí se encuentre la vigencia de este concepto: en comprender que el poder no es un fin en sí mismo, sino una responsabilidad frente a la sociedad.

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EFICACIA Y LEGITIMIDAD: EL DIFÍCIL EQUILIBRIO DE GOBERNAR Redacción

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Gobernar implica tomar decisiones, pero también conseguir que la sociedad las entienda, las acepte y, llegado el momento, las respalde. Ahí aparece una de las tensiones más complejas de la democracia: cómo actuar con eficacia sin dejar de lado la legitimidad que otorgan la representación, el diálogo y las reglas institucionales. dad para resolver problemas, ejecutar políticas públicas, administrar recursos y responder a las necesidades de la población en tiempos razonables. La legitimidad, en cambio, tiene que ver con la manera en que se ejerce el poder: exige escuchar, construir acuerdos, respetar los procedimientos democráticos y reconocer que las decisiones de gobierno afectan a grupos con intereses distintos. El problema comienza cuando una de estas dos dimensiones pretende imponerse sobre la otra. Un gobierno que confía únicamente en el conocimiento técnico puede diseñar políticas impecables sobre el papel, pero equivocarse al ignorar las condiciones sociales y políticas en las que tendrá que aplicarlas. La experiencia demuestra que una decisión no se vuelve viable por el simple hecho

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LA EFICACIA se mide en resultados. Supone capaci-

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de estar respaldada por expertos. Si quienes deben asumir sus consecuencias no encuentran espacios para participar o expresar sus desacuerdos, el costo político puede terminar comprometiendo su ejecución. Pero el extremo contrario tampoco ofrece soluciones. Cuando cada decisión queda sujeta a negociaciones interminables, vetos cruzados o la búsqueda de unanimidades imposibles, la capacidad de gobierno se deteriora. Las crisis no esperan a que los actores políticos resuelvan sus diferencias. Esto resulta especialmente delicado ante desafíos como el financiamiento de las pensiones, la transición energética o los desequilibrios de las finanzas públicas.


La cuestión, entonces, no consiste en elegir entre eficacia y legitimidad, sino en encontrar la manera de hacerlas compatibles.

Modelos de gestión gubernamental

A lo largo del tiempo, distintos gobiernos han intentado resolver esta tensión mediante fórmulas que responden a concepciones muy diferentes del poder. Una de ellas es el modelo tecnocrático, que deposita buena parte de las decisiones en especialistas, organismos autónomos y equipos de expertos. Su principal argumento es que ciertos asuntos requieren conocimientos específicos y continuidad en las políticas públicas, sin quedar sujetos a los tiempos electorales. El problema aparece cuando esa autonomía se convierte en aislamiento. Una política puede tener sustento técnico y, aun así, carecer del respaldo social necesario para mantenerse. En el otro extremo está el modelo plebiscitario, que busca legitimidad directamente en el respaldo popular o electoral. La consulta y la movilización ciudadana pueden fortalecer las decisiones públicas, pero también existe el riesgo de que la voluntad de una mayoría coyuntural se utilice para debilitar contrapesos, reducir el espacio de las minorías o pasar por alto las consecuencias técnicas de una reforma. Entre ambos se encuentra una tercera posibilidad: la construcción de acuerdos institucionales. No se trata de eliminar las diferencias ni de esperar que todos piensen igual, sino de establecer reglas para procesarlas. En este esquema, los especialistas aportan información y propuestas; los representantes políticos negocian, modifican y asumen los costos de las decisiones; y la ciudadanía cuenta con mecanismos para conocerlas, cuestionarlas y evaluar sus resultados. Es una ruta menos inmediata, pero permite que las reformas tengan algo más que una mayoría circunstancial detrás.

Gobernar exige más que voluntad política

La tensión entre eficacia y legitimidad se vuelve particularmente visible cuando las decisiones públicas modifican derechos, distribuyen costos o afectan intereses económicos consolidados. Las reformas fiscales, los sistemas de pensiones y la política energética son tres ejemplos claros.

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Reforma fiscal: quién paga y qué recibe a cambio

Modificar un sistema tributario nunca es un asunto exclusivamente contable. Aumentar impuestos, eliminar beneficios fiscales o ampliar la base de contribuyentes implica redistribuir cargas y, por tanto, enfrentar resistencias. El desafío de una reforma fiscal consiste en conseguir recursos suficientes sin deteriorar la confianza de los contribuyentes ni afectar de manera desproporcionada a determinados sectores. La discusión no debería limitarse a cuánto se pretende recaudar, sino incluir una pregunta fundamental: ¿para qué se utilizarán esos recursos y quiénes se beneficiarán?

Las experiencias de distintos países muestran que los cambios tributarios de mayor alcance suelen requerir acuerdos políticos y sociales que den certidumbre sobre sus objetivos. Esto implica explicar con claridad el destino de la recaudación, fortalecer la transparencia del gasto y vincular los nuevos ingresos con mejoras verificables en servicios como salud, educación e infraestructura. También puede contribuir la participación de organismos técnicos independientes, siempre que sus evaluaciones sean públicas y estén sujetas a mecanismos de rendición de cuentas. El contribuyente necesita algo más que una obligación legal para aceptar una mayor carga fiscal: necesita confiar en que los recursos serán administrados con responsabilidad.

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Reforma de pensiones: el costo de pensar a largo plazo

Los sistemas de pensiones enfrentan una presión creciente por los cambios demográficos, el aumento de la esperanza de vida y las transformaciones del mercado laboral. En muchos países, sostener los compromisos adquiridos exige revisar las edades de jubilación, las aportaciones y las tasas de reemplazo. El problema es político tanto como financiero. Los beneficios de una reforma pueden tardar décadas en hacerse visibles, mientras que sus costos suelen sentirse de inmediato. Pedir a los trabajadores que acepten modificaciones en sus condiciones de retiro supone entrar en un terreno especialmente sensible: el de la seguridad económica después de una vida laboral.

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Por eso, la gradualidad es una herramienta importante. Algunos procesos de reforma han optado por proteger los derechos de quienes están próximos a jubilarse y establecer cambios progresivos para las generaciones más jóvenes. De esta manera, se evita trasladar de golpe el costo de los ajustes a quienes organizaron su vida laboral bajo reglas distintas. Sin embargo, la transición también debe ser transparente. Las nuevas generaciones necesitan saber qué condiciones enfrentarán, cuánto deberán aportar y qué prestaciones podrán esperar. De lo contrario, el sistema corre el riesgo de perder credibilidad antes de alcanzar sus objetivos financieros. La sostenibilidad de las pensiones no depende solamente de las proyecciones actuariales. También requiere un acuerdo social sobre cómo distribuir las responsabilidades entre generaciones.

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Reforma energética: inversión, transición y soberanía

La política energética reúne intereses económicos, consideraciones ambientales y decisiones relacionadas con la soberanía nacional. Cambiar la composición de la matriz energética, impulsar fuentes renovables o modificar las reglas de participación de empresas públicas y privadas supone intervenir en sectores estratégicos, donde existen inversiones de largo plazo y actores con posiciones consolidadas. Las decisiones técnicas son indispensables, pero no bastan. Una transición energética requiere financiamiento, infraestructura, capacidad de regulación y condiciones de certidumbre para quienes participan en ella. También debe considerar sus efectos sobre el empleo, las comunidades y el acceso de la población a la energía. Algunos países han recurrido a reguladores con autonomía funcional y mandatos definidos para dar continuidad a determinadas políticas, independientemente de los cambios de gobierno. La autonomía, sin embargo, no significa ausencia de controles. Estos organismos deben explicar sus decisiones, hacer públicas sus evaluaciones y responder por el cumplimiento de sus atribuciones. El reto consiste en establecer reglas suficientemente estables para atraer inversiones y permitir la planeación de largo plazo, sin impedir que las instituciones democráticas revisen las políticas cuando cambian las condiciones económicas, tecnológicas o sociales. 36

En materia energética, como en otros sectores estratégicos, la estabilidad institucional no debe confundirse con la inmovilidad.

Reformas que trascienden gobiernos

Uno de los problemas recurrentes de la política pública es la discontinuidad. Una administración impulsa una reforma, compromete recursos y modifica estructuras; la siguiente llega con una orientación distinta y decide revertir buena parte de lo anterior. El resultado puede ser la pérdida de inversiones, recursos y tiempo, además de un deterioro de la confianza institucional. No todas las políticas deben permanecer intactas. Los gobiernos necesitan margen para corregir decisiones, modificar prioridades y responder a nuevas circunstancias. Pero una reforma estructural tampoco debería depender exclusivamente de la voluntad de quien ocupa temporalmente el poder. Existen mecanismos institucionales que pueden contribuir a darles continuidad. Mayorías calificadas y acuerdos legislativos. Establecer umbrales de aprobación superiores a la mayoría simple obliga a negociar con otras fuerzas políticas. Cuando una reforma incorpora a sectores de oposición desde su origen, aumenta la posibilidad de que sus principios fundamentales sobrevivan a los cambios de gobierno. Esto no garantiza su permanencia, pero sí eleva el costo político de una reversión unilateral.

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Autonomía técnica y suficiencia presupuestaria. Los organismos responsables de ejecutar o supervisar determinadas políticas necesitan capacidades profesionales, recursos y reglas claras. La experiencia de los bancos centrales independientes ofrece una referencia sobre la importancia de separar ciertas decisiones técnicas de las presiones políticas inmediatas. Esa autonomía, no obstante, debe acompañarse de transparencia y rendición de cuentas. Participación ciudadana y evaluación de resultados. Las consultas públicas, las audiencias, las comisiones plurales de seguimiento y las evaluaciones periódicas permiten identificar errores y corregir el rumbo. También ayudan a evitar que las decisiones queden encerradas en los círculos gubernamentales o en las opiniones de un grupo reducido de especialistas. El propósito de estos mecanismos no es impedir que una administración modifique las políticas de su antecesora. Es conseguir que cualquier cambio responda a razones verificables, se procese institucionalmente y pueda explicarse ante la sociedad.

Decidir con apoyo popular

La eficacia y la legitimidad no son objetivos opuestos. En realidad, se necesitan mutuamente. Una política pública puede alcanzar resultados inmediatos y, sin embargo, fracasar si no cuenta con respaldo social o si carece de instituciones capaces de sostenerla. Del mismo modo, una decisión construida mediante amplios consensos pierde sentido cuando no consigue resolver los problemas que le dieron origen.

El desafío de la gobernanza democrática está precisamente ahí: en evitar que el conocimiento técnico se convierta en una forma de imposición y que la negociación política termine siendo un pretexto para no decidir. Esto exige dirigentes dispuestos a asumir responsabilidades, equipos técnicos capaces de ofrecer diagnósticos sólidos y legisladores que entiendan el acuerdo como parte de su trabajo, no como una concesión excepcional. También requiere instituciones que sobrevivan a las personas y gobiernos que comprendan que la continuidad de una política no se consigue solamente mediante candados legales, sino construyendo confianza. Las reformas fiscales, pensionarias y energéticas muestran que las decisiones más importantes rara vez producen beneficios inmediatos para todos. Algunas implican costos, otras modifican expectativas y muchas obligan a revisar acuerdos que durante años parecieron inamovibles. Por eso necesitan algo más que capacidad de ejecución: requieren explicación, negociación y una distribución razonable de las cargas. Al final, gobernar no consiste únicamente en tener la capacidad de decidir ni en conseguir que una decisión sea aprobada. Consiste en lograr que las políticas públicas puedan ponerse en marcha, produzcan resultados y conserven el respaldo institucional y social necesario para perdurar. Esa es la verdadera medida del equilibrio entre eficacia y legitimidad.

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GOBERNAR EN TIEMPOS DE CRISIS

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Una crisis pone a prueba a cualquier gobierno de una manera que difícilmente puede hacerlo la administración cotidiana. Cuando las circunstancias cambian de golpe, los procedimientos habituales dejan de ser suficientes. La información llega incompleta, el tiempo para decidir se reduce y cada movimiento puede tener consecuencias que van mucho más allá del problema inmediato. En ese momento, gobernar significa elegir entre alternativas que, casi siempre, tienen un costo. LA DIFICULTAD no está únicamente en

identificar qué está ocurriendo, sino en decidir qué hacer cuando todavía no se conocen todas las consecuencias. Desde la ciencia política y la teoría de las decisiones públicas, la actuación de un gobierno frente a una situación crítica puede entenderse a partir de tres factores: la evaluación de los riesgos, la oportunidad con la que se interviene y la capacidad de explicar las decisiones y sostener la confianza pública. No se trata de encontrar una solución perfecta. En una crisis, esa posibilidad rara vez existe. Se trata de reconocer qué puede perderse, qué riesgos vale la pena asumir y qué decisiones permitirán evitar un daño mayor.

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Decisiones bajo presión

Hay tres elementos que ayudan a entender cómo actúa un gobierno bajo presión. a) El cálculo de riesgos. Toda intervención implica una tensión entre distintos objetivos: preservar la estabilidad institucional, evitar un daño económico, proteger a la población o impedir que un problema localizado termine por afectar al conjunto del sistema. Las autoridades deben ponderar los beneficios y las

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Carlos Cuevas

“…la actuación de un gobierno frente a una situación crítica puede entenderse a partir de tres factores: la evaluación de los riesgos, la oportunidad con la que se interviene y la capacidad de explicar las decisiones y sostener la confianza pública”


consecuencias de cada alternativa, incluso cuando ninguna ofrece garantías. b) El momento de intervenir. El tiempo puede ser tan determinante como el contenido de una decisión. Actuar demasiado pronto, sin dimensionar el problema, puede generar alarma y costos innecesarios. Esperar demasiado, en cambio, puede hacer que una situación todavía manejable se convierta en una emergencia de mayores proporciones. Identificar cuándo intervenir es, por sí mismo, un ejercicio de gobierno. c) La comunicación pública. En una crisis también se disputa la interpretación de los acontecimientos. La sociedad necesita saber qué está pasando, qué está haciendo el gobierno y cuáles son los riesgos que enfrenta. Cuando las autoridades no explican sus decisiones o transmiten mensajes contradictorios, la incertidumbre crece y la confianza institucional se debilita. Comunicar no significa ocultar los problemas ni construir una imagen artificial de control, sino ofrecer información clara y asumir la responsabilidad de las decisiones.

RAZÓN PARA DESCARTARLA

PERMITIR LA QUIEBRA DE AIG

La red de contratos Una nueva ola de desconfianza, y obligaciones de la incumplimientos y contracción aseguradora podía transmitir del crédito internacional. pérdidas a numerosas instituciones financieras. El antecedente de Lehman Brothers había mostrado el efecto desestabilizador de una quiebra de esa magnitud. Que la falta de liquidez acelerara el deterioro financiero antes de ofrecía una solución inmediata que pudiera concretarse una reorganización. a las necesidades de liquidez de AIG. La empresa necesitaba recursos en cuestión de horas para responder a las exigencias de garantías de sus contrapartes.

RECURRIR AL CAPÍTULO El procedimiento de reorganización judicial no 11

Crisis financiera de 2008

La crisis financiera de 2008 ofrece un ejemplo particularmente revelador de lo que significa decidir bajo presión. En septiembre de aquel año, después de permitir la quiebra de Lehman Brothers, el gobierno estadounidense y la Reserva Federal enfrentaron otra amenaza: el colapso de American International Group (AIG), una de las mayores aseguradoras del mundo. El 16 de septiembre, apenas un día después de la caída de Lehman Brothers, la Reserva Federal anunció un crédito de emergencia por 85 mil millones de dólares para

COSTO QUE SE BUSCABA EVITAR

ALTERNATIVA

evitar la quiebra de AIG. La operación contemplaba que el gobierno obtuviera el control de aproximadamente 79.9% de la compañía a cambio del financiamiento. La diferencia de trato entre ambas instituciones abrió un debate que sigue siendo relevante: ¿por qué dejar caer a Lehman Brothers y rescatar a AIG? La respuesta estaba en el alcance de las consecuencias. AIG tenía una exposición enorme en los mercados financieros internacionales, particularmente a través de los contratos de

“La eficacia de una intervención no depende solamente de que evite un daño inmediato. También importa quién paga sus consecuencias, cómo se explican los criterios utilizados y qué garantías existen para que los errores no vuelvan a repetirse”

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derivados conocidos como permutas de incumplimiento crediticio (Credit Default Swaps, CDS). Sus compromisos estaban vinculados con bancos, fondos de inversión, aseguradoras y otras instituciones. Una quiebra desordenada podía provocar pérdidas en cadena y agravar todavía más la paralización del crédito. Las autoridades entendieron que el problema ya no era únicamente la supervivencia de una empresa. Estaba en juego la estabilidad de una red financiera de alcance internacional.

Radiografía de la decisión

La intervención puede reconstruirse en tres momentos.

2. 16 de septiembre, por la mañana: la evaluación del riesgo. La Reserva Federal y el Departamento del Tesoro analizaron las posibles consecuencias de una quiebra de AIG. El problema era la canti-

3. 16 de septiembre, por la noche: la intervención. La Reserva Federal recurrió a las facultades de emergencia previstas en la Ley de la Reserva Federal para conceder un crédito de 85 mil millones de dólares. A cambio, el gobierno obtuvo derechos equivalentes a aproximadamente 79.9% del capital de la aseguradora. La operación representó una intervención estatal de dimensiones extraordinarias en una empresa privada. La decisión no estuvo libre de controversia. Sin embargo, las autoridades consideraron que permitir el colapso de AIG podía tener consecuencias mucho más graves que asumir el costo de su rescate. La intervención resulta más clara cuando se observa frente a las opciones que tenía el gobierno. En términos generales, había dos caminos distintos al rescate: permitir la quiebra de la compañía o recurrir a un procedimiento de reorganización judicial. La elección implicaba aceptar un riesgo moral: si las grandes instituciones financieras saben que el Estado puede rescatarlas, podrían asumir riesgos excesivos con la expectativa de que, llegado el momento, las pérdidas serán compartidas con los contribuyentes. El gobierno optó por asumir ese costo antes que enfrentar un posible colapso de mayores di-

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1. 15 de septiembre: el diagnóstico después de Lehman. La quiebra de Lehman Brothers sacudió los mercados. La desconfianza entre las instituciones financieras aumentó, el crédito interbancario se contrajo y los inversionistas comenzaron a buscar liquidez y reducir su exposición al riesgo. En ese contexto, la situación de AIG se volvió especialmente delicada. La compañía enfrentaba fuertes necesidades de efectivo derivadas de sus compromisos financieros y de las exigencias de garantías adicionales asociadas con sus contratos de derivados.

dad de instituciones expuestas a sus operaciones y la posibilidad de que el incumplimiento de sus obligaciones desencadenara nuevas pérdidas en un sistema que ya se encontraba bajo una presión extraordinaria.

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“…una crisis muestra con particular claridad cómo se ejerce el poder. No basta con tener atribuciones legales, recursos o una estructura administrativa sólida. Hace falta interpretar lo que sucede, decidir sin certezas absolutas y hacerse responsable de las consecuencias”


mensiones. No era una decisión cómoda ni políticamente sencilla, pero respondía a una consideración central: en determinadas circunstancias, evitar que el sistema se derrumbe puede pesar más que preservar la disciplina del mercado.

Costo político de la intervención

El rescate de AIG también tuvo consecuencias para el gobierno de George W. Bush. La administración republicana, identificada con una visión favorable al libre mercado, terminó encabezando una de las intervenciones estatales más significativas en el sector financiero estadounidense. La contradicción fue evidente. El Estado tuvo que intervenir para sostener a una empresa privada cuyos problemas estaban relacionados con decisiones de negocio y una exposición excesiva al riesgo. La operación abrió interrogantes sobre quién debía asumir las pérdidas de las grandes corporaciones y hasta dónde podía llegar el gobierno para evitar una crisis sistémica. El malestar social no tardó en manifestarse. Para una parte de la ciudadanía, el rescate representaba un trato privilegiado para las instituciones financieras, mientras millones de personas enfrentaban problemas de empleo, vivienda y patrimonio. Ese descontento contribuyó al ambiente político en el que cobraron fuerza movimientos como el Tea Party, desde la derecha, y Occupy Wall Street, desde la izquierda, aunque ambos respondían a inconformidades y planteamientos distintos. La lección política fue contundente: una decisión puede ser técnicamente defendible y, al mismo tiempo, resultar difícil de justificar ante la sociedad. La eficacia de una intervención no depende solamente de que evite un daño inmediato. También importa quién paga sus consecuencias, cómo se explican los criterios utilizados y qué garantías existen para que los errores no vuelvan a repetirse.

Lecciones del manejo de la crisis

La experiencia de 2008 permite identificar algunas lecciones que también pueden aplicarse a emergencias sanitarias, desastres naturales,

conflictos de seguridad o episodios de inestabilidad política. Gobernar es elegir entre pérdidas. En las situaciones críticas, las autoridades rara vez tienen frente a sí una alternativa buena y otra mala. Lo habitual es encontrar distintos escenarios de riesgo. La responsabilidad consiste en identificar cuál de ellos puede evitar un daño mayor y qué consecuencias tendrá que asumir el Estado. La información nunca llega completa. Esperar a tener todos los datos antes de actuar puede ser tan perjudicial como decidir sin analizar suficientemente el problema. Un gobierno necesita construir diagnósticos con la información disponible, reconocer sus límites y corregir el rumbo cuando aparecen nuevos elementos. La rapidez importa, pero no sustituye al criterio. El tiempo también es una decisión política. Una intervención tardía puede elevar considerablemente el costo de resolver una crisis. Sin embargo, la urgencia tampoco justifica cualquier medida. El desafío consiste en reconocer cuándo la espera dejó de ser prudencia y comenzó a convertirse en un riesgo. La confianza pública forma parte de la capacidad de respuesta. Una sociedad que no entiende lo que está ocurriendo difícilmente podrá evaluar las decisiones de sus autoridades. La comunicación debe ser clara, consistente y suficientemente honesta para reconocer tanto los avances como las dificultades. La credibilidad no se construye afirmando que todo está bajo control, sino demostrando que existe una dirección y que las decisiones tienen una justificación. Al final, una crisis muestra con particular claridad cómo se ejerce el poder. No basta con tener atribuciones legales, recursos o una estructura administrativa sólida. Hace falta interpretar lo que sucede, decidir sin certezas absolutas y hacerse responsable de las consecuencias. La intervención sobre AIG dejó una pregunta que sigue vigente para cualquier gobierno: ¿hasta dónde debe llegar el Estado para evitar que una crisis se convierta en un desastre mayor? No existe una respuesta aplicable a todas las circunstancias. Lo que sí puede exigirse es que cada decisión tenga un fundamento, que sus costos sean reconocidos y que el interés público no desaparezca detrás de la urgencia. NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026 PROYECTO DE NACIÓN

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REFERENTES HISTÓRICOS DEL ARTE DE GOBERNAR: DECISIONES, ACUERDOS Y RESULTADOS La historia ofrece numerosos ejemplos de gobernantes que tuvieron que ejercer el poder en circunstancias extraordinariamente complejas. Algunos llegaron al gobierno después de una guerra; otros, en medio de crisis económicas, fracturas políticas o transiciones institucionales. Sus trayectorias son distintas, pero permiten reconocer una constante: gobernar exige mucho más que ocupar una posición de autoridad. Supone entender el momento, asumir los costos de las decisiones y construir acuerdos capaces de sostenerse más allá de una coyuntura. Redacción

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Carlos Cuevas

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HAY CUATRO cualidades que aparecen con frecuencia en las ex-

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periencias de liderazgo más relevantes: claridad de propósito, capacidad para negociar incluso con adversarios, atención a los resultados y disposición para modificar el rumbo cuando las circunstancias lo exigen. No siempre se trata de gobernantes populares ni de figuras libres de contradicciones. En ocasiones, sus decisiones provocaron resistencias profundas. Sin embargo, supieron distinguir entre aquello que era negociable y los objetivos que consideraban indispensables. Ninguno de estos personajes constituye un modelo que pueda reproducirse de manera automática. Las condiciones históricas importan. No es lo mismo reconstruir un país después de una guerra que conducir una transición democrática o transformar una economía cerrada. Maquiavelo, Jenofonte y los antiguos pensadores políticos chinos ya advertían, desde distintas perspectivas, que el ejercicio del poder requiere conocer la naturaleza humana, comprender los intereses en juego y actuar con sentido de realidad. Revisar estas experiencias permite acercarse al arte de gobernar desde una perspectiva menos teórica y más concreta: la de quienes tuvieron que decidir cuando no existían soluciones sencillas.

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Franklin D. Roosevelt Presidente de Estados Unidos (1933-1945)

Franklin D. Roosevelt llegó a la presidencia en 1933, cuando Estados Unidos atravesaba la peor crisis económica de su historia moderna. La Gran Depresión había provocado el cierre de miles de empresas, un desempleo masivo y una profunda pérdida de confianza en las instituciones. Poco más de una década después, el país estaría plenamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt entendió que la emergencia exigía revisar la relación entre el Estado, la economía y la sociedad. Con el New Deal puso en marcha un amplio programa de intervención pública que incluyó obras de infraestructura, generación de empleo, regulación del sistema financiero y la creación de la Seguridad Social. No todas sus iniciativas tuvieron los resultados esperados y algunas enfrentaron fuertes resistencias judiciales y legislativas, pero el conjunto modificó de manera duradera el papel del gobierno federal en la economía estadounidense. Su capacidad para construir una mayoría política fue igualmente importante. Mantuvo una amplia coalición electoral y legislativa, conocida como la coalición del New Deal, que reunió a sectores sociales y políticos diversos. Esa base le permitió impulsar reformas que, en otras circunstancias, difícilmente habrían conseguido respaldo suficiente. En política exterior también modificó gradualmente la posición estadounidense. Aunque el aislacionismo tenía un peso considerable en la opinión pública, Roosevelt comenzó a respaldar a los países que combatían a las potencias del Eje. La Ley de Préstamo y Arriendo de 1941 permitió suministrar

“No siempre podemos construir el futuro para nuestra juventud, pero podemos preparar a nuestra juventud para el futuro.” — Franklin D. Roosevelt

recursos militares a los Aliados antes de la entrada formal de Estados Unidos en la guerra, después del ataque japonés a Pearl Harbor. Su relación con Churchill y Stalin fue determinante para articular la Gran Alianza. Las conferencias de Casablanca, Teherán y Yalta formaron parte

de una diplomacia orientada tanto a coordinar la derrota del Eje como a establecer las bases del orden internacional de posguerra. Roosevelt murió en abril de 1945, antes de que terminara el conflicto. Sin embargo, dejó encaminada una transformación profunda de Estados Unidos: una economía fortalecida por la movilización industrial, un Estado con mayores responsabilidades sociales y un país convertido en una de las principales potencias del nuevo orden mundial. La creación de las Naciones Unidas y el sistema económico de Bretton Woods fueron parte de esa arquitectura internacional. Su legado demuestra que, en momentos de ruptura, el gobierno puede convertirse en un instrumento de transformación si cuenta con capacidad de decisión, respaldo político y una visión que trascienda la emergencia inmediata.

Winston Churchill Primer ministro del Reino Unido (19401945 y 1951-1955)

En mayo de 1940, Winston Churchill llegó al gobierno británico en uno de los momentos más delicados de la historia de su país. Francia estaba a punto de caer ante la ofensiva alemana y Gran Bretaña enfrentaba la posibilidad de quedar aislada frente al avance de Hitler. Churchill asumió el cargo con una postura inequívoca: el Reino Unido no debía negociar una salida que comprometiera su independencia frente al régimen nazi. La decisión de continuar la guerra, incluso cuando la situación militar parecía desfavorable, fue uno de los momentos determinantes de su liderazgo.

“Me gustan los cerdos. Los perros nos miran con admiración. Los gatos nos miran con desprecio. Los cerdos nos tratan como iguales” — Winston Churchill

Su discurso político tuvo una importancia particular. En un escenario marcado por el temor y la incertidumbre, consiguió transmitir una idea de resistencia que ayudó a sostener la moral de la población. Pero su actuación no se limitó a la comunicación pública. Respaldó decisiones militares difíciles, entre

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ellas el ataque a la flota francesa en Mers-el-Kébir, en 1940, para impedir que sus barcos pudieran quedar bajo control alemán. En el terreno internacional, comprendió que Gran Bretaña no podía enfrentar por sí sola una guerra de esa magnitud. Trabajó para estrechar la relación con Estados Unidos y, más tarde, aceptó construir una alianza militar con la Unión Soviética, pese a las profundas diferencias ideológicas que lo separaban de Stalin. La cooperación con Franklin D. Roosevelt y el establecimiento de la Gran Alianza fueron fundamentales para coordinar el esfuerzo militar de los Aliados. El proceso tuvo momentos decisivos en las conferencias de Casablanca, Teherán y Yalta, donde se discutieron tanto las operaciones militares como la configuración del orden internacional posterior a la guerra. La derrota de la Alemania nazi y de las potencias del Eje no puede atribuirse a un solo dirigente. Fue el resultado de un esfuerzo militar, industrial y político de enormes dimensiones. Sin embargo, la determinación de Churchill durante los primeros años del conflicto contribuyó decisivamente a mantener a Gran Bretaña en la guerra y a preservar un frente de resistencia frente al nazismo. Su trayectoria recuerda que hay circunstancias en las que gobernar exige sostener una decisión incluso cuando sus resultados todavía no son visibles y el costo de mantenerla parece demasiado alto.

Konrad Adenauer Canciller de la República Federal de Alemania (1949-1963)

Cuando Konrad Adenauer llegó a la cancillería, en 1949, Alemania era un país derrotado, dividido, ocupado por las potencias vencedoras y profundamente desacreditado por los crímenes del nazismo. La tarea no consistía únicamente en reconstruir su economía. Había que recuperar la confianza de la sociedad, restablecer las instituciones y conseguir que Alemania volviera a ser reconocida como un interlocutor legítimo en el escenario internacional. Adenauer tenía una convicción que orientó prácticamente todo su gobierno: el futuro de la República Federal debía construirse junto a las democracias occi44

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“Cuando los políticos no tienen la capacidad de gobernar, crean las comisiones ” — Konrad Adenauer

dentales. Su apuesta por la vinculación política y estratégica con Occidente, marcó una distancia frente a quienes defendían la neutralidad o un acercamiento a la Unión Soviética. No fue una decisión menor. Impulsó la incorporación de Alemania a la OTAN en 1955, promovió la creación de las fuerzas armadas de la República Federal y respaldó los primeros pasos de la integración europea a través de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. También asumió el costo político de firmar el Acuerdo de Luxemburgo con Israel, en 1952, para establecer reparaciones por los crímenes del régimen nazi. La resistencia interna era considerable, pero consideraba que la reconciliación y la recuperación de la legitimidad alemana exigían dar ese paso. Su capacidad política se manifestó también en la construcción de acuerdos. Gobernó mediante coaliciones, principalmente con los liberales del FDP, y tuvo que negociar tanto con los antiguos aliados como con sectores de su propio país que desconfiaban de sus decisiones. La relación con Francia fue especialmente importante. Junto con Charles de Gaulle, contribuyó a sentar las bases de una reconciliación que tendría consecuencias decisivas para la integración europea y que quedó formalizada en el Tratado del Elíseo de 1963. Durante sus años de gobierno, Alemania experimentó el llamado Wirtschaftswunder, el milagro económico, y consiguió consolidar una democracia parlamentaria estable. La recuperación productiva, el fortalecimiento institucional y la integración internacional avanzaron de manera paralela. Adenauer entendió que reconstruir un país no significaba solamente levantar fábricas o recuperar indicadores económicos. También implicaba definir un proyecto político capaz de ofrecer certidumbre durante generaciones. Su principal aportación fue precisamente esa: colocar la estabilidad institucional y la integración occidental por encima de las ventajas políticas inmediatas.

Charles de Gaulle Presidente de Francia (1959-1969)

Charles de Gaulle fue una de las figuras políticas más determinantes de la Francia del siglo XX. Su trayectoria estuvo marcada por dos momentos de crisis nacional: la derrota frente a Alemania en 1940 y el agotamiento institucional de la Cuarta República, casi dos décadas después.

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Cuando el gobierno francés decidió firmar el armisticio con Alemania, De Gaulle rechazó la rendición y se trasladó a Londres, desde donde encabezó la Francia Libre. Su decisión permitió mantener viva una representación política de la resistencia francesa y reivindicar la continuidad del Estado frente a la ocupación.

“El patriotismo es cuando el amor a tu propia gente es lo primero; el nacionalismo, cuando el odio hacia personas distintas a la tuya es lo primero” — Charles de Gaulle En 1958 regresó al poder en medio de la crisis provocada por la guerra de Argelia y la incapacidad de la Cuarta República para ofrecer una salida política. Su respuesta fue impulsar una nueva Constitución que dio origen a la Quinta República, con un Ejecutivo considerablemente más fuerte y una estructura institucional que buscaba superar la inestabilidad parlamentaria de los años anteriores. De Gaulle tomó decisiones que no estuvieron exentas de costos. La más significativa fue aceptar la independencia de Argelia mediante los Acuerdos de Évian de 1962, pese a la oposición de sectores del ejército y de la población francesa asentada en ese territorio. La decisión provocó una fuerte confrontación política, pero permitió cerrar una guerra que había debilitado profundamente a Francia. En el ámbito internacional defendió una política exterior orientada a preservar la autonomía estratégica del país. En 1966 retiró a Francia de la estructura militar integrada de la OTAN, aunque mantuvo su pertenencia a la Alianza Atlántica. También impulsó el desarrollo de una capacidad nuclear independiente y respaldó el acercamiento con Alemania Occidental, particularmente a través del Tratado del Elíseo firmado con Konrad Adenauer en 1963. Su liderazgo se apoyó en una idea de autoridad nacional que buscaba superar las divisiones partidistas y devolverle al Estado capacidad de conducción. Los referéndums y la apelación directa a la ciudadanía fueron instrumentos habituales de su forma de ejercer el poder.

De Gaulle dejó instituciones que siguen definiendo el sistema político francés. La Quinta República sobrevivió a su salida del gobierno y se convirtió en el marco constitucional de la Francia contemporánea. Su legado también incluye una política exterior que reivindicó la independencia de decisión del país dentro de las grandes alianzas internacionales. Su experiencia muestra que gobernar puede exigir reconstruir primero la autoridad institucional del Estado para después emprender transformaciones de mayor alcance. También deja una advertencia: la fortaleza del liderazgo personal necesita traducirse en instituciones capaces de perdurar cuando quien las condujo ya no está en el poder.

Adolfo Suárez Presidente del Gobierno de España (1976-1981)

La transición española difícilmente puede entenderse sin Adolfo Suárez. Designado presidente del Gobierno en 1976 por el rey Juan Carlos I, después de la muerte de Francisco Franco, recibió la responsabilidad de conducir un cambio político cuyo desenlace estaba lejos de ser seguro. España arrastraba cuatro décadas de dictadura, profundas divisiones ideológicas y una estructura institucional diseñada para impedir el pluralismo. El desafío consistía en desmontar ese régimen y abrir paso a una democracia parlamentaria sin provocar una ruptura violenta. Suárez entendió que la transformación tendría que hacerse mediante decisiones firmes, pero también a través de acuerdos con quienes desconfiaban del proceso. Una de sus decisiones más arriesgadas fue la legalización del Partido Comunista de España, en abril de 1977. La medida provocó una fuerte oposición en sectores del ejército y del antiguo aparato franquista. También impulsó la Ley para la Reforma Política, convocó las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 y contribuyó al desmantelamiento de las estructuras del Movimiento Nacional. El proceso exigía negociar con actores que habían sido adversarios durante décadas. Suárez consiguió sentar en una misma mesa a representantes de distintas fuerzas políticas y económicas. Los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977, fueron una expresión de esa volun-

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PENSAMIENTO

Gobiernos - GESTIÓN PÚBLICA

tad. El Gobierno, los principales partidos, los sindicatos y las organizaciones empresariales respaldaron un conjunto de medidas para enfrentar la crisis económica y establecer condiciones de estabilidad política.

“Quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro”

A G E N D A

P O L Í T I C A

— Adolfo Suárez Aquellos acuerdos incluyeron compromisos de estabilización, contención salarial y reformas fiscales, además de cambios en el marco político y jurídico. También crearon un ambiente de entendimiento que facilitó la elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, respaldada por una amplia mayoría parlamentaria y posteriormente sometida a referéndum. La transición estuvo lejos de ser un proceso tranquilo. El terrorismo, la violencia política y las presiones de sectores involucionistas mantuvieron al país bajo una tensión constante. El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ocurrido cuando Suárez ya había presentado su dimisión, mostró hasta qué punto seguían vivas las resistencias al cambio. Suárez dejó un legado complejo, pero su contribución a la construcción de la democracia española es indiscutible. Supo entender que una transformación política de esa magnitud no podía imponerse únicamente desde el gobierno. Necesitaba reconocimiento, legitimidad y la participación de quienes, hasta poco antes, se consideraban enemigos irreconciliables. Su experiencia es una de las mejores expresiones del poder de la negociación como instrumento de transformación institucional.

Deng Xiaoping Máximo dirigente de China (19781992)

Después de la muerte de Mao Zedong y de los efectos devastadores de la Revolución Cultural, China necesitaba revisar profundamente su modelo económico. Deng Xiaoping comprendió que la continuidad del país dependía de abandonar parte de los dogmas ideológicos que habían condicionado su desarrollo. 46

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Su apuesta quedó resumida en una expresión que terminó por definir su pensamiento: «No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones». La frase reflejaba una manera distinta de entender la política económica. Los resultados debían tener mayor peso que la fidelidad a una fórmula ideológica. A partir de 1978 impulsó la política de Reforma y Apertura, que permitió introducir mecanismos de mercado, ampliar la inversión extranjera y abrir espacios para la iniciativa privada. Entre las medidas más importantes estuvieron el sistema de responsabilidad familiar en el campo y la creación de Zonas Económicas Especiales, concebidas como espacios para experimentar con nuevas formas de producción y comercio. El cambio no significó una apertura política equivalente. Deng mantuvo el predominio del Partido Comunista y defendió la continuidad de su control sobre el Estado. Su proyecto consistía en transformar la economía sin alterar los fundamentos del sistema político.

“Sin un ambiente estable no se puede lograr nada, y lo que se ha logrado será perdido… La democracia es nuestra meta, pero el país debe mantenerse estable.” — Deng Xiaoping

Para conseguirlo tuvo que construir acuerdos dentro del propio Partido, superar resistencias conservadoras y desplazar a quienes defendían una continuidad más rígida del maoísmo. La estrategia avanzó mediante reformas graduales, pruebas regionales y ajustes sucesivos. El viaje que realizó al sur de China en 1992 fue particularmente importante para reactivar el proceso reformista después de los acontecimientos de 1989 y las tensiones internas que habían frenado su avance. Los resultados económicos fueron extraordinarios. China inició una transformación productiva que la llevó a convertirse en una de las principales economías del mundo. La industrialización, la apertura comercial y la modernización agrícola permitieron elevar los ingresos y sacar a cientos de millones de personas de la pobreza. Su legado, sin embargo, debe analizarse también a partir de sus costos políticos y sociales. La modernización económica convivió con un sistema autoritario que limitó las libertades políticas y mantuvo un control estricto sobre la sociedad. Deng representa un caso singular de pragmatismo estratégico: modificó profundamente las herramientas económicas del Estado sin renunciar al con-

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trol político del Partido. Su experiencia muestra hasta dónde puede llegar una transformación cuando existe una dirección clara y capacidad para experimentar, aunque también recuerda que el éxito económico no resuelve por sí mismo los dilemas relacionados con la libertad y la participación política.

Nelson Mandela Presidente de Sudáfrica (1994-1999)

Nelson Mandela pasó 27 años en prisión por su lucha contra el régimen del apartheid. Cuando recuperó la libertad, en 1990, Sudáfrica se encontraba ante una disyuntiva histórica: mantener un sistema de segregación racial que ya no podía sostenerse o iniciar una transición cuyo desenlace todavía estaba rodeado de incertidumbre. Mandela pudo haber convertido su salida de prisión en el punto de partida de una política de revancha. Tenía motivos personales y políticos para hacerlo. Sin embargo, entendió que una ruptura violenta podía conducir al país a una guerra civil y comprometer cualquier posibilidad de construir una democracia duradera. Esa convicción había comenzado a tomar forma incluso durante su encarcelamiento, cuando inició contactos reservados con representantes del gobierno sudafricano, pese a las reservas que existían dentro del Congreso Nacional Africano (ANC). Más adelante rechazó ofertas de liberación condicionada que le exigían renunciar a sus principios y a la lucha política de su organización.

“Una buena cabeza y un buen corazón siempre son una combinación formidable. Pero si a eso le sumas una lengua o una pluma elocuente, entonces tienes algo muy especial.” — Nelson Mandela

Ya en libertad, condujo las negociaciones con el presidente F. W. de Klerk y trabajó para incorporar a distintos sectores a la transición. No se trataba solamente de alcanzar un acuerdo entre el gobierno blanco y el movimiento de liberación. También había que

evitar que las tensiones internas, las rivalidades políticas y los conflictos entre comunidades terminaran por descarrilar el proceso. Mandela defendió la formación de un Gobierno de Unidad Nacional y respaldó mecanismos de reconciliación como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que permitió documentar violaciones a los derechos humanos cometidas durante el apartheid. Su autoridad moral fue decisiva, pero no actuó únicamente desde los principios: también mostró una notable capacidad para negociar, ceder en aspectos secundarios y mantener el objetivo central. La transición desembocó en las primeras elecciones democráticas multirraciales de 1994, en las que Mandela fue elegido presidente. Sudáfrica adoptó una nueva Constitución y comenzó a construir un sistema político basado en la igualdad de derechos. Su decisión de no buscar un segundo mandato presidencial reforzó una de las lecciones más importantes de su trayectoria: el poder también se ejerce cuando se sabe dejarlo. Mandela demostró que la reconciliación no es una actitud pasiva ni una renuncia a la justicia, sino una decisión política que puede impedir que las heridas del pasado determinen indefinidamente el futuro de una nación.

Angela Merkel Canciller de Alemania (2005-2021)

Durante sus 16 años al frente del gobierno alemán, Angela Merkel enfrentó una sucesión de crisis que pusieron a prueba tanto la cohesión de Europa como la capacidad de respuesta de sus principales instituciones. La crisis financiera internacional, las dificultades de la eurozona, la llegada masiva de refugiados, el Brexit, la pandemia y el deterioro de las relaciones con Rusia formaron parte de un periodo particularmente exigente. Su estilo contrastaba con el de otros dirigentes europeos. Merkel rara vez buscaba imponerse mediante grandes discursos o gestos espectaculares. Prefería escuchar, medir las consecuencias y negociar hasta encontrar una salida políticamente viable. Esa forma de ejercer el poder, conocida popularmente como Merkeln, terminó convirtiéndose en uno de los rasgos más reconocibles de su liderazgo. Sin embargo, detrás de esa aparente cautela hubo decisio-

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PENSAMIENTO

Gobiernos - GESTIÓN PÚBLICA

nes de enorme trascendencia. Durante la crisis de la deuda europea defendió la permanencia de Grecia en la eurozona, pese a la presión de sectores políticos y de buena parte de la opinión pública alemana. En 2015, frente a la crisis de refugiados, permitió la entrada de cientos de miles de personas, una decisión que modificó el debate político alemán y europeo. Después del accidente de Fukushima impulsó el abandono progresivo de la energía nuclear y, durante la pandemia, aceptó la emisión de deuda común europea para financiar el fondo de recuperación, un paso que durante años había encontrado fuertes resistencias en Alemania.

NOTAS

“La política no es cosa de brujería. La política la hacen las personas, con sus inclinaciones, experiencias, vanidades, debilidades, fortalezas, deseos, sueños, convicciones, valores e intereses. Las personas que si quieren llevar a cabo algo, en una democracia deben luchar por una mayoría”

A G E N D A

P O L Í T I C A

— Angela Merkel

Buena parte de su capacidad de gobierno estuvo en la negociación. Merkel encabezó distintas coaliciones con los socialdemócratas del SPD y con los liberales del FDP, además de desempeñar un papel central en el Consejo Europeo. En un continente donde las diferencias nacionales suelen dificultar los acuerdos, consiguió mantener a Alemania como uno de los principales puntos de referencia para la toma de decisiones. Su balance no está exento de cuestionamientos. Se le reprocha haber pospuesto reformas estructurales, no haber anticipado suficientemente los riesgos de la dependencia energética respecto de Rusia y haber dejado pendientes algunos problemas de competitividad. Aun así, durante su mandato Alemania conservó su fortaleza económica y la Unión Europea atravesó varias crisis sin fracturarse. Merkel representa una forma de liderazgo menos interesada en la espectacularidad que en la continuidad de las instituciones. Su experiencia demuestra que, en determinadas circunstancias, gobernar consiste en evitar que las diferencias terminen por destruir los acuerdos que mantienen unido a un sistema político. ANOTA Y COMPARTE #éxitoLM

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PENSAMIENTO

Especialista - GERARDO FLORES CASTAÑÓN

PAQUETE ECONÓMICO 2027: EL COSTO FISCAL QUE MUCHAS EMPRESAS TODAVÍA NO ESTÁN CALCULANDO GERARDO FLORES CASTAÑÓN

Socio director de Castañón Abogados S.C.

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Más allá de las tasas impositivas, las nuevas disposiciones pueden modificar la liquidez, el financiamiento y las decisiones corporativas, no obstante, la diferencia estará en identificar sus efectos antes de que se reflejen en los resultados del negocio. ES IMPORTANTE comprender que no to-

das las reformas fiscales se manifiestan en un nuevo impuesto o en el aumento de una tasa. Algunas modifican las condiciones para deducir gastos, aprovechar pérdidas fiscales, estructurar operaciones o capitalizar pasivos. Precisamente por ello, el Paquete Económico 2027 requiere una lectura que vaya más allá de sus cifras de recaudación, ya que para determinadas empresas, sus efectos podrían reflejarse en el flujo de efectivo, el costo del financiamiento y la planeación de inversiones. La Ley de Ingresos de la Federación estima ingresos por 10.63 billones de pesos, de los cuales aproximadamente 6.26 billones corresponden a ingresos, aunque no se establece un incremento generalizado de las tasas del ISR o del IVA, las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta incorporan mecanismos que son indispensables analizar desde una perspectiva financiera y operativa. La pregunta relevante no es únicamente cuánto impuesto pagará una empresa, sino cuándo podrá aprovechar sus deducciones y qué recursos necesitará para cumplir sus obligaciones.

Deducir no siempre significa disminuir impuestos en el mismo ejercicio

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de los artículos 78-A a 78-F de la LISR. El mecanismo comprende, bajo los supuestos legales, a personas morales residentes en México que obtengan ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y determinen utilidad fiscal. La mecánica establece dos escenarios, primero cuando las deducciones autorizadas no excedan el 96.67% de los ingresos acumulables, el límite deducible será equivalente al 99% de dichas deducciones; cuando superen ese umbral, el límite será del 96.67% de los ingresos acumulables. En contraposición, las deducciones que no puedan disminuirse podrán aplicarse durante los veinte ejercicios siguientes, conforme a las condiciones previstas en la ley. Por ende, la consecuencia financiera merece atención, ya que una erogación efectivamente realizada no necesariamente podrá disminuir la base gravable en el mismo ejercicio. Para empresas con estructuras de costos elevados, márgenes reducidos o inversiones importantes, esta diferencia puede incidir en el ISR a cargo y en la disponibilidad de recursos. Hay, además, particularidades que pueden pasar inadvertidas. Las deducciones pendientes no se consideran pérdidas fiscales para efectos del artículo 57 de la LISR; tienen un tratamiento independiente, deben actualizarse y su aplicación está sujeta a un control específico. Sin embargo, el derecho a disminuirlas es personal y no puede transmitirse a otra sociedad, incluso como consecuencia de una fusión o escisión.

Cortesía


Además, el mecanismo tampoco comprende a todos los contribuyentes: existen exclusiones para determinados sectores y regímenes, así como para empresas de reciente inscripción, con reglas especiales para evitar que reorganizaciones o movimientos corporativos se utilicen únicamente para acceder a esa excepción. Por ello, antes de modificar una estructura societaria conviene evaluar no solo sus efectos corporativos, sino también el tratamiento fiscal adecuado.

El financiamiento también requiere una revisión fiscal

2027 comienza a planearse desde el cierre de 2026

Para determinadas personas morales cuyos ingresos acumulables en la última declaración anual presentada superen los 50 millones de pesos, las disposiciones transitorias establecen factores de ajuste de 1.0658 o 2.6162 al coeficiente de utilidad para calcular los pagos provisionales de 2027, según la relación entre deducciones e ingresos. Adicionalmente se limita la disminución de pérdidas fiscales en dichos pagos al 50% de la utilidad fiscal correspondiente. Otro cambio estructural es la eliminación del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades, por tanto, las sociedades que tributaban bajo ese esquema deberán desintegrarse el 1 de enero de 2027 y enterar el ISR diferido pendiente, en general, a más tardar el 31 de diciembre de ese año; el impuesto correspondiente al tercer ejercicio inmediato anterior deberá cubrirse a más tardar el 31 de marzo de 2027. Para los grupos que utili-

También existen oportunidades que conviene evaluar

Se amplían los límites de ingresos del RESICO: hasta 5 millones de pesos para personas físicas y 50 millones para personas morales constituidas exclusivamente por personas físicas, siempre que se satisfagan los demás requisitos legales. De la misma forma se precisan las condiciones para que quienes hayan dejado el régimen puedan reincorporarse y para negocios en expansión, revisar la elegibilidad y las consecuencias de permanecer o salir del régimen puede ser relevante en la planeación de los siguientes ejercicios. Por su parte, la LIF incorpora un programa de regularización fiscal para contribuyentes que satisfagan sus requisitos, entre ellos, no haber excedido ingresos de 300 millones de pesos durante 2025. El estímulo comprende la reducción del 100% de multas, recargos y gastos de ejecución, en los supuestos previstos, pero no representa la eliminación general del principal de los adeudos. Ante ello es necesario revisar la situación jurídica y administrativa de los créditos fiscales puede representar una decisión financieramente relevante.

La planeación fiscal como parte de la estrategia empresarial

El Paquete Económico 2027 no produce los mismos efectos en todas las empresas, su repercusión dependerá de factores como el nivel de ingresos, la estructura de costos, el financiamiento, las pérdidas fiscales pendientes y las decisiones de inversión de cada organización. Por ello, la revisión fiscal no debería limitarse a verificar obligaciones cuando llegue el momento de presentar declaraciones, en todo caso conviene incorporar estas modificaciones a los presupuestos, analizar los contratos vigentes, revisar las estructuras corporativas y proyectar los pagos provisionales antes de que sus efectos se reflejen en la operación. La oportunidad está en anticiparse, no en reaccionar cuando el efecto financiero ya se ha materializado. En 2027, comprender las nuevas reglas y traducirlas en decisiones oportunas puede marcar una diferencia importante en la empresa, en subliquidez, administración de riesgos, capacidad de inversión y en la aplicación de herramientas oportunidades para tomar mejores decisiones con impacto positivo en el negocio.

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La reforma reduce del 30% al 20% el límite de deducibilidad de los intereses netos respecto de la utilidad fiscal ajustada, conforme al artículo 28, fracción XXXII, de la LISR y considerando las excepciones aplicables. Para compañías con endeudamiento relevante, adquisiciones financiadas o proyectos de inversión de largo plazo, el cambio merece incorporarse a los análisis de costo financiero. Por ejemplo, la tasa pactada con una institución financiera no representa, por sí sola, el costo total del financiamiento, también importa el tratamiento fiscal de los intereses y la posibilidad de deducirlos en el ejercicio correspondiente. A ello se suma una precisión relevante para las operaciones de capitalización: los intereses devengados no pagados y el IVA correspondiente a pasivos capitalizados no integrarán la CUCA; asimismo, las aportaciones en especie consistentes en cuentas por cobrar o derechos de cobro se incorporarán conforme se materialicen y hasta por el importe efectivamente cobrado en efectivo. Estas reglas hacen indispensable revisar la documentación y el tratamiento fiscal de las operaciones de financiamiento y capitalización. Asimismo, se modifican los requisitos para deducir pagos al extranjero, en términos generales, la deducción procederá en el ejercicio en que se pague la contraprestación y se entere la retención correspondiente, además de cumplir con las obligaciones informativas previstas en la ley. La obligación de enterar la retención puede actualizarse desde la exigibilidad, el devengo o el pago, lo que ocurra primero, en consecuencia, los contratos internacionales, los calendarios de pago y los procesos de cumplimiento deberán revisarse de manera coordinada.

zan este mecanismo, la revisión debe comprender el calendario de pago, la actualización del impuesto y las alternativas de reorganización.


NO PUEDE HABER UNA DESPEDIDA SIN UNA ESPERANZA DE VOLVERNOS A ENCONTRAR.

POSIBILIDADES

Gobierno FINANZAS PÚBLICAS

INGRESOS PÚBLICOS 2027: MAYOR RECAUDACIÓN Y PRESIÓN FISCAL La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2027 dibuja un escenario que merece algo más que una lectura de cifras. El gobierno federal dispondrá de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, un monto que representa un crecimiento real de apenas 1.1% respecto al ejercicio anterior. La cifra permite sostener los compromisos presupuestales del Estado, pero también deja ver las limitaciones de unas finanzas públicas que necesitan recaudar más, contener el gasto y recurrir al endeudamiento para mantener su equilibrio. Redacción

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P Ú B L I C O S

EL PUNTO CENTRAL no está única-

mente en cuánto dinero ingresará a las arcas públicas, sino en la forma en que se pretende obtenerlo. La apuesta vuelve a descansar en una mayor eficiencia recaudatoria, una fiscalización más estricta y el cierre de espacios para la evasión y la elusión fiscal. A ello se suma una dependencia importante del financiamiento, en un contexto donde las obligaciones del gobierno dejan cada vez menos espacio para atender nuevas necesidades. Para las empresas, los gobiernos estatales y municipales, y los propios contribuyentes, la LIF 2027 anticipa un año en el que cumplir con las obligaciones fiscales será tan importante como entender sus efectos sobre los costos, las inversiones y las decisiones financieras.

A S U N T O S

Mayor recaudación

Casi seis de cada diez pesos que recibirá el gobierno federal provendrán de la recaudación tributaria. Para 2027 se estiman ingresos por 6

Carlos Cuevas

billones 263 mil 886.8 millones de pesos, equivalentes al 58.9% del total. Con ello, la presión fiscal alcanzaría alrededor de 15.9% del PIB, uno de los niveles más altos registrados en el país. El Impuesto Sobre la Renta seguirá siendo el principal soporte de los ingresos tributarios. Su aportación rondará los 3.29 billones de pesos, cerca de 52.5% de la recaudación impositiva. Esta concentración confirma el peso que tienen los ingresos derivados de la actividad económica formal y del trabajo en el financiamiento del gasto público. La otra cara de la ecuación es el endeudamiento. El financiamiento previsto se aproxima a 1.48 billones de pesos, alrededor de 14% de los ingresos totales. Los techos autorizados para el gobierno federal contemplan un endeudamiento neto interno de hasta 1.7 billones de pesos y uno externo de 13 mil 500 millones de dólares. Las principales cifras permiten dimensionar el escenario:

INDICADOR

PROYECCIÓN 2027

CONTEXTO

Ingresos totales

10,636,488.1 millones de pesos

Crecimiento real estimado de 1.1%

Ingresos tributarios

6,263,886.8 millones de pesos

58.9% del total; 15.9% del PIB

Techo de deuda interna federal

1,700,000 millones de pesos

Endeudamiento neto autorizado

Techo de deuda externa federal

13,500 millones de dólares

Endeudamiento neto autorizado

Déficit amplio (RFSP)

3.9% del PIB

Frente a 4.1% estimado para 2026

Deuda amplia (SHRFSP)

55.0% del PIB

Trayectoria ascendente proyectada


En este escenario, el Ejecutivo no optó por una reforma tributaria de fondo que modificara las tasas generales del IVA o del ISR. La ruta elegida es distinta: ampliar la capacidad de fiscalización, aprovechar mejor la información disponible y cerrar espacios que han permitido prácticas de evasión, simulación o incumplimiento. El problema es que una estrategia de recaudación más agresiva no sustituye por sí sola una discusión de largo plazo sobre la estructura tributaria del país. Puede mejorar los ingresos en el corto plazo, pero su alcance dependerá de que las medidas se traduzcan en mayor formalidad y no solamente en nuevas cargas administrativas para quienes ya cumplen.

Cambios fiscales para las empresas

Las modificaciones contempladas para 2027 tendrán efectos distintos según el tamaño de cada contribuyente y el sector en el que opere. Para las pequeñas empresas pueden abrirse opciones de simplificación; para las compañías medianas y grandes, el escenario apunta a mayores exigencias de documentación, control y cumplimiento. Uno de los cambios relevantes es la ampliación de los límites de ingresos del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): hasta 5 millones de pesos para personas físicas y 50 millones para personas morales. La intención es facilitar la incorporación y permanencia de micro y pequeñas empresas en un esquema con obligaciones más sencillas. También se plantea una opción de tasa definitiva de IVA de 7%, sin derecho al acreditamiento. Aunque puede representar una alternativa operativa para ciertos contribuyentes, no necesariamente será conveniente para todos. Las empresas con inversiones importantes o gastos recurrentes deberán comparar el beneficio de una tasa menor con la pérdida del derecho a acreditar el impuesto pagado en sus compras.

La economía digital también estará bajo una vigilancia más estrecha. Se establece una retención de ISR de 2.5% sobre la enajenación de bienes y la prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas. Cuando el contribuyente no proporcione su RFC, la retención podrá elevarse hasta 20%. La diferencia no es menor y coloca a la formalidad fiscal como una condición cada vez más importante para operar en estos canales comerciales. Otro frente es el combate al llamado huachicol fiscal. Quienes comercialicen gasolina o diésel sin ser fabricantes, productores o importadores deberán enterar el IEPS correspondiente cuando existan diferencias no justificadas entre los volúmenes de compra y venta. En estos casos no procederá el acreditamiento del impuesto. La medida está prevista para entrar en vigor el 1 de julio de 2027. En el ámbito corporativo, las disposiciones relacionadas con deducciones, amortización de pérdidas fiscales y revisión de operaciones presuntamente simuladas anticipan una fiscalización más exigente. Para las empresas medianas y grandes, el efecto puede reflejarse en un mayor costo efectivo del ISR, además de la necesidad de revisar con mayor cuidado sus estructuras contables y fiscales. El programa de regularización fiscal también amplía su alcance al eliminar el límite de ingresos de 300 millones de pesos que anteriormente condicionaba el acceso a ciertos beneficios. Sin embargo, regularizar adeudos no será necesariamente barato: las tasas de recargos por prórroga, que van de 1.38% a 1.97% mensual, representan un costo que debe incorporarse a cualquier decisión de saneamiento fiscal. En conjunto, las modificaciones apuntan a un cambio en la relación entre autoridad y contribuyentes. La administración tributaria tendrá más herramientas para PROYECTO DE NACIÓN

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POSIBILIDADES

Gobierno FINANZAS PÚBLICAS

revisar operaciones y detectar inconsistencias. Para el sector privado, la respuesta tendrá que ser una mayor disciplina documental y una revisión permanente de sus obligaciones.

La recaudación prevista para 2027 depende de que se cumplan ciertos supuestos macroeconómicos. El paquete económico considera un crecimiento real del PIB de entre 1.5% y 2.5%, un tipo de cambio promedio de entre 17.90 y 18 pesos por dólar y un precio de la mezcla mexicana de petróleo de 61.80 dólares por barril. Son variables que conviene observar con cautela. El rango de crecimiento económico, en particular, se ubica por encima de algunas estimaciones de analistas privados y organismos internacionales, que sitúan la expansión del PIB alrededor de 1.8%. La diferencia puede parecer pequeña, pero tiene consecuencias importantes para las finanzas públicas. Una economía que crece menos de lo previsto genera menor actividad empresarial, limita la expansión de las utilidades y puede reducir la recaudación del ISR. Si, además, los precios internacionales del petróleo disminuyen por un aumento de la oferta global, los ingresos petroleros también quedarían bajo presión.

Aumento de la deuda pública y presión fiscal

La reducción de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) a 3.9% del PIB, frente al 4.1% estimado para 2026, apunta a un esfuerzo de consolidación fiscal. Sin embargo, el ajuste es todavía moderado y no resuelve por sí mismo el problema de fondo: la deuda pública mantiene una trayectoria ascendente. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se proyecta en 55% del PIB. Este nivel obliga a prestar atención no sólo al volumen de los pasivos, sino también al costo de mantenerlos. Un entorno de tasas de

A S U N T O S

P Ú B L I C O S

Impacto en el crecimiento económico

El gobierno tendría entonces menos recursos de los esperados para cumplir con sus compromisos. Y ahí aparece una de las principales limitaciones del diseño fiscal: ante una caída de los ingresos, las opciones para compensarla no son muchas. Se puede ajustar el gasto, posponer inversiones o recurrir a más financiamiento. La ausencia de fondos de estabilización suficientemente consolidados hace más delicado ese escenario. Sin reservas amplias para absorber los choques, cualquier desviación de los supuestos originales puede trasladarse con rapidez a las decisiones presupuestarias.

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interés elevadas o un deterioro de las condiciones financieras internacionales podría encarecer el servicio de la deuda y reducir todavía más los recursos disponibles para otros rubros. La presión se entiende mejor cuando se observa la composición del gasto. El espacio fiscal no comprometido representa apenas 0.83% del PIB, alrededor de 325 mil millones de pesos. El costo financiero de la deuda, las pensiones, las transferencias a las entidades federativas y las obligaciones de nómina absorben una parte considerable de los ingresos públicos. El resultado es una hacienda pública con poco margen para modificar sus prioridades. La inversión productiva, particularmente en infraestructura, queda expuesta a ajustes cuando las obligaciones ineludibles crecen más rápido que los recursos disponibles. A esto se suma la situación financiera de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad. Para 2027 se contemplan autorizaciones de endeudamiento para Pemex por hasta 160 mil 619.5 millones de pesos en el mercado interno y 5 mil 259.4 millones de dólares en el externo. En el caso de la CFE, los montos ascienden a 16 mil 742 millones de pesos y 725 millones de dólares, respectivamente.


Estas necesidades de financiamiento muestran que las empresas productivas del Estado seguirán requiriendo respaldo financiero. Aunque las autorizaciones de deuda no se traducen automáticamente en obligaciones directas para el gobierno federal, la situación de ambas compañías tiene implicaciones para la percepción de riesgo soberano y para la evaluación de las finanzas públicas en su conjunto. El desafío, por tanto, no consiste únicamente en mantener bajo control el déficit. También pasa por contener las presiones estructurales del gasto, mejorar la eficiencia de las empresas estatales y evitar que las obligaciones financieras terminen desplazando recursos destinados al crecimiento económico.

Efectos en el sector empresarial

La Ley de Ingresos no se queda en los balances de la Secretaría de Hacienda. Sus efectos llegarán a las decisiones cotidianas de inversión, operación, contratación y financiamiento. Por eso, cada sector necesita leer sus disposiciones desde una perspectiva distinta. Las empresas tendrán que revisar sus estructuras fiscales con una mirada más preventiva. Las restricciones en deducciones y el tratamiento de las pérdidas fiscales acumuladas pueden modificar el costo efectivo de sus operaciones. Conviene revisar los modelos de cumplimiento tributario, documentar adecuadamente las operaciones y anticipar posibles diferencias de criterio con la autoridad. Para las pequeñas y medianas empresas, la ampliación del RESICO abre una oportunidad, pero no debe asumirse que el nuevo esquema será automáticamente más barato. La opción del IVA definitivo de 7% sin acreditamiento requiere comparar escenarios, espe-

cialmente en negocios que realizan inversiones frecuentes o tienen gastos importantes sujetos al impuesto. También será necesario revisar las cadenas de suministro. La trazabilidad de proveedores, particularmente en operaciones relacionadas con combustibles y servicios digitales, puede marcar la diferencia entre una operación fiscalmente sustentable y una que termine en retenciones mayores, deducciones rechazadas o revisiones por posibles operaciones simuladas.

Finanzas públicas estatales: fortalecer ingresos propios y disciplina financiera

Las finanzas locales también estarán condicionadas por el comportamiento de los ingresos federales. Las Participaciones del Ramo 28 dependen de la Recaudación Federal Participable, estimada en alrededor de 5.72 billones de pesos. Una recaudación menor a la prevista podría traducirse en presiones sobre los recursos que reciben estados y municipios. Ante esa posibilidad, los gobiernos locales tienen una tarea pendiente: fortalecer sus propios ingresos. Modernizar el catastro, actualizar los registros de propiedad, mejorar la cobranza del impuesto predial y revisar los derechos municipales puede reducir la dependencia de las transferencias federales. La disciplina financiera será igualmente importante. El margen de endeudamiento no debe confundirse con capacidad permanente para financiar gasto. La autorización de hasta 3 mil 500 millones de pesos de deuda para la Ciudad de México es un ejemplo de los límites que deben observarse al evaluar nuevas obligaciones. En todos los niveles de gobierno, el endeudamiento necesita estar vinculado a proyectos sostenibles y a una capacidad de pago claramente identificada.

Restricciones en el gasto familiar

La ausencia de nuevos impuestos directos puede dar cierta estabilidad al ingreso disponible en el corto plazo. Sin embargo, eso no significa que los hogares estén completamente NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026

PROYECTO DE NACIÓN

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POSIBILIDADES

Gobierno FINANZAS PÚBLICAS

al margen de los cambios fiscales. Las retenciones aplicadas a las operaciones en plataformas digitales y los mayores costos de cumplimiento para algunos negocios podrían trasladarse, al menos parcialmente, a los precios de bienes y servicios. También importa el entorno financiero. Con un déficit público estimado en 3.9% del PIB y una deuda que continúa creciendo, no hay elementos suficientes para anticipar una caída rápida de las tasas de interés de largo plazo. Quienes estén considerando contratar un crédito hipotecario, financiar la compra de un automóvil o asumir nuevas obligaciones deberán valorar cuidadosamente el costo total del financiamiento. La Ley de Ingresos 2027 plantea una ruta de continuidad: recaudar más mediante una fiscalización más eficiente, mantener los compromisos del gasto público y reducir gradualmente el déficit. No es una apuesta menor, pero tampoco resuelve las tensiones que arrastra la hacienda pública.

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Perspectivas al 2027

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PROYECTO DE NACIÓN

El gobierno federal parte de una base tributaria todavía limitada frente a las necesidades de financiamiento del Estado, enfrenta obligaciones presupuestarias difíciles de reducir y mantiene una dependencia relevante del endeudamiento. Al mismo tiempo, las perspectivas de crecimiento económico no ofrecen demasiadas certezas para dar por hecho que los ingresos proyectados se materializarán en su totalidad. El margen de maniobra será, probablemente, la variable más importante durante el ejercicio. Si la economía crece conforme a lo previsto y la recaudación responde, el gobierno podrá avanzar en la consolidación fiscal sin ajustes abruptos. Pero si los ingresos quedan por debajo de las expectativas, la presión sobre el gasto y la deuda volverá a ocupar el centro de la discusión. Para las empresas, el mensaje es prepararse para un entorno de mayor vigilancia fiscal y cuidar la rentabilidad de sus operaciones. Para estados y municipios, reducir la dependencia de los recursos

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federales será cada vez más importante. Y para el gobierno, el desafío va más allá de recaudar: necesita demostrar que puede administrar mejor los recursos, contener las presiones financieras y preservar la inversión que el país requiere para crecer. Porque una hacienda pública sostenible no se construye únicamente cobrando más impuestos o contratando más deuda. Se construye, sobre todo, cuando los ingresos alcanzan para financiar las responsabilidades del Estado sin comprometer la capacidad de crecimiento de las siguientes generaciones.


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Contar CRYSTAL historias en los tiempos de MENDÍVIL la inmediatez

Periodista, conductora y locutora Grupo Imagen

Jaime Higuera Mariñelarena Oswaldo Bernal

Bruno Sánchez

En una época en la que las noticias viajan a la velocidad de un clic, el principal desafío para un periodista ya no consiste únicamente en llegar primero. La verdadera batalla está en ofrecer contexto, verificar los datos y construir confianza. Para Crystal Mendívil, periodista y conductora de Imagen Televisión, la credibilidad se ha convertido en el patrimonio más importante de quienes tienen la responsabilidad de informar. SER PARTE del inicio de Imagen Televisión significó para ella formar parte de la historia de una nueva alternativa televisiva. El reto, recuerda, consistía en construir desde cero un producto diferente y ofrecer un valor adicional a la audiencia. En ese espacio encontró también la libertad para desarrollar una voz propia y contar las historias a su manera. Para Crystal, el periodismo ha cambiado radicalmente en la última década, principalmente por la velocidad con la que circula la información. Sin embargo, la inmediatez no sustituye el trabajo periodístico: obliga a profundizar, verificar datos y ofrecer contexto. Hoy que la comunicación digital está dominada por redes sociales e inteligencia artificial, considera que la credibilidad es el principal patrimonio de un comunicador. “Creo yo que el patrimonio más importante que puede tener un comunicador, un periodista, es la credibilidad”, afirma. Esta se construye con congruencia y compromiso, mediante decisiones cotidianas y siendo transparente con la audiencia. Su trayectoria también ha estado marcada por coberturas que la transformaron profesionalmente, como la pandemia de COVID-19, los sismos de 2017, el huracán Otis y el acompañamiento a madres buscadoras. Estar cerca de quienes viven estas historias le enseñó que detrás de cada cifra existe una persona, una familia y una realidad que debe ser tratada con empatía.

Perfil • Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora, en Hermosillo. • En 2015, se incorporó a Cadena 3, la primera televisora de Grupo Imagen. • Vivió la transición de Cadena 3 a Excélsior Televisión y posteriormente a Imagen Televisión. • Cuenta con aproximadamente 20 años de trayectoria en medios de comunicación. • Conduce diariamente la emisión vespertina de Imagen Noticias.

COMUNICACIÓN CREDIBILIDAD

Como periodistas, hay que ser muy empáticos porque detrás de una cifra, de una historia que estamos narrando, de un suceso que estamos relatando, hay personas. Otro aprendizaje ha sido confiar en su propia voz y dejar atrás el síndrome de la impostora. “Estás en esta silla porque te la ganaste”, sostiene, convencida de que su trayectoria es resultado de años de trabajo. De cara al futuro, imagina un periodismo cada vez más basado en multiplataformas y más personalizado, impulsado por la tecnología, pero sin perder su esencia humana. Dentro de diez años se visualiza todavía frente a una cámara y un micrófono: contando historias, haciendo preguntas y, sobre todo, manteniendo la libertad de ser ella misma.

@crystalmendivilg Soy Crystal Mendivil @MendivilCrystal


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Redacción

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Luis E. González

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NUEVOS DESAFÍOS FISCALES EN MÉXICO

La reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para 2027 introduce cambios que obligarán a las empresas a revisar buena parte de sus estrategias financieras y fiscales. El ajuste no está en un incremento de la tasa general del impuesto, sino en algo menos visible y, para ciertos sectores, posiblemente más costoso: las condiciones para determinar cuánto pueden deducir, cómo aprovechar sus pérdidas fiscales y de qué manera estructurar sus operaciones corporativas. EL CAMBIO de enfoque es importante. La autoridad fiscal busca ampliar la base gravable y cerrar espacios de planeación que hasta ahora permitían reducir la carga tributaria mediante determinadas estructuras de financiamiento, reorganizaciones societarias o esquemas de capitalización. Para las grandes empresas, esto supone revisar decisiones que habitualmente se tomaban desde la perspectiva financiera o corporativa, 58

PROYECTO DE NACIÓN NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026

pero que ahora tendrán consecuencias fiscales más estrictas. También abre interrogantes sobre la rentabilidad de algunos proyectos, el costo del financiamiento y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo futuras operaciones de fusiones y adquisiciones.

Cambios al cálculo de las deducciones

Uno de los ajustes de mayor alcance es el mecanismo que limita las deducciones autorizadas para las personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos. Aunque no se presenta formalmente como un impuesto mínimo, en la práctica opera como un mecanismo que establece una base gravable mínima. La regla parte de la proporción que representan las deducciones respecto de los ingresos acumulables. Cuando las deducciones se encuentran dentro del umbral del 96.67% de los ingresos, la disposición permite aplicar hasta el 99% de su importe. Si rebasan ese porcentaje, el límite se ajusta al 96.67% de los ingresos acumulables. La consecuencia es directa: las empresas deberán reconocer una base gravable equiva-


lente, al menos, al 3.33% de sus ingresos, incluso cuando sus costos y gastos sean considerablemente mayores y sus márgenes reales de operación resulten reducidos. El problema no será igual para todos. Las compañías que trabajan con márgenes estrechos, elevados costos de venta o ciclos prolongados de inversión podrían resentir especialmente esta disposición. En algunos casos, el impuesto dejará de guardar una relación tan estrecha con la utilidad económica del ejercicio y ejercerá presión sobre recursos que la empresa necesita para operar. La reforma contempla que las deducciones que no puedan aplicarse por efecto de estos límites se recuperen durante los 20 ejercicios fiscales siguientes. Sin embargo, introduce una condición relevante: el derecho tendrá carácter personal y no podrá transmitirse mediante fusiones o escisiones. Esto cambia la manera de valorar determinados activos fiscales. Una deducción pendiente seguirá representando un derecho para la empresa que la generó, pero no necesariamente podrá aprovecharse cuando esa entidad participe en una reorganización corporativa.

Restricciones a la recuperación de pérdidas fiscales

La recuperación de pérdidas fiscales también cambia de manera sustancial. Por un lado, el plazo para amortizarlas se amplía de 10 a 20 años. A primera vista, la modificación parece favorable, ya que ofrece un horizonte

más amplio para recuperar los efectos fiscales de ejercicios con resultados negativos. Sin embargo, el beneficio viene acompañado de una restricción importante: las pérdidas pendientes solo podrán aplicarse hasta por el 50% de la utilidad fiscal del ejercicio, una vez considerado el nuevo límite de deducciones. La combinación de ambas reglas obliga a mirar más allá del plazo de recuperación. Una empresa podrá conservar sus pérdidas durante más tiempo, pero tendrá menos margen para utilizarlas en un solo ejercicio. Desde la perspectiva financiera, esto puede modificar el valor de los activos por impuestos diferidos y afectar la planeación de compañías que atraviesan periodos iniciales de pérdidas antes de alcanzar su madurez operativa. También puede alterar las proyecciones de valor presente neto de proyectos que requieren varios años para generar utilidades. En otras palabras, disponer de más tiempo para amortizar pérdidas no significa necesariamente que su recuperación sea más sencilla.

Escrutinio sobre el patrimonio corporativo

Otro frente de la reforma está en las cuentas fiscales que respaldan la distribución de dividendos y los movimientos de capital. Los cambios en la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) y la Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) pueden tener consecuencias importantes para las empresas que distribuyen utilidades, reorganizan sus estructuras o preparan operaciones de compraventa. En el caso de la CUFIN, la modificación amplía los conceptos que deben considerarse al determinar la Utilidad Fiscal Neta (UFIN). Ya no se trata únicamente de restar las partidas expresamente señaladas como no deducibles en el artículo 28 de la LISR. También deberán considerarse las erogaciones que no cumplan con los requisitos fiscales, tanto formales como sustanciales, para ser deducibles.

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026 PROYECTO DE NACIÓN

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PENSAMIENTO

Empresas FISCAL

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El efecto puede trasladarse directamente al saldo de la CUFIN. Si la utilidad fiscal neta disminuye, también se reduce la capacidad de distribuir dividendos sin generar una carga adicional de ISR. Por eso, la revisión de los conceptos que integran esta cuenta adquiere mayor relevancia antes de aprobar cualquier reparto de utilidades. En la CUCA, los ajustes apuntan particularmente a las capitalizaciones de pasivos y a la forma en que se reconocen determinadas aportaciones. La reforma establece que los intereses devengados y no pagados, así como el IVA correspondiente, no incrementarán el saldo de la cuenta cuando se capitalicen pasivos. También limita el reconocimiento de aportaciones realizadas mediante cesiones de derechos de cobro, títulos de crédito o cuentas por cobrar: para incrementar la CUCA será necesario que la aportación se cobre efectivamente en dinero. Con ello se busca evitar que las empresas eleven artificialmente el costo fiscal de sus acciones mediante operaciones de capitalización que no representan una entrada efectiva de recursos. Para los grupos empresariales, especialmente aquellos que mantienen operaciones financieras entre partes relacionadas, la revisión de estas estructuras será indispensable. No bastará con acreditar que una operación fue jurídicamente válida; también habrá que demostrar su sustancia económica y el cumplimiento de los requisitos fiscales.

Fusiones, escisiones y reorganizaciones

A S U N T O S

Las modificaciones también alcanzan las fusiones, escisiones y demás reorganizaciones societarias. Las operaciones realizadas a partir del 8 de septiembre de 2026 quedan vinculadas a los controles del Capítulo X a partir del 1 de enero de 2027, de acuerdo con el régimen temporal previsto en la reforma. Otro cambio relevante se refiere a las empresas de nueva creación. Se restringe el beneficio del periodo de cinco años cuando una sociedad 60

recién constituida recibe o explota activos, concesiones, marcas, contratos, inventarios o carteras de clientes de empresas preexistentes que desarrollan actividades similares y mantienen continuidad accionaria. La intención es evitar que una reorganización formal permita presentar como negocio nuevo una actividad económica que, en los hechos, ya existía. A esto se suma la imposibilidad de transferir pérdidas fiscales y deducciones pendientes por efecto de los nuevos límites cuando se realizan fusiones o escisiones. Para el mercado de fusiones y adquisiciones, estas disposiciones pueden modificar las valuaciones y las condiciones de negociación. Los compradores tendrán que prestar mayor atención a la situación fiscal de las sociedades objetivo, particularmente a sus pérdidas acumuladas, cuentas de capital, pasivos y deducciones pendientes. La revisión fiscal dejará de ser un componente más del proceso de due diligence para convertirse en uno de los elementos centrales al determinar el valor de una operación.

Financiamiento y operaciones internacionales

Las reglas relacionadas con el financiamiento empresarial y los pagos al extranjero endurecen las condiciones para conservar la deducibilidad de ciertos conceptos. Uno de los cambios más relevantes es la reducción del límite para deducir intereses netos. El porcentaje pasa de 30% a 20% de la utilidad fiscal ajustada. El remanente que no pueda deducirse conserva un plazo de arrastre de 10 años. La modificación puede encarecer el financiamiento para empresas con altos niveles de apalancamiento, sobre todo aquellas cuyos proyectos requieren inversiones considerables y generan retornos en periodos prolongados. En paralelo, los pagos al extranjero quedan sujetos a condiciones más estrictas. Para que sean deducibles, será necesario acreditar el pago efectivo de la contraprestación, enterar las retenciones de ISR correspondientes y cumplir con las obligaciones informativas aplicables. Esto obliga a coordinar de manera más estrecha las áreas fiscal, jurídica y de tesorería. Una

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operación puede estar correctamente documentada desde el punto de vista contractual, pero si no se cumplen las condiciones de pago y retención, la empresa podría perder la deducibilidad. También cambia el momento en que surge la obligación de retener ISR a residentes en el extranjero. La retención deberá efectuarse cuando ocurra primero cualquiera de estos supuestos: la exigibilidad, el devengo o el pago. El ajuste adelanta, en determinados casos, el momento de entero del impuesto y puede generar necesidades adicionales de liquidez. Para las compañías con operaciones internacionales frecuentes, será necesario revisar sus calendarios de pagos y sus procesos de cumplimiento.

Acceso al RESICO

No todas las modificaciones tienen un sentido restrictivo. La reforma también amplía los límites del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), con el propósito de facilitar la permanencia de pequeños contribuyentes en la formalidad y ofrecer mejores condiciones a las PyMEs y al sector primario. Para las personas físicas, el límite de ingresos anuales aumenta de 3.5 a 5 millones de pesos, mientras se mantiene la tasa máxima progresiva de 2.5%. En las personas morales, el umbral de ingresos pasa de 35 a 50 millones de pesos. El sector agrícola, ganadero, silvícola y pesquero también recibe un ajuste: la exención de ingresos aumenta de 900 mil a un millón de pesos. Estas modificaciones amplían el universo de contribuyentes que po-

drían beneficiarse del régimen. Para muchas pequeñas empresas y personas físicas con actividad empresarial, el cambio puede representar una oportunidad para mantener una estructura tributaria más sencilla y previsible. La modificación también incorpora excepciones al mecanismo que limita las deducciones y la amortización de pérdidas fiscales. Una de ellas corresponde a la industria automotriz terminal, particularmente a las empresas que operan bajo el régimen de depósito fiscal para el ensamble o fabricación de vehículos. La excepción no comprende los ingresos derivados de ventas al mercado doméstico. La otra beneficia a contribuyentes dedicados al expendio, distribución o comercialización de gasolinas y diésel, siempre que cuenten con los permisos regulatorios vigentes. Estas exclusiones reconocen las particularidades de actividades que tienen estructuras operativas, financieras y regulatorias distintas. Sin embargo, también hacen necesario revisar con cuidado los requisitos para determinar qué empresas pueden acogerse a ellas.

Efectos en la economía

Más allá de sus efectos en la contabilidad de las empresas, la reforma plantea preguntas sobre el comportamiento de la inversión, el financiamiento y los precios. Para el gobierno federal, las restricciones a las deducciones y a la utilización de pérdidas fiscales pueden traducirse en una mayor recaudación, particularmente entre grandes contribuyentes. El mecanismo busca reducir los espacios de planeación fiscal que permiten disminuir la base gravable y generar ingresos adicionales sin modificar directamente la tasa general del ISR. El efecto sobre la inversión, en cambio, merece una lectura más cuidadosa. Los sectores que requieren grandes desembolsos de capital y largos periodos para recuperar sus inversiones podrían enfrentar mayores dificultades. Energía, minería, telecomunicaciones y desarrollos inmobiliarios son algunos de los segmentos en los que el costo financiero y las limitaciones a las deducciones pueden tener un peso considerable. La reducción del límite de deducción de intereses al 20%, combinada con el establecimiento de una base gravable mínima, puede modificar la rentabilidad esperada de ciertos proyectos. También podría elevar el costo de capital y afectar decisiones de inversión relacionadas con la relocalización de operaciones productivas o nearshoring. NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026 PROYECTO DE NACIÓN

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PENSAMIENTO

Empresas FISCAL

Hay otro posible efecto que merece atención: el traslado de costos fiscales a los consumidores. Cuando una empresa no puede absorber el incremento de su carga tributaria, puede intentar compensarlo mediante ajustes en los precios de sus productos o servicios. No se trata de un efecto automático ni necesariamente generalizado, pero sí de un riesgo que podría generar presiones adicionales en determinados mercados. En el ámbito corporativo, las nuevas reglas también pueden cambiar la dinámica de las fusiones y adquisiciones. Si las pérdidas fiscales y ciertos atributos de capital dejan de ser transferibles, su valor dentro de una operación disminuye o, al menos, requiere una evaluación distinta. La calidad de la información fiscal y la historia de las operaciones entre partes relacionadas tendrán un peso mayor en las negociaciones.

Planeación fiscal y decisiones de negocio

A S U N T O S

P Ú B L I C O S

La reforma de la LISR para 2027 obliga a las empresas a replantear la relación entre sus decisiones fiscales, financieras y operativas. Ya no será suficiente revisar las obligaciones tributarias al cierre del ejercicio. Los cambios hacen necesario anticipar sus efectos en la generación de efectivo, la estructura de capital y la rentabilidad de los proyectos. Hay tareas que conviene atender antes de que concluya 2026.

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La primera es elaborar una proyección de la tasa efectiva de ISR para 2027. Las empresas deberán calcular cómo inciden el límite de deducciones y la restricción del 50% para amortizar pérdidas fiscales en sus presupuestos y necesidades de tesorería. También será importante revisar los pasivos entre compañías del mismo grupo, las cuentas por cobrar y las operaciones de capitalización. El objetivo es identificar posibles efectos sobre la CUCA y el costo fiscal de las acciones antes de que entren en vigor las nuevas disposiciones. La estructura de financiamiento merece una evaluación independiente. Las compañías con altos niveles de deuda tendrán que medir el efecto del nuevo límite de 20% para la deducción de intereses y determinar si sus actuales esquemas de apalancamiento siguen siendo convenientes. Por último, las operaciones con residentes en el extranjero requieren una revisión de sus procesos de pago, retención y emisión de constancias. La coordinación entre tesorería y fiscal será determinante para evitar que incumplimientos administrativos terminen convirtiéndose en gastos no deducibles. En definitiva, el desafío de 2027 no consistirá solamente en pagar más o menos impuestos. Para muchas empresas, el verdadero reto será conservar la rentabilidad de sus operaciones bajo reglas que modifican la manera de reconocer deducciones, recuperar pérdidas y estructurar el capital. La reforma llevará a los consejos de administración y a las direcciones financieras a incorporar la variable fiscal en decisiones que antes podían evaluarse principalmente desde una perspectiva de negocio. En ese nuevo escenario, anticiparse tendrá un valor económico concreto: permitirá identificar riesgos, ajustar estrategias y evitar que las nuevas disposiciones terminen afectando decisiones de inversión que comprometen el futuro de las compañías.

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PENSAMIENTO

Gobierno FINANZAS PÚBLICAS

LEY FEDERAL DE DERECHOS 2027:

NUEVOS COSTOS DE OPERAR EN MÉXICO La Ley Federal de Derechos para 2027 introduce cambios que, aunque representan una proporción reducida de los ingresos de la Federación, tendrán consecuencias concretas para distintas actividades económicas. Turismo, transporte, ferrocarriles, servicios de salud y telecomunicaciones se encuentran entre los sectores que deberán ajustar sus cuentas ante las nuevas cuotas, modificaciones tarifarias y disposiciones regulatorias.

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Redacción

EL ALCANCE de la reforma merece una

lectura que vaya más allá de su efecto recaudatorio. No se trata de un incremento generalizado de impuestos, sino de una revisión de los pagos que realizan empresas y particulares por utilizar bienes del dominio público, obtener autorizaciones o recibir determinados servicios 64

PROYECTO DE NACIÓN NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026

del gobierno federal. En términos prácticos, son derechos que forman parte del costo de operar en actividades sujetas a regulación o concesión. De acuerdo con las estimaciones presentadas para el ejercicio fiscal 2027, la recaudación por este concepto ascendería a 177 mil


185.9 millones de pesos. Los cambios aprobados aportarían alrededor de 2 mil 319.6 millones de pesos adicionales, una cantidad modesta frente al tamaño de la economía y las necesidades de financiamiento público. Los derechos representarían cerca de 0.44% del PIB. La cifra permite dimensionar su peso en las finanzas nacionales, pero no necesariamente anticipa sus efectos sobre las empresas. Una modificación puede ser marginal para la recaudación federal y, al mismo tiempo, representar un costo importante para una industria, un concesionario o una actividad con márgenes de operación reducidos. Ahí está el punto central de la reforma: su impacto no se distribuirá de manera uniforme. Mientras algunos sectores enfrentarán mayores cuotas, otros recibirán incentivos para ampliar servicios o invertir en infraestructura.

Efectos en los sectores económicos

Los cambios a la Ley Federal de Derechos abarcan actividades muy diferentes. En algunos casos se trata de aumentos directos; en otros, de ajustes a las reglas de cobro, actualización de tarifas o beneficios condicionados al cumplimiento de determinados objetivos. Entre las modificaciones que merecen mayor atención se encuentran las siguientes:

La diversidad de medidas muestra que no existe una sola lógica detrás de la actualización. En ciertos rubros, el objetivo es elevar los ingresos asociados al aprovechamiento de bienes y servicios federales; en otros, se busca modificar los incentivos para favorecer la inversión, ampliar la cobertura o facilitar el acceso a determinados espacios culturales y naturales. La diferencia entre ambos enfoques será importante para evaluar los resultados durante 2027.

Costo de visitar México

Uno de los sectores donde los cambios pueden tener una repercusión más visible es el turismo. El aumento del Derecho de No Residente (DNR) vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que va más allá de la recaudación: cuánto puede encarecerse la experiencia de viajar a México sin afectar su posición frente a otros destinos internacionales. La actividad turística aporta alrededor de 8.7% del PIB y sostiene aproximadamente cinco millones de empleos. Su importancia no se limita a hoteles, restaurantes o aerolíneas. Detrás de cada visitante hay una cadena de proveedores, transportistas, comercios, prestadores de servicios y trabajadores cuya actividad depende, en buena medida, de mantener un flujo constante de viajeros.

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PENSAMIENTO

Gobierno

Con la nueva cuota de 1,158 pesos, el DNR acumularía un incremento superior a 55% desde 2024, de acuerdo con las cifras consideradas en el análisis. La pregunta es si ese aumento puede incorporarse al precio de los viajes sin afectar la decisión de los turistas, particularmente en un mercado donde los destinos del Caribe y Centroamérica compiten por el mismo visitante. El derecho es apenas uno de los componentes de un paquete turístico, pero su acumulación con otros cargos puede incidir en el costo final. En un entorno donde los viajeros comparan precios, conexiones aéreas, hospedaje y servicios, cualquier diferencia puede influir en la elección del destino. Hay otro aspecto que merece atención: el destino de los recursos recaudados. La distribución prevista asigna 57% a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15% al Instituto Nacional de Migración y 28% a la Tesorería de la Federación. En este esquema no aparece una proporción asignada expresamente a la promoción turística internacional. Esto abre una discusión sobre la relación entre los recursos que aporta la actividad turística y los instrumentos presupuestales destinados a sostener su competitividad. El incremento de una cuota puede fortalecer los ingresos públicos, pero sus efectos sobre el sector también dependen de que existan condiciones para conservar y atraer visitantes.

Costos para mover personas y mercancías

La aviación y el transporte ferroviario enfrentan modificaciones que pueden repercutir en sus costos de operación, aunque por vías distintas. En el caso de las aerolíneas, el aumento de 10% en los derechos por utilización del espacio aéreo mexicano representa un nuevo compo-

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FINANZAS PÚBLICAS

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nente de gasto. Su efecto dependerá de la estructura de costos de cada empresa, el número de operaciones, las rutas que cubre y su capacidad para absorber incrementos sin modificar sus tarifas. No es un costo aislado. La industria aérea opera con márgenes sensibles a las variaciones en combustible, mantenimiento, arrendamiento de aeronaves, personal y servicios aeroportuarios. En ese contexto, los nuevos derechos se suman a una estructura de gastos que las compañías deben revisar de manera permanente. El efecto podría llegar al pasajero mediante ajustes tarifarios, aunque no necesariamente de forma inmediata ni en la misma proporción para todas las rutas. La competencia y la demanda serán determinantes para establecer cuánto de ese incremento termina trasladándose al precio de los boletos. En el sector ferroviario, el cambio tiene una dimensión distinta. Para las concesiones con más de 15 años, la tasa sobre ingresos brutos pasa de 1.25% a 3%. El ajuste merece atención porque no se calcula sobre la utilidad, sino sobre los ingresos, lo que significa que su efecto puede sentirse incluso cuando los márgenes de operación son reducidos. Para los concesionarios, esto obliga a revisar sus proyecciones financieras y los recursos destinados a mantenimiento, modernización y ampliación de infraestructura. También puede influir en las decisiones de inversión de largo plazo, especialmente en proyectos que requieren capital intensivo y periodos prolongados para recuperar los recursos invertidos. Una parte del costo podría trasladarse a las tarifas de transporte de mercancías. Si eso ocurre, el efecto no se quedaría dentro de la industria ferrovia-

PROYECTO DE NACIÓN NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026


ria: podría alcanzar a empresas que dependen de este medio para movilizar productos y materias primas. La conservación de una tasa de 0.5% para los nuevos proyectos introduce, por su parte, una diferencia de tratamiento entre concesiones. Habrá que observar cómo incide esa disposición en las decisiones de inversión y en la competitividad de los distintos operadores.

Costos regulatorios en salud

Las modificaciones relacionadas con COFEPRIS también merecen atención. La actualización de 29 servicios y trámites sanitarios alcanza actividades que van desde las autorizaciones y licencias de funcionamiento hasta los protocolos de investigación clínica y el manejo de fuentes de radiación. Para las empresas farmacéuticas, los fabricantes de dispositivos médicos, los laboratorios y los establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria, estos pagos forman parte de los costos necesarios para operar y mantener sus productos y servicios dentro del marco regulatorio. El problema aparece cuando los incrementos se acumulan sobre procedimientos que ya requieren inversión, personal especializado, documentación técnica y tiempos de evaluación. Para una compañía grande, el ajuste puede representar una partida adicional dentro de su presupuesto. Para una empresa pequeña o un nuevo participante, puede convertirse en una barrera que retrase su entrada al mercado. En este sector, sin embargo, conviene distinguir entre el costo administrativo de cumplir con la regulación y el costo de producir o prestar

un servicio. No todo incremento en derechos se traduce automáticamente en un aumento para el consumidor. La capacidad de absorción de las empresas, el nivel de competencia y la naturaleza del producto determinarán cuánto de ese gasto termina incorporándose al precio. Aun así, el tema tiene implicaciones para la innovación y la investigación. Cuando los procedimientos regulatorios se encarecen, las empresas pueden revisar el calendario de nuevos desarrollos, los recursos destinados a investigación clínica o la conveniencia de introducir determinados productos al mercado mexicano.

Incentivos en Telecomunicaciones

Las telecomunicaciones presentan una lógica diferente. En lugar de concentrarse en aumentos, las modificaciones contemplan reducciones de hasta 12% en determinadas cuotas por uso del espectro radioeléctrico y exenciones que pueden llegar a 100%, sujetas al cumplimiento de metas de cobertura. La medida busca incentivar a los operadores para extender sus servicios hacia regiones con menor conectividad, zonas prioritarias y determinados tramos carreteros. El planteamiento tiene una dimensión económica y social. El acceso a internet y a los servicios de telecomunicaciones es cada vez más importante para la educación, el comercio, la actividad productiva y la prestación de servicios públicos. Ampliar la cobertura puede generar beneficios que van más allá de las empresas que realizan las inversiones. Sin embargo, el resultado dependerá de las condiciones concretas bajo las cuales se apliquen los incentivos. La reducción de derechos puede mejorar la ecuación financiera de un proyecto, pero no elimina los costos de instalar infraestructura, mantener redes y atender localidades donde la demanda todavía es limitada. Por ello, será importante observar si los beneficios se traducen efectivamente en nuevas inversiones y una mayor cobertura, o si terminan concentrándose en operadores que ya cuentan con infraestructura en las regiones beneficiadas. NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026 PROYECTO DE NACIÓN

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PENSAMIENTO

Gobierno FINANZAS PÚBLICAS

En materia de agua y medio ambiente, la reforma contempla ajustes en derechos relacionados con concesiones, aprovechamientos y ocupación de la Zona Federal Marítimo Terrestre. También incorpora disposiciones sobre el uso de medidores autorizados por CONAGUA. Para los usuarios y concesionarios, estos cambios implican revisar tanto los pagos como las condiciones administrativas bajo las cuales realizan sus actividades. En particular, la medición adquiere relevancia porque permite establecer con mayor precisión los volúmenes de agua utilizados y, con ello, las obligaciones correspondientes. El efecto económico dependerá de la actividad, el volumen de aprovechamiento y las características de cada concesión. En sectores intensivos en consumo de agua, cualquier modificación en los derechos o en las obligaciones de medición puede influir en los presupuestos de operación. En este caso, el análisis no debería limitarse al monto de la recaudación. La disponibilidad del recurso, la eficiencia en su utilización y la capacidad de vigilancia de la autoridad también forman parte de la discusión. Por otra parte, las exenciones previstas para museos, sitios arqueológicos y Áreas Naturales Protegidas incorporan una dimensión distinta a la reforma. La gratuidad y las facilidades de acceso pueden contribuir a ampliar la participación de la población en

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Exigencias en materia de agua y medio ambiente

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actividades culturales y recreativas, aunque sus resultados también dependerán de los recursos disponibles para conservar y administrar esos espacios.

¿Quién paga los nuevos derechos?

La pregunta relevante para las empresas y los consumidores no es únicamente cuánto aumentan las cuotas, sino quién termina absorbiendo ese costo. No existe una respuesta única. Cada industria tiene condiciones particulares y distintas posibilidades para ajustar sus precios, reducir gastos o modificar sus inversiones. En mercados con competencia intensa, como algunas rutas aéreas o determinados servicios de telecomunicaciones, las empresas pueden tener dificultades para trasladar íntegramente los incrementos a sus clientes. En esos casos, una parte del costo podría reflejarse en menores márgenes, ajustes presupuestales o postergación de inversiones. En otras actividades, donde existen menos alternativas para el consumidor o los servicios son indispensables, la posibilidad de trasladar los aumentos puede ser mayor. Esto merece especial atención en los servicios regulados y en las actividades vinculadas con la salud, aunque la incidencia final dependerá de las condiciones de cada mercado. También hay efectos indirectos. Un aumento en los costos ferroviarios puede repercutir en el transporte de mercancías; una modificación en los gastos de las aerolíneas puede influir en el precio de los viajes, y una mayor carga administrativa para las empresas sanitarias puede incidir en sus decisiones de inversión y comercialización. La ciudadanía no necesariamente verá reflejados estos cambios como un nuevo impuesto en sus recibos o declaraciones. Es posible que los perciba de otra manera: en el precio de un boleto de avión, en el costo de un viaje internacional o en los productos y servicios que dependen de actividades sujetas a regulación.

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PENSAMIENTO

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ECONOMÍA

RADIOGRAFÍA DE LA ECONOMÍA MEXICANA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2026 La economía mexicana cerró el tercer trimestre de 2026 con un resultado mejor al que anticipaba buena parte del mercado. Entre julio y septiembre, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.9% respecto al trimestre anterior y 3.2% a tasa anual. El dato confirma que la actividad económica conservó dinamismo durante el verano, aunque detrás de ese avance hay una realidad menos uniforme: los servicios y las exportaciones sostienen buena parte del crecimiento, mientras la industria comienza a perder fuerza y el consumo interno no termina de despegar.

EL CONTRASTE con el segundo trimestre es significativo.

El crecimiento trimestral pasó de 1.4% a 0.9%, una moderación que, sin embargo, mantiene el ritmo por encima del promedio de 0.4% registrado durante la última década. No es un resultado menor en un entorno de incertidumbre externa, pero tampoco una señal para dar por descontados los riesgos que enfrenta la economía en los últimos meses del año. Al revisar el comportamiento de los sectores productivos aparece con claridad dónde está la fortaleza de la economía y cuáles son sus puntos más vulnerables. Los servicios volvieron a ocupar el primer plano. Su crecimiento de 1.1% en el trimestre, superior al del conjunto de la economía, confirma su peso como principal soporte de la actividad. El comercio, el transporte y los servicios empresariales han contribuido a mantener el movimiento económico, incluso cuando otros sectores muestran dificultades. La industria, en cambio, ofrece una lectura menos alentadora. Aunque las actividades secundarias reportaron un crecimiento de 0.8% en el trimestre, el comportamiento de septiembre modificó el panorama. Ese mes, la actividad industrial cayó 1.4% respecto a agosto, con retrocesos de 1.7% en manufacturas y 2.0% en construcción. El Indicador Mensual de la Actividad Industrial apenas acumuló un avance de 0.1% frente al trimestre anterior. En otras

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PENSAMIENTO

Coyuntura ECONOMÍA

palabras, la industria consiguió mantenerse en terreno positivo, pero llegó al cierre de septiembre con muy poco impulso. La evolución de la manufactura y la construcción será determinante para saber si se trata de una pausa o del comienzo de una desaceleración más prolongada.

Exportaciones dinámicas, consumo interno más cauteloso

El sector externo volvió a darle oxígeno a la economía. Entre enero y septiembre, las exportaciones totales aumentaron 25.4% anual, con un desempeño particularmente favorable de las manufacturas, que avanzaron 26.7%. Además, el promedio móvil de tres meses mostró un crecimiento de 2.3% a septiembre, una señal de que las ventas al exterior conservaron dinamismo durante buena parte del periodo. No todos los componentes del comercio exterior tuvieron el mismo comportamiento. La plataforma petrolera siguió perdiendo terreno y registró una caída de 5.2% en septiembre. La diferencia entre el desempeño manufacturero y el petrolero vuelve a poner de manifiesto el cambio en la composición de las exportaciones mexicanas y la creciente importancia de la actividad industrial vinculada a los mercados internacionales. Dentro del país, el panorama es más moderado. El consumo privado no ha mostrado la misma fuerza que las exportaciones. Las ventas minoristas crecieron apenas 0.3% mensual en agosto, mientras que su variación anual, medida en serie suavizada,

Sector / Indicador

PIB real total

Actividades terciarias

70

Variación trimestral (3T 2026) 0.9%

1.1%

Actividades secundarias

0.8%

Actividades primarias

-0.4%

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fue de 2.5%. No se trata de una contracción, pero sí de un avance que obliga a mirar con cautela la capacidad del mercado interno para convertirse en un motor más sólido. Las remesas tampoco ofrecen, por ahora, un impulso particularmente fuerte. En septiembre aumentaron 0.2% mensual y el crecimiento acumulado anual fue de apenas 1.2%. Después de varios años en los que estos recursos fueron un respaldo importante para el gasto de millones de hogares, su menor dinamismo añade otra pieza a la discusión sobre la fortaleza del consumo. La economía crece, pero no todos los componentes de la demanda participan con la misma intensidad. Esa diferencia importa: una expansión apoyada en las exportaciones y los servicios puede sostener buenos resultados durante algunos trimestres, aunque su continuidad depende también de que el ingreso de los hogares y la inversión mantengan suficiente capacidad de respuesta.

Un mercado laboral con señales encontradas

Los datos del empleo presentan una de las contradicciones más interesantes del periodo. Por un lado, septiembre registró la creación de 43,700

Variación anual (3T 2026)

Lectura económica

3.2%

La tasa anual avanzó desde 1.9% en el segundo trimestre. El crecimiento trimestral se mantiene por encima de su promedio histórico.

3.3%

Principal fuente de crecimiento, con el comercio, el transporte y los servicios empresariales entre sus impulsores.

3.1%

1.8%

Resultado positivo en el balance trimestral, aunque con un deterioro marcado hacia septiembre. El único sector que registró una contracción trimestral.


Pronósticos de crecimiento de 2026

puestos formales, un aumento de 2.3% mensual y de 1.6% anual. La tasa de desocupación descendió a 2.6%, su nivel más bajo, con una reducción de 0.1 puntos porcentuales. Sin embargo, el empleo total, que incluye tanto a trabajadores formales como informales, se contrajo 0.5% anual. La diferencia entre ambos indicadores merece atención. El crecimiento de los registros formales es positivo, pero no necesariamente significa que la economía esté generando más oportunidades de trabajo en términos generales. La caída del empleo agregado apunta a una capacidad de absorción laboral menos dinámica. A esta lectura se suman las presiones sobre los precios. La inflación general pasó de 3.3% anual en agosto a 3.5% en septiembre. La subyacente, que permite observar con mayor claridad la persistencia de las presiones inflacionarias, bajó ligeramente a 3.8%. Sin embargo, los servicios continúan mostrando resistencia, con una inflación de 4.3%. Este último componente es especialmente relevante para la política monetaria. Mientras los precios de los servicios no cedan de manera más clara, el margen para relajar las condiciones financieras seguirá siendo limitado. El problema es que unas tasas de interés elevadas durante más tiempo también pueden restar fuerza al crédito, la inversión y el consumo. El tipo de cambio añadió otra fuente de incertidumbre. El peso pasó de un promedio de 17.3 unidades por dólar en septiembre a 18.4 en octubre. La depreciación refleja un entorno de mayor aversión al riesgo y sensibilidad frente a los acontecimientos externos. También puede trasladarse, aunque no de manera automática ni inmediata, a los precios de bienes importados y a los costos de producción de algunas empresas.

El resultado del tercer trimestre obligó a revisar los pronósticos para el cierre del año. La discusión se mueve ahora entre dos escenarios: uno más conservador, cercano a 1.5%, y otro que coloca el crecimiento alrededor de 2.0%. En el primer grupo se encuentran la mediana de la encuesta de Banco de México, que subió su estimación de 1.4% a 1.5%, y el Fondo Monetario Internacional, que también ajustó su previsión de 1.2% a 1.5%. Para 2027, el organismo internacional anticipa un crecimiento de 1.8%. Del lado más optimista están la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como instituciones financieras como Banamex y Monex, cuyas estimaciones apuntan a un crecimiento cercano a 2.0%. Finamex, por su parte, elevó su pronóstico a 1.8%. La diferencia entre ambos escenarios no es menor, pero el dato del tercer trimestre obliga a revisar qué tan probable resulta cada uno. Desde una perspectiva aritmética, alcanzar un crecimiento anual de 1.5% después del avance observado entre julio y septiembre exigiría una contracción trimestral cercana a 1.3% en los últimos tres meses del año. Se trata de un retroceso considerable, difícil de conciliar con el comportamiento que han mostrado hasta ahora los servicios y las exportaciones manufactureras. Por eso, un crecimiento de entre 1.8% y 2.0% parece hoy un escenario más consistente con la trayectoria observada. La parte alta de ese rango, sin embargo, no está asegurada. Dependerá de que la caída industrial de septiembre no se prolongue, de que las exportaciones mantengan su ritmo y de que el deterioro cambiario y las presiones inflacionarias no terminen por debilitar todavía más el consumo. La previsión de inflación de 3.9% para octubre añade un elemento de cautela. Si el repunte se confirma y coincide con una mayor presión sobre el tipo de cambio, los hogares podrían enfrentar un nuevo desgaste de su poder adquisitivo justo cuando el consumo necesita recuperar fuerza. La economía mexicana llega al cierre de 2026 con mejores cifras de crecimiento de las que se anticipaban, pero eso no significa que todos sus problemas hayan quedado atrás. Los servicios y las exportaciones han hecho buena parte del trabajo; la industria, el empleo agregado y el consumo muestran una realidad menos favorable. El reto será convertir el buen resultado de un trimestre en una expansión más equilibrada y, sobre todo, sostenible.

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PENSAMIENTO

Coyuntura INTERNACIONAL

ELECCIONES EN EUA Redacción whitehouse.gov house.gov Moisés Cervantes

Las elecciones intermedias celebradas en Estados Unidos el 3 de noviembre de 2026 dejaron un resultado que modifica de manera importante el escenario político del país. El Partido Demócrata consiguió recuperar el control de las dos cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, desplazando a los republicanos de las mayorías que habían mantenido. LA VICTORIA no es menor. Donald Trump tendrá

que afrontar los dos últimos años de su mandato con un Congreso dominado por la oposición, una circunstancia que reducirá su margen para impulsar iniciativas legislativas y dará a los demócratas mayores herramientas para supervisar las decisiones de la Casa Blanca.

Nuevo mapa del Congreso

Aun por definir los conteos en 12 distritos, los resultados preliminares muestran una recuperación importante para los demócratas en ambas cámaras. En la Cámara de Representantes ganó 255 escaños con la proyección de ganar hasta 262 del total de 435; mientras que el Partido Republicano se quedaría hasta con 173 escaños. En tanto, en el Senado -con 2 resultados pendientes- los demócratas lograron 54 espacios y los republicanos se quedaron con 44 de los 100 escaños.

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Este resultado deja a Trump sin el respaldo mayoritario de su partido en el Congreso durante la parte final de su presidencia. En adelante, buena parte de su agenda dependerá de su capacidad para negociar con los demócratas o encontrar acuerdos puntuales con legisladores republicanos. La recuperación demócrata también se explica por su desempeño en estados donde los republicanos habían conseguido consolidar posiciones importantes. Entre las contiendas más relevantes destacan Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Kansas, Texas, Iowa, Maine, Minnesota y New Hampshire. Algunas de las victorias más significativas fueron: • Texas: James Talarico derrotó a Ken Paxton, en uno de los resultados más inesperados de la jornada. • Kansas: Adam Hamilton venció a Roger Marshall y se convirtió en el primer senador demócrata del estado en casi un siglo.


• Maine: Susan Collins, quien ocupaba un escaño republicano desde hacía tres décadas, perdió la elección. • Ohio: Sherrod Brown recuperó terreno al derrotar al republicano Jon Husted. El avance también alcanzó a los gobiernos estatales. Los demócratas consiguieron elevar su presencia a por lo menos 28 gubernaturas, frente a 22 en manos republicanas. Entre los triunfos que más llamaron la atención se encuentran el de Gina Hinojosa en Texas, quien derrotó al gobernador Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina elegida para gobernar ese estado; el de Keisha Lance Bottoms en Georgia; el de Amy Acton en Ohio, frente a Vivek Ramaswamy; el de Rob Sand en Iowa, y el de Xavier Becerra en California. La magnitud del resultado refleja algo más que un cambio en la composición del Congreso. Los republicanos perdieron terreno en territorios donde habían construido una presencia política sólida, mientras que los demócratas encontraron respaldo entre electores preocupados por la situación económica, el costo de vida, la atención médica y el estado de la democracia estadounidense. Estos factores aparecen entre las principales explicaciones de la derrota republicana señaladas por distintos medios.

Trump sin mayoría en el Congreso

El resultado electoral cambia las condiciones en las que Trump tendrá que gobernar hasta enero de 2029. No pierde la presidencia ni las atribuciones constitucionales del Ejecutivo, pero sí una de las principales ventajas políticas con las que había contado: la posibilidad de apoyarse en mayorías republicanas para sacar adelante su programa. La diferencia se hará sentir especialmente en la política interna. Las iniciativas sobre impuestos, gasto público, migración, aranceles y programas federales tendrán que abrirse paso en un Congreso donde la oposición cuenta ahora con capacidad para bloquearlas o modificarlas. El veto presidencial seguirá siendo una herramienta importante. Trump podrá rechazar los proyectos aprobados por ambas cámaras, pero los demócratas no tendrán por sí solos los votos necesarios para superar esa decisión. Para anular un veto se requiere una mayoría de dos tercios en el Senado y en la Cámara de Representantes. Esto introduce un escenario de equilibrio incómodo: el Congreso podrá dificultar seriamente la agenda presidencial, aunque tampoco tendrá la fuerza suficiente para imponer fácilmente sus propias iniciativas frente a la resistencia de la Casa Blanca.

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PENSAMIENTO

Coyuntura INTERNACIONAL

moción requiere una mayoría mucho más amplia en el Senado. Los próximos dos años apuntan, por tanto, a una relación más tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo. El mayor escrutinio sobre la Casa Blanca no significa necesariamente que Trump enfrente un proceso de destitución, pero sí que tendrá menos espacio para actuar sin supervisión política.

Contrapesos en política exterior

Disputa por el presupuesto

Más allá de las discusiones legislativas, el control del presupuesto será uno de los instrumentos más efectivos de los demócratas. Las leyes de asignaciones determinan los recursos con los que operan las dependencias federales y se financian los programas gubernamentales. Desde el Congreso, los legisladores podrán negociar esos recursos e intentar frenar recortes de personal, modificaciones a programas públicos o decisiones administrativas que consideren contrarias a sus prioridades. La negociación presupuestaria podría convertirse en un terreno de confrontación constante. Si la Casa Blanca rechaza las condiciones impuestas por los legisladores, el desacuerdo puede terminar en un cierre parcial del gobierno federal. El Senado también tendrá un papel determinante en los nombramientos. La nueva mayoría demócrata podrá retrasar o rechazar las propuestas presidenciales para ocupar cargos en el gabinete, dependencias federales y tribunales. Esto complicará la renovación de puestos estratégicos y obligará a Trump a buscar acuerdos que antes no necesitaba.

Vigilancia sobre la Casa Blanca

La recuperación de la Cámara de Representantes abre otro frente para el presidente: la fiscalización de su administración. Los comités legislativos podrán revisar contratos, gastos públicos, decisiones migratorias, actuaciones de las agencias federales y posibles conflictos de interés. También tendrán facultades para citar a funcionarios y solicitar información sobre las decisiones del gobierno. En este contexto, podrían surgir investigaciones de alto perfil y, eventualmente, iniciativas de impeachment contra integrantes del gabinete. Sin embargo, una acusación de este tipo no implica automáticamente la destitución de un funcionario, pues su re-

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En política exterior, Trump conservará atribuciones importantes como comandante en jefe. Podrá mantener la conducción diplomática, negociar con otros gobiernos, imponer sanciones y ordenar operaciones militares dentro de sus facultades constitucionales. La diferencia estará en el papel que puede desempeñar el Congreso. Los demócratas tendrán la posibilidad de revisar el financiamiento militar, exigir información sobre operaciones internacionales, cuestionar compromisos de la administración y presionar para que determinadas decisiones pasen por una mayor deliberación legislativa. Por eso, es probable que Trump recurra con mayor frecuencia a órdenes ejecutivas, negociaciones presidenciales y mecanismos administrativos para avanzar en sus prioridades. Sin embargo, estas decisiones estarán más expuestas a la supervisión del Congreso, a los recortes presupuestarios y a posibles impugnaciones judiciales.

Veto presidencial

Perder el control del Congreso no significa que el presidente quede sin instrumentos para gobernar. La Constitución le reserva facultades que puede ejercer sin necesidad de obtener primero el respaldo de una mayoría legislativa. La más importante, en este nuevo escenario, será el veto. Trump podrá rechazar los proyectos de ley que considere contrarios a sus objetivos. Para superar esa decisión, los demócratas necesitarían 290 votos en la Cámara de Representantes y 67 en el Senado. Con una mayoría de alrededor de 254 escaños en la Cámara y 54 en el Senado, estarían lejos de alcanzar esos umbrales sin el apoyo de un número significativo de republicanos. Existe también el llamado pocket veto, un mecanismo mediante el cual un presidente puede impedir que un proyecto se convierta en ley al no firmarlo cuando el Congreso concluye su periodo de sesiones, siempre que se cumplan las condiciones constitucionales. No puede utilizarse de la misma manera cuando el Congreso permanece reunido.


Frecuencia en las órdenes ejecutivas

Es previsible que Trump intensifique el uso de órdenes ejecutivas, proclamas y decisiones de las agencias federales para mantener el ritmo de su programa de gobierno. Los temas de migración, comercio, regulación ambiental, aplicación de las leyes y política exterior ofrecen distintos espacios para ejercer esas facultades. El presidente ya ha recurrido a esta vía incluso cuando su partido tenía el control del Congreso, por lo que no sería extraño que ahora la utilice con mayor frecuencia. Pero conviene distinguir entre una orden ejecutiva y una ley. Los decretos presidenciales permiten dirigir la administración y establecer criterios de actuación dentro del marco jurídico vigente; no otorgan al presidente la facultad de legislar por cuenta propia. Tampoco pueden contradecir una norma aprobada por el Congreso. Su aplicación, además, puede ser cuestionada ante los tribunales. El Congreso conserva la posibilidad de aprobar una ley para modificar o limitar los efectos de determinadas decisiones ejecutivas, aunque Trump tendría la opción de vetarla. Hay áreas en las que el presidente mantiene un margen particularmente amplio: • Política exterior: puede conducir las relaciones diplomáticas, imponer sanciones y negociar acuerdos ejecutivos. Sin embargo, los tratados y buena parte del financiamiento de las operaciones internacionales requieren la intervención del Congreso. • Aranceles y comercio: conserva facultades relevantes para imponer o modificar gravámenes mediante disposiciones legales que delegan autoridad al Ejecutivo. El Congreso puede intentar restringirlas mediante una nueva legislación. • Aplicación de las leyes: tiene capacidad para establecer prioridades, distribuir recursos y orientar el trabajo de las dependencias federales, siempre dentro de los límites legales y judiciales. • Indultos presidenciales: mantiene la facultad constitucional de conceder perdones por delitos federales, una atribución que no depende de la aprobación del Congreso.

En contraste, los grandes cambios fiscales, las reformas migratorias de alcance nacional, las modificaciones a los programas sociales y las nuevas leyes de importancia económica o política enfrentarán un camino mucho más complicado. La Cámara de Representantes también podrá impulsar investigaciones, llamar a comparecer a funcionarios y revisar el uso de los recursos públicos. El escenario más probable es una confrontación selectiva. Trump utilizará el veto para contener las iniciativas demócratas y recurrirá a las atribuciones ejecutivas para mantener sus prioridades. Del otro lado, la oposición tendrá en el presupuesto, las investigaciones y las confirmaciones del Senado sus principales instrumentos de presión. Incluso podría recurrir a una estrategia de exposición política: aprobar iniciativas populares en materias como salud, vivienda o energía, aun cuando sepa que Trump puede vetarlas. El objetivo sería colocar al presidente frente al costo público de rechazar propuestas con respaldo ciudadano y trasladar a los republicanos parte de la responsabilidad por el bloqueo legislativo. En definitiva, Trump conserva un poder defensivo considerable y capacidad para actuar desde el Ejecutivo, pero ya no podrá impulsar su agenda legislativa con la misma libertad. La relación con el Congreso será uno de los principales factores que definirán el cierre de su presidencia.

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PENSAMIENTO

Coyuntura INTERNACIONAL

MÉXICO ANTE EL NUEVO MAPA POLÍTICO EN EUA El resultado electoral en EUA abre una etapa con oportunidades y riesgos para México. La llegada de una mayoría demócrata al Congreso puede ampliar los espacios de interlocución y negociación en Washington, pero no supone un cambio automático en la política estadounidense hacia nuestro país. Redacción Facebook Moisés Cervantes

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TRUMP seguirá al frente de la Casa

Blanca y conservará facultades ejecutivas que han sido determinantes en la relación bilateral, particularmente en materia de comercio, migración y seguridad. Por eso, sería un error interpretar la victoria demócrata como una garantía de que disminuirán las presiones sobre México.

Comercio y T-MEC

Uno de los principales espacios de oportunidad para México estará en la discusión comercial. Con el control del Congreso, los demócratas tendrán mayores posibilidades de revisar los efectos de los aranceles impulsados por Trump y cuestionar sus consecuencias para las empresas y los consumidores estadounidenses. Los comités legislativos podrán abrir investigaciones y presionar para que las decisiones comerciales de la Casa Blanca tengan mayor sustento técnico y certidumbre. Esto puede favorecer una discusión más institucional sobre la revisión del T-MEC y sobre las condiciones que deben prevalecer para mantener la integración económica de América del Norte. Sin embargo, no significa que los aranceles vayan a desaparecer. Trump conserva facultades para imponer restricciones comerciales mediante mecanismos ejecutivos, entre ellos la Sección 232, que permite establecer medidas por razones de seguridad

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nacional sin requerir una aprobación legislativa previa para cada decisión. Los sectores automotriz, siderúrgico y del aluminio seguirán particularmente expuestos a esta incertidumbre. La discusión sobre las reglas de origen y la presencia de China en las cadenas de suministro regionales también seguirá ocupando un lugar relevante. En este punto, México no debe asumir que el nuevo Congreso tendrá una posición favorable a sus intereses. Los demócratas también mantienen preocupaciones sobre la competencia china, la relocalización industrial y la seguridad económica de Estados Unidos.

Migración y frontera

En materia migratoria, la presencia demócrata en el Congreso puede abrir canales de diálogo más receptivos a propuestas que incorporen criterios de legalidad, ordenamiento y respeto a los derechos humanos. Los gobernadores y legisladores demócratas podrían convertirse en interlocutores importantes para México, especialmente en estados donde la cooperación fronteriza y las relaciones económicas tienen un peso considerable. La llegada de Gina Hinojosa al gobierno de Texas es particularmente relevante. Su administración podría marcar una diferencia en la relación de las autoridades estatales con las operaciones federales del


Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a partir de 2027. Aun así, el control fronterizo y la contención de los flujos migratorios seguirán siendo prioridades de la política estadounidense. Se trata de asuntos que cuentan con respaldo en ambos partidos y que difícilmente desaparecerán de la agenda nacional. El Congreso demócrata podrá investigar deportaciones, cuestionar procedimientos y revisar posibles abusos, pero eso no implica que tenga la capacidad de revertir por sí solo la orientación restrictiva de la administración Trump.

Seguridad y narcotráfico

La seguridad probablemente será uno de los ámbitos con mayor continuidad en la relación bilateral. El combate al fentanilo, al crimen organizado transnacional y a las redes financieras ilícitas cuenta con respaldo tanto entre republicanos como entre demócratas. Por ello, Washington seguirá exigiendo resultados concretos a México en materia de detenciones, extradiciones, intercambio de información y cooperación operativa. Lo que podría cambiar es la forma de plantear las exigencias. Un Congreso demócrata puede favorecer una relación más institucional, con mayor peso de la diplomacia y de los mecanismos de coordinación entre ambos países, en lugar de una estrategia basada exclusivamente en amenazas o declaraciones unilaterales. Pero el tono no debe confundirse con una reducción de las demandas. La presión para mostrar resultados contra los cárteles seguirá presente y continuará siendo un componente central de la agenda bilateral.

La integración económica entre los dos países ha alcanzado un nivel que hace difícil pensar en un desacoplamiento comercial de corto plazo. Las cadenas de suministro, las inversiones y el intercambio industrial generan intereses compartidos que pueden funcionar como un contrapeso frente a las decisiones unilaterales. Eso no elimina los riesgos. Trump puede seguir utilizando los aranceles y las reglas comerciales como instrumentos de presión política, y el nuevo Congreso no tiene facultades para impedir automáticamente todas esas decisiones. Para México, la prioridad será aprovechar los mayores espacios de diálogo para conseguir condiciones comerciales más estables, defender la vigencia y certidumbre del T-MEC, buscar reducciones arancelarias y proteger las cadenas de suministro de América del Norte. La nueva correlación de fuerzas en Washington ofrece una oportunidad para diversificar las relaciones políticas y fortalecer los canales institucionales. Pero también exige una diplomacia más activa, capaz de negociar con actores que pueden tener intereses distintos y, en ocasiones, posiciones encontradas. El resultado de las elecciones intermedias no transforma por sí mismo la relación bilateral. Lo que hace es modificar el tablero en el que ambos países tendrán que negociar durante los próximos dos años. México puede encontrar más interlocutores y mayores contrapesos frente a las decisiones de Trump. Lo que no debe esperar es que desaparezcan las presiones comerciales, migratorias y de seguridad. La tarea será convertir ese nuevo equilibrio político en acuerdos concretos que den certidumbre a la relación bilateral.

México, una nueva visión estratégica

El nuevo escenario obliga a México a ampliar su interlocución política en Estados Unidos. Ya no bastará con concentrar la negociación en la Casa Blanca. Será necesario trabajar también con el Congreso, los gobiernos estatales, las empresas y los sectores productivos de ambos partidos.

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PROYECCIÓN

Especialistas TURISMO

CONTAR MÉXICO, ABRIR CAMINO E INSPIRAR RAQUEL SOLVES Conductora, productora ejecutiva y directora Redacción

Cortesía

F. Izquierdo

Raquel Solves ha construido una trayectoria que cruza entretenimiento, viajes, gastronomía y aventura. Hoy celebra el éxito de México a Mordidas, disponible en Prime Video, y prepara nuevos estrenos que llevarán sus historias aún más lejos.

PERFIL Y TRAYECTORIA

ESPAÑOLA radicada en México, ha hecho de la curiosidad y el trabajo en equipo el motor de una carrera que combina su presencia frente a cámara con una participación profunda detrás de cada proyecto. Su paso por espacios como Sale el Sol y Qué Importa, así como por Una maja en México, le ha permitido conectar con distintos públicos y mostrar diferentes facetas de su oficio.

80

Raquel Solves egresó de la escuela Brodway Dance Center de Nueva York, también se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa y fue conductora de programas de televisión como “Una maja en México”.

@raquelsolves Raquel Solves

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Para Solves, conducir es solo una parte del proceso: también participa en la producción y dirección de los contenidos que cuentan las historias que le importan. Uno de sus logros más recientes es México a Mordidas, una serie que celebra la gastronomía como puerta de entrada a las tradiciones, los destinos y las personas que dan vida al país. Disponible en Prime Video, el programa está teniendo una gran acogida. Su recorrido continuará próximamente con su llegada a otras plataformas de México, Latinoamérica y el mercado internacional. Además, ya prepara una segunda temporada, con nuevas historias y sabores por descubrir. La aventura también ocupa un lugar esencial en su trayectoria. Con Inexplorado, Solves ha recorrido paisajes y comunidades para acercar al público a experiencias, destinos y personajes fuera de las rutas habituales. El éxito del programa abre ahora la expectativa de una nueva temporada. Su liderazgo se expresa en la capacidad de impulsar proyectos y reunir a equipos para hacerlos realidad. En una industria donde las mujeres siguen abriendo espacios, Solves participa en distintas etapas de la creación: propone, conduce, produce y dirige. Su recorrido inspira porque muestra que es posible ampliar el propio papel y transformar una pasión en una plataforma para contar historias. Entre la pantalla, los caminos y las mesas de México, Raquel Solves sigue construyendo una carrera con identidad propia. Lo que viene promete nuevas aventuras y una segunda temporada de México a Mordidas: más lugares, más encuentros y más historias para compartir.


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