OPINIÓN Astacio: un tele-evangelista que sueña con una alcaldía

Me pareció un pastor cristiano muy egocéntrico, arrogante y falto de tacto. Claro «todo es según el cristal con que se miré», dice la salsa del dueto maravilloso formado por el trombonista y arreglista Willy Colón y el compositor y cantante Rubén Blades. Nuestro único encuentro se produjo en una iglesia que pastoreaba en un edificio de la avenida 27 de Febrero, de mi amado y siempre recordado ensanche Miraflores. Un colectivo de jóvenes estaba activando un gremio para apoyar artistas cristianos, que estaría formado por comunicadores, productores y promotores. El ahora pastor y político prestaba, generosamente, «las instalaciones de su templo» para las reuniones formativas y eventos puntuales del gremio en cuestión. En esos días, estábamos «viviendo nuestro primer amor» en los caminos del cristianismo protestante. Hacíamos ayunos, cilicios y participábamos militantemente en cruzadas en las calles, ganando «almas» para el invencible ejército del redentor. Un grupo de jóvenes comunicadores cristianos me llevó a la oficina del pastor Dioris Astacio. Hablamos de un proyecto textilero que tengo de desarrollar una «marquilla» para producir ropas para cristianos. Recuerdo que le propuse al hoy pastor y político un acuerdo para que me permitiera vender mis camisetas con frases cristianas en sus eventos a favor de los matrimonios. A cambio, utilizaríamos nuestra buena reputación para promocionar sus actividades fuera de la iglesia, en los medios.

Dío Astacio, el tele-radio predicado que aspira a la Alcaldía de Santo Domingo Este, que después de Juancito de los Santos parece que no repite alcaldes, me preguntó de forma tajante: «Por qué yo debo dejarte vender tus camisetas en mis eventos?».

Admito que su pregunta me sorprendió. Y respondí: «Porque he construido una reputación de casi 30 años de trayectoria en los medios de comunicación que pueden ayudar a difundir sus eventos». El pastor –político, con ojos de galán de telenovelas venezolanas– rechazó mi oferta. Simple: es amigo del fraterno y melómano Jochi Santos. Eso me dijo.

En la actualidad, el pastor y políti-

Calamar en su tinta

co, que maneja un presupuesto millonario cada mes para ayudar a las iglesias cristianas, aspira a la alcaldía de Santo Domingo oriental, la demarcación de mayor futuro inmobiliario, social y económico de la provincia de Santo Domingo.

El pastor mediático, en la víspera, ha anunciado que tiene un «plan» de desarrollo para ese municipio. Informaciones sueltas que manejamos hablan muy bien de dos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para competir por esa alcaldía: Bolívar Valera (El Boli) y el banquero Tejeda. Boli carece de los recursos para un proyecto tan costoso, recursos que el empresario Eliezer Bueno no podrá conseguir en Estados Unidos. Manuel Jiménez tiene una alta tasa de rechazo dentro y fuera del Partido Revolucionario Dominicano. Mérido Torres marca bien pero su nombre aparece en la Operación Calamar. La simpática Juliana O’Neal es un invento de la Fuerza del Pueblo para forzar un acuerdo electoral… Una muy tonta: con el apoyo de Jochi Santos y el respaldo de las iglesias ¿se gana una sindicatura? Oíste…

Legitimidad de un Gobierno

La legitimidad de un Gobierno descansa en el compromiso de encarnar la voluntad del pueblo, los ciudadanos reclaman a quien administra el Estado para que este sea obediente a las leyes y haga lo que el pueblo aspira que conciba. Es responsabilidad del Gobierno respetar los distintos poderes del Estado, sobre todo, la administración de la justicia, porque el Estado de Derecho traza la organización de la vida en sociedad, obligando a las autoridades que administren a limitarse a cumplir un marco jurídico que ampare y regule por ley todas sus decisiones y procedimientos que protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es el Estado de Derecho que sustenta la gobernanza puesto que «todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidos a unas leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal».

A partir de este axioma está claro que el Estado de Derecho reconoce varios aspectos: la «división de poderes, es decir, una estructura formal de un sistema jurídico y que de garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes, libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico, división de poderes políticos en la estructura del Estado e integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica». ¿Al ver las prerrogativas que establecen las leyes a quien administra el Estado, se puede creer que es posible plantear que la justicia dominicana es una marioneta del actual Presidente de la República Luis Abinader y el PRM? Existen varias razones que me llevan a pensar y poner en tela de juicio y cito:

1.- El Gobierno al asumir la posición, toma medidas que derriban los planteamientos de la oposición política cuando plantean que la lucha contra la corrupción y seguimiento que da el Ministerio Público lo tildan de persecución política porque: nombra personas ajenas a partidos políticos en el Ministerio Público. Integra los órganos del Estado independientes a los partidos políticos en la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, jueces faltantes en el Tribunal Constitucional y Suprema Corte de Justicia, Defensoría del Pue- blo y Cámara de Cuentas, entre otras.

Hace más de año y medio ya sonaba la campana de que la Pepca, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, ya tenía preparado un expediente sobre el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, durante el gobierno de Danilo Medina. Llamaba a suspicacia pensar en una posible imputación a un funcionario tan cercano y comprometido con el pasado gobierno. Dicho expediente se hizo esperar hasta ahora bajo el nombre de «Operación Calamar» y ha resultado ser mucho peor de lo que algunos imaginábamos. Una explosión acusatoria por parte del PEPCA no solo a Donald Guerrero sino a José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la Presidencia y el ex candidato presidencial y ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

En realidad, todos los imputados suman una estructura de 22 personas, incluido conocidos de apellidos sonoros y el ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez que había sonado antes con los casos de Félix Bautista, están acusados todos de distraer más de RD$19,000 millones del erario, que se traduce también según analistas económicos al equivalente el 28% del PIB del país al año 2020. Un año crítico por la paralización de todas las actividades económicas debido al Covid, pero que estos ilustres funcionarios y particulares continuaron son sus negocios ilícitos en el desfalco al Estado durante todo ese período hasta el cambio de gobierno en agosto de ese año. De esa inmensa cantidad de dinero, RD$1.231.933.188 fueron utilizados en el financiamiento de la campaña de Gonzalo Castillo. Según lo escrito en el expediente Caso Calamar, las instituciones del Estado como Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, la dirección de Jurisdicción Inmobiliaria, Presupuesto y el Banco de Reservas fueron utilizadas para llevar a cabo todo el entramado del desfalco de este descomunal caso de corrupción.

2.- Es importante aclarar que los jueces que determinan la culpabilidad o la inocencia de los –ex funcionarios– implicados en hechos de corrupción y defalco contra el Estado dominicano son liderados por Henry Molina, presidente de la SCJ y todo el pueblo conoce su militancia política.

3.- Da independencia financiera a los ayuntamientos dejándolos administrar sus propios recursos a partir de lo presupuestado en la planificación y entregando el por ciento establecido por ley.

Sin embargo, es lógico que los partidos se defiendan porque se sienten amenazados por el Ministerio Público que da seguimiento a ex funcionarios peledeístas que supuestamente malversaron fondos del Estado durante su gestión, no obstante, entiendo que el método escogido no es pertinente –se desmonta con facilidad– utilizar campañas mediáticas y redes sociales para descalificar este órgano responsable de ejecutar políticas de Estado frente a la criminalidad dirigida a advertir, controlar y apremiar los hechos punibles, siempre actuando en defensa de lo establecido en la Constitución, el interés de la sociedad y encauzando de oficio todas las acciones penales, los involucrados no mostrarán su inocencia, ni mucho menos podrán justificar su enriquecimiento ilícito.

Dicho entramado criminal, según el expediente: aprovechó los conocimientos que tenía sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales al estafar y desfalcar al Estado dominicano, identificar bienes que hayan sido declarados de «utilidad pública» y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, logrando que el Estado erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, fondos que retornaban y se traducían en grandes beneficios económicos para los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de la referida organización criminal. A su vez, crearon un esquema que incluían la participación de profesionales en ejercicio privado que tenían la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares y para todo esto y más, falsificaron documentos públicos, como actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos, a los que afectaron sus derechos fundamentales, emitían avalúos para el pago fraudulento de parcelas expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los registros correspondientes, obtenían los pagos sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago, utilizaban la modalidad de las cesiones de créditos fraudulentas a favor de interpósitas personas que respondían a intereses de los funcionarios que intervinieron en los acuerdos transaccionales y autorizaban los pagos, como instrumento de retorno de las erogaciones con fondo del Estado a su favor, y un sinnúmero de artimañas más...

Por si fuera poco, la trama criminal no solo se benefició de cobros con terrenos del Estado, sino que también utilizaron la Dirección de Casinos y Juegos de Azar para realizar cobros ilegales a los dueños de consorcios de bancas, los cuales fueron realizados al margen de la institución, por personas asociadas al entramado y para beneficio de este.

Y pregunto ¿habrá justicia real con este caso? ¿Estarán los imputados enviados a arresto domiciliario por negociación con la Pepca cuando usted lea este artículo, o cumplirán 18 meses de medida de coerción en la cárcel? ¿Por qué no están presos también los particulares que han servido de chivatos, incluido el ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo y que negociaron con la Pepca?

La periodista Alicia Ortega cargó con el Gran Soberano 2022. Antes que ella, Luis Segura, uno de los pioneros de la bachata y apenas el segundo artista del género en 38 años en recibir la codiciada distinción –el primero fue Anthony Santos que lo recibió en el 2019–, cargó con la misma estatuilla correspondiente al 2021. Dos profesionales de renglones diferentes coronaron, al filo de la una de la madrugada, la majestuosa ceremonia de Premio Soberano 2023.

El rostro de «El Informe», programa que también ganó en la categoría Programa de investigación en este año que se volvió a rehabilitar luego de varias ediciones, también es apenas la segunda periodista en la historia de los premios que recibe el máximo galardón. Nuria Piera lo obtuvo en el 1999. Un espacio de casi un cuarto de siglo separa a estas dos destacadísimas comunicadoras que ahora se reúnen en el olimpo de la premiación artística más importante de República Dominicana y la región.

El nombre del intérprete del éxito Pena, sin duda su canción más emblemática, se perfilaba como uno de los favoritos para recibir el Gran Soberano, pero en el caso de Alicia Ortega fue una sorpresa para muchos de los que se encontraban en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, cuando se mencionó su nombre en voz de Emelyn Baldera, presidente de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), quien en ese momento estuvo acompañada de Luis Álvarez, ejecutivo de Cervecería Nacional Dominicana (CND).

Luis Segura, protagonista de