¡Indignaos!

sólo quita», como diría el gran cantautor canario Pedro Guera.

En España, su planteamiento impulsa las jornadas del movimiento de los indignados en mayo de 2011, que mostraron su descontento ante la crisis económica de 2008 y los recortes en las ayudas sociales.

Al 15M, como se le llamó al movimiento en España, le siguió una lluvia de procesos similares a nivel internacional. En nuestro país surgió en 2012 un movimiento con características similares a lo acontecido en España. Miles de jóvenes salieron a protestar contra lo que se denominó «el Paquetazo Fiscal», luego de que el gobierno de Danilo Medina aprobara una reforma fiscal, en medio del déficit hallado por su recién inaugurada gestión.

Si bien las multitudinarias manifestaciones de 2012 estaban marcadas por ese llamado de Hessel a indignarse pacíficamente, y por la participación de amplios sectores sociales, es el 22 de enero de 2017 cuando la sociedad dominicana llega al cénit de la indignación, a raiz del caso corrupción Odebrecht y la implicación de altos funcionarios del gobierno peledeísta.

Seis años se cumple de la primera Marcha Verde, del inicio de aquellas jornadas que pacíficamente reunió en calles y plazas a miles de domini- canos que, vestidos de verde, indignados y exigiendo el fin de la impunidad y justicia para los culpables de corrupción impactaron la conciencia ciudadana, y por vía de consecuencias, el resultado de las elecciones del 2020.

Todavía queda mucho para analizar el fenómeno de la Marcha Verde, en términos políticos y sociológicos. Jhonatan Liriano, uno de los principales dirigentes y organizadores del movimiento cívico, acaba de publicar el libro Marcha Verde: Apuntes para la historia, un texto que recoge las experiencias y muchas intimidades del proceso desde sus inicios hasta convertirse en una poderosa máquina de rebeldía contra el poder. Vendrán otros, a favor y en contral. Algunos cuestionan los resultados de la Marcha, y el hecho de que algunos dirigentes terminaron como funcionarios del Estado, desconociendo que la lucha social no inhabilita a los ciudadanos a ejercer funciones públicas, por el contrario, corresponde a ellos gestionar desde allí lo que en las calles reclamaron. En mi opinión, la marcha aportó procesos judiciales contra casos de corrupción que previo eran inimaginables en este país. Aportó también funcionarios comprometidos, a los que ahora solo toca vigilar y exigirles desempeño al nivel de su compromiso.

#JAQUEMATE ROBERTO MONCLÚS » @MONCLUSRADIO