República Dominicana en medio de la pandemia

Documentos del Observatorio Político Dominicano (OPD) una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)

4. Acciones de los gobiernos locales de República Dominicana en medio de la pandemia

Los ayuntamientos de República Dominicana han ejecutado acciones para tratar de contener el avance de la pandemia en sus municipios. Algunos cabildos como el de San José de Ocoa cerraron al inicio de la fase de confinamiento los accesos al municipio sin permitir la salida ni la entrada de personas. La provincia sureña fue una de las dos últimas en reportar casos (Nova, 2020; Ortiz, 2020). En adición a ello, el ayuntamiento de esta demarcación estableció algunas acciones preventivas a partir de la conformación de una comisión provincial y municipal integrada por la gobernación, la dirección provincial de salud, el sector empresarial y las organizaciones comunitarias (Listín Diario, 2020). La provincia Elías Piña fue otra que, al inicio de la pandemia, a través del Ejército y la Policía impidió al inicio de la pandemia la entrada y salida de ciudadanos a esa demarcación, amén de los ciudadanos haitianos que acostumbran a adquirir mercancías en el municipio Comendador (Espinosa, 2020). Otros municipios como Bonao cerraron los accesos a finales de marzo (Brito, 2020). De igual manera, para esas fechas, comunitarios de las provincias Pedernales y El Seibo, así como los alcaldes de Santiago y Hato Mayor, exigieron de las autoridades el cierre de sus comunidades (Listín Diario, 2020; Sánchez, 2020; El Nuevo Diario, 2020). Sin embargo, hubo cuestionamientos que plantearon la legalidad de restringir el tránsito de vehículos y personas por parte de los ayuntamientos. Hubo quienes manifestaron estar de acuerdo, debido a que, con la medida, las provincias y municipios que así lo hicieron, lograron retardar la entrada de la COVID-19, evitando el colapso de la red hospitalaria. Otros señalaron que los ayuntamientos no tenían las competencias para cerrar sus municipios por sí mismos, que era inconstitucional y violentaba el libre tránsito. La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) publicó un comunicado el 24 de marzo conminando a los alcaldes y alcaldesas del país a que se abstuvieran de manera unilateral el bloqueo del

Impacto de la COVID-19 en los municipios de República Dominicana en las fases de confinamiento y de desescalamiento (enero a julio de 2020)

acceso a sus territorios (FEDOMU, 2020). El día anterior, Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus (COVID-19), advirtió a los ayuntamientos que no podían aislar de manera unilateral sus comunidades o regiones (Sánchez, 2020). Estas discrepancias de acción y de coordinación entre el Gobierno Central y los ayuntamientos evidencian ciertas fisuras que surgen en momentos de emergencia y de calamidad pública como estos. A pesar del cierre unilateral del tránsito, el ejemplo de la coordinación interinstitucional que se conformó en San José de Ocoa puede contribuir a eficientizar las acciones que se tomen desde diversos sectores para enfrentar la pandemia.

Otros ayuntamientos, como el del Distrito Nacional, realizaron operativos de desinfección en las zonas más sensibles y la entrega de mascarillas y guantes. Se hicieron levantamientos en el terreno, en zonas de hacinamiento para identificar a posibles personas contagiadas. De igual manera, el Cabildo conformó la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género, compuesta por otras organizaciones del Gobierno Central como la Policía Nacional y organizaciones de la sociedad civil. (UIM/ONU Mujeres, 2020)

En materia de movilidad, los cabildos tienen como competencia propia el ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales (Ley núm. 176-07, Art. núm. 19, inciso a). A partir de la Ley núm. 63-1711 y la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), es esta institución la que tiene como atribución normar y supervisar las políticas de transporte, tránsito y movilidad de personas en todo el territorio nacional, en coordinación con los ayuntamientos. La mencionada ley no es taxativa en lo referente al tránsito y transporte en situaciones de emergencia nacional o calamidad pública, como lo es la pandemia de la COVID-19. En ese orden, el 18 de marzo, el INTRANT adoptó unas Medidas de prevención del coronavirus COVID-19 en el sector transporte de

11. De Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, del 21 de febrero de 2017.