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Rodríguez recoge la sugerencia de Enseñat (PP): “De entrada, no está previsto modificar la legislación, pero se evaluará la iniciativa”

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, se comprometió ayer a estudiar una propuesta del Grupo Popular en el Parlamento para exceptuar el pago del IGIC en los colegios mayores y residencias universitarias.

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El diputado Fernando Enseñat reclamó a Rodríguez esa exención en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, donde expuso que así sucedía hasta que el Ejecutivo introdujo el IGIC del 7% a estos servicios en los Presupuestos de 2022, para armonizar la imposición indirecta canaria con el IVA. La idea de Enseñat iba dirigida a los colegios mayores y residencias universitarias de titularidad pública, pero, según Román Rodríguez, debería aplicarse también a los privados para que no haya discriminación fiscal. Rodríguez informó de que “de entrada no está previsto modificar la legislación”, pero añadió que se va a evaluar la iniciativa porque “el impacto seguro que es pequeño”.

Ante una recurrente pregunta de Vidina Espino (Mixto), Román Rodríguez negó que haya aumentado el gasto en asesores y afirmó que la subida en la partida de “asistencia técnica y política al vicepresidente” se destina a ayudas directas a Cruz Roja, bancos de alimentos y Cáritas, entre otras organizaciones no gubernamentales.

GARCÍA RAMOS: AIEM

En la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, Juan-Manuel García Ramos planteó una revisión del AIEM, como también ha reclamado el PP: “Nació para proteger las producciones que se hacen en Canarias, que a veces son de multinacionales extranjeras, y gravan los precios de la cesta de la compra”. Rodríguez esgrime que el impacto del Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias en el precio de los alimentos es escaso. Durante esa comparecencia, sobre los efectos de la guerra generada por la guerra en Ucrania tras la invasión rusa, el vicepresidente pidió a los sectores de económicos que han tenido grandes resultados y que están “agazapados” que suban los salarios, “como han hecho el Gobierno y otros sectores privados, como el turístico”.

Agencia Tributaria

Por su parte, la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, advirtió de que la estructura del organismo está “obsoleta” y apuntó que hace falta más personal para cumplir todos los objetivos. No obstante, reconoció que el plan de transformación digital les permite dar un mejor servicio y acompañar e informar a los contribuyentes.

En una comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Peligero indicó que la estructura actual “no soporta” la carga de trabajo; especialmente, porque hay nuevas competencias como impuestos sobre los residuos o la devolución del IGIC. Asimismo, reseñó que hacen un “esfuerzo” por captar nuevo personal -van a las universidades para fomentar la función pública-, pero no lo consiguen debido al “elevado ritmo” de las jubilaciones.

La Orquesta de Kiev

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Al son de Putin

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Máscaras, mascarillas

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Inspectores de Hacienda Local avisan del

Por La Plusval A

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) cree que la decisión del Tribunal Supremo de estudiar los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal por parte del Tribunal Constitucional a finales de 2021 puede agravar la inseguridad jurídica que rodea a la tributación local.

En un auto publicado el pasado 18 de enero, el Alto Tribunal asume la cuestión de dirimir si la anulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, entra en vigor el 26 de octubre de 2021 (fecha en que se dictó la sentencia) o el 25 de noviembre de ese mismo año, cuando fu publicada en el BOE. Para los Inspectores de la Hacienda Local, los principales perjudicados por dicha inseguridad jurídica son tanto los contribuyentes como las Administraciones Públicas a nivel local, es decir, ayuntamientos y diputaciones.

Según explica la Asociación, el Tribunal Supremo debe por tanto resolver qué ocurre con todos aquellos contribuyentes que impugnaron sus liquidaciones tributarias del IIVTNU entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre. Este Tribunal asume la decisión de si el Constitucional puede modular la eficacia temporal de sus sentencias, algo que puede provocar un “choque de trenes” entre los dos tribunales.

La decisión del Supremo afectará negativamente a una de las dos partes, o bien a las arcas municipales, que se verán todavía más perjudicadas, o bien a los contribuyentes que impugnaron su liquidación del IIVTNU entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre de 2021.