Canarias Los cabildos achacan a la ignorancia la propuesta para eliminarlos

Los presidentes consideran absurdo equiparar las instituciones insulares a las diputaciones provinciales que el Círculo de Empresarios quiere también suprimir

No saben lo que dicen. Con estas palabras podría resumirse la respuesta de los cabildos a la propuesta lanzada por el Círculo de Empresarios de Madrid que, enarbolando la modernización y mejora de la eficiencia de la administración pública, ha sugerido eliminar las corporaciones insulares. Los presidentes de estas instituciones de las Islas achacaron ayer a la «ignorancia» la propuesta lanzada por el laboratorio de ideas de las principales firmas empresariales del país, que al calor de la crisis económica, han resucitado el debate de querer adelgazar la administración de esta manera.

«Es una barbaridad», apuntó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales –que ahora ostenta la presidencia de la Federación Canaria de Islas (Fecai)–quien señaló que la idea solo puede haber surgido «del desconocimiento de la realidad canaria, de lo que significan los cabildos y la diferencia que existe entre ellos y las diputaciones provinciales».

La equiparación de estos últimos organismos con presencia en las provincias del territorio peninsular y las corporaciones insulares canarias es algo recurrente, pero ambas no tienen nada que ver. Mientras las diputaciones tienen el objetivo de defender los intereses de estos territorios y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos –sobre todo por aquellos municipios más pequeños– los cabildos son entidades lo- cales de la comunidad autónoma, que además de coordinar y prestar asistencia y cooperación a los ayuntamientos también gestionan competencias transferidas o delegadas por el Gobierno regional. Su razón de ser está además justificada por la no continuidad del territorio, al ser el Archipiélago una región fragmentada. Sin la existencia de los cabildos la red administrativa quedaría coja al no tener una institución que velase por los intereses de cada isla en su conjunto. ferentes». La administración isleña «no solo tiene competencias como administración local sino transferidas». Además de que «son elegidas democráticamente, a diferencia de las diputaciones cuyos integrantes son elegidos por directamente por los ayuntamientos».

Ahora bien, Curbelo sí ve necesario abordar una reforma de la administración pública que a su juicio «no está respondiendo a los intereses de los ciudadanos». Asegura que nunca se ha querido abordar este aspecto que se vuelve recurrente cuando llegan momentos de crisis, pero insiste en que a pesar de que en algunos casos la administración está «sobredimensionada», en otros se están poniendo en marcha «procedimientos extraordinarios para poder gastar todos los fondos».