públicos

L PARTIDAS

Incremento anual

El presupuesto inicial de 2022 es de 9.973 millones de euros, cifra que se infló en cerca de 1.000 millones más con las partidas que se han ido sumando posteriomente en distintas áreas procedentes del Estado y de la Unión Europea.

Hacienda mantiene que los fondos que se quedan sin ejecutar en las inversiones se unen a los remanentes y se añaden al gasto del presupuesto del año siguiente porque en su gran mayoría son fondos finalistas destinados a infraestructuras que están identificadas en la ley de presupuestos. El hecho de que la UE mantenga congeladas las reglas fiscales permite pasar los fondos no gastados al ejercicio posterior.

Con la incorporación de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea Canarias se elevan los fondos destinados a inversiones hasta el año 2026, un reto que supone agilizar los procedimientos administrativos.

L GASTO INVERSOR 63,3% más Según Hacienda, en los cuatro años de legislatura (2019-2023) las inversiones se han incrementado un 63,3%, pasando de 1.080 a 1.764 millones de euros, por encima del gasto social, que se ha incrementado un 31,2%.

L AUMENTO Subidas relativas Mientras los incrementos más relevantes siguen siendo Sanidad y Educación, los relativos benefician a Transición Ecológica y Economía. Sin embargo, el nivel de ejecución de inversiones no ha aumentado de forma significativa.

L INGRESOS Porcentajes al alza El incremento del gasto público entre 2019 y 2022 ha sido de un 28,4% y el de los ingresos tributarios de un 16,4%.

El Consejo de Gobierno tiene previsto hoy tomar en consideración el proyecto de Ley de Ordenación General y Coordinación Supramunicipal de las Policías Locales Canarias y solicitar el dictamen del Consejo Consultivo con carácter urgente. De esta forma, el Ejecutivo pretende reducir los plazos para enviar el texto al Parlamento e intentar aprobarlo antes de que finalice la actividad parlamentaria ante la convocatoria de las elecciones autonómicas.

La nueva norma reforma el texto que regula las policías locales desde el año 1997 y que se ha intentado modificar en varias ocasiones, la última en 2019, y que ahora, como entonces, ha provocado un enfrentamiento entre la Federación Canaria de Municipios (Fecam) con los sindicatos y asociaciones de jefes del cuerpo policial.

Las organizaciones que representan a cerca de 3.000 policías locales han mostrado su rechazo a la reforma que se ha pactado en esta legislatura entre la Dirección General de Seguridad y la directiva de la Fecam y han amenazado con convocar concentraciones y manifestaciones en febrero.

En una reciente comparecencia parlamentaria el consejero del área y portavoz del Gobierno, Julio Pérez, manifestó sus dudas con la figura del policía interino pero reconoció que es una petición expresa de los alcaldes. Según el titular de Seguridad, el Ejecutivo intentará llegar a un término medio entre lo que pide la Fecam y la posición de los sindicatos y que sea el Gobierno el que regule esta figura siempre y cuando se den circunstancias excepcionales.

La directiva de la Fecam también se ha mostrado beligerante con la ley al entender que son los ayuntamientos y el Gobierno los que deben pactar la nueva norma y que la regulación laboral y las condiciones de trabajo de los agentes tiene otros foros para dirimirse. Hace cuatro años se estancó la reforma anterior por falta de consenso en el Parlamento y la oposición de la Fecam, mientras que ahora cabe la opción de que se pueda aprobar la ley siempre y cuando los grupos del Gobierno pacten un acuerdo y se tramite de forma más rápida.