Ministra Ortiz bloquea al Inai y su labor por la transparencia

La juzgadora admite a trámite la controversia iniciada por el instituto y deberá ser analizada por el resto de los ministros

El organismo afirma que la falta de quorum afecta los derechos de todos los mexicanos

PEDRO HIRIART phiriart@elfinanciero.com.mx

La ministra Loretta Ortiz Ahlf negó la suspensión a través de la cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pedía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le permitiera sesionar con los cuatro comisionados que se mantienen activos actualmente.

Esto, luego de admitir a trámite la controversia 280/2023, iniciada por el instituto ante la Suprema Corte en contra del Senado, pues los legisladores no han nombrado a los tres comisionados que faltan, misma que deberá ser analizada a profundidad por el resto de los ministros.

Desde el 1 de abril pasado, el pleno del Inai no ha podido sesionar al no contar con el quorum necesario para llevar a cabo estas reuniones.

Esto se dio después de que en marzo, cuando el Senado designó a dos comisionados, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su veto como titular del Ejecutivo para frenar estos nombramientos.

Al respecto, el mandatario justificó su decisión al afirmar que la elección de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados había sido un trato entre partidos.

“Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse”, afirmó el Presidente. Al veto presidencial sobre los dos consejeros electos se sumó que

Colegio de Abogados de NY condena los ataques en contra del PJF en México el 31 de marzo se despidió el comisionado Francisco Acuña, razón por la que el Inai no cuenta con el quorum necesario.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York condenó el patrón de continuos ataques del gobierno contra la independencia del Poder Judicial en México, algo que, alertó, se ha intensificado.

A raíz de esta situación, el pleno del instituto aprobó por unanimidad presentar esta controversia para pedirle a la SCJN que instruya al Senado a que nombre a los comisionados faltantes.

Al anunciar el trámite de este recurso, la institución denunció que la falta de nombramientos pone “en riesgo los derechos de los ciudadanos, al no contar con un instituto que garantice la transparencia en el gobierno”.

Finalmente, el pleno del organismo afirmó que esperaba que los ministros realizaran su labor y buscaran beneficiar los derechos de los ciudadanos.

“(Los consejeros ) confían en que la SCJN hará efectiva su función jurisdiccional, para preservar la garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como el sistema de pesos y contrapesos del Estado mexicano”, sentenciaron.

QUÉ SIGUE EN LA CORTE Ahora, la SCJN deberá decidir si le ordena al Senado de la República llevar a cabo nuevamente el proceso para designar a los nuevos consejeros del instituto.

Para esto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf tiene que preparar un proyecto que será puesto a disposición de los demás ministros ya que, de acuerdo con los archivos de la Corte, este asunto debe ser discutido por el pleno en su conjunto.

Para la elaboración de este documento, el gobierno federal tendrá que presentar su defensa contra el reclamo hecho por el instituto.

Posteriormente, se llevará a cabo una nueva fase en la que el organismo debe presentar las pruebas con las que busque demostrar que en efecto está siendo vulnerado con estos actos, dándole oportunidad al gobierno federal de que se pueda defender.

Finalmente, la ministra deberá de tomar una decisión en cuanto a conceder o rechazar la controversia, presentando ante sus compañeros un proyecto donde justifique su decisión.

Es esto lo que será discutido por los ministros, y tendrá que obtener una mayoría de ocho votos para ser aprobado.

La institución denunció que la falta de nombramientos “vulnera de manera directa el diseño institucional que la Constitución establece para este órgano autónomo y transgrede el principio de colegialidad que lo caracteriza”.

Ante El Fallo

El instituto impugnará y acudirá a la CoIDH

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) impugnará la decisión de la ministra Loretta Ortiz, quien negó la petición para poder sesionar con cuatro comisionados, y analiza acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Para ello, el Inai dio a conocer, mediante un comunicado, que interpondrá “un recurso de reclamación” ante la Suprema Corte para que analice el acuerdo y le permita garantizar los derechos que la Constitución le encomienda.

El instituto presentó el 27 de marzo una controversia constitucional en contra del Senado, ante la falta de nombramientos de comisionados para integrar el pleno.

De acuerdo con el instituto presidido por la comisionada Blanca Lilia Ibarra, este hecho atenta contra la autonomía constitucional del Inai, ya que la omisión reclamada le impide sesionar en términos de la legislación aplicable, la cual establece que para funcionar requiere de cuando menos cinco integrantes.

Por ello, solicitó a la Corte sesionar con cuatro comisionados, con la única finalidad de que el instituto esté en posibilidad de cumplir con su mandato constitucional y garantizar los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales.

El comisionado Adrián Alcalá Méndez declaró que el instituto analiza acudir a la CoIDH, pues “el Inai es de todas y de todos; no hay distinciones políticas”.

—Eduardo Ortega

SEIS VOTOS A FAVOR Y CINCO EN CONTRA También aprueba que esta corporación custodie centros de retención del INM

PEDRO HIRIART phiriart@elfinanciero.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las normas que le permiten a la Guardia Nacional (GN) solicitar permisos para intervenir comunicaciones cuando sea para prevenir algún delito.

Con seis votos a favor y cinco en contra, el máximo tribunal rechazó el reclamo hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2019, que había considerado que esta medida iba en contra de la Constitución.

El ministro Javier Laynez propuso a sus compañeros que se reconociera la validez de estas atribuciones, al sostener que esto permitiría a la corporación de seguridad realizar investigaciones y poder prevenir el crimen.

Esta postura fue apoyada por la ministra Loretta Ortiz, quien argumentó que los artículos prevén reglas para que esta norma sea utilizada dentro de un marco y no de forma arbitraria. Entre estas, se encuentra un límite temporal y la destrucción del material recabado.

“La Constitución establece que las comunicaciones privadas únicamente pueden intervenirse previa autorización judicial, y que quienes podrán solicitar esa intervención podrá ser la autoridad federal o el titular del Ministerio Público. Toda vez que la GN es una autoridad federal, resulta válido (...) que dicho cuerpo policiaco pueda realizar la solicitud”, señaló.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá votó en contra del proyecto, al sostener que “la norma posibilita que se intervengan comunicaciones de particulares que pueden llegar a cometer un delito, de acuerdo con los indicios que resultan vagos y que dan mucho espacio a la interpretación”.