8M y la lucha de las mujeres por justicia

La desaparición de mujeres se hizo notoriamente visible en el contexto de los feminicidios en Ciudad Juárez que iniciaron en la década de los noventa, la sentencia conocida como “Campo Algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009) condenó al Estado mexicano por la desaparición y asesinato de las jóvenes debiendo tipificarse el delito de feminicidio.

Actualmente, en la página del Registro Nacional de Personas Desaparecidas se indica que hay un total de 111 mil 932 personas sin ser encontradas; de ese total 28 mil 95 son mujeres y constituyen 25 por ciento de las desapariciones sin localización. La edad en que más se concentran las desapariciones de mujeres es de 15 a 19 y de 20 a 24 años. De acuerdo al Sistema Sisovid de Jalisco, hay un registro histórico de mil 868 mujeres desaparecidas y 190 mujeres localizadas sin vida –en los últimos cuatro años–. Esos datos son una aproximación a la problemática, pues existe un subregistro por las desapariciones que no se denuncian y hay estados como Jalisco que desde el año pasado dejaron de subir información al registro nacional.

Para la búsqueda de mujeres, la presión de las familias ha llevado a que las autoridades implementen diversos mecanismos para su localización; se instrumentó el Protocolo ALBA, en el que se reconoce a la desaparición de mujeres y niñas como un asunto que requiere atención inmediata y contundente de las autoridades y la estandarización de los protocolos utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres.

También se actualizó en 2020 el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el que se detallan los procesos a seguir, tipos de búsqueda y la complementariedad entre el Protocolo ALBA y similares, se indica que debe hacerse búsqueda por patrones, análisis de contexto y enfoque diferenciado.

Desde 2021 existe un Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes que en sus considerandos refiere a los posibles delitos de que niñas, niños y adolescentes pudieran haber sido víctimas, pero también hace notar las diferentes formas de violencia de las cuales huyen y que deben ser tomadas en cuenta en el momento de su localización, para garantizar su máxima protección.

En Jalisco, la Ley de Personas Desaparecidas del Estado (2021) entre sus principios considera perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado y que las acciones de búsqueda se orienten bajo los principios de igualdad y no discriminación, la perspectiva de género y el interés superior de la niñez.

Si bien las leyes y protocolos son un avance reciente y fueron producto de movilizaciones y luchas de las familias, hace falta la voluntad y el trabajo de las autoridades para frenar la inseguridad, violencia e impunidad que ha impedido se atienda de forma integral la tragedia humanitaria que significa la desaparición de personas. Rumbo al 8M, las redes y colectivas de la zona metropolitana convocan a las mujeres a solidarizarse con la lucha por la justicia de las familias de personas desaparecidas y familiares de víctimas de feminicidio, marchando desde la Plaza Imelda Virgen en el Centro de Guadalajara hacia la glorieta de personas desaparecidas. En esa jornada de lucha y resistencia por los derechos de las mujeres, el 8M es una oportunidad para visibilizar, sensibilizar y abrazar la exigencia social por justicia para las familias y demandar a las autoridades acciones eficientes y oportunas para que tragedias como las desapariciones o feminicidios ya no sigan en incremento.

Reflexiones

ISMAEL ORTIZ BARBA @ismaelortizbarb

Democracia en México y en EUA

La concentración ciudadana en el Zócalo de Ciudad de México el pasado domingo ha tenido varias repercusiones. Además de haber sido nota en los principales diarios del mundo, motivó que el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos de América (EUA), bajo la dirección de Antony Blinken, emitiera un comunicado, que incomodó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde expresa su preocupación por el plan B: “Hoy, en México, vemos un gran debate sobre las reformas electorales sobre la independencia de las instituciones electorales y judiciales que ilustran la democracia vibrante de México. Respetamos la soberanía de México. Creemos que un sistema electoral independiente y bien dotado de recursos y el respeto por la independencia judicial respaldan una democracia saludable”.

La respuesta de AMLO no se hizo esperar: “Hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos” y acusó que las declaraciones son “injerencistas” (ayer jueves lo remarcó). Esto me hizo pensar en que tal vez tenga razón y que sería bueno comprobarlo; para ello se han diseñado los estudios comparativos (ya había comentado una vez que las comparaciones son odiosas, aunque agregué que los contrastes son peores). Pues bien, me di a la tarea de analizar varios estudios sobre la democracia (y algunos otros) para poder comparar ambos países: Índice de Democracia 2022 del The Economist (empresa) sitúa a EUA en el lugar 30 (democracia defectuosa) entre 167 países; México está en el lugar

En definitiva, de 10 índices que miden diferentes aspectos de la democracia (por el espacio se dejaron fuera varios), el resultado final es favorable a los Estados Unidos; el argumento de que en México hay más democracia, como dice el presidente, no se sostiene, por desgracia

89 (régimen híbrido): punto para EUA.

Democracy Report 2022 (V-Dem, universidad) EUA está el lugar 29 (10-20 por ciento) de un total de 179 países; México ocupa el lugar 87 (40-50 por ciento): punto para EUA.

Estado Global de la Democracia 2022 (IDEA, ONG) en promedio EUA tiene 0.780 mientras que México tiene 0.571 (en una escala de 0 a 1): punto para EUA.

Satisfacción Global con la Democracia 2020 (Centro para el Futuro de la Democracia, universidad): EUA está en el grupo de “Malestar” con 52 por ciento de insatisfacción con la democracia, mientras que en México 80 por ciento está insatisfecho con la democracia (“crisis”), de

65 países: punto para EUA.

Índice de Percepción de la Democracia 2022 (LATANA, empresa): de 53 países, en Estados Unidos, 48 por ciento (35 lugar) considera que “no hay suficiente democracia” y en México 55 por ciento (41 lugar) así lo piensa: punto para EUA.

Freedom House 2022 (ONG): de 195 países y en una escala de 0-100, EUA tiene 83 (“Libre”) y México 60 (“Parcialmente Libre”): punto para EUA.

Estado de Derecho (World Justice Project, ONG: de 140 países, EUA tiene 0.71 (lugar 26); México, 0.42 (115): punto para EUA.

Índice de Percepción de la Corrupción 2022 (Transparencia Internacional, ONG): de 180 países (escala 0-100), EUA lugar 69; México, 31: punto para EUA.

Índice de Paz Positiva 2022 (Instituto para la Economía y la Paz, ONG): de 163 países, EUA en el lugar 24 (1.949); México, 76 (3.123): punto para EUA.

Índice Mundial de Felicidad 2022 (Gallup World Poll, empresa): de 146 países, EUA está en el lugar 16 (6.977) y México en el 46 (6.128): punto para Estados Unidos.

En definitiva, de 10 índices que miden diferentes aspectos de la democracia (por el espacio se dejaron fuera varios), el resultado final es: EUA= 10; México= 0. El argumento de que en México hay más democracia no se sostiene, por desgracia. Tanto los ciudadanos como el gobierno mexicano tenemos mucha tarea por delante para mejorar los indicadores democráticos con respecto a EUA. La realidad no se puede ocultar con una declaración nacida del despecho y sin datos empíricos que lo respalden.

Cuando existen mecanismos adecuados para presentar denuncias, éstas empiezan a formalizarse. Una muestra es la Unidad para la Igualdad de la UdeG, que tiene dos años de creada, pero apenas uno de disponer del Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género en la universidad, y ya suma de abril a enero 515 denuncias, más las que se acumulen. Estos estudiantes tienen un camino trazado y un lugar para denunciar las violencias; incluso, de recibir acompañamiento, como ocurrió con el caso de la joven de la Prepa Jalisco que, se aclaró, sí presentó denuncia formal ante la Fiscalía del Estado. Del presunto agresor falta saber por qué fue liberado.

Desde el Congreso local, las diputadas han levantado la voz para que se respete la libre expresión ahora que viene la marcha 8M; sobre todo de los respectivos gobiernos, cuando se paren las mujeres a reclamarles a gritos que no han dado resultados y que las demandas siguen sin soluciones. Hasta el momento se sabe que habría cuatro marchas feministas desde diversos puntos, y como decía la diputada del PRI Hortensia Noroña, ojalá haya sensibilidad en los respectivos gobiernos para entender que con justa razón hay enojo luego de que poco ha hecho para detener la violencia contra las mujeres.

Lo que el gobierno mexicano no puede o no ha querido hacer ya lo hizo el Departamento del Tesoro de los Yunaited. Nada más y nada menos que ocho empresas mayormente instaladas en Puerto Vallarta y alrededores fueron sancionadas por entregar dinero a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, o bien operar con actividades ilícitas o fraudulentas.

De las ocho señaladas, tres están en Zapopan, y tanto en Vallarta como las avecindadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, fueron creadas bajo el poder notarial de un solo personaje, respectivamente. Al parecer para los gringos lo que es un puerto de diversión y esparcimiento, se ha convertido también en paraíso para la operación de empresas ligadas al narco

A los alcaldes de Chiquilistlán y Guachinango les llegó “la ola naranja refundadora” y hace un año les dio por dejar el partido Hagamos para unirse a Movimiento Ciudadano, lo que hizo les llovieran recursos. A cambio de pintarse naranjas sus municipios recibieron 78 y 51 mdp, respectivamente, en obra pública. Es decir, el gobernador Enrique Alfaro pareciera avaló o les hizo manita de oinc, pues dio recursos públicos a cambio de abandonar las filas de su partido. Así las negociaciones al más puro estilo priísta, seña de que la escuela nunca se olvida. v v v

Sin posiblemente desearlo, pero luego de lo que escribió en Twitter la diputada local del partido Futuro, Susana de la Rosa, hagan de cuenta que de nuevo se exhibió cómo en Jalisco existen dos versiones de Morena: una, encabezada por el regidor tapatío Carlos Lomelí y otra por el diputado José María Martínez. Y lo decimos porque el edil de GDL criticó que la verificación vehicular aumentó el monto de las multas aprobadas en 2022 por el Congreso del Estado tras el ajuste reciente al valor de la Unidad de Medida y Actualización, emitida por el Inegi.

Lomelí escribió que “tomar decisiones sin escuchar a la ciudadanía es un acto de alta irresponsabilidad como representante popular, más si estas decisiones impactan de forma en la economía familiar”. La diputada Susana le recordó al regidor que Morena también aprobó en el Congreso local la verificación vehicular del gobernador Enrique Alfaro, invitó a los guindas a sumarse a la “verificación sin atropellos” para frenar el abuso, y le pidió a Lomelí convencer a los legisladores locales morenos, o sea, a Chema Martínez y sus compañeros. Créannos que eso no ocurrirá.

ASEGURA

Congreso podría operar sólo con los basificados

JESSICA PILAR PÉREZ GUADALAJARA

El líder del Sindicato Independiente del Poder Legislativo, Alberto Mercado González, consideró que los casi 600 empleados de base del Congreso podrían realizar todo el trabajo de los diputados locales y el edificio legislativo.

Además, añadió, se podría trabajar con un esquema similar al de la cámara federal, donde los asesores a consultar están divididos por temas y hay disponibilidad de secretarias para las oficinas. De esta manera no sería necesario contratar a personal supernumerario.

“Allá (en la Ciudad de México) los diputados no llegan con su gente a trabajar, allá la cámara ya tiene su personal de base que le da servicio de manera permanente a los diputados igual como nosotros”, afirmó.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) realizó un diagnóstico de la situación administrativa del Poder Legislativo y resolvió que hay 649 funcionarios de más, lo que representa el 60 por ciento de la nómina.

La única manera de evitar que el personal del Congreso local se use para actividades partidistas sería ya no contratar a supernumerarios, añadió el secretario general de este sindicato.

“En el Congreso tenemos personal suficiente, con mucha experiencia, con mucho profesionalismo, por lo cual no necesitarían los diputados contratar a nadie más”, afirmó.

Aclaró que si los diputados quieren fotógrafos, choferes o alguien que les cargue la bolsa, lo deben pagar con dinero de su bolsa y no con recursos del Congreso local.

Mercado González mencionó que sólo el personal de base que no trabaja es el que tiene riesgo de ser recortado, pues difícilmente se le podría defender.

Por otro lado, el líder sindical mencionó que aún no lo ha buscado el secretario general del Legislativo, Tomás Figueroa Padilla, para hablar de la reingeniería administrativa que se prevé para el Congreso, aunque tiene la promesa de que lo haría.

“Sabemos que él fue el presidente del consejo electoral y es un demócrata, por lo tanto estamos seguros de que sí va a cumplir su palabra y nos van a invitar al mismo momento que también invite al otro sindicato a participar en las mesas de información y de trabajo que se van a realizar”, aseveró.

Insistió que no hay sindicatos grandes o pequeños porque todos son trabajadores y todos tienen los mismos derechos.

En caso de no ser tomados en cuenta por la secretaría general mercado afirmó que subirían el tono de los discursos y van a tener que recurrir a instancias legales a través de amparos indirectos para tumbar este artículo que les impide ser demócratas y ser inclusivos.

Recordó que tienen una mesa jurídica para apoyar a los trabajadores y acompañarlos cuando se den estas negociaciones; en total son cerca de 12 abogados.

En el Congreso tenemos personal suficiente, con mucha experiencia, con mucho profesionalismo, por lo cual no necesitarían los diputados contratar a nadie más”

ALBERTO MERCADO GONZÁLEZ LÍDER DEL SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER LEGISLATIVO de Guadalajara.

EXCEDENTE. En el Congreso local hay 649 funcionarios de más, según el Imco.